"Golpe rápido" contra la autonomía

El gobierno del presidente Chávez está nervioso con los reclamos por la autonomía. Para un gobierno que ha ido cerrando los espacios democráticos, la autonomía suena a mala palabra. La autonomía es sinónimo de capacidad crítica, de posibilidad de disentir, de establecer caminos y alternativas libremente, de ser corresponsable y no obediente ciego. Es evidente que para el actual gobierno es necesario acabar con todos esos rasgos de la autonomía.

Quizás pasa por la cabeza del gobierno eliminar la autonomía en nuestras universidades. Pero el gobierno sabe que eso no es tan fácil. Que la universidad venezolana, tanto pública como privada, incluso la controlada desde el Ejecutivo, ha tenido un compromiso histórico por la defensa de la autonomía. Que la universidad venezolana es una institución al servicio de la democracia y la libertad, que no se doblegará ante los deseos de control del gobierno de turno.

Es por ello que el gobierno la emprende contra otra autonomía. Aquella que tienen los entes del Estado para participar en la gestión pública. Anunció el gobierno hace pocos días que se creará la “Comisión Central de Planificación” para acabar con la autonomía de los entes del Estado. Dicha comisión se hará oficial a través de un Decreto-Ley Habilitante y se concretará en una “Ley Orgánica que persigue la centralización”. Ha llegado, según el gobierno, la hora de la planificación centralizada.

En cadena nacional, en vivo y directo, el gobierno contradice los principios y exigencias contenidas en la Constitución de 1999. Comienza la contradicción con el artículo 4 el cual establece que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado federal descentralizado, regido por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. 

Sigue con el artículo 6 en el cual se señala que el gobierno “es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. La distancia que existe entre el enunciado de este artículo y nuestro actual marco institucional es definitivamente abismal. Un artículo más adelante se recuerda algo que se tiende a olvidar: “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. 

La Constitución también divide el Poder Público entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional, e indica que cada una de estas ramas tiene sus funciones propias, “pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado” (Artículo 136). Cuando en la Constitución se describe al Poder Público Estadal se indica que “los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena” (Artículo 159). Igual sucede cuando se señala que “los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, que gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución” (Artículo 168).

Por si fuera poco todo lo anterior, el artículo 158 establece la política nacional de descentralización. Tal política “debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de lo cometidos estatales”.

El miedo del actual gobierno a cualquier rasgo de autonomía, a la posibilidad de disentir, a que alguien exprese una opinión contraria, lo ha llevado a contradecir flagrantemente todos los postulados constitucionales que justamente desarrollan el modo de articulación del Estado venezolano. Tal como se ha señalado, en esa articulación uno de los aspectos centrales es la autonomía.

Estas pretensiones del gobierno, dichas en alta voz, sin el menor empacho, hubieran obligado a los representantes del pueblo venezolano a expresar la defensa de los contenidos constitucionales. Hubieran obligado a los garantes del Estado de derecho a iniciar una averiguación o al menos a pedir explicaciones. Pero no hemos visto nada de eso. Prueba evidente de que estamos, con Constitución incluida, en manos de un gobierno intolerante, irrespetuoso del orden de la República, de “golpes rápidos” contra la democracia.

Politemas, Tal Cual, 20 de junio de 2007

Con las universidades has topado

Para un gobierno que tiene nueve años reduciendo los espacios democráticos de Venezuela, ha debido ser una gran sorpresa encontrar que hay instituciones que no se doblegarán tan fácilmente. Instituciones que no tienen concesiones con fecha de expiración. Instituciones que cuentan con órganos de cogobierno y alternabilidad. Instituciones en las que prevalece el diálogo y la discusión. El gobierno del presidente Chávez ha topado con las universidades.

Maniatar a los partidos políticos opositores fue relativamente sencillo. Ayudó el inmenso desprestigio de muchos de ellos, así como la prohibición de recibir recursos públicos para su financiamiento en la Constitución de 1999. Para un gobierno que controla la riqueza petrolera a su antojo, es claro que dejar a los partidos políticos sin recursos públicos era colocar una losa demasiado pesada sobre ellos. Tan pesada ha sido que los partidos políticos opositores son estructuras anémicas, sin mayor incidencia en la realidad concreta del país. 

Controlar los poderes públicos exigió un poco más de esfuerzo. Una Asamblea Nacional Constituyente elegida sin respetar la composición de electorado, sumado a la jugada política de poner en suspenso la Constitución de 1999 y proceder al nombramiento de todos los poderes públicos sin tomar en cuenta lo estipulado, fue suficiente para lograr el “pleno respaldo” de todos los poderes a los designios del Ejecutivo.

Limitar el rol de los gobernadores, tanto los oficialistas como los opositores, fue el resultado de una política de “ahogo fiscal”. No transferir los recursos necesarios iba acompañado de la correspondiente dependencia del favor presidencial. Lograr el control del poder electoral requirió la complacencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como la incorporación de prácticas contrarias a la transparencia del registro de votantes y al respeto a la voluntad del elector. 

El sector militar y la tecnocracia petrolera requirieron la implementación de sendas purgas. Los planteamientos contrarios a la política del gobierno en estas instituciones, hechos normales en anteriores administraciones, fueron tomados por signos intolerables de oposición. Las consignas de una Fuerza Armada y una industria petrolera “roja rojitas” se hicieron práctica común mucho antes de las elecciones de 2006. 

La espada de Damocles de las concesiones del espectro radioeléctrico ha pendido sobre los medios de comunicación audiovisuales. El cierre de RCTV ha sido un paso extremo en esta política, pero es evidente que muchos medios han optado por no complicarse mucho la vida y sobrevivir. En el caso de los medios escritos las continuas querellas judiciales, multas y amedrentamientos han estado a la orden del día. 

En todos los casos anteriores tenemos al menos dos características significativas. La primera de ellas es todos estos sectores pueden ser intervenidos a través de decisiones del Ejecutivo sin mayores costos políticos. Sea a través de mecanismos regulatorios, sea a través métodos reñidos con la vocación democrática. La segunda característica es que los actores desplazados podían ser etiquetados como defensores del “antiguo régimen”.

Todo lo anterior no aplica para las universidades autónomas. Sin embargo, el gobierno indicó claramente sus pretensiones de controlarlas. Amparado en el apoyo de grupos estudiantiles oficialistas, el propio presidente Chávez anunció su próximo objetivo político.

Las universidades autónomas tienen muchas décadas seleccionando sus autoridades. Tienen sus propios órganos electorales. Para ascender en la jerarquía universitaria, aparte de las condiciones académicas se requiere conquistar el favor de profesores y estudiantes. De manera que no es posible para el actual gobierno modificar estas pautas sin violar flagrantemente la Constitución y las leyes de la República e incurrir en incalculables costos políticos. Para remate los líderes del movimiento estudiantil apenas llegan a los veinte años. No tienen ninguna herencia que esconder. Ofrecen al país la posibilidad de innovar. 

El gobierno autoritario e incompetente del presidente Chávez se ha encontrado con la fuerza de las universidades en un momento político caracterizado por ansias de libertad y liderizado por la juventud. Es evidente que el gobierno tiene razones para estar tan nervioso.

Politemas, Tal Cual, 13 de junio de 2007

Los rectores bolivarianos

En la “revolución” que ha sido este gobierno autoritario e incompetente, los rectores de las universidades que apoyan el proceso no han tenido mejor idea que crear la “Asociación de Rectores(as) Bolivarianos(as)”. También conocida por sus siglas ARBOL.

El remitido firmado por los miembros de ARBOL, publicado en el diario Ultimas Noticias el pasado 12 de mayo de este año, muestra con lujo de detalles las concepciones y propuestas de este selecto grupo de rectores. 

Lo primero que señalan estos rectores es que ARBOL es una “organización universitaria plenamente comprometida con el proceso revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela”. De un solo plumazo los rectores bolivarianos dejan sin efecto el artículo 2 de la vigente Ley de Universidades. Allí se señala que “las Universidades son instituciones al servicio de la Nación”. Nada se expresa en nuestra legislación sobre la sumisión de las universidades a las directrices de la máxima autoridad ejecutiva.

Siguen los rectores enunciando su visión sobre la situación actual del país. Expresan que vivimos una “etapa refundacional” bajo la conducción de un “gobierno revolucionario”. Pareciera que los rectores bolivarianos olvidan que viven en un país que tiene una Constitución y leyes que respetar. 

El artículo 109 de la Constitución de 1999 indica que las universidades deben dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica “para beneficio espiritual y material de la Nación”. Allí no se habla de facciones ni se promueve la preponderancia de ningún grupo o sector social. 

Más adelante los rectores bolivarianos indican que “la decisión del pueblo venezolano de construir el Socialismo del Siglo XXI como fase avanzada de la Revolución Bolivariana, ha definido como prioridad la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”. De un solo viaje los rectores bolivarianos dan por sentado dos decisiones sobre las cuales no ha opinado para nada el pueblo de Venezuela. No existe ningún mandato político sobre la construcción del Socialismo del Siglo XXI ni sobre la prioridad de fundar partido alguno. Ambas decisiones corresponden a la expresión de voluntad del presidente Chávez. No existe en ellas ningún asomo de consulta, ni siquiera con sus más cercanos colaboradores.

Pero lo anterior no ha sido obstáculo para que los rectores bolivarianos defiendan los objetivos más preciados del proceso. De allí a plantear que el PSUV “debe configurarse como instrumento esencial de la refundación de la patria”, no hubo sino un párrafo. Más grave aún, los rectores bolivarianos señalan “convocamos a la población venezolana comprometida con un ambiente republicano de paz, seguridad, trabajo, convivencia, justicia y transformación, a participar activamente en la inscripción de aspirantes a militantes del PSUV”. 

Los rectores bolivarianos hicieron caso omiso nuevamente de la Ley de Universidades vigente. Desconocieron claramente lo expresado en el artículo 4 de dicha Ley: “La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica”. 

Es claro que los rectores bolivarianos han tomado partido. En cada una de sus opiniones han expresado que anteponen su posición particular, basada en la ideología que profesan, a cualquier otra consideración. Antes que contemplar a toda la Nación, ven a un sector, peor aún, desde ese reducido espectro han colocado todas sus lealtades en los gobernantes de turno. Al hacerlo han abandonado su función de líderes de la docencia y la investigación, han abandonado su compromiso con el pensamiento universal. 

Toda esta situación no termina acá. Los rectores bolivarianos han querido preparar la escena para una arremetida gubernamental contra la universidad autónoma venezolana. Lo que no saben los rectores bolivarianos es que la universidad democrática, esa de la cual ellos son expresiones, goza de buena salud y que es muy probable que en su seno estén germinando las semillas de la redemocratización de Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 6 de junio de 2007

Huyendo de la sociedad del conocimiento

En la primera década del siglo XXI ha renacido el interés por una amplia visión del desarrollo. Cada día hay mayor conciencia de que el desarrollo supone esfuerzos sostenidos, amplitud de criterios y la asociación directa con la asignación de recursos y el seguimiento de proyectos y políticas. También es cada día más claro que el desarrollo sólo podrá alcanzarse si las sociedades colocan especial énfasis en el uso sistemático del conocimiento, así como en la generación de nuevas ideas y tecnologías. 

La aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología para alcanzar las Metas del Milenio es una demostración de los vínculos entre el conocimiento y el grado de desarrollo. Ese es el propósito de un informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas intitulado “Innovation: applying knowledge in development”. En esta publicación un reconocido grupo de expertos propone algunas modalidades para aplicar la ciencia, la tecnología e innovación en las amplias tareas del desarrollo.

Cuatro áreas claves son postuladas en la publicación. La primera es la utilización de plataformas tecnológicas, esto es, la interacción entre políticas industriales, políticas de investigación y desarrollo, y las políticas educativas. Estas plataformas promueven el uso de tecnologías ya existentes para impulsar las fronteras de conocimiento en áreas como la información y comunicación, la biotecnología, la nanotecnología y los nuevos materiales. 

El segundo aspecto es la infraestructura necesaria para el desarrollo de las tecnologías. Señala el informe que los países en desarrollo deben fortalecer la infraestructura disponible para estimular el desarrollo tecnológico. La razón es muy sencilla: la infraestructura afecta la producción y consumo de empresas e individuos. Los costos de la infraestructura afectan la eficiencia de otros factores de producción.

El tercer aspecto está asociado con las inversiones en la educación para la ciencia y la tecnología. Según el reporte, las inversiones en estos aspectos es una de las más críticas fuentes de transformación económica. De allí que la ampliación de la cobertura de la educación superior en los países en desarrollo es una de las empresas más importantes. Describe el informe las modalidades que pudieran aplicar las universidades para impulsar estas áreas. Dentro de ellas se encuentran el impulso de las actividades de los emprendedores, así como el conocimiento sobre las necesidades sociales, la realización de encuestas industriales y la formación de nuevas empresas. Para cumplir con esos roles, las universidades deben revisarse, adaptar su curricula, actualizar sus modalidades pedagógicas, y promover la creación de redes y vínculos institucionales.

Finalmente, el cuarto aspecto está relacionado con el rol de los gobiernos en la creación de vínculos entre la generación de conocimiento y el desarrollo de las empresas. Los gobiernos son de excepcional valor para introducir los adecuados incentivos en esta alianza.

Mientras todo esto pasa en la sociedad del conocimiento, en Venezuela el gobierno de la “revolución bonita” no hace otra cosa que limitar nuestras posibilidades de participar activamente. Brilla por su ausencia el uso de adecuadas tecnologías de información, así como la consideración de la infraestructura como el fundamento de la capacidad de crear conocimiento. Tampoco se aprecian esfuerzos para estimular a las universidades y la vinculación entre la academia, el sector productivo y los gobiernos. En la época de la “revolución bonita” parece que hubiéramos hecho un viaje al pasado. La sociedad del conocimiento se nos ha puesto más lejos.

Politemas, Tal Cual, 30 de abril de 2008

Exclusión de todos

La semana pasada el país tuvo una muestra de la forma en que el gobierno del presidente Chávez enfrenta la exclusión. La solución para la supuesta exclusión en la educación superior, especialmente en las universidades públicas, fue una decisión que pasará a los anales de las políticas públicas venezolanas. Se elimina el sistema de admisión de las universidades públicas, y no se aprueba ningún sistema alternativo. Es el equivalente a eliminar una ley sin aprobar otra que la mejore y perfeccione.

Con esta prueba de “sabia planificación”, el gobierno promueve la incertidumbre y el desconcierto en todas las comunidades universitarias del país, pero especialmente en las familias de los cientos de miles de estudiantes que esperan graduarse de bachiller este año más los que egresaron en años anteriores que tienen intenciones de volver a participar en los procesos de admisión.

Tal incertidumbre y desconcierto ha motivado a las autoridades de las universidades públicas a ratificar la vigencia de los sistemas de admisión y expresar su voluntad de acordar en la Comisión aprobada en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) un sistema alternativo satisfactorio.

No quedan muchas dudas de que la conducta oficial no responde a una visión estratégica del problema. Si es cierto que al gobierno le preocupa la inequidad en el acceso a la educación universitaria, ha debido elaborar una propuesta y someterla a la consideración de los miembros del CNU con suficiente anticipación. Es obvio que en un cambio de esta naturaleza exige un proceso de discusión e intercambio, con la mayor calidad de las evidencias disponibles, y con la mayor disposición para alcanzar acuerdos. Ya sabemos que tales exigencias contradicen las prácticas de la actual administración.

Las propias cifras oficiales sirven para desmentir el supuesto interés por reducir la inequidad en nuestro sistema educativo. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el año escolar 1997-1998 teníamos 525.119 estudiantes en cuarto grado de educación básica. Ya para el año 2004-2005, la mitad de estos estudiantes habían abandonado el sistema educativo, esto es exactamente 260.867 jóvenes. Es decir, apenas el 50% de esa cohorte pudo graduarse de bachiller. Esta exclusión sólo es posible atribuirla a la implementación de políticas educativas en los niveles anteriores a la educación superior.

Es también claro que la gran mayoría de los jóvenes que abandonaron la escuela y el liceo en estos años provienen de escuelas oficiales. El 30% de los bachilleres que egresaron en el año 2005 lo hicieron de escuelas privadas. En otras palabras, casi todos los niños de escuelas privadas llegan a ser bachilleres. Sólo el 40% de los que acuden a las escuelas oficiales llegar a ser bachilleres. Es por ello que la exclusión del sistema educativo es una responsabilidad del sector público. En un país con un déficit estimado de 5.000 liceos, apenas se crean 100 liceos públicos por año. 

Mal puede entonces el gobierno ufanarse de una supuesta intención de reducir las inequidades a través de las admisiones a la educación superior. La actual administración ha reducido sistemáticamente las posibilidades de nuestros estudiantes de escuelas públicas al excluirlos del sistema. Ha hecho de la exclusión una regla y pretende extenderla hasta las universidades. Mientras la educación pública no pueda garantizar el bachillerato para la gran mayoría de nuestros estudiantes, sus prédicas por la equidad sonarán vacías, huecas. Sonarán más bien como excusas para intervenir en la institución universitaria. Serán, finalmente, muestras de atraso y autoritarismo.

Politemas, Tal Cual, 12 de marzo de 2008

Contra ellas no podrán

El gobierno se ha ensañado con las universidades autónomas de Venezuela. No es solamente el atropello institucional, el desprecio de la actual élite gobernante por el mundo universitario. Es también la utilización del poder del gobierno para insultar, denigrar, a todos los miembros de las comunidades de las universidades autónomas. Hasta el punto de agredir verbalmente a las autoridades de estas casas de estudio. 

Tal proceder es absolutamente violatorio de lo establecido en la Constitución de 1999 sobre las universidades. En el artículo 109 se señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria como “principio y jerarquía” que favorece la “búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica”. Y todo eso para “beneficio espiritual y material de la Nación”. En ese mismo artículo se reconoce que las universidades autónomas “se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. Y más adelante se indica: “se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”. 

De manera que las conductas del gobierno con respecto a las universidades autónomas lo colocan justamente en contra de lo señalado en la Constitución. Esta actitud no es nueva. De hecho lo que vivimos en estos días es una profundización de una política de agresión sistemática a la universidad venezolana. Tal política tiene su origen en un hecho incontrovertido: las universidades son por excelencia espacios concebidos para todos los ciudadanos. La esencia de la vida universitaria es mirar y actuar para toda la sociedad. La universidad de verdad solo es posible cuando es amplia e incluyente.

Tal visión de la universidad es incompatible para un gobierno con ansias y prácticas totalitarias. La universidad venezolana, con sus demostraciones de diversidad, pluralismo y libertad, es inaceptable para un gobierno que discrimina, que separa, que divide a los venezolanos. Y es menos tolerable que sean instituciones donde se elija democráticamente a sus autoridades. 

Por estas razones es que no hay duda de que las luchas por un país abierto y democrático se dan de manera privilegiada hoy en día en las universidades venezolanas. Que las universidades estén al servicio de todos los venezolanos debe ser una aspiración que congregue a los trabajadores, empresarios, medios de comunicación, organizaciones políticas y sociales, en fin, a todos los medios de participación de los ciudadanos. Universidades abiertas, promotoras de la inclusión, generadoras de conocimiento, son de los mayores bienes públicos que tiene una sociedad democrática. Contra ellas no podrán.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2013

Gobierno anti-universidades

Catorce años es un período suficientemente largo para tener bien clara la dirección del actual gobierno. No faltará el ingenuo que diga que todavía es poco tiempo, que los cambios no se pueden “acelerar”. La puesta en marcha de las políticas de este gobierno ya nos ha llevado al sitio previsto: Venezuela es uno de los países más improductivos del mundo.

Las cifras de la Cepal no dejan lugar a la duda. En el año 2011, de cada 100 dólares que recibió el país por concepto de exportaciones solamente 2, repetimos 2 (dos), provinieron de bienes manufacturados con algún componente de tecnologías. Baste comparar con algunos de los países de la región para saber la magnitud de la brecha. En México el porcentaje de exportaciones con tecnologías incorporadas es 69%. Pero no hay que ser México. En Guatemala es 34%, en Costa Rica es 56%, y en República Dominicana es 64%. En nuestra vecina Colombia es 15%.

Cuando se examinan las cifras absolutas, la comparación es más impactante. En 2011 Venezuela exportó 68 millones de dólares en productos manufacturados con componentes de alta tecnología. Ese mismo año Guatemala exportó por el mismo concepto 292 millones de dólares, Costa Rica casi 2.500 millones, Brasil 10.961 millones, y México la bicoca de 78.000 millones. No hay mucho más que agregar. La incorporación de valor agregado de nuestra economía, al menos por lo que ofrecemos al exterior, es casi nula. 

En un país así, con estos resultados de la política que ha aumentado la dependencia de la exportación de petróleo, con la persecución de la inversión, sea esta nacional o internacional, con un entorno económico absolutamente contrario a la estabilidad y al rendimiento de mediano plazo, no es para nada extraño lo que está pasando en las universidades nacionales, sean estas públicas y privadas.

La reducción de las asignaciones presupuestarias, combinado con una de las mayores tasas de inflación en el mundo, la disminución de las oportunidades de proyectos conjuntos con el sector empresarial, la eliminación de los incentivos para la investigación y la creación de nuevas opciones de formación, junto con el cierre de postgrados y carreras, así como el deterioro del salario real de profesores y empleados, han ocasionado la grave crisis que confrontan nuestras universidades, a todo lo ancho del país. 

La razón de fondo es muy sencilla: la propuesta de desarrollo del actual gobierno, fundamentada en la ausencia del pluralismo y en la eliminación del sector productivo no gubernamental, no conduce a otro lugar que no sea a reducir las universidades a su mínima expresión. Es por ello justamente que la preservación de la universidad plural y creadora de conocimientos, es una de las principales tareas para la defensa de la democracia en Venezuela. Es por eso que las universidades estarán siempre para servir a los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2013

Mitos en la educación superior

Contar con decenas de medios de comunicación, a través de la expropiación, suspensión de licencias, o compra de muchos de ellos, trae beneficios, como está a la vista. Se repiten incesantemente noticias que no tienen mayor asidero con la realidad. Pero que de tanto repetirse, quedan en la agenda como si fueran ciertas. Por supuesto, esta práctica abarca muchas áreas de la vida del país. Nos detendremos hoy en las que afectan la educación superior. 

Un gran mito puesto en boga por el gobierno es el aumento de la cobertura de la educación superior. Se citan millones de estudiantes especialmente en universidades oficiales. Se argumenta que en esas universidades que reciben ahora más estudiantes, se ha producido un aumento significativo de la cobertura de la educación superior. Por supuesto, no se agrega que en esas universidades no se cuenta con requisitos comparables con aquellos que se tienen en las universidades autónomas (mucho más rigurosas con las exigencias para la investigación, docencia y extensión). También se menciona, cada día menos, que en ese incremento debe incluirse la cantidad de personas incorporadas a las misiones educativas. De manera que ya de entrada hay que matizar que una cosa es aumentar el número de estudiantes, y otra más complicada es que ese aumento vaya acompañado de la calidad y productividad académica. 

Supongamos ahora que queremos buscar evidencias de este aumento de cobertura, especialmente para comparar con lo que ha ocurrido en el contexto de la Región. Y acudimos a una fuente de gran credibilidad como es el Anuario Estadístico de la CEPAL, el cual se encuentra disponible en el sitio web (todos los reportes desde 1990). En la última edición del Anuario de CEPAL (2014), en la sección correspondiente a educación, se constata que la cobertura de educación terciaria en Venezuela no está reportada para el último año señalado (esto es, 2012). Pero tampoco está para 2010, ni para 2005. El año más “reciente” del que se dispone información sobre este indicador es 2000. Para ese año la cobertura de educación superior de Venezuela era 28,3%. Resulta ser que ya en 1997, de acuerdo con el Anuario del año 2000, la cobertura de educación superior era 37%. 

De allí que la revisión de esta fuente nos indica al menos dos puntos relevantes. El primero es que el referido aumento de la cobertura de la educación superior que supuestamente se ha producido en Venezuela, no es conocido por la CEPAL, hasta el punto que no es citado en una publicación de tanta significación. O al menos, que las fuentes que demuestren tal aumento no son conocidas por CEPAL. Y el segundo punto es que en realidad, de acuerdo con la misma fuente, lo que se produjo hasta el año 2000, fue una reducción de casi 10% cuando se compara con el último dato de los noventa. 

Todo lo cual demuestra que difundir mitos es una cosa relativamente sencilla, pero que tiene impacto limitado cuando se comienzan a revisar las evidencias. También es claro que es mucho más complejo aumentar de verdad la cobertura y calidad de la educación superior.

Politemas, Tal Cual, 16 de septiembre de 2015

Ni un solo dato

El gobierno ha modificado el sistema de asignación de los estudiantes a las instituciones de educación superior. Las autoridades universitarias, así como diferentes instancias de las casas de estudio, han expresado objeciones de la más variada índole. La información que ha transcendido a los medios indica serias distorsiones en el mecanismo de asignación, especialmente porque se conoce muy poco sobre los criterios que lo sustentan. Todo lo anterior es completamente consistente con la pretensión del gobierno por controlar a las universidades autónomas.

Supongamos por un momento que existe la posibilidad de evaluar con seriedad los resultados del sistema de educación superior. Y que comencemos, por ejemplo, por las variaciones de la matrícula universitaria en los últimos diez años, por decir algo. Para ello se necesitarían los datos de ingresos en cada una de las instituciones, así como los estudiantes en cada año, y los egresos en cada una de las carreras. También sería de utilidad conocer el tiempo promedio en el que los estudiantes culminaron los estudios. 

Para el análisis de los mecanismos de asignación sería necesario conocer el estrato socio-económico de los estudiantes en el momento del ingreso a la universidad. Mucho mejor sería contar con la proporción que no pudo concluir los estudios según el estrato socio-económico. De especial importancia sería conocer el número de estudiantes que egresan de educación media, así como los rendimientos, sea por notas o por pruebas, que indiquen sus capacidades en cada una de áreas. 

Para conocer la productividad de las universidades se requeriría el inventario de las actividades de investigación y de extensión que se realizan. Entre estos datos sería útil conocer los proyectos de investigación, publicaciones, proyectos de asistencia técnica, estudiantes asesorados en tesis y trabajos de grado, entre otros aspectos. También sería conveniente conocer la clasificación de los docentes por niveles de formación. Un punto de especial relevancia sería lo relacionado con los estudios de postgrado: tipos, áreas de especialidad, número de estudiantes, nuevos programas.

Se supone que un buen sitio para encontrar esa información, ahora que muchas cosas están en internet, es el sitio web del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Suposición claramente errada. En esa página web no se encuentra un solo dato. Lo cual confirma que las decisiones que allí se puedan proponer no tienen mayor fundamento. Pero ya sabemos que para el actual gobierno eso de tener argumentos sólidos es una práctica inexistente.

Politemas, Tal Cual, 10 de junio de 2015

"Revolución" sin universidades

En el año doce de la “revolución bonita” se acabó con las universidades públicas. Esa parece ser la consigna que maneja el gobierno desde hace varios años. Nuestras universidades públicas han estado sometidas a la más evidente agresión. Varios años con el mismo presupuesto, eliminación de la concertación para la discusión de los beneficios del personal en todas las áreas, deterioro de las condiciones de ingreso de los estudiantes, cerco administrativo, y persecución de la crítica. Tal es el “legado” que el actual gobierno muestra cuando se trata de la educación superior.

Contrario a la propaganda oficial abusiva, las universidades nacionales, pero especialmente las públicas, son instituciones que no pueden contar en la lógica oficial. Las universidades son, en primer lugar, instituciones de cambio. Cada año llegan a ellas cientos de miles de estudiantes, recién graduados de bachilleres, quienes por su edad y por la gran diversidad de la sociedad, con el influjo de medios y tecnologías, aportan lo esencial de la docencia: la posibilidad de ir más allá, de formularse preguntas, de promover la sana discusión que mejore los puntos de vista, que señale nuevos caminos. La lógica del cambio es totalmente contradictoria con el afán del actual Presidente de “mandar para siempre”. Tampoco es cónsona con la permanencia de malas políticas, con sus innegables efectos negativos en todos los espacios de la sociedad.

Tampoco puede convivir este gobierno con la crítica que se da por generación espontánea en nuestras universidades. La búsqueda de nuevas interpretaciones y la diversidad son manifestaciones naturales y necesarias para que se genere el conocimiento nuevo. Para un gobierno carente de ideas, repetidor de errores de la historia, incapaz de distinguir las opciones adecuadas de las inadecuadas, que tiene mucho desprecio por la formación sistemática y por la experiencia, es evidente que las universidades son instituciones de temer, que no cuentan en su “proyecto” de desarrollo.

Muchos menos este gobierno puede convivir con la innovación que se debe generar en las universidades y centros de investigación. Tales procesos se orientan justamente a la generación de valor de la sociedad. Para que la innovación tenga sentido debe existir un clima que permita apreciarla. Y ello es incompatible con un gobierno que es responsable del nivel más bajo de generación de valor agregado, en términos de altas y moderadas tecnologías, que se ha registrado en Venezuela.

Sólo un gobierno con afán totalitario como el actual puede plantearse la anulación de las universidades. Tal pretensión ha sido rechazada cada día con mayor rigor y fuerza. Signo evidente de que este gobierno no puede doblegar a la sociedad. Signo de que este gobierno no puede imponer el atraso en nuestro país.

Politemas, Tal Cual, 27 de octubre de 2010