martes, 29 de diciembre de 2015

Para enfrentar las crisis de 2016

Venezuela vive circunstancias muy difíciles. La elección de la nueva Asamblea Nacional abre posibilidades para enfrentarlas con decisión y éxito. Para ello se requiere acordar sobre la naturaleza y efectos de cada una de las crisis que están en evolución. Es el primer paso para establecer el marco de opciones sobre las cuales debería acordarse en las próximas semanas. 

La primera crisis es un dramático deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, y especialmente, la caída brutal del ingreso de las familias. Para mediados de 2015, prácticamente el 50% de los hogares del país estaban en situación de pobreza extrema. Esto es, en esos hogares (la mitad de los hogares, insistimos) no alcanza el ingreso para comprar los alimentos de la canasta de referencia. En los meses transcurridos hasta el final de 2015 no ha existido ninguna medida de política económica o social que indique que la situación ha mejorado. Este deterioro del ingreso afecta también el consumo de las familias en otros bienes como los medicamentos, dadas las grandes restricciones en su producción y acceso. Todo lo anterior se agrava en la medida que la inflación más grande del mundo avanza hacia el cuarto año seguido. 

La crisis social, dada su gravedad y urgencia, debe ser atendida por dos vías complementarias. La primera vía es la implementación en el corto plazo de un programa de complemento al ingreso de las familias. Este complemento debe ser en dinero y estar dirigido a las familias más afectadas por la caída del poder adquisitivo. Dichas familias son aquellas en las cuales las condiciones de servicios, hacinamiento, asistencia a la escuela, son más precarias y con mayor riesgo de permanecer en situación de pobreza crónica. En este momento esta situación de mayor riesgo puede extenderse al 25% de los hogares del país. Este programa es temporal y posteriormente debe dar paso a transferencias condicionadas como se realizan actualmente en varios países de América Latina. 

La segunda vía para atender el inmenso drama social que vive el país, es poner en ejecución paralelamente una política económica orientada a la producción de valor. Esto significa abandonar los esquemas fracasados de las políticas de control de precios, de control de divisas, de estatizaciones, de restricciones a la actividad de creación y desarrollo de empresas en todas sus dimensiones. Esto significa una política económica orientada al crecimiento sostenible con baja inflación, en la cual se pueda estimular la inversión pública y privada de manera articulada. En otras palabras, dar el paso de una economía estatizada a una economía abierta, con mercados vigorosos, que permitan crear los bienes y servicios requeridos. Un cambio económico de esta naturaleza establecería el marco para la recuperación progresiva del ingreso de las familias, y la incorporación de sus miembros a modalidades de empleo de mayor calidad. Obviamente, los plazos para estos cambios estarán vinculados a la efectividad y secuencia de las políticas a implementar.

Para que la crisis social y la crisis económica sean enfrentadas con las mayores posibilidades de éxito, se requiere que el actual gobierno se percate del efecto nocivo que sus políticas han traído para la vida de los venezolanos, y que con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, se acuerde una plataforma de cooperación que permita tomar las decisiones adecuadas. Si el marco de cooperación no es el que prevalece, se daría rienda suelta a una crisis política que sumiría al país en una nueva etapa de enfrentamientos. La peor consecuencia de esa crisis política es que impediría atender con decisión la crisis social y la crisis económica que ya están en curso. Esperemos que la conciencia de los riesgos y dificultades que viven los ciudadanos sea un factor decisivo para promover los entendimientos y los acuerdos que se requieren. Son los mejores deseos de todos los venezolanos para el Nuevo Año.

Politemas, Tal Cual, 16 de diciembre de 2015

Reto de Estado

Los resultados de las elecciones del 6 de diciembre constituyen un mandato contundente. Luego de un proceso laborioso de construcción de una nueva mayoría política, la Unidad Democrática alcanza una representación sin precedentes en la composición de la nueva Asamblea Nacional. De acuerdo con los anuncios realizados, aunque no confirmados oficialmente por el CNE al redactar esta columna, la Unidad Democrática alcanza la cota de diputados que le garantiza la mayoría calificada de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Tal magnitud de representación otorga las más amplias facultades de acuerdo con la Constitución. Se trata de un reto equivalente a la posibilidad de contribuir realmente en la marcha del Estado. Es definitivamente un reto de Estado. 

La Unidad Democrática puede impulsar una renovación en la forma de asumir lo público en el manejo del Poder Legislativo. Con la incorporación de prácticas democráticas en las tareas rutinarias de la Asamblea, esto es, modificando las normas internas, se abre un gran abanico de opciones para que se produzca la inclusión de todos los parlamentarios en el cumplimiento de las tareas. De esa manera los ciudadanos percibirán inmediatamente la diferencia entre ejercer el poder para dominar, y hacerlo para facilitar el diálogo y la cooperación. En ese marco es posible entonces acordar medidas que faciliten la normalización de la vida política en el país. Esto es, el regreso de los presos políticos a sus casas y al desempeño de todos sus derechos, así como el retorno de todos aquellos que tuvieron que salir del país por persecución y represión. 

La nueva Asamblea Nacional tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y realización productiva. Uno de los ejes prioritarios de la acción de la nueva mayoría debe ser justamente cómo generar acciones y cambios que tengan efecto en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente porque el actual gobierno tiene todas las atribuciones para el manejo de la administración pública. El escenario ideal es que se pueda encontrar un piso común entre ambos poderes públicos. De lo contrario, existiría el riesgo de que las funciones de control y legislación no generen modificaciones sustantivas.

De especial relevancia es la severidad de la crisis económica. La definición de alternativas para contrarrestar los efectos de las políticas económicas del actual gobierno, requiere un nuevo marco de referencia en el cual exista la cooperación habitual entre el gobierno y los sectores productivas, en un clima con favorezca la inversión y el crecimiento sostenible. Es obvio que tal aproximación no es la compartida por el actual gobierno. De allí que el primer esfuerzo a realizar es justamente encontrar las posibilidades de acuerdo en una materia de especial trascendencia y urgencia.

Las amplias facultades otorgadas por la Constitución en el ejercicio de la mayoría de las dos terceras partes, constituyen una extraordinaria posibilidad. Se requiere un plan de acción que abarque al menos las tareas del próximo año con especial énfasis en la normalización política y en el enfrentamiento de la colosal crisis socio-económica. Todas las opciones que se consideren y aprueben deberían tener como guía su contribución a la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de diciembre de 2015

Ventana de oportunidad

Las elecciones del 6 de diciembre constituyen una extraordinaria coyuntura política para los venezolanos. Siempre es muy importante la elección de los representantes en el Poder Legislativo. Sin embargo, la elección de esta semana tiene significativas connotaciones. 

En primer lugar, los diferentes períodos establecidos en la Constitución de 1999 para los poderes públicos, traen como consecuencia que se renueve el Poder Legislativo en un momento en que la popularidad del gobierno se encuentra muy deteriorada. Esto significa que las opciones de generar expectativas para la población se desplazarán al ámbito legislativo. En efecto, el actual gobierno luce agotado, superado por las circunstancias que contribuyó a generar, sin iniciativas ni respuestas a los graves problemas del país. 

Una segunda circunstancia de especial relevancia es la posibilidad, bastante cierta de acuerdo con las encuestas de opinión pública, que una nueva mayoría de parlamentarios se exprese como resultado del voto popular. Esto implica que por primera vez en este largo gobierno existirá una mayoría de signo político diferente al actual Poder Ejecutivo. Tal circunstancia no debería generar mayores preocupaciones en un contexto democrático plural y respetuoso. Sin embargo, dada la experiencia de los últimos tres lustros, pareciera que los que detentan el Poder Ejecutivo se hubieran acostumbrado a la falta de alternabilidad.

Finalmente, las condiciones generales del país constituyen un factor de especial relevancia. Nunca antes la economía venezolana había estado peor. La caída de la actividad económica por segundo año seguido, con un pronóstico de decrecimiento de 10% del PIB para este año, sumado al descalabro de tener la tasa de inflación más alta del planeta por tercer año seguido, configuran una profunda crisis productiva. A ello debe agregarse la dramática caída del ingreso de las familias. Según datos de ENCOVI 2015 (UCV-UCAB-USB), el 73% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, así como el 76% de las personas. Especial gravedad tiene el hecho de que prácticamente el 50% de los hogares no tiene para comprar los alimentos del día. Esta cifra es demostrativa del profundo y vertiginoso empobrecimiento que se expresa todos los días en el país. 

En estas circunstancias los venezolanos están indicando de forma mayoritaria que el actual rumbo del país es equivocado, y que el actual gobierno es responsable de esta situación. También consideran que las elecciones legislativas son muy importantes, al punto que la disposición a votar es muy alta. Todo lo cual hace suponer que a partir del 6 de diciembre se abrirá para los venezolanos una nueva etapa. Se trata de construir con el voto una opción política que lleve al país en una dirección de transformaciones sostenibles. 

Esta ventana de oportunidad es el producto de un largo proceso que ha consolidado las opciones unitarias, que ha servido para vislumbrar un gran acuerdo que promueva el bienestar de los venezolanos. Las posibilidades son ciertas. A partir del 6 de diciembre queda consolidarlas reforzando la visión unitaria, promoviendo la inclusión de todos los sectores, trabajando con paciencia, y aprendiendo las lecciones que deja esta etapa del país. Ojalá podamos aprovechar esta excelente oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 2 de diciembre de 2015

El auge del Estatismo

Cuando comenzó este largo gobierno (1999), el 16% de los venezolanos opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas. Tal era el hallazgo reportado por la encuesta de Latinobarómetro del año anterior. Ese porcentaje era el más alto en todos los países de América Latina en los que se realizó la encuesta. Si a ese porcentaje se le suma los que opinaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanzaba al 46% de la población.

Existen razones para fundamentar esa opinión en aquel momento. La condición de país petrolero, y especialmente, el aumento de los ingresos experimentado en los años setenta y ochenta, condicionó en gran medida la creencia de que el Estado efectivamente podía resolver todos los problemas. La creación de empresas públicas y el traspaso de la industria petrolera a manos del Estado, fueron consideradas como pruebas de esta capacidad. 

El hecho de que un gran porcentaje de la población pensara que el Estado podía con todos los problemas, no debe interpretarse como exclusión del sector privado o desacuerdo con la economía de mercado. De hecho, casi el 70% de la población opinaba que la economía de mercado era lo más conveniente para el país. Un porcentaje similar indicó que la empresa privada era beneficiosa.

En este contexto, que podríamos llamar una especie de “caldo de cultivo”, se inicia la gestión de un gobierno que progresivamente fue aumentando el rol del Estado en la economía, hasta el punto que empezó a excluir sistemáticamente a todos los demás actores productivos. La tendencia a controlar el Estado, para desde allí imponerse a toda la sociedad, fue cobrando mucha más fuerza. A partir de 2007 se desencadena una permanente agresión al sector privado, con la nacionalización y expropiación de muchas empresas.

Todo esto se realiza en medio de un incremento inusitado del precio del barril de petróleo, el cual trae consigo una expansión del consumo y del ingreso de las familias. Tales condiciones influyeron para reforzar la percepción de que el Estado podía resolver todos los problemas. En 2010, el porcentaje de personas que opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas ascendió a 46%. Si a ello sumamos el porcentaje de personas que pensaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanza el 80% de la población. 

La acción de los gobiernos, y especialmente aquellos en los Petroestados, contribuye a difundir la creencia de que pueden resolver todos los problemas. Antes que informar sobre las reales posibilidades del Estado, los gobernantes terminan aumentando estas tendencias omnipotentes. 

No se dispone de cifras recientes para examinar si en estos años de escasez y fracaso de la actividad económica en manos del sector público, ha disminuido el apoyo a la omnipotencia del Estado. En todo caso, lo que es muy evidente es que el porvenir de Venezuela requiere una revisión a fondo de este tema. La concepción del Estado omnipotente debe dar paso a una visión más moderna, más real, que considere más las posibilidades efectivas. Es, sin duda, uno de los retos más acuciantes para alcanzar el real desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 18 de noviembre de 2015

Las raíces del Estatismo

Luego de 17 años, el panorama creado por el predominio de la visión estatista no necesita mayores explicaciones en Venezuela. La injerencia del Estado en cada uno de los aspectos de la vida social es evidente. En el plano político, se puede constatar la tendencia excluyente en el manejo del Estado. Solo aquellos que se adhieren, pueden participar. Todos aquellos que disienten, o simplemente hacen uso de la pluralidad que debe caracterizar una sociedad democrática, son excluidos, prácticamente no existen, mucho menos considerados. Es la segregación política en su máxima expresión. Muchos venezolanos la sufren dramáticamente en la cárcel o en el exilio.

En el ámbito económico, la creencia dominante por parte de los que manejan el Estado es que basta el control de la riqueza petrolera para garantizar la prosperidad. Ergo, si la riqueza petrolera está en manos del Estado, no es necesario tomar en cuenta ningún otro sector productivo. Es la autosuficiencia en su punto más alto. Se trata, en consecuencia, de apropiarse de todas aquellas áreas de la actividad productiva bajo el supuesto de que marcharán mejor en manos del Estado y, por tanto, podrán rendir mejores beneficios para los ciudadanos.

La imposición del Estado también abarca la política social. Solo aquellos que manifiesten su adhesión podrán ser beneficiarios. Para ello se deberán seguir las exigencias, desde la aprobación y apoyo de opinión pública, hasta la votación en los procesos electorales, y el adoctrinamiento. El ciudadano es sustituido entonces por un seguidor condicionado, dependiente de los designios y recursos en manos de los que manejan el Estado.

Cabe preguntarse por los fundamentos de esta conducta, tanto de quienes gobiernan, como de los adeptos a esta visión. Es preciso indagar sobre sus orígenes, para entender las razones que la condicionan. Y más importante, para desarrollar las opciones para que no se vuelva a repetir. 

En 1998, el 16% de los venezolanos, según la encuesta Latinobarómetro, consideraba que el Estado podría resolver todos los problemas de la sociedad porque tenía los medios para ello. El porcentaje más alto en todos los países de América Latina en los cuales se realizó la encuesta en ese año. El 30% de la población consideraba que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas. La suma de ambos porcentajes nos acerca a casi la mitad de la población. De manera que prácticamente uno de cada dos venezolanos pensaba en que el Estado tenía cierta “omnipotencia”. 

La idea de un Estado todopoderoso es un canal de dos vías. En quienes quieren alcanzar el poder, despierta la posibilidad de que manejando al Estado se alcancen todos los sueños. Y en los electores despierta la idea de que aquellos que alcancen el poder tendrán acceso a todas las posibilidades para mejorar sus vidas. Los efectos de esas dos visiones están a la vista. Por una parte, un gobierno que se creyó que manejando exclusivamente al Estado se llegaba al desarrollo. Por la otra, los electores desencantados porque no funcionó. Ojalá podamos aprovechar esta dura lección para concebir un Estado más real, menos omnipotente, menos perfecto.

Politemas, Tal Cual, 11 de noviembre de 2015

En la orquesta del Titanic

Muchos funcionarios del Alto Gobierno actúan como la orquesta que tocaba en los momentos finales del naufragio del Titanic. Hablan como si todo estuviera en calma, bajo control, en las mejores condiciones. Lo hacen con una gran “convicción”. La primera hipótesis que se puede proponer es que tienen una gran afición por el teatro, por desempeñar papeles de ficción. Salen al estrado de las comunicaciones del actual gobierno, bastante grande por cierto, y dicen lo que está en el guión. Lo que ellos creen que será un tremendo éxito. Hablan como si fueran a recibir un estruendoso aplauso. Saben que están diciendo cosas que no son, pero se sienten obligados a cumplir su “responsabilidad”. 

La opción del teatro es, por supuesto, lamentable, pero no es extraña a la conducta tradicional del actual gobierno. La otra opción es todavía peor. Esta es, la que proviene de no tener ni la menor idea de lo que están diciendo. No tienen el manejo de los conceptos básicos, no conocen los detalles de lo que están diciendo. Simplemente se aprovechan de la desinformación que ellos mismos han creado para decir cualquier cosa que suene supuestamente atractiva, como una promesa desesperada, absolutamente fuera de lugar, con el mayor descaro posible.

Es así que luego de 17 años del mayor fracaso económico que se tenga en lo que va del Siglo XXI en el mundo, hay funcionarios del Alto Gobierno que no les tiembla el pulso para decir que este gobierno trabaja en un plan para “eliminar la pobreza”. Ni siquiera se menciona que tal objetivo se alcanzará luego de resolver la actual crisis económica. Nada de eso. 

Para esos funcionarios no existe el hecho de que Venezuela está en el segundo año de una gran recesión, con una caída del PIB estimada en 10%. Ni que es el cuarto año sin crecimiento en los últimos siete. Tampoco existe el hecho de que estamos en el tercer año seguido con la inflación más alta del mundo, y que por los vientos que soplan, esa situación se mantendrá en 2016. Y he aquí que los funcionarios hacen la gran dicotomía, expresan que en esas condiciones es posible eliminar la pobreza. Solo pensar en decir eso sin mayor consideración de lo que está pasando en la realidad, es un completo ejercicio de ignorancia e irresponsabilidad.

Por supuesto para estos funcionarios está muy distante la realidad de que Venezuela tiene hoy más población en pobreza que en 1998, que casi 8 millones de personas no tienen ingreso suficiente para conseguir los alimentos del día. Peor aún, que en esas condiciones no es posible imaginar la reducción de la pobreza a menos que se modifique drásticamente el rumbo de la economía del país. Estos funcionarios tienen en su cabeza un país irreal, están completamente divorciados de la vida cotidiana de los venezolanos, hablan de fantasías, están tocando las últimas melodías de un gobierno que naufraga.

Politemas, Tal Cual, 4 de noviembre de 2015

La caída del poder de compra

En el actual gobierno los venezolanos han experimentado la peor caída en el poder de compra desde que se tiene registro. El poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés) es una medida de la capacidad adquisitiva en un país dado. La medida toma en cuenta la producción de bienes y servicios en un determinado país y expresa la capacidad de los habitantes para adquirir bienes a precios internacionales. Dicho de otra forma, en la medida que aumente el PPP, los habitantes de ese país tienen mayor poder adquisitivo a precios internacionales, generalmente en dólares.

El FMI lleva el registro del poder de compra desde 1980. El examen de la serie histórica de Venezuela, comparada con los restantes 18 países de América Latina, nos indica que entre 1980 y 1997, Venezuela tuvo el mayor poder de compra en la Región. Es decir, 18 años ininterrumpidos. El primer lugar se mantuvo a pesar del deterioro de la economía venezolana desde principios de los ochenta y de las coyunturas de los programas de reforma aplicados en 1989 y 1996. Lo cual deja en evidencia la ventaja que había acumulado Venezuela en los años precedentes, fundamentalmente debida a la preponderancia de los ingresos petroleros, y las mejoras derivadas de las reformas emprendidas. También debe señalarse que la medición del poder de compra es un agregado para toda la población, no toma en cuenta las diferencias en poder adquisitivo que puedan tener los distintos estratos socio-económicos. 

Lo cierto del caso es que en ese largo período (1980-1997), Venezuela tenía el mayor poder adquisitivo en la Región. En 1997 el valor del poder de compra de Venezuela era 11.947 dólares. En 1998 el valor del poder de compra de Venezuela solo era superado por Argentina. En otras palabras, en el año que asume el actual gobierno, Venezuela tenía el segundo poder adquisitivo más alto de la Región.

Eso fue hace ya casi 17 años. Como consecuencia de las políticas ejecutadas por el actual (y largo) gobierno, el poder adquisitivo de Venezuela ha caído 7 puestos (según las estimaciones que hace el FMI para el año 2016). Esto significa que siete países (Chile, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Brasil y República Dominicana) ya superan el poder de compra de Venezuela. De continuar las políticas que están en ejecución en la actualidad, en 2018 Venezuela caerá al lugar número 11 en poder de compra, es decir, superada también por Colombia y Perú.

Es difícil proponer otra medida que exprese más el desastre para las condiciones de vida que han significado las políticas del actual gobierno. Todo ha concluido en la anulación de capacidad productiva. La concepción de que era posible basar el desarrollo solamente en el Estado, excluyendo a todos los demás sectores productivos, no puede haber tenido un fracaso más estruendoso. 

La segregación política, la anulación de los equilibrios de poderes, la violación de los derechos de propiedad y de organización sindical, la implantación de controles y regulaciones para favorecer grupos con enormes privilegios, la reducción de la política social a prebendas y clientelismo, todo eso ha conllevado la destrucción de las posibilidades de bienestar de los venezolanos. Las evidencias están a la vista.

Politemas, Tal Cual, 28 de octubre de 2015

Presupuesto de ficción

Definitivamente la ficción puede superar a la realidad. No queda otra forma de analizarlo. Resulta que el gobierno de Venezuela elabora el presupuesto del año 2016 sin incluir las estimaciones macroeconómicas. Algo así como decir lo que se va a gastar sin saber los ingresos, ni mucho menos el efecto que tendrá la inflación sobre los recursos “presupuestados”. Los medios indican que esta práctica es una instrucción emanada directamente del Alto Gobierno.

De manera que, como también lo han reseñado los medios, será la primera vez desde que se constituyó la República, que un gobierno venezolano elabora un presupuesto sin los conceptos fundamentales que permitan analizar su impacto. No es exagerado decir que también se ha debido batir cualquier récord internacional sobre la materia. Un presupuesto sin supuestos macroeconómicos es algo definitivamente para los anales de la economía mundial.

Por supuesto todo eso vuelve añicos, nuevamente, lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el régimen presupuestario. Allí se indica que la gestión fiscal se debe regir por la “eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal”. Palabras que definitivamente suenan desconocidas, inexistentes. Especialmente cuando vamos a cumplir un año sin cifras sobre el crecimiento y la inflación. O cuando sabemos que desde hace muchos años el presupuesto que llega a la Asamblea Nacional es aprobado sin modificarle ningún número.

Ante tal realidad se podría concluir que esta es la práctica “normal”. Definitivamente no lo es. Solo con entrar en internet y buscar los proyectos de presupuestos en países cercanos se llega a otra situación. Tomemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Sabemos por lo archivos encontrados que el presupuesto 2016 del gobierno vecino se encuentra disponible desde agosto de este año. Todas las personas que lo quieren consultar lo pueden hacer sin problema. También están todas las comunicaciones oficiales de los organismos responsables en las distintas etapas del proceso presupuestario.

Además se encuentra disponible una presentación completa del contenido del presupuesto. Al revisarla se conocen varios aspectos. Por ejemplo, que en 2016 la expectativa de crecimiento económico de Colombia es 3,8%. Superior al 3,6% de este año. También se conoce que la inflación del año próximo se estima en 3%, menor al 4% de este año. Y también sabemos que en Colombia se espera que el precio promedio del barril de petróleo sea 64,6 dólares, y que un dólar se compre con 2.502 pesos. A lo largo de la presentación también se explica cuál es la expectativa del equilibrio fiscal hasta mediados de la próxima década, así como las previsiones de endeudamiento para el mismo período.

Luego de ver la presentación señalada se tienen más claras las diferencias entre la gestión económica de Colombia y la de Venezuela. Se entiende la razón por la cual allá la economía crece con baja inflación, y que acá tengamos la peor del mundo. Allá se planifica para el largo plazo. Acá no sabemos lo que pasará mañana. Al final todo termina con un presupuesto. Mientras tengamos presupuestos de ficción, tendremos una pésima realidad.

Politemas, Tal Cual, 21 de octubre de 2015

Economía en caída libre

En 1998 los venezolanos tenían el segundo poder de compra más alto de América Latina. El primero lo tenía Argentina. El valor de ese poder de compra equivalía a cerca de 12 mil dólares. Dicho monto era superior al que tenían los ciudadanos de México, Chile, Uruguay, Brasil, solo por señalar algunos países. 

El último pronóstico del FMI, presentado en Lima la semana pasada, nos indica que en el año 2015 los venezolanos tenemos el sexto poder de compra de América Latina. Una caída de cuatro puestos. Los cinco primeros lugares corresponden a Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y México. También en este pronóstico se indica que la economía venezolana es la séptima en tamaño en la Región, por debajo del lugar que había ocupado al menos desde 1980. También llamativo es que el tamaño de la economía venezolana en 2015 corresponde al valor que tenía en 2005. Un retroceso, en términos de las dimensiones de la economía, de una década. Más aún, en 2015 tenemos menos de la mitad del tamaño de la economía que teníamos en 2012. 

Una economía que se vaya reduciendo es sinónimo de disminución de posibilidades de bienestar para todos sus habitantes. Lo ideal es que las economías crezcan, generen mayores opciones para el empleo productivo y para la creación de empresas. Es la única forma de generar los ingresos y la difusión de los recursos que permitan llegar a más personas, más familias, más comunidades. La reducción del tamaño de la economía venezolana no es otra cosa que el alejamiento de posibilidades para todos.

Toda esta reducción tiene causas concretas. Las políticas económicas implementadas a lo largo de estos casi 17 años han ido justamente en la dirección contraria al progreso y el bienestar. No puede haber crecimiento cuando lo que existe es anulación de las fuentes de inversión, especialmente las que se derivan de la actividad productiva, cuando se arremete contra los derechos de propiedad, cuando se persigue a los empresarios, cuando se establecen controles por doquier. No puede haber crecimiento ni prosperidad cuando se asume que la única meta es controlar la riqueza petrolera por parte del Estado eliminando todas las demás posibilidades. 

Cuando se hace todo lo anterior, se llega al estado de la economía en la actualidad. Hoy estamos padeciendo las consecuencias. Tenemos la peor economía del mundo, en caída libre, sin alternativas visibles por parte del gobierno, creando sufrimientos para toda la población, con la mayor inflación en el mundo en los últimos tres años, con la mayor caída de la producción en toda América. Las evidencias están enfrente de nosotros. Ojalá sirvan para aprender que la ruta es completamente diferente y que el actual gobierno no quiere ir en esa dirección. Estos dos aprendizajes son fundamentales.

Politemas, Tal Cual, 14 de octubre de 2015

Desnutrición en la abundancia

La Venezuela de 2005 es un país de paradojas inaceptables. En pleno boom petrolero, con una expansión extraordinaria de los recursos fiscales, el propio gobierno reconoce que aumenta la desnutrición, especialmente la que afecta a los niños. Esto sucede luego de siete años de intentos infructuosos por implementar una política social a la altura de los requerimientos de los venezolanos.

Bajo el título genérico de “Misiones” se incluye un conjunto de programas de protección que han establecido los lineamientos de la actual política social venezolana. Ha quedado demostrado que estos programas intentan replicar en la realidad venezolana las experiencias de la política social de Cuba. Es conveniente profundizar el análisis de estos programas. Iniciamos dicha tarea con esta entrega.

En líneas generales, las Misiones comparten tres características. En primer lugar, estos programas coexisten con una estrategia de desarrollo que no privilegia la creación de trabajos decentes. La inversión que se realiza, especialmente la concentrada en las misiones educativas, no visualiza la incorporación de los beneficiarios en opciones laborales de alta o moderada productividad. En segundo lugar, las Misiones corresponden a asignaciones que no se incorporan al presupuesto público. De hecho, es bastante difícil identificar las fuentes de financiamiento y el seguimiento de su utilización, mucho menos su impacto. Finalmente, las quejas relacionadas con la discriminación de los beneficiarios por razones políticas o de preferencia electoral son bastantes frecuentes en el país. Más que programas de protección social, las Misiones han sido utilizadas en muchos casos como mecanismos de exclusión política y chantaje electoral.

Aparte de las críticas anteriores, también se puede mencionar que la implementación de algunas misiones deja intactos problemas fundamentales de los sectores pobres del país. El caso de MERCAL ilustra claramente esta deficiencia. La aparición de la Misión MERCAL fue determinada por los problemas de abastecimiento que se desencadenaron en el país en el denominado “paro petrolero”. El objetivo de esta misión es: comercializar y mercadear productos alimenticios y otros de primera necesidad para ser colocados al mayor y al detal en centros de venta fijos o móviles.

Lamentablemente la propia información suministrada por el sitio web de MERCAL impide conocer la dimensión exacta de los alimentos comercializados y las operaciones involucradas. Mucho menos los recursos asignados y los procedimientos utilizados. Sin embargo, es claro que la red de servicios se ha extendido. Existe información anecdótica que indica que los usuarios reclaman mayor calidad y mejoras en la infraestructura de los servicios.

Los usuarios de MERCAL deben poseer ingresos para comprar los alimentos ofrecidos. Mucho más tarde, el gobierno se “percató” de que para muchos venezolanos sin ingreso el acceso a MERCAL era imposible. Ante las claras evidencias de que ha empeorado la situación nutricional, se diseñó el Programa Casas de Alimentación bajo la responsabilidad de FUNDAPROAL, también conocido con el nombre de MERCAL Máxima Protección. Sobre la marcha de este programa tampoco existe información.

De manera tal que en el paraíso petrolero de América coexiste una gran disponibilidad de alimentos y recursos para comprarlos, con el aumento de la desnutrición. Las últimas cifras oficiales, provenientes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, SISVAN, del año 2004, indican que el 26,8% de los niños entre 7 y 14 años tiene algún grado de desnutrición. En el caso de los niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 25,8%. En ambos grupos aumentó la desnutrición entre 2003 y 2004. Es evidente que la erradicación de la desnutrición en el país requiere mucho más que la oferta de alimentos. El gobierno actual ha demostrado que no puede con esta exigencia.

Politemas, Tal Cual, 14 de diciembre de 2005

Sistema a la intemperie

El “detalle” que faltaba. Los resultados de las elecciones del pasado domingo no dejan ya ninguna duda. Los mecanismos de representación, propios de una democracia moderna, han desaparecido en Venezuela. La configuración de un parlamento monocolor, sujeto a las presiones y disposiciones de un poderoso Ejecutivo, indican claramente que los signos autoritarios están más presentes en el país. Las luces de alerta deben haberse encendido en los tableros democráticos de la sociedad venezolana. En caso contrario, nos esperan tiempos más difíciles.

El gobierno del presidente Chávez tiene sus raíces fundamentales en un atentado contra el voto. Los infructuosos golpes militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 intentaron apropiarse del poder por la violencia, por la negación de la discusión democrática, por la anulación del viejo precepto: “una persona, un voto”. Se quiso imponer la lógica de la fuerza de las armas. Sin embargo, ese mismo sistema acosado por las rebeliones militares y el agotamiento de sus liderazgos, tuvo la suficiente capacidad para dar cabida a los supuestos cambios. Originado en elecciones libres, universales y secretas, entra a dirigir los destinos de la nación el mismo grupo que había irrumpido armado en la oscuridad de la noche. 

La naturaleza autoritaria y militar del gobierno surgido en diciembre de 1998 ha operado incesantemente. En su marcha acelerada por la conquista del mayor poder posible se han aniquilado instituciones centrales del sistema democrático. Se aumenta el período presidencial y se incorpora la reelección inmediata. La suspensión de la Constitución de 1999, apenas a una semana de su aprobación, acaba con la independencia de los poderes y desencadena una tendencia clara hacia la exclusión. 

El poder sin contrapesos no se puede auto-regular. Para sostenerse, ese poder debe segregar al adversario. Cuando no existe la visión de que la sociedad requiere el concurso de todos, es absolutamente normal que las decisiones sean entendidas como el triunfo de una facción. Gano cuando mi adversario pierde. Que ganen los dos es inaceptable. 

La exclusión en el poder electoral es el signo más preocupante en las crisis de los sistemas políticos. La razón es muy simple: las elecciones determinan los actores involucrados en la designación de otros poderes públicos. El Poder Electoral designado en 2003 se fundamenta en un acto de exclusión política. Se nombran bandos, no árbitros reconocidos por todos. Los resultados están a la vista. Todas las elecciones realizadas por el actual Poder Electoral han dejado un manto de dudas. Casi todas sus decisiones han expresado las tendencias de las facciones. El Poder Electoral ha actuado para defender intereses sectarios. Ha antepuesto el interés de los grupos al interés colectivo. 

La nueva Asamblea Nacional representa solamente a un sector del país. La ingenua premisa de que su composición permite la imposición de leyes y decisiones al otro sector no representado, conduce a más enfrentamientos y separaciones. En alguna parte del camino debe cesar la política como aniquilación de adversario. Para evitar que esta crisis se profundice, es imperativo acometer con seriedad el saneamiento de nuestro Poder Electoral. Es prioritario acordar las mejores condiciones para contar con un sistema electoral confiable, transparente y aceptado por todos los actores. Las elecciones presidenciales del año 2006 constituyen una excelente oportunidad para estos acuerdos.

El autoritarismo de nuevo cuño ejercido por el actual gobierno ha generado una involución de nuestro sistema político. La institución del voto, central en la democracia, hoy luce desmejorada, lejana. Pareciera que nuestro sistema está desprotegido, sin techo ni abrigo. Hagamos del rescate del voto el eje de nuestro renacer democrático.

Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2005

Las pensiones del proceso

Luego de siete años de la administración del presidente Chávez, el país sigue sin tener un sistema de pensiones acorde con las exigencias de la protección social moderna. Esto es más reprochable en un gobierno que proclamó en sus primeros años un supuesto interés en estos aspectos. Es evidente que en este largo período gubernamental lo que ha habido es una gran lista de promesas incumplidas en esta área. 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 discutió las opciones de seguridad social para el país. Para los grandes temas prevaleció muchas veces la visión ideológica, más que la sensatez técnica y política. Ese fue el caso de la seguridad social. 

La ANC aprueba en el artículo 80 de la Constitución la modalidad de las pensiones no-contributivas. Esto es, aquellas pensiones que son otorgadas a los trabajadores que hayan alcanzado determinada edad sin que hayan realizado contribuciones periódicas a los fondos de la seguridad social. De esta manera se garantiza que todas las personas pueden contar con una pensión luego de su vida activa, independientemente de su historia de contribuciones al sistema. Esta modalidad de pensiones, inexistente en Venezuela hasta la Constitución de 1999, es un avance significativo en la equidad de la protección social. Muchos países desarrollados han incorporado esta modalidad en sus legislaciones, así como algunos países de América Latina, entre los cuales están Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica.

Lamentablemente, la ANC aprobó el avance, pero también le colocó una restricción que lo convirtió en letra muerta. Esta restricción es el monto asignado a la pensión no-contributiva. Animados por el espíritu nominal del año 1999, aquel que asumía que establecer regulaciones bastaba para modificar la realidad, la mayoría de los diputados de la ANC aprueba que el monto de las pensiones no-contributivas no puede ser menor al salario mínimo urbano. Es claro que al colocar la pensión no-contributiva en ese monto, las tasas de cotización tienen que aumentarse para que las pensiones de los que han contribuido al sistema sean mayores que el salario mínimo. De lo contrario daría lo mismo cotizar que no cotizar, lo cual es un incentivo perverso para la creación de empleos en el sector formal. Muchos países han resuelto este aspecto al definir la pensión no-contributiva como un porcentaje sobre el salario mínimo (por ejemplo, entre 50 y 70%).

La ANC hizo caso omiso de las observaciones técnicas que se hicieron en esa época. La propuesta era sencilla: que se incorporaran las pensiones no-contributivas como un porcentaje (entre 50-70%) del salario mínimo. Al aprobarse el artículo 80 en los términos señalados se impidió la reforma general del sistema de pensiones.

Por supuesto ese aprendizaje fue lento y costoso. Porque la realidad, cuando se la quiere mirar con los ojos de la prepotencia, tiene sus propios tiempos. La propuesta de reforma de la Comisión Presidencial de Seguridad Social de 2001 contenía las tasas de cotización más costosas de América Latina. La inviabilidad era monumental. Obviamente, esa reforma estaba signada por el fracaso. 

Pero el fracaso se extiende hasta la fecha. Al cerrar el último año de la Asamblea Nacional, la reforma del sistema de pensiones sigue pendiente. Sin embargo, como muestra significativa de que la realidad siempre se impone, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en la Ley de Servicios Sociales que las personas adultas mayores “en estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva” recibirán “asignaciones económicas” entre 60 y 80% del salario mínimo urbano vigente. 

Esta larga marcha por la arrogancia y la incapacidad en el manejo de un tema tan delicado, ha significado que no se hayan otorgado pensiones no-contributivas en estos seis años. En este tema, como en tantos otros, el gobierno del presidente Chávez sigue perdido, sigue sin rumbo.

Politemas, Tal Cual, 30 de noviembre de 2005

Exclusión originaria

El país no sale de la sorpresa. El final del séptimo año de la Administración Chávez no deja ya ninguna duda. Venezuela ha retrocedido en dos dimensiones fundamentales del desarrollo: el bienestar de la gente y la institucionalidad democrática. 

Los venezolanos sabemos que la propuesta gubernamental tiene pies de barro. Como en otras épocas de nuestra historia, se asoma con fuerza el espejismo de que es posible alcanzar el desarrollo contando con el poder inmenso de la inversión pública. Es obvio que el auge del mercado petrolero no basta para generar un ritmo de crecimiento sostenible y diversificado. Prueba de ello es la reiterada incapacidad de nuestra economía para crear trabajos decentes. Todo lo contrario: lo que experimentamos es una disminución de los puestos de trabajo de alta productividad. 

Tampoco contamos con una política social que contribuya a mejorar el bienestar de la gente. Está suficientemente demostrado los retrocesos en la salud, en la seguridad pública, en la protección social, y en la cobertura y calidad del sistema educativo. Las Misiones, aspirantes a programas de protección social, tienen carencias de diseño e implementación sumadas a la utilización proselitista e ideológica.

Para colmo de males el país ha observado con estupor en las últimas semanas los efectos de no contar con el adecuado equilibrio de poderes. Jueces que no generan confianza, fiscales sin credibilidad ni profesionalismo, defensores del pueblo que callan y otorgan, contralores indiferentes ante el manejo discrecional de la cosa pública, tal es la crisis institucional que vive el país.

Todo lo anterior expresa las consecuencias de asumir el gobierno como tarea excluyente. Para lo cual es mejor doblegar que sumar. Bajo una óptica que no cree en los acuerdos, ni mucho menos los promueve. El país padece los efectos de la exclusión originaria. 

Esta exclusión se deriva de la suspensión constitucional producida a finales del año 1999. El 15 de diciembre de ese año se aprueba a través de referéndum la Constitución propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, en el marco de un país consternado y paralizado por la tragedia de Vargas, la ANC procede a cesar todos los poderes públicos en contradicción con las bases comiciales que le dieron origen. Más grave aún, la ANC procede al nombramiento de todos los poderes públicos (Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, y CNE) sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución que se acababa de aprobar. El poder originario se convirtió en exclusión originaria. La Constitución de 1999 fue suspendida al nacer. Las consecuencias de esta suspensión están a la vista.

La creciente concentración de poderes que se ha impuesto en Venezuela obstaculiza el bienestar de la gente y aniquila la democracia abierta. No se puede enfrentar los grandes retos del desarrollo con exclusión, creando el mito de las verdades únicas, indiscutibles, rindiendo pleitesía a los liderazgos autoritarios, militaristas, basados en la imposición y la obediencia y no en el diálogo y el acuerdo.

Cada día más venezolanos están conscientes de que el gobierno del presidente Chávez es un liderazgo del pasado, excluyente e incompetente. Cada día más venezolanos están convencidos de que el gobierno actual lo único que nos traerá es más separación. 

Para sobreponernos a las consecuencias de la exclusión originaria, necesitamos liderazgos amplios, que convoquen a la unidad y la concertación, que sean capaces de fortalecer el encuentro y la concordia, que trabajen para encontrar las coincidencias, que combatan frontalmente el militarismo y la intolerancia, que coloquen el bienestar de la gente en el centro de la acción pública y el desarrollo de la democracia como objetivo de la lucha política. Y para todo eso, los venezolanos se organizarán.

Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2005

Datos bien guardados

La cobertura y la calidad de los servicios de agua y saneamiento básico (especialmente la disposición de aguas servidas), tienen al menos tres efectos relevantes para elevar el nivel de desarrollo de un país. En primer lugar, estos servicios son sinónimo de bienestar personal, familiar y colectivo. Especialmente si son regulares y de costo accesible. 

En segundo lugar, tienen efectos directos sobre la salud. Solamente por citar un ejemplo: los países con mejores redes de estos servicios tienen una menor frecuencia de diarreas y las complicaciones asociadas. Recordemos que en Venezuela en el año 2003 murieron 1.110 niños menores de un año por diarrea, también llamada gastroenteritis. Es evidente que la dotación de agua potable de calidad y de servicios de cloacas hubiera significado la diferencia entre la vida y la muerte. Sin ninguna exageración.

Finalmente, la inversión en la construcción y ampliación de estos servicios se expresa en empleos directos e indirectos. Tanto en las fases de diseño e instalación, como en la operación y mantenimiento. Podríamos decir, por estas razones, que mejorar los servicios de agua y saneamiento es un verdadero “negocio redondo” para el desarrollo.

Es por ello que la Meta 10 de los Objetivos del Milenio es justamente: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. El informe de Naciones Unidas, “Objetivos del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe” (www.eclac.org), analiza los avances de los países de la región en el cumplimiento de esta meta en el período 1990-2002.

En el caso del acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua en zonas urbanas, llama la atención que ya tres países alcanzaron el 100% de la población: Costa Rica (ya tenía este porcentaje en 1990), Chile y Paraguay. Otros países que han mostrado progresos notables son México, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los dos últimos países ya han alcanzado coberturas de 99% de la población. El acceso a abastecimiento de agua en zonas rurales ha experimentado significativos aumentos en Guatemala (de 69 a 92%) y Ecuador ( de 54 a 77%) en el período señalado. 

En lo que respecta al acceso a mejores servicios de saneamiento en zonas urbanas, es llamativo el aumento experimentado por Chile (de 91 a 96%), Paraguay (de 71 a 94%), y Honduras (de 77 a 89%). Las zonas rurales de América Latina, por su parte, todavía presentan significativos déficits. Sólo 44% de la población en áreas rurales tenía acceso a servicios de saneamiento en el año 2002. Costa Rica es nuevamente el líder con una cobertura de 97%. También destacan los avances de Ecuador (de 36% a 59%), Honduras (de 31 a 52%) y Nicaragua (de 27 a 51%).

A todas estas, apreciado lector, usted se estará preguntando por los avances de Venezuela. Al igual que nosotros, querrá saber nuestra posición en esta meta del milenio. Lamentablemente, debemos informarle que en la tabla respectiva no existe información sobre Venezuela. Para cada uno de los cuatro indicadores aparecen unos significativos puntos suspensivos. De nuestro país no existe ningún dato comparado sobre la cobertura de agua y saneamiento. Es el único país sin datos en los cuatro indicadores.

Un tanto decepcionados revisamos el sitio web del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Tratando de conseguir un dato, una idea, una referencia. Muy destacado se encontraba el anuncio de que Venezuela ya había cumplido las metas del milenio en esta área. Buscamos más detalle y nos encontramos con una página tan blanca como vacía. Sin embargo, queda un discreto consuelo: esos datos no los pudo conseguir ni siquiera toda la capacidad técnica de las Naciones Unidas. En el caso de agua y saneamiento queda claro que la administración del presidente Chávez guarda muy bien los datos. Tanto, que nadie los puede ver.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2005

Trapiche de ilusiones

Si alguna obligación tienen los gobiernos con el futuro, es crear empleos de buena calidad para los jóvenes. Se trata de abrir dos tipos de espacios. El primero es la incorporación de los jóvenes al proceso productivo, a la creación de nuevos bienes, nuevas tecnologías o nuevos servicios. El segundo está relacionado con la pertenencia a la sociedad. Es una invitación a participar activamente en la construcción de los nuevos retos de los países. Es la demostración concreta del aprecio y necesidad para que las nuevas generaciones tomen su puesto en las responsabilidades y obtengan los beneficios de su compromiso.

Cuando los gobiernos no son capaces de generar puestos de trabajo para los jóvenes, abren la puerta a dos efectos contraproducentes. En primer lugar, la migración de recursos humanos, muchas veces los más calificados. En segundo lugar, se fomenta el escepticismo y el desencanto en los que se quedan. Los jóvenes empiezan a sentir que sus países no les ofrecen el espacio adecuado para desarrollar todo su potencial. 

En el desempleo juvenil se combinan claramente las consecuencias de las economías de bajo desempeño con las fallas del sistema educativo. Hay jóvenes desempleados porque los que estudian no consiguen trabajos adecuados, pero también porque dejaron antes el sistema educativo y deben acudir a un mercado laboral sin muchas opciones. Por esta razón se ha señalado que el desempleo juvenil es otra forma de decir exclusión social.

Según la OIT (2004), los jóvenes desempleados representan el 47% del desempleo total, a pesar de que representan solamente el 25% de la fuerza laboral. Sin embargo, en los países en desarrollo la tasa de desempleo juvenil es cuatro veces mayor que la de los trabajadores de mayor edad. En el caso de los países desarrollados la tasa de desempleo juvenil es sólo dos veces mayor que los trabajadores de mayor edad. Los jóvenes trabajadores también tienen más probabilidad de trabajar más horas, de no tener contratos formales y de no contar con protección social. 

El caso de Venezuela ilustra con claridad la incapacidad para incorporar el empleo juvenil en una estrategia general de desarrollo. Ya sabemos el bajo desempeño de nuestro país en la creación de empleo de calidad. En el caso del empleo juvenil, se repite la constante. De acuerdo con cifras recientes de la OIT (2005), en el año 1993 tuvimos la tasa de desempleo más baja del período 1990-2005. Esto es, 6,8% de desempleo. Para ese año la tasa de desempleo juvenil (de personas entre 15-24 años) fue 13%., también la más baja del período.

La revisión de las cifras de los últimos siete años indica que el gobierno del Presidente Chávez no le ha otorgado ninguna prioridad al empleo de calidad, y mucho menos en el sector juvenil. En el primer año del gobierno actual (1999) aumentó el desempleo juvenil casi en 5% para colocarse en 26,6%. Incluso con la recuperación económica del año 2004 el desempleo juvenil alcanzó 27,5% (seis por ciento más que en 1999 y más de doble del desempleo juvenil del año 1993).

El fracaso en la creación de empleo de calidad para los jóvenes expresa tres grandes deficiencias de las políticas del actual gobierno. En primer lugar, no puede haber empleo para los jóvenes cuando la sociedad no crea empleos productivos para ningún grupo de la fuerza laboral. La desaparición de empleos de asalariados es una demostración clara de este aspecto. En segundo lugar, no puede haber demanda de personal especializado cuando se excluye al 85% de la población de la educación secundaria formal. En tercer lugar, no puede disminuir el desempleo juvenil cuando no existen programas masivos de reentrenamiento con posibilidades de inserción en puestos de trabajo productivo. Con estas deficiencias, el gobierno del Presidente Chávez seguirá triturando las ilusiones de los jóvenes venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de noviembre de 2005

lunes, 28 de diciembre de 2015

Mucha "revolución", poco empleo

No hay bienestar duradero sin empleo de calidad. En muchos países, el tema crítico de la agenda pública es justamente cómo fortalecer las condiciones que permitan crear más y mejores empleos. Los empleos decentes, como los denomina la Organización Internacional del Trabajo, son aquellos que permiten contar con buenos salarios y un adecuado régimen de protección social. Estos empleos también elevan la competitividad general del país. Y de esa manera, se atraen más inversiones que a su vez crean mejores empleos. Un circulo virtuoso de productividad y bienestar.

Los empleos decentes se encuentran generalmente en el sector formal de la economía. Es decir, el sector de empresas grandes, medianas o pequeñas, que combina la especialización de tareas, uso adecuado de tecnologías, y estabilidad y protección para los trabajadores. Es el sector de los llamados asalariados. En la medida que una sociedad tenga más trabajadores en el sector formal aumenta las posibilidades de generar ese círculo virtuoso.

No hay que ir muy lejos para conocerlo. La economía chilena ha fundamentado mucho de su auge de los últimos quince años en el fortalecimiento del empleo formal. De acuerdo con cifras de CEPAL, en 1990 Chile tenía 2,5% de su fuerza laboral clasificada como empleadora, es decir, aquellas personas que crean empleos para otros. Para el mismo año Chile tenía 75% de su fuerza laboral clasificada como asalariados y 22,5% como trabajadores por cuenta propia. En este último grupo se encontraban un 20,6% de trabajadores no profesionalizados, vale decir, con grandes posibilidades de formar parte del sector informal. 

Para el año 2003 los empleadores en Chile habían alcanzado el 4,1% de la fuerza laboral (un aumento de 64%). Al mismo tiempo aumentó ligeramente el porcentaje de asalariados, a 75,5% de la fuerza laboral. Pero lo más significativo es que el aumento de los empleadores se realiza a expensas de la disminución de los trabajadores por cuenta propia, y especialmente de la disminución relativa de los trabajadores no profesionalizados. Estos trabajadores pasaron a representar el 15% de la fuerza laboral (una reducción del 27%). En otras palabras, Chile tiene más empleadores y menos trabajadores en el sector informal. No por azar Chile experimenta hoy una de las tasas de crecimiento sostenido más significativas de la región y una diversificación sin parangón en sus productos de exportación. Tampoco es de extrañar que Chile haya alcanzado ya la meta de reducción de pobreza extrema prevista para el año 2015.

Venezuela, por su parte, es la cara opuesta de la moneda. En 1990 teníamos 7,5% de la fuerza laboral clasificada como empleadora. También teníamos un 70% de asalariados y 22,5% de trabajadores por cuenta propia, de los cuales un 21,4% eran considerados como no profesionalizados. Teníamos más empleadores que Chile y una proporción similar de trabajadores en el sector informal. 

Para 1999 habíamos perdido 13,1% de trabajadores asalariados y habíamos reducido los empleadores a 5,1%, con un consiguiente aumento de los trabajadores por cuenta propia (a 36,9%), muchos de los cuales (35,3%) son no-profesionalizados. 

La tendencia del deterioro de nuestro sector formal continuó para el año 2003. Los asalariados perdieron 4,5% para situarse en 53,4%. Los trabajadores por cuenta propia aumentaron a 41,6%, con 39,6% en el grupo de los no-profesionalizados.

En los años de la “revolución” se ha agravado el panorama del empleo en Venezuela. Hemos perdido empleos de asalariados por causa de políticas públicas que no promueven la inversión y la sostenibilidad institucional requerida. El país ve con preocupación y angustia que las posibilidades de bienestar se alejan en la medida que la administración del presidente Chávez debilita nuestro aparato productivo y destruye empleos formales. El país sabe que vivimos una revolución de palabras.

Politemas, Tal Cual, 2 de noviembre de 2005

Inseguridad social

Si hay un aspecto que demuestra con claridad el gran fiasco de la administración Chávez, es la seguridad social. Esto es especialmente crítico en la protección de las pensiones y de la salud. Luego de casi siete años de gobierno, lo que se observa es un camino lleno de fracasos y retrocesos. La incapacidad para diseñar e implementar un cambio profundo de nuestros sistemas de pensiones y de salud ha sido sencillamente monumental.

El primer gran fracaso lo constituyó la Ley Habilitante del año 1999. En aquel momento la administración Chávez contaba con el apoyo popular derivado de la elección de 1998. También contaba con la habilitación del Congreso Nacional de la época. Con esas dos grandes condiciones a favor, el gobierno fue incapaz de elaborar una propuesta de reforma. Las luchas intestinas en el gobierno impidieron presentar al país una propuesta coherente que estableciera un sistema de seguridad social amplio y moderno. En octubre de 1999 (hace ya seis años), el gobierno simplemente señaló que dejaba ese tema de especial trascendencia para la Asamblea Nacional a elegirse a mediados de 2000.

Se eligió la Asamblea Nacional. Se creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Social (CPSS). En junio de 2001 la CPSS envió a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que hacían de esta reforma la más cara e ineficiente en toda América Latina. A finales de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). Toda una oda a la inviabilidad. El segundo gran fracaso es que luego de más de cinco años el gobierno (con mayoría en la Asamblea Nacional) no se ha producido ninguna de las legislaciones específicas, ni en las pensiones, ni en el sistema de salud. Peor aún, las propuestas favorecidas por el Ejecutivo lo que harían es empeorar las cosas.

En estas circunstancias no debe extrañar las cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Panorama Laboral 2005 de América Latina y el Caribe. La cobertura de pensiones y salud de los venezolanos se ha reducido casi 13% entre 2000 y 2004 en toda la población laboral. Pasamos de tener 69,9% de cobertura en 2000 a 57% en 2004. En la población masculina la reducción es de 12% y en las mujeres 14%. 

La reducción de la cobertura afectó tanto a los que trabajan en el sector formal como a los que trabajan en el sector informal en el período señalado. En el sector formal la protección de pensiones y salud disminuyó de 81,3 a 72,2% del total de trabajadores. En el sector informal la protección de pensiones y salud disminuyó de 27,6 a 15,5%. De manera que actualmente uno de cada cuatro trabajadores en el sector formal no tiene protección de pensiones y salud. En el caso de los trabajadores informales, no tienen protección ocho de cada diez.

Las evidencias indican que en la administración Chávez se ha agudizado la pérdida de empleos en el sector formal de la economía. Han disminuido los asalariados y han aumentado los trabajadores no profesionalizados por cuenta propia. De tal manera que si algo ha estado claro en Venezuela, es que el actual gobierno no tiene ningún interés en crear empleos de alta calidad, aquellos que generan la mayor productividad y riqueza.

Lo que ahora también está claro es que la administración Chávez ha aumentado la inseguridad social incluso de los trabajadores en el sector informal. La disminución de la cobertura de prestaciones fundamentales para todos los trabajadores venezolanos, indica que estamos en presencia de un gobierno que prefiere la disminución de beneficios, que no está preocupado por fortalecer la protección social, que deja al azar lo que son derechos inalienables de todos los ciudadanos: la protección de largo plazo (pensiones) y la protección para las contigencias de salud y enfermedad. No queda duda de que estamos en presencia de un gran fiasco.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2005

Los mitos de la salud en Cuba

El gobierno del Presidente Chávez no oculta su sistemática admiración por el sistema de salud de Cuba. En la práctica, la política de salud del actual gobierno se ha basado mucho en la utilización de la asistencia técnica de Cuba. Esta cooperación se expresa en varias áreas de la atención de salud, pero es especialmente notoria en lo relacionado con la Misión Barrio Adentro. El gobierno actual pareciera haber supuesto que Cuba resolvió todos los problemas de salud, y por eso vale la pena imitarla. Como en tantas áreas, el gobierno actual está nuevamente equivocado.

El caso de Cuba ilustra claramente que no es posible enfrentar los problemas de salud en el marco de una economía de tan bajo desempeño. Los éxitos de las primeras décadas de la revolución, especialmente en la salud pública y en el cuidado infantil, estuvieron asociados a la dependencia del inmenso subsidio soviético. A través de esta fuente, Cuba importaba equipos y medicinas. Sumado a la organización del sistema de salud, influyó para que Cuba lograra éxitos sustantivos hasta 1989. Entre ellos, por ejemplo, la menor tasa de mortalidad infantil de las Américas, sólo segunda de Canadá.

La caída del muro de Berlín y la desaparición del subsidio soviético trajeron dos efectos negativos para la salud en Cuba. En primer lugar, se constató que los éxitos en salud pueden revertirse cuando no existe el financiamiento para garantizar los servicios fundamentales. Tal como lo demuestra Carmelo Mesa-Lago, en reciente artículo en la Revista de la CEPAL (www.eclac.cl), el retroceso en la tuberculosis y en las enfermedades respiratorias entre 1989 y 2002 es una muestra de ello.

El otro efecto negativo es que Cuba tiene, hoy en día, una gran dificultad para contar con tecnologías que permitan resolver problemas de salud más complejos. Esto se aprecia con claridad en el aumento de la mortalidad materna entre 1996 y 2002 (más de 10%). Pareciera que el sistema cubano tampoco es capaz de identificar riesgos individuales y familiares, tal como le pasa al sistema venezolano. El éxito en la mortalidad infantil puede señalar que no se trata de un problema de organización del sistema. Es mucho más factible suponer que el sietema cubano no tiene las tecnologías de diagnóstico y tratamiento que permitan reducir la mortalidad materna. Ello explicaría que Cuba tenga más del doble de la mortalidad materna que Chile.

Todo lo anterior también puede explicar el estancamiento de Cuba en la lucha contra las enfermedades en mayores de 65 años (que también requieren mucha tecnología) y la caída en la cobertura de vacunaciones (entre 25 y 90% con respecto al nivel de 1989). Así como las dificultades para contar con servicio regular de agua (el promedio de servicios es apenas 12 horas diarias), y la inestabilidad del servicio eléctrico.

Es evidente que la preferencia del gobierno actual por el sistema cubano no tiene nada que ver con los resultados. Pareciera más bien estar basada en una vieja idea (de casi cuarenta años): que el sistema cubano había resuelto algunos problemas de salud. En la ilusión de que los problemas de la salud en Cuba habían sido superados. En el fondo, esta admiración es nuevamente más ideológica que técnica, tiene más que ver con lucha política que con soluciones reales a los problemas de la gente.

Las consecuencias de esta gran incapacidad para tomar decisiones se expresan en el sistema de salud. Las limitaciones en la atención materna en Cuba se trasladan a Venezuela. Esa puede ser una de las razones por la cuales no sabemos nada de las mujeres embarazadas que acuden a Barrio Adentro, ni su número ni sus características. También puede explicar el exagerado énfasis que se ha colocado en la dotación tecnológica en sitios sin electricidad y sin agua. El gobierno del Presidente Chávez, sin dudas, prefiere los mitos a las realidades.

Politemas, Tal Cual, 19 de octubre de 2005

Ni el original, ni la copia

El desarrollo integral supone la creación de empleos de buena calidad. El reto de los países es combinar los factores que favorezcan el círculo virtuoso entre inversión y formación de mejores puestos de trabajo. En la medida que se cuente con ciudadanos educados, capaces de interactuar efectivamente para usar y crear conocimiento, será posible que las sociedades alcancen estadios superiores de bienestar. Es evidente, sin embargo, que estos ciudadanos educados requieren contar con nuevos trabajos en los cuales incorporarse. Y que para crear esos trabajos es fundamental contar con empresas (grandes, medianas, y pequeñas) que decidan realizar la inversión requerida.

En muchos países no se combinan adecuadamente los factores que crean empleos de buena calidad. Venezuela es uno de ellos. Desde el año 1999, de acuerdo con CEPAL, nuestro país ha perdido más de 6% de empleos de alta y moderada productividad. Para el año 2003 casi el 60% de nuestros puestos de trabajo eran de baja productividad. 

Lo anterior merece una reflexión bien seria. Sin embargo, lo más preocupante es la clara tendencia del gobierno del Presidente Chávez para imitar, muchas veces sin mayor análisis, las limitaciones estructurales de modelos que han fracasado en la creación de buenos empleos. Entre estos modelos el gobierno actual ha tenido especial predilección por Cuba. 

Independientemente de las restricciones externas e internas que ha confrontado Cuba, el balance, después de casi cincuenta años, no es nada halagador. En un análisis reciente, publicado por el Profesor Carmelo Mesa-Lago en la Revista de la CEPAL (agosto 2005), disponible en www.eclac.cl, es posible identificar aspectos poco conocidos del empleo en Cuba.

Lo primero que llama la atención es la alta cifra de desempleo. En 1997 CEPAL estimó el desempleo equivalente en 25,7%. (esto es 7% de desempleo abierto más 18,7 % de subutilización). Los puestos de trabajo creados a finales de la década de los noventa eran de menor productividad que los creados en el período 1975-1989. Entre 2001 y 2002 se redujo la ocupación en el sector no estatal de 23,4 a 20,8%. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en Cuba se encontraba en 21% entre 1998-2000.

Desde el año 2001 el gobierno cubano concentra grandes esfuerzos en la reducción del desempleo a través de programas de “pleno empleo” y “empleo de estudio”. A través de distintas modalidades, tales como, empleos de jornada parcial, cursos nocturnos con remuneración, becas en la educación superior, y programas de estudio como empleo, se ha logrado incorporar más de 750.000 personas, lo cual representa el 16% de la población económicamente activa. Es evidente que la ocupación de estas personas no representa creación de nuevos y mejores empleos. Constituye más bien un mecanismo de mayor intervención del estado en la economía. 

Lo más llamativo es que la estrategia cubana de creación artificial de ocupación, ha sido replicada por el gobierno del Presidente Chávez. Las Misiones, específicamente aquellas que ofrecen becas por estudio, tienen como efecto colateral la reducción de la desocupación. Paralelamente el país no está realizando la inversión requerida para generar nuevos y mejores empleos. Al final del camino queda claro que la reducción temporal de la ocupación no significará la creación de empleos más productivos.

Al igual que en Cuba, Venezuela confronta una crisis profunda en la creación de empleos de buena calidad. La similitud de las estrategias seguidas por ambos gobiernos conduce al mismo punto: el deterioro progresivo del aparato económico en un contexto de baja atracción de inversiones generadoras de nuevos procesos, tecnologías, manufacturas, y servicios. En este caso, ni el original ni la copia apuntan a la solución.

Politemas, Tal Cual, 5 de octubre de 2005

El espejismo cubano

El gobierno del Presidente Chávez ha asumido el modelo de desarrollo cubano como referencia central. Los elogios del bienestar social en Cuba han sido de antología. La dependencia de la asistencia técnica cubana en distintas áreas de las políticas públicas es evidente y sistemática. Como en muchas otras facetas, el gobierno del Presidente Chávez ha optado por el dogma, la ingenuidad y la falta de sentido crítico. Una mezcla contraproducente cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la gente. 

Ya es reconocido por todos la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Casi cincuenta años de monopolio del poder, persecución de la oposición, ausencia de libertad de prensa, y el incesante culto a la personalidad, lo demuestran de manera tajante. 

Lo que es menos conocido es el fracaso del régimen cubano para crear bienestar y riqueza. Por eso cobra especial relevancia la publicación reciente del Profesor Carmelo Mesa-Lago, “Problemas sociales y económicos en Cuba: durante la crisis y la recuperación”. Este trabajo, publicado en la Revista de la CEPAL (agosto 2005), y disponible en su website (www.eclac.cl), ofrece información y análisis fundamentados para conocer en detalle la actual situación económica y social en Cuba. Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido y Emérito de la Universidad de Pittsburgh, está considerado como una autoridad mundial en el campo de la política social y es reconocido como un experto de alto nivel en asuntos cubanos. 

La primera parte del trabajo presenta evidencias sobre la incapacidad de la economía cubana para generar crecimiento. Se señala que entre los años 1990 y 2000, la economía cubana fue la que menos creció en América Latina y el Caribe. En realidad, la economía cubana decreció a un ritmo promedio de 1,4% anual en dicho período. El PIB per cápita del año 2003 era 17% menor al del año 1989. No es de extrañar que la inversión bruta haya disminuido de 15,2% en 1989 a 7,8% en 2002. 

En general, señala Mesa-Lago, la economía cubana produce menos que 15 años atrás. La caída de la producción de caña de azúcar es estruendosa. De 8 millones de toneladas en 1989 se pasó a 2 millones de toneladas en 2003. Entre 1997 y 2002 la producción de aves se redujo en 45%, la de ganado vacuno en 20%, la de peces y mariscos en 45%. El valor de las exportaciones cubanas se redujo 70% entre 1989 y 2003. También es un país con 77% más de deuda externa y con una inversión extranjera de apenas 200 millones de dólares anuales.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con la gente en Cuba? Mesa-Lago indica que ya el gobierno cubano no publica cifras oficiales de incidencia de pobreza. El régimen incorporó en 1997 el concepto de “población en riesgo”, la cual es entendida como aquel sector con ingresos insuficientes para adquirir la canasta de alimentos y otros bienes. Según estudios citados por Mesa-Lago, la población en riesgo en Cuba ha aumentado de 6,3% en 1988 a 20% en 1999. En otras palabras, en Cuba se triplicó la población en riesgo en poco más de una década. 

Lo más significativo es que en Cuba también ha aumentado la desigualdad social. El porcentaje de ingreso del grupo más pobre bajó de 11,3% a 4,3% entre 1986 y 1989. El ingreso del grupo más rico aumentó de 33,8 a 58,1%. Hoy Cuba es más pobre y más desigual.

El trabajo del Profesor Mesa-Lago es una campanada de alerta, especialmente para aquellos venezolanos que, siguiendo ingenuamente al gobierno del Presidente Chávez, creen que Cuba es la alternativa. Está muy claro que el modelo cubano lo que ofrece es más pobreza, más improductividad, y mayor desigualdad. Sin embargo, el gobierno del Presidente Chávez sigue viendo un gran espejismo. Ha confundido la realidad con un gran arenal. Y allí construye todos los días sus castillos.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2005

Para no perder otro lustro

La Cumbre Mundial 2005 concluyó con una gran preocupación. Se constató que en muchos países no ha habido progresos para erradicar la pobreza.. Las Naciones Unidas reconoce que el desarrollo se tambalea en muchos países. No es para menos. Millones de personas verán afectado su futuro en las próximas décadas si no se toman medidas urgentes. 

Lamentablemente, Venezuela forma parte de los países con más retrocesos en los Objetivos del Milenio. Ya es grave que exista retroceso en uno de los objetivos. El caso de nuestro país es dramático. Clama a la conciencia. Tenemos retrocesos en pobreza y subnutrición. Tenemos desempeños por debajo de los países de la región en mortalidad materna, mortalidad infantil, malaria, VIH-SIDA, universalización de la educación básica. Sin lugar a dudas, tenemos uno de los peores balances no sólo en América Latina, sino en el contexto internacional. Para la cantidad de recursos que se ha manejado en este lustro, el deterioro de nuestras condiciones de vida es inaceptable. Es muy claro, el gobierno del presidente Chávez ha puesto en riesgo la próxima generación de venezolanos. En un mar de petrodólares, se palpa el fracaso, se palpa la frustración. 

Ante esa realidad, es hora de actuar. El país debe tomar en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas para aquellos países que retroceden en la lucha contra la pobreza. La primera exigencia es que se elabore una Estrategia Nacional para alcanzar los Objetivos del Milenio. Tal como se ha definido en países amigos como Chile, Colombia, Brasil. Esa Estrategia requiere establecer programas específicos, con metas anuales, con recursos definidos, con responsables. También se requiere que la próxima Asamblea Nacional designe una Comisión que haga seguimiento estricto al cumplimiento de esa estrategia. También es perentorio un amplio acuerdo, en el cual se coloque el interés nacional por encima de cualquier consideración. El país debe resistirse a condenar la próxima generación de venezolanos a la pobreza y la baja productividad. 

Las Naciones Unidas, en el documento final de la Cumbre Mundial 2005, también sugiere que los países manejen adecuadamente sus cuentas fiscales. Que se garantice la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. En ambas facetas el gobierno del Presidente Chávez ha sido un completo fracaso. Su rechazo a la transparencia en la asignación de los recursos fiscales conspira contra una economía sana y productiva. Su reticencia a aceptar el rol del sector privado en una economía moderna, nos quita posibilidades, destruye empleos en el sector formal, aumenta el riesgo para la inversión. 

Finalmente, Naciones Unidas hace un llamado para que en los países se coordinen esfuerzos entre el sector público y el privado, entre las oganizaciones no-gubernamentales y las más diversas modalidades de organización social. Para cumplir con los Objetivos del Milenio se necesita el concurso de toda la sociedad. El sello autoritario del actual gobierno conspira contra este requerimiento del desarrollo. El irrespeto flagrante del Estado de Derecho desde las alturas del poder, la aceptación silenciosa de parte de aquellos poderes públicos que deben defender a los ciudadanos, no hace sino deteriorar el tejido en el cual nos encontramos todos los venezolanos.

La experiencia del gobierno del presidente Chávez indica que las anteriores tareas le quedan muy grandes. En el último lustro se ha deteriorado la vida política, social, económica del país. La actual gestión gubernamental no nos ofrece otra cosa que atraso y pobreza. En esas circunstancias es tiempo de reflexión. Los canales de la fortaleza democrática del país deben conducir a la consolidación de liderazgos que asuman los retos del siglo XXI en un ambiente de unión y concordia. Es la forma de garantizar que no perdamos el próximo lustro.

Politemas, Tal Cual, 21 de septiembre de 2005

Con las manos vacías

Hoy comienza en Nueva York la Cumbre Mundial 2005. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, esta Cumbre representa el evento de una generación. Nunca antes tantos líderes mundiales se habían reunido para revisar las perspectivas del desarrollo a escala global. La principal tarea es evaluar los progresos de los países para alcanzar los Objetivos aprobados en la Declaración del Milenio del año 2000. 

Los Objetivos del Milenio son: (1) erradicar la pobreza y el hambre, (2) universalizar la educación básica, (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, (4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, (5) disminuir la mortalidad materna, (6) combatir la malaria y el VIH-SIDA, (7) asegurar la sostenibilidad del ambiente, y (8) promover alianzas globales para el desarrollo. 

Luego de cinco años, es tiempo de hacer balances y, especialmente, tomar decisiones para que en el año 2015 se logren tales objetivos. 

El gobierno del presidente Chávez ratificó en septiembre del año 2000 los contenidos de la Declaración del Milenio. Al hacerlo, comprometió al país. Los Objetivos del Milenio constituyen un esfuerzo monumental para colocar a la gente en el centro del desarrollo. Esto es, a los millones de personas que viven en pobreza, excluidos de la educación y la salud, sin acceso a trabajos productivos, muchas veces desnutridos, en ambientes contaminados y degradados. 

Millones de venezolanos vivían en esas condiciones en el año 2000. Para un gobierno preocupado de verdad por la gente, la Declaración del Milenio hubiera representado una guía, una manera de concretar mejores condiciones de vida para todos los habitantes de este país. Para llevar a cabo esa tarea se necesitaba un liderazgo inclusivo, abierto, amplio, respetuoso de todos los sectores, y con capacidad política y técnica.

Lamentablemente, el gobierno del Presidente Chávez no tomó en cuenta la Declaración del Milenio. En las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” no aparece citado ninguno de los Objetivos del Milenio. En los presupuestos fiscales de los años 2001, 2002, 2003, y 2004 no se incorporaron recursos para cumplir con las Metas del Milenio. 

El gobierno del Presidente Chávez puso en marcha una estrategia basada en la exclusión política, técnica, económica y social. Al mismo tiempo que descuidó la gobernabilidad y la concertación, arremetió contra el aparato productivo, creando incertidumbre en la inversión privada y disminuyendo los trabajos de alta calificación. Desmanteló el sistema de protección social y lo sustituyó por el fallido experimento de la burocracia militar. Cuando la presión política lo acorraló, implementó programas sociales de corte ideológico y excluyente, muchos de ellos sin brújula técnica y ayunos de una visión integral del desarrollo. Para la administración del Presidente Chávez el trabajo productivo, justamente el que crea riqueza, sencillamente no existe. Con una estrategia así, contraria a la experiencia comparada, no es extraño el resultado.

El gobierno del Presidente Chávez se aparece en la Cumbre Mundial 2005 con las manos vacías. Como resultado de la oportunidad perdida, Venezuela presenta uno de los peores desempeño en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, no sólo en el contexto de América Latina, sino en el escenario internacional. Durante esta gestión hemos empeorado en muchos de los Objetivos del Milenio. Este gobierno, por sus carencias políticas y técnicas, ha puesto en riesgo la vida de muchos millones de venezolanos pobres y ha disminuido las posibilidades de cumplir los objetivos trazados para el año 2015. Todo lo anterior es más dramático porque no ha sido por falta de recursos. 

En estos cinco años el gobierno del Presidente Chávez nos ha hecho perder oportunidades y posibilidades. Ha sido, lamentablemente, un lustro perdido.

Politemas, Tal Cual, 14 de septiembre de 2005

El colmo de la incompetencia

El gobierno del presidente Chávez ha representado el fracaso más estruendoso de la salud en Venezuela desde 1937. Dos razones fundamentan esta aseveración. La primera es su decepcionante desempeño. Ha aumentado la mortalidad infantil desde 2002, la mortalidad materna es 13% superior a la de 1998, tenemos la epidemia de malaria más importante desde que se llevan registros de casos. Para remate, entre 1998 y el año 2003 ha aumentado la mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer, VIH-SIDA, entre otras causas. Todo ello con la mayor inversión en salud en los últimos treinta años, según los responsables oficiales. Triste reconocimiento de ineficiencia.

La segunda razón es que este ha sido el único gobierno desde 1937 que ha tenido la oportunidad de legislar, basado en un marco constitucional, para articular con seriedad las fuentes públicas de financiamiento de la salud. La Constitución de 1999 incorpora esta posibilidad en su artículo 83. Eso requería que el gobierno presentara una propuesta coherente. El gobierno fue incapaz de presentarla. La labor legislativa recayó en la Asamblea Nacional, la cual, a finales del año pasado, aprobó en primera discusión una ley que representaría el atraso más grave del sistema de salud en toda su historia. No sólo no se ha legislado a tiempo, ahora se legislará para volver al pasado. 

Ya sabemos que la administración del Presidente Chávez acepta y favorece una de las grandes fallas de esa ley: la anulación del proceso de descentralización de la salud. Lo que fue el silencio de los responsables del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ha sido sustituido por la anuencia y aceptación. El silencio de algunos gobernadores de estado (tanto oficialistas como de oposición) ha sido sustituido por la obediencia fiel. Otros gobernadores, justamente en los estados donde la descentralización tiene más avances, siguen callando. 

La coordinación de la descentralización requiere un gobierno diferente al que tenemos. Un gobierno que sea capaz de integrar, de aceptar diferentes puntos de vista, que promueva el diálogo y el encuentro. Que sepa jugar en equipo y sometido a la discusión permanente. Ante esa tarea para la cual no está dotado, el gobierno optó por la imposición y la dominación. Cesó con la transferencia de servicios en 1999. No pudo crear un centro inteligente y opta ahora por acabar con el juego. En un gesto del mayor autoritarismo indica que es capaz de dirigir desde Caracas todo el sistema de salud.

Esta pretensión marcha a contracorriente con la tendencia moderna de los sistemas de salud. Ningún funcionario en su sano juicio puede pensar en definir objetivos y asignar recursos contra la malaria y la mortalidad materna, a cientos de kilómetros. Es bueno que el gobierno recuerde que la centralización ya la ensayamos en los cincuenta, casualmente en plena dictadura perezjimenista. Se llamó la “nacionalización de los hospitales”. La descentralización de los noventa no es sino la respuesta a las limitaciones de esa nacionalización.

El gobierno del Presidente Chávez sabe que existen múltiples evidencias de que la descentralización ha mejorado la cobertura y calidad de los servicios de salud. Que en muchos casos esos avances son superiores a los realizados en el nivel nacional. Ante todo eso, el gobierno decide desconocer el marco constitucional que establece que nuestro Estado es federal y descentralizado. 

Está claro que la estrategia no sólo es acabar con la descentralización en salud, es también cancelar las tendencias democratizadoras en la sociedad venezolana. El gobierno, una vez más, se ha puesto en el pasado. Esperamos que los sectores democráticos del país sepan defender con argumentos y seriedad lo que este gobierno autoritario pretende arrebatar.

Politemas, Tal Cual, 7 de septiembre de 2005

Antes que nada: no hacer daño

El gobierno del presidente Chávez también hace retroceder lo que venía funcionando bien. Como consecuencia de su imprevisión, la actual gestión gubernamental ha colocado en riesgo a las personas con hemofilia y a sus familias. Una prueba más de que en este gobierno empeoran las personas que viven con enfermedades que requieren tratamiento por toda la vida.

La hemofilia es una enfermedad hereditaria. Las personas con hemofilia tienen alterados los mecanismos de coagulación. Sin embargo, las personas con hemofilia pueden llevar una vida completamente normal. Algunos de ellos pueden llegar a ser extraordinarios atletas. Hasta pueden cruzar el Orinoco, para orgullo personal y de sus familias. Para que una persona con hemofilia lleve una vida normal se requiere hacer el diagnóstico y garantizar el tratamiento permanente.

Desde 1998 Venezuela había sido pionera en el control de las personas con hemofilia. Como producto del trabajo conjunto del Centro Nacional de Hemofilia (CNH), la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y el IVSS, se logró mejorar sustancialmente el registro de las personas con hemofilia. En mayo de 2002 se establece el Plan Nacional para la Atención de Personas con Hemofilia. El Plan indica que los pacientes no asegurados recibirán el tratamiento a través del MSDS. El IVSS seguirá atendiendo a los asegurados. Este esfuerzo entre el gobierno, sectores académicos, y la iniciativa privada, ha sido ejemplo internacional, reconocido por la propia Federación Mundial de Hemofilia. 

La ejecución del Plan comenzó en febrero de 2003. Todo marchó adecuadamente. La compra del tratamiento, por parte del MSDS, se iniciaba con la solicitud del Centro Nacional de Hemofilia. La distribución era apoyada por la AVH. El requisito es que el tratamiento se distribuya a los centros de atención integral, los cuales cuentan con personal especializado y entrenado. 

En noviembre del año pasado empiezan los problemas. Las solicitudes de compra de los tratamientos no son respondidas por el MSDS. A pesar de la insistencia de las organizaciones involucradas, no hay respuesta. Comienza a disminuir la existencia del tratamiento. Luego el MSDS informa que la provisión del tratamiento se realizará totalmente a través de Quimbiotec, empresa del IVIC. Sin embargo, la producción de Quimbiotec, reconocida por sus directivos, es solamente para el tratamiento de uno de los tipos de hemofilia. Quimbiotec también reconoce que sólo puede satisfacer el 30% de mercado nacional de ese tratamiento. Dado que existen diversos tipos de hemofilia, los cuales requieren otros tratamientos, el MSDS sólo está en capacidad de garantizar el tratamiento del 12% de las personas con hemofilia que están bajo su responsabilidad. Para colmo de males, las personas con hemofilia y sus familias han expresado que el tratamiento que reciben de Quimbiotec ocasiona reacciones. También se ha alertado que Quimbiotec está entregando el tratamiento a centros que no son de atención integral. 

La actual gestión del MSDS ha complicado la vida de las 2.050 personas con hemofilia bajo su responsabilidad. No garantiza el tratamiento para todos y no ha demostrado que el tratamiento es efectivo de acuerdo con los estándares internacionales. Lo que venía marchando bien ahora reviste preocupación. Todo eso sucede en la lluvia de petrodólares y en el período de mayor inversión en salud, según los directivos del MSDS. 

Cabe preguntarse, cuántas imprevisiones estarán afectando la vida de las personas con diabetes, hipertensión, depresión, sólo por decir algunas enfermedades crónicas. La actual gestión de salud antes que resolver, está haciendo daño. Tiene muchos recursos y hace daño. Es corresponsable del gran fiasco.

Politemas, Tal Cual, 31 de agosto de 2005