Tendencias del desempeño económico en América Latina

Ya en la fase final de la segunda década del siglo XXI, y en el contexto de un escenario global cada vez más complejo, puede ser de utilidad examinar las lecciones en el desempeño de las economías latinoamericanas en el período más amplio que se pueda abarcar. Conviene identificar tendencias que sirvan de referencia para las políticas públicas en los países de la región en las próximas etapas. 

El análisis tomará como base las variaciones del producto per cápita de acuerdo con la capacidad de compra a precios internacionales. Esta medición permite comparar el acceso a la compra de bienes de los ciudadanos de cada país asumiendo precios internacionales constantes. Por supuesto, la capacidad de compra no es igual a riqueza ni a sostenibilidad del crecimiento. En algunos países, la capacidad de compra puede ser muy alta, pero las economías no son diversificadas. Un ejemplo muy claro son los países productores de petróleo. Tienen un alto producto per cápita pero no son países ricos, no son países de economías diversificadas. La información disponible corresponde a la contenida en la base de datos del FMI desde 1980 (no existen datos anteriores a ese año). Analizaremos todos los países con información completa entre 1980 y 2018. Son exactamente 139 países. En el grupo están todos los países de América Latina, excepto Cuba, y Nicaragua. 

En 1980 el país con mayor producto per cápita de capacidad de compra en la región era Venezuela (poco más de 18 mil dólares). Esta cifra estaba muy cercana a las de Reino Unido Singapur, Japón (con poco más de 20 mil dólares en cada caso). En ese año los cinco países con mayor producto per cápita de capacidad de compra eran exportadores de petróleo (confirmando lo señalado sobre las distorsiones que presentan estas economías). Venezuela ocupaba el lugar 32 al ordenar a los países de mayor a menor producto per cápita de capacidad de compra. Luego de Venezuela seguían Argentina (puesto 41), México (puesto 46) y Brasil (puesto 47). Estos cuatro países eran los únicos de América Latina en los primeros cincuenta. También como referencia puede indicarse que Corea del Sur ocupaba ese año el lugar 75 con un producto per cápita de poco más de 5 mil dólares, casi la cuarta parte de Venezuela. 

Casi cuarenta años después, el examen de las variaciones en el producto per cápita de capacidad de compra ofrece una muestra del impacto de las políticas públicas seguidas por los países. La situación ideal es que la combinación de políticas públicas seguidas por los países hubiera aumentado la capacidad de compra de los habitantes, y que ese aumento sea una expresión de la diversificación económica, fundamento de la sostenibilidad de mediano plazo. 

Los cinco países que experimentaron mayor aumento del producto per cápita de capacidad de compra entre 1980 y 2018 (en el conjunto de los 139 países analizados), fueron Guinea Ecuatorial, China, Bután, Corea del Sur y Vietnam. En este grupo solo Guinea Ecuatorial tiene una economía basada en el petróleo. De hecho, en 2018 el único país petrolero en los cinco países con mayor producto per cápita de capacidad de compra es Qatar. Casos llamativos en mejoras de desempeño económico son Singapur (al pasar del lugar 27 en 1980 al puesto 3 en 2018), y Corea del Sur (al subir del puesto 75 al 29 en el mismo período). 

En América Latina solo tres países (de los dieciocho de la región con información) aumentaron el producto per cápita de capacidad de compra por encima del promedio mundial (Chile, República Dominicana y Panamá). Y solo dos de ellos, Haití y Venezuela, experimentaron decrecimientos del producto per cápita de capacidad de compra en el período. En el caso de Haití la reducción fue 33% y en el de Venezuela la reducción fue 46% (es decir, prácticamente a la mitad del valor de 1980). 

Al examinar el lugar relativo de las economías de la región, se observa que solo dos países se encuentran ahora entre los primeros cincuenta del mundo con respecto al producto per cápita de capacidad de compra. Solo cuatro países han mejorado la posición relativa (Chile, República Dominicana, Uruguay y Panamá) en el período 1980-2018. Todos los demás países han bajado en la clasificación, siendo la caída más significativa la de Venezuela al descender del lugar 32 al 81, una disminución de 49 puestos. 

Dos direcciones se muestran con claridad en este análisis. En primer lugar, las economías de la región no se caracterizan por el dinamismo, no son espacios relevantes a escala mundial para la producción y la innovación. En segundo lugar, la tendencia es hacia un menor crecimiento, es decir, a pesar de que las economías crecen no lo hacen en la misma proporción a la que están creciendo en otros contextos. De allí que la mayoría de las economías de la región pierdan terreno cuando se compara con el resto de los países. 

Las consecuencias de lo anterior para las próximas etapas son relevantes. En primer lugar, es evidente que la combinación de políticas públicas en la región no alcanza el mejor resultado posible, al menos cuando se comparan en el contexto internacional. Un segundo aspecto es el efecto que podría tener para estos países cuando se profundicen los cambios demográficos y epidemiológicos que requerirán mayores recursos para la prestación de servicios a una población con mayor expectativa de vida. Los cambios deberán ser sustantivos. Mientras más temprano se empiece, será mucho mejor.

Politemas, Tal Cual, 12 de diciembre de 2018

¿Qué se requiere para erradicar la malaria?

El Informe Mundial de Malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pocos días atrás, no solo reporta sobre la situación de los programas de control en todo el mundo. También señala aspectos que a primera vista pasan sin llamar la atención, justamente por lo increíbles que pueden parecer. En el mundo tropical, donde la malaria ha estado presente desde que existe la humanidad, la simple mención de que sea posible erradicar la enfermedad, no es consistente con lo que pasa en la realidad. Especialmente si se aprecia desde la perspectiva de un país como Venezuela, que según la OMS cerró el año 2017 con más de 400 mil casos de malaria. Y que para el año en curso tiene un estimado de casos muy superior. . 

Imaginar un país sin un solo caso autóctono de malaria supone tener presentes una serie de condiciones. Para muchos, la exigencia es de tales proporciones que ni siquiera es factible asumir. El año que se notificaron menos casos de malaria en Venezuela fue 1962, un poco más de 250 casos en todo el año. Lo cierto es que la erradicación de la malaria no es tan inimaginable. Según el reporte de OMS, desde el año 2000, 16 países han eliminado la malaria en sus territorios. Algunos de ellos (Paraguay, Marruecos, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, Turkmenistán, Sri Lanka y Kirguistán) ya cuentan con la certificación de la OMS. 

Otro grupo de 21 países se ha propuesto que para el 2020 habrán erradicado la malaria. Entre ellos se encuentran varios de América Latina (México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador), así como China, Suráfrica, Corea del Sur, Malasia, entre otros. Al observar el desempeño para alcanzar la meta, se constata que en 2017 no se registró ningún caso de malaria en El Salvador, ni en China, por colocar dos países tan diferentes en términos de superficie y población. Tampoco se registraron casos en Argelia. En algunos de ellos se registraron menos de cien casos, por ejemplo, Costa Rica (12), Irán (57), Malasia (85). En otros se presentaron retrocesos, como en Suráfrica, al pasar de poco más de cuatro mil casos a más de veinte mil. 

Más allá de las diferencias en el desempeño, relacionadas con la capacidad de gestión, recursos, situaciones políticas, entre otros factores, la realidad es que estos países, es decir, los acuerdos más o menos sólidos que existan en esas sociedades, han decidido que es posible erradicar la malaria y están dando los pasos, a veces más efectivamente, a veces menos, en esa dirección. Es muy probable que en 2020 no todos ellos lo consigan, pero también es cierto que lo podrán conseguir más adelante. Estas acciones repercutirán en mejores condiciones de vida para sus poblaciones, y la posibilidad de asignar los recursos que hoy gastan en malaria en otros problemas de salud. 

El ejemplo de esta iniciativa, de erradicación de malaria en estos países, pone de relieve dos lecciones muy relevantes. La primera es que en las políticas públicas no hay predeterminaciones. Es decir, no existen factores tan inmodificables que no permitan avanzar. Y el segundo aspecto, es justamente que el primer paso en una política pública exitosa es asumir que si es posible, y tomar en cuenta todos los factores en los cuales hay que incidir para reducir el problema. En otras palabras, en aquellos países que existan epidemias de malaria no es que sea inevitable, es que se están manifestando más bien las grandes brechas de las políticas públicas. Tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 5 de diciembre de 2018

Rumbo a las hiperinflaciones más largas

La hiperinflación de Venezuela ya tiene un año de duración. Cuando comenzó en el mes de noviembre del año pasado, algunos comentaron que al ser un proceso “autolimitado”, la hiperinflación no debería pasar de un año. Esa creencia estaba basada en la experiencia de los gobiernos que decidieron deliberadamente eliminar la hiperinflación. Pero en el caso de los países en que los gobiernos no asumen que la hiperinflación es un problema derivado de sus acciones, la duración de estos procesos puede ser tan larga como la incomprensión de su naturaleza. 

Ya a finales del 2017 era bastante claro que no existe la disposición para implementar las políticas adecuadas para corregir la hiperinflación. Los resultados están a la vista. La hiperinflación de Venezuela es la tercera en duración de América Latina (solo superada por la de Bolivia con 18 meses y la de Nicaragua con 58 meses). También es la tercera en cuanto a la máxima tasa de inflación mensual (superada por la de Nicaragua y la de Perú). Al cumplir el año, la hiperinflación de Venezuela está en el 40% de los casos de mayor duración. 

Toda esta situación ha tenido un efecto terrible en los venezolanos, desde el deterioro aún mayor de las condiciones de vida, hasta la pérdida también mayor de la capacidad de transacción en la venta y compra de bienes. Venezuela es hoy una sociedad preocupada cada segundo por el precio de los bienes no por el valor de ellos. La distancia entre esas dos sociedades es el camino que habrá que recorrer para ser un país completamente diferente al que tenemos. 

Todo lo anterior sería de especial preocupación. Pero esto aumenta cuando se conocen los pronósticos de los organismos especializados, dentro y fuera del país, sobre el comportamiento de la hiperinflación en 2019. Todos los análisis indican que la hiperinflación puede extenderse por todo el año próximo. Es decir que la duración podría llegar al menos, según estos pronósticos, a los dos años. La premisa subyacente en estos pronósticos es que no habrá cambios fundamentales en la política económica. 

De mantenerse la hiperinflación en todo el año 2019, Venezuela ingresaría al grupo de países que han tenido las hiperinflaciones más largas (mayores a dos años). Este grupo está compuesto por: Rusia (entre 1922 y 1924, 26 meses), China (entre 1943 y 1945, 26 meses), Angola (entre 1994 y 1997, 26 meses), Ucrania (entre 1992 y 1994, 35 meses), Azerbaiyán (entre 1992 y 1994, 36 meses), Grecia (entre 1941 y 1945, 56 meses), Nicaragua (entre 1986 y 1991, 58 meses). Esta posibilidad es real. La magnitud de los desequilibrios que atraviesa Venezuela está sencillamente fuera de toda proporción. 

En este escenario, hay que insistir hasta la saciedad, es urgente el cambio de la orientación económica. Venezuela está experimentando un grado superlativo de deterioro institucional vinculado a la desaparición de la moneda, tal como Keynes lo señalaba hace casualmente un siglo. Por supuesto, esto es una responsabilidad que involucra especialmente al gobierno. Pero no de manera exclusiva. La reflexión sobre el tipo de sociedad que aspiramos supone comprender los elementos básicos del funcionamiento de una economía, y lo costoso que representa un proceso de hiperinflación, en calidad de vida y en inversión para el futuro. La responsabilidad de todos los liderazgos en identificar alternativas ante esta situación no puede ser más necesaria en las actuales circunstancias.

Politemas, Tal Cual, 28 de noviembre de 2018

Dramas y oportunidades de la migración a Colombia

La migración de Venezuela es un problema de Estado para Colombia. Declaraciones presidenciales en los últimos dos años así lo evidencian. La envergadura de este proceso es inmensa y creciente. De allí que el gobierno de Colombia cooperara con el Banco Mundial para elaborar un documento marco de políticas públicas para atender esta situación en el corto, mediano y largo plazo. El documento “Migración desde Venezuela a Colombia”, presentado hace pocas semanas, ofrece aportes tanto para conocer las dimensiones y características de la migración, como su impacto en múltiples áreas, y para ponderar las alternativas de políticas. El conocimiento de especialistas del Banco Mundial sobre procesos similares en otros contextos, facilita la identificación de opciones para enfrentar sistemáticamente la migración acelerada de Venezuela a Colombia. 

En el documento se califica esta migración como “sin precedentes”. También se señala que este proceso ha cambiado completamente la dirección de la política migratoria de Colombia. De país más bien interesado en que retornaran los nacionales que tuvieron que marcharse en décadas pasadas, ahora Colombia debe hacer frente a una llegada de migrantes de inmensas proporciones provenientes de Venezuela. La velocidad y magnitud de esta migración es proporcional al ritmo de destrucción económica que se ha profundizado en Venezuela desde la aparición de la hiperinflación en noviembre del año pasado. 

La población que ha tenido que salir de Venezuela proviene del peor contexto económico y social en la historia del país. No solamente son los efectos relacionados con las características de los empleos que tenían, en su gran mayoría informales, en una economía con casi un lustro sin crecimiento. También es una población sin acceso adecuado a alimentos, medicamentos, con restricciones en la asistencia a las escuelas, con 70% sin cobertura de seguros de salud. En los últimos meses también es una población con casos de sarampión y difteria, con posibilidad de propagar las epidemias de estas enfermedades. 

En el documento del Banco Mundial se indica que para septiembre de 2018, aproximadamente 1,2 millones de personas que vivían en Venezuela se han trasladado a Colombia. De ellos, 300 mil son colombianos que decidieron retornar a su país. Es por ello que se señalan las características de una migración mixta (los nacionales que retornan y los que no tienen nacionalidad colombiana). Estos últimos tienen diferentes condiciones migratorias (regular o irregular). También se destaca que durante los primeros nueve meses de 2018, más de 700 mil personas provenientes de Venezuela han llegado a Colombia para seguir a otro país. 

Las dimensiones de esta migración, que superan todo lo previsible, han tenido por supuesto un efecto en Colombia, especialmente en la prestación de servicios y en las condiciones del mercado laboral. De allí que se implementen mecanismos de atención a esta población en áreas de salud y educación, para lo cual la situación migratoria implica diferencias en el acceso. Se estima en el documento que la atención a los migrantes tiene una repercusión de 0,2% a 0,4% del PIB en los gastos fiscales de Colombia. 

Esta migración tiene un mayor impacto relativo en las zonas fronterizas. Esto es, la población migrante representa una proporción significativa de la población total. Lo relevante es que estas zonas fronterizas también son las menos desarrolladas de Colombia, con menor cobertura de servicios y posibilidades productivas. Y es justamente en estas condiciones que pueden surgir las oportunidades. También el documento señala la importancia de analizar los posibles efectos beneficiosos de esta migración. 

Tal como ha sido la experiencia en este último año, el documento destaca que el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de Venezuela influirá en la continuación de la migración. De manera que las previsiones, en términos de servicios y atención a los migrantes, tenderán a aumentar. También se sabe que en las zonas fronterizas la migración venezolana cuenta con ventajas por su preparación para las actividades productivas. Por supuesto, inicialmente genera recelos de parte de los trabajadores de nacionalidad colombiana. De hecho, se ha reportado la disminución del empleo formal en estas zonas, al mismo tiempo que el aumento de la economía informal con la llegada de venezolanos. 

Ahora bien, esta combinación de migración que trae nuevas capacidades en un entorno caracterizado por la brecha que existe con respecto a otras zonas de Colombia, puede servir de catalizador de nuevas modalidades productivas. Este aspecto está enunciado en la recomendación 2.4 del documento al destacar la importancia de proyectos productivos en las zonas receptoras de migración. Una opción podría ser la creación de un Fondo de Apoyo a Emprendimientos Productivos, de manera que los nuevos empleos de venezolanos no compitan con los empleos formales de la población colombiana. Estos nuevos emprendimientos, con incentivos para una rápida formalización, permitirían que se formen nuevas asociaciones productivas en estas zonas. Si también en esas zonas se facilita el reconocimiento de títulos a los migrantes venezolanos (como se señala en la recomendación 3.2 del documento), se aprovecharía tanto las capacidades actuales como las derivadas de un mayor nivel de especialización. 

Quizás estas zonas fronterizas, hoy con grandes brechas de desarrollo, se pueden convertir en áreas de nuevos niveles de productividad. Al estar en la frontera pueden tener un efecto sinérgico en la economía de Venezuela cuando se tenga otra dirección de políticas. Probablemente el mayor reto del gobierno de Colombia es convertir los dramas de esta migración en oportunidades de bienestar. Ojalá que así sea.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2018

¿En cuánto tiempo se logra la inmunización universal?

La última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre sarampión, del 24 de octubre de este año, indica que hasta la fecha se han reportado 8.091 casos confirmados en las Américas. En Venezuela se han reportado 5.525 casos con 73 muertes, esto es, el 68% de los casos y el 85% de las muertes de la región en este año. La epidemia se inició en el país a mediados de 2017. También se destaca en el informe que se han detectado casos de sarampión provenientes de Venezuela en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Es de especial relevancia que 516 casos han sido confirmados en comunidades de etnias indígenas de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Monagas. También hay que destacar que 64 muertes (87% del total en Venezuela) se han producido en estas localidades. 

La primera consideración que se genera ante esta situación, es conocer cuál era la cobertura de inmunización por sarampión en el país para el momento de iniciarse esta epidemia. La última información del porcentaje de inmunización contra sarampión (segunda dosis) es del año 2017, disponible en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Allí se indica que el porcentaje de cobertura era 59% en 2017 (casi 20% menos que el promedio de los países de América Latina). La cobertura de esta inmunización en Venezuela ha sido menor al promedio de la región desde 2009 (primer año con datos del país en el sitio web). 

Cabe preguntarse, en un segundo momento, en cuánto tiempo se puede alcanzar la inmunización universal, esto es, que al menos 95% de los niños reciban las dosis completas de la inmunización contra sarampión, cuando se parte de una cifra similar a la cobertura de Venezuela en 2017. En ese año solo Cuba y México tenían coberturas mayores a 95% (99% en Cuba y 98% en México). Otros tres países (Chile, Costa Rica y Panamá) tenían más de 90%. De manera que un país puede alcanzar inmunización universal, no es definitivamente una rareza. Muchos países la tienen. Administrar vacunas efectivas a toda la población es una de las actividades de salud pública de mayor impacto y menor costo relativo. Sin embargo, como vemos, todavía se presentan brotes como el actual en muchos países de América Latina. 

Varios países de la región han logrado aumentar significativamente el porcentaje de cobertura de sarampión en un año desde la cifra que poseía Venezuela en 2017 (59%). Argentina aumentó de 56% a 83% entre 2001 y 2002, Brasil (de 53% en 2010 a 71% en 2011), Cuba (de 53% en 2005 a 97% en 2006), Ecuador (de 59% en 2014 a 76% en 2015), Paraguay (de 31% en 2005 a 61% en 2006) y Perú (de 56% en 2010 a 70% en 2011). El mayor aumento en un año fue el de Cuba (44%) y el menor el de Perú (14%). El promedio de aumento de cobertura en los seis países fue 25%. Es por ello bastante razonable, en condiciones adecuadas de rendimiento de los servicios y recursos financieros, lograr aumentos de cobertura de inmunización contra sarampión entre 20 y 25% en un año (en el nivel inicial señalado). 

Más complicado es pasar de 70-75% a más de 90% de cobertura. En Argentina les tomó dos años más, en Brasil tres. De acuerdo con lo anterior, fundamentando en la experiencia de países de la región, se podría estimar que Venezuela, con las prácticas adecuadas y el escenario institucional favorable, podría aumentar la cobertura de inmunización contra sarampión en 20% en el primer año, y quizás alcanzar más del 90% en dos años más. Así se evitaría que la población, especialmente la más vulnerable, se vea expuesta a nuevas epidemias de esta enfermedad. Se trata de hacer primero lo más sencillo.

Politemas, Tal Cual, 14 de noviembre de 2018

Teodoro ante los retos de gobernar

Nunca imaginé esa fría y oscura madrugada en el aeropuerto de Pittsburgh, cuando veía a los encargados de quitar el hielo de las alas del avión que iba a abordar, que en pocas horas tendría oportunidad de hablar en persona con Teodoro, en ese momento ministro de CORDIPLAN, y coordinador de la reforma de la seguridad social en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Era justamente la primera semana de noviembre de 1997, hace veintiún años. Ya teníamos más de cuatro años en los Estados Unidos. Estaba en la parte final del programa doctoral, muy ocupado para terminar a tiempo la tesis. Seguía en la distancia las incidencias de los cambios que se proponían en la seguridad social. 

En esas semanas, Edgar Capriles, gran amigo desde los tiempos en que lideró la descentralización de los servicios de salud en el estado Aragua a principios de los noventa, me había consultado sobre la propuesta de reforma que se discutía. Le había escrito a Edgar unas notas con mis observaciones, basadas en el seguimiento que había realizado de esos procesos en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. En esas notas expresaba preocupaciones por algunos aspectos, así como mi creencia de que era una excelente oportunidad para aprobar mejores soluciones en el sistema de salud del país. Edgar, asesor en ese entonces del Congreso Nacional en la Comisión de Salud, organizaba un seminario internacional sobre estos temas. Me propuso que asistiera como expositor. Ahora le agradezco más la invitación. A pesar de lo atareado que estaba, decidí ir, era una oportunidad privilegiada para comunicar las observaciones y contribuir con ideas. No olvidaré nunca esa mañana porque me preguntaba cómo iba a hacer el piloto para despegar el avión en un cielo tan oscuro y cerrado. Pues lo hizo, después de unos cuantos minutos atravesando nubes apareció el sol muy radiante, nunca he visto el cielo tan azul como esa mañana. A partir de ahí el avión se movió sin ningún sobresalto hasta Nueva York, en escala a Caracas. 

Luego del seminario, realizado en el BCV, Edgar Capriles y Eduardo Orozco me propusieron ir con ellos a conversar con Teodoro. Ellos consideraban que sería útil plantearle lo analizado en el seminario y comentarle las observaciones que tenía. Acepté con entusiasmo, por la oportunidad, pero también con cierta inquietud. Yo no conocía personalmente a Teodoro. Por supuesto, para los de mi generación su figura era familiar, había formado parte relevante en nuestra socialización política. Solo pensé que debía transmitirle los argumentos, decirle la verdad al gobernante. 

Teodoro ya tenía año y medio como ministro, había superado la primera fase de la Agenda Venezuela, y estaba coordinando una de las actividades más importantes que asumió en su gestión. Nada más y nada menos que impulsar una reforma amplia de la seguridad social, caracterizada por intentos infructuosos en años anteriores. Es difícil imaginar un tópico de políticas públicas más complejo que la seguridad social. Ya aproximando al año final de la Administración Caldera, es muy probable que Teodoro hubiera decidido sobre las prioridades a la cuales dedicarse hasta el final del período. Y ciertamente, la seguridad social tenía la máxima importancia. Con el paso del tiempo, me he percatado más que en ese intercambio de aquella tarde salieron a relucir tres rasgos de Teodoro que son muy significativos, poco frecuentes en el ejercicio del gobierno. 

El primero de ellos era la conciencia que tenía Teodoro del manejo del Estado, de la importancia que tendrían los cambios para los arreglos en el mundo laboral y de la protección social. Es decir, de la gravedad de la situación y de la urgencia de tomar decisiones. Estos aspectos eran evidentes tanto por su manera de expresarse sobre ellos, como en el tiempo y esfuerzo que les había dedicado. También se notaba que estaba informado, que había estudiado un tema difícil con el que estaba probablemente poco familiarizado al comenzar la gestión, que conocía los detalles y las implicaciones, así como las dificultades. Mi impresión, confirmada con el paso de tiempo, es que Teodoro, por su formación política pero también por sus criterios técnicos afinados en el ejercicio como ministro, tenía una idea profunda de los grandes problemas del Estado venezolano. Y estaba tratando por los medios a su alcance de modificar en alguna medida esa situación. 

El segundo rasgo fue la curiosidad. Teodoro se había hecho preguntas complejas en el tema en cuestión. Y había elaborado, con los aportes de sus equipos técnicos, respuestas a esas preguntas. De manera frontal, directa, en su estilo, las expresaba. Pero también tuvo la curiosidad de considerar nuevas preguntas y nuevas respuestas. Quería saber la fundamentación de las observaciones. Ante ellas respondía con los argumentos que conocía, pero era permeable a opiniones diferentes. Y llegado el punto, también continuaba con ideas para aprovechar las nuevas posibilidades que estaba conociendo. Nos hizo innumerables preguntas. Hasta el cansancio. En realidad, se las estaba haciendo también a él mismo Y a partir de la curiosidad, apareció el tercer rasgo. Tratar de concretar en decisiones lo que se estaba conversando. Ahora sus preguntas eran diferentes: ¿Cómo se podría hacer tal cambio? ¿Ese cambio podría contradecir este otro aspecto? ¿Cómo hicieron con ese tema en tal país? 

Llegado el cierre de la conversación, de más dos horas, Teodoro me preguntó cuándo regresaba a Pittsburgh. Me planteó si le podía enviar un memo con las observaciones y recomendaciones. Le contesté que con mucho gusto. Al día siguiente de regresar a casa, redacté ese memo al ministro. Lo envié al fax de su despacho, como me había indicado. Lo conservo como algo muy apreciado, el viaje había sido toda una experiencia. Sin embargo, las orientaciones de la reforma terminaron en otras direcciones. De hecho, las leyes aprobadas en 1998 fueron suspendidas en los primeros meses del gobierno de Chávez. Un tiempo más adelante, en una reunión donde coincidimos y surgió nuevamente el tema, Teodoro se aproximó después del almuerzo y tuvimos una amena charla. Ahora parecía tener más preguntas. 

Años después, en una conversación con un grupo, haciendo un balance de su gestión como ministro, Teodoro expresó algunas opiniones que bien pudieran ser una síntesis de la percepción que tenía de su actividad en el gobierno de Caldera II. En primer lugar, decía Teodoro que nunca se propuso ser ministro, que no le había pasado por la cabeza. Sin embargo, es obvio que se tenía que haber considerado dirigiendo un gobierno como presidente. Pero también es cierto que su gestión como ministro la fue concibiendo a través de las críticas que expresaba en sus columnas de prensa a las políticas de la primera parte del gobierno de Caldera, y a través de las propuestas que expresaba por la misma vía. En otras palabras, Teodoro se había dedicado a pensar en las políticas que se requerían. 

Un segundo aspecto fue su convicción de la importancia de comunicar, de decirle a la gente, en lenguaje sencillo y directo, tanto la gravedad de los problemas como lo que se podía esperar de las políticas de la Agenda Venezuela. Comentó que muchas veces se le acercaban personas de todo tipo a agradecerle que hubiera explicado lo que iba a pasar y eso los tranquilizaba. Señaló que la gente sabía que no había mentiras, que no había magia. Teodoro dedicó innumerables horas a comunicar la Agenda Venezuela, en todos los escenarios, y al hacerlo convencía, porque estaba próximo a la realidad de las personas. Aumentó la viabilidad de la política con la comunicación. Tremendo ejemplo a seguir. Un tercer rasgo, fue su insistencia en que era fundamental promover por todos los medios un acuerdo, en el caso concreto de la seguridad social. Por eso siempre señaló que aceptó coordinar la comisión y trabajar incesantemente “hasta que se llegue a un acuerdo”. 

Gobernar requiere combinar la atención a las grandes ideas, pero también a los grandes detalles. Teodoro estaba ya acostumbrado a vincularse con las grandes ideas. Baste citar la anticipación que hace en los años sesenta sobre la disolución de la Unión Soviética varias décadas después. Desde la cárcel y en el otro lado del mundo. Es probable que su paso por el gobierno haya sido una forma de combinar grandes ideas con grandes detalles. En ese tránsito, Teodoro ofrece lecciones muy actuales para los que aspiren gobernar: sentido de Estado, curiosidad por las políticas públicas, atención a la implementación, anticipación como práctica, comunicación directa y capacidad de facilitar acuerdos. Todo un estilo para enfrentar los retos de gobernar. Gracias por esos aportes, Teodoro.

Politemas, Tal Cual, 7 de noviembre de 2018

¿Desarrollo Sostenible sin investigación y desarrollo?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no pueden ser más loables. Para 2030 se propone que en todos los países se alcancen indicadores de condiciones de vida que sean compatibles con el desarrollo sostenible. Desde 2015 se acordó sobre 17 objetivos y 169 indicadores, en muchos casos con metas específicas. Tomemos, por ejemplo, el Objetivo 1, esto es, “erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los sitios”. Una de las metas de ese objetivo es eliminar para 2030 la pobreza extrema (porcentaje de la población que no tiene para comprar los alimentos del día). Y también se propone que la pobreza total sea reducida a la mitad. 

La idea de establecer metas de esta significación, es promover que en los países se genere un proceso para avanzar en esa dirección. Esto significa responder a preguntas como: si en 2030 queremos alcanzar el nivel de “pobreza extrema 0”, ¿Qué debemos hacer hoy? ¿Dónde estamos con respecto a esa meta? Es de suponer que las respuestas a esas preguntas deben ser las bases para un exhaustivo proceso de planificación en los países. 

Se puede también imaginar que tales aspiraciones deberán concretarse en la creación de cientos de miles o millones de puestos de trabajo (dependiendo de las magnitudes de los países), o en asignaciones vía transferencias condicionadas. En ambos casos se está mirando el problema desde la perspectiva de los recursos que se utilizarán. Pero este análisis estaría incompleto si no toma en cuenta el origen de los recursos que se requieren para crear esos puestos de trabajo y financiar esas transferencias condicionadas. 

En otras palabras, una cosa es invertir recursos disponibles y otra cosa es generar esos recursos. Los países requieren examinar lo que están produciendo para tener los recursos actuales y “simplemente” estimar los recursos que necesitan para llegar a eliminar la pobreza extrema, solo para incluir una meta. Es poco probable que la forma de generar los recursos actuales siga siendo la misma, si se pretende alcanzar los ODS a cabalidad. 

Y es aquí donde las cosas se empiezan a complicar. Aunque en teoría no puede ser más sencillo. Los países que adquieren niveles de desarrollo sostenible deben producir valor. Es decir, mientras más diversificada y sofisticada sea su producción, las posibilidades de que se genere un círculo virtuoso que permita avanzar hacia estadios de mayor bienestar también son mayores. Esto no quiere decir que los países que diversifican sus economías automáticamente alcanzan el desarrollo. No, no es así. El caso más evidente es China. Tiene un alto nivel de diversificación en el marco de una sociedad políticamente totalitaria. Lo que si no existe es un país con altos niveles de desarrollo político, social y económico que no tenga una economía diversificada (con “cantidad de ciencia” creciente). De allí que para lograr altos niveles de desarrollo (político, económico, social), una condición necesaria es que los países hayan alcanzado un nivel de diversificación que facilite esa sostenibilidad. Es lo que Adam Smith denominó “cantidad de ciencia”. 

Todo lo anterior nos lleva a que si los países aspiran llegar a niveles de desarrollo sostenible compatibles con “eliminar la pobreza extrema”, deben tener respuestas (en términos de políticas públicas) a la pregunta de cómo aumentar la “cantidad de ciencia”. De lo contrario, las políticas públicas no promoverán la sostenibilidad requerida. 

Veamos ahora las consideraciones de los ODS sobre la “cantidad de ciencia” requerida para ese nivel de sostenibilidad. En el Objetivo 9, denominado “construir infraestructura resiliente, promover industrialización inclusiva y sostenible, y fortalecer la innovación”, se incluyen cuatro indicadores (dos asociados con la producción de manufacturas y dos con la inversión en investigación y desarrollo). Debe mencionarse que en ninguno de los casos se señalan metas. El sitio donde están colocados estos indicadores y la ausencia de metas, ya nos dice mucho de las posibilidades de colocarlos en la agenda de decisiones en los países. 

El problema central es la necesidad de vincular decisiones sobre la “cantidad de ciencia” (sea sobre la producción, sea sobre la generación de conocimientos), con el resultado en el desarrollo sostenible. La “cantidad de ciencia” debe concebirse como el resultado de políticas transversales, no de políticas sectoriales. Incluso, la generación de mayor “cantidad de ciencia”, junto con la institucionalidad política y la inclusión social son probablemente las tres áreas de políticas de mayor impacto en términos de desarrollo sostenible. 

En el caso del aumento de la “cantidad de ciencia”, la situación de América Latina no puede ser más preocupante. Desde el punto de vista de lo que se produce, pocos países están por encima del promedio del mundo con respecto a las capacidades (México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Brasil). Y desde la perspectiva del financiamiento de actividades de investigación y desarrollo, sólo Brasil asigna más de 1% del PIB (1,16% en 2014). Todos los demás países de América Latina asignan por debajo de 0,6% del PIB. Para tener una idea de lo que esto implica se puede examinar la situación de los países que más asignan a investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. De acuerdo con el Banco Mundial (2015), solo dos países (Israel y Corea del Sur) asignan más de 4%. Otros cuatro países (Japón, Suecia, Austria y Dinamarca) asignan más de 3% y menos de 4%. Y luego siguen nueve países con más de 2% y menos de 3%. De manera que se puede argumentar que tal nivel de inversión es casi un requerimiento para mantener el estado de país con altos niveles de desarrollo. Se debe enfatizar también que los aumentos en este financiamiento no repercuten automáticamente en la condición de los países (se puede invertir inadecuadamente). Es un proceso que lleva tiempo y debe acompañarse de múltiples políticas. Pero, como se señaló, invertir con pertinencia en investigación y desarrollo aumenta la “cantidad de ciencia”, y por ende, contribuye a que los países avancen en el desarrollo sostenible. 

La posibilidad de que en América Latina existan cambios sustantivos en los próximos doce años, especialmente en la perspectiva del cumplimiento de los ODS en 2030, exige incluir cada vez más la discusión sobre la “cantidad de ciencia” y las formas de aumentarla. Obviar el tema, como lamentablemente se aprecia en la región, solo servirá para reiterar modalidades de producción que nos alejan de los profundos cambios que se generan actualmente en el mundo, en lo que respecta a las implicaciones de las nuevas tecnologías. Seguir pensando en desarrollo sostenible sin investigación y desarrollo, sin incrementar “la cantidad de ciencia”, puede aumentar mucho más las brechas de la región en todos los aspectos. Es en el fondo un problema de supervivencia.

Politemas, Tal Cual, 31 de octubre de 2018

Brasil se queda sin ideas

Este fin de semana se elige el nuevo gobierno de Brasil. De acuerdo con lo establecido, el presidente a elegir el domingo estará en funciones por cuatro años y podrá optar por la reelección por un solo período. De manera que los electores brasileños elegirán al gobierno que podría dirigir al país en los próximos ocho años. 

Para examinar la relevancia de Brasil en el contexto internacional, bastan pocos indicadores. Es el quinto país en población del mundo, solo superado por China, India, Estados Unidos e Indonesia. Poco más de doscientos millones de habitantes se encuentran distribuidos en la inmensidad del territorio brasileño. También Brasil es el quinto país por extensión, con poco más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. En lo que respecta al tamaño de la economía, Brasil es la octava del mundo, cerca de Francia, India y el Reino Unido. La influencia internacional de Brasil, aunque ligada a la magnitud de sus proporciones, se extiende a las dimensiones culturales, deportivas, musicales. No es posible entender América Latina sin tomar en cuenta a Brasil. Sin dejar de considerar sus notables influencias en los ámbitos diplomáticos y financieros. 

Las previsiones de Brasil para los próximos años no lucen compatibles con las inmensas posibilidades. Además de la inestabilidad política de los últimos años, la economía brasileña muestra signos de disminución de la capacidad de crecimiento, así como en la exportación, si se le compara con la experimentada en la década pasada y principios de la actual. También se aprecia un aumento en la proporción de población en pobreza, así como en las emisiones de dióxido de carbono. Estimaciones del Banco Mundial señalan que el ingreso per cápita se ha reducido en un tercio entre 2012 y 2017. 

En la actual coyuntura de Brasil hay razones para esperar que la elección presidencial hubiera sido una excelente oportunidad para plantear alternativas para el futuro. Considerando especialmente la enorme repercusión que tienen de entrada los cambios que se produzcan en un país con las características de Brasil. Se supone que esas ideas deberían estar en los programas de los principales candidatos por la presidencia. Pero eso termina siendo mera ilusión. 

Los programas de los candidatos que disputan la elección final, no son compatibles con las urgencias que confronta el país. En un caso, Haddad, se ofrece más bien una vuelta al pasado gobierno de Lula. Solo con el título se deja evidente: “Brasil feliz de nuevo”. La explicación de cómo puede volver a ser feliz de nuevo un país que tiene tal magnitud de problemas estructurales brilla por su ausencia. El programa de Bolsonaro no ofrece tampoco mayores pistas. Más allá de la libertad, respeto a la propiedad privada, apoyo a la familia, lucha contra la corrupción, no hay ideas específicas. No extraña entonces que en ninguno de los programas se mencionen temas como “sociedad del conocimiento”, “inteligencia artificial”, así como las complejas transformaciones que está experimentando el mundo al finalizar la segunda década del siglo XXI. 

No queda duda entonces que cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, Brasil estará sometido a las pugnas por el predominio de políticas públicas, sin una visión integral de la sociedad brasileña y de sus principales problemas. Es muy probable que la sorpresa sea el signo característico de las políticas de Brasil en los próximos años. Pensar antes sigue siendo una rareza para los gobiernos de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 24 de octubre de 2018

El reto de Chile para ser un país desarrollado

En la página 11 del programa de gobierno del actual gobierno de Chile se señala: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado y sin pobreza”. Como objetivo de la gestión de un gobierno, no cabe duda de que es auto-explicativo, marca una dirección. Y eso es de aplaudir, especialmente cuando muchos gobiernos de la región, y también de otras zonas del mundo, evitan señalar metas para las gestiones. 

Ahora bien, el tema de fondo es examinar si ese objetivo es consistente con las políticas que se proponen en el resto de las 194 páginas que tiene el programa de gobierno. Solo la coherencia entre el objetivo y los medios nos puede decir lo esperable como resultado final. Lo primero es definir “país desarrollado”. Se podría partir de consideraciones normativas, o se podría partir de los resultados alcanzados. En este último caso, solo basta analizar la característica distintiva de esos países q En la página 11 del programa de gobierno del actual gobierno de Chile se señala: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado y sin pobreza”. Como objetivo de la gestión de un gobierno, no cabe duda de que es auto-explicativo, marca una dirección. Y eso es de aplaudir, especialmente cuando muchos gobiernos de la región, y también de otras zonas del mundo, evitan señalar metas para las gestiones.

Ahora bien, el tema de fondo es examinar si ese objetivo es consistente con las políticas que se proponen en el resto de las 194 páginas que tiene el programa de gobierno. Solo la coherencia entre el objetivo y los medios nos puede decir lo esperable como resultado final. Lo primero es definir “país desarrollado”. Se podría partir de consideraciones normativas, o se podría partir de los resultados alcanzados. En este último caso, solo basta analizar la característica distintiva de esos países que hoy se llaman “desarrollados”. En esos países, el rasgo fundamental es que la creación de riqueza (en ue hoy se llaman “desarrollados”. En esos países, el rasgo fundamental es que la creación de riqueza (en sentido amplio) es una orientación que influye en toda su institucionalidad. El sentido de “riqueza” de Adam Smith es lo frecuente. Es decir, son países o sociedades donde la diversificación de lo que se produce es la norma. Y entonces, mientras más diversidad exista, más sostenibilidad puede alcanzarse en el futuro. 

En los últimos años es posible medir con detalle lo que Adam Smith llamaba en 1776 la “cantidad de ciencia” de los países. Mediciones del MIT y de la Universidad de Harvard, a través de la estimación del Índice de Complejidad Económica (ICE), nos dan una buena idea de la “cantidad de ciencia” de los países. Disponemos en el sitio web del MIT de datos del ICE desde 1964 hasta 2016. Un período significativo para saber cómo se podrían comportar en el futuro los países en función de las políticas que implementen. 

El ICE tiene valores positivos o negativos. Cuando un país tiene un ICE positivo significa que tiene una “cantidad de ciencia”, es decir, sabe hacer más cosas, que el promedio de los países del mundo. De la misma manera, cuando el ICE es negativo significa que un país sabe hacer menos cosas que el promedio. Los países que tengan mayores niveles de ICE son los que tienen mayor “cantidad de ciencia”, y por ende, han alcanzado un estadio más alto de creación de riqueza. Por ejemplo, según el MIT, en 2016 el país con mayor ICE es Japón con 2,2, y el país con menor ICE (de los 126 incluidos en ese año) es Guinea con -1,98. La brecha entre ambos países con respecto al ICE expresa las diferencias en “cantidad de ciencia”. 

Un país dado puede incrementar el ICE solamente a través de políticas públicas adecuadas. Se entiende que la “cantidad de ciencia” es el resultado de la combinación de políticas públicas en varios sistemas (institucional, económico, educativo, de protección social, de infraestructura, de ciencia, tecnología, e innovación, entre otros). En consecuencia, solo los países con políticas exitosas en esos sistemas podrán aumentar el ICE de manera sostenida. Un buen ejemplo es Corea del Sur que aumentó el ICE de 0,65 en 1964 a 1 en un período de 30 años. Y de 1 a 2 en veinte años más. Para tener una idea de la exigencia involucrada se puede indicar que solo once países tienen un valor de ICE superior a 1,5 en 2016. También como resultado de políticas públicas, los países pueden experimentar reducciones del ICE. Casos notables son los del Reino Unido y Francia. Esta medida de complejidad económica es compatible con uno de los criterios establecidos por el FMI para considerar una economía como avanzada, tal cual es la diversificación de exportaciones. 

En este contexto, ¿qué se puede decir de la complejidad económica de Chile? ¿es compatible su actual nivel con la posibilidad de que sea un país con una “cantidad de ciencia” que lo catalogue como “desarrollado”? En general, el ICE de Chile ha sido generalmente negativo (la “cantidad de ciencia” ha sido menor al promedio de los países del mundo). De hecho, desde 1976 las mediciones de ICE de Chile según el MIT siempre han sido negativas. Ya se señalaba que a Corea del Sur le tomó 30 años para pasar de 0,65 a 1 en el valor del ICE. La probabilidad de que Chile con un ICE de -0,21 en 2016 llegue al nivel de ICE compatible con un país desarrollado, y especialmente en un período de ocho años, lucen realmente limitadas. 

El planteamiento anterior solo toma en cuenta la experiencia de los países. Por supuesto, el desempeño en términos avances en el ICE no es igual a lo largo del tiempo. Puede influir tanto los cambios en la disponibilidad de “cantidad de ciencia” como en la efectividad de las políticas, entre otro factores. Lo que si es cierto, es que ahora sabemos que las políticas que incrementan más la “cantidad de ciencia” deben tomar en cuenta aquellas posibilidades que tienen mayor capacidad de expandir la diversificación productiva. Y esto nos lleva a alternativas como la inteligencia artificial, nanotecnología, entre otras, que tienen especial valor porque generan mayores ramificaciones productivas. En otras palabras, se puede aumentar más rápido la “cantidad de ciencia” en país dado, tratando de impulsar posibilidades que están en la frontera del conocimiento. 

Desde esa perspectiva, el programa del actual gobierno de Chile decepciona, no contiene pistas de que pretenda implementar políticas en la dirección de la mayor diversificación productiva posible. Las veces que se menciona “sociedad de conocimiento” son para referirlas al sistema educativo. Ya es bien sabido que la “sociedad de conocimiento” es mucho más que “acceso a conocimientos”, es una total transformación de la manera de organizar, producir e interactuar en los países. Y es también significativo que temas como “inteligencia artificial”, “nanotecnología”, “diversificación productiva” no aparecen mencionados ni en una sola oportunidad en el texto. Las prioridades de exportaciones señaladas en el programa de gobierno, quedan restringidas a las tradicionales en Chile: minería, pesca, acuicultura y turismo. En esa dirección las posibilidades de aumentar la complejidad económica para llegar a ser un país desarrollado, lucen, lamentablemente, muy distantes. El reto se hace, en consecuencia. más relevante y de mayores dimensiones.

Politemas, Tal Cual, 17 de octubre de 2018

Destrucción sin límites

Solo el titular es un gran sobresalto. Buscar en la base de datos actualizada ayer por el FMI, completa la impresionante noticia. Para el año 2019, el FMI pronostica que Venezuela puede tener una tasa de inflación de 10.000.000%, diez millones por ciento, en caso de usted, amigo lector, piense que se han colocado ceros de más. La inflación pronosticada para el año en curso es 1.370.000%. También señala el FMI que la tasa de inflación que Venezuela tendrá a final de año es 2.500.000%, vale repetir, dos millones y medio por ciento. 

Realmente las dimensiones de esta destrucción son descomunales. Se debe recalcar que la hiperinflación es, antes que nada, un proceso de destrucción de capacidades productivas. Es de hacer notar que la primera vez que el FMI alertó sobre un proceso de hiperinflación en Venezuela, fue en abril de 2016, dos años y medio atrás. Para ese momento, el FMI estimaba que la tasa de inflación al final de 2018 podría ser 3.000%. Ha resultado ser casi 900 veces más. 

La magnitud de esta debacle debería significar una profunda reflexión para todos los venezolanos, donde quiera que estén, y para todos aquellos con preocupación sincera por el país. Esta es una situación dramática, con proporciones de destrucción nunca vistas. Con afectación directa y sin precedentes en las condiciones de vida de millones de personas, los que están en el país, y todos los que han emigrado. Ahora bien, esto no es fortuito, esto no es un cataclismo natural. Este nivel de destrucción es el resultado de ideas, de políticas públicas. De una forma de entender el desarrollo de las personas y de los países. Esto es el resultado de una ideología equivocada, prepotente, y de una gestión de gobierno del mayor nivel de incompetencia que se pueda imaginar. 

Las consecuencias de la destrucción de capacidades productivas están a la vista de todos. La intervención del Estado en todas las esferas de la vida social, la aniquilación de derechos, la persecución en todas sus formas, ha conducido a esta situación que pone en entredicho la viabilidad de la sociedad venezolana. El gobierno está en su estrategia de minimizar la situación y tomar medidas, todas ellas conducentes a agravar la situación. El escenario del FMI para 2019 expresa las fundadas razones que indican que las propuestas del gobierno solo complicarán las condiciones de vida de los venezolanos. 

También es completamente sorprendente que una crisis de esta naturaleza, no haya sido un factor de consenso entre los líderes alternativos. Que toda esta devastación que contempla la sociedad venezolana, no haya sido motivo para acordar las líneas fundamentales de un país diferente. Mientras los efectos ocasionados por la hiperinflación se profundizan, el país contempla que se no dan los pasos necesarios para anteponer el bienestar de la gran mayoría a cualquier otro interés. 

Para muchos la hiperinflación iba a ser un proceso “pasajero”. Un somero ejercicio de revisión histórica indica que eso no es cierto. La duración de la hiperinflación de Bolivia fue 18 meses, y la Nicaragua, 58 meses. Tampoco es cierto que luego de tomar medidas antiinflacionarias los países adoptan un modelo de desarrollo diferente. Bielorrusia demostró que no es así necesariamente. La hiperinflación está llevando a la sociedad venezolana a los límites. Esperemos que los acuerdos sean posibles y rápidos.

Politemas, Tal Cual, 10 de octubre de 2018

¿Son equitativas las metas de Desarrollo Sostenible?

En el año 2015 se aprobaron las metas de Desarrollo Sostenible que deberán cumplir todos los países para el año 2030. El supuesto fundamental es que las brechas de desarrollo (expresadas en las dimensiones de las condiciones de vida) impiden que la humanidad alcance la máxima sostenibilidad que se deriva de superar las diferencias sociales y económicas. Para ello se establecieron cifras referenciales (metas) que deberán ser alcanzadas por todos los países. La definición de estas metas requiere seleccionar un criterio que maximice la viabilidad, y que al mismo tiempo, represente un logro significativo, especialmente para los países con mayor rezago. 

Examinemos las consecuencias de la selección de tales metas. Tomemos en cuenta indicadores significativos y con sistemas de información más desarrollados. Tal es el caso de la mortalidad materna y la mortalidad en menores de un mes de nacidos (mortalidad neonatal). Ambos indicadores toman en cuenta una dimensión crítica como es el bienestar de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Concentremos el análisis en América Latina. 

La meta de mortalidad materna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expresa que todos los países deberán tener una razón de mortalidad materna de al menos 70 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados (nvr). Examinemos el valor de la razón de mortalidad materna en el año de aprobación de los ODS (2015) en los países de América Latina. Lamentablemente en siete de esos países no está reportada la razón de mortalidad materna en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año en cuestión: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Venezuela. 

De los trece países restantes, once de ellos ya habían alcanzado la meta. Solamente Paraguay y República Dominicana tenían cifras superiores en 2015 a la meta estimada para 2030. Es bastante probable que en el período hasta 2030 estos dos países también alcancen la meta. Ahora bien, la diferencia entre el mejor desempeño en mortalidad materna en América Latina, en este caso el de Chile, y el mejor desempeño en el mundo (representado por Islandia y Finlandia) es cinco veces. Esto significa que para los países de menor desempeño la brecha puede ser de treinta veces. En otras palabras, el problema no es alcanzar la meta, sino reducir la brecha con los países en los cuales las condiciones de las mujeres embarazadas han alcanzado los mejores niveles. 

Una situación similar encontramos al analizar la mortalidad neonatal. En este caso la meta para el 2030 es alcanzar en todos los países al menos la tasa de mortalidad neonatal de 12 muertes en menores de un mes por cada 1000 nvr. Para 2015 no se han reportado las tasas de mortalidad neonatal de los siguientes países (Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela). De los catorce países restantes, todos menos República Dominicana habían alcanzado en 2015 la meta establecida para el año 2030. Al igual que en la mortalidad materna, la brecha del país con mejor desempeño (Cuba) con respecto al país de mayor desempeño en el mundo (Islandia) es más del doble, pero en el país de menor desempeño (República Dominicana) es 16 veces. 

Tres serias implicaciones se derivan de lo anterior. En primer lugar, la meta definida para el año 2030 (aunque haya sido alcanzada) expresa significativas diferencias en la equidad de los sistemas de salud. No solo entre la cifra del país con respecto a la mínima cifra ya existente en el contexto internacional, como se ha señalado, sino entre países de la región. Por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal de Perú o Guatemala (que han cumplido la meta), es cinco veces superior a la de Cuba. Pero a esto hay que agregar que las cifras nacionales pueden esconder a su vez notables diferencias regionales. Por ejemplo, las cifras de mortalidad neonatal en las zonas de selva de Perú o Brasil son superiores a las de los centros urbanos de la costa en ambos países. Esta situación expresa entonces notables restricciones en cuanto al cumplimiento de derechos de los ciudadanos. 

Una segunda consecuencia es de carácter institucional. El cumplimiento de la meta en tales condiciones opera de manera conformista. Las políticas de salud y las consecuencias gerenciales que se derivan, dejan de tener en el radar los efectos en la mortalidad neonatal. Y esta práctica puede ocasionar descuidos en la atención permanente, con el consiguiente retroceso en los logros alcanzados. Los sistemas de salud se acostumbran entonces a la “ley del mínimo esfuerzo”. 

La tercera implicación es de carácter general en políticas de desarrollo. Para que un país se acerque a los valores de mortalidad neonatal y materna de países como Finlandia, Islandia, requiere que se den una serie de condiciones institucionales que también se dan en esos países, por ejemplo, estabilidad política, crecimiento con baja inflación, diversificación productiva, protección social, preservación del ambiente, entre otros factores. Es decir, no es que tienen baja mortalidad neonatal o materna porque tienen adecuadas políticas de salud. No, es que tienen adecuadas políticas de salud en el contexto de adecuadas políticas en muchos sistemas. Y la única forma de preguntarse por las condiciones múltiples que son necesarias para el desarrollo es plantearse las mismas metas que en los países de mejor desempeño. Las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pareciera que están estimulando esas preguntas. Y sin preguntas, no puede haber políticas efectivas. Es así de simple.

Politemas, Tal Cual, 3 de octubre de 2018

Brechas de mortalidad infantil en América Latina

En esta semana se reúne en Washington el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Supongamos que los representantes de los países utilizaran el sitio web de la OPS para analizar la situación actual de la mortalidad infantil en la región. Este indicador es uno de los más utilizados al comparar el nivel de desarrollo de los países. Entre otras razones, porque el auge de los sistemas de información de mortalidad ha permitido contar con datos de mayor calidad. 

Ahora definamos un criterio para establecer la oportunidad de la información, en este caso, de mortalidad infantil. Estimemos que seis meses sea un plazo razonable entre el momento que termina un año y que aparezca la información definitiva de mortalidad en un país dado en el sitio web de OPS. Si ese fuera el criterio, ya se debería disponer de la información de 2017 para todos los países de América Latina (20 países). Lo cierto del caso es que a la fecha no se encuentra disponible la tasa de mortalidad infantil de 2017 de ninguno de los países de América Latina (en realidad para ningún país de América). Si tomamos como referencia el año 2016, encontramos que apenas cinco países (Costa Rica, El Salvador, Cuba, República Dominicana y Uruguay) tienen la información reportada para ese año. 

En el 2015 se encuentra que 14 países han reportado la tasa de mortalidad infantil correspondiente. Los seis países sin la tasa de mortalidad infantil para ese año son: Honduras, Nicaragua, Haití, Bolivia, Colombia y Venezuela. Es decir, que en ninguno de estos casos es posible señalar si la tasa de mortalidad ha aumentado o disminuido, o cualquier comparación con el resto de los países. 

Los catorce países con tasa de mortalidad infantil disponible en 2015, se pueden dividir en tres grupos según el valor del indicador. En el primer grupo están los países de mejor desempeño: Cuba, con 4,3 defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados (nvr), Chile (6,9), Uruguay (7,5) y Costa Rica (7,8). En un segundo grupo se encuentran: Ecuador, Argentina, El Salvador, Panamá y México, con valores entre 8,9 y 12,5 defunciones por cada 1000 nvr. En el tercer grupo se encuentran los países de menor desempeño: Paraguay, Perú, Brasil, Guatemala y República Dominicana. En este grupo de países la tasa de mortalidad infantil varía entre 14,2 y 22,9 defunciones por cada 1000 nvr. 

De acuerdo con los valores anteriores, el país con la tasa de mortalidad infantil más alta en la región en 2015, de los países que reportaron, es República Dominicana (22,9 defunciones por cada 1000 nvr), es decir, más de cinco veces la tasa de mortalidad infantil de Cuba. Pero si se incorpora un criterio más estricto, como es la tasa de mortalidad más baja del mundo (Islandia con 1,7 defunciones por 1000 nvr), entonces la brecha asciende a trece veces. 

Estas diferencias indican que en un aspecto de relativa baja complejidad como es la reducción de la mortalidad infantil, existen significativas inequidades. También señalan que un primer paso sería que los organismos internacionales hagan más esfuerzos para que los países tengan la información al día y la difundan. Sin datos adecuados no puede haber políticas efectivas. Y el segundo paso es evitar la creencia de que las reducciones de mortalidad infantil serán espontáneas. Justamente por creer en la inercia es que en muchos países el rezago es más bien la regla.

Politemas, Tal Cual, 26 de septiembre de 2018

Las brechas de desarrollo humano

La publicación de las nuevas cifras del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye otra contundente alerta sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Indica el PNUD que en el período 2012-2017, Venezuela descendió 16 puestos en la clasificación mundial. Este descenso solo es superado por el de Siria, Libia y Yemen, países sometidos a graves conflictos bélicos en el período. 

Las cifras del PNUD se elaboran a partir de los datos oficiales disponibles y, en el caso de los países sin información, con estimaciones. De allí que siempre hay que tener en cuenta que las cifras son aproximaciones con el propósito de comparar el desarrollo en todos los países del mundo. En el caso de Venezuela, debe señalarse que las cifras oficiales en las áreas sociales y económicas no se publican desde hace varios años. En consecuencia, el margen de diferencia con lo que puede estar pasando en la realidad es mayor. 

La mayor razón involucrada en la caída registrada para Venezuela es la reducción del ingreso. Desde finales de 2013 la economía venezolana no crece. Es más, experimenta la reducción del ingreso más grande de la historia de América Latina, y una de las más grandes del mundo. Por supuesto esta reducción está asociada con la destrucción de capacidades productivas, característica central de las políticas seguidas en las dos últimas décadas. Ahora bien, esta situación no tiene perspectivas de mejorar. Los efectos destructivos han sido aumentados por la hiperinflación que confronta el país desde noviembre de 2017. De tal manera que la situación crítica señalada en el informe de PNUD, se ha profundizado en lo que ha transcurrido del año 2018. Lo más probable es que continúe empeorando mientras se mantenga la hiperinflación. 

Otro aspecto preocupante señalado en el informe es el estancamiento en la escolaridad. Los años de escolaridad constituyen una referencia de gran utilidad para estimar las capacidades productivas. En la medida que aumente, la población tendrá mayores competencias para asumir los retos de producción en un mundo mucho más competitivo y guiado por la ciencia y la tecnología. 

El informe de PNUD indica que los años de escolaridad en Venezuela no han aumentado en los últimos años (10 en promedio). También se señala que los años de escolaridad estimados (si se mantuviera la cobertura de los primeros años de educación) deberían ser 14. Es decir, una manifiesta brecha de posibilidades. Este aspecto es coincidente con el hallazgo de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2017 con respecto a la disminución de la cobertura educativa en el grupo de población entre 18 y 24 años, esto es, pérdida de 13% en las mujeres y de 7% en hombres con respecto a 2016. Al igual que sucede con otros países de América Latina, la desigualdad en Venezuela es un fenómeno cada día más evidente. También los hallazgos de ENCOVI 2017 indican que la desigualdad es la más alta experimentada en el país desde 2014 y la más alta de América Latina. 

Por donde se mire, sea desde la perspectiva del desarrollo humano, o desde el análisis de aspectos económicos y sociales específicos, Venezuela está en proceso sistemático de deterioro. Las políticas desarrolladas en las dos últimas dos décadas constituyen la demostración de todo lo contrario que se debe realizar para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Las evidencias no pueden ser más contundentes. Estos resultados son una llamada de atención a toda la sociedad venezolana. El gran riesgo es que desaparezca el futuro.

Politemas, Tal Cual, 19 de septiembre de 2018

¿Qué podemos aprender de Japón?

La hiperinflación de Venezuela ya cumplió diez meses. Los análisis de especialistas, dentro y fuera del país, señalan que la hiperinflación no parece tener final en lo inmediato. De manera que, tal como ha sucedido en el último año, cada día de hiperinflación aumentará la destrucción de capacidad productiva en el país. Los signos ya son muy evidentes y significativos. Este proceso hiperinflacionario es el único en el mundo en la actualidad, no es ocioso repetirlo. Además es el segundo en el siglo XXI. Habían pasado casi treinta años sin hiperinflación en América Latina. Solo los venezolanos sufren las consecuencias de una hiperinflación en este momento de la historia de la Humanidad. 

Podría existir la idea de que en estas condiciones, al resolver la hiperinflación, el panorama del país cambia automáticamente. Nada más ajeno de la realidad. La hiperinflación es más bien el resultado de una larga cadena de desaciertos de políticas que han ocasionado la mayor destrucción de capacidades productivas en América Latina desde que se tenga registro, y quizás la más grande en el mundo en el siglo XXI. Ahora bien, también es importante contestar cuál sería la dirección del modelo del desarrollo del país al resolver efectivamente la hiperinflación. Otras preguntas aparecen inmediatamente: ¿Cuál es la brecha de desarrollo que tiene el país? ¿De qué manera se ha ensanchado en las últimas dos décadas? ¿Qué debemos aprender de este deterioro? ¿Podemos recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo dejamos de ser una sociedad inviable? ¿Cuáles son los referentes para esa travesía? ¿Es posible obtener éxitos tempranos en esa nueva dirección? Dejemos las preguntas de ese tamaño por los momentos. 

Una forma de aproximarse a esas preguntas es examinar la experiencia de los países que se encuentran en estadios más avanzados. El análisis de sus recorridos nos puede dar pistas. Si tratamos de identificar el criterio de mayor logro en la ruta de desarrollo, otra forma de expresar la creación de riqueza, ya es casi una premisa que solo aquellos países que alcanzan altos niveles de diversificación productiva tienden a ser los más exitosos. Adam Smith lo había anticipado con claridad en 1776. De acuerdo con las últimas mediciones de la complejidad económica (2016), otra forma de expresar la diversificación productiva, Japón es el país que ocupa el primer lugar, tanto en la clasificación del Observatorio de Complejidad Económica del MIT como en el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. 

De allí que conocer la brecha con Japón es útil para ponderar posibilidades y restricciones. La actual estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Japón coloca su centro en convertirse en el “país más favorable a la innovación en el mundo”. Resulta llamativo que el país de mayor complejidad económica en la actualidad considere que todavía puede avanzar más. Y para ello se señalan tres modalidades según las cuales las políticas de ciencia, tecnología e innovación pueden influir en las dinámicas del desarrollo. La primera modalidad es contribuir a consolidar el desarrollo sostenible. La segunda modalidad, un nivel superior a la anterior, es impulsar el desarrollo basado en la ciencia, tecnología e innovación. Y la tercera, también un nivel superior a la segunda, es entrar en la dinámica de que sea el conocimiento el eje fundamental del desarrollo. 

Dentro de estos niveles, la estrategia de Venezuela, en la ruta que se vislumbre al superar la hiperinflación, debe dirigirse justamente a ganar tiempo en estas etapas. Eso significa que debería ser el conocimiento el criterio central sobre el cual fundamentar esta nueva etapa de desarrollo del país. Dicho en otras palabras, el eje de la construcción de conocimiento debe ser la base de los cambios a acometer. Determinar adecuadamente la dirección del primer paso, sería el éxito temprano más importante.

Politemas, Tal Cual, 12 de septiembre de 2018

¿Cómo enfrenta América Latina el futuro?

Al final de la segunda década del siglo XXI, parece estar muy claro que el futuro de las sociedades está cada día más ligado a la ciencia y la innovación. Esa premisa no es nueva. Ya Adam Smith la había postulado en 1776, al preocuparse por explicar las causas de la riqueza de las naciones. Su interés era dilucidar los factores que influían en que algunas naciones fueran ricas y otra no. A finales del siglo XVIII la pregunta era de gran importancia. Las dinámicas del poder político en Europa y la existencia de todo un mundo más allá de los mares (América, Asia, Africa), hacían la pregunta muy relevante. Lo cierto es que la interpretación de Adam Smith era extraordinariamente sencilla: las naciones son ricas cuando aumentan la diversidad de lo que producen. 

Lo que sucede en el siglo XXI es que el nivel de diversidad de lo que se produce está en topes históricos. Los descubrimientos de las últimas décadas han favorecido la producción de bienes que eran difíciles de imaginar incluso pocos años atrás. Ahora se producen dispositivos de inteligencia artificial que pueden volar, ir al fondo del océano, reconocer imágenes de exploraciones diagnósticas, realizar funciones cada día más avanzadas. También se puede identificar los genes que influirán en la aparición de enfermedades años más adelante. En fin, pareciera que la creación de posibilidades científicas y tecnológicas tiene cada día menos límites. 

En la medida que se ha elevado la diversificación en la producción de bienes, también ha aumentado la brecha entre los países. Aquellos que han reformulado las políticas públicas para adaptarse a estas nuevas dinámicas han alcanzado estadios más avanzados. Para medir el nivel de diversificación productiva, se ha propuesto desde hace una década el Índice de Complejidad Económica (ICE). Este índice permite clasificar los países en función de la complejidad económica. A mayor índice, mayor complejidad económica, es decir, mayor diversificación productiva, y, en consecuencia, mayores posibilidades de sostenibilidad y riqueza. El índice varía entre valores positivos y negativos. Los países con índice positivo producen más bienes que el promedio de los países, los países con índice negativo producen menos bienes que el promedio de los países. La sostenibilidad de la creación de riqueza es mayor en la medida que el índice sea más alto. 

En el sitio web del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard se pueden encontrar los valores del ICE para 2016 (último año disponible). Solo cuatro países del mundo tienen valores superiores a 2 en el ICE (Japón, Suiza, Corea del Sur y Alemania). Otros países tienen valores superiores a 1,5 (Singapur, Austria, República Checa, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Hungría). La inclusión de países como Corea del Sur, Singapur, República Checa, Hungría, en este selecto grupo indica que al final de cuentas las mejoras en la complejidad económica son expresiones de políticas. Así como se pierde complejidad, también se puede aumentar a través de decisiones de la sociedad. 

Visto este escenario, cabe preguntarse por el desempeño de los países de América Latina con respecto al ICE. En 2016 el único país con ICE superior a 1 fue México (1,1). Otros países tienen valores positivos del ICE: Panamá (0,67), Costa Rica (0,25), El Salvador (0,13), Brasil (0,13). Los restantes países de la región (15) tienen valores negativos. 

Si comparamos con la medición de ICE disponible para 1996, se aprecia que para esa fecha América Latina tenía cuatro países con valores positivos (México, Brasil, Uruguay y Argentina). Solo México aumentó el valor de ICE en 2016. De hecho, Uruguay y Argentina dejaron de tener valores positivos, y Brasil disminuyó notablemente. 

En este contexto, existen indicios claros de que la complejidad económica no es la característica preponderante de América Latina. En pocos países se nota un ritmo de desarrollo compatible con la creación de riqueza. Las consecuencias son, por supuesto, lamentables. En la medida que la diversificación productiva no sea un referente para las políticas públicas, las condiciones de vida de los latinoamericanos no alcanzarán los niveles exigidos en el siglo XXI. Pareciera que la región se ha convertido en un mero espectador de los profundos cambios que está experimentando el mundo. Otra forma de mostrar las grandes deficiencias de las políticas públicas, están impidiendo la construcción de un mejor futuro.

Politemas, Tal Cual, 5 de septiembre de 2018

¿Que pasó en Ucrania al no enfrentar la hiperinflación?

No es posible resolver un problema si primero no se reconoce. Esta pauta tan sencilla vale tanto para los problemas cotidianos de las personas, como para los problemas de las sociedades. Ahora bien, no es posible reconocer un problema si no existe capacidad de análisis. Pero antes de eso, debe haber una suficiente dosis de apertura, basada especialmente en la autocrítica y sensatez. Cuando existe una manera de ver la realidad, impermeable a la capacidad de análisis, autocrítica y sensatez, entonces tampoco existe la flexibilidad para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas. Y existe menos posibilidad de que se asuman las mejores prácticas para resolver el problema. La experiencia de Ucrania en el manejo de la hiperinflación puede servir de referencia para lo señalado. 

La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo como consecuencia la creación de repúblicas independientes. Muchas de estas repúblicas independientes experimentaron procesos de hiperinflación desde enero de 1992. En total fueron 14 procesos de hiperinflación que tuvieron una duración variable. En nueve de esas repúblicas las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses. En las cinco restantes las hiperinflaciones fueron más prolongadas. 

Las perspectivas de Ucrania al iniciarse el período post-soviético eran favorables, al comparar con otras repúblicas. Entre las razones que fundamentaban esa apreciación se encontraban el alto nivel educativo de su población, contar con diversidad de recursos naturales, y un alto nivel de industrialización. De allí que se llegara a considerar que Ucrania estaba en el grupo de los países como mayores posibilidades de éxito en la transición post-soviética. 

La evolución económica de Ucrania fue más bien en la dirección contraria. Los gobiernos que se sucedieron en las primeras etapas de la independencia tuvieron poca disposición a abandonar completamente la planificación central, es decir, la preponderancia del Estado en la conducción de la política económica. Este factor se sumó a la escasa comprensión que tuvieron los gobiernos sobre las alternativas más adecuadas para sortear los primeros tiempos de la transición. Las políticas implementadas tuvieron como rasgo central el control de precios y la tendencia a agravar el déficit fiscal a través de las distorsiones de la política monetaria. Todos estos factores se sumaron a la resistencia de los gobiernos ucranianos a acudir al apoyo financiero internacional. 

Las políticas implementadas en Ucrania fueron muy diferentes a las seguidas en Rusia, por ejemplo. En este último país, la hiperinflación fue enfrentada rápidamente (apenas duró un mes), implicó una opción contraria a la planificación central y contó con mayores capacidades institucionales, especialmente equipos técnico calificados, y apoyo internacional. La ausencia de estos factores en el caso de Ucrania conllevó a que la hiperinflación se prolongara por 35 meses. Cuando los gobiernos no enfrentan adecuadamente los procesos de hiperinflación, ocasionan terribles costos a las sociedades. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 29 de agosto de 2018

Más allá del Estado Omnipotente

Si algún rasgo caracteriza el desarrollo de Venezuela en el último siglo, es la amplia creencia, tanto del liderazgo político como de la población en general, que el Estado es el agente fundamental que genera el bienestar. Esta concepción ha sido fortalecida en la medida que el petróleo ha sido la base productiva de la sociedad venezolana. Son justamente los países en los cuales el petróleo tiene tal importancia, también llamados Petroestados, los que tienen una mayor tendencia a darle mayor preeminencia al Estatismo. 

Entre 1998 y 2010, se triplicó el porcentaje de la población que opinaba que el Estado es capaz de solucionar todos los problemas (de 16% a 47%). En el año 2017, a pesar de los evidentes efectos negativos del auge del Estatismo iniciado en 1999, todavía uno de cada cuatro venezolanos sostenía que el Estado puede solucionar todos los problemas de la sociedad. Ahora bien, esta creencia en el Estado Omnipotente, expresada en políticas implementadas especialmente en los últimos cincuenta años, ha configurado una manera de entender los límites entre el rol de lo público y lo que le corresponde a la sociedad. Así, los gobiernos suspendían garantías económicas, aprobaban regulaciones incompatibles con la flexibilidad requerida, o llegaban al extremo de expropiar empresas o crear cientos de ellas con simples decretos. Podríamos decir que se fue constituyendo un Estado Omnipotente capaz de intervenir en los mínimos detalles de la vida social y económica del país. 

Los anuncios sobre las medidas económicas informados el pasado viernes 17 de agosto, configuran una nueva tendencia del Estado Omnipotente. Se trata ahora de un Estado tan Omnipotente que pretende influir en los intangibles. Se pueden indicar una muestra de esos intangibles. El primer de ellos es asignar valor a una medida como el Petro, a sabiendas de que su demanda no se encuentra contabilizada. El supuesto es el valor que puede representar el petróleo que se encuentra en el subsuelo, sin considerar que tal referencia no está condicionada por aquellos que quieran adquirir ese bien. 

Otro ejemplo es la intención de intervenir en las expectativas de los sectores de la economía. Se aumenta el salario mínimo 35 veces y se ofrece que se pagará por la diferencia por un período de tres meses, y al mismo tiempo se establece que este aumento no puede afectar la fijación de precios. Es decir, se elimina toda posibilidad de que las empresas compensen los aumentos derivados de los salarios que tienen que pagar. De la misma manera, el aumento de impuestos no debe repercutir en variaciones de los precios. Y que esa medida se tome en una economía en recesión desde hace cinco años tampoco tiene mayor relevancia. Y por si fuera poco, aumentar los gastos públicos en menor proporción que los ingresos, traerá supuestamente una reducción del déficit fiscal a 0% (estimado en 20% en la actualidad). 

Las medidas económicas del 17 de agosto están concebidas para el mundo de las ilusiones. No tienen mayor asidero en la realidad, lo cual no es de extrañar. Están diseñadas para otras dimensiones, diferentes a la vida concreta de las personas, las que tienen que sobrevivir en una economía de agresiones y sufrimientos. Es por ello que contribuirán más bien para que la hiperinflación sea más dura, dividiendo en dos la historia de los venezolanos y dejando más visibles las terribles consecuencias de profesar la omnipotencia del Estado.

Politemas, Tal Cual, 22 de agosto de 2018

México vuelve al siglo XX

La importancia de México en el contexto global es cada día más creciente. Su interacción en múltiples áreas del escenario global coloca a México como una referencia de primer orden en los temas del desarrollo, especialmente por el efecto que tienen sus políticas tanto en el ámbito de la región de América Latina como en otros contextos. La elección de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del gobierno que encabezará desde finales de este año, constituyen oportunidades para ponderar las posibles tendencias en las políticas públicas de México ya entrando en la tercera década del siglo XXI. 

Para ello una evidencia de primer orden es lo difundido en la campaña electoral como programa de gobierno. Si bien es cierto que no se puede asegurar que lo establecido en un programa de gobierno sea inmodificable, o que incluso en muchos casos no esté relacionado con las políticas que finalmente se decidan, también es un hecho que lo escrito es una demostración de las ideas que los grupos y asesores, y el propio candidato, consideraron relevantes para convencer al electorado de que era la mejor opción. 

Pocos días después de la elección de López Obrador se publicó un documento intitulado “Andrés Manuel López Obrador: Equipo de trabajo y agenda”, el cual contiene las ideas centrales de la gestión 2018-2024. Este documento es a su vez un resumen de una publicación más extensa “Proyecto de Nación 2018-2024”, presentada a finales de 2017. Llama la atención en ambos documentos la ausencia de una sección dedicada a condensar los principales postulados de la próxima gestión de gobierno. Más bien se detallan sectores sin mayor articulación. 

Una opción alternativa para el análisis, es indagar la forma de tratar temas claves en la actualidad, especialmente para la gestión de los gobiernos en todo el mundo. Dentro de estos temas se seleccionaron “sociedad del conocimiento”, “complejidad económica” e “inteligencia artificial”. Estos términos son en buena medida expresión de las tareas fundamentales que se deben emprender en los países para alcanzar grados sostenibles de desarrollo, y especialmente, para garantizar el mayor nivel de bienestar y riquezas. Pues bien, el término “sociedad del conocimiento” no aparece mencionado una sola vez en el documento del equipo de trabajo y agenda (de 117 páginas de extensión). En el documento ampliado, de 461 páginas, el término “sociedad del conocimiento” aparece mencionado una sola vez (en la página 94). La mención realizada condiciona el desarrollo de la “sociedad del conocimiento” a la inversión que se realice en ciencia y tecnología, cuando ya se sabe que solo a través de una transformación general de la sociedad es posible avanzar en esa dirección. Más aún, se coloca la meta en 1% del PIB para ciencia y tecnología cuando los países punta asignan cuatro o cinco veces más. 

En el caso de “complejidad económica” e “inteligencia artificial” no se encontró ni una sola mención en ambos documentos. Estos términos son claves por cuanto la dinámica del desarrollo, ya avanzado el siglo XXI, indica que la diversificación y la creación de tecnologías en los niveles más avanzados constituyen los procesos más relevantes a escala global. Es llamativa la ausencia de esas menciones, muy probablemente porque no se han concebido ni siquiera como problemas a enfrentar con adecuadas políticas públicas. Estas ausencias son más marcadas cuando se observan los lineamientos de políticas. Se menciona en ellos: erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, desarrollo sostenible y buen vivir, reconstrucción nacional, todos temas de gran importancia pero que requieren una definición del tipo de futuro para México, especialmente el que está basado en estadios superiores de conocimiento. 

México vuelve al pasado, es decir, a las políticas que miran más bien al siglo XX, cuando en realidad tiene los avances más sostenidos en complejidad económica de los países de América Latina. De hecho, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Complejidad Económica del MIT para 2016, México es el país con mayor índice de complejidad económica en la región, cercano a “1” (Japón tiene el máximo con 2,29), ocupando el lugar 25 en el mundo. Este índice se ha mantenido cercano a “1” (incluso superior en algunos años) desde 2000. Las políticas que se deducen del programa de gobierno de López Obrador van en la dirección contraria a los avances obtenidos por México en complejidad económica. Más que volver al pasado, México debería implementar las políticas necesarias para convertirse en una sociedad en los diez primeros lugares en complejidad en el mundo. Esperemos que la realidad se atraviese con todas sus dimensiones para impedir la vuelta de México al siglo XX.

Politemas, Tal Cual, 15 de agosto de 2018

Destrucción de acuerdos

Se podría pensar que la hiperinflación es una formidable destrucción de la moneda, expresada fundamentalmente en la aniquilación de la estabilidad de precios. Y eso es verdad. Al iniciar el décimo mes de hiperinflación en Venezuela, es claro y notorio que han desaparecido todos los referentes para la definición de los precios de bienes y servicios. La velocidad en el deterioro de la capacidad de compra es proporcional a la dificultad de transar con una mínima dosis de normalidad. Nadie sabe cuánto pueden variar los precios incluso en un día. Mucho menos para pensar en la semana próxima o en el mes que viene. 

La desaparición de los precios como referentes, ya es una demostración de que la economía no está en capacidad de funcionar en los mínimos requerimientos de una sociedad. Los precios son acuerdos, mecanismos de transacción. Alguien ofrece una cantidad por algo y otra persona acepta recibirlo. La base de ese acuerdo es que lo que se recibe vale lo mismo que cuando se hizo la transacción. El problema deviene cuando lo que se recibe vale mucho menos porque está sometido al efecto de la hiperinflación. Entonces, los actores prefieren incrementar el precio calculando el efecto de ese deterioro, o sencillamente transar en otro medio de común acuerdo. Pero los precios no son los únicos acuerdos que desaparecen en una hiperinflación. 

Tomemos, por ejemplo, los acuerdos entre trabajadores y empresarios para la fijación de las remuneraciones. Los contratos colectivos son imposibles en una situación hiperinflacionaria, porque no hay forma de estimar las bases de las variaciones de esas remuneraciones. En consecuencia, la posibilidad de utilizar la contratación colectiva como medio de estabilidad en las relaciones de trabajo, simplemente desaparece. En tales condiciones, la mera discusión sobre productividad es un sinsentido. Algo similar sucede cuando los beneficiarios de los servicios de una empresa, se ven obligados a pagar a los trabajadores una cantidad extra muy superior a sus salarios por temor a que abandonen las empresas y, por ende, queden afectados. 

También desaparecen las pensiones para la población en situación de retiro. La pensión es un acuerdo, muchas veces intergeneracional, según el cual el trabajador recibe una cantidad que representa el beneficio por su vida laboral. La base de la pensión es que el valor que tiene en el mercado de bienes y servicios sirve para que se pueda acceder de manera estable a lo considerado necesario. Cuando el valor de la pensión se deteriora ante la arremetida hiperinflacionaria, entonces ese acuerdo de preservación del beneficio también desaparece. 

La inversión pública también es otro acuerdo que es afectado por la hiperinflación. En este caso, el acuerdo implica que los precios de los servicios públicos deben garantizar que se obtienen recursos para asegurar el mantenimiento y la calidad. Cuando ello no es posible, porque el aumento de los precios impide la utilización de recursos para garantizar los servicios previstos, entonces se produce la escasez y la afectación a los ciudadanos en su calidad de vida. 

De la misma manera, la escala de salarios de la administración pública no puede salir indemne de una hiperinflación. La distancia entre las remuneraciones y el aumento de los precios, obliga a trabajadores a abandonar el sector público, y a otros muchos, a ver deteriorada la calidad de vida. Y ellos es especialmente crítico cuando se introducen de manera discrecional mayores diferencias entre sectores de la administración pública. 

Finalmente, la hiperinflación aniquila los acuerdos de la sociedad en el mediano plazo. Conceptos como “plan” o “futuro” no tienen cabida ante el ritmo que impone la hiperinflación, muchas veces medido en días o semanas. La hiperinflación de Venezuela, en la medida que se prolonga, seguirá destruyendo acuerdos fundamentales. En un curso diferente será menester acometer la transformación de estas relaciones, de manera sostenible y moderna. De allí la urgencia que se debe asumir para detener la destrucción hiperinflacionaria. Es, sin dudas, el reto más profundo que tiene todo el liderazgo de la sociedad venezolana en la actualidad.

Politemas, Tal Cual, 1 de agosto de 2018