Un gobierno que cuide la vida

Esta semana el país ha palpado una triste y decepcionante realidad. El gobierno actual no sólo promueve el auge del hambre y de la pobreza. También aniquila la vida. La acorrala. La acaba. Le da el tiro de gracia. Enfrente de todos nosotros. Sin vacilar. Sin pensarlo dos veces. 

Los asesinatos de Edgar Quintero, Erick Montenegro y Leonardo González, nos han enfrentado con la verdad. Estamos tomados por la violencia. Aceptada irresponsablemente desde la gestión gubernamental. Potenciada con la certeza de que los propios cuerpos policiales ejecutan órdenes para acabar con la vida de las personas. Tres muertos. Dije tres. 

Todos eran estudiantes universitarios. Todos tenían entre 19 y 25 años de edad. Todos regresaban de lidiar con exámenes de ingeniería de sistemas. De lidiar con el futuro. Quizás por esas razones sus asesinatos han sido tan notorios, tan llamativos. Pero, con toda seguridad, la violencia también afecta a los que no estudian, a los que viven en la lejanía de nuestros barrios, a los trabajadores anónimos, a los jóvenes que salieron de la escuela, a los padres desempleados. 

Solamente en el año 2003 murieron en Venezuela 8.338 personas por disparos de armas cortas, largas, escopetas, rifles. Repetimos, 8.338 personas. Increíble. Esas son las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). Las del año 2004 todavía no están disponibles. Pero eso no es todo.

Los jóvenes entre 15-24 años son los más afectados por estos disparos. Es el grupo que tiene más muertes por este motivo. En la actual gestión gubernamental se ha producido un extraordinario aumento de esta causa de muerte. En el año 2000 murieron 2.697 jóvenes de este grupo por disparos de todo tipo. En el año 2003 esta cifra aumentó a 3.683 jóvenes. Casi 1000 muertes más en el corto período de cuatro años. Entre el año 2002 y el 2003 el aumento fue de 400 muertes. El 95% de estas muertes afecta a jóvenes del sexo masculino. En resumen, puede señalarse que la probabilidad de muerte por esta causa en jóvenes venezolanos de estas edades ha aumentado 30% en el período 2000-2003.

Ante esa realidad, en la que la violencia se impone a la vida, tenemos una gestión gubernamental incompetente. Que no sólo no previene la violencia, sino que la fomenta, y la practica. Ha hecho de la violencia un modo de actuación. Una marca. 

¿Cómo es posible esto en un gobierno que se vanagloria de su condición popular? Tres razones pueden señalarse. La primera es que el gobierno no ha internalizado que la razón central de las políticas públicas es cuidar la vida de todos los ciudadanos. Que todos importamos. Que importa el que tiene y el que no tiene. El que estudia y el desempleado. Que a todos hay que protegerlos. Que la violencia nos hace menos a todos. 

La segunda razón es que el gobierno no cree que los funcionarios de seguridad sean servidores públicos. Si ello fuera así, Edgar, Erick y Leonardo hubieran asistido a sus exámenes esta semana. Cuando la ciudadanía teme a la policía, todos estamos indefensos. 

Finalmente, esto es posible porque el gobierno actual no puede coordinar. Porque no entiende la coordinación, porque no acepta que haya distintos tipos de servicios policiales en diferentes niveles de gobierno. Cada uno con sus funciones. Pero coordinados y trabajando en equipo. El gobierno actual ha demostrado incesantemente que no puede con esta asignatura. 

Un gobierno que no cuida la vida de sus ciudadanos tiene ya poco que decir. Tiene la credibilidad en el piso. No puede mirar el país a la cara. Ha hecho de su palabra una mentira y de su práctica una traición.

Politemas, Tal Cual, 6 de julio de 2005

Muchas armas, ninguna solución

El gobierno del presidente Chávez prefiere las armas a las ideas, a las soluciones de los problemas de la gente. Esta preferencia no es nada nueva. Recordemos que el 4 de febrero de 1992 se produce un intento de golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido. Muchos ingenuos y pusilánimes ahora han descubierto que la característica central de esa insurrección era el uso de la violencia y de la fuerza. Ese día hubo sangre en muchos hogares venezolanos. Era el precio que se pagó para que los subversivos continuaran su afán desmedido por el control del poder.

La conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 también es producto de la fuerza. Aquella que se ejerce para excluir a sectores políticos que no coincidían con el credo revolucionario. A través de la imposición se logra conformar una representación completamente desproporcionada con respecto a los resultados electorales. La suspensión de la Constitución de 1999, con el nombramiento de los poderes públicos por medios no previstos en la carta magna, configuró un sistema político excluyente y autoritario. No queda la menor duda que los venezolanos hemos retrocedido un mundo en lo que significa el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a las garantías democráticas.

Ahora el gobierno profundiza otra fase de su proyecto autoritario. Amparado en una supuesta agresión internacional, el gobierno aumenta la compra de armas y propone convertirse en gran productor en este renglón. El gobierno ha centrado sus objetivos en militarizar aún más la vida de los venezolanos. A la paz antepone la guerra, al sosiego antepone la crispación. 

Este gobierno que promueve el comercio de armas ha sido incapaz de resolver los problemas fundamentales de los venezolanos. La pobreza, la inseguridad, el desempleo y el subempleo siguen incólumes. Las posibilidades de superar las barreras del desarrollo disminuyen en Venezuela. Las perspectivas de gozar de un sano equilibrio entre las aspiraciones políticas, sociales y económicas, que sirvan para todos los venezolanos, y especialmente aquellos tradicionalmente excluidos, disminuyen en la medida en que tenemos un gobierno que alienta la división y el enfrentamiento, tanto dentro como fuera del país.

En el año 2006 el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa es 4,4 billones de bolívares, lo cual representa el 5% de todo el gasto del gobierno. Este presupuesto es superior al del Ministerio de Salud. Es cinco veces superior al gasto del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. También es superior al gasto del Ministerio de Infraestructura. Es siete veces superior a lo que se gastará en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Más aún, el gasto en defensa es tres veces superior al gasto en seguridad a través del Ministerio e Interior y Justicia. Esto es lo señalado en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no está indicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto cuál es la variación producto de los créditos adicionales aprobados.

Todo este afán militarista se realiza en un país con profundos déficit sociales. Un país con un gobierno que no es capaz de garantizar desayunos y almuerzos al 80% de sus estudiantes de educación básica, que no es capaz de asegurar educación secundaria al 60% de sus jóvenes, que permite que cada día mueran 20 niños menores de un año por enfermedades completamente prevenibles, que permite que el 12% de los niños reprueben en primer grado, que tolera más de 7.000 homicidios cada año.

Un país así lo menos que necesita es armas. Lo que necesita son soluciones. Un gobierno comprometido en colocar a la gente en el centro de su acción. Que promueva la seguridad y la paz. Que cree empleos decentes y mejore la educación en nuestra escuelas. Que garantice salud a todos los ciudadanos, especialmente a las mujeres y los niños. Que congregue en una misma mesa a todos los actores para impulsar el bienestar y el desarrollo. Esas son las luchas que necesitamos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2006

Morir por omisión

Nuevamente la sociedad venezolana es conmovida por el crimen. Los secuestros y posteriores asesinatos de los niños Faddoul, el señor Miguel Rivas y el empresario Sindoni, han sido rechazados frontalmente por una sociedad que no quiere muerte sino vida, no quiere violencia, sino paz, no quiere sobresaltos sino sosiego.

Las muertes de las semanas pasadas no son las únicas. Todos los años tenemos en Venezuela miles de homicidios. Ya hemos ingresado al penoso grupo de las capitales y países más violentos e inseguros. Todo lo cual es totalmente contradictorio con nuestra tradición de pueblo pacífico y con los recursos disponibles para combatir el crimen provenientes de los abundantes petrodólares.

El primer deber de un gobierno, cualquiera sea su orientación ideológica, es proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Este deber no es indelegable. Tal protección abarca a todos los ciudadanos por igual, al pobre, al rico, al desempleado, al trabajador, al hombre, a la mujer, a los niños, a los adolescentes, a los de la capital y a los del interior. Para que el crimen se reduzca, necesitamos un gobierno que esté presente en los sitios críticos. Que al mismo tiempo que disuade al potencial criminal, sea capaz de prevenir el delito a través de la información y la educación. Obviamente, para las soluciones de fondo necesitamos un gobierno que mejore la calidad de vida, que genere empleo, que promueva las oportunidades. 

Al comenzar el gobierno del presidente Chávez ya la seguridad era una prioridad para los venezolanos. En 1998 el número total de homicidios fue 2.817. Esta es la cifra oficial reportada en el Anuario de Mortalidad del Ministerio de Salud. Lo cual significaba casi 8 homicidios diarios en todo el territorio nacional. 

En las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2007), elaborado por el actual gobierno, se señala que la garantía de la seguridad ciudadana se alcanzará “con la superación de los desequilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias preventivas, control de delito y reestructuración del sistema penitenciario, con elevada participación de la familia, los medios de comunicación y de la escuela”. Como los elementos de la política específica para la prevención y combate del delito se proponían la coordinación policial, la participación ciudadana y la modernización de los sistemas de protección policial.

Luego de seis años lo que existe es un ostensible fracaso en la garantía de la seguridad ciudadana. Ni se consiguieron los denominados “equilibrios macrosociales”. Baste señalar que actualmente en Venezuela se crea solamente el 15% de los empleos decentes que requerimos por año. 

Ni tuvo éxito la “política específica” de seguridad ciudadana. En 2004, último año con cifras disponibles por parte del Ministerio de Salud, el número total de homicidios fue 7.348. Esto es un aumento de 4.531 homicidios con respecto al año 1998. Para llegar a más de 20 homicidios por día en 2004. Casi tres veces más de los que teníamos en 1998. De hecho, los homicidios representaron en 2004 la cuarta causa de muerte, subiendo tres lugares con respecto a 1998. En 2004, los homicidios representaron el 6% de todas las muertes en el país. En 1998 era menos del 3%.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia correspondiente al año 2005 corrobora que el gobierno actual ha sido un gran ausente ante el auge del crimen. Se menciona una supuesta reducción de 50% en los índices delictivos en el Área Metropolitana de Caracas, y en los estados Miranda y Vargas. Pero no se menciona cuáles son los delitos, cuáles son las zonas más críticas, cuáles son los recursos, en términos de personal calificado e infraestructura, que se han destinado a la protección de los ciudadanos. 

En materia de seguridad ciudadana tenemos un gobierno sin estrategia, incapaz de coordinar políticas, lleno de recursos, pero carente de ideas. Con todas sus omisiones, la vida de los ciudadanos se ha convertido en un azar.

Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2006

Por una América Latina sin violencia

Por donde quiera que se le mire, América Latina padece mucha violencia. Según los estudios de Latinobarómetro, en 1996 el 33,48% de los entrevistados señalaba que había sido víctimas de un delito. En 2005 este porcentaje había aumentado a 41,97. Más aún, según la misma fuente, en el año 2000 el crimen y la violencia eran la cuarta preocupación de los latinoamericanos. Apenas cinco años más tarde el crimen y la violencia eran la segunda preocupación en la región.

Quizás por lo anterior, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han incorporado esta preocupación en su agenda de proyectos. Desde 1998 el BID ha asignado más de 200 millones de dólares, vía préstamos y cooperaciones técnicas, para ayudar a los países a superar esta situación. En una publicación del año 2007 intitulada “¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana”, expertos invitados por el BID señalan las posibles políticas públicas para enfrentar el auge de la violencia en América Latina.

En la publicación se señala, en primer lugar, las características de la primera generación de reformas en esta área de políticas públicas. Esta primera generación de reformas consistió en componentes tales como la promoción de la participación ciudadana, el adecuado balance entre políticas de prevención y políticas de control, cambios en las policías, y políticas anti-corrupción. 

El examen de diversas experiencias en algunos países, como por ejemplo, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Centroamérica y Chile, ofreció la oportunidad para detectar innovaciones y requerimientos para mejores políticas públicas contra la violencia. De allí que se propusiera una segunda generación de reformas.

Entre estas nuevas reformas se incluye el desarrollo de alternativas para que la información sobre violencia y seguridad ciudadana sea considerada como un bien público regional. Esto es, que los países hagan esfuerzos para compartir y difundir información relacionada con el enfrentamiento de la violencia. Esto supone la promoción de mayores y mejores vínculos entre los organismos policiales y las agencias encargadas de la prevención del delito.

También se propone la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer la participación ciudadana y el funcionamiento efectivo de redes públicas y privadas. Se trata de sacar las políticas de seguridad del ámbito exclusivamente del gobierno para incorporarlas en el más amplio entramado social.

Otro factor clave es la promoción del diálogo de las políticas de seguridad con las políticas sociales y económicas. Acá la idea es establecer las diversas interrelaciones que existen entre las mejoras sociales y económicas, y las causas fundamentales de la violencia. En la medida que los países comprendan que no hay soluciones únicas o mágicas, que se deben enfrentar múltiples factores en múltiples ámbitos a través de múltiples intervenciones, es obvio que los resultados serán más sostenibles.

Finalmente, los expertos destacan el rol de los gobiernos locales y subnacionales en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Indican que en estos ámbitos existen ventajas como la cercanía entre los delitos y la posibilidad de evitarlos y enfrentarlos, la menor complejidad institucional, la fluidez de la información y la exigencia de respuestas mucho más directas por parte de los ciudadanos. 

Las alcaldías y gobernaciones pueden ser mucho más efectivas en el diseño y ejecución de políticas contra la violencia y la inseguridad. En las elecciones que se acercan podremos constatar si nuestros liderazgos lo han entendido.

Politemas, Tal Cual, 23 de julio de 2008

¿Cómo se puede derrotar la violencia?

Este es el tema del último capítulo del Informe del Observatorio Venezolano de Violencia del año 2007. Allí se plantean recomendaciones para enfrentar y derrotar la violencia, así como para promover la seguridad ciudadana en Venezuela. 

El Observatorio Venezolano de Violencia es una iniciativa digna de reconocer. Concentra especialistas del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), coordinado por Roberto Briceño León, quien ha dedicado mucho esfuerzo académico y técnico para estudiar la violencia en nuestra sociedad y proponer soluciones, así como de la Universidad del Zulia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica del Táchira y la Universidad de Oriente. El Observatorio se ha dedicado a elaborar estudios y propuestas para enfrentar la violencia en Venezuela. Es por ello que se ha convertido en una referencia para analizar las políticas de seguridad ciudadana en el país.

El Informe 2007 del Observatorio recalca el deterioro que ha experimentado Venezuela en la lucha contra la violencia. La tasa de homicidios en el período 1994-1998 estaba en el mismo nivel que la presentada por México y Brasil, esto es 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ocho años después la tasa de Venezuela aumentó a 45 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras México y Brasil no sufrieron aumentos en sus tasas. 

De acuerdo con el Observatorio, el aumento de la violencia lesiona cuatro derechos fundamentales de los venezolanos. En primer lugar, el derecho a la vida: solamente en el año 2006 ocurrieron 12.257 asesinatos en el país. En segundo lugar, el derecho a la integridad personal. En la Encuesta Nacional de Victimización, realizada por el Observatorio, se encontró que en el 39,3% de los hogares entrevistados había habido una persona víctima de la violencia fatal (3%) o no fatal (36%). 

También se lesiona el derecho de acceso a la justicia. La gran mayoría de las víctimas (59,4%) no denunció el delito. No lo hacen porque se percibe que la policía es incompetente o por el temor a las represalias. Finalmente, se señala la afectación al derecho a la libertad. Ejemplo de ello es que el número de secuestros se haya multiplicado por cuatro desde 1998. Todo ello conduce a una sociedad que vive con miedo. Más del ochenta por ciento de los entrevistados manifiestan temor a ser agredidos.

Para derrotar la violencia el Observatorio propone doce recomendaciones. Para tener una política coherente y continua se deben incluir acciones preventivas y represivas, así como claridad de propósito y sin ambigüedades en la condena al delito y a la actuación violenta. Para promover la transparencia institucional y la condena a la violencia se propone que los funcionarios del gobierno y el liderazgo social y político, expresen sistemáticamente su rechazo a las modalidades de agresión en la sociedad. Para todo ello es requisito contar con un sistema actualizado y transparente de información sobre la inseguridad y violencia en el país.

También se requiere mejorar las instituciones de seguridad y justicia penal. Para ello se deben considerar tres aspectos: reformar los servicios de policía, mejorar el sistema penal y desestimular la posesión de armas de fuego. Finalmente, se debe promover la convivencia y el Estado de Derecho. Para ello es crucial estimular la aceptación del Otro diferente y reforzar los mecanismos de convivencia. Ojalá que estas recomendaciones del Observatorio Venezolano de la Violencia sean pautas de referencia para la elaboración de los planes de seguridad ciudadana ahora que tendremos elecciones de gobernadores y alcaldes.

Politemas, Tal Cual, 9 de julio de 2008

2019: Colombia en paz

El titular de primera página de “El Nacional” del pasado miércoles expresó lo que todos los venezolanos sufrimos: “el país no tiene políticas contra la violencia”. La conclusión resultaba del análisis del último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia comparando las políticas implementadas por Colombia y Venezuela en la última década. 

Mientras Colombia ha reducido la tasa de homicidios de 63 por 100.000 habitantes en 1997 a 38 en 2007, Venezuela ha aumentado de 19 por 100.000 a 48 en el mismo período. Mientras Colombia se torna un lugar más seguro, Venezuela experimenta el crecimiento de la violencia.

En Colombia, sin embargo, miran más lejos. Para el año 2019 quieren un país en paz. Tal es una de las metas incluidas en el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019”, esfuerzo liderado por el Departamento Nacional de Planeación y sometido a la discusión de todo el país. Los colombianos han concretado uno de los primeros requisitos de las políticas exitosas: formular metas de largo plazo que comprometan a toda la sociedad. En los próximos diez años se aspira que ese documento sea la guía de acción, la manera de satisfacer las aspiraciones de la sociedad colombiana. Digno ejemplo para imitar.

Colombia quiere vivir en paz. Muchos años de enfrentamiento y violencia colocan a la paz como uno de los grandes objetivos nacionales. El éxito en la reducción en la violencia en los últimos años no puede ocultar los problemas que permanecen: la existencia de los grupos armados al margen de la ley (GAML) y sus efectos en la población civil, el narcotráfico y el terrorismo, sólo por citar algunos. 

La Política de Defensa y Seguridad Democrática ha significado la reducción de homicidios y de la población desplazada. También se ha priorizado la modernización, profesionalización y aumento neto de la fuerza pública, de 92.000 policías en 1991-1995, se ha pasado a 121.000 en 2004. 

Para lograr la paz en 2019 se propone, en primer lugar, la eliminación de los cultivos ilícitos y la producción de estupefacientes, así como reducir su comercialización. Se aspira que en el año 2019 el 100% del territorio quede libre de cultivos ilícitos (en 2005 había 80.350 hectáreas de coca). En segundo lugar, se aspira neutralizar la amenaza terrorista. 

La tercera meta es desmovilizar a los alzados en armas. Según la propuesta, se espera que estos grupos se reintegren plenamente a la vida en sociedad. Para el año 2019 se aspira desmovilizar el 100% de los grupos armados al margen de la ley, así como reincorporar el 100% de ellos a la vida civil. 

La cuarta meta es superar la situación problemática de los derechos humanos. Para ello se propone reducir la tasa de homicidios a una quinta parte de la que se tenía en 2004, esto es, pasar de 44 homicidios por 100.000 habitantes a 8 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2019. También se aspira que en 2019 no se produzcan muertos y heridos por violencia armada y que no existan desplazamientos forzados. En 2019 todos los municipios colombianos deberán tener planes de acción en derechos humanos (actualmente sólo 21,5% de ellos). 

Todas estas metas forman parte de la estrategia para lograr la paz. La diversidad de los ámbitos de acción indica que se está enfrentando muchos factores que condicionan y promueven la violencia. Queda muy claro que la lucha por la paz es una tarea de muchos actores y de muchos acuerdos. Si bien es cierto que queda por delante mucho por hacer, no es menos cierto que hay políticas en curso que deberán mantenerse con efectividad para lograr los objetivos. Algo así deberíamos tener en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 25 de junio de 2008

¿Cómo fue que Medellín redujo la violencia?

La ciudad más violenta del mundo. Así se conocía a Medellín. Decenas de miles de muertes violentas se produjeron en esta ciudad colombiana en la última década del siglo pasado. Decir Medellín era sinónimo de muerte, inseguridad, narcotráfico, violencia. Ya no es así.

A través del esfuerzo concertado de su población, Medellín derrotó a la violencia. En el sitio web de la Alcaldía de Medellín se pueden encontrar algunas pistas para enfrentar la inseguridad ciudadana, ahora que Venezuela es considerada como uno de los países más violentos.

En el año 2002 en Medellín ocurrían 184 homicidios por cada 100.000 habitantes. En una ciudad de 2 millones de habitantes eso significaba alrededor de 3.600 homicidios al año. Según las cifras oficiales, en apenas un año la tasa de homicidios fue reducida a la mitad. En el año 2007 la tasa de homicidios era casi nueve veces menor, esto es, 26,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo lo hicieron?

El eje central fue modificar los factores que influían en la violencia de la ciudad. Al igual que muchos problemas públicos, el secreto no es tan difícil de imaginar. Se trata de identificar los factores más influyentes y actuar sobre ellos de manera sostenida y a través de acuerdos de toda la sociedad. Es claro que sin un marco nacional contra la violencia el éxito no hubiera sido tan rápido.

Dentro de las medidas a destacar se encuentra la elaboración del Manual de Convivencia Ciudadana con la participación de 25.000 ciudadanos. También la firma del “Pacto Social de Civilidad” respaldado por más de 20.000 firmas. Desarrollando programas de formación ciudadana se lograron sensibilizar casi 600.000 ciudadanos sobre los contenidos del Manual de Convivencia Ciudadana. 

También se logró la firma y ejecución de 24 Pactos Ciudadanos en los proyectos estratégicos de la ciudad. Estos pactos persiguen el uso adecuado de los espacios públicos y el equipamiento de los proyectos urbanos. Otro logro fue la modernización de los organismos de seguridad y justicia. Se crearon nuevas estaciones de policía y se adecuaron otras. Se creó el Centro de Investigación de Explosivos. Así mismo se establecieron la Unidad Permanente de Derechos Humanos y la Unidad Permanente de Justicia. 

La ciudad se preocupó por la formación para el trabajo y la inserción laboral. Más de 12.000 jóvenes se beneficiaron de estos programas. El número de jóvenes capacitados se multiplicó por cien en menos de cuatro años. 

Otra prioridad de este esfuerzo de la ciudad fue la reconciliación y la paz. El regreso a la legalidad de los desmovilizados se basó en el acompañamiento psico-social y la educación, entre otras intervenciones. Todo ello con verificación por parte de la OEA y de la Organización Internacional de Migraciones. Como resultado, más de la mitad de los 4.000 desmovilizados estaban estudiando en el año 2007. Casi el 80% de los desmovilizados recibían acompañamiento psico-social para ese mismo año. 

Todo este esfuerzo sólo fue posible por el acuerdo de muchos sectores. La ciudad de Medellín se cansó de aceptar la violencia. Con el liderazgo de sus autoridades y la suma de muchas instituciones y personas, la ciudad es hoy más segura y un centro de atracción para la inversión en Colombia. Es una ciudad reconciliada y en paz. En menos de seis años. Demostración clara de que las políticas públicas pueden ser exitosas aún en las condiciones más adversas. Evidencia de que no hay que esperar muchos años para conseguir mejorías. Es cuestión de ponerse de acuerdo y actuar en consecuencia. Sigamos el ejemplo de Medellín. Dejemos de ser la ciudad más violenta de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 11 de junio de 2008

Tropas a la calle

Ya Maduro puede “estar tranquilo”. Dos semanas después de su juramentación, cree haber encontrado una política pública. Hasta ahora todo lo que había dicho era la repetición de frases del anterior presidente. Sus cadenas se habían concretado a anunciar que al acto había llegado el Vicepresidente, o algún ministro. Como para ocupar el tiempo asignado por los productores de la cadena. Sin mucho libreto, pues. Lo que llaman “pasar el rato”. La única diferencia es que lo hace en cadena nacional, con grandes costos involucrados.

Hasta que llegó el día de su visita a Uruguay, Argentina y Brasil. Muchos días sin cadenas requerían una “compensación”. Y entonces vino la “gran idea”. Algo que decir que dejara al país conmocionado con la genialidad y originalidad. Los asesores de Maduro tuvieron seguramente que hacer un esfuerzo supremo. Una idea para la historia. Y por ahí se fue. Maduro anunció que la solución para el problema de la seguridad, especialmente en Petare, El Valle, Antímano, El Recreo y Baruta, era sencillamente sacar a las calles a la Fuerza Armada junto con la Policía Nacional Bolivariana. Hay que aclarar que esa propuesta no es para el resto del país.

Eso es todo. Muy original, Maduro. Para remate pasó a atacar directamente a la Policía de Miranda diciendo que eran unos “malandros, sicarios, y secuestradores”. Sin una prueba, ni denuncia concreta en los organismos competentes. Muy mala señal es que Maduro pretenda imponer a los venezolanos una política de seguridad basada en la vigilancia en las calles por parte de la Fuerza Armada.

Por supuesto no es la primera vez que tal propuesta se hace. Con la magnitud que ha alcanzado el auge de la inseguridad en este largo gobierno, cunde más bien la desesperación. Para nada les pasó a los responsables del gobierno, incluyendo a Maduro, que la solución real del problema pasa por convocar a los responsables de la seguridad en todas esas áreas geográficas, en todos los niveles de gobierno. Algo así como una reunión de trabajo con propuestas concretas y planes acordados para asignar recursos. Que tomaran en cuenta el apoyo a la dotación de las policías, la vigilancia en las zonas críticas, las acciones preventivas, la integración de los organismos encargados de la lucha contra las drogas, entre otros aspectos.

No parece importarle mucho a Maduro el hecho de que la Fuerza Armada está para ocuparse de otras funciones. Que las tareas de seguridad son muy diferentes a las de defensa. Que la lucha contra la seguridad requiere la participación de la Fuerza Armada, pero siempre en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades. Tal medida, en consecuencia, es una mera acción efectista. Para llamar la atención, para llenar un vacío. Parece que un imposible de Maduro será encontrar políticas para resolver los problemas de los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 8 de mayo de 2013

Anote, Izarra

Andrés Izarra acudió a la risa burlona para desviar la atención del argumento central de Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia: las muertes por violencia han aumentado en Venezuela de manera significativa hasta el punto de ser ahora el país más inseguro de la región. Todo eso ante la permisividad del gobierno. Aparte de la risa, que no es otra cosa que el mayor desprecio por el dolor de millones de venezolanos, Andrés Izarra sólo pudo esgrimir que no eran cifran oficiales. El representante del gobierno, especialmente si es director de un medio internacional, debe informarse más y ser respetuoso con los argumentos que no comparta.

El Observatorio Venezolano de la Violencia es un esfuerzo singular de cooperación en Venezuela. En un tema de especial relevancia para los ciudadanos, hasta el punto de ser considerado como el principal problema en todas las encuestas. El Observatorio reúne a los más calificados expertos nacionales en el tema, de diversas universidades y centros de estudios, sus informes anuales son referencia obligada para los interesados en el problema dentro y fuera del país. Cualquiera que haya revisado esos informes encontrará que se caracterizan por la minuciosidad y la referencia sistemática de las cifras oficiales. Lo que no puede adjudicarse al Observatorio es que el gobierno no publique más cifras oficiales.

Pero si Izarra quiere sólo cifras oficiales, le podemos indicar algunas. Para que las memorice. Sólo tomemos el Anuario de Mortalidad, el cual, a menos que Izarra no lo sepa, es la referencia para las muertes oficialmente reconocidas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Lo primero que habría que decir es que las últimas cifras corresponden al año 2007. Ya deberíamos tener las del año 2009. Izarra podría echar una mano allí, pidiéndole al ministerio que las publique. Pero, sigamos.

En 1998, según la fuente oficial indicada, tuvimos en Venezuela 4.721 muertes relacionadas con el uso de armas de fuego. Eso equivalió al 4,6% de todas las muertes en el país. En el año 2007 tuvimos 16.423 muertes por la misma causa, representando el 12,8% de todas las muertes de ese año. Casi cuatro veces más. Pero comparemos ahora manzana con manzanas. Y eso requiere utilizar el concepto de tasas, en cual a Izarra no se le vio muy ducho que digamos.

Las muertes relacionadas con el uso de armas de fuego en el grupo comprendido entre 15 y 29 años de edad fueron 3.329 en el año 1998. En 2007 ascendieron a 9.797. La tasa en 1998 fue 52 muertes por 100.000 habitantes del grupo. En 2007 la tasa pasó a ser 130 muertes por 100.000. Alguien debería explicarle a Izarra que eso significa que la probabilidad de que un joven entre 15 y 29 años muera por armas de fuego, aumentó dos veces y media entre 1998 y 2007. Tome nota, Izarra. Le hace falta.

Politemas, Tal Cual, 18 de agosto de 2010

Totumas y armas

El presidente Chávez ha descubierto una pieza más de su estrategia. Después de once años tratando de aniquilar la democracia venezolana, nos revela la visión más acabada de los objetivos de la “revolución bonita”. Se trata de colocar un “nuevo estándar”. Veamos.

Al presidente Chávez le quedó muy lejos el lema romano de “pan y circo”. Primero, porque los romanos de verdad cumplían con la distribución del pan: gratuitamente o disminuyendo el precio. El actual gobierno no regala nada. Por esa razón es que 25% de nuestros menores entre 7 y 14 años están desnutridos. Tampoco le funciona la disminución del precio. Cuando las personas acuden a comprar los alimentos en los sitios establecidos en los programas del gobierno, muchas veces no se consiguen los productos. Lo que llamaríamos oferta engañosa. Se dice que hay, pero en realidad no hay. Los pocos que tienen los recursos no pueden comprar. Entonces tienen que comprar más caro. Es una “revolución” sin pan.

Tampoco hay circo. Tenemos un gobierno con muy pobre sentido del humor. La “diversión” está restringida a las alocuciones presidenciales. También acabó con medios de comunicación y con muchos programas que entretenían y divertían a gran parte de la población. Es un gobierno sin emoción.

Ante todo esto, la nueva estrategia del gobierno combina la oferta de totumas con la compra y reparto de armas. Con la Totumocracia se redujeron los estándares de calidad de la vida del venezolano. Baste con señalar que por primera vez en cincuenta años la preocupación de millones de familias, especialmente en el interior del país, es el número de horas de racionamiento eléctrico, o los días que no llegará el agua. Pero no se queda allí, la Totumocracia es también aumento de los riesgos de morir víctima de un atraco o una lucha de pandillas. O las penurias para tener un trabajo decente, o para alcanzar el bachillerato. Ante el progreso, el gobierno ofrece totumas. De todos los tamaños y colores.

Y llegó el detalle que faltaba. En la misma semana el gobierno anuncia compras de armas a Rusia por 5 mil millones de dólares. Dos años del presupuesto de salud, un año del presupuesto de educación. Veinte años del presupuesto de los programas de alimentación. Así, sin mayor anestesia, el gobierno nos dice que comprará armas en un país en crisis económica. Nos dice que prefiere comprar armas antes que implementar un programa de subsidios al ingreso para el 20% de de los hogares más pobres.

Pero no se queda allí, el Presidente nos dice que ahora no sólo comprará armas. También las repartirá a la población. La “revolución bonita” pasará a ser la “revolución que arma”. Con este anuncio, es claro que el presidente Chávez reiteró lo que es ya una convicción generalizada: su gobierno es la mayor afrenta a la paz y prosperidad de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 14 de abril de 2010

Cinismo presidencial

No podía ser de otra manera. El Presidente saliente (porque hay que aclarar que le queda poco en el cargo), no se pudo contener. Ante el auge de las muertes por violencia y la generalizada opinión de que es el principal problema de los venezolanos, el Presidente no se podía quedar callado. Especialmente cuando sabe que para millones de venezolanos su responsabilidad está muy clara, sus fallas son evidentes. Su fracaso en la conducción de las políticas de seguridad no ofrece la menor duda.

Y es por ello que hace dos semanas “encadenó” al país. Para que todo el mundo oyera su largo monólogo. Lo primero que hizo fue destacar que ahora presentaba un nuevo “plan”. Luego de casi 14 años el Presidente aparece con otro plan. Pretende que se le crea que ahora si se preparó adecuadamente. Que no caigamos en cuenta que los anteriores planes existieron. Que en su momento sus ministros también dijeron que habían encontrado la solución a los problemas de la violencia. Lo que llama la atención por supuesto es que esta vez faltan apenas tres meses para las elecciones. Y que la nota para pasar no le da. Acude al expediente de explicar un nuevo plan para distraer la atención de las fallas inmensas que han representado cada uno de los anteriores planes.

Ya eso hubiera sido suficiente muestra de cinismo. Pero la osadía del Presidente es ilimitada. Para justificar las “virtudes” del plan acude a la mentira y la exageración. No se puede llamar de otra forma cuando señaló que la inseguridad no ha sido descuidada ni “un minuto”. Cuando todo el mundo sabe que el Presidente justificó la realización de actos contra la propiedad. Y que en muchas ocasiones tales hechos han contado con el beneplácito de altos funcionarios. Además, nadie ha visto al Presidente convocar a los gobernadores y alcaldes para trabajar de forma mancomunada. Es ahora que el Presidente habla del problema. Cuando sabe que los votos se le escapan y que muchos venezolanos irán a cobrarle esa factura el próximo 7 de octubre.

Eso tampoco fue suficiente. Luego el Presidente se dedicó a explicar las “bondades” de su nueva ocurrencia. Señalando que el causante del aumento de la violencia es el neoliberalismo. En ese caso, habría que preguntarse ¿cómo es que ha aumentado tanto en Venezuela?, ¿es que resulta que él está presidiendo un gobierno neoliberal? Y previamente había obviado que el mayor aumento de las muertes por violencia se ha producido en su largo gobierno. Tampoco explicó cómo va a enfrentar la violencia sin el concurso de los gobiernos de los estados y municipios. Ni cómo es que se reducirá la violencia cuando se está promoviendo la compra y producción de armas. No se explicó nada de eso porque lo que expresa el Presidente es el más puro cinismo en la conducción del Estado venezolano.

Politemas, Tal Cual, 4 de julio de 2012

Violencia total

Poco se puede agregar para demostrar que Venezuela ha sido prácticamente tomada por la violencia. En la actual administración se han superado todos los “récords”. La tasa de homicidios de Venezuela es una de las más altas de América Latina, y la de Caracas está entre las más altas del mundo. Ante ello el gobierno luce inerme, impotente, incapaz, sin ninguna idea, sin ninguna posibilidad.

Según la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, en 2011 se cometieron más de 120.000 actos criminales, esto es, 440 por cada 100.000 habitantes. Menos de 6.000 personas fueron detenidas por esos delitos. Si las cifras oficiales, provenientes de la Encuesta de Victimización reportada el año pasado, son ciertas, en el país mueren cada día 53 personas por violencia. Repetimos, 53 personas cada día. Lo cual resulta de dividir 20.000 muertes entre 365 días del año.

Para el ciudadano común, que tiene que transitar las calles, utilizar vías a cualquier hora, tomar un transporte colectivo, asistir a cualquier sitio público, la inseguridad es un hecho cotidiano, palpable, nadie está seguro. Todos tememos que en cualquier circunstancia podemos ser víctimas de un atraco, de un exceso, o incluso perder la vida. Todos los venezolanos, en todas nuestras ciudades y pueblos, sufrimos la inseguridad. Para ser más exactos, el 80% de la población siente temor por sus bienes y su propia vida.

Todo lo anterior no es inevitable. Es producto de la gran incompetencia del actual gobierno. Por hacer todo lo contrario a lo que se requiere para combatir la violencia y la inseguridad. Es un gobierno que no planifica, que no coordina esfuerzos, que piensa que puede resolver todo con palabras, que no es capaz de seguir rutinas, que no identifica la causa de los problemas, que no pide ayuda, que cree que se la sabe todas, y que no relaciona las necesidades con los recursos. Un gobierno así no puede resolver ni la inseguridad ni ningún otro problema. Ya no hay nada más que probar. Hay que sustituirlo, tan simple como eso.

Pero todo esto tiene sus colmos. El actual gobierno se las ha ingeniado para convertir a las prisiones en los sitios más inseguros. Se supone que en las prisiones se toman todas las previsiones para que las personas de mayor peligrosidad estén bajo control. Uno no se explica cómo es que no se puede tener acceso a las prisiones, cómo es que se encuentran armas de todos los tamaños en manos de los reclusos, cómo es que hay pranes que tiene más poder que las fuerzas del orden público. De manera que el actual gobierno ha llevado la violencia a su nivel más alto. Vivimos la violencia total.

Todo lo anterior, a pesar de su gravedad, se puede modificar. No es irreversible. Para ello hay que sustituir al actual gobierno el próximo 7 de octubre. Henrique Capriles Radonski lo ha dicho bien claro, se pondrá al frente de esa tarea.

Politemas, Tal Cual, 16 de mayo de 2012

Se firma pero no se cumple

A pocos días de conocerse que tres personas murieron en una de las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en condiciones absolutamente inaceptables en una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos, se reúne en El Salvador la Asamblea General de la OEA. El tema seleccionado es el problema público más importante en muchos países de la región: el auge incontrolado de la violencia, y su efecto en la vida y bienes de millones de habitantes.

La declaración de la OEA expresa las posiciones de los gobiernos de los países signatarios. En primer lugar, se establece que la lucha contra la violencia es una prioridad en la atención de los gobiernos. Y que esa prioridad debe llevarse a la práctica en el marco de la democracia y en el pleno ejercicio de la vigencia de los derechos humanos.  También acuerdan los gobiernos que la lucha contra la violencia, a través de políticas de seguridad pública, debe dirigirse a las causas. Es decir, no basta atender los efectos, hay que ir al fondo de la generación del problema.

En la lucha contra la inseguridad, ratifican los gobiernos, es fundamental centrar la atención en los individuos.  Esto es, promover comunidades más seguras, sostenibles y coherentes. Para que la atención a las familias y las personas sea directa, efectiva, garantizando la reducción de los riesgos para sus vidas y sus bienes.  También la declaración ratifica que estas políticas requieren la participación de múltiples actores: los individuos organizados, los gobiernos de todos los niveles, la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades, el sector privado. O participamos todos, o sufrimos todos las consecuencias.

También indica la declaración que se debe fortalecer al Estado para que cuente con políticas públicas de largo plazo, que atiendan las condiciones de los grupos de mayor riesgo. Debe ser un Estado capaz de garantizar derechos, a través de los múltiples canales institucionales que requiere un problema de esta complejidad. Y dentro de ello debe tener especial importancia la prevención, rehabilitación y reinserción social, de manera que la atención del problema sea lo más integral posible. Al mismo tiempo se señala que las políticas públicas educativas deben promover la cultura que permita la eliminación de la violencia en las familias.

Para alcanzar lo anterior se requieren políticas que promuevan el acceso universal a la justicia, y a toda la protección de un sistema penal efectivo y confiable. La declaración lo deja bien establecido, así como la promoción de sistemas penitenciarios basados en el respeto a la persona humana y a los derechos humanos.

La declaración señala todas las acciones que se deben ejecutar en los países para que se reduzca la violencia, la inseguridad y la delincuencia. Cada una de ellas indica una amplia área de tareas que deben realizarse. La responsabilidad de los gobiernos es fundamental. Muchas de estas acciones requieren compromisos de gran aliento, sostenibles, efectivos.

El auge de la violencia en Venezuela, expresado en el aumento de las tasas de homicidios, y otros delitos contra personas y bienes, deja muy claro que las recomendaciones de la OEA no son la guía de las políticas en el área en nuestro país. Sin embargo, el gobierno la firmará. Evidencia muy clara de que una cosa es lo que se firma y otra lo que se cumple.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 12 de junio de 2011

Terror policial

En un centro de detención del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se producen tres muertes. Las informaciones indican que las personas murieron por aparentes excesos de funcionarios. Se señala la presunta comisión de delitos de trato cruel a detenidos, omisión de socorro, y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales. Ya con esto es suficiente para entender que la violencia no sólo se ha apoderado de las calles del país, también ha tomado al sistema policial.

Todo ello explica la opinión que tiene el ciudadano sobre los cuerpos policiales. No hay confianza, no se denuncian lo delitos, el ciudadano la piensa más de una vez cuando está en el trance de solicitar apoyo policial. Sabe que su vida puede correr peligro, en la institución que está para defenderlo.

Es más grotesca la situación cuando se trata de una policía que debe ser modelo. Con los mejores funcionarios, con una carrera profesional de alto nivel, con asistencia técnica de primera, especializada y efectiva. Todo ello está reducido a su mínima expresión.

En las unidades de detención del CICPC nadie está a salvo. Eso de que el derecho a la vida es inviolable, tal como lo dice la Constitución en el artículo 43, no se cumple. Tampoco que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. También se contraviene el artículo 46, el cual señala que toda persona tiene derecho que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, está prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas disposiciones son letra muerta en los sitios de aprehensión del CICPC.

El cúmulo de detalles que ha salido a la opinión pública indica que no es una situación nueva. Que es muy difícil que todo esto haya estado pasando sin el conocimiento de los responsables de la institución. Que las condiciones de hacinamientos en estos centros violan cualquier norma de los adecuados servicios. En otras palabras, los centros policiales se han convertido en instancias donde los más elementales derechos humanos son violados todos los días.

Es también evidente que estas prácticas condenables son rutina en muchos de estos centros. Que estas muertes son lamentablemente una expresión de un estado general de deterioro de nuestros servicios policiales. No debe extrañar la falta de confianza y el miedo que inspiran las policías.

Para todo esto no se conocen reacciones, correctivos. La Asamblea Nacional anuncia una investigación. Pero los altos responsables de esta situación, desde el Ministro hasta el Director del CICPC, no han puesto su cargo a la orden. Nadie ha salido ante los medios para decir que se investigará “hasta las últimas consecuencias”. La práctica del terror se ha apoderado de nuestros servicios policiales.

Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2011