Shock hiperinflacionario

El año 2018 comienza con el país sumido en la hiperinflación. Por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno tan destructivo se ha apoderado de la psiquis colectiva. Desde octubre de 2017 la hiperinflación se ha instalado con toda su fuerza en la sociedad. Más de tres décadas de vivir con altas tasas de inflación contribuyeron a la creencia de que se podía tolerar la destrucción sistemática de la moneda. Desde 1996 la tasa de inflación del país ha sido superior a la tasa de inflación promedio del mundo, y también a la tasa de inflación promedio de los países de América Latina.

Los venezolanos incorporaron en sus prácticas cotidianas que el aumento de los precios (algunas veces por encima de 100% en un año) no era un fenómeno extraño. Dado que la economía experimentaba tasas de crecimiento, aunque no en todos los años, se tenía la impresión de que la inflación se podía encubrir. Cuando en casi todos los países de la región se habían alcanzado tasas de inflación de un solo dígito, los venezolanos coexistían en una economía con tasas entre cinco y diez veces superiores (entre 20 y 30% anual de tasa de inflación). La política monetaria pareciera haber establecido ese límite, es decir, aceptar una tasa de inflación muy superior a la deseable.

En los últimos cuatro años la situación ha sido mucho peor. Las potestades constitucionales del BCV para controlar la oferta monetaria ya no existen en la práctica. Con una economía en total contracción desde 2014 y sin mayor restricción de la creación de moneda, los efectos están a la vista. Venezuela experimenta la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera en un país petrolero sin guerra civil, la primera en América Latina desde hace casi treinta años. No hay palabras para describir un desastre de estas dimensiones.

Los pronósticos de especialistas nacionales e internacionales indican que en los primeros meses de 2018 la hiperinflación puede ser aún mayor a la tasa de 60% registrada en noviembre pasado. Es decir, que los incrementos para los ciudadanos se presentarán en proporciones nunca vistas en el país. Las consecuencias para la compra de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicamentos, así como servicios, artefactos, piezas de vehículos, útiles en general, implicará en la práctica una caída aún mayor de la actividad productiva. No es exagerado imaginar una progresiva paralización de las actividades fundamentales del país. 

Esta dramática situación encuentra al gobierno concentrado en la supervivencia. Toda la información oficial está dirigida a eludir las tremendas angustias de los venezolanos ante el alza indetenible de los precios. Para el gobierno, aceptar la realidad de tener una tasa de inflación superior a 2.000%, es sencillamente impensable. Peor aún, las prácticas del gobierno solo contribuyen a complicar la situación. La estrategia del gobierno es contingente con el escenario electoral. El diferimiento de medidas económicas será lo esperable.

Los actores políticos alternativos se encuentran también presionados por la coyuntura electoral. Las demandas por parte de ellos para que el gobierno asuma la responsabilidad en la génesis de la hiperinflación, así como la exigencia de un programa de estabilización, no están en este momento en su agenda de acciones. En consecuencia, de manera más creciente la población apreciará que sus contingencias cotidianas, expresadas solo en la preocupación de lidiar con una hiperinflación que arropa, no tienen expresión pública. Todo ello agravará la sensación de desprotección.

En la medida que la hiperinflación se exacerba, las restricciones sobre el futuro del país se harán más notables. La hiperinflación está colocando de manera muy visible las limitaciones de la viabilidad del país. Y dentro de estas limitaciones están las debilidades de los liderazgos para comprender la situación crítica y los riesgos involucrados. Podría decirse que ya la hiperinflación se ha convertido en asunto de Estado. Solo la conciencia de las dimensiones del descalabro y los acuerdos políticos y sociales que conduzcan a un programa de estabilización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo, podrán evitar a los venezolanos la prolongación de esta espiral de destrucción.

Politemas, Tal Cual, 20 de diciembre de 2017

Lecciones de la estabilización en Perú

El sábado 28 de julio de 1990 tomó posesión Alberto Fujimori como presidente de Perú. Luego de la segunda vuelta del 10 de junio en la cual derrotó a Mario Vargas Llosa. Durante la campaña electoral, realizada en el inicio del segundo episodio de hiperinflación del país, el candidato Fujimori había ofrecido que no seguiría la política gradualista del presidente García, pero tampoco la política de “shock” que ofrecía su adversario Vargas Llosa. Dada la victoria que obtuvo Fujimori, es muy probable que una fracción muy importante del electorado que terminó votando por él, no se imaginaba en detalle las políticas que habría de implementar para enfrentar la hiperinflación. Al menos el candidato no se había encargado de explicarlas.

También hay evidencias de que el gobierno recién juramentado experimentó unos primeros días de vacilación. Se ha indicado que Fujimori no tenía mucha idea de las implicaciones que tenía el programa económico que sus asesores preparaban. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue decretar un feriado bancario para el lunes 30 y el martes 31 de julio, con lo cual se descartó que las medidas se anunciaran inmediatamente. Luego se esperó que las medidas se anunciaran después del feriado. Tampoco fue así. En realidad, en ese fin de semana que toma posesión el gobierno, se duplican los precios de los alimentos y aumenta el precio de la cotización del dólar. 

Las medidas son anunciadas finalmente el 8 de agosto de 1990 en un mensaje televisado del presidente del Consejo de Ministros Juan Carlos Hurtado Miller. Le tocó a este funcionario explicar al país la gravedad de la situación y las medidas que se requerían. Que haya pasado una semana entre el feriado bancario y el anuncio de las medidas indica, por una parte, que no existía un plan concertado con la suficiente especificación, y, en segundo lugar, que la gravedad de las medidas implicaba cierto tiempo para que el vocero asumiera en plenitud la responsabilidad que le tocaba. En la primera frase de su alocución, Hurtado Miller lo deja muy explícito, dice que se presenta ante los peruanos para “informarles sobre las medidas precisas con que el gobierno se propone enfrentar la inflación explosiva que hemos heredado de la administración anterior”. Ese era el principal problema de Perú y a eso se refirió en detalle el vocero. No había lugar para retórica.

Las medidas anunciadas fueron drásticas. Se eliminó el dólar controlado. El precio de la gasolina aumentó de 21.000 intis el galón a 675.000, aunque se incorporó un subsidio de 20.000 intis para el transportista por cada pasaje urbano. La lata de leche evaporada aumentó de 120.000 a 330.000 intis. El kilo de azúcar aumentó de 150.000 a 300.000 intis. El pan francés aumentó de 9.000 a 25.000 intis. Los aumentos estuvieron vigentes al día siguiente. También se anuncia que el gobierno solo gastaría los ingresos que percibiera. Se decreta un arancel máximo de 50% para las importaciones, así como una bonificación para trabajadores de los sectores públicos y privados equivalente al 100% del monto del sueldo del mes de julio de 1990. Para la compensación social se asignan 450 millones de dólares por parte del gobierno, más 150 millones de dólares provenientes de donaciones privadas y organismos internacionales. Los efectos de la estabilización, algunos de ellos muy difíciles en las primeras etapas para los peruanos, trajeron crecimiento, control de la inflación y una etapa de reducción de la pobreza nunca experimentada. Los resultados a la larga fueron notablemente positivos. 

En Venezuela avanzamos, ojalá más temprano que tarde, al anuncio de un programa de estabilización que enfrente la hiperinflación ya establecida desde hace pocas semanas. El gobierno que diseñe ese programa debe tener en cuenta al menos, como la experiencia peruana lo demuestra, que los detalles hay que pensarlos antes, que las medidas deben informarse lo más inmediato que se pueda, y que la compensación social requerirá elaboración técnica y muchos recursos. Esperemos que haya aprendizaje.

Politemas, Tal Cual, 13 de diciembre de 2017

De la emergencia a la estabilización

Se acaban las palabras para describir la situación de las familias venezolanas. A pocas semanas del fin de año, la coyuntura no puede ser más crítica. El mes de noviembre culmina con la mayor tasa de inflación mensual en la historia del país. A pesar de que no existen cifras oficiales desde finales de 2015, las estimaciones de la Asamblea Nacional y de especialistas dentro y fuera del país, no dejan dudas. Venezuela se encuentra en el inicio de una hiperinflación. La primera en casi 30 años en América Latina. La segunda del siglo XXI en el mundo, y la primera de un país de la OPEP sin guerra civil. 

El inicio de la hiperinflación se produce luego de cuatro años de caída en la actividad económica, hasta el punto de que se ha registrado una reducción de un tercio del PIB del país, constituyendo una de las mayores debacles en países no sometidos a procesos bélicos. En tales condiciones, la principal afectación son las condiciones de vida de los ciudadanos. Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB, USB, Fundación Bengoa, entre otras instituciones, indicaban que el 51% de los hogares se encontraba en situación de pobreza extrema (sin los ingresos para comprar los alimentos requeridos en el día). Todo indica que a finales de 2017 esta proporción debe ser mayor.

La exigencia de atender con la debida celeridad esta situación, caracterizada por la escasez de medicamentos y alimentos, sumado al aumento indetenible de los precios, ya es compartida por toda la sociedad. Incluso en el ámbito internacional, organizaciones de Naciones Unidas y gobiernos, han señalado insistentemente la necesidad de implementar opciones que logren reducir a la brevedad esta penuria que afecta a millones de venezolanos. A pesar de ello, las gestiones han sido infructuosas, más bien se percibe una gran indiferencia por parte del gobierno. La negociación que se encuentra en curso en estas semanas tiene entre sus puntos de mayor relevancia llegar a acuerdos sobre esta materia.

Lamentablemente las perspectivas para asumir la gravedad del este drama por parte de las instituciones responsables no son alentadoras. Con lo cual el problema de fondo, cual es la solución a la grave crisis económica, agudizada por la hiperinflación, mucho menos aparece en la agenda gubernamental. La solución estructural es un programa de estabilización que introduzca cambios profundos a todo el descalabro económico y social que se ha producido en el país. Esperemos que se puedan generar los acuerdos políticos y sociales que faciliten pasar de la emergencia a la estabilización en el menor tiempo posible. La situación realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2017

Hiperinflaciones en América Latina

El reciente aumento de los precios ha trastocado aún más la vida de los venezolanos. Cuando las variaciones superan la marca de 50% mensual, los países entran en hiperinflación. Todas las evidencias, especialmente las provenientes de la única fuente de información de un poder público, cual es, la Asamblea Nacional, indican que la hiperinflación de Venezuela se manifestó claramente en octubre de este año. Dada la ausencia de medidas para enfrentar la hiperinflación por parte del gobierno, es muy probable que la tasa de inflación del mes de noviembre sea la más alta en la historia del país. 

Los efectos de estos aumentos de precios hacen mella en los ciudadanos. Especialmente porque la perspectiva de solución a la hiperinflación no es la predominante en la actualidad. Ahora bien, la inflación ha sido un acompañante permanente de la vida de los venezolanos en los últimos 35 años. El último año con una tasa de inflación de un dígito fue 1983 cuando se registró 6,2%. Entre 1984 y 2012, la tasa de inflación promedio del país fue 32%. Podría decirse que la inflación era un evento “normal” en la vida de los venezolanos, cuando en el resto del mundo la tasa de inflación más frecuente tendía a ser un solo dígito. De allí que el aumento de la tasa de inflación en los últimos años tenga efectos desastrosos en el ánimo y en la capacidad de compra de las personas. En los últimos años, se ha pasado a una tasa promedio de tres dígitos, con perspectiva de que a final de 2017 alcance los cuatro dígitos (1.133%), como advirtió el FMI hace pocas semanas.

En este contexto, es conveniente analizar de manera comparada los procesos de hiperinflación que se han producido en América Latina, tal cual han sido reportados por los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus. El propósito de la comparación es tener presente las referencias para identificar similitudes y diferencias con la hiperinflación que está en marcha en Venezuela. Antes de la hiperinflación actual en Venezuela, en América Latina se habían sucedido episodios de hiperinflación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Perú. En este último país se registraron dos episodios de hiperinflación (1988 y 1990). 

Quizás el episodio de hiperinflación menos conocido es el de Chile. Este episodio se produjo en el mes de octubre de 1973, al mes siguiente del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Esta hiperinflación fue expresión de los desajustes económicos precedentes. La tasa de inflación alcanzó casi 88% durante ese mes. La siguiente hiperinflación fue la de Bolivia, iniciada en abril de 1984 y finalizada por las medidas del recién electo gobierno de Paz Estenssoro en septiembre de 1985 (con una duración de 18 meses). El mes con la mayor tasa de inflación en Bolivia fue febrero de 1985 cuando alcanzó 183%, los precios se duplicaban cada 20 días.

En junio de 1986 se inició la hiperinflación de Nicaragua, la cual se extendió por 58 meses (hasta marzo de 1991), la más larga documentada en el mundo. La mayor tasa de inflación se registró justamente en el mes final (marzo de 1991), al alcanzar 261%, con una duplicación de precios cada 16 días. La siguiente hiperinflación se produjo en Perú en el mes de septiembre de 1988 cuando la tasa mensual alcanzó 114%. Aunque la tasa de inflación de Perú se mantuvo alta entre esta fecha y julio de 1990, solo en este último mes fue superior a 50%. De hecho, la tasa de inflación del mes de agosto en Perú ha sido la más alta registrada en América Latina (397%). Los precios se duplicaban cada 13 días. 

Entre 1989 y 1990, Argentina y Brasil experimentaron episodios de hiperinflación. La de Argentina se extendió entre mayo de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue julio de 1989 con 197%, con una duplicación de precios cada 19 días. En el caso de Brasil, la hiperinflación se extendió entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue marzo de 1990 (82%), con una duplicación de precios cada 35 días.

Aunque los episodios de hiperinflación en América Latina han sido muy diversos, ofrecen lecciones relevantes para caracterizar estos procesos. En primer lugar, los episodios de corta duración (uno a dos meses) fueron resultado de rápidas medidas tomadas con la instalación de nuevos gobiernos (Chile y Perú). En todos los casos, los procesos de hiperinflación han traído como consecuencia cambios de gobiernos (aún en los casos de Bolivia y Nicaragua que tuvieron los períodos más largos de hiperinflación), y modificaciones económicas sustantivas (cambios de moneda, programas de estabilización, transformaciones estructurales). También es muy evidente la afectación social que deriva de que las poblaciones en todos los países fueron sometidas a las inmensas dificultades en el acceso a bienes y servicios, en el deterioro del ingreso y en el clima de frustración social que predomina en estos procesos. 

En las actuales circunstancias, la hiperinflación que se inicia en Venezuela tiene al menos dos rasgos característicos. En primer lugar, se inicia el proceso después de una reducción productiva de más de un tercio de la economía, quizás la más grande registrada en el mundo en países sin conflictos bélicos. En segundo lugar, las grandes dificultades que se aprecian para darle a este problema la grave entidad que tiene. Ojalá que las circunstancias cambien y se puedan evitar las desastrosas consecuencias sociales que tendría una larga hiperinflación en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 29 de noviembre de 2017

¿Cómo se enfrentó la hiperinflación en Perú?

La crisis hiperinflacionaria de Perú tuvo una larga gestación. Al igual que en Venezuela, la destrucción del aparato productivo, iniciada con el gobierno de Velasco Alvarado en 1968, fue un factor fundamental. Se expropiaron muchas empresas en diversas áreas de la actividad económica, con lo cual la producción quedó en muchos casos en manos del Estado. La vuelta a la democracia a finales de los setenta requería consolidar una nueva institucionalidad, así como atender las demandas de cambios económicos. El gobierno de Belaúnde Terry (1980-1985) no fue muy exitoso en lo segundo. La tasa de inflación se mantuvo entre 60 y 75% en los primeros años de ese gobierno. En los últimos años la tasa de inflación ya había superado 100%, coincidiendo con una caída relevante de la actividad económica (casi 10% en 1983). 

A mediados de 1985 se inicia el primer período presidencial de Alan García. Las medidas económicas implementadas estuvieron basadas en el control de precios y en el control de la tasa de cambio, así como en el aumento del circulante y del gasto fiscal. Al mantener los precios de los servicios públicos relativamente bajos, el gobierno logró reducir temporalmente la tasa de inflación mensual (de 10 a 3%). De allí que la tasa de inflación de los primeros años del gobierno de García alcanzara menos del 100% anual. 

En septiembre de 1988 la tasa de inflación mensual alcanzó 114% con lo cual se produce el primer episodio de hiperinflación (el criterio de hiperinflación es una tasa de inflación mayor a 50% mensual). La tasa de inflación de 1988 alcanzó 666% y la de 1989 alcanzó cerca de 3.400%. A pesar de que se mantuvo por debajo de 50% mensual desde septiembre de 1988 hasta julio de 1990, la inflación acumulada fue inmensa. Entonces se produce el segundo episodio de hiperinflación en julio de 1990 con una tasa de inflación mensual de casi 400% (la tasa mensual más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina). 

El gobierno de Fujimori se inicia en agosto de 1990 con la implementación de las medidas para enfrentar la franca hiperinflación del mes precedente. Este conjunto de medidas se conoce coloquialmente como el “Fujishock” y tienen un gran parecido con las ejecutadas en Bolivia en 1985. Dentro de las medidas se encontraban las siguientes: realizar un balance riguroso de los ingresos y gastos que debía realizar el gobierno, control estricto de la oferta monetaria, libre flotación de la tasa de cambio, aumento de los ingresos fiscales por nuevos impuestos y eliminación de excepciones, formulación y puesta en marcha de un programa de reformas estructurales para construir una economía basada en un Estado más facilitador que interventor con un sociedad más participante de la creación de riqueza. 

Los resultados de este programa lograron la recuperación del crecimiento económico a partir de 1991(entre 1988 y 1990 la economía se había contraído 9% promedio). La tasa de inflación pasó de 7.500% en 1990 a 400% en 1991. A partir de 1992 tasa de inflación disminuyó hasta llegar a un solo dígito en 1997. En el período 1997-2016 la tasa promedio de inflación anual fue 3,3%. En el mismo período, la tasa de crecimiento anual promedio de Perú ha sido 4,5%. El impacto ha sido evidente. El manejo de la hiperinflación en Perú abrió el camino para un país diferente. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2017

¿Cuanto dura una hiperinflación?

La hiperinflación está aquí. No se habla de otra cosa. El aumento de los precios adquiere características nunca padecidas por los venezolanos. La creencia o intención del gobierno de que podía hacer olvidar la situación con cualquier anuncio distractor, ya no la cree nadie. Lo cierto del caso es que las previsiones del FMI, reportadas en abril de 2016, es decir, hace 18 meses, se han concretado con toda su intensidad. Especialmente porque se inicia la hiperinflación con una contracción económica de casi cuatro años de evolución. Es decir, el país entra en una nueva fase de destrucción económica, la más grande que puede padecer una sociedad, en las peores condiciones.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus, la de Venezuela es la hiperinflación número 57 documentada en el mundo. Es la segunda hiperinflación del siglo XXI, después de la Zimbabwe entre 2007 y 2008. Además, es la segunda hiperinflación de un país de la OPEP, pero es la primera en un país de esta organización sin guerra civil. Por otra parte, es la primera hiperinflación en América Latina desde la sufrida por Perú en 1990. En otras palabras, esto es un desastre descomunal. Es indudable que la hiperinflación dividirá en dos la historia reciente del país.

Ya entrando entonces en esta nueva etapa, con la hiperinflación en cada esquina donde los venezolanos vayan a comprar algo, y en la total desprotección producida por la inmensa negligencia del gobierno, quizás sea bueno preguntarse cuánto tiempo puede durar. Especialmente cuando sabemos que cada día que pase es destrucción del ingreso, de la capacidad de compra de las familias, de hambre, de pérdida de protección en los servicios públicos. La hiperinflación va a trastocar la vida cotidiana de los venezolanos, en toda su extensión.

Para conocer la posible duración de los episodios de hiperinflación, se puede examinar lo que ha sucedido con los anteriores procesos. El promedio de duración de los 56 episodios previos es 11 meses. La minoría de los episodios son de la menor duración posible, esto es, un mes. Más de la mitad de los episodios duran al menos tres meses. Casi la mitad de los episodios han durado al menos un año, teniendo casos extremos como los de Nicaragua (57 meses), y de Azerbaiyán y Ucrania, casi 36 meses en ambos países. 

Todo lo anterior indica que si no existe la voluntad del gobierno para modificar esta situación, como es el caso de Venezuela, no queda duda de que la debacle hiperinflacionaria puede ser inmensa. Fundamentalmente porque la pretensión del actual gobierno no es resolver la hiperinflación, sino realizar unas elecciones que lo relegitimen. Pero eso no será necesariamente para emprender un programa de transformación económica. Nada de eso. De manera que, lamentablemente, lo que queda de 2017, y muy probablemente el año 2018, serán una etapa trágica para la vida de los venezolanos. La hiperinflación será el adversario más temible de todos los días. Sobre eso no habla el gobierno, por razones obvias. Los actores políticos y sociales apenas comienzan a apreciar la profundidad de la crisis hiperinflacionaria. Casi dos años después de que estaba en el horizonte. La historia determinará las responsabilidades de la tragedia que está destruyendo los medios de intercambios de los venezolanos. Keynes tenía mucha razón cuando dijo hace casi un siglo que la destrucción de la moneda es la mayor afectación de las sociedades.

Politemas, Tal Cual, 15 de noviembre de 2017

Negando la hiperinflación

La semana pasada el FMI presentó sus estimaciones económicas hasta el año 2022. De acuerdo con esos pronósticos, la tasa de inflación de Venezuela al final de este año sería 1.133%. Para el final de 2018 la inflación llegaría a 2.500%. Y de continuar esta tendencia, la tasa de inflación en 2022 sería 4.600%. Por supuesto, este es el escenario de continuar como van las cosas, esto es, sin que el gobierno nacional tome las medidas adecuadas a la brevedad posible.

La primera vez que el FMI señaló que la tasa de inflación de Venezuela llegaría a más de 1.000%, fue en abril de 2016. Ya se advertía en aquel momento la gravedad de la situación. Este año es el cuarto seguido en que la tasa de inflación del país es la más alta del mundo. Por primera vez en 25 años, América Latina y el Caribe tienen un país con una tasa de inflación superior a 100%. Solamente Zimbabwe tiene un récord inflacionario mayor que Venezuela en el siglo XXI. 

La situación inflacionaria del país ha superado ya todas las expectativas. El riesgo hiperinflacionario, esbozado el año pasado, es más creciente. Analistas nacionales e internacionales prácticamente han argumentado que estamos en los inicios del proceso hiperinflacionario. Si ello fuera el caso, sumaríamos a este rosario de calamidades que sería la segunda hiperinflación en un país de la OPEP, pero la primera en un país de la organización que no haya sido afectado por una guerra. No hay mucho más que agregar para ilustrar la magnitud de esta debacle económica.

A pesar de todas estas indicaciones, en la agenda pública el tema no recibe la atención que una emergencia de esta naturaleza exige. El gobierno ni siquiera ofrece cifras sobre la inflación. Desde finales de 2015 (es decir, casi dos años atrás), el BCV no publica los indicadores requeridos para conocer y analizar la marcha de la inflación. Por otra parte, las políticas económicas no han experimentado ningún cambio. Todo lo contrario, lo que se está implementado no hace otra cosa que agravar la situación. Llegado a cierto nivel, cada día más cercano, es más complicado intervenir para interrumpir la escalada hiperinflacionaria. 

En este contexto, la afectación de la población es total. La hiperinflación, de declararse definitivamente, es el peor estado de la destrucción de una economía. Todos los mecanismos de intercambio, incluyendo la velocidad que adquieren las transacciones, serán alterados y, por consiguiente, tendrán efectos devastadores sobre la moneda. Los ingresos de las familias, los bienes que consumen, los servicios que reciben, serán afectados en grado extremo. El deterioro social que se ha experimentado en los últimos cuatro años, se agravará de manera severa. 

Es totalmente irónico que una calamidad de estas proporciones esté avanzando sin que se aprecie como tema de discusión pública. La negación de la realidad está operando a toda marcha. De parte de los responsables de la política económica la evasión es total. Los efectos de sus acciones y omisiones se sentirán con toda fuerza en la medida que se desate más aún el deterioro inflacionario. Para toda la sociedad, especialmente para sus liderazgos políticos, productivos, laborales, eclesiales, académicos, esta es una situación que merece total atención. Está en juego, como decía Keynes, las bases fundamentales de la sociedad.

Politemas, Tal Cual, 18 de octubre de 2017

Desempleo tecnológico

En 1930, John Maynard Keynes se atrevió a visualizar el tipo de economía que se podría tener un siglo después. Lo escribió en el célebre ensayo “Economic possibilities for our granchildren”. La primera idea del ensayo era disentir de la posición que señalaba que el progreso de la humanidad había cesado y que el ritmo de mejoras en el bienestar también había disminuido. Keynes argumentó más bien su optimismo por las nuevas fronteras de progreso que se le abrían a la humanidad. Consideraba que un siglo después el mundo alcanzaría el estado en que se resolvería “el problema económico”.

Para Keynes, en 2030 el capital de la economía mundial habría crecido “siete veces y media”, suficiente para que el bienestar de las personas creciera entre “cuatro y ocho veces”. Señalaba Keynes que tales magnitudes permitirían a la humanidad resolver el problema económico. Y luego de alcanzar ese nivel, sigue Keynes, se produciría la pérdida de empleos por razones de desarrollo tecnológico. Es decir, personas perderían los empleos porque se habría producido un gran aumento en la creación de tecnologías. Sin embargo, esas pérdidas de empleo no representarían un gran problema: como se había resuelto el problema de la creación de riqueza, entonces se podrían tener trabajos de menos horas, se necesitaría trabajar menos tiempo para tener acceso a los bienes que derivarían de ese crecimiento. A ese fenómeno, Keynes identificó como “desempleo tecnológico”.

Poco menos de cien años después de este ensayo de Keynes, el mundo está presenciando cambios compatibles con lo pronosticado. Aunque la economía ha crecido más de ocho veces, es muy cierto que se ha producido un desplazamiento de empleos por la creación de nuevas tecnologías. Es verdad que se han generado nuevos tipos de empleos, pero no queda muy claro si esos empleos pueden ser desempeñados por todas las personas. En algunos países se ha producido una mayor automatización de los empleos, hasta el punto que se han empezado a implementar programas de “ingreso básico universal”, es decir, una asignación mensual que es independiente de la realización de un trabajo.

En todo este contexto, coloquemos la mirada en Venezuela. Las perspectivas que se le abren a una economía en franco proceso de destrucción son para empezar las peores para crear riqueza. A ella habría que sumar que la salida de recursos humanos del país, muchos de ellos con altos niveles de preparación, compromete la capacidad de crear riqueza en el mediano plazo. Y para remate, si los procesos de automatización, que avanzan a ritmo impresionante en países como Estados Unidos y China, van a traer como consecuencia el desplazamiento de empleos, entonces, ¿cómo quedaría nuestro país cuando está perdiendo calidad de empleos por todos los frentes? Es evidente que si hay algún país que está en estado de desprotección con respecto al desempleo tecnológico, ese es Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 11 de octubre de 2017

Huyendo en autobús

La conciencia de que la inflación es un proceso de destrucción, es cada vez mayor en el país. El ritmo indetenible de los precios afecta cada día más el bienestar de las familias. Para la mayoría de los hogares no alcanza el ingreso para la compra de los alimentos. Lo más grave es que cada día que pasa, sin ninguna política alternativa, las condiciones se complican. Es por ello que la brecha entre los ingresos y lo que se puede comprar, crece sin control. Desde que el FMI anunció el escenario hiperinflacionario para Venezuela, ya ha transcurrido año y medio, sin ninguna política dirigida a resolver este inmenso problema.

Los ciudadanos, entonces, han quedado en total estado de desprotección. Sin la posibilidad para mantener una vida estable, la opción considerada por muchos es sencillamente escapar de Venezuela. Un grupo considerable de ellos, jóvenes, sin muchos recursos, han decidido huir en autobús. Viajan hasta la frontera con Colombia. Esperan la hora definida para cruzar. Llegan a Cúcuta para continuar el viaje en autobús, hacia la ciudad de Surámerica en la que tengan algún familiar o contacto. Entonces viajan sin cesar hasta llegar al destino. Toman la precaución de seleccionar los autobuses de manera que puedan dormir en ellos. No tienen recursos para llegar a hoteles o moteles. Preparan comida para varios días. Pueden viajar hasta una semana completa, si es que su destino es tan lejos como Buenos Aires. Cuentan que en un autobús pueden ir decenas de ellos. Estas odiseas personales o familiares ilustran el drama que hoy viven los venezolanos. Se está huyendo en autobús de la destrucción que significa la alta inflación que vive el país, aniquiladora de toda opción de futuro.

Todos estos jóvenes van a encontrar en el trayecto países que han controlado la inflación, en los cuales los aumentos de precios de un año son los que se experimentan en Venezuela en un día. Muy probablemente no encuentren inicialmente el trabajo deseado, pero tendrán la posibilidad de vivir con mayor estabilidad que la que le puede ofrecer en este momento su país de origen. Para jóvenes veinteañeros este viaje es definitivamente volver a nacer. Muchos de ellos se adaptarán, con más o menos dificultad en su nuevo entorno, y podrán construir posibilidades que no tienen en Venezuela. Muchos harán una vida diferente a la que se imaginaron, tendrán nuevos arraigos y querencias. Ese viaje en autobús les enseñará una cara de la vida que seguramente nunca anticiparon.

Que un país presencie que la generación con mayor valor acumulado, en término de capacidades, en toda su historia, tenga que salir por cualquier vía, es ya una llamada de atención terrible. Pero también es una demostración evidente de la peor combinación de políticas económicas que hemos tenido en nuestra historia, y de la peor gestión económica en el mundo. Todo esto tiene origen en las políticas diseñadas e implementadas en el país en los últimos lustros. Los jóvenes que viajan en autobús para buscar opciones fuera de Venezuela son la demostración palpable del rumbo tan equivocado que se le ha impuesto a nuestra sociedad.

Politemas, Tal Cual, 4 de octubre de 2017

Las dimensiones de la mortalidad materna

La marcha de un sistema de salud se puede conocer por la situación de la mortalidad materna. Al igual que se toma solo una muestra para analizar la hemoglobina o los glóbulos blancos en toda la sangre del cuerpo, la mortalidad materna nos puede indicar en gran medida las características del funcionamiento del sistema de salud. En primer lugar, a pesar de que el número de muertes maternas es una pequeña proporción de las muertes totales en un país dado, su significación es muy alta. Porque la muerte de una madre tiene repercusiones familiares tremendas. Significan esposos sin su compañera, otros hijos sin su madre, y muy probablemente un recién nacido en riesgo. Por otra parte, las muertes maternas son altamente evitables, solo en eventos muy raros y complicados es difícil evitarlas. De manera que la reducción de la mortalidad materna al mínimo posible debería ser una meta fundamental de cualquier sistema de salud. Además, tendría un efecto sinérgico en otras áreas de atención como la mortalidad infantil o en salud reproductiva, solo por señalar dos.

La mortalidad materna se mide a través de la “razón de mortalidad materna”. Esto es, el número de muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el período de 42 días siguientes al parto, independientemente de la duración de la gestación, con relación al número de nacidos vivos registrados en un año dado. 

En Venezuela, el dato más reciente de la razón de mortalidad materna corresponde al año 2013, exactamente 68,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados de ese año, según se reporta en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hay que señalar que ya deberíamos tener el valor de este indicador hasta 2016. La cifra de 2013 es 34,1% superior a la que presentaba el país en 1998, cuando la razón de mortalidad materna era 51,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Dicho de otra manera, la razón de mortalidad materna de 2013 era similar a la de 1975. Es decir, prácticamente un retroceso de 40 años.

Veamos esta situación ahora desde una perspectiva comparada con los países de la región. Entre 1998 (o el año más cercano) y 2013, todos los países de la región disminuyeron la razón de mortalidad materna con excepción de tres: Cuba, Venezuela y Costa Rica (en orden de magnitud del aumento). El país con la menor razón de mortalidad materna en 2013 fue Chile con 15,2 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados. El aumento de la mortalidad materna de Venezuela solo es superado por el experimentado por Cuba (47%). De un total de 20 países de la región, 12 de ellos presentaron en 2013 una razón de mortalidad materna menor a la de Venezuela. Los países que tenían una razón de mortalidad materna superior a la de Venezuela eran: Honduras, Perú, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Haití y Bolivia.

Tomando en cuenta solamente lo que sucede con la mortalidad materna, es bastante obvio que el sistema de salud de Venezuela tiene uno de los desempeños más bajos de la región. A las restricciones de recursos, aumentadas en los últimos años, se debe sumar las limitaciones en la estrategia para identificar riesgos específicos en el caso de las mujeres embarazadas. Es muy posible que esta situación haya empeorado en los últimos cuatro años. Sin duda, las mujeres venezolanas deben tener en este momento el riesgo más alto en la región para morir o complicarse por eventos relacionados con el embarazo y el parto.

Politemas, Tal Cual, 13 de septiembre de 2017

Las dimensiones del hambre

La situación social se complica cada día. La ausencia de políticas públicas que reviertan el drama de empobrecimiento que confronta el país es el signo más crítico de los tiempos que vivimos. Es conveniente insistir en la estimación de las dimensiones que tiene situación más perentoria que afecta a las familias de millones de venezolanos, esto es, la dificultad de contar con los alimentos para las necesidades diarias.

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB y USB, ya indicaba que el 51% de los hogares no tenían el ingreso necesario para adquirir los alimentos de cada día. Es decir, se encontraban en pobreza extrema. Además, también se registró que el 93% de las personas indicaba que no alcanzaba el ingreso del hogar para conseguir los alimentos acostumbrados. Esto significa que aproximadamente 15 millones de personas están expuestas a todas las afecciones relacionadas con el hecho de no consumir los requerimientos calóricos y proteicos de una dieta normal.

En todo ese gran conjunto de personas, existe un grupo que está particularmente afectado. Se trata de los niños que se encuentran en este momento en gestación y aquellos que tienen menos de tres años de edad. Si asumimos que en el país se registran aproximadamente 500.000 nacimientos cada año, esto nos da un total aproximado de dos millones de niños. Esto es, 500.000 niños que nacerán en 2017 más 1.500.000 niños que tienen ahora menos de tres años. Si consideramos que la mitad de estos niños están viviendo en hogares que no tienen los ingresos para comprar los alimentos requeridos, el estimado de niños que están viviendo en condiciones críticas de alimentación, en las edades señaladas, es al menos 1.000.000. Sin embargo, hay que señalar que el porcentaje de pobreza extrema de 2017 es muy probable que sea mayor al presentado en 2016, con lo cual estamos hablando de un mayor número de niños en riesgo.

Ahora bien, es conveniente detallar las razones por las cuales es tan crítico garantizar la alimentación adecuada para los niños menores de tres años. Este período se ha denominado recientemente los “1000 días”, los cuales abarcan desde la concepción hasta que el niño cumpla los dos años. Actualmente se considera más bien hasta los tres años. Existe una variedad de procesos que se realizan en este período. La mielinización, a través de la cual se recubre las conexiones de las neuronas, se extiende hasta los dos primeros años. La formación de los sistemas de neurotransmisores encargados de mediar las recompensas, el afecto y el humor continúan hasta los primeros tres años. El hipocampo, el cual es la estructura encargada del reconocimiento y la memoria espacial, comienza su desarrollo a las 32 semanas de gestación y se extiende hasta los primeros 18 meses de vida. La formación de la corteza prefrontal, encargada de procesos complejos como la atención y la realización de múltiples tareas, se inicia en los primeros seis meses de vida. 

Si ese millón de niños no está recibiendo ahora los alimentos que los preparen para tener el máximo desarrollo cerebral y neurológico, entonces la capacidad del país (en su conjunto) de interactuar en la sociedad del conocimiento será cada día menor, justamente cuando es la orientación central en los países avanzados. Las dimensiones del hambre también son las dimensiones de nuestra brecha de atraso y empobrecimiento.

Politemas, Tal Cual, 6 de septiembre de 2017

De espaldas a los venezolanos

Los primeros actos de la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) han confirmado lo que se temía. Solo el hecho de haber realizado la convocatoria sin tener la aprobación del pueblo, como se establece en la Constitución, indica claramente el curso que seguirán las decisiones. Se trata de imponer una visión totalitaria de la sociedad, a través de una institucionalidad que no cuenta con el apoyo de los venezolanos. En las próximas semanas la ANC se dedicará a avanzar en esta pretensión. 

Todo ello sucede mientras la vida de los venezolanos es la peor que se tenga memoria. En el ámbito de la convivencia ciudadana, la existencia de cientos de detenidos por motivos políticos, en violación del debido proceso, sometidos a vejámenes, abusos y torturas, sin contacto con familiares, sin respeto a órdenes de excarcelación, constituye todo un expediente que ilustra las grandes restricciones de los derechos humanos en el país. A ello hay que agregar el gran sentimiento de pesar que existe por más de cien veinte muertes sucedidas en estos cuatro meses, justamente por el abuso de las fuerzas de seguridad pública. Lo más preocupante es que en las primeras horas luego de la instalación de la ANC, han arreciado estas acciones con detención e imputación de alcaldes, así como suspensión de derechos políticos a otros funcionarios públicos. En un clima de estas características, hablar de paz resulta un total contrasentido. 

También la escalada inflacionaria, tal como se había previsto desde 2015, ha llegado a topes históricos en el país. Ya tenemos año y medio sin cifras oficiales, y los estimados de organismos internacionales y especialistas nacionales indican que la tasa de inflación puede cerrar este año por encima de 1000%. Lo cual significaría el aumento de la destrucción productiva en dimensiones extraordinarias, con sus terribles consecuencias para las empresas y la estabilidad de los empleos. Prácticamente, se puede decir que la situación económica es de total sobrevivencia.

Con este cuadro, las dimensiones sociales de la crisis son de inusitadas proporciones. Nunca vistas en el país. Las básicas necesidades de alimentación no pueden ser satisfechas por la mayoría de la población. Ni hablar del acceso a medicamentos y otros bienes de consumo prioritario. Las perspectivas, en este escenario económico, son de un mayor empeoramiento de las condiciones sociales. Lamentablemente, Venezuela se acerca al precipicio hiperinflacionario con las consecuencias terribles que ello significa para la gran mayoría de los venezolanos.

Este panorama es consecuencia de las erradas políticas públicas diseñadas e implementadas en las últimas dos décadas. Ante este monumental fracaso, antes que modificar las políticas, se emprende una convocatoria de ANC que seguramente no tomará en cuenta estas situaciones, y peor aún, puede terminar aprobando normas que solo servirán para complicar estas circunstancias. Los diputados de la ANC terminarán hablando en un cuarto aislado, sin ninguna conexión con el país real. De espaldas, totalmente perdidos.

Politemas, Tal Cual, 9 de agosto de 2017

Demolición de la credibilidad electoral

El gobierno que tanto se vanaglorió de haber constituido el “mejor sistema electoral del mundo”, ha terminado por mostrar que todas esas supuestas virtudes se han evaporado. Los resultados anunciados el pasado domingo con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente no son creíbles, contradicen el sentido común y son consistentes con las innumerables objeciones que organismos internacionales y nacionales formularon durante todo el proceso.

Los principios del Poder Electoral, expresados claramente en el artículo 294 de la Constitución de 1999, son: “independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios”. Un somero análisis de la realidad política del país y las acciones del Poder Electoral, ilustran la distancia que existe entre la letra y la práctica. Baste con citar que el Poder Electoral aceptó sin titubeos que no se consultara al pueblo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 

También los eventos del 30 de julio demuestran la inexistencia de las garantías que son responsabilidad del Poder Electoral, tales como: “igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional”. Solo con indicar que en la elección se permitió que se eligiera un representante en cada municipio, independientemente de la población, se aprecia la dimensión entre la norma y la realidad.

De tal manera que luego de setenta años de las primeras elecciones de sufragio universal, los venezolanos no cuentan con un Poder Electoral que genere la confianza de todos los actores políticos. Las acciones y resultados relacionados con las elecciones más que unir a la población, se convierten en fuente de mayor división. Es obvio que la responsabilidad de las máximas autoridades que ejercen la mayoría en el CNE en esta situación es total. Con sus acciones y omisiones, han minado sistemáticamente la confiabilidad en la institución que genera las decisiones para seleccionar a los responsables de la gestión pública en el país. 

En estas condiciones, es decir, mientras permanezca la actual mayoría en el Poder Electoral, cada elección que se realice seguirá disminuyendo la credibilidad de la institución que debe velar por la majestad del voto de los venezolanos. Todo lo cual debe ser motivo de especial reflexión para los ciudadanos. Sin confiabilidad en el voto no hay posibilidad de democracia estable y bienestar. Los venezolanos de esta época lo estamos viviendo todos los días.

Politemas, Tal Cual, 2 de agosto de 2017

En defensa de la República

Venezuela se encuentra en medio de una semana histórica. Pocas veces en la vida se tiene la conciencia de que lo que está sucediendo es único, irrepetible. Para casi todos los venezolanos los acontecimientos de los últimos meses han sido extraordinarios, impensables hace poco tiempo atrás. A diferencia de otros momentos históricos, en los cuales lo imprevisto tuvo un papel especial, en estos meses ha existido una visualización en la cual ha participado toda la sociedad democrática.

La aprobación de las sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia en las cuales se anulaba a la Asamblea Nacional, hace casi cuatro meses, fueron interpretadas por el país sin confusión. Se trataba del intento deliberado por anular las pocas disposiciones constitucionales que estaban vigentes, para constituir un régimen totalitario, con todo el poder en pocas manos, y con la eliminación definitiva de la democracia como modo de vida y de gobierno.

Es por ello que desde principios de abril el país democrático se ha trasladado a la calle a manifestar reiteradamente en defensa del orden republicano. En esas manifestaciones ha quedado claro el nivel de civismo y entendimiento que los venezolanos tenemos de lo que está en juego. Ante esa determinación, demostrada incluso con más de cien personas asesinadas en el ejercicio de sus derechos políticos, y en el luto que ha afectado sus familias y a todo el país, cualquier gobierno con un mínimo de sensatez y apertura hubiera cesado la agresión, hubiera abierto las posibilidades de entendimiento, para encontrar soluciones y acuerdos.

No es el caso del régimen que se ha constituido desde hace casi 19 años en Venezuela. Se trata más bien de un régimen que quiere instalar en Venezuela un modelo totalitario, sin respeto a los derechos humanos ni a los procesos de una sociedad abierta y democrática. De allí que antes que buscar alternativas de entendimiento, se haya procedido a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en franca violación de los derechos del pueblo venezolano para decidir. Y ante esa convocatoria se ha producido una alineación de los poderes públicos dependientes del Ejecutivo. Como resultado se ha organizado para el próximo domingo 30 de julio la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que no puede ser más antidemocrática. Ante esta arremetida totalitaria, la Asamblea Nacional y la Fiscalía han respondido con la ejecución de las alternativas disponibles en el maltratado Estado de Derecho del país. Y por su parte, la sociedad política y civil del país han asumido la lucha en todos los terrenos disponibles: en la manifestación de voluntades como fue la consulta nacional del 16 de julio, en la protesta en las calles, en la difusión de contenidos en los medios no controlados. Todo ello ha reforzado la importancia de la defensa de la República y ha generado un mayor apoyo internacional.

Todas estas demostraciones no han generado cambio de rumbo en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Es evidente que la agresión totalitaria entiende la coyuntura como una oportunidad para tomar por completo al Estado, y decretar el cese de la República como la conocemos. No ha habido ningún en pudor en anunciar lo que vendrá después de esa elección. Por eso esta semana la sociedad democrática ha decidido apelar a los medios disponibles para defender la República. Para ello cada ciudadano debe colocar todo su empeño. La encrucijada es bastante evidente.

Politemas, Tal Cual, 26 de julio de 2017

La Unidad es lo fundamental

Casi ocho millones de venezolanos expresaron el domingo su total rechazo al totalitarismo, a la pretensión de imponer una Asamblea Nacional Constituyente. También hicieron un contundente llamado a obedecer y defender la Constitución por parte de todos los funcionarios públicos y la Fuerza Armada Nacional, y exigieron su respaldo a las decisiones de la Asamblea Nacional. Así mismo, aprobaron que se proceda con la renovación de los poderes públicos y el restablecimiento del orden constitucional a través de la realización de elecciones y la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional. Esta expresión ha sido contundente y realizada en todos los rincones del mundo en donde se organizaron venezolanos para emitir su opinión.

Esta demostración de apego a la democracia y a la República es resultado de un proceso laborioso de más de ocho años. No ha sido fortuita. La capacidad técnica y organizativa de la MUD se ha consolidado de manera sistemática, tanto en tiempo de elecciones como en tiempos de luchas ciudadanas. Ha sido el resultado de un compromiso profundo por construir una nueva mayoría política en Venezuela. Este esfuerzo ha tenido la visión de comprender que la alternativa ante la separación y el enfrentamiento, es la unidad y el trabajo mancomunado. No solo de los partidos políticos sino de toda la sociedad. Esos frutos que hoy se contemplan, se deben a la vocación de dialogar y acordar, formulada por los partidos políticos democráticos en momentos (2009) en que el gobierno parecía invencible y eterno. La larga construcción de esta capacidad y fortaleza se debe a la contribución permanente de millones de líderes, activistas, voluntarios, ciudadanos todos, comprometidos con la democracia y con una sociedad moderna y de bienestar sin exclusiones. Lo que hoy observamos es una hazaña democrática de las más relevantes en el mundo en los últimos cincuenta años. Por ella debemos sentirnos orgullosos, en cada pieza de esa gran obra todos los que han aportado tienen su huella y deben también tener su reconocimiento. Vaya desde aquí a todos ellos la palabra de felicitación en estos tiempos de mayores retos a la Unidad.

La Unidad entra en una fase más exigente. La arremetida totalitaria no luce que va a cesar. La elección del 30 de julio es un paso clave en la estrategia de anular la Constitución de 1999 y eliminar la República. A escasos días de esta fecha, la Unidad ha planteado a los venezolanos una estrategia que se irá desarrollando prácticamente hora a hora. Para el éxito de esta estrategia es fundamental el fortalecimiento de la Unidad, tanto de los líderes que están concertando ideas y posibilidades, como de los millones de venezolanos ansiosos de iniciar una transformación histórica del país. Es por ello indispensable actuar de manera integral, coherente, expresando opiniones, asumiendo con firmeza los compromisos colectivos. Es hora de crecer sobre la experiencia desarrollada, es hora de tener confianza en que los valores que han inspirado esta gran construcción colectiva son la base para las nuevas etapas. Es hora especial para comprobar que la Unidad es lo fundamental.

Politemas, Tal Cual, 19 de julio de 2017

Manifiesto por la República

El próximo 16 de julio será un día histórico. Millones de venezolanos acudirán a manifestar su opinión en la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional en ejercicio de la representatividad que tiene de la soberanía popular, y organizada en coordinación con amplios sectores de la sociedad civil. Se expresarán tanto los venezolanos que se encuentran en el país como los que viven en cientos de ciudades de todo el mundo. La consulta popular es una expresión del estado general de rechazo desarrollado luego de la convocatoria anti-constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque se debe recordar que las sentencias también anti-constitucionales del TSJ fueron el inicio del clima de manifestaciones y protestas que se ha extendido ya por tres meses. 

En el fondo de esta gran expresión democrática está la defensa de la República. La convicción de la gran mayoría de los venezolanos es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente elimina todas las características fundamentales de una República. Tal como es notorio, el carácter corporativo de la convocatoria consagra la conformación de sectores, seleccionados a discreción, con la eliminación del principio de “un voto por cada persona”. En otras palabras, ya la misma convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente conlleva la anulación de derechos ciudadanos al desconocer que la convocatoria solo puede hacerse con la aprobación previa del pueblo. 

No es solamente la convocatoria lo que está completamente fuera del marco constitucional. Son también todas las pretensiones ya esbozadas sobre el carácter eventual de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de un supra-poder, erigido sobre la completa eliminación de la actual constitución, y con el gran riesgo de suprimir los poderes públicos que han asumido posiciones contrarias a la voluntad oficial. En tales condiciones todos los atributos republicanos prácticamente cesarían en el momento de elegirse dicha Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que el riesgo es evidente, concreto. Y es por ello tan fundamental que la expresión de la consulta popular del próximo domingo sea contundente y masiva, como es en este momento la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. En primer lugar, para rechazar la convocatoria de la Constituyente, pero también para rechazar sus fundamentos, es decir, la aspiración de consolidar la tendencia totalitaria y estatista que ha predominado en Venezuela en los últimos 18 años. 

También será un manifiesto a favor de la República civil, con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y en la cual la Fuerza Armada Nacional cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución, es decir, respetuosa de los derechos humanos y en sujeción a las normas democráticas. Al mismo tiempo será una demanda nítida por el equilibrio de poderes y el cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el marco constitucional.

Finalmente, la consulta popular será una gran oportunidad para exigir el cumplimiento del cronograma de elecciones suspendido arbitrariamente desde el año pasado por el CNE y el rechazo a la violación que significó la anulación del referendo convocatorio. Tal exigencia será también expresión de la gran convicción que existe en Venezuela de que es fundamental la sustitución del actual gobierno por ser el causante de tantas penurias y sufrimientos para la abrumadora mayoría de los venezolanos. De manera directa el próximo domingo el pueblo venezolano expresará su exigencia por un Gobierno de Unidad Nacional, efectivo para resolver los problemas de los venezolanos y creador de posibilidades para prosperar y generar bienestar. Es una gran hora para manifestarse.

Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2017

El país más dependiente

La celebración del 5 de julio encuentra al país es una coyuntura singular. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con la elección fijada para el 30 de julio, y los anuncios realizados sobre sus características, indican que estamos en presencia de una situación muy crítica para la República. 

El 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia de la Corona de España, pero meses después, con la aprobación de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, se enunció el ideario político de dicha federación. Los Estados de Venezuela dejaron constancia con la aprobación de la Constitución de 1811, de las aspiraciones por “la mejor administración de justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad interior, proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra Libertad e Independencia política”, entre otros aspectos. Podría decirse que el bien general, la defensa y seguridad, la libertad y la independencia fueron los valores sobre los cuales se constituyó la República. En las circunstancias que vivimos es conveniente revisar la brecha que existe entre tales aspiraciones y lo que constatamos en el país en la actualidad.

El bien general no puede estar más maltrecho. Venezuela tiene la peor situación económica de la historia, con la destrucción productiva más significativa en país alguno sin conflicto bélico en el siglo XXI. Nos encontramos en el cuarto año de la recesión económica catalogada como la más grande de América Latina, y con la inflación más alta del mundo por cuarto año seguido, y con riesgo hiperinflacionario señalado por organismos internacionales y especialistas nacionales. Todo ello ha ocasionado el empobrecimiento más abrupto que se haya conocido también en América Latina en los últimos cincuenta años. Las cifras de pobreza total (más de 80% según las últimas mediciones), indican que la población está en las peores condiciones de alimentación, salud, protección en toda la historia.

La inseguridad de los ciudadanos también es la más crítica que se ha experimentado en el país. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Varias ciudades venezolanas están en la lista de las más violentas. Venezuela tiene la tasa de asesinatos más alta de América. A todo ello debe agregarse el control de zonas del país por grupos irregulares, que incluso pueden sobrepasar a las fuerzas del orden público. 

Finalmente, en cuanto a la libertad e independencia, la cantidad de violaciones a los derechos humanos, así como los signos evidentes de la influencia de gobiernos extranjeros en la conducción de las políticas, son signos evidentes de las graves limitaciones a la soberanía y al Estado de Derecho.

Todo lo anterior es una demostración contundente de que el país se encuentra en una de sus horas de mayor dependencia. En el contexto de la región, Venezuela es el país con mayores dudas sobre su porvenir político, económico y social. Quizás examinar las lecciones del 5 de julio de 1811 sea una fuente de las posibilidades que se pueden crear para defender la democracia y la República. En las siguientes semanas habrá oportunidades para demostrarlo.

Politemas, Tal Cual, 5 de julio de 2017

Los efectos de tres grandes crisis

La situación política en estos tres meses ha concentrado prácticamente la atención del país. Las manifestaciones han sido masivas, en todas las direcciones de nuestra geografía. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, en condiciones que afectan la decisión popular, ha generado una grave situación institucional. Las consecuencias de la elección del 30 de julio son de la mayor significación para la vigencia de la República. Es muy natural que el clima de la ciudadanía se haya volcado sobre esta coyuntura.

A pesar de que el aspecto político haya tenido esta repercusión, es bastante evidente que en el país coinciden tres crisis de gran envergadura. Cada una de ellas por separado ya representaría una gran complicación. La combinación de las tres crisis explica que Venezuela sea en este momento una referencia mundial para tipificar las alteraciones de la gobernabilidad. Para comenzar, la crisis política se manifiesta en la eliminación de toda elección con plena vigencia democrática. Con todas las consecuencias que ello trae para la estabilidad. La crisis económica es expresión del período de mayor caída de la actividad productiva, considerado por los especialistas como la mayor recesión, incluso de América Latina. Estamos en el cuarto año de recesión, en niveles de contracción realmente impresionantes. La crisis social se manifiesta en el empobrecimiento más notable en la historia del país, y el más abrupto en América Latina en los últimos cincuenta años. Es sin dudas, una catástrofe social de la mayor magnitud en el siglo XXI.

Las tres crisis se han combinado con mayor fuerza desde el año pasado. Lamentablemente ninguna de las políticas tomadas por el gobierno ha marchado en la dirección correcta. Todo lo contrario, en la medida que se ha avanzado en este período hay mayor deterioro productivo, incluso de la principal fuente de ingresos del país como es la industria petrolera. Los vaticinios de los especialistas indican que la inflación aumentará en la segunda mitad del año con sus terribles efectos en mayor reducción de la capacidad de compra y destrucción económica. 

Ya no es posible separar estas crisis. Cada una de ellas tiene vida propia y afecta las otras dimensiones. Con la actual dirección en la que el gobierno quiere seguir conduciendo a la sociedad, no es posible frenar el deterioro e implementar soluciones adecuadas. Es bastante obvio que solo es posible modificar estas tendencias si se produce un cambio en la conducción política. Todo lo cual pone especial valor en la circunstancia de una eventual Asamblea Constituyente que permitiría crear un nuevo orden político de naturaleza totalitaria. Es también evidente que los efectos de ese nuevo orden van a complicar las condiciones económicas del país y, por ende, la situación social. Venezuela es hoy por hoy una demostración plena de que el desarrollo requiere coherencia en las políticas, integralidad. Los efectos de la incoherencia y la inestabilidad han trastocado dramáticamente las condiciones concretas de todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de junio de 2017

Criminales de lesa humanidad

Las violaciones a los Derechos Humanos de las últimas semanas no tienen antecedentes en la historia del país. Ante millones de venezolanos que han tomado las calles para manifestar y expresar de viva voz sus opiniones y reclamos, se ha impuesto una acción sistemática y violenta por parte de aquellos que tienen armas y recursos que han sido entregados por la República para proteger las vidas y bienes de los ciudadanos. Quienes deben actuar en resguardo de la seguridad ciudadana se han convertido en agresores, imponiendo de manera inclemente y muchas veces con saña, un clima de terror y persecución. 

Los resultados de estas acciones han sido muy lamentables. Casi un centenar de ciudadanos han muerto a consecuencia de disparos. También se cuentan por centenares los heridos. Y a esas terribles cifras, que han enlutado y afectado a tantos hogares, se debe agregar los miles que han sido detenidos y acosados. Todos estos hechos configuran una situación en la que las fuerzas del Estado se han convertido en una gran amenaza para la vida de la sociedad. 

Para enfrentar estas situaciones se aprobó en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el texto se indica que en el siglo pasado “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Esto es justamente lo que ha sucedido en Venezuela, se ha sobrepasado cualquier límite del respeto que le deben los responsables del orden público a los ciudadanos que manifiestan pacíficamente. Más adelante, el Estatuto de Roma reconoce que tales crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

El artículo 5 del Estatuto indica los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Dentro de ellos se incluyen los crímenes de lesa humanidad. El artículo 7 señala que los crímenes de lesa humanidad corresponden a los actos que se cometan como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Y dentro de esos actos se mencionan el asesinato, el traslado forzoso de la poblacion, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, la desaparición forzada de personas, y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Si algo ha quedado evidenciado en estos casi tres meses en Venezuela, es que las supuestas fuerzas del orden público han realizado actos que pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. Dichos delitos, como lo señala, el artículo 29 del Estatuto, no prescriben. Por cada uno de los crímenes de lesa humanidad existe un criminal de lesa humanidad. Más temprano que tarde los procedimientos de la justicia servirán para que se castigue a todos aquellos que se han valido de un uniforme para dañar la vida de los venezolanos. Esos crímenes serán castigados y esos criminales deberán cumplir las condenas. Para que nunca más se cometa un crimen de lesa humanidad contra ningún ciudadano de la República.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2017

Solo le queda la fuerza

A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas. 

Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.

En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución. La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.

Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera. Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.

La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del pais. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país. 

Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión. Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular. 

Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral. El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 14 de junio de 2017

En la calle está la Democracia

Los venezolanos han salido a la calle a manifestar desde hace dos meses. Lo han hecho con mucha indignación, con mucha fuerza, en todos los rincones del país, de manera persistente. Han manifestado personas de todas las edades, procedencias y preferencias políticas. El común denominador ha sido la protesta ante la arremetida totalitaria, propia de las dictaduras. Los manifestantes han expresado que rechazan las violaciones del Estado de Derecho, la eliminación de las elecciones desde el año pasado, la reclusión de cientos de líderes como presos políticos, la vulneración de las competencias de la Asamblea Nacional electa de manera contundente en 2015, y el tremendo deterioro social y económico que padecen todos los ciudadanos.

Pocas veces en la historia del país la calle ha sido de manera tan nítida el espacio para la construcción de la Democracia. La primera vez fue el 14 de febrero de 1936. Manuel Caballero lo expresó: “lo que afloró ese día fue la mentalidad democrática de la población”. Con la mayor manifestación que se había producido, y quizás la mayor en términos proporcionales en toda la historia del país. Y es por esa misma razón que también Caballero señaló que desde esa fecha “Venezuela vive en democracia”. Para que se impusiera ese tremendo cambio, de la sociedad de la autocracia gomecista a una sociedad con ansias de apertura, la experiencia de la calle fue fundamental. En aquel día la gente salió a exigir un gobierno que no concentrara todo el poder. Los resultados fueron contundentes: los presos políticos fueron liberados, los exilados regresaron al país, el gobierno redujo el período de siete a cinco años, se abrieron los cauces institucionales. La tiranía gomecista en gran medida había quedado en la historia. 

En 2017 la gente que está en la calle es expresión de la evolución democrática que ha experimentado el país en más de ochenta años. Incluso los que no han conocido sino a este gobierno, indican todos los días que tienen muchas razones para aspirar el cambio. La calidad de la Democracia a la que se aspira es mayor. Tanto en las prácticas institucionales como en los contenidos concretos de bienestar. La gran equivocación de quienes lideran esta arremetida totalitaria es pensar que es posible limitar la expresión democrática de los venezolanos. Utilizan todas sus fuerzas para impedirla.

Es bueno recordar que en todos estos años la sociedad democrática ha exigido el pleno respeto del Estado de Derecho. Ante los acosos y excesos se ha respondido con perseverancia, proponiendo un camino constitucional, institucional, pacífico, electoral. El éxito ha sido indudable porque no le ha quedado más remedio al gobierno que cerrar todas las opciones para evitar que quede en evidencia que la gran mayoría del país ya no lo acompaña. La opción que ha propuesto el gobierno ha sido una nueva arremetida totalitaria con la convocatoria al fraude constituyente. 

Es por ello que la presencia en la calle se ha convertido en la referencia de las exigencias del tipo de Democracia a la que aspiran los venezolanos. No es solamente el rechazo a la Constituyente, es también la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional, la atención a la extraordinaria crisis económica y social, y especialmente, la determinación de un camino electoral que permita la sustitución de este gobierno tan nefasto para los venezolanos. Lo que está en la calle en estos días, lamentablemente con las agresiones, abusos, y asesinatos que enlutan a todo el país, es la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos por tener una Democracia plena.

Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2017

En el límite

El país vive días decisivos. La arremetida totalitaria continúa de manera incesante, sin visos de rectificación. Los plazos y procesos para la convocatoria de la Asamblea Constituyente son seguidos sin chistar por la mayoría de rectores del CNE. Para la importancia que debe tener una convocatoria de esta significación, todo luce apresurado, atropellado.

Esta arremetida totalitaria es la opción seleccionada por un gobierno prácticamente aborrecido por la gran mayoría del país. Luego de la anulación de todas las consultas electorales, lo que le ha quedado es construir una institucionalidad en la que puedan asumir la totalidad del control de la sociedad. Esa es la estrategia, como ha quedado bien expuesto. 

El problema de fondo es que esta propuesta totalitaria elimina la República. Es decir, acaba con más de dos siglos de continuidad en un sistema de gobierno fundamentado en la concepción de la igualdad de todos los ciudadanos. Es verdad que en estos dos siglos el país vivió muchos gobiernos autoritarios, pero justamente la aspiración de la mayor democracia fue el eje que permitió el desarrollo político del país. Lo que se pretende es eliminar el principio de “un ciudadano, un voto”, es decir, con la selección de los constituyentistas por sectores, no solo se establece un modelo corporativo, típico de los regímenes fascistas, sino que se anula el principio de que solo es posible un voto por cada ciudadano. En la práctica, muchas personas podrían votar más de una vez, con la plena destrucción de las bases republicanas. 

De allí que sea de especial importancia que la gran mayoría opuesta a esta arremetida totalitaria, esté expresando sistemáticamente el rechazo a esta convocatoria, y a todas las violaciones previas al Estado de Derecho. La conciencia de la gravedad de esta situación es lo que probablemente impulsará una nueva fase del rechazo a esta iniciativa. Ahora bien, también es clave que la fracción de la población que todavía acompaña esta gran equivocación perciba con la mayor claridad lo que está en juego. Las consecuencias serían funestas: eliminación de todos los poderes públicos contrarios y represión de todas las opiniones contrarias. Es bastante evidente que la imposición de esta visión solo se puede hacer a través del predominio de la fuerza. Lo cual le da a la Fuerza Armada una tremenda responsabilidad en esta hora.

Enfrentar esta situación límite requiere mucha solidez, tanto en el ámbito internacional como nacional. La conciencia de los riesgos que confronta Venezuela es una convicción bastante extendida en la comunidad internacional. Los esfuerzos de las últimas semanas son claras demostraciones. Esperemos que la conjunción de estas iniciativas pueda concretarse. En el plano nacional es clave la acción coordinada de manera agresiva en la medida que se avanza con el cronograma. Prácticamente en menos de dos meses, de acuerdo con lo propuesto, estaría vigente el nuevo entramado totalitario. La presencia en todos los espacios de la oposición a la arremetida totalitaria es la consigna del día. El objetivo es impedir estas pretensiones. El tiempo realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 31 de mayo de 2017

La nueva mayoría

En las últimas semanas millones de venezolanos han expresado a todo lo largo y ancho del país el rechazo frontal al actual gobierno, a sus pretensiones totalitarias, a sus prácticas completamente anti-democráticas, al control que quiere ejercer sobre la sociedad. Casi el 70% de la población, según recientes encuestas de opinión, indica que el gobierno se ha convertido en una dictadura. Las manifestaciones realizadas han puesto en evidencia que una nueva mayoría política ha tomado las calles, luego de la eliminación de las opciones electorales desde octubre del año pasado.

Ya en diciembre de 2015, con motivo de la elección de la Asamblea Nacional, se había confirmado sin ninguna duda que la matriz política del país se había modificado sustancialmente. La mayoría política que se había consolidado desde diciembre de 1998 ha dejado de ser tal. La expresión de esta nueva mayoría en la composición de la Asamblea Nacional, con 112 diputados, dejó muy claro que la fuerza política del actual gobierno se ha desvanecido. Conviene precisar las razones para la generación de esta nueva mayoría. En modo alguno ha sido un proceso fortuito. Ha sido más bien el producto de una estrategia consistente, sistemática.

Hace poco más de ocho años, exactamente el 15 de febrero de 2009, el gobierno del presidente Chávez había logrado la aprobación de la reforma constitucional para incluir la reelección indefinida para todos los cargos. La popularidad del gobierno era inmensa, así como los beneficios que se obtenían de los altos precios del petróleo. En tales circunstancias, muchas personas no se podían imaginar que un gobierno con esas fortalezas pudiera ser derrotado políticamente. Y es en esa coyuntura que la alianza constituida por la Mesa de la Unidad Democrática se propone dar los pasos, a través de una estrategia democrática, constitucional, pacífica y electoral, para que se construyera en el país una nueva mayoría política. Tal acuerdo se plantea a la opinión pública a mediados de 2009.

Todo lo que se ha desarrollado desde esa fecha, dentro del marco de la Unidad Democrática, ha respondido a la ejecución de esa estrategia. Dentro de las posibilidades y restricciones que condicionan la acción de una alianza política amplia y plural. Ya desde 2010, con la participación nuevamente en la Asamblea Nacional, y luego con la disputa electoral de 2012, fundamentada en la realización de elecciones primarias para todos los cargos, y la definición de un programa para el Gobierno Nacional, se demostró la naturaleza de la amplia aspiración para concretar dicha mayoría política. La elección presidencial de abril de 2013 fue una demostración ostentible de la fortaleza de la alternativa democrática. Hasta el punto que a finales de 2015 ya se había manifestado al ganar ampliamente la mayoría de la Asamblea Nacional. Visto en el contexto de la región, es bastante evidente que esta alianza se ha consolidado y avanzado en el objetivo propuesto.

Hoy el actual gobierno tiene la popularidad en el suelo, su visión totalitaria y su incompetencia está a la vista de todos los actores nacionales e internacionales, el desastre de su gestión se manifiesta en el peor desempeño económico del mundo en el Siglo XXI. Sus errores han sido monumentales. La gran mayoría del país lo que desea es la sustitución por los medios institucionales y democráticos del actual gobierno. Los pasos que todos los días se dan en Venezuela indican que la nueva mayoría es irreversible, que se trata de persistir en la Unidad, con la convicción de que es la mejor opción para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 24 de mayo de 2017

En contra de todo el país

Tal parece que en el Alto Gobierno existen indicios de que la idea de la convocatoria de la constituyente no goza de buena salud. Solo así se pueden explicar las “aclaratorias” y tardanzas en la ejecución del plan.

Comencemos con las “aclaratorias”. De acuerdo con la propuesta del gobierno, la convocatoria de la constituyente significaría un nuevo orden político. Es decir, según el gobierno, se aprobaría una nueva constitución con nuevas reglas. En consecuencia, eso significa que todos los lapsos políticos quedan modificados. Por ello se podría inferir que el período del actual gobierno quedaría dependiendo de esa aprobación. Dicho de otra forma, en el momento que se convoque la supuesta constituyente, cesaría el actual gobierno. Una especie de “recorte presidencial” anticipado. De hecho, el coordinador de la comisión organizadora ha recordado que el propio presidente ha colocado el cargo a la orden del pueblo. 

Y resulta que ahora se ha “aclarado” que la cosa no es así. Que en realidad si habría elecciones en 2018 para la presidencia, pero sin ninguna mención de las otras elecciones pendientes (gobiernos regionales y locales). Tal parece que alguien se dio cuenta de los riesgos que se corren, y prefirió echar marcha atrás. Por aquello de que es mejor un plazo definido que quedar en el limbo. Pero la jugada es demasiado burda. Si hubiera una pizca de honor en el Alto Gobierno, el rechazo a la convocatoria de la constituyente significaría que “alguien” debería enviar su renuncia. Ya sabemos que no se debe esperar un gesto de tanta nobleza.

Sigamos con las tardanzas. Resulta que dos semanas después del anuncio de la convocatoria, el gobierno tiene menos aliados de la idea que lo que había previsto. A las reuniones convocadas no han acudido representantes de la Unidad Democrática, ni la Iglesia Católica, ni los sectores productivos, ni los sectores académicos, por mencionar algunos. Lo que se ha evidenciado es un inmenso rechazo a la convocatoria de una constituyente que acaba con la República como la hemos conocido desde 1810. Es por ello que la comisión coordinadora hace esfuerzos desesperados para sumar adeptos, pide que la reciban en algunos ámbitos, al menos para lograr algún apoyo. También en el interior del gobierno existen sectores que han manifestado sus reservas sobre el curso seleccionado.

En cualquier otra circunstancia esto sería visto como una derrota anticipada. El gobierno debería retroceder en la iniciativa o presentar una opción más viable. Pero esa no es la forma de proceder de este gobierno. Lo más probable es que se quiera seguir avanzando por dos vías. En primer lugar, por la inmensa represión que se ha desatado de parte de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Las muertes sucedidas en las últimas horas son demostraciones muy claras de esta tendencia. En segundo lugar, con el diseño de una propuesta de constituyente por parte del CNE en total contradicción con el sentido político y la normativa constitucional. 

La posibilidad de que este escenario se pueda revertir dependerá de la reacción de la sociedad democrática. No hay duda de que la persistencia del gobierno traerá una respuesta nacional e internacional directamente proporcional a esta arremetida anti-republicana. Lo que está por verse es si un gobierno tan debilitado, tan rechazado, que inspira tanta desconfianza ante propios y extraños, pueda imponerse ante todo un país que defiende la República.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2017

¡Que vivan mis estudiantes!

La frase es todo un argumento. Una expresión surgida desde adentro, muy sentida. La pronunció una señora en una de las tantas manifestaciones que se han sucedido en Caracas en el último mes. La señora tiene la Enfermedad de Parkinson, por eso dijo que no podía hablar fluido. Pero la frase salió contundente y serena. Totalmente clara. Quería señalar en una sola idea su admiración y solidaridad, ahí mismo en la calle, con los miles de estudiantes que han participado activamente en las jornadas ciudadanas por la defensa de la democracia y el pleno ejercicio del Estado de Derecho en Venezuela.

La expresión es compartida por todos. Los estudiantes han acudido nuevamente a la calle a manifestar sus opiniones y aspiraciones. Como otras veces en la historia, ellos han sido un baluarte fundamental en la lucha por construir un mejor país, son por naturaleza auténticos, críticos, expresan sus opiniones sin temor a las represalias, reaccionan ante la injusticia, muchas veces son temerarios y aguerridos. En los momentos que vive el país, cuando un gobierno arremete completamente contra la institucionalidad democrática, cuando ya no queda ninguna duda de su vocación totalitaria, cuando afianza sus prácticas dictatoriales, los estudiantes venezolanos se han convertido es un sector fundamental para enfrentar estas tendencias, y especialmente, para expresar una dirección diferente.

Los estudiantes de 2017 son hijos de la democracia. Aún cuando muchos de ellos eran muy pequeños, o incluso no habían nacido cuando comenzó este largo gobierno, han vivido en familias que vivieron de acuerdo con las reglas de una democracia. Sus padres crecieron en una sociedad abierta, con limitaciones al poder, es verdad que no era perfecta, pero las diferencias se dirimían con votos y protestas, no había reelección indefinida. Lo que estos estudiantes vivieron en sus familias, se completó en espacios educativos abiertos y promotores del diálogo, sea en los liceos o en las universidades. Y si a eso sumamos que han crecido en medio de un gran cambio tecnológico global, en el cual ha proliferado el acceso a la información, y ha convertido a cada persona en un promotor generador de ideas, se entiende entonces que estamos en presencia de la generacíón de venezolanos que ha tenido mayor capacidad de vincularse a redes nacionales e internacionales.

Por eso la señora dice que “vivan” los estudiantes. Quiere señalar que reconoce el valor de ellos para la sociedad venezolana. Que son motivo de especial orgullo y admiración. También es un llamado para que los estudiantes se cuiden, para indicar que sus vidas son muy importantes, valiosas, para que no tomen riesgos innecesarios, para que actúen siempre en coordinación. Las muertes ocurridas en este mes, cada una de ellas, es una pérdida irreparable para sus familias y para la sociedad. De allí que también todos los liderazgos del país, políticos y sociales, deban coincidir en proteger el bienestar de cada uno de los estudiantes. 

Las circunstancias que vive el país, con un gobierno agónico pero empeñado en subsistir, indican que la presión por una solución política aumentará. Y, en consecuencia, la participación de los estudiantes también se incrementará. Los estudiantes de 2017 están luchando por el país, pero también por su futuro, representan genuinamente las aspiraciones de una mejor sociedad. Sin duda, los acontecimientos de las últimas semanas indican que los estudiantes venezolanos serán fundamentales para lograr la transformación política, y también para lograr las transformaciones económicas y sociales que lleven a Venezuela al siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 10 de mayo de 2017