Las lejanas metas de los ODS 2030

La semana pasada (del 31 de marzo al 4 de abril) se realizó en Santiago de Chile el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible organizado por la CEPAL. El objetivo general del Foro era revisar el progreso y los desafíos regionales ante el cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en el año 2010 a escala global.

Antes del Foro se difundió el Octavo Informe sobre el progreso de la Agenda 2030. La revisión del informe no deja dudas sobre las pocas posibilidades de que se cumplan las metas involucradas con los ODS 2030. Con el actual ritmo de progreso solo un 23% de las metas se podrán cumplir. El 41% de las metas progresan en la dirección adecuada, pero a un ritmo que no garantiza que efectivamente se puedan cumplir. El 36% restante de las metas se encuentra sin progresos, o incluso en la dirección contraria a lo establecido.

Cuando se detalla el progreso por ODS (son 17), los resultados son más preocupantes. En los ODS 1 (reducción de la pobreza), ODS 2 (erradicar el hambre), ODS 10 (reducción de la desigualdad), ODS 13 (acción por el clima), y ODS 16 (paz, justicia, e instituciones eficaces e inclusivas), no se alcanzarán ninguna de sus metas. El informe también reporta que para el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 15 (ecosistemas terrestres) ni siquiera se puede definir una tendencia con respecto al progreso o retroceso. En los otros ODS los avances, en general, no se realizan al ritmo requerido.

El pronóstico señalado en el informe no sorprende. Es la consecuencia de no contar en los países con las capacidades institucionales necesarias para cumplir con las metas (no solo las relacionadas con los ODS sino con todas las metas de la gestión de los gobiernos). La primera capacidad es la que se deriva del compromiso de los líderes políticos (que luego ejercen el gobierno) para que la gestión pública sea efectiva y contribuya al desarrollo sostenible. Si esta primera capacidad no existe o no se asume a plenitud, es muy poco probable que se pueda avanzar con éxito.

No es suficiente, sin embargo, el compromiso de los líderes. Al menos cuatro funciones estratégicas (capacidades) se deben ejecutar con orden y profundidad. Estas funciones son: planificar para el mediano y largo plazo, generar y asignar los recursos requeridos, disponer de los mecanismos de seguimiento e información, y evaluar periódicamente los progresos. Al realizar todas estas funciones es posible identificar los cambios y adaptaciones requeridas para avanzar en la dirección de las metas.

Realizar estas funciones no es una actividad periódica. Es decir, que se realiza cada año o incluso en intervalos más largos. Todo lo contrario, es una actividad permanente que requiere información útil generada en tiempo real. La brecha de los gobiernos de América Latina y el Caribe para realizar estas funciones es justamente la razón por la cual no pueden cumplir las metas de los ODS en 2030. Estas evidentes debilidades se han constituido en una de las principales restricciones para el desarrollo sostenible en la región.

Politemas, Tal Cual, 10 de abril de 2025

El rezago para medir el impacto de políticas públicas

En 2019, con el propósito de mejorar las capacidades de los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), propuso la denominada Recomendación sobre la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

La Recomendación de la OECD incluye ocho principios para aumentar la coherencia de políticas, a saber: (1) proveer información para la toma de decisiones y ajustar las políticas en función de los potenciales efectos negativos, (2) considerar los efectos de las políticas sobre el bienestar de las personas, (3) incorporar todos los actores relevantes, (4) alinear prioridades y promover la acción coordinada en todos los niveles de gobierno, (5) movilizar la acción integral de los gobiernos hacia el desarrollo sostenible, (6) satisfacer de manera equilibrada las necesidades presentes y las de las futuras generaciones, (7) sacar provecho de las sinergias y beneficios compartidos entre las políticas económicas, sociales y ambientales, y (8) resolver las divergencias entre las políticas, incluyendo aquellas entre las políticas internas y externas de los países. Hasta la fecha, la Recomendación es el único estándar internacional para guiar a los países en la formulación de estrategias y planes de Políticas Coherentes para el Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la OECD publicó un documento que revisa la evolución en la implementación de la Recomendación. El propósito del documento es identificar los avances y restricciones en el objetivo de mejorar la coherencia de políticas. La información se obtuvo a través de un cuestionario respondido por los encargados en los países. Se reconoce en el documento los avances promovidos por la Recomendación para apoyar el compromiso político, la visión estratégica, y la participación de múltiples actores. Se hace especial mención a la relevancia de los efectos de las políticas en ámbitos externos, y a las mejoras en las capacidades de coordinación de los gobiernos.

También el documento indica notables restricciones en la implementación de la Recomendación. La primera de estas restricciones es el limitado desarrollo de métodos para estimar e identificar los impactos de las políticas públicas. Se señala en el documento que esta restricción es más significativa cuando se refiere a los impactos externos de las políticas, es decir, cuando intervienen en otras áreas de políticas. También se destaca en este aspecto las brechas para la planificación de políticas, y la integración entre políticas y presupuesto.

La segunda gran restricción mencionada corresponde a las dificultades para definir marcos amplios para la definición de políticas que tomen en cuenta las distintas manifestaciones fuera de su ámbito. Un ejemplo puede estar relacionado con las políticas que afectan la producción en sectores manufactureros con sus implicaciones en ámbitos de salud o ambientales, entre otros. Se destaca en el reporte las dificultades para contar con el apoyo político que subsane esta restricción.

Aunque los hallazgos mencionados se refieren a los países vinculados con la OECD, estas restricciones también son muy frecuentes en América Latina y denotan las brechas que tiene la región para el diseño y seguimiento de políticas públicas, y especialmente, para identificar riesgos en tiempo y espacio, con sus consiguientes exigencias para la calidad de las decisiones. Medir el impacto de políticas públicas parece seguir siendo un área de especial rezago en el contexto global.

Politemas Tal Cual, 17 de julio de 2024

Menos opciones para el desarrollo sostenible

La conclusión de Naciones Unidas, expresada en el último reporte sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, no deja lugar a dudas. Se indica con total claridad “los efectos combinados del clima, la COVID-19 y las injusticias económicas están dejando a muchos países en desarrollo menos opciones y menos recursos todavía para hacer realidad los Objetivos (ODS)”.

El reporte detalla que la evaluación de 140 metas (las que tienen información disponible) indica que la mitad de ellas están moderada o gravemente desencaminadas. Peor aún, más del 30% de las metas no han avanzado, o incluso han retrocedido con respecto a los valores de referencia de 2015. Algunos ejemplos expresan estas restricciones. En 2030 casi 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema. Solo la tercera parte de los países habrá disminuido la pobreza a la mitad de los valores comprometidos. También el reporte expresa una gran alarma: en la actualidad se constata en el mundo más hambre que en 2005. En 2030, de continuar estas tendencias, 84 millones de niños no estarán escolarizados, y 300 millones de jóvenes abandonarán las escuelas sin leer ni escribir.

Resulta muy justificada la llamada de atención de Naciones Unidas sobre este decepcionante panorama. El propósito es insistir en los cambios que permitan avanzar en escenarios más promisorios. Dentro de las razones anotadas para estos retrocesos en las opciones de desarrollo, se puede incluir la calidad de los liderazgos de los gobiernos. Si es verdad que en estos nueve años (desde 2015) se ha progresado en crear mayor conciencia sobre la importancia de los ODS, es también bastante evidente que estos avances no han influido directamente en la gestión de los gobiernos.

Antes que se inicie la gestión, los gobiernos se conforman por líderes electos (en la mayoría de los casos). Independientemente de la calidad de los sistemas electorales (que puede variar mucho a escala global), estos líderes acuden con frecuencia sin el conocimiento y experiencia sobre los grandes temas de desarrollo. Muchas veces en sus discursos de toma de posesión se evidencia que estos tópicos no son ni siquiera expresados. Se acude a la repetición de contenidos bastante divorciados de las realidades urgentes que señala el último reporte de Naciones Unidas. Como resultado, la gestión que se deriva de esos conceptos no puede orientarse con la efectividad requerida para ser exitosa. Los efectos de estas prácticas están a la vista en todos los contextos del mundo, pero especialmente en los países con menos recursos y más problemas.

No es suficiente contar con buenos liderazgos políticos. Es también crítico diseñar políticas exitosas. Para ello se requiere calidad técnica, adaptación a los contextos específicos de los países, y recursos humanos preparados para la implementación de múltiples decisiones en contextos de alta complejidad. Pocos gobiernos tienen estas condiciones. Y, nuevamente, los resultados de estas omisiones están a la vista en los difíciles escenarios para transitar hasta 2030. Sin buenas ideas los problemas solo pueden agravarse.

Si se quiere dar un cambio sustantivo a estas tendencias tan preocupantes para el desarrollo sostenible, es fundamental centrar también la atención en la calidad de los liderazgos políticos y en las mejoras sostenidas de la gestión pública. Estas son asignaturas pendientes, y muchas veces olvidadas en el ámbito de América Latina. No pueden extrañar los deficientes resultados.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2023

La brecha en las políticas de desarrollo sostenible

En la última semana del mes pasado, 25 a 28 de abril, se realizó en Santiago de Chile la Sexta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Cepal. En esta reunión del Foro participaron los gobiernos de la región con el propósito de analizar la evolución de los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro expresan el conjunto de aspectos en los cuales existe el consenso de los gobiernos de los países de la región. Son exactamente 110 puntos acordados por los gobiernos. Quizás el de mayor relevancia para las políticas de desarrollo sostenible es el punto 8.

En el punto 8 de este documento se indica que los gobiernos observan con preocupación que las metas de los ODS establecidas para el año 2020, no se han cumplido plenamente. Expresan un llamado a las instancias internacionales para que fortalezcan las decisiones en esta materia. Y luego, se citan en este punto las diversas políticas públicas que deberían priorizarse. Estas políticas son las siguientes: la protección de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de datos oportunos, tanto en calidad como en los niveles desagregados, la participación de los jóvenes, el incremento de los recursos financieros, y la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo.

Tal como está redactado el punto 8, pareciera que esas políticas mencionadas son responsabilidad de la comunidad internacional. No se menciona la directa vinculación de estas políticas con las decisiones u omisiones que cada día tienen los gobiernos de la región sobre estos aspectos. Cada una de estas políticas debería requerir la mejor calidad en el diseño y la respectiva asignación de recursos por parte de los gobiernos de los países.

Cada una de las áreas de políticas públicas debería responder a las específicas realidades de los países, pero también dentro de ellos. Solo con imaginar los diferentes niveles de biodiversidad que pueden tener México y Paraguay, se tiene una idea de los requerimientos particulares en cada caso. De igual manera, las mejoras en la disponibilidad de datos oportunos y en su desagregación, son muy distintas en países de menor extensión como El Salvador, y en países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina.

Una primera dimensión de la brecha de políticas de desarrollo sostenible, está relacionada con el hecho de que corresponden más bien al ámbito de los gobiernos de los países, y no a la comunidad internacional, como se menciona en el documento. La segunda dimensión de la brecha está asociada con la falta de explicitación, al menos de las características generales que deberían tener las políticas públicas mencionadas en el punto 8. De hecho, también parece más apropiado que se hubiera recomendado a los gobiernos diseñar o actualizar estas políticas públicas con el propósito de tomar en cuenta las modalidades para alcanzar los ODS en 2030.

Visto lo anterior, no solo la región tiene restricciones significativas para conocer la evolución de los ODS (por las limitaciones en los sistemas de información), también existen limitaciones en el diseño de las políticas públicas relacionadas. Es bastante claro que sin mejoras sustantivas en las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, el desarrollo sostenible en América seguirá teniendo progresos muy limitados en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2023

El silencio de Lula ante el desarrollo sostenible

La relevancia de Brasil en el contexto internacional es un hecho incontrovertible. Tanto por la significación política que proviene de ser uno de los países más grandes y poblados del mundo, como por la inmensa importancia para el equilibrio ambiental global. De manera que la visión y acciones de los gobiernos brasileños, para bien o para mal, pueden tener influencia en otros ámbitos, especialmente en otros países de América Latina.

El inicio del nuevo gobierno en Brasil, encabezado por el presidente Lula, a principios de este año, era una buena oportunidad para establecer las líneas de la gestión, y enmarcarlas en el espacio más amplio del desarrollo internacional. Y dentro de esta perspectiva, en principio, no existe mayor reto que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. El discurso de toma de posesión del presidente Lula era un momento ideal para indicar los lineamientos de las políticas del nuevo gobierno brasileño sobre el desarrollo sostenible,

Lo cierto del caso es que el presidente Lula no mencionó ni siquiera una vez al desarrollo sostenible en su discurso de toma de posesión. Tampoco señaló ningún comentario sobre los ODS. Vale preguntarse sobre las razones para que uno de los países con mayor presencia internacional de América Latina opte por el silencio (al menos de su presidente) ante un tema de la envergadura actual y futura como el desarrollo sostenible.

Una primera hipótesis es que los asesores del presidente Lula decidieron no incorporar el tema en el discurso inaugural. Es poco probable que esta exclusión se debiera a desconocimiento. Un tema de esta importancia forma parte de los conceptos y prácticas de una burocracia tan experimentada como la brasileña. Quizás más bien se debe a que no se consideró que era conveniente vincular la gestión del gobierno al cumplimiento de los ODS. Porque eso implicaba establecer metas concretas para el período de la gestión del presidente Lula. Obviamente, esto significaba comprometerse ante la opinión pública nacional e internacional. Resultaba más flexible no vincular la gestión con estos objetivos tan específicos. La segunda hipótesis es que estas menciones fueran inicialmente incluidas por el equipo de asesores, y que el presidente Lula decidiera eliminarlas de su discurso, por las mismas razones señaladas. Lo cierto del caso, en cualquiera de las opciones, es que el resultado final fue la exclusión de las menciones sobre el desarrollo sostenible en el texto del discurso presidencial.

Que el presidente de una nación tan relevante como Brasil comience una gestión sin indicar expresamente su posición sobre el desarrollo sostenible y los ODS no es un evento menor. Más bien es un llamado de atención a la comunidad internacional, y especialmente a la relacionada con la asistencia técnica y financiera multilateral, sobre la real viabilidad que tiene el esfuerzo de casi diez años en promover los ODS a escala global. Tal parece que no solo no se alcanzarán las metas en 2030, sino que ya no existen los consensos, al menos en países tan representativos como Brasil para impulsar las políticas públicas necesarias para cumplir con los ODS. Podría ser que los ODS han quedado como simple retórica, cada día más en desuso, sin mayores implicaciones para la vida concreta y angustiosa que llevan millones de latinoamericanos. El silencio del presidente Lula ha resultado ensordecedor.

Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2023

Malas perspectivas para los ODS en AL y el Caribe

Entre el 25 y 28 de abril, en poco menos de dos semanas, se celebrará la VI reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de la Cepal en Santiago de Chile. En esta reunión se pasará revista a la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

En anticipación a esta reunión, Naciones Unidas ha preparado un avance regional con el análisis de la situación de los ODS. En este avance se indica que solamente el 32% de las metas para América Latina y el Caribe tiene un pronóstico promisorio y positivo. En el 46% de las metas se necesita una aceleración de la tendencia para alcanzarlas en 2030. En el 22% de las metas se debe revertir el estancamiento. Esta evaluación se refiere al conjunto de América Latina y el Caribe, no a países por separado, lo cual podría estar disponible más adelante, quizás para el momento que se inaugure la reunión del Foro.

Quizás una reflexión que podrían hacer los representantes de los países, es la ausencia de explicitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprecia en las prioridades de los liderazgos políticos, y de los gobiernos. Es poco probable que los países puedan alcanzar las metas sin que los liderazgos políticos, vale decir, los presidentes y ministros, asuman la importancia de los ODS, pero más importante, que sean capaces de liderar los cambios institucionales y de asignación de recursos públicos. Es decir, el cumplimiento de las metas no es un evento azaroso, sin planificación. Todo lo contrario, alcanzar las metas supone un esfuerzo riguroso y sistemático por muchos años. Los países que ya han alcanzado estas metas han desarrollado también políticas adecuadas en los años precedentes.

Otra reflexión que puede ocupar la atención de los representantes de los países, es la revisión de las pautas por las cuales se vinculan los acuerdos internacionales con la intricada cadena de mecanismos que abarcan desde el diseño de políticas y programas, hasta la evaluación de políticas. El hecho de que, transcurridos ocho años desde la aprobación de los ODS, todavía los resultados muestren tan bajo desempeño, es indicativo de las limitaciones en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan a los gobiernos de la región.

Es bastante probable que, en el examen de estas severas restricciones de los gobiernos, también se detengan los representantes de los países en las extraordinarias debilidades de los sistemas de información relacionados con los ODS. En la gran mayoría de los países los datos más recientes corresponden a dos o tres años atrás. Por ejemplo, de la calidad educativa, seguridad alimentaria,o de la protección financiera de salud. Es decir, son prácticamente irrelevantes para la toma de decisiones. Ojalá que los gobiernos de los países, con la cooperación de las agencias técnicas internacionales y los organismos financieros, acuerden el diseño de sistemas de información que permitan el seguimiento lo más periódico posible de los ODS. Es muy previsible que estos nuevos sistemas de información representen innovaciones sustanciales para las prácticas actuales en los países.

Es evidente, al menos por los análisis de los organismos internacionales, que existe una extraordinaria brecha entre la pertinencia de los ODS y los resultados que se pueden pronosticar en el momento actual. También son evidentes las notorias restricciones de los liderazgos políticos de la región para enfrentar estratégicamente los ODS. Las consecuencias en el bienestar de millones de ciudadanos de la región también son incontestables.

Politemas, Tal Cual, 12 de abril de 2023

Sin mediciones no habrá protección financiera de la salud

En 2030, de acuerdo con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no debe existir en ningún país un hogar en situación de gasto catastrófico en salud. Esto significa que en ningún hogar se debe pagar, con cargo a los ingresos mensuales de sus miembros, más del 10% en gastos de salud. En otras palabras, el gasto de bolsillo de los hogares no puede sobrepasar cada mes el 10% de los ingresos. Entonces, el gasto catastrófico en 2030 debería ser 0% en todos los países (ningún hogar gastaría más de 10% en salud de su bolsillo).

Este objetivo (conocido también como 3.8 de los ODS) tiene una importancia fundamental. Si no se garantiza que cada hogar esté protegido financieramente, obviamente no se puede esperar que las personas de ese hogar reciban la cantidad y calidad de los servicios de salud requeridos. Tan sencillo como eso. De manera que la protección financiera, es decir, que no exista gasto catastrófico en los niveles señalados, se convierte en un objetivo de políticas de salud de la mayor envergadura. De no cumplirse, no hay forma de que los ciudadanos obtengan las prestaciones de salud para tener una vida sana y productiva. La experiencia comparada señala que sólo fortaleciendo las fuentes públicas de financiamiento es posible alcanzar la mayor protección financiera y el mayor acceso a los servicios de salud.

Uno supone que un objetivo de tal importancia debería ser monitoreado periódicamente. Esto es, que las sociedades de cada país tuvieran acceso regular a la información necesaria para saber si se acercan al 0% de gasto catastrófico. La realidad, sin embargo, demuestra que no es tan fácil. La última información disponible para comparaciones internacionales del gasto catastrófico se encuentra en un informe conjunto de la OMS y el Banco Mundial publicado el 12 de diciembre de 2021. Este informe se publica cada dos años. Es decir, el próximo informe se publicará a finales del año en curso. No resulta muy compatible con la importancia de esta medición, que solo se pueda conocer cada dos años. Es demasiado tiempo para saber si las políticas de protección financiera en salud tienen impacto. Y, por supuesto, tomará más tiempo para implementar los correctivos. Mientras eso pasa, millones de personas pueden estar afectadas seriamente en el acceso a la protección financiera y a los servicios de salud.

Más impactante resulta cuando se revisan las cifras disponibles en el último informe señalado. En América Latina los países con mediciones más “recientes” de gasto catastrófico son Bolivia y Perú. Esas mediciones son del año 2019 (es decir, son mediciones pre-pandémicas), son casi obsoletas desde la perspectiva de diseño de políticas de salud. En Bolivia, de acuerdo con esa medición de 2019, el porcentaje de gasto catastrófico es 4,6; mientras que en Perú es 8,4 (ambas cifras muy superiores al 0% requerido, y sin contar los efectos de la pandemia). El extremo de la región es Honduras con la última medición reportada en 2004 (hace casi 20 años). Países como Paraguay, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, no tienen mediciones desde hace 10 años. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una medición en ese informe. Es muy directo suponer que, con mediciones tan desactualizadas, la calidad de las políticas de salud debe ser también muy limitada.

Uno también imagina que, en contextos de mayor institucionalidad para las políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, las mediciones de un indicador de esta relevancia deberían ser más regulares. Lamentablemente, no es así. El país de la Unión Europea con la medición más “reciente” de gasto catastrófico, en el informe señalado, es España en 2019 (correspondiente a 7,9% de la población). Hay países como Austria y Suecia que tienen más de 20 años sin mediciones de gasto catastrófico (reportada en el informe citado). Sólo cuatro países de la Unión Europea (España, Eslovenia, Bulgaria, y Chipre) tienen mediciones de gasto catastrófico en salud en los últimos cinco años. En los casos de Bulgaria y Chipre más del 20% de la población estaba en situación de gasto catastrófico para el momento de la medición. Tomando en cuenta los efectos de la pandemia es bastante evidente que la única forma de saber la magnitud de la población que está fuera de la protección financiera en los países de la Unión Europea es realizando mediciones. Si se han realizado estas mediciones y no están disponibles para comparaciones internacional es una cosa, más serio es que no se hayan realizado. Lamentablemente sólo lo sabremos a finales de este año cuando se publique el nuevo reporte de OMS y el Banco Mundial.

Ante esta ausencia notable de mediciones, una gran pregunta es si efectivamente es un objetivo asumido por los gobiernos que los países alcancen el nivel de 0% de gasto catastrófico requerido para 2030. No pareciera muy claro. Y esta situación abarca a áreas tan diferentes institucionalmente como América Latina y la Unión Europea. Se impone entonces una profunda reflexión sobre estas perspectivas, por una parte, y por la otra, la generación de mediciones regulares de gasto catastrófico. Solo con mediciones mensuales, obtenidas a través de sistemas de “tracking” basados en encuestas de hogares por muestreo, pueden los gobiernos conocer las variaciones en la población afectada por el gasto catastrófico, y diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para lograr la meta de 0% en 2030. De lo contrario, las magnitudes de la desprotección financiera serán desconocidas, con terribles consecuencias para los cientos de millones de hogares en la región. La cooperación de gobiernos, sectores privados, organismos de cooperación internacional, puede ser de extraordinaria significación en esta tarea. Se requiere medir, actuar, volver a medir, volver a actuar. Sin cesar.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2023

Mal pronóstico para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El último informe de la Fundación Bill y Melinda Gates lo fundamenta con solidez: en la tendencia actual no se cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Este análisis corresponde a siete de las áreas de los ODS en el contexto global. Siendo que se está a mitad de camino hasta el año 2030, se señala en el informe la necesidad de cambiar la estrategia, si de verdad se quieren alcanzar los ODS.

La erradicación de la pobreza extrema (esto es, la proporción de la población que no puede sufragar el costo de la cesta de alimentos), no será alcanzada en el 2030, tal como se señala en el informe. En el peor escenario, la pobreza extrema afectará al 8,6% la población. Tampoco se alcanzará la meta de que solo el 15% de los niños menores de cinco años tengan retraso del crecimiento, debido a las restricciones de la ingesta. En realidad, según el reporte, el mejor escenario previsto indica que será 20%, y en el peor 24%. Es decir, en este peor escenario, casi la cuarta parte de los niños del mundo tendrán retraso en el crecimiento en 2030.

La mortalidad materna, en la tendencia actual, será en 2030 el doble de lo que se había propuesto. Esto es, al contrario de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, será 140 en el escenario de referencia, pero en el peor escenario la mortalidad materna puede llegar a 199 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. La mortalidad en menores de cinco años podría alcanzar el nivel previsto (25 muertes por cada 1000 nacidos vivos), siempre y cuando se cumpla el mejor escenario. Si fuera el peor escenario, la mortalidad en menores de cinco años podría llegar a 33 muertes por cada 1000 nacidos vivos. En el caso de la mortalidad neonatal, también se alcanzaría la meta solo en el mejor escenario.

La incidencia de VIH, en el mejor escenario, sería seis veces más que lo estimado para 2030. En el caso de la tuberculosis, también en el mejor escenario, sería cuatro veces más que lo previsto. Tampoco la incidencia de malaria sería alcanzada, más bien se mantendría sin variaciones en el escenario de referencia. Con respecto a la cobertura de los servicios de planificación familiar, en el mejor escenario solo se alcanzaría cerca de 80% de la requerida. La cobertura universal de salud, en el mejor de los casos, llegaría a 69%, cuando se había propuesto 100% para 2030. La cobertura de saneamiento adecuado sería 66% en el mejor de los casos, cuando se propone que sea 100% en 2030. La proporción de niños que no tendrán niveles adecuados de lectura alcanzará al 64% de la población, aunque en la meta se había estipulado que debía 0%.

Ante estos decepcionantes escenarios, es fundamental identificar las restricciones. En el ámbito particular de América Latina, es bastante obvio que los ODS no figuran en las prioridades de los liderazgos políticos , ni de los gobiernos. Tampoco existe la información necesaria para el seguimiento de los ODS, por ejemplo, de la calidad educativa, o de la seguridad alimentaria. En estas condiciones, alcanzar los ODS requerirá un profundo cambio en la calidad de los liderazgos y de los gobiernos, así como métodos novedosos para obtener información. En resumen, no se puede llegar a las metas, cuando no se quiere llegar y no se quiere medir. Es bastante simple en realidad.

Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2022

El desarrollo sostenible en los discursos presidenciales

En 2015 se adoptaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se fijó el año 2030 como referencia para alcanzarlos. Estos ODS fueron ordenados en 17 áreas, desde la eliminación de la pobreza y el hambre, hasta la protección general del planeta.

Para el cumplimiento de los ODS se propuso la generación de múltiples consensos entre los gobiernos de los países, instituciones de investigación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores. También se consideró que alcanzar los ODS requería que todos los países asumieran procesos de planificación para garantizar las decisiones e inversiones necesarias.

Han pasado siete años desde la adopción de los ODS. Con una pandemia de casi tres años de duración, existen muchos indicios de que el ritmo de evolución en el cumplimiento se ha alterado desfavorablemente en muchos países. Obviamente, esto debería significar un mayor énfasis en los ODS, justamente por el tiempo perdido con los consiguientes efectos en el bienestar de las personas. Entonces, se podría esperar que los nuevos gobernantes electos, por ejemplo, en América Latina, insistieran sistemáticamente en los ODS, y especialmente, en las políticas públicas que se deben implementar para lograrlos.

En la práctica, lamentablemente, el cumplimiento de los ODS es un tópico inexistente en los discursos presidenciales, al menos de los presidentes que han tomado posesión en América Latina en 2022. Los nuevos presidentes de Costa Rica, Chile, y Colombia, han iniciado sus gobiernos entre marzo y agosto del presente año. En los tres discursos de toma de posesión no existe ninguna mención de los ODS, ni de ninguna de las metas, ni mucho menos se señala el año 2030 como plazo para su cumplimiento. No existe ninguna referencia a esos compromisos, mucho menos una interpretación de la situación de sus países con respecto al cumplimiento de los ODS. Y esto sucede en tres de los países de la región con mayores capacidades institucionales.

La consecuencia previsible de esta falta de orientación de políticas con respecto a los ODS, es que poco probable que se formulen los respectivos planes de gobierno, se asignen los recursos necesarios, y se realice el seguimiento. Si los máximos líderes de las administraciones públicas nacionales no tienen la visión sobre los ODS, es bastante previsible que estas metas no significarán una prioridad para la institucionalidad de los países.

En este contexto, cabe preguntarse cuál será la evolución de los ODS cuando no existen los procesos de planificación y diseño de políticas, con respaldo de los altos responsables de la gestión publica en los gobiernos nacionales de la región. También es un hecho notorio que el tema no está en la agenda pública de los países. Se puede imaginar que, en estas condiciones, no existirán progresos sistemáticos para alcanzar los ODS en la región. Dicho de otra manera, la falta de prioridad que asignan los líderes de los gobiernos a los ODS, es un factor que limitará su cumplimiento, con el correspondiente efecto negativo en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Es una perspectiva verdaderamente preocupante.

Politemas, Tal Cual, 21 de septiembre de 2022

América Latina: sin calidad educativa, sin futuro

Se ha demostrado suficientemente que América Latina ha sido la región del mundo con mayor afectación en número de casos y muertes por covid-19 en términos de la población en toda la pandemia. También se ha evidenciado la inmensa pérdida de días de escolaridad en todos los niveles educativos de América Latina.

Superar la brecha que se ha agravado con la pandemia, supone, en primer lugar, conocer cuál es la situación real con respecto a la calidad de la educación. De hecho, la calidad de la educación constituye el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben cumplir para el año 2030. En el Objetivo 4.1.1. se establece el seguimiento que se debe hacer de la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas en tres niveles: en segundo y tercer grado de educación primaria, al final de la educación primaria, y al final del nivel inicial de la educación secundaria.

De tal manera que, en principio, tener la información sobre el Objetivo 4.1.1. puede dar un buen punto de referencia para el análisis de la calidad educativa en la región. Sin embargo, al ubicar la información en Our World in Data de la Universidad de Oxford, en el sitio específico para el seguimiento del ODS 4, se constata que el período que cubre es de 2010 a 2015. Es decir que, al día de hoy, se tiene un rezago de siete años.

Con el propósito de indagar si existe información más reciente, se puede revisar el último informe de la UNESCO correspondiente a los años 2021 y 2022. De acuerdo con esta información disponible, se obtiene el siguiente balance.

Solo dos países de la región (Bolivia y Cuba), tienen información sobre las competencias de los estudiantes en lectura y matemáticas en segundo y tercer grado de primaria. En el caso de Bolivia la información disponible corresponde al año 2015. En Cuba corresponde al año 2019. También solo estos dos países tienen información sobre las competencias en lectura y matemáticas al final de la educación primaria (en Bolivia para 2015, y en Cuba para 2019).

En el tercer nivel, la etapa inicial de la secundaria, se dispone de información de 14 países (sobre un total de 20). Los países sin información en este grupo son: Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Perú, y Venezuela. En Ecuador, Guatemala, Honduras, y Paraguay, los últimos datos disponibles son de 2015. Es decir, en la mitad de los países de la región o no existe información sobre calidad en este nivel educativo, o tienen un retraso de siete años. En el resto de países de este grupo, solo Cuba y Chile tienen información de 2019 (en Cuba en lectura y matemáticas, y en Chile para matemáticas). En este grupo, solo dos países (Chile y Cuba) superan el 60% de población escolar que alcanza el mínimo de competencias en lectura, y solo Cuba supera el 60% de las competencias en matemáticas.

En este contexto, cuando en el mejor de los casos la información disponible sobre calidad educativa corresponde al último año antes de la pandemia, no luce muy convincente que la región tenga los detalles necesarios para superar esa brecha. No es aceptable que la discusión sobre políticas para mejorar la calidad educativa comience a partir de datos que están completamente obsoletos. La gran innovación que se puede hacer por la calidad de la educación es América Latina es tener información en tiempo real. De lo contrario, acordar sobre políticas públicas seguirá siendo la gran rareza de la región.

Politemas, Tal Cual, 4 de agosto de 2022

¿Cuántas personas tienen inseguridad alimentaria en AL?

Con la excepción de las situaciones en que esté en riesgo la vida por acciones violentas, no existe mayor inseguridad para personas y familias que la producida por no tener los alimentos disponibles cada día, en cantidad y calidad. Es una situación de inseguridad que se presenta frecuentemente, y que se expresa en que al final del día decenas de millones de personas en América Latina no hayan ingerido los alimentos requeridos.

La importancia de eliminar el riesgo de la inseguridad alimentaria se expresa en su inclusión dentro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), los cuales deberán alcanzarse en el año 2030. De allí que se ha establecido que para el año 2030 deberá eliminarse la inseguridad alimentaria moderada y severa en todos los países. La Organización de la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) es la encargada de sistematizar y difundir la información relacionada con los progresos para alcanzar esta meta. Los datos respectivos están disponibles de manera abierta en internet.

La reducción de la inseguridad alimentaria se obtiene a través de adecuadas políticas públicas en cada país. Obviamente, el primer paso para conocer la brecha con respecto a la meta es tener la información de base o el punto de partida. Esa información permitiría realizar los ajustes en las respectivas políticas con la mayor celeridad y pertinencia.

Si se quisiera conocer cuál es la situación más reciente de inseguridad alimentaria en los países de América Latina, la información disponible en el sitio web de la FAO mencionado permite señalar los siguientes aspectos. La información más reciente disponible corresponde al año 2020 en trece países. Sin embargo, en los restantes siete países (Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Venezuela) no existe información para ese año.

Este rezago de año y medio, entre el momento actual y la última información disponible, impide por supuesto conocer en detalle cuál es la situación en tiempo real de la inseguridad alimentaria. Por la misma razón no es posible analizar si las políticas públicas que se están implementando tienen las características requeridas para tener el impacto necesario.

En este contexto, que es común a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprecia con claridad la distancia entre los requerimientos de información y la toma de decisiones. Para reducir esta brecha se requiere diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permitan la actualización en tiempo real de las variaciones, en este caso, de la inseguridad alimentaria.

La puesta en marcha de estos sistemas requiere, en primer lugar, que los gobiernos nacionales otorguen la prioridad requerida, y, en segundo lugar, que en la ejecución puedan participar múltiples instituciones sociales, políticas, técnicas, y académicas, especialmente en los ámbitos descentralizados. De no realizarse cambios sustantivos en la forma de obtener esta información, el rezago en las condiciones sociales de cientos de millones de latinoamericanos se seguirá midiendo en años.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2022

Mal pronóstico para la Cobertura Universal de Salud

Hace pocas semanas, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración política al finalizar la reunión de alto nivel de los jefes de gobierno sobre Cobertura Universal de Salud. Sin rodeos, la declaración reconoce que las acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 2030) relacionadas con la Cobertura Universal de Salud son inadecuadas. También se señala que el nivel de progreso hasta la fecha es sencillamente insuficiente.

En este contexto, sigue la declaración, la posibilidad de garantizar servicios de salud a la mitad de la población del mundo (que ahora no los tiene), será inalcanzable. De especial significación es el hecho que no se podrá tampoco cumplir con la meta de protección financiera universal en salud. Esto implica que continuarán afectados los 800 millones de personas que en la actualidad deben gastar de su bolsillo más del 10% del ingreso mensual para cubrir los costos de la salud. Y también se agravará la situación de los 100 millones de personas que caen cada año por debajo de la línea de pobreza por el gasto de bolsillo que deben asignar para sufragar la salud. Todas estas circunstancias están afectadas por el hecho de que a escala global menos del 40% de los gastos de atención primaria de salud proviene de fuentes públicas.

En el fondo, el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el que alerta esta declaración política, tiene una razón central: la creencia y práctica extendida en muchos países de que es posible alcanzar la protección financiera universal con políticas de salud que no enfaticen la inversión pública. Dicho de otra forma: solo a través del fortalecimiento de las fuentes públicas de financiamiento será posible alcanzar la cobertura financiera de la salud.

La causa es tan sencilla como poco asumida, especialmente en el ámbito de América Latina, solo por citar un área del mundo emergente. Se trata de que las imperfecciones del mercado tienen una expresión muy marcada en los servicios de salud. La intervención pública es fundamental para que aquellos que no tienen los recursos, y son generalmente los que tienen menos nivel educativo, trabajos menos protegidos, y menos acceso a las fuentes de información, puedan acceder a servicios de salud con la requerida calidad.

Esta es la justificación de política pública para que, en los países de alto ingreso, exista la preponderancia de las fuentes públicas en el financiamiento de la salud. Esto ha significado que, en estos países, algunos de ellos con economías altamente intensivas en creación de valor, el gasto de bolsillo de los ciudadanos en salud se encuentre entre los más bajos del mundo (baste citar los casos de Dinamarca, Japón, entre otros). En los diez países con menor gasto de bolsillo en la OECD, el 80% de todo el gasto de salud proviene de fuentes públicas.

En América Latina la tendencia ha sido otra. En nueve países de la región, más del 35% del gasto de salud es aportado por las personas. En algunos de ellos, como Brasil y Venezuela, la gran mayoría del gasto de salud proviene de fuentes privadas. En consecuencia, es obvio que no se alcanzará la meta de protección financiera en 2030. Todo lo contrario, en muchos países los riesgos de retroceso de la cobertura son marcados. Y en algunos, como es el caso de Colombia, con notables avances en las últimas décadas, corren el riesgo de retroceder por las dificultades para el crecimiento económico o por las restricciones fiscales, o por las dos cosas.

Es evidente que el logro de la cobertura financiera de salud supone la transformación total de la concepción de lo público en nuestros países. Las experiencias estatistas de las últimas décadas han contribuido a desprestigiar el valor de la participación pública, en ámbitos tan justificados como la salud. La ausencia del debate sobre estas opciones, y el rechazo a apreciar las evidencias de los países más avanzados en esta materia, no han hecho otra cosa que ampliar la brecha de políticas, y, por ende, terminar alejando a millones de latinoamericanos de las posibilidades de servicios de salud de calidad con protección financiera universal.

El mal pronóstico es el resultado de la ausencia de visión y liderazgo para imaginar nuevas posibilidades que permitan acordar sobre los recursos públicos en sociedades democráticas. No alcanzar la cobertura universal de salud es, fundamentalmente, una falla de la gobernabilidad democrática.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2019

¿Hacia dónde es el "desarrollo en transición"?

En días recientes se presentó el documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición”, elaborado en conjunto por CEPAL, OECD, CAF y la Comisión Europea. Con el concepto “desarrollo en transición” se propone enfatizar un tipo de desarrollo inclusivo y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben alcanzar en 2030. 

En el documento se justifica, tal como se ha hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, que el desarrollo no puede tomar en cuenta solamente el criterio del ingreso per cápita. En la misma dirección de los avances en las últimas décadas en estudios del desarrollo, se propone que las políticas a implementar deben ser multidimensionales. También el documento insiste en cuatro “trampas del desarrollo” en América Latina, a saber: productividad, vulnerabilidad social, institucional, y ambiental. 

En el documento se recomienda que para avanzar en el “desarrollo en transición”, los países de América Latina deben: (1) mejorar el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, (2) elaborar planes nacionales de desarrollo, (3) invertir mejor, y (4) generar consensos para superar las complejidades de la economía política de las reformas. Sin desconocer que estas cuatro medidas son siempre necesarias, no es tan claro que ellas por si solas sean condición suficiente para alcanzar el llamado “desarrollo en transición”. 

Aunque el documento presenta algunas de las brechas que confronta la región, no se menciona una de las más críticas: la relacionada con el tipo de productos que se elaboran. No es solo la brecha de productividad, esto es, que se produzcan menos productos o de menor calidad. Es que el tipo de productos que creamos no son compatibles con los que se demandan cada día más en sociedad intensivas en conocimiento. Es decir, no se puede “transitar” a un nuevo estadio de desarrollo cuando no se establece la brecha de conocimiento. Es por la misma razón que las sociedades industriales desplazaron a las sociedades agrícolas. No era en primer lugar la forma de organizarse políticamente, eran las modalidades de producción. 

No puede extrañar, entonces, que no se mencione en el documento que se debe ampliar el la generación de conocimientos en las sociedades de América Latina. Que la transformación sustantiva de las condiciones de vida es consecuencia de un cambio fundamental en lo que se produce. Y que para ello se deben modificar las prioridades generales de la sociedad. Esto es, que la asignación de los recursos públicos debe tener como centro la conversión de sociedades que utilizan conocimientos a sociedades que crean conocimientos. De manera que la interacción entre gobiernos, empresas y universidades pasa a ser el eje de la vinculación con el desarrollo. El documento también deja en evidencia que son los liderazgos políticos los que están en mejor posición para indicar las políticas que deberán movilizar a la región a construir sociedades de conocimientos. Que la discusión esté centrada en el “desarrollo en transición” sin considerar la generación de conocimientos, solo revela que las dimensiones de la brecha son mayores a lo imaginado.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2019

La brecha de políticas: guía para la acción

El concepto de “brecha” tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el deporte se identifica el máximo registro alcanzado y se elaboran planes de entrenamiento para mejorar las marcas. La idea es que en la medida que se mejore el desempeño de deportistas (individuales o por equipos), se reduce la brecha con respecto a los campeones. En esa dinámica, por supuesto también puede pasar que los campeones logren ampliar la brecha porque consiguen mejores registros. Esto explica que en pruebas de velocidad, solo por citar un caso, los récords actuales hubieran sido inimaginables décadas atrás. 

De igual manera, empresas o universidades utilizan las brechas para superar su desempeño. Se identifica en determinado mercado o contexto de investigación a aquellos que tengan el mejor desempeño. Y a través del análisis de los métodos que utilizan, y en la aplicación de innovaciones, entonces puede esperarse que algunas empresas superen las ventas de otras, o que coloquen mejores productos a disposición de los consumidores. 

La brecha de políticas es un concepto menos utilizado. Lamentablemente, no está tan desarrollada la idea de que los gobiernos pueden, basados en acuerdos sociales, dirigir esfuerzos y recursos en la obtención de metas consideradas relevantes. A partir de la aprobación de las Metas del Milenio a finales del siglo pasado, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, existe una mayor preocupación por definir políticas públicas que apunten a metas específicas, y por ende, a la reducción de determinadas brechas. Sin embargo, queda mucho por hacer para incorporar el concepto de brecha en el seguimiento de las políticas públicas. 

Se puede tomar como ejemplo, la evolución de la tasa de mortalidad infantil. La disponibilidad de los registros por largos períodos permite examinar las tendencias de la brecha, y ofrece lecciones para el diseño e implementación de políticas. En 1920 el país con la menor tasa de mortalidad infantil registrada en el mundo (en la base de datos Gapminder) era Nueva Zelanda (51 muertes por cada 1000 nacidos vivos registrados, nvr)). Para ese año, el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina era Argentina, aproximadamente 2,4 veces la de Nueva Zelanda. 

En 1960 Suecia había desplazado a Nueva Zelanda como el país con la menor tasa de mortalidad infantil. En ese año la tasa de mortalidad infantil de Suecia fue 16,3 muertes por 1000 nvr, esto es, un tercio de la de Nueva Zelanda cuarenta años atrás. En América Latina, Cuba ha tenido la menor tasa de mortalidad infantil desde 1943. Sin embargo, en 1960 dicha tasa era 2,26 veces la de Suecia. En el caso de Haití, país con la mayor tasa de mortalidad infantil en la región en ese año, la diferencia era casi 12 veces con respecto a la de Suecia. 

En 2015, último año con registros comparables, la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo fue la de Luxemburgo (1,5 muertes por cada 1000 nvr), superando a Islandia que la había tenido en 2000. En América Latina, Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, aunque ha aumentado la brecha con respecto al país con menor registro (aproximadamente 30% de incremento con respecto a la brecha que tenía en 2000). Haití, por su parte, tenía en 2015 casi 35 veces más la tasa de mortalidad infantil de Luxemburgo. Esto significa que desde 1960 la brecha de mortalidad infantil de Haití se ha multiplicado por tres. 

Varias lecciones se pueden indicar a partir de este análisis. La primera de ellas es que el desempeño de los países varía en el tiempo. Justamente como producto de la calidad de las políticas que implementan. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda: pasó de ser el país puntero en 1920 al número 38 un siglo después. La segunda lección es que los países que logran incidir armónicamente en todos los factores asociados, en este caso, con la mortalidad infantil, logran mayores efectos en la reducción. Es por ello que no se puede citar solo un factor como el responsable en la reducción. Es la conjunción de las políticas lo que hace la diferencia. 

Lo anterior explica que países con diferencias sustantivas en términos del nivel de desarrollo tengan logros similares. Sin embargo, estos efectos tienen su tope. Es decir, no es posible alcanzar los menores niveles en la mortalidad infantil sin cambios sustantivos en el nivel de ingreso, y especialmente en la disponibilidad de tecnologías, que a su vez está influida por los recursos. Es por ello que los países de mejor desempeño tienden a tener sociedades con mayores capacidades en todos los aspectos. 

La aplicación del concepto de brechas de políticas permite identificar el tipo de logro, en término de las condiciones de vida de la población. Ahora bien, alcanzar la meta no es una acción esporádica, más bien es el producto de una estrategia a través del tiempo, muchas veces compartida por diferentes gobiernos. La utilización de la brecha existente para identificar las medidas que permitan reducirla, es decir, las políticas públicas, es clave para generar la consistencia de esos procesos. Es posible imaginar entonces que el país con la menor tasa de mortalidad infantil deberá contar con instituciones adecuadas, crecimiento económico de calidad, servicios de salud de alto desempeño, disponibilidad de tecnologías, entre otros factores. El diseño e implementación de políticas públicas en cada uno de esos ámbitos es lo que hará la diferencia en calidad de vida de los ciudadanos. De allí que medir la brecha con respecto a los mejores, es el primer paso para contar con políticas públicas más efectivas en la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la lista a las políticas

En 2030 todos los países del mundo deberán tener mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no tanto, que permiten que se haga el seguimiento. 

Asumamos que todos aquellos grupos o instancias interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico. Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación. En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia. 

En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS, entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad genera los recursos. 

Este aspecto, la producción de valor, aparece en el ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los ODS puede terminar generando una mayor frustración. 

No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo. Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de una lista general no se puede apreciar cabalmente. La segunda condición previa es la relacionada con el tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI, justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser tomados en cuenta en esta perspectiva. 

En los próximos años, la implementación de políticas para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia. Continuar con la ejecución de políticas en las cuales se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 17 de abril de 2019

¿Desarrollo Sostenible sin investigación y desarrollo?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no pueden ser más loables. Para 2030 se propone que en todos los países se alcancen indicadores de condiciones de vida que sean compatibles con el desarrollo sostenible. Desde 2015 se acordó sobre 17 objetivos y 169 indicadores, en muchos casos con metas específicas. Tomemos, por ejemplo, el Objetivo 1, esto es, “erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los sitios”. Una de las metas de ese objetivo es eliminar para 2030 la pobreza extrema (porcentaje de la población que no tiene para comprar los alimentos del día). Y también se propone que la pobreza total sea reducida a la mitad. 

La idea de establecer metas de esta significación, es promover que en los países se genere un proceso para avanzar en esa dirección. Esto significa responder a preguntas como: si en 2030 queremos alcanzar el nivel de “pobreza extrema 0”, ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Dónde estamos con respecto a esa meta? Es de suponer que las respuestas a esas preguntas deben ser las bases para un exhaustivo proceso de planificación en los países. 

Se puede también imaginar que tales aspiraciones deberán concretarse en la creación de cientos de miles o millones de puestos de trabajo (dependiendo de las magnitudes de los países), o en asignaciones vía transferencias condicionadas. En ambos casos se está mirando el problema desde la perspectiva de los recursos que se utilizarán. Pero este análisis estaría incompleto si no toma en cuenta el origen de los recursos que se requieren para crear esos puestos de trabajo y financiar esas transferencias condicionadas. 

En otras palabras, una cosa es invertir recursos disponibles y otra cosa es generar esos recursos. Los países requieren examinar lo que están produciendo para tener los recursos actuales y “simplemente” estimar los recursos que necesitan para llegar a eliminar la pobreza extrema, solo para incluir una meta. Es poco probable que la forma de generar los recursos actuales siga siendo la misma, si se pretende alcanzar los ODS a cabalidad. 

Y es aquí donde las cosas se empiezan a complicar. Aunque en teoría no puede ser más sencillo. Los países que adquieren niveles de desarrollo sostenible deben producir valor. Es decir, mientras más diversificada y sofisticada sea su producción, las posibilidades de que se genere un círculo virtuoso que permita avanzar hacia estadios de mayor bienestar también son mayores. Esto no quiere decir que los países que diversifican sus economías automáticamente alcanzan el desarrollo. No, no es así. El caso más evidente es China. Tiene un alto nivel de diversificación en el marco de una sociedad políticamente totalitaria. Lo que si no existe es un país con altos niveles de desarrollo político, social y económico que no tenga una economía diversificada (con “cantidad de ciencia” creciente). De allí que para lograr altos niveles de desarrollo (político, económico, social), una condición necesaria es que los países hayan alcanzado un nivel de diversificación que facilite esa sostenibilidad. Es lo que Adam Smith denominó “cantidad de ciencia”. 

Todo lo anterior nos lleva a que si los países aspiran llegar a niveles de desarrollo sostenible compatibles con “eliminar la pobreza extrema”, deben tener respuestas (en términos de políticas públicas) a la pregunta de cómo aumentar la “cantidad de ciencia”. De lo contrario, las políticas públicas no promoverán la sostenibilidad requerida. 

Veamos ahora las consideraciones de los ODS sobre la “cantidad de ciencia” requerida para ese nivel de sostenibilidad. En el Objetivo 9, denominado “construir infraestructura resiliente, promover industrialización inclusiva y sostenible, y fortalecer la innovación”, se incluyen cuatro indicadores (dos asociados con la producción de manufacturas y dos con la inversión en investigación y desarrollo). Debe mencionarse que en ninguno de los casos se señalan metas. El sitio donde están colocados estos indicadores y la ausencia de metas, ya nos dice mucho de las posibilidades de colocarlos en la agenda de decisiones en los países. 

El problema central es la necesidad de vincular decisiones sobre la “cantidad de ciencia” (sea sobre la producción, sea sobre la generación de conocimientos), con el resultado en el desarrollo sostenible. La “cantidad de ciencia” debe concebirse como el resultado de políticas transversales, no de políticas sectoriales. Incluso, la generación de mayor “cantidad de ciencia”, junto con la institucionalidad política y la inclusión social son probablemente las tres áreas de políticas de mayor impacto en términos de desarrollo sostenible. 

En el caso del aumento de la “cantidad de ciencia”, la situación de América Latina no puede ser más preocupante. Desde el punto de vista de lo que se produce, pocos países están por encima del promedio del mundo con respecto a las capacidades (México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Brasil). Y desde la perspectiva del financiamiento de actividades de investigación y desarrollo, sólo Brasil asigna más de 1% del PIB (1,16% en 2014). Todos los demás países de América Latina asignan por debajo de 0,6% del PIB. Para tener una idea de lo que esto implica se puede examinar la situación de los países que más asignan a investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. De acuerdo con el Banco Mundial (2015), solo dos países (Israel y Corea del Sur) asignan más de 4%. Otros cuatro países (Japón, Suecia, Austria y Dinamarca) asignan más de 3% y menos de 4%. Y luego siguen nueve países con más de 2% y menos de 3%. De manera que se puede argumentar que tal nivel de inversión es casi un requerimiento para mantener el estado de país con altos niveles de desarrollo. Se debe enfatizar también que los aumentos en este financiamiento no repercuten automáticamente en la condición de los países (se puede invertir inadecuadamente). Es un proceso que lleva tiempo y debe acompañarse de múltiples políticas. Pero, como se señaló, invertir con pertinencia en investigación y desarrollo aumenta la “cantidad de ciencia”, y por ende, contribuye a que los países avancen en el desarrollo sostenible. 

La posibilidad de que en América Latina existan cambios sustantivos en los próximos doce años, especialmente en la perspectiva del cumplimiento de los ODS en 2030, exige incluir cada vez más la discusión sobre la “cantidad de ciencia” y las formas de aumentarla. Obviar el tema, como lamentablemente se aprecia en la región, solo servirá para reiterar modalidades de producción que nos alejan de los profundos cambios que se generan actualmente en el mundo, en lo que respecta a las implicaciones de las nuevas tecnologías. Seguir pensando en desarrollo sostenible sin investigación y desarrollo, sin incrementar “la cantidad de ciencia”, puede aumentar mucho más las brechas de la región en todos los aspectos. Es en el fondo un problema de supervivencia.

Politemas, Tal Cual, 31 de octubre de 2018

¿Son equitativas las metas de Desarrollo Sostenible?

En el año 2015 se aprobaron las metas de Desarrollo Sostenible que deberán cumplir todos los países para el año 2030. El supuesto fundamental es que las brechas de desarrollo (expresadas en las dimensiones de las condiciones de vida) impiden que la humanidad alcance la máxima sostenibilidad que se deriva de superar las diferencias sociales y económicas. Para ello se establecieron cifras referenciales (metas) que deberán ser alcanzadas por todos los países. La definición de estas metas requiere seleccionar un criterio que maximice la viabilidad, y que al mismo tiempo, represente un logro significativo, especialmente para los países con mayor rezago. 

Examinemos las consecuencias de la selección de tales metas. Tomemos en cuenta indicadores significativos y con sistemas de información más desarrollados. Tal es el caso de la mortalidad materna y la mortalidad en menores de un mes de nacidos (mortalidad neonatal). Ambos indicadores toman en cuenta una dimensión crítica como es el bienestar de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Concentremos el análisis en América Latina. 

La meta de mortalidad materna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expresa que todos los países deberán tener una razón de mortalidad materna de al menos 70 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados (nvr). Examinemos el valor de la razón de mortalidad materna en el año de aprobación de los ODS (2015) en los países de América Latina. Lamentablemente en siete de esos países no está reportada la razón de mortalidad materna en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año en cuestión: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Venezuela. 

De los trece países restantes, once de ellos ya habían alcanzado la meta. Solamente Paraguay y República Dominicana tenían cifras superiores en 2015 a la meta estimada para 2030. Es bastante probable que en el período hasta 2030 estos dos países también alcancen la meta. Ahora bien, la diferencia entre el mejor desempeño en mortalidad materna en América Latina, en este caso el de Chile, y el mejor desempeño en el mundo (representado por Islandia y Finlandia) es cinco veces. Esto significa que para los países de menor desempeño la brecha puede ser de treinta veces. En otras palabras, el problema no es alcanzar la meta, sino reducir la brecha con los países en los cuales las condiciones de las mujeres embarazadas han alcanzado los mejores niveles. 

Una situación similar encontramos al analizar la mortalidad neonatal. En este caso la meta para el 2030 es alcanzar en todos los países al menos la tasa de mortalidad neonatal de 12 muertes en menores de un mes por cada 1000 nvr. Para 2015 no se han reportado las tasas de mortalidad neonatal de los siguientes países (Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela). De los catorce países restantes, todos menos República Dominicana habían alcanzado en 2015 la meta establecida para el año 2030. Al igual que en la mortalidad materna, la brecha del país con mejor desempeño (Cuba) con respecto al país de mayor desempeño en el mundo (Islandia) es más del doble, pero en el país de menor desempeño (República Dominicana) es 16 veces. 

Tres serias implicaciones se derivan de lo anterior. En primer lugar, la meta definida para el año 2030 (aunque haya sido alcanzada) expresa significativas diferencias en la equidad de los sistemas de salud. No solo entre la cifra del país con respecto a la mínima cifra ya existente en el contexto internacional, como se ha señalado, sino entre países de la región. Por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal de Perú o Guatemala (que han cumplido la meta), es cinco veces superior a la de Cuba. Pero a esto hay que agregar que las cifras nacionales pueden esconder a su vez notables diferencias regionales. Por ejemplo, las cifras de mortalidad neonatal en las zonas de selva de Perú o Brasil son superiores a las de los centros urbanos de la costa en ambos países. Esta situación expresa entonces notables restricciones en cuanto al cumplimiento de derechos de los ciudadanos. 

Una segunda consecuencia es de carácter institucional. El cumplimiento de la meta en tales condiciones opera de manera conformista. Las políticas de salud y las consecuencias gerenciales que se derivan, dejan de tener en el radar los efectos en la mortalidad neonatal. Y esta práctica puede ocasionar descuidos en la atención permanente, con el consiguiente retroceso en los logros alcanzados. Los sistemas de salud se acostumbran entonces a la “ley del mínimo esfuerzo”. 

La tercera implicación es de carácter general en políticas de desarrollo. Para que un país se acerque a los valores de mortalidad neonatal y materna de países como Finlandia, Islandia, requiere que se den una serie de condiciones institucionales que también se dan en esos países, por ejemplo, estabilidad política, crecimiento con baja inflación, diversificación productiva, protección social, preservación del ambiente, entre otros factores. Es decir, no es que tienen baja mortalidad neonatal o materna porque tienen adecuadas políticas de salud. No, es que tienen adecuadas políticas de salud en el contexto de adecuadas políticas en muchos sistemas. Y la única forma de preguntarse por las condiciones múltiples que son necesarias para el desarrollo es plantearse las mismas metas que en los países de mejor desempeño. Las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pareciera que están estimulando esas preguntas. Y sin preguntas, no puede haber políticas efectivas. Es así de simple.

Politemas, Tal Cual, 3 de octubre de 2018