viernes, 19 de mayo de 2023

El programa de gobierno de la oposición en Turquía

La segunda vuelta de la elección presidencial en Turquía se realizará el próximo 28 de mayo. Antes del anuncio oficial de esta nueva elección, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) había difundido las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación. En este reporte se destaca el ventajismo del gobierno en el proceso electoral, expresado en los sesgos en la cobertura informativa, en las restricciones de las libertades de reunión, asociación, y expresión, las cuales afectaron la participación de políticos y partidos de oposición, así como de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. También se indica en el informe la intensa polarización expresada en la campaña electoral a través del abuso en el uso de recursos e intimidación por parte del gobierno.

La segunda vuelta del 28 de mayo será un evento mayor, con repercusiones tanto para Turquía como en el contexto global. La presencia internacional de Turquía, expresada por sus múltiples conexiones con todos los continentes (no por azar el aeropuerto internacional de Estambul se presenta como el punto de encuentro del mundo), es una demostración de estos múltiples efectos. El deterioro de la institucionalidad política y las restricciones del crecimiento económico para los próximos años, son indicativos de la relevancia que tiene la elección para el futuro del país.

Por estas razones es muy explicable la importancia de la visión de políticas que podría tener un gobierno alternativo en Turquía. A tal efecto, el Frente Nacional, coalición que enfrentará nuevamente al gobierno en la segunda vuelta, ha difundido varios documentos desde el año pasado. Esta coalición está conformada por seis partidos: Partido Republicano Popular, Partido Democracia y Progreso, Partido Demócrata, Partido del Futuro, Partido del Bien, y Partido de la Felicidad. Estos partidos abarcan un espectro desde la social democracia hasta el liberalismo, todos ellos pro-europeos y partidarios de la presencia de Turquía en la OTAN y en la Unión Europea. Los documentos difundidos en 2022 por el Frente Nacional incluyen propuestas para fortalecer el sistema parlamentario, reformas constitucionales e institucionales, y sobre la seguridad del sistema electoral.

El 30 de enero de 2023, el Frente Nacional presentó a la opinión pública nacional e internacional el “Memorandum de Entendimiento sobre Políticas Comunes”. Este documento tiene una extensión de 248 páginas con más de 2300 acuerdos (organizados en 75 áreas). Constituye la Declaración Electoral del candidato presidencial, y es la base de las políticas públicas que se ofrecen a los votantes.

El memorándum está organizado en nueve grandes temas: (1) justicia y sistema judicial, (2) administración pública, (3) políticas de transparencia y anti-corrupción, (4) economía, finanzas y empleo, (5) ciencia, investigación y desarrollo, innovación, emprendimiento, y transformación digital, (6) políticas sectoriales, (7) educación y entrenamiento, (8) políticas sociales, y (9) política exterior, defensa, seguridad y migración.

Las líneas generales del memorándum apuntan a la construcción de una democracia sólida, a la reestructuración de la administración para orientarla al ciudadano, al progreso hacia una economía sostenible de altos ingresos centrada en una estrategia de desarrollo inclusivo, de transición verde y digital, con un sistema educativo inclusivo, que garantice igualdad de oportunidades sin discriminación, y con la introducción de garantías constitucionales para los derechos de sostenibilidad, erradicación de la pobreza extrema, y con progreso para todos los ciudadanos.

Que una alianza política en un país tan relevante como Turquía, haya podido acordar un programa de gobierno de esta envergadura, ofrece notables lecciones comparadas. En primer lugar están las lecciones sobre las características que debe tener un programa de esta naturaleza: (1) debe ser preparado con anticipación y con perspectiva de largo plazo, (2) debe ser amplio, es decir, cubrir la mayor cantidad de áreas de la gestión pública, (3) debe ser lo más detallado posible (no bastan los acuerdos generales, es necesario llegar a los puntos críticos), (4) debe incluir metas taxativas (que serán la guía de la acción del gobierno y de la información a los ciudadanos), y (5) debe ser comunicado con suficiente tiempo a los electores.

El segundo aspecto está relacionado con las lecciones sobre la utilidad o funciones de un programa de políticas públicas de esta naturaleza. La extensión y profundidad del programa es útil: (1) para generar mensajes en la campaña electoral que demuestren a los ciudadanos que se conocen los problemas, y también muy importante, que se tienen las soluciones, es decir, se convence porque se conoce, porque se demuestra seguridad, (2) para guiar la organización del gobierno, esto es, para seleccionar a los líderes más capaces para la gestión, para que tengan tiempo de trabajar en equipo las múltiples decisiones que deberán enfrentar en un plazo muy corto (entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno), y (3) para informar a los actores nacionales e internacionales sobre la seriedad en el tratamiento de los temas, sobre el conocimiento de las repercusiones geopolíticas, financieras e institucionales que tendrán las medidas del gobierno, y para fortalecer los acuerdos que permitan garantizar la viabilidad de la gestión. Todas estas acciones son previas, a ellas hay que dedicar tiempo, y equipos humanos amplios y diversos.

Los resultados de la segunda vuelta en Turquía son difíciles de anticipar, dado el entorno cambiante que puede tener una campaña electoral en un país tan complejo. La oposición ha logrado acordar un candidato de consenso, con un programa de gobierno detallado y de múltiples acuerdos. La forma de manejar la comunicación política, en un entorno de grandes restricciones para las buenas prácticas democráticas, influirá en el resultado de la elección. Lo que está bastante claro es que la oposición tiene una ruta, un plan de vuelo específico y detallado. Y eso, los ciudadanos lo perciben desde la primera palabra.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2023

La brecha en las políticas de desarrollo sostenible

En la última semana del mes pasado, 25 a 28 de abril, se realizó en Santiago de Chile la Sexta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Cepal. En esta reunión del Foro participaron los gobiernos de la región con el propósito de analizar la evolución de los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro expresan el conjunto de aspectos en los cuales existe el consenso de los gobiernos de los países de la región. Son exactamente 110 puntos acordados por los gobiernos. Quizás el de mayor relevancia para las políticas de desarrollo sostenible es el punto 8.

En el punto 8 de este documento se indica que los gobiernos observan con preocupación que las metas de los ODS establecidas para el año 2020, no se han cumplido plenamente. Expresan un llamado a las instancias internacionales para que fortalezcan las decisiones en esta materia. Y luego, se citan en este punto las diversas políticas públicas que deberían priorizarse. Estas políticas son las siguientes: la protección de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de datos oportunos, tanto en calidad como en los niveles desagregados, la participación de los jóvenes, el incremento de los recursos financieros, y la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo.

Tal como está redactado el punto 8, pareciera que esas políticas mencionadas son responsabilidad de la comunidad internacional. No se menciona la directa vinculación de estas políticas con las decisiones u omisiones que cada día tienen los gobiernos de la región sobre estos aspectos. Cada una de estas políticas debería requerir la mejor calidad en el diseño y la respectiva asignación de recursos por parte de los gobiernos de los países.

Cada una de las áreas de políticas públicas debería responder a las específicas realidades de los países, pero también dentro de ellos. Solo con imaginar los diferentes niveles de biodiversidad que pueden tener México y Paraguay, se tiene una idea de los requerimientos particulares en cada caso. De igual manera, las mejoras en la disponibilidad de datos oportunos y en su desagregación, son muy distintas en países de menor extensión como El Salvador, y en países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina.

Una primera dimensión de la brecha de políticas de desarrollo sostenible, está relacionada con el hecho de que corresponden más bien al ámbito de los gobiernos de los países, y no a la comunidad internacional, como se menciona en el documento. La segunda dimensión de la brecha está asociada con la falta de explicitación, al menos de las características generales que deberían tener las políticas públicas mencionadas en el punto 8. De hecho, también parece más apropiado que se hubiera recomendado a los gobiernos diseñar o actualizar estas políticas públicas con el propósito de tomar en cuenta las modalidades para alcanzar los ODS en 2030.

Visto lo anterior, no solo la región tiene restricciones significativas para conocer la evolución de los ODS (por las limitaciones en los sistemas de información), también existen limitaciones en el diseño de las políticas públicas relacionadas. Es bastante claro que sin mejoras sustantivas en las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, el desarrollo sostenible en América seguirá teniendo progresos muy limitados en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2023

América Latina: más lejos de la diversificación

Los últimos pronósticos de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, Cepal) no son muy auspiciosos para América Latina. Se destaca en estos reportes que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, han agravado los pronósticos realizados a principios de esta década. América Latina no crece en la magnitud requerida para superar las restricciones previas a la pandemia y las que han surgido en el último año.

Pero el problema es más serio. América Latina no crece, pero tampoco crea riqueza en el nivel requerido para generar el círculo virtuoso de mayores inversiones, mejores empleos, más recursos públicos para servicios, y nuevamente mayor riqueza. Este círculo virtuoso es el que han mantenido por décadas países como Japón y Alemania (industrializados antes de la II Guerra Mundial), o Corea del Sur a partir de mediados de los años sesenta. Solo por citar algunos ejemplos.

La capacidad de crear riqueza en los países depende del conocimiento disponible para prestar servicios y producir bienes. Y para ello se requiere que los países tengan múltiples conocimientos. Mientras más conocimientos existan, se generan más capacidades, y, en consecuencia, se amplían empresas o se crean nuevas empresas. Este proceso de diversificación es lo que conduce al círculo virtuoso de la creación de riqueza.

El Índice de Complejidad Económica (ICE) es una forma de resumir la medida de las capacidades de los países para producir. La Universidad de Harvard, a través del Atlas de Complejidad Económica, publica regularmente los valores del ICE para los países incluidos en esa base de datos. El valor del ICE es positivo cuando un país tiene mayor diversidad de los productos que elabora que el promedio de todos los países. Mientras más positivo es el ICE significa que el país tiene mayor complejidad económica (por ejemplo, Japón tiene el mayor valor de ICE desde 1995, primer año de la serie). De la misma forma, mientras más negativo sea el ICE el país tiene menor diversidad con respecto al promedio de los países.

En el año 2015, la gran mayoría (12 de 19) de los países de América Latina tenían ICE negativo (solo Haití no tiene información disponible). Esto significó que siete países (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, y Uruguay) tenía el ICE positivo para ese año. De estos países, solo México alcanzó un valor de ICE superior a 1 (Japón tenía 2,49 en 2015).

En el año 2020 (último año con información disponible en el Atlas de Harvard), solo cinco países tuvieron ICE positivo (Colombia y Uruguay pasaron a tener valores negativos). Cuatro de estos países (Brasil, El Salvador, México, y Panamá) registraron menores valores de ICE con respecto a 2015, aunque se mantuvieron en valores positivos. Costa Rica es el único país de la región que aumentó el ICE (de 0,26 en 2015, a 0,30 en 2020).

Si ese era el nivel de diversificación en 2020, sin los efectos completos de la pandemia, y con las restricciones económicas de la actualidad, es muy probable que los valores del ICE sean menores en los años siguientes. Que el tema de la diversificación económica no esté en la agenda pública de los países, explica las tremendas dificultades para crear riqueza que se deberán superar en la región. Quizás la prueba más exigente para la calidad de los liderazgos políticos en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 3 de mayo de 2023