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lunes, 29 de diciembre de 2025

Los futuros inciertos en América Latina

El inicio de un nuevo año siempre es oportunidad para anticipar lo que puede venir. Las sociedades ordenan la vida alrededor de los límites marcados por los años. Recordamos eventos asociados con los años en que ocurrieron, los personales y los colectivos. Los historiadores nos han señalado que los procesos son más complejos que una sucesión de años. Que hay factores que afectan de manera más amplia que la simple separación cronológica. Sin embargo, un nuevo ciclo, que llamaremos 2024, es una buena ocasión para identificar las tendencias de los futuros.

Son futuros en plural porque son múltiples combinaciones. No existe un solo futuro. Más bien son diferentes posibilidades. Y esos futuros pueden variar por países, regiones, localidades, personas, instituciones. Y esos tantos futuros tienen en común que no son estáticos. Pueden enunciarse como referencia, pero pueden modificarse al siguiente instante de formularse. Justamente la idea de proponer los futuros es saber cómo se puede incidir en ellos, para promover que pasen cosas, o para evitar que pasen otras. Lo fundamental es que para imaginar los futuros necesitamos saber lo que puede pasar, aunque tenga una gran variabilidad, necesitamos reconocer tendencias. En otras palabras, para indicar futuros se requiere saber el punto de referencia y la manera como puede evolucionar.

Para formular futuros, entendidos como escenarios, deseables o indeseables, es un requisito contar con información sobre lo actual, ideas sobre cómo puede cambiar, y alternativas en forma de intervenciones, o más estructuralmente, como políticas públicas. Al final es clave contar con datos, expertos, y opiniones. Con todos esos factores podemos hacer mejores análisis prospectivos. Esto es, análisis que nos permitan identificar futuros y la forma de incidir en ellos.

El área económica ofrece ventajas para realizar análisis prospectivos. Se cuenta con datos, recopilados periódicamente nacional o internacionalmente, conocimiento sobre la evolución de las variables, y expertos en múltiples ramas. Por ello muchos organismos internacionales pueden argumentar con precisión variable lo que puede suceder en uno o cinco años en aspectos como el crecimiento y la inflación. Es de precisión variable porque los métodos no son exactos, o porque pueden surgir imponderables. O porque el seguimiento de las políticas económicas no contaba con toda la información requerida.

La evolución de la situación política es más difícil de realizar. Los sistemas de seguimiento están menos desarrollados, y la intervención de factores como las relaciones entre los actores políticos, por ejemplo, la cooperación entre líderes o partidos cuenta con menos información y menos posibilidades de acceder a ella. De allí que proponer escenarios sobre elecciones, decisiones legislativas, conflictos bélicos, resulta una tarea mucho más compleja y de mayor incertidumbre.

En la política social la situación es parecida a la del ámbito político. Los sistemas de seguimiento de las condiciones sociales tienen un rezago que se puede medir en años, incluso en décadas. Por ejemplo, la última medición del gasto catastrófico en salud en América Latina en la base especializada del Banco Mundial para estos aspectos es la de Costa Rica en 2018. El resto de los países tienen mediciones anteriores, en el mejor de los casos, porque hay países que no tienen ninguna medición. Esto es, la totalidad de la información (en esa base de datos) es previa a la pandemia de COVID-19.

Esta situación se repite en muchas áreas de política social. De allí que sea absolutamente inadecuado proponer escenarios basados en datos de cinco años atrás, por decir lo menos. Tendría que ocurrir una verdadera transformación de la medición de condiciones de vida realizada por los gobiernos de los países, para que esto cambiara radicalmente. Por ejemplo, con sistemas de monitoreo basados en encuestas por muestreo de regularidad mensual. Solo así podríamos pensar en escenarios de lo que pasaría con la protección social en los primeros meses de 2024. En la actual situación esto no es posible. Es evidente que esto es muy necesario para saber el impacto de las políticas en la vida concreta de las personas.

Las circunstancias anteriores están agravadas en América Latina. La distancia entre las posibilidades de medición con las de otras regiones de referencia, como la Unión Europea, en muy grande. Y, además, los requerimientos de análisis prospectivo son también mayores, dadas las restricciones políticas, económicas, y sociales que se confrontan. Esperemos que 2024 sea un año de oportunidades para mejorar los análisis prospectivos en América Latina, y, por ende, para contribuir a elevar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de la región.

Politemas, Tal Cual, 20 de diciembre de 2023

¿Ajuste sin rostro humano en Argentina?

El “ajuste con rostro humano” fue una expresión utilizada con mucha frecuencia a finales de los años ochenta del siglo pasado. La implementación de programas de “ajuste estructural” con apoyo del FMI y otras instituciones multilaterales en muchos países del mundo había ocasionado severos efectos sociales, con especial detrimento de las poblaciones materno-infantiles. De allí que Unicef patrocinara un estudio para revisar las consecuencias de los ajustes. Este estudio incluía el análisis general de estos programas, y los impactos en casos de países seleccionados.

Los resultados del estudio fueron publicados por Unicef en 1987 en dos volúmenes con la autoría de Giovanni Andrea Cornia, Richard Jolly, y Frances Stewart. El título de la publicación era “Ajuste con rostro humano”. El principal mensaje de este aporte era que los ajustes estructurales se podían diseñar y poner en práctica teniendo especial consideración por las personas vulnerables, esto es, aquellas más afectadas por los shocks de ingresos y de precios que representaban las correcciones de las economías. No se cuestionaba la fundamentación de los ajustes, sino que se enfatizaba que era posible realizarlos protegiendo a los grupos más vulnerables. Los casos incluidos en el segundo volumen de la publicación evidenciaban que era factible ajustar y proteger. Tal aspiración, obviamente, requería visión y compromiso de parte de los gobiernos.

Todo lo anterior viene a cuento después de conocer las propuestas del presidente Milei en la toma de posesión del pasado domingo en Argentina. En la primera parte del discurso presidencial se detalla la complicada situación que experimenta el país. Se alerta sobre el riesgo de que aumente la tasa mensual de inflación hasta superar el 50%, con lo cual se iniciaría la hiperinflación (estimada en 15.000% anual). También destaca el presidente Milei que en este escenario la pobreza total alcanzaría al 90% de la población, y la pobreza extrema a más de 50%. Más adelante, el presidente destaca las dimensiones de la deuda pública y la falta de crecimiento de la economía argentina.

El presidente Milei concluye que en este contexto la alternativa es implementar un programa de ajuste. Lo cual tiene la mayor fundamentación. Acto seguido el presidente indica que “no hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”. La consecuencia que se deriva es que el ajuste vendrá en forma de shock. La justificación del presidente es directa: no hay plata para financiar el gradualismo, los recursos de los empresarios vendrán cuando se ejecute el ajuste.

Un párrafo más adelante, el presidente Milei reconoce que “ello (el ajuste) impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. También destaca que habrá estanflación y que “no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años”. Reconoce que la situación empeorará en el corto plazo, pero que “luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”.

En las palabras del presidente Milei se aprecia una especie de “inevitabilidad”. El ajuste es fundamental y tendrá sus efectos negativos. Asume que no existen alternativas sino “la contención desde el ministerio de capital humano”. No se menciona en el discurso las opciones de políticas que podrían identificar a las familias y las personas con mayores riesgos, y que van a requerir apoyo monetario para superar el desequilibrio en sus ingresos cuando se avance en el ajuste macroeconómico. Al reconocer el presidente que seguirá la estanflación de los “últimos 12 años”, como si fuera inevitable, obvia que desde el primer semestre de 2018 se ha duplicado la pobreza extrema y que un ajuste sin protección muy probablemente la seguirá aumentando. Esta “inevitabilidad” agravará la vida actual de las poblaciones vulnerables, y puede llevar a la pobreza a familias y personas que ya están en situación de riesgo.

El discurso del presidente Milei hubiera podido incluir las buenas prácticas aprendidas desde que se propuso el “ajuste con rostro humano” (hace casi 40 años). Estas ausencias de políticas son significativas. Al momento de escribir no se conocen en detalle las características de las medidas específicas. Esperemos que el Gabinete del presidente Milei incorpore opciones que hagan menos “inevitables” las consecuencias del ajuste. En caso de que sea así, será mucho mejor para las condiciones de vida de los argentinos. Esperemos por el rostro humano del ajuste.

Politemas, Tal Cual, 13 de diciembre de 2023

Menos opciones para el desarrollo sostenible

La conclusión de Naciones Unidas, expresada en el último reporte sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, no deja lugar a dudas. Se indica con total claridad “los efectos combinados del clima, la COVID-19 y las injusticias económicas están dejando a muchos países en desarrollo menos opciones y menos recursos todavía para hacer realidad los Objetivos (ODS)”.

El reporte detalla que la evaluación de 140 metas (las que tienen información disponible) indica que la mitad de ellas están moderada o gravemente desencaminadas. Peor aún, más del 30% de las metas no han avanzado, o incluso han retrocedido con respecto a los valores de referencia de 2015. Algunos ejemplos expresan estas restricciones. En 2030 casi 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema. Solo la tercera parte de los países habrá disminuido la pobreza a la mitad de los valores comprometidos. También el reporte expresa una gran alarma: en la actualidad se constata en el mundo más hambre que en 2005. En 2030, de continuar estas tendencias, 84 millones de niños no estarán escolarizados, y 300 millones de jóvenes abandonarán las escuelas sin leer ni escribir.

Resulta muy justificada la llamada de atención de Naciones Unidas sobre este decepcionante panorama. El propósito es insistir en los cambios que permitan avanzar en escenarios más promisorios. Dentro de las razones anotadas para estos retrocesos en las opciones de desarrollo, se puede incluir la calidad de los liderazgos de los gobiernos. Si es verdad que en estos nueve años (desde 2015) se ha progresado en crear mayor conciencia sobre la importancia de los ODS, es también bastante evidente que estos avances no han influido directamente en la gestión de los gobiernos.

Antes que se inicie la gestión, los gobiernos se conforman por líderes electos (en la mayoría de los casos). Independientemente de la calidad de los sistemas electorales (que puede variar mucho a escala global), estos líderes acuden con frecuencia sin el conocimiento y experiencia sobre los grandes temas de desarrollo. Muchas veces en sus discursos de toma de posesión se evidencia que estos tópicos no son ni siquiera expresados. Se acude a la repetición de contenidos bastante divorciados de las realidades urgentes que señala el último reporte de Naciones Unidas. Como resultado, la gestión que se deriva de esos conceptos no puede orientarse con la efectividad requerida para ser exitosa. Los efectos de estas prácticas están a la vista en todos los contextos del mundo, pero especialmente en los países con menos recursos y más problemas.

No es suficiente contar con buenos liderazgos políticos. Es también crítico diseñar políticas exitosas. Para ello se requiere calidad técnica, adaptación a los contextos específicos de los países, y recursos humanos preparados para la implementación de múltiples decisiones en contextos de alta complejidad. Pocos gobiernos tienen estas condiciones. Y, nuevamente, los resultados de estas omisiones están a la vista en los difíciles escenarios para transitar hasta 2030. Sin buenas ideas los problemas solo pueden agravarse.

Si se quiere dar un cambio sustantivo a estas tendencias tan preocupantes para el desarrollo sostenible, es fundamental centrar también la atención en la calidad de los liderazgos políticos y en las mejoras sostenidas de la gestión pública. Estas son asignaturas pendientes, y muchas veces olvidadas en el ámbito de América Latina. No pueden extrañar los deficientes resultados.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2023

¿Era evitable el golpe del 24 de noviembre de 1948?

Hace 75 años se produjo el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948. Como resultado, fue derrocado el primer gobierno electo por votación universal, directa, y secreta en la historia de Venezuela. Este gobierno, presidido por Rómulo Gallegos, había sido electo el 14 de diciembre de 1947 con el 74% de los votos. La Junta Militar de Gobierno que sustituyó al gobierno de Gallegos, disolvió el Congreso Nacional, las asambleas legislativas de los estados, el Consejo Supremo Electoral y los concejos municipales. El partido Acción Democrática fue ilegalizado. La democracia de Venezuela fue clausurada por casi diez años.

La elección de Rómulo Gallegos, así como de todos los poderes nacionales, estuvo fundamentada en la Constitución de 1947. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Blanco, en la ceremonia de aprobación de la Constitución, el 5 de julio de 1947, había mencionado una advertencia que resultó profética vistos los acontecimientos del año siguiente. Dijo Andrés Eloy Blanco: “Cuando se hace una Constitución, se hace un código de moral, pero no se hace una moral, cuando se hace una Constitución se hace una norma de conducta, cuando se hace una Constitución, se hace una ley de buen gobierno, pero no se hace un buen gobierno. Es el uso de ella, es el empleo de las facultades que ella confiere, es el timón bien llevado, es la proa siempre puesta a la justicia, lo que de ella va a infundir la grave responsabilidad en la conducta de los gobernantes”.

El gobierno de Rómulo Gallegos debía durar cinco años. El mandato fundamental de ese gobierno era comenzar a desarrollar los contenidos de la Constitución de 1947. Y especialmente, tal como se señala en la declaración preliminar de la Constitución que “la sustentación de la Democracia, como único e irrenunciable sistema de gobernar su conducta interior…” se deriva de “la libertad espiritual, política, y económica del hombre”.

Que el gobierno de Rómulo Gallegos fuera derrocado fue el inmenso fracaso de la incipiente democracia. Los buenos auspicios que surgieron con la elección no fueron complidos. Y como consecuencia de ello, la sociedad venezolana experimentó los efectos perversos de la dictadura militar. La identificación de las causas de ese fracaso es un paso clave para establecer nuevas pautas de conducta, incluso en situaciones como las actuales. Al menos dos factores se pueden considerar.

El primero está relacionado con la ausencia del trabajo conjunto de los partidos políticos de esa etapa de la historia de Venezuela. Las disputas entre AD, URD y COPEI, afectadas por el clima de polarización experimentado en el Trienio, no eran la mejor plataforma para encarar los retos de la nueva democracia. La desproporción en respaldo popular era un condicionante para la creencia de que un solo actor podía con la enorme tarea. Estos desencuentros, solo resueltos en el transcurrir de la dictadura, formaron parte de los aprendizajes que favorecerán el Pacto de Puntofijo diez años después.

El segundo factor, vinculado con el anterior, fue la dificultad para promover una democracia basada en la civilidad. Para ello era un requisito que las Fuerzas Armadas asumieran también los objetivos de la democracia y que respetaran la sujeción al poder civil. Eso requería vocación democrática por parte de las Fuerzas Armadas, y la constatación de que el liderazgo civil estaba cohesionado. La larga tradición militarista impidió la aceptación plena del proyecto democrático por parte de las Fuerzas Armadas. Y la división del liderazgo civil favoreció la inexistencia de controles al poder militar. Tuvo que pasar una dictadura y los primeros años después del 23 de enero de 1958 para crear prácticas de sujeción al poder civil. Está visto que la tarea no fue definitiva.

Estos dos factores sumados, entre otros, al manejo dificultoso de la gestión del gobierno ocasionaron la ostensible incapacidad para superar las presiones. El 24 de noviembre de 1948 es la consecuencia de esa imposibilidad. El poder militar sin mayores restricciones hizo su aparición en forma de dictadura, con la consiguiente pérdida de libertades políticas, y condicionando el clima de bienestar de los venezolanos.

Estas lecciones del fallido gobierno de Rómulo Gallegos todavía están pendientes en el proceso de desarrollo democrático de Venezuela. Esta ausencia de aprendizaje se expresa en la división de las alternativas civiles, en la ausencia de un claro horizonte de democratización, y en la enorme asimetría entre el poder militar y el liderazgo civil. No se pudo evitar el 24 de noviembre de 1948. Aprender de esa experiencia sigue siendo una tarea pendiente.

Politemas, Tal Cual, 29 de noviembre de 2023

viernes, 12 de septiembre de 2025

La salud mental de los jóvenes en América Latina

Hace pocas semanas el Banco Mundial publicó un reporte de investigación que llama la atención sobre un problema de especial importancia en América Latina. Se trata de las condiciones de salud mental de los jóvenes en la región. No es solamente que muchas veces la salud mental, en general, recibe poca atención en las prioridades de políticas de los gobiernos. Es que la salud mental de los jóvenes es mucho menos frecuente en la agenda pública.

Esta situación es bastante llamativa porque es contradictoria con la importancia que se la asigna a la juventud para el futuro de los países. Importancia que es, sin dudas, real por las implicaciones que tienen los jóvenes para la generación de nuevas ideas y prácticas, así como para el progreso en la calidad de los empleos y en la innovación.

El reporte del Banco Mundial indica que las condiciones de salud mental en la población entre 10 y 24 años representaban la causa más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) en América Latina y el Caribe en 2019 (22% de la carga total de enfermedad). También se indica que más de 22 millones de jóvenes, sobre un total de 160 millones en la región, viven con alguna condición que afecta su salud mental.

Al comparar las variaciones entre 1990 y 2019, se señala en el reporte que el conjunto formado por depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, y esquizofrenia, representa el grupo más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con la afectación de las condiciones de salud mental (más de la mitad de todas las causas). También se indica que los años de vida perdidos por discapacidad asociados con los abusos de sustancias han aumentado casi 15%, y los años perdidos por discapacidad asociada con autolesiones y suicidios se incrementaron en 18% entre 1990 y 2019.

En el gráfico se muestran los valores de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con condiciones de salud mental para los países de América Latina en 2019. Seis países de la región (Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, y Argentina) tienen valores de AVAD mayores que el promedio para América Latina y el Caribe.


América Latina: Total de años perdidos por discapacidad (AVAD) por condiciones de salud mental por países, 2019
(AVAD por 100.000 habitantes)

 

Fuente: Gordillo-Tobar, Medici, Calvo. 2023. Discussion paper. Banco Mundial

Dado este contexto, ¿cuáles podrían ser las alternativas de políticas que tienen a su disposición los países de la región? El reporte insiste, atinadamente, en las grandes limitaciones para contar con datos que fundamenten mejores políticas. Los datos analizados corresponden a los últimos disponibles, esto es, para 2019. Esto significa que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las condiciones de salud mental son prácticamente desconocidas. Se señala que esta situación es agravada porque muchos países no cuentan con sistemas rutinarios para obtener, ordenar y sistematizar datos de relevancia para la toma de decisiones en esta área de las políticas de salud. Se debe agregar a estas restricciones las inconsistencias en las definiciones y clasificaciones de las condiciones de salud mental.

Mientras los gobiernos implementan cambios sustantivos en los sistemas de registros, es fundamental generar alternativas de intervención en los espacios de convivencia de los jóvenes en la región. Esto significa la puesta en marcha de programas innovadores que integren esfuerzos de servicios de salud, escuelas, universidades, organizaciones de la salud, con el propósito de mejorar el diagnóstico precoz, y especialmente, el inicio del tratamiento adecuado y el seguimiento. Como en tantas áreas de las políticas públicas, el gran reto es mejorar la identificación del riesgo de las personas y familias. Sin la incorporación de estas alternativas de intervención seguiremos conociendo tarde los efectos en las condiciones de salud mental de los jóvenes, y, en consecuencia, no podemos esperar otra cosa que el aumento de la frecuencia y magnitud de estos severos impactos para la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2023

El uso excluyente del concepto de “mayoría”

El concepto de “mayoría” está involucrado en la práctica de la democracia. Si se asume que cada ciudadano tiene un voto (expresión de su voluntad), entonces, la mayoría de los votos resuelve el problema práctico de la decisión a tomar. Sencillamente se cuentan todos los votos, y aquella posición que obtenga la mayor cantidad es la seleccionada.

Se puede ser más exigente porque muchas veces la mayor cantidad de votos, especialmente si hay muchas alternativas, puede resultar en aprobación de opciones con 20% de los votos, por señalar una referencia. Para estos casos se definen “mayorías” más estrictas, por ejemplo, la mitad más uno de los votos (llamada también mayoría absoluta), o incluso más exigentes como la mayoría de dos tercios. En las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos se puede incluir la doble vuelta, para que queden solo dos candidatos, con lo cual la posibilidad de alcanzar más del 50% de los votos es más alta. De esta manera, el candidato electo obtiene una mayor proporción de apoyos que la que tenía en la primera vuelta.

Todo lo anterior está muy bien cuando antes de la elección existe un acuerdo en que la opción perdedora será respetada y considerada en el marco de la mayor amplitud democrática. Los problemas aparecen cuando una mayoría (por ejemplo, de 50,1% de los votos), utiliza esta ventaja para actuar de manera excluyente con respecto al 49,9% restante. Esta exclusión puede tener múltiples causas, pero sus consecuencias son siempre las mismas: el deterioro de la calidad de la democracia. Varios ejemplos lo pueden ilustrar.

En Venezuela, en 1998, el gobierno que resultó en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año obtuvo poco más de 57% de los votos. Sin embargo, de acuerdo con esos resultados (es decir, el uso de la mayoría) se aprobó un sistema electoral (para la elección de la Asamblea Constituyente de 1999), que excluyó la representación proporcional del 40% de la población que no había votado por el candidato electo. Esto explica que en esa Asamblea Constituyente la mayoría del 60% obtuviera el 92% de los diputados. Esa exclusión originaria explica mucho de lo que pasado en Venezuela desde 1999.

En Chile, en pocas semanas se votará por segunda vez (la primera fue en septiembre de 2022) un nuevo texto constitucional. El primero no fue ratificado porque la mayoría de la Convención Constitucional no se reflejó, afortunadamente, en el resultado del plebiscito de salida. Si se hubiera aprobado la nueva constitución por 51% de los votos, casi la mitad de la población no la hubiera considerado como suya. En pocas semanas (17 de diciembre) se puede repetir esta situación. Este segundo texto también puede ser rechazado, esta vez por aquellos que votaron a favor en la primera propuesta de constitución. Como resultado, Chile habrá perdido dos oportunidades para aprobar una constitución que represente los intereses y expectativas de los ciudadanos.

El tercer caso está vinculado con las recientes elecciones generales en España. La opción que obtuvo la mayor cantidad de curules no alcanzó la mayoría absoluta. En consecuencia, no pudo conformar el gobierno. La segunda opción puede alcanzar la mayoría absoluta, pero con una diferencia de solo 7 escaños (sobre 350). De manera que podría formar gobierno, en la llamada “nueva mayoría social”, con el objetivo de imponerse a la opción que tiene la proporción más grande de curules.

En los tres casos señalados, las normas permiten a tales “mayorías” utilizar procedimientos institucionales para excluir a grandes sectores de la población, estén expresados en votos o en curules parlamentarias. En la práctica, estas mayorías se convierten en agentes de exclusión, amparados en normas degradan el sentido de la democracia.

Todo lo anterior lleva a preguntarse sobre las alternativas para evitar que se imponga una especie de “tiranía de la mayoría”. Una primera respuesta es que antes que las normas están los acuerdos, muchos de ellos basados en la confianza y en la convicción de que solo es posible construir democracias sólidas y funcionales a través de la construcción de la mayor cantidad y calidad de consensos. Ejemplo de ello son las oportunidades en que gobiernos con amplias mayorías, con facultad para aprobar normas de manera unilateral, se preocupan más bien por alcanzar amplias franjas de apoyo. Porque en el fondo está la visión de que son los acuerdos los que generarán la sostenibilidad de las políticas públicas. Un ejemplo paradigmático es la aprobación de la Ley General de Sanidad de España en 1986, en el cuarto año de la legislatura de un gobierno con mayoría absoluta, pero que se preocupó por incorporar la mayor cantidad de apoyos. Lo cual puede explicar que los cambios impulsados por la ley se hayan mantenido por casi 40 años.

También se pueden explorar otras normas que reduzcan los riesgos de mayorías excluyentes, como, por ejemplo, aumentar el requerimiento de aprobación a los dos tercios (66%) de las curules para la formación del gobierno, o que las constituciones sean aprobadas con un porcentaje alto de apoyo (por ejemplo, 80% de los votantes). Sin embargo, antes que las normas, pareciera ser que lo más sostenible es la vocación de los actores políticos por la permanente construcción del nivel más alto de consensos. Lamentablemente, en la actualidad los liderazgos no están concentrados en construir tales consensos. Las consecuencias de esta ausencia la viven los ciudadanos en inestabilidad, deterioros de su bienestar, y afectación de la convivencia. Son los perniciosos efectos de las mayorías excluyentes.

Politemas, Tal Cual, 15 de noviembre de 2023

domingo, 31 de agosto de 2025

¿Cuán alta es la mortalidad materna de Venezuela?

Todo indica que la mortalidad materna de Venezuela debe ser alta. Los efectos de la emergencia humanitaria compleja iniciada en 2016, sumados a la hiperinflación y la pandemia de COVID-19, son signos muy claros del deterioro en la atención materna en los servicios de salud del país. Ahora bien, establecer la verdadera magnitud de la mortalidad materna es una tarea complicada.

Si Venezuela hubiera mantenido el alto nivel de elaboración y publicación de estadísticas de salud que tenía en 1961, la tarea sería muy sencilla. Los datos epidemiológicos y de estadística vital de 1960 fueron publicados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social MSAS) en julio de 1961. Es decir, apenas seis meses luego de concluir el año anterior.

Esta celeridad y calidad en la publicación de los datos de salud fue considerada como “milagro técnico y administrativo” por el Jefe de Metodología y Estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según indica Arnoldo Gabaldón, Ministro de Sanidad y Asistencia Social en ese año, en su clásica publicación “Una Política Sanitaria”. Comenta Gabaldón que ese hecho, la publicación a los seis meses de concluir el año, “colocó a Venezuela a la vanguardia de los países que publican más oportunamente sus estadísticas”.

En la actualidad Venezuela no pertenece a esa vanguardia. Los últimos datos publicados de la mortalidad registrada en el país corresponden al año 2016. Es decir, un rezago de casi ocho años. Al momento de escribir, el sitio web correspondiente a la información oficial del ministerio respectivo ni siquiera está activo.

En estas circunstancias, de ausencia sistemática de datos nacionales de tanta relevancia para las condiciones de salud de la población, se pueden utilizar los aportes de los organismos internacionales para suplir, en alguna manera, estas restricciones de información.

En el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se pueden consultar las estimaciones más recientes (2020) de la razón de mortalidad materna (RMM), esto es, las muertes maternas ocurridas en 100.000 nacidos vivos registrados en el año respectivo, para los países de América Latina. Estas estimaciones fueron realizadas por OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, y UNDESA (División de Población). También se encuentran disponibles por países y años anteriores, junto con la metodología de estimación.

En el gráfico se muestran las estimaciones de la razón de mortalidad materna para todos los países de América Latina. La razón de mortalidad materna de Venezuela era en 2020 la segunda más alta de la región (259,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), solo superada por la de Haití (350,4 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos). La razón de mortalidad materna de Venezuela en 2020 era 17 veces mayor que la de Chile, país de la región con la menor RMM.

América Latina: Razón de mortalidad materna (RMM) 
estimada (2020) por país 
(muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)


Fuente: OPS, de acuerdo con estimaciones de OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, y UNDESA (División de Población).

De acuerdo con estas estimaciones, la RMM de Venezuela aumentó poco más de cinco veces entre 1998 y 2020, pasando de ser un país con RMM intermedia a muy alta. Nótese que el último valor estimado de RMM corresponde a 2020, el primer año de la pandemia. Es muy probable que la situación actual refleje un mayor deterioro en la cobertura de servicios materno-infantiles, y, por ende, una RMM más elevada, especialmente en países como Venezuela con deterioros económicos y sociales pronunciados. El aumento extraordinario de la RMM en las últimas décadas en Venezuela es muestra evidente de los notables retrocesos en la protección financiera y en la cobertura de servicios en todos los ámbitos del sistema de salud.

Politemas, Tal Cual, 8 de noviembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Chile

Chile es una de las democracias plenas del mundo. Ocupa el lugar 19 en la clasificación elaborada por la revista The Economist para el año 2022. Junto con Uruguay (lugar 11) y Costa Rica (lugar 17) constituyen las tres democracias plenas de América Latina. Entre 2021 y 2022, Chile mejoró seis puestos en el orden de las democracias plenas a escala global.

El ritmo de crecimiento económico de Chile ha decrecido notablemente en los últimos años. Según estimaciones del FMI, el PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra) de Chile descenderá del segundo puesto que ocupa en América Latina en 2023 (solo superado por el de Panamá), al cuarto puesto en 2028 (menor que el de Panamá, Uruguay, y República Dominicana). De acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ICE), elaborado por la Universidad de Harvard, Chile ha registrado valores negativos en todos los años transcurridos entre 2000 y 2021. Es decir, en Chile se producen menos productos que el promedio de todos los países del mundo. Para 2020, la OMS reporta que el gasto de bolsillo en salud de Chile era 29%, más que el 20% considerado como límite para los países de bajo gasto de bolsillo.

El gobierno nacional de Chile tiene el mayor número de ministerios (24) entre los países con democracias plenas de la región: Uruguay tiene 14, y Costa Rica 19. Este número de ministerios también es superior al de los países con mayor nivel de desarrollo analizados: Japón (11), Estados Unidos (14), Alemania (16), y Corea del Sur (19). Enfrentar los retos de políticas públicas de Chile para los próximos deberá tomar en cuenta la organización del gobierno más adecuada para tales fines.

Los ministerios de Chile están divididos en cinco grupos además de los dos ministerios de gestión del gobierno: Secretaría General del Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. En el primer grupo, en el área de seguridad y justicia, están los siguientes ministerios: (1) Interior y Seguridad Pública, (2) Justicia y Derechos Humanos, y (3) Defensa Nacional. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores.

En el área económica, se encuentra el mayor número de ministerios (diez). Estos ministerios son los siguientes: (1) Hacienda, (2) Economía, Fomento y Turismo, (3) Minería, (4) Energía, (5) Vivienda y Urbanismo, (6) Transportes y Telecomunicaciones, (7) Obras Públicas, (8) Agricultura, (9) Bienes Nacionales, y (10) Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En la cuarta área, la de política social, están siete ministerios: (1) Salud, (2) Educación, (3) Mujer y Equidad de Género, (4) Desarrollo Social y Familia, (5) Trabajo y Previsión Social, (6) Culturas, Artes y Patrimonio, y (7) Deporte. En la quinta área, de ambiente, solo se encuentra el ministerio de Medio Ambiente.

Los casos de los siete países analizados ilustran que la organización de los gobiernos nacionales puede combinar un número bajo de ministerios (menos de 20, quizás lo mejor sean 15) con una asignación de áreas que exprese dimensiones generales de las políticas públicas. Con estos criterios, se puede aumentar la coordinación en el gobierno, y un mejor diseño, implementación, y seguimiento de las políticas públicas. Por supuesto, aparte del modo de organización, existen otros factores determinantes para el éxito de los gobiernos. Pero es bastante evidente que la organización del gobierno debe responder efectivamente para lograr mejores políticas públicas para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 1 de noviembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Costa Rica

Costa Rica está clasificada en 2022, de acuerdo con la revista The Economist, como una democracia plena, ocupando el lugar 17 a escala global, solo superada por Uruguay en la región. La siguiente democracia plena de la región es Chile (puesto 19 en la misma clasificación).

De acuerdo con estimaciones del FMI, en 2028 Costa Rica seguirá ocupando el quinto lugar en la región en términos del PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra), esto es poco más de 24 mil dólares, solo superado por Panamá, Uruguay, República Dominicana, y Chile. Con respecto a la diversificación productiva, Costa Rica tiene un Índice de Complejidad Económica (ICE) positivo en 2021, de acuerdo con la Universidad de Harvard, solo superado por el de México. La OMS reporta que el gasto de bolsillo de Costa Rica era 20% del gasto total en salud en 2020 (solo tres países: Cuba, Colombia, y Uruguay, tienen menor proporción de gasto de bolsillo).

El gobierno nacional en Costa Rica está organizado en 19 ministerios. Este número de ministerios es mayor que el de Uruguay que tiene 14. Comparado con el número de ministerios de países con mayor nivel de desarrollo, este número es igual al de Corea del Sur y mayor que el número de ministerios de Japón (11), Estados Unidos (14), y Alemania (16).

Los ministerios de Costa Rica están divididos en cinco grupos además del Ministerio de la Presidencia. En el primer grupo, en el área de seguridad y justicia, solo está el ministerio de Justicia y Paz. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el área económica, se encuentra el mayor número de ministerios (ocho). Estos ministerios son los siguientes: (1) Hacienda, (2) Agricultura y Ganadería, (3) Economía, Industria y Comercio, (4) Obras Públicas y Transportes, (5) Planificación y Política Económica, (6) Ciencia, Innovación, Tecnología, y Telecomunicaciones, (7) Comercio Exterior, y (8) Pesca y Acuicultura.

En la cuarta área, la de política social, están siete ministerios: (1) Educación Pública, (2) Salud, (3) Trabajo y Seguridad Social, (4) Cultura y Juventud, (5) Condición de la Mujer, (6) Desarrollo Humano e Inclusión Social, y (7) Niñez y Adolescencia. En la quinta área, de ambiente, solo se encuentra el ministerio de Ambiente y Energía.

A diferencia de Uruguay, la organización del gobierno en Costa Rica cuenta con mayor número de ministerios, y mayor especificidad de sectores dentro de las áreas. En la práctica, esto puede significar restricciones para la coordinación de políticas públicas, y una mayor dificultad para potenciar efectos en ámbitos que son por definición multifactoriales. Esta tendencia se debe comparar con modalidades organizativas como las de Uruguay en las cuales se potencian tanto la coordinación como la globalidad en el enfoque del diseño e implementación de políticas públicas. Estos últimos aspectos son de especial relevancia para la organización de los gobiernos nacionales en los países con mayores rezagos de desarrollo en la región.

Politemas, Tal Cual, 25 de octubre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Uruguay

Uruguay está considerada la mejor democracia plena de América Latina (ocupa el lugar 11 entre todos los países del mundo, de acuerdo con la revista The Economist para el año 2022). La siguiente democracia plena de la región es Costa Rica (puesto 17 en la misma clasificación).

En el aspecto económico, el FMI estima que en 2028 Uruguay tendrá el segundo PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra) de la región (sólo superado por Panamá). Esto significa que desplazará a Chile que se encuentra actualmente en el segundo lugar. En términos de diversificación productiva, Uruguay tiene un Índice de Complejidad Económica (ICE) positivo en 2021, de acuerdo con la Universidad de Harvard, solo superado por los de México y Costa Rica. En protección social, Uruguay es uno de los tres países de América Latina con un gasto de bolsillo en salud menor al 20% del gasto total en 2020 según la OMS (los otros dos son Cuba y Colombia).

Visto este notable desempeño de Uruguay, en los aspectos políticos, económicos, y sociales, conviene explorar la organización del gobierno nacional como una referencia para analizar la calidad del diseño e implementación de políticas públicas. El gobierno nacional en Uruguay está conformado por 14 ministerios. Este número es igual a los ministerios que tiene Estados Unidos, y menor a los de Alemania y Corea del Sur. Solo Japón tiene menos ministerios (11) entre los países analizados hasta la fecha.

También llama la atención que en Uruguay los ministerios cubren áreas específicas (a diferencia de otros países en los cuales los ministerios tienden a abarcar múltiples áreas, por ejemplo, en Japón y Corea del Sur). Así tenemos que, en el área de seguridad y justicia, solo están dos ministerios: (1) Interior, y (2) Defensa Nacional. Nótese que no existe ministerio de justicia. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores.

En el área económica se encuentran seis ministerios: (1) Economía y Finanzas, (2) Turismo, (3) Industria, Energía, y Minería, (4) Transporte y Obras Públicas, (5) Vivienda y Ordenamiento Territorial, y (6) Ganadería, Agricultura, y Pesca. Se puede apreciar la diversidad de sectores con implicaciones económicas, coordinados por el ministerio de Economía y Finanzas.

El área de políticas sociales está conformada por cuatro ministerios: (1) Salud Pública, (2) Educación y Cultura, (3) Desarrollo Social, y (4) Trabajo y Seguridad Social. En el área ambiental se encuentra el ministerio de Ambiente.

En el caso de Uruguay, se puede apreciar que el desempeño general del gobierno, expresado en la calidad de las políticas, no está relacionado con un número elevado de ministerios o por la asignación de múltiples áreas a cada uno de ellos. Más bien parece que el orden y la sencillez son mejores determinantes que las estructuras administrativa desproporcionadas y más bien inefectivas. Una excelente referencia para la mejora de las políticas públicas en la región: orden y sencillez.

Politemas, Tal Cual, 4 de octubre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Estados Unidos

Estados Unidos será la economía con mayor PIB per cápita entre las economías avanzadas (G7) hasta el año 2028 (de acuerdo con las últimas estimaciones del FMI). El monto del PIB per cápita se acercaría a los 70 mil dólares. Ningún otro país del G7 (los otros son: Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, y Reino Unido) se acercará a los 60 mil dólares de PIB per cápita. El total de la producción de Estados Unidos representará en 2028 poco menos del 15% del total mundial.

Las dimensiones de la economía de Estados Unidos no se acompañan con éxitos en otros aspectos del desarrollo. De acuerdo con la última clasificación de la revista The Economist, correspondiente al año 2022, Estados Unidos es considerado como una “democracia defectuosa”. Si se toma como referencia el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard, entre 2000 y 2021, Estados Unidos ha decrecido en diversidad productiva (al pasar del puesto 6 al puesto 14 en el período), distante de Japón y Alemania (los países del G7 con mayor ICE en 2021). En los aspectos positivos, por ejemplo, en la protección de salud, indicador de referencia para las condiciones sociales, el gasto de bolsillo en los Estados Unidos es uno de los más bajos entre los países del G7.

Dada la relevancia económica y política de los Estados Unidos, con influencia en múltiples áreas de la escena internacional, la forma de organización del gobierno cobra especial significación. El diseño e implementación de políticas públicas están directamente relacionados con la forma en la cual se organizan las instancias del gobierno nacional. Al igual que en los casos de Japón, Alemania, y Corea del Sur, las características de la organización del gobierno denotan visiones y prácticas de influencia en el análisis de las políticas públicas.

El gobierno de Estados Unidos está organizado en secretarías (equivalente a los ministerios en otros países). Las secretarías conforman, junto con otras oficinas, el gabinete ejecutivo. En el gabinete están representados 14 secretarías (un poco más que en Japón, pero menos que en Alemania y Corea del Sur). Las secretarías se pueden dividir en cuatro áreas.

En la primera área, de seguridad y justicia, se incluyen cuatro secretarías: (1) Defensa, (2) Fiscal General, (3) Interior, y (4) Seguridad Nacional. El área internacional está a cargo de la Secretaría de Estado (la cual ocupa el tercer lugar en la cadena de jerarquía del Ejecutivo nacional).

El área económica está conformada por cinco secretarías: (1) Tesoro, (2) Agricultura, (3) Comercio, (4) Transporte, y (5) Energía. En el área de política social se encuentran cinco secretarías: (1) Trabajo, (2) Salud y Servicios Humanos, (3) Educación, (4) Vivienda y Desarrollo Urbano, y (5) Asuntos de Veteranos. A diferencia de los gobiernos de Japón, Alemania, y Corea del Sur, no existe una instancia del gobierno nacional a cargo de los asuntos ambientales.

Dos aspectos destacan en esta organización del gobierno en los Estados Unidos. En primer lugar, que a pesar de los tópicos que debe cubrir un gobierno de un país con tal influencia, el número de secretarías es relativamente bajo. También se debe destacar que existen otras instancias, como agencias y oficinas que, aunque tienen participación en el gabinete, no tienen el rango de secretarías. El segundo aspecto está vinculado con las áreas cubiertas por las secretarías. A diferencia de los ministerios de Japón. Alemania, y Corea del Sur, que incluyen áreas diversas dentro de sus competencias, en Estados Unidos las áreas son más bien restringidas, lo cual no quiere decir necesariamente que no exista especificidad, sino que se manifiesta más bien en las características de las políticas públicas.

En conjunto, la experiencia de Japón, Alemania, Corea del Sur, y Estados Unidos, en lo que respecta a la organización de los gobiernos nacionales, indica que lo más práctico es tener un número manejable de ministerios, con efectivas capacidades de coordinación, y responsabilidades bien definidas. Lecciones de gran importancia para los gobiernos de América Latina ante los retos que enfrentan en lo que respecta al diseño e implementación de políticas públicas para el año 2030.

Politemas, Tal Cual, 27 de septiembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Corea del Sur

En 2028, de acuerdo con las últimas estimaciones del FMI, el PIB per cápita de Corea del Sur superará al de todos los países con economías avanzadas (G-7), con la excepción de Estados Unidos y Alemania. Este extraordinario logro de Corea del Sur se debe a décadas de un desempeño notable, entre ellos, pertenecer al grupo de las democracias plenas según la revista The Economist (en el lugar 24), y ocupar en 2021 el tercer puesto (solo detrás de Japón y Suiza) en el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard.

Al igual que en los casos de Japón y Alemania, el desempeño de Corea del Sur está relacionado con la calidad de las políticas públicas, implementadas de manera sistemática a través de instancias especializadas que conforman el gobierno nacional. Conocer la organización del gobierno es un primer paso para aproximarse a los aprendizajes que ofrece la experiencia de Corea del Sur en el diseño y práctica de políticas públicas.

En Corea del Sur, el presidente de la república es elegido en comicios universales. El primer ministro es propuesto a su vez por el presidente al órgano legislativo para su ratificación. Los ministerios constituyen instancias coordinadas por el primer ministro para el ejercicio del gobierno. El número de ministerios de Corea del Sur es 19 (ligeramente superior al de Japón y Alemania).

Los ministerios de Corea del Sur se pueden dividir también en cinco áreas de políticas públicas. En la primera área están los ministerios encargados de la seguridad y justicia, a saber: (1) Defensa nacional, (2) Justicia, (3) Interior y Seguridad, y (4) Unificación. Este último ministerio responde a las implicaciones que tiene la separación de las dos Coreas en el siglo pasado, tales como los aspectos fronterizos, de defensa, y en el ámbito cultural. La segunda área está vinculada con las relaciones internacionales, a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La tercera área corresponde a los aspectos económicos, a través de los siguientes ministerios: (1) Economía y Finanzas, (2) Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, (3) Comercio, Industria, y Energía, (4) Tierra, Infraestructura, y Transporte, (5) Océanos y Pesca, y (6) Pequeñas y Medianas Empresas, y Empresas Emergentes. Al igual que en los casos de Japón y Alemania, se aprecia la amplitud de temas bajo una coordinación común, con lo cual se destaca que los responsables de los ministerios deben combinar experiencia en diferentes temas y capacidad para interactuar en múltiples tópicos de políticas públicas.

La cuarta área, correspondiente a los temas de políticas sociales, está conformada por los siguientes ministerios: (1) Educación, (2) Ciencia, Información y Tecnologías de Comunicación, (3) Cultura, Deportes y Turismo, (4) Salud y Bienestar, (5) Empleo y Trabajo, (6) Igualdad de Género y Familia, y (7) Patriotas y Asuntos de Veteranos. La quinta área corresponde a un solo ministerio: Ambiente.

Tal como se ha resaltado en los casos de Japón y Alemania, en Corea del Sur la organización del gobierno está compuesta por un número moderado de ministerios, con una división temática diversa. Esto puede indicar que existe un proceso inicial de agregación de políticas en el interior de cada ministerio que debe continuarse con un nivel mayor de agregación en el nivel de los ministerios propiamente dicho. Los éxitos de estos tres países en las diferentes áreas de políticas demuestran la adecuada coordinación que realizan entre las múltiples áreas. El análisis de los factores que promueven esta efectiva coordinación gubernamental es de gran relevancia para los países de América Latina, con serias debilidades en las capacidades de sus gobiernos, tal como se expresa en el bajo desempeño de las políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 20 de septiembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Alemania

Alemania ocupa el segundo lugar entre las siete economías más avanzadas del mundo (también llamado G-7). El PIB per cápita (53 mil dólares) para 2023, en términos de poder de compra, solo es superado por el de Estados Unidos (65 mil dólares), de acuerdo con las estimaciones del FMI. Es también una de las 24 democracias plenas, ocupando el lugar 14 según la clasificación de la revista The Economist para el año 2022.

La tasa de desempleo estimada para Alemania en 2023 (según el FMI) es la segunda más baja entre los países del G-7. Entre 2000 y 2021, Alemania siempre ha clasificado entre los cuatro primeros países del mundo en el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard, expresión de su alto nivel de diversificación. Alemania, según la OMS (2020), tiene uno de los menores porcentajes de gasto de bolsillo en salud de los países del G-7, reflejo de la alta protección financiera.

Tal como se analizó para Japón, es de utilidad conocer la organización del gobierno de Alemania, con el propósito de identificar las pautas que han conducido a los relevantes éxitos de sus políticas públicas, de especial importancia para los gobiernos de América Latina.

Alemania tiene un gobierno federal de carácter parlamentario. El Canciller coordina un gabinete conformado por 16 ministerios. Los ministerios se pueden dividir en cinco áreas.

En la primera área están los cuatro ministerios encargados de asuntos internos, seguridad y defensa, a saber: Interior y Comunidad, Justicia, Defensa, y la Jefatura de la Cancillería y Asuntos Especiales, este último a cargo de las relaciones con los gobiernos subnacionales. La segunda área corresponde al ámbito internacional con los ministerios de Asuntos Exteriores, y el de Cooperación Económica y Desarrollo, de manera que entre ambas instancias combinan las relaciones de Alemania en el ámbito multilateral y bilateral, con expresiones en la diplomacia y en los programas de cooperación.

En el área económica se incluyen cinco ministerios: (1) Asuntos Económicos y Acción Climática, (2) Finanzas, (3) Alimentación y Agricultura, (4) Economía Digital y Transporte, y (5) Vivienda, Desarrollo Urbano, y Construcciones. Destaca la importancia asignada al cambio climático y la especialización en las diferentes áreas.

En el área de política social están cuatro ministerios: (1) Trabajo y Asuntos Sociales, (2) Asuntos de Familia, Adultos Mayores, Mujer, y Juventud, (3) Salud, y (4) Educación e Investigación. A diferencia del gobierno de Japón, existen más áreas de política social, pero también con un mayor grado de concentración.

La quinta área corresponde al ámbito ambiental con un ministerio: Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear, y Protección de Consumidores. A diferencia de Japón, en esta área se especifican más áreas de políticas relacionadas con el ambiente.

En Alemania la gestión del gobierno federal está concentrada en estos 16 ministerios. Dos características resultan de especial relevancia: un número funcional de ministerios, y la amplia área de influencia de las temáticas sectoriales. Ambos factores son de especial influencia para la coherencia y efectividad de la toma decisiones, aspectos a tomar en cuenta en la organización de gobierno en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 30 de agosto de 2023

La organización del gobierno: el caso de Japón

Japón ocupa una posición destacada en diferentes áreas del desarrollo en el contexto global. En primer lugar, es una de las 24 democracias plenas del mundo, de acuerdo con la clasificación de la revista The Economist para el año 2022. También forma parte del G-7, esto es el grupo de las siete economías más avanzadas.

De acuerdo con el FMI, Japón tiene en 2023 más de 42 mil dólares de PIB per cápita en términos comparables de capacidad de compra (Estados Unidos tiene 65 mil dólares, el mayor valor del G-7). La tasa de desempleo en 2023 es la más baja entre los países del G-7 (2,3%). Entre 2000 y 2021, Japón ha registrado de manera ininterrumpida el primer puesto en el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, demostración de su alto grado de diversificación productiva. Por otra parte, Japón tiene, según la OMS (2020), uno de los menores porcentajes de gasto de bolsillo en salud de los países del G-7, indicador del alto nivel de protección financiera de su población.

Todos estos logros de Japón están fundamentados en éxitos de políticas públicas, sostenidos a través de décadas. Conviene preguntarse, entonces, por la forma de organización del gobierno de Japón para diseñar, implementar, y evaluar políticas públicas. Tales pautas pueden ser de utilidad para los gobiernos de otros países, especialmente en América Latina.

El gobierno de Japón, en el nivel más alto de responsabilidad, está conformado por la Oficina del Primer Ministro, la Oficina del Gabinete, once ministerios, y dos agencias. También existen múltiples agencias y ministerios de estado, pero en niveles jerárquicos subalternos. El siguiente análisis se concentra en los ministerios en el mayor rango.

Los ministerios están divididos en cinco áreas. En la primera área están los ministerios encargados de seguridad y defensa, a saber: Asuntos Interiores y Comunicaciones, Justicia, y Defensa. La segunda área corresponde al ámbito internacional con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el área económica se encuentran cuatro ministerios: Finanzas, y tres ministerios sectoriales: (1) Agricultura, Bosques y Pesca, (2) Economía, Comercio e Industria, y (3) Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo. A diferencia de la organización ministerial en países de América Latina, estos ministerios sectoriales agrupan diversas áreas relacionadas con la actividad productiva. En América Latina existe más bien la tendencia a la especialización de los ministerios.

En el área de política social están dos ministerios: (1) Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, y (2) Salud, Trabajo, y Bienestar. Al igual que en el caso de los ministerios del área económica, se incluyen diversos temas en un solo ministerio. En América Latina estos ministerios se encuentran más bien separados. En la quinta área se encuentra el Ministerio de Ambiente. La lista de las altas instancias se completa con la Agencia de Reconstrucción y la Agencia Digital.

La inclusión de múltiples aspectos en los ministerios reduce el número de responsables (solo once ministros), con lo cual se favorece la coordinación e intercambio en la toma de decisiones. Para atender nuevas demandas o problemas también existen alternativas de gestión que están incorporadas en la Oficina de Gabinete. Es previsible que dependiendo de la evolución de estas instancias pueden terminar siendo transferidas a los ministerios o convertidas en agencias permanentes.

La experiencia de Japón demuestra que la organización del gobierno puede combinar la especialidad de asuntos (pero incorporados en pocos ministerios), la efectividad en la gestión, y la flexibilidad para enfrentar nuevos problemas. Tres ejes de especial relevancia para los gobiernos en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 23 de agosto de 2023

domingo, 28 de julio de 2024

La inflación en América Latina hasta 2028

La crisis del costo de la vida ha sido considerada por el Foro Económico Mundial como el mayor riesgo a escala global en los próximos dos años. Mantener una baja tasa de inflación se convierte, en consecuencia, en una mayor prioridad para los gobiernos. En América Latina, la mayoría de los países, según estimaciones del FMI, tendrán tasas de crecimiento por debajo del promedio mundial en el período 2023-2028.

De acuerdo con las estimaciones de la tasa de inflación del FMI para el período 2023-2028, se pueden distinguir tres grupos de países en América Latina. Las estimaciones están disponibles para dieciocho países de la región (Cuba no forma parte del FMI, y Venezuela solo tiene datos para los dos primeros años del período analizado).

El primer grupo está conformado por los cuatro primeros países señalados en el gráfico. Estos cuatro países (Ecuador, Panamá, El Salvador, y Perú) tienen estimaciones de la tasa de inflación promedio para el período 2023-2028 por debajo del promedio de la Unión Europea en el mismo período. Los tres primeros países (con economías dolarizadas) tienen incluso tasas de inflación por debajo del promedio de las economías avanzadas.

América Latina: promedio de tasas de inflación por país (2023-2028), porcentaje


Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, Abril 2023. Cálculos propios
Nota: Cuba no pertenece al FMI, los datos de Venezuela están incompletos para el período 2023-2028

En el segundo grupo están doce países (Costa Rica, Brasil, Bolivia, México, Chile, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Uruguay), en los cuales la tasa de inflación promedio estimada para el período 2023-2028 es menor que la tasa promedio estimada para América Latina y el Caribe (7,9%).

El tercer grupo está conformado por tres países (Haití, Argentina, y Venezuela), todos ellos con tasas de inflación superiores al promedio de la región para el período analizado. La tasa de inflación promedio estimada para Argentina en el período es 52%. La tasa de inflación estimada para Venezuela en 2023 es 400% (la más alta del mundo), y en 2024 se estima en 200%.

Vistas las estimaciones de crecimiento e inflación en la región para el período 2023-2028, solo siete países: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras, Panamá, y República Dominicana, tendrían una tasa de crecimiento superior al promedio mundial, y al mismo tiempo una tasa de inflación baja. En la mayoría de los países de la región, especialmente, aquellos con las economías más grandes, las restricciones del crecimiento serán mayores, y en dos de ellos (Argentina y Venezuela) también serán afectados por altos niveles de inflación. También resulta obvio que el crecimiento económico y la baja inflación son condiciones necesarias, pero no suficientes. Los grandes retos para la diversificación productiva, lamentablemente, siguen sin estar entre las prioridades en la agenda de políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 2 de agosto de 2023

sábado, 27 de julio de 2024

El crecimiento económico en América Latina hasta 2028

En los próximos dos años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la crisis del costo de la vida será el mayor riesgo a escala global. Conviene analizar las implicaciones que esta crisis puede tener para América Latina. No es lo mismo el aumento del costo de la vida en economías con crecimiento económico que en aquellas que no crecen. Las repercusiones para las finanzas públicas son completamente diferentes.

El Fondo Monetario Internacional estima con regularidad las tasas de crecimiento económico a escala global y por países. Las últimas estimaciones del FMI se extienden hasta el año 2028. La información correspondiente al seguimiento de los países permite elaborar las tendencias de crecimiento económico. Con la excepción de Cuba y Venezuela, se cuenta con las estimaciones de la tasa de crecimiento anual para los países de América Latina en el período 2023-2028. En el caso de Cuba, por no formar parte del FMI, no se cuenta con estadísticas. Las cifras de Venezuela están incompletas (no se dispone de los estimados para los años comprendidos entre 2025-2028).

El gráfico muestra el promedio de la tasa estimada de crecimiento del PIB para 18 países de América Latina entre 2023-2028, de acuerdo con el FMI. Se pueden distinguir cuatro grupos de países.

En el primer grupo están los países que tienen estimaciones de crecimiento por debajo de la tasa estimada para el conjunto de los países de América Latina y el Caribe (2,2% para el período 2023-2028). Los países que no alcanzarán esta tasa de crecimiento son: Haití (con la menor tasa de crecimiento estimada en la región), Chile, Argentina, Brasil, México. Bolivia, y El Salvador. Puede notarse que las economías más grandes crecerán menos que el conjunto de la región. Especialmente llamativo es el caso de Chile, con la segunda menor tasa de crecimiento de la región hasta 2028.

El segundo grupo está conformado por los países que crecerán más que el conjunto de América Latina y el Caribe, pero menos que la tasa de crecimiento mundial (3,05%). Estos países son: Uruguay, Colombia, Ecuador, y Perú. Esto significa que once países de la región (de un total de 18 incluidos), crecerán menos que el conjunto del mundo en el período 2023-2028.

En el tercer grupo se encuentran los países que tienen una tasa estimada de crecimiento superior a la tasa mundial pero menor a los países de las economías emergentes de Asia: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras, y Panamá. Y, finalmente, está el único país de la región que tiene estimaciones de crecimiento superiores a los países emergentes de Asia (4,80%), se trata de República Dominicana, con una tasa de crecimiento de 4,86% en el período 2023-2028.

América Latina: promedio de tasas de crecimiento económico por país (2023-2028), porcentaje


Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, Abril 2023. Cálculos propios
Nota: Cuba no pertenece al FMI, los datos de Venezuela están incompletos para el período 2023-2028

De acuerdo con estas estimaciones del FMI, solo siete países de América Latina (de los 18 analizados), tendrán tasas de crecimiento económico superiores al promedio mundial. Esto significa mayores restricciones para las finanzas públicas y para la satisfacción de la demanda de servicios hacia 2030. Es bastante evidente que el crecimiento económico sigue siendo una de las asignaturas pendientes de mayores implicaciones para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 26 de julio de 2023

sábado, 6 de julio de 2024

Los riesgos globales en América Latina

El Foro Económico Mundial elabora cada año un reporte sobre los riesgos globales. El último reporte corresponde al año 2023. De acuerdo con la metodología utilizada para la elaboración del documento, se señalan riesgos globales en el corto plazo (a dos años), y en el largo plazo (a diez años).

En el corto plazo, el riesgo global que ocupa el primer lugar es la crisis del costo de vida, otra forma de denominar el aumento de los precios que se ha generado en los últimos años, especialmente por la conjunción de los efectos de la pandemia, y la invasión de Rusia en Ucrania. El segundo riesgo más relevante en el corto plazo corresponde a los desastres naturales y los eventos relacionados con las situaciones de clima extremo. Los siguientes tres riesgos globales corresponden a las consecuencias de la confrontación geoeconómica, las fallas en las políticas para mitigar el cambio climático, y la erosión de la cohesión social y el aumento de la polarización.

En América Latina se encuentran dos de los países con mayores tasas de inflación a escala global (Venezuela y Argentina). Además, las perspectivas de bajo crecimiento económico del conjunto de las economías de la región configuran para los próximos años mayores dificultades para contar con recursos fiscales para políticas de protección social (especialmente en salud y pensiones). Por otra parte, la asociación entre bajo crecimiento y alta inflación, también afecta la posibilidad de ampliar las opciones de empleos. En este contexto, las brechas de servicios según los niveles de ingresos es bastante probable que aumentarán, contribuyendo a aumentar la polarización social y política. También es notorio que el adecuado desempeño en las políticas para enfrentar los efectos del cambio climático no es el rasgo característico en la mayoría de los países de la región.

En el largo plazo (vista a diez años), los riesgos globales más relevantes están concentrados en los aspectos ambientales. Estos riesgos son: (1) fallas en las políticas de mitigación del cambio climático, (2) fallas en las políticas de adaptación al cambio climático, (3) desastres naturales y situaciones de cambio extremo, y (4) pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. El siguiente riesgo global de largo plazo corresponde a las migraciones involuntarias a gran escala.

Estos riesgos globales de largo plazo, en la tendencia actual, pueden tener efectos muy significativos en América Latina, una de las regiones de mayor biodiversidad en el mundo. Las sistemáticas debilidades de regulación, y la limitada incorporación de las políticas de cambio climático en los planes nacionales de desarrollo, son factores que reducen las posibilidades de éxito para enfrentar estos efectos. Tampoco puede extrañar, en este contexto, la tendencia de la migración involuntaria que ha adquirido dimensiones históricas en países como Venezuela y El Salvador.

Las evidencias de los efectos globales en la región, tanto de corto como largo plazo, expresadas en sistemáticos deterioros de la calidad de vida de los ciudadanos, deberían influir para mejorar las capacidades institucionales, especialmente de los gobiernos, para enfrentar estos riesgos. Sin embargo, este no es el patrón general que se observa en América Latina. Por ello diseñar alternativas para construir el futuro es probablemente uno de los mayores desafíos que tiene la región para los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 19 de julio de 2023

miércoles, 26 de junio de 2024

El “capital político” según el presidente Aylwin

Dentro de pocas semanas se cumplirán 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 el palacio presidencial fue atacado por los golpistas, y a las pocas horas se difundió la noticia de la muerte del presidente Allende. Los acontecimientos de ese día, y la represión que se desató en las semanas siguientes, marcaron toda una generación de latinoamericanos (entre los cuales me incluyo). La narración de esos eventos por la radio de la época es de esas vivencias que no se olvidan. Como consecuencia de ese golpe de Estado, la democracia colapsó en Chile, uno de los países con mayor institucionalidad de la región. La dictadura que se impuso se prolongó por 17 largos años.

La vuelta a la democracia en Chile fue un proceso labrado con mucha sabiduría. Adversarios políticos dejaron de lado diferencias para proponer un mejor horizonte para el país. Esa fue la esencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza política que gobernó Chile por veinte años. El primer presidente de la Concertación fue Patricio Aylwin, reconocido hoy en día como uno de los más importantes estadistas de América Latina.

Ya en funciones de gobierno, el presidente Aylwin debió enfrentar significativos retos para reestablecer el marco democrático, e impulsar políticas para mejorar el bienestar de los chilenos. Cuentan algunos de sus ministros que en ocasiones el presidente Aylwin descartaba las sugerencias de que él no participara directamente en las respuestas desfavorables que se debían dar a muchas de las demandas que presentaban gremios, sindicatos, empresas. Algunos le sugerían que debía cuidar su “capital político”. Invariablemente, el presidente Aylwin contestaba que el capital político era para usarlo. Y basado en esa premisa, asumía directamente las explicaciones que se sentía obligado a dar.

El “capital político” podría definirse como el cúmulo de prestigio, experiencia, reconocimiento, credibilidad, que un líder político desarrolla a lo largo de su vida. Ese capital crece en la medida que la colectividad reconoce la consistencia y la seriedad de ese líder político. Tal como decía el presidente Aylwin, el capital político debe ser utilizado. Porque es lo que puede permitir alcanzar nuevos objetivos para el interés general de los países. Las circunstancias en las cuales se debe utilizar el capital político varían en función de las líneas que se quieran desarrollar.

La utilización del capital político, especialmente en estos tiempos, puede tener al menos cuatro modalidades. La primera forma de utilizar el capital político es promover acuerdos para la gobernabilidad. En cierta visión se espera que el líder político cuente solamente con sus seguidores, que gobierne pensando exclusivamente en aquellos que lo apoyan. Ampliar los acuerdos políticos, tal como hizo el presidente Aylwin, requiere anteponer una visión de conjunto, que los líderes deben detallar sistemáticamente.

También se puede utilizar el capital político para decidir con audacia y rapidez. En muchas situaciones las respuestas de los gobernantes tienen costos que se deben asumir y que no pueden ser postergados. Por ejemplo, las medidas del programa contra la hiperinflación en Bolivia en los primeros meses del gobierno de Paz Estenssoro en 1985, la respuesta del presidente Kennedy a la instalación de misiles soviéticos en Cuba, fueron ocasiones en los cuales los líderes deben acudir a su capital político para enfrentar circunstancias difíciles y complejas.

Una tercera modalidad es utilizar el capital político para explicar lo que no se debe realizar porque afecta el interés general. Este es el caso, muchas veces experimentado por el presidente Aylwin, en el cual hay que decir que no existen los recursos para determinados gastos, o que se deben diferir gastos hasta que existan mejores condiciones fiscales. Los líderes políticos deben acudir, con los números de los presupuestos públicos, para explicarle a los ciudadanos lo que es viable financieramente hablando, y lo que no. Debe ser explicado con detalle y con el reconocimiento de que las demandas se pueden satisfacer en el marco de acuerdos sociales basados en la correspondiente viabilidad fiscal. La oposición del presidente Macrón a las demandas para no aumentar la edad del beneficio pensional en Francia entra en este grupo. Es obvio que el presidente Macrón tuvo que utilizar parte de su capital político para garantizar una mayor sostenibilidad de las pensiones en el mediano plazo.

La cuarta modalidad es liderar ante los críticos desafíos que pueden confrontar los países. En este caso se trata de ofrecer respuestas ante escenarios novedosos, complicados, que constituyen exigencias notables para los países. En este grupo se puede incluir el desafío de Churchill para enfrentar al nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial, la modernización de China impulsada por Deng Xiao Ping, y la reconstrucción de Alemania liderada por Adenauer. En todos estos casos, no era fácil garantizar el éxito, pero solo con la inversión del capital político era posible emprender esas nuevas estrategias.

Los éxitos del gobierno liderado por el presidente Aylwin a principios de los noventa en Chile demuestran que la utilización oportuna, responsable, inteligente, del capital político termina aumentándolo. Que el presidente Aylwin goce del consenso nacional e internacional sobre su estatura como gran estadista es una demostración del valor del capital político. Lección permanente para los líderes políticos de la región.

Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2023

martes, 25 de junio de 2024

Sobre el “aprendizaje” de la inteligencia artificial

Desde finales del año pasado, con el auge generado por la aparición de ChatGPT, la inteligencia artificial ha recibido un extraordinario impulso en el ámbito global. Se estima que es la innovación que ha sido adoptada más rápidamente. Las implicaciones de este uso extraordinario de la inteligencia artificial se han trasladado a las inversiones que las empresas tecnológicas realizan para aumentar este impacto. Lo cierto es que las distintas modalidades de la inteligencia artificial se incorporan cada día más en la práctica cotidiana de ciudadanos, gobiernos, y empresas.

La inteligencia artificial está basada en la capacidad de crear criterios que permitan relacionar información. Es decir, cada palabra colocada cerca de otra palabra, con los criterios adecuados, permite generar un resultado. En la medida que exista más información disponible y que se ajusten los criterios de relación, el resultado puede refinarse y ampliarse. Entonces, se puede conocer si con el tiempo, es decir, con la posibilidad de contar con más información y con el procesamiento de las reacciones a los resultados, se generan resultados más precisos.

Un ejemplo de lo anterior puede ilustrarse con las diferentes respuestas de ChatGPT a la misma pregunta, pero con una diferencia de seis meses. Esta fue la respuesta generada a finales del año pasado:

MG: ¿Cuáles son los países que han tenido hiperinflación en Europa?
ChatGPT: La hiperinflación es un fenómeno que se ha producido en diferentes países de Europa a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de países que han experimentado hiperinflación en Europa son Alemania en 1923, Yugoslavia en 1994 y Zimbabwe en 2008.
MG: ¿Pero Zimbabwe está en Europa?
ChatGPT: Zimbabwe no está en Europa. Zimbabwe es un país situado en el sur de África, y no forma parte de la Unión Europea ni de ningún otro organismo regional europeo. La mención de Zimbabwe como un país que ha experimentado hiperinflación en Europa fue un error por mi parte, y le pido disculpas por ello.

La nueva respuesta (seis meses después) fue la siguiente:

MG: ¿Cuáles son los países que han tenido hiperinflación en Europa?
ChatGPT: Hasta mi conocimiento actualizado en septiembre de 2021, no ha habido casos de hiperinflación en Europa en las últimas décadas. Sin embargo, en la historia europea ha habido casos de hiperinflación en el pasado. Uno de los casos más conocidos es el de Alemania durante la República de Weimar en la década de 1920, donde se experimentó una hiperinflación devastadora después de la Primera Guerra Mundial.
Durante ese período, la hiperinflación en Alemania llevó a la impresión excesiva de dinero y a un deterioro acelerado del valor de la moneda. Los precios se dispararon a niveles extremos, y la gente tenía que llevar carretillas llenas de dinero para comprar bienes básicos. Este episodio histórico es un ejemplo emblemático de los devastadores efectos de la hiperinflación en una economía.
Es importante tener en cuenta que las condiciones económicas pueden cambiar con el tiempo, por lo que es recomendable estar al tanto de las actualizaciones y consultar fuentes confiables para obtener información actualizada sobre la situación económica de los países europeos.

En esta oportunidad, ChatGPT no “confundió” a Zimbabwe con Europa y se concentró en la hiperinflación de Alemania para desarrollar la respuesta. Se puede asumir que la revisión de las fuentes de información y la indicación del error ha podido influir en el cambio de la respuesta, mucho más convencional con respecto a las situaciones más frecuentes en procesos de hiperinflación. En consecuencia, el uso frecuente y sistemático de las modalidades de inteligencia artificial, así como la especificación de sus errores, es de especial importancia para mejorar los resultados, y aumentar su utilización. Esto es lo que vendrá en los próximos tiempos.

Politemas, Tal Cual, 28 de junio de 2023

lunes, 24 de junio de 2024

Pactar para gobernar juntos

Quizás una certeza que compartían Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Jóvito Villalba, antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958, era que el gobierno que surgiera del voto popular sería presidido por alguno de los candidatos que presentaran sus partidos políticos en esa contienda.

Una opción que hubieran podido contemplar estos líderes políticos era simplemente respetar el resultado electoral, y apoyar al candidato que resultara electo. Sin embargo, las lecciones aprendidas a partir del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, y la dura experiencia de la dictadura militar, en términos de represión política, proscripción de libertades públicas, y la generación de un clima completamente adverso a la condición democrática de los venezolanos, llevó a estos líderes de los partidos Acción Democrática, COPEI, y URD, a proponer un pacto político que permitiera gobernar, y generar la estabilidad necesaria para avanzar en el desarrollo democrático y el bienestar del país.

Esta es probablemente la razón por la cual estos líderes se dedican a establecer las bases del acuerdo político presentado a la sociedad venezolana el 31 de octubre de 1958, conocido como Pacto de Puntofijo, y también a elaborar un documento que se denominó “Declaración de principios y Programa Mínimo de Gobierno” (según fue publicado en el primer número de 1959 de la revista SIC), que fue firmado por los candidatos presidenciales de los tres partidos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Wolfgang Larrazábal, el 6 de diciembre de 1958, un día antes de las elecciones

El documento está dividido en dos partes. En la primera parte se señalan los principios que guían el pacto político, a saber: el respeto absoluto al resultado de las elecciones, así como el respaldo de los otros candidatos al que resultara electo; la conformación de un gobierno de unidad nacional en el cual estuvieran representados las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes; una administración guiada por el programa mínimo de gobierno; el mantenimiento y consolidación de la tregua política; y el concurso generoso y responsable para impulsar la recuperación democrática, cultural, espiritual y económica del país.

En la segunda parte del documento se establecen las metas de las políticas que debería llevar a cabo ese gobierno, divididas en ocho áreas: acción política y administración pública, política económica, política petrolera y minera, política social y laboral, política nacional, Fuerzas Armadas. política inmigratoria, y política internacional.

En el área de acción política y administración pública se propone: la elaboración de una constitución democrática que incluya una Carta de Derechos Económicos y Sociales; la defensa del orden constitucional y las actuaciones enérgicas contra las actividades antidemocráticas; la reforma de la legislación que fuera contraria al ejercicio de las libertades públicas; la autonomía y fortalecimiento de los poderes legislativo, judicial, y municipal; la regularización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y la reforma administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

En el área de política económica se incluye: el rol preponderante del Estado en el fomento de la riqueza nacional; el reconocimiento de la función de la iniciativa privada como factor de progreso; la elaboración de un plan integral de desarrollo económico de largo alcance; el procesamiento dentro del país de materias primas, especialmente el petróleo y el hierro; la utilización de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial, y el Banco Agrícola y Pecuario como los motores económicos; la reorganización de las industrias estatales petroquímica y siderúrgica; la modernización del sistema tributario; y la reforma agraria, y la reorganización del régimen de propiedad de la tierra. Dentro del área de política petrolera y minera se señala: la revisión de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras para alcanzar la más justa participación en los beneficios y ejercer un mayor y más efectivo control sobre las actividades de la industria; la realización de los estudios para la creación de una Empresa Nacional de Petróleo, de una Flota Petrolera y de los demás organismos requeridos para que el país trabaje directamente el petróleo; y la revisión de la política del hierro para recibir una razonable porción de las utilidades.

En el área de política social y laboral se señala: la defensa y valorización del capital humano a través de una política demográfica dirigida al aumento de la población; la protección a la madre y al niño; política de vivienda para garantizar las necesidades de la población urbana y rural; campaña contra el rancho; el reconocimiento del trabajo como factor del progreso, así como la defensa del trabajador y la protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales; la lucha contra el desempleo; la reforma de la Ley del Trabajo para regular de manera más eficaz y moderna las relaciones obrero-patronales; la realización de estudios para implantar el salario familiar; y la reorganización del Instituto de Seguros Sociales, así como el establecimiento de un sistema integral de Seguridad Social.

En política nacional se incluye: el fomento de la educación popular desde el preescolar y la primaria hasta la universidad; la revisión del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del desarrollo económico y cultural del país; campaña para erradicar el analfabetismo; la intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza; la protección y dignificación del magisterio así como medidas para aumentar el máximo la formación de maestros; y la defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela.

Con respecto a las Fuerzas Armadas se propone: el perfeccionamiento técnico y la modernización de la institución armada; así como su carácter apolítico, obediente y no deliberante; la intensificación de la educación institucionalista; el reconocimiento de los méritos y servicios del personal; así como el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los oficiales, clases y soldados; y el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio por todos los venezolanos sin distinción de clases sociales. En política migratoria se propone su reorientación para que el trabajador inmigrante contribuya realmente al progreso del país, y se explicita que debe gozar de la misma protección y derechos que el trabajador venezolano.

En política internacional se indica: la reafirmación de los principios de paz y cooperación con todas las naciones; el repudio a toda medida contra la autodeterminación de los pueblos; la ratificación de las Naciones Unidas y la OEA; el respeto a los compromisos internacionales del país, la revisión de las relaciones interamericanas para que se realicen los postulados políticos democráticos y de cooperación económica; el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de acuerdo con el interés nacional; y el fomento de la política de intercambio comercial.

Las líneas de políticas públicas que fueron propuestas en este documento guiaron, con sus virtudes y limitaciones de diseño, la acción de los siguientes gobiernos constitucionales de Venezuela, hasta el punto de que muchas de ellas se convirtieron en acciones compartidas por varios de ellos. El hecho de que estas políticas fueran acordadas antes de las elecciones de 1958, y concebidas para fundamentar la acción del gobierno, son demostraciones relevantes de la madurez con la cual se entendía la gestión pública. Son también un ejemplo del enfoque que debería prevalecer para incluir la gestión del gobierno en el eje de los acuerdos políticos. La experiencia venezolana en este aspecto sigue siendo de especial valor, no solo para las próximas etapas del país sino para otros países en procesos de democratización.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2023