domingo, 25 de febrero de 2018

Venezuela se muere

Todas las evidencias están a la vista. Venezuela vive la peor crisis social y económica de su historia. No hay manera de ocultarla. El desastre en la conducción de las políticas públicas ha traído como consecuencia la destrucción de la economía, y, por ende, de los mecanismos de intercambio de la sociedad. La hiperinflación es efecto directo de la ideologización y de la mayor incompetencia en el manejo del Estado. Como resultado, tenemos en curso la peor recesión del país, cinco años sin crecimiento económico, y la mayor inflación del mundo en casi un lustro. La hiperinflación es la segunda del siglo XXI, la primera en América Latina en casi treinta años, la primera en un país de la OPEP sin guerra civil. No existen palabras para ilustrar las dimensiones de esta catástrofe de las políticas públicas. 

Lo fundamental son las consecuencias en la vida de la gente. Los gobiernos y las políticas públicas deben ser para promover el bienestar a los ciudadanos. Cuando los gobiernos y las políticas públicas traen sufrimiento a las personas, son inaceptables, transgreden los principios de la vida en sociedad. Y eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Para empezar, estas políticas ocasionan hambre y desnutrición. La destrucción del aparato productivo ha significado la desaparición de cosechas, de canales de distribución, de mejoras tecnológicas. Si a ello se suma la aniquilación de los ingresos, se explica el drama de la mayoría de las familias del país que no tienen para comprar la comida del día, mucho menos ahora con la debacle hiperinflacionaria. Se suceden entonces, día tras día, muertes, especialmente de niños y adultos mayores, por hambre. Un millón de niños venezolanos menores de tres años no están comiendo lo que requiere para tener una vida plenamente productiva. Cada uno de ellos es una llamada a la conciencia de la sociedad. Cada uno de ellos es una manifestación de lo nocivo que pueden ser los gobiernos desastrosos. 

No solo se muere por hambre en estos tiempos en Venezuela. Se muere también porque no hay medicamentos, inmunizaciones, insumos para realizar diálisis, entre otras deficiencias. Las personas que requieren la atención de salud no tienen forma de conseguirla en el país. No tienen alternativa, y sus familias contemplan con desesperación y frustración la pérdida de posibilidades que puede terminar en la muerte. Y esto sucede en el país en el que se ha producido la mayor privatización de los servicios de salud en el siglo XXI en América. El 65% de todo el gasto en salud sale del bolsillo depauperado de los venezolanos. La política de salud de las últimas dos décadas ha sido la peor agresión a la vida de los venezolanos. 

También se muere por violencia. Muchas ciudades venezolanas están entre las más inseguras del mundo. La violencia se ha incrementado porque el gobierno se ha retirado de una de sus funciones principales, como es proteger las vidas y bienes de los venezolanos. La inseguridad ha tomado la vida de los venezolanos, incluso en sus propias viviendas. 

Por todo esto, los venezolanos huyen. Se van del país por todos los medios. Muchos de ellos a través de las fronteras con nuestros vecinos, ocasionando prácticamente zonas crecientes de refugiados. Se van muchas veces con lo que tienen en el bolsillo o con lo poco que han obtenido. Se van porque en este país tienen riesgo de morir. No es exageración, es la cruda realidad. 

También en el país mueren las esperanzas. Cada venezolano que debe emigrar es una pérdida. Es una posibilidad truncada. Es una ilusión que se concretará en otros destinos. Es por ello que también se afecta la viabilidad del país. Sin cambios en estas políticas, solo le queda a Venezuela el escenario de mayor empobrecimiento. La pérdida de capacidades, especialmente de los más jóvenes, nos aleja de la diversificación, nos coloca más lejos del desarrollo pleno y sostenible. 

En un célebre mensaje, el presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, al anunciar el programa de estabilización económica para enfrentar la hiperinflación a finales de agosto de 1985, expresó: “Bolivia se nos muere”. Para indicar la importancia de tomar las medidas con la urgencia del caso. Hoy tenemos conciencia creciente de que el país se muere. Ojalá pronto el liderazgo de la sociedad acuerde las soluciones inmediatas para salvar a Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 21 de febrero de 2018

¿En cuánto tiempo se recupera la baja inflación?

La hiperinflación de Venezuela, según las estimaciones de la Asamblea Nacional (únicas oficiales en el país), ya se encuentra en el cuarto mes. De tal manera que ya superó en duración las hiperinflaciones de Perú (1988 y 1990) y la de Chile (1973), según el recuento realizado por Steve Hanke y Nicholas Krus, investigadores de la Universidad Johns Hopkins. Si se prolonga hasta el mes de marzo habrá superado también la duración de la hiperinflación de Brasil (entre 1989 y 1990). 

Todo parece indicar que al menos hasta la elección presidencial fijada para el 22 de abril de este año, el gobierno seguirá impulsando una política económica que no hará otra cosa que agravar los factores que condicionan la hiperinflación. En este caso, puede estimarse que la hiperinflación de Venezuela durará al menos seis meses. También es previsible que un programa adecuado de estabilización económica no es lo que el gobierno tiene pensado implementar. La persistencia de la actual política, entonces, puede aumentar la duración de la hiperinflación con las graves consecuencias que están conllevando para los hogares venezolanos. 

De allí que sea urgente acometer los cambios de política que pudieran corregir el curso hiperinflacionario. Ya las previsiones indican que, de no haber modificación, Venezuela puede alcanzar en 2018 la tasa de inflación más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina (comparable con la de Nicaragua en 1987). 

La diferencia en la calidad de las políticas tiene efecto en la duración de las hiperinflaciones. Ello se puede apreciar cuando se analiza la evolución de procesos de hiperinflación que comparten características similares. Una comparación en este aspecto la ofrecen las hiperinflaciones que se sucedieron luego de la disolución de la Unión Soviética. En enero de 1992 comenzaron 14 procesos de hiperinflación en repúblicas soviéticas. En nueve casos las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses (incluyendo la de Rusia que duró un mes). En los restantes casos (5) las hiperinflaciones se extendieron por dos años o más: Tayikistán (22 meses), Turkmenistán (23 meses), Moldavia (24 meses), Ucrania (35 meses) y Azerbaiyán (36 meses). Se puede inferir que las hiperinflaciones deben ser atendidas con prontitud, de lo contrario tienden a prolongarse en el tiempo. De hecho, las hiperinflaciones de Ucrania y Azerbaiyán solo son superadas en duración por las de Grecia (1941-1945) y Nicaragua (1986-1991). 

Ahora bien, no necesariamente la corta duración de las hiperinflaciones es indicativa de que la recuperación será rápida. Para ello tomaremos como criterio que la recuperación de una tasa baja de inflación implica alcanzar dos dígitos. En los nueve casos en los que las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses, solo en dos de ellas (Estonia y Letonia) la recuperación de una baja tasa de inflación llevó dos años. En los restantes casos llevó más tiempo, hasta cuatro años en Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán. 

El examen de la experiencia en otros países permite precisar un poco más lo que puede durar la hiperinflación en Venezuela, así como los rasgos de la recuperación. En primer lugar, el hecho de que la hiperinflación no se haya enfrentado con rapidez, es un signo de mal pronóstico con respecto a la duración. En segundo lugar, en caso de tomarse medidas para enfrentar la hiperinflación deben ser muy bien diseñadas para que la recuperación sea en el menor tiempo posible. Es claro que la manera de enfrentar la hiperinflación marcará el rumbo de la sociedad venezolana en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 14 de febrero de 2018

Hiperinflación sin límites

La hiperinflación se apodera de todos los espacios de la sociedad. Cualquier actividad de las personas o familias está condicionada por el aumento de los precios. De eso depende lo que se compra, si se va o no al trabajo, lo que se comenta en el mercado. Prácticamente las conversaciones de los venezolanos giran alrededor de esta situación. De nada ha servido la negación. El poder de la hiperinflación está trastocando las costuras económicas, sociales, y también las políticas. 

Tal es la magnitud de este descalabro, que el FMI anunció a finales del mes pasado una nueva estimación de la tasa de inflación de Venezuela en 2018. El pasado mes de octubre el FMI indicó que la tasa de inflación podría alcanzar 2.300% en este año. Ante los acontecimientos de las últimas semanas, el organismo indica que la tasa de inflación podría alcanzar más bien 13.000%. Es muy poco lo que habría que comentar si esto se acompaña, como también lo señala el FMI, con una caída de la actividad económica de 15%. Es decir, de cumplirse el pronóstico del FMI, Venezuela tendría en 2018 el penoso récord de la mayor tasa de todas las hiperinflaciones de América Latina, con la excepción de Nicaragua en 1987. 

Lo que determina que un problema se pueda resolver, en primer lugar, es la disposición a resolverlo. Si no existe esa voluntad, en muy poco probable que se pueda avanzar. Ese es justamente el caso de Venezuela. El actual gobierno no ha mostrado ningún signo de aceptación de que la hiperinflación es un problema relacionado con las políticas implementadas. Ya está bastante demostrado que la hiperinflación es causada fundamentalmente por desajustes monetarios y fiscales que pueden ser controlados rápidamente, siempre y cuando exista conciencia de esa situación. Y en esas circunstancias, la sobrevivencia del gobierno concentra todos los recursos en la próxima elección para conservar el poder. Mientras tanto, las acciones del gobierno, cuyo único propósito es aumentar la fuerza electoral, agravan la hiperinflación porque aumentan las fallas de las políticas implementadas, esto es, los desajustes señalados. Todo ello porque existe la creencia de que las opciones de políticas requerirán costos de todo tipo, es más fácil en estos momentos seguir el curso. De tal manera que no se puede esperar que el gobierno cambie de políticas antes de la elección presidencial. 

Para el gobierno es claro que luego de la elección tendría que analizar la hiperinflación con otra perspectiva. Y ahí entonces aparecería otra gran restricción que ha sido crónica en el actual gobierno: la dificultad para tomar decisiones oportunas y complejas, fundamentalmente porque existen muchos grupos y actores en su interior. Cada una de las opciones de política tendría críticos y adversarios con grados variables de influencia, lo cual hace muy intrincado el proceso de decisión. Por el lado de la alternativa al actual gobierno, esto es, los potenciales nuevos gobernantes, habría que preguntar si existe el consenso para implementar un programa de estabilización que resuelva de raíz la hiperinflación. Vale recordar que el gobierno de Violeta Chamorro, conformado por una amplia alianza de partidos, solo pudo implementar el programa anti-inflacionario casi año y medio después de la toma de posesión. Por lo señalado, se puede decir que en estos momentos la hiperinflación en Venezuela no tiene límites. Los venezolanos lo saben y están actuando en consecuencia.

Politemas, Tal Cual, 7 de febrero de 2018

Ni respeto a la vida, ni respeto a la muerte

No hay ninguna duda de que en Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades del gobierno. Para empezar, el hecho de que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya todo eso bastaría para tener la máxima preocupación. 

A todo lo anterior hay que agregar el clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones por venir. En primer lugar, el lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los sentimientos y decisiones de los familiares. 

En las actuales circunstancias del país, en las que cada día que pasa agrega multitud de situaciones que reflejan el malestar y rechazo de los ciudadanos, estos hechos son completamente inauditos. Son expresión de rasgos inequívocos de una gran descomposición institucional. El respeto por la vida y la muerte deben ser signos característicos de las sociedades. Cuando se irrespeta la vida y la muerte, especialmente por la valoración que hacen las familias del dolor que significa perder seres queridos, es imperativa la reflexión sobre los valores que esa sociedad comparte o ha dejado de compartir. Es un llamado muy directo a la conciencia de los actores políticos y sociales que participan. Es una alerta colectiva sobre el tipo de conductas que están caracterizando la vida de la sociedad. 

Es indudable que la situación general del país no puede ser más dramática. En todos los frentes. En el plano político por las grandes dificultades para encontrar espacios de acuerdo. En lo económico por las tremendas repercusiones que tiene la hiperinflación, con su estela de destrucción en todos los espacios. En lo social por el sufrimiento de millones de familias en su cotidiana lucha por la subsistencia. Y como si no fuera suficiente, ahora en la vulneración del respeto a la vida y la muerte. Si no es el punto más bajo en la incertidumbre por el destino del país, se le debe parecer bastante.

Politemas, Tal Cual, 24 de enero de 2018