miércoles, 22 de junio de 2016

Sin caretas

El Consejo Nacional Electoral ha dejado ante el mundo todas las evidencias de que muy poco le interesa guardar las mínimas apariencias. En las últimas semanas, a ritmo incesante, la mayoría del CNE ha pulverizado letra a letra el artículo 294 de la Constitución. Tanto en Venezuela como en todos los ámbitos internacionales, la señal es muy evidente: estamos en presencia de un poder público totalmente plegado al Poder Ejecutivo, sin mayores tapujos, dócil y obediente.

El artículo 294 de la Constitución dice lo siguiente: “Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia, y celeridad del acto de votación y escrutinios”. 

Con el proceso de solicitud de realización del referendo revocatorio del Presidente de la República, la mayoría del CNE ha demostrado que ninguno de los conceptos anteriores puede adjudicarse a su gestión. El CNE no tiene independencia orgánica porque actúa como ente defensor del gobierno. Antes que responder a las exigencias de participación democrática, según lo establecido en el texto constitucional, el CNE justamente crea los mayores inconvenientes para que se exprese la decisión de los venezolanos. La reglamentación de un proceso relativamente sencillo ha servido de pretexto para colocar todas las trabas posibles.

Tampoco es autónomo el CNE cuando la mayoría que lo maneja da muestras de seguir, prácticamente al pie de la letra, las indicaciones de sectores del gobierno y del partido de gobierno. Ninguna posición o palabra que señale un mínimo de independencia, de criterio propio. La despartidización, al contrario de lo establecido en la Constitución, está completamente desaparecida. Tampoco se encuentra la imparcialidad y el estímulo de la participación ciudadana. Decisiones que deben tomar en cuenta las diferencias estadales y municipales son completamente descartadas. Procedimientos que pudieran ser expeditos son retrasados sin miramientos. Solo hay que citar en este aspecto que las validaciones tienen que esperar más de 20 días para ser confirmadas.

Es bastante contundente que lo que menos interesa a la mayoría del CNE es garantizar que los venezolanos tomen decisiones ejerciendo el sufragio. Se trata más bien de prolongar, a través de todos los medios, la permanencia de este gobierno que a todas luces ya no puede más. Que ha complicado en grado superlativo la vida de los venezolanos. Que no tiene ninguna solución para los problemas, los cuales son más bien su creación. La mayoría del CNE actúa como recurso de contención para perpetuar el monumental fracaso de esta gestión. Pero tal mayoría circunstancial ha encontrado una gran disposición de los venezolanos para transformar al país. Se han quedado sin caretas y sin argumentos.

Politemas, Tal Cual, 22 de junio de 2016

El origen de la destrucción

El shock avanza en Venezuela. Las dificultades para conseguir alimentos y medicamentos aumentan todos los días. Las familias deben realizar mayores sacrificios, en términos de tiempo y angustias, muchas veces sin ninguna recompensa. Hacer una cola por largas horas, ya no es garantía de conseguir los bienes básicos. La economía venezolana está en una fase aguda de destrucción. Las consecuencias en la vida cotidiana de los venezolanos se observan hoy, pero se han generado desde hace más de una década. Lo que se constata es la conclusión de una ruta tomada por la convicción de que el desarrollo se lograba con un Estado inmenso, todopoderoso, al amparo de la renta petrolera. Los resultados indican la dimensión de ese fracaso.

Es importante precisar el origen concreto de esa destrucción. El momento exacto en que se empezó a gestar todo este monumental desastre económico. Y eso lo sabemos. Fue en la etapa en que comenzó la agresión sistemática contra las empresas privadas. Con su manifestación en la ola de expropiaciones a mediados de la década pasada. Bajo la premisa de que todo debía estar en el control del Estado, se procedió a expropiar empresas en las siguientes áreas de producción: alimentos, agroindustria, banca, construcción, comercio, telecomunicaciones, metalurgia, turismo, petróleo, gas, transporte, papel, textil, y pare de contar. Más de mil empresas fueron expropiadas entre 2005-2011, aunque no existe todavía un recuento completo. 

El impacto de estas expropiaciones, por supuesto, no fue inmediato. Construir una empresa lleva tiempo, y transferir sus activos y tomar su control no es una tarea rápida. Se trata de procesos complejos, equipos humanos, tecnologías asociadas, en fin, toda la dinámica de creación de valor. De un día para otro, equipos humanos y técnicos debieron ser sustituidos. La modificación de los incentivos, esto es, que ahora todo estuviera controlado, sin mecanismos para el ajuste de precios y costos, trajo como consecuencia la pérdida de la dinámica productiva. Tal proceso dejado a su evolución en estos años, ha conducido al desmantelamiento de la capacidad productiva en esas empresas, y en todo el aparato económico del país. Lo que comenzó como una concepción fundamentada en prejuicios ideológicos y en un profundo desconocimiento de las tendencias modernas del desarrollo, ha terminado en uno de los desastres gerenciales y de políticas de mayor drama en el Siglo XXI. 

La lección fundamental que se deriva de todo esto, es que el actual gobierno (desde 1999) no tiene ni la visión ni las competencias para detener este desastre e impulsar el país en otra dirección. De allí que sea central para el futuro de los venezolanos, que el gobierno sea sustituido a la brevedad por los canales establecidos en la Constitución. Y también debe quedar en la agenda de transformaciones, los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de propiedad que fueron conculcados, expresados en pagos no realizados y todo tipo de daños asociados. Y finalmente, que los cambios que deben realizarse incorporen las modalidades de transferencia de estas propiedades públicas a sectores con la competencia y dinamismo para aumentar sustancialmente su productividad. Ojalá con la esperanza de que sea un aprendizaje perdurable.

Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2016

Incompetencia sin límites

Ya avanzado el Siglo XXI es inaceptable que no estén disponibles para todas las personas las tecnologías más sencillas. Por ejemplo, desde hace siglos se dispone de inmunizaciones que se han ido perfeccionando con los avances de la ciencia. Puede decirse que las inmunizaciones están entre los avances científicos de mayor impacto en la vida de niños y familias. Basta con la administración de las vacunas disponibles para que los niños y adultos no contraigan o minimicen los efectos de algunas enfermedades. Desde la polio, pasando por la tosferina, tétanos, tuberculosis, hasta la fiebre amarilla y la hepatitis, solo por nombrar algunas. 

Las inmunizaciones pueden estar entre las intervenciones más costo-efectivas en la historia de la humanidad. De manera que se podría esperar que todos los niños y adultos reciban ese beneficio. Para ello se requiere la disponibilidad de vacunas, así como el personal entrenado y los medios de preservación adecuada. Con esas condiciones, una cobertura de 100% sería muy fácil de lograr. En América Latina, por ejemplo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud para 2014, el 100% de los niños de Argentina y Nicaragua recibe la inmunización contra la tuberculosis. En el caso de antipolio y triple, la cobertura de 100% se obtuvo en Cuba y Nicaragua. En el caso de sarampión, la cobertura es 100% en Cuba, Nicaragua y Brasil. Con lo cual queda bastante claro que no se trata de una meta inalcanzable, especialmente porque muchos países superan coberturas de 95%.

El sistema de salud de Venezuela, al igual que en otras áreas de servicios, tiene un desempeño muy por debajo de lo requerido en las inmunizaciones. La cobertura más alta se observa en la inmunización contra tuberculosis (95%). En la vacunación contra sarampión, la cobertura es 89%, por debajo del porcentaje promedio de América Latina y el Caribe (91%). Países como Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica, tienen coberturas superiores al 95%.

El peor desempeño de Venezuela se obtiene en las inmunizaciones contra polio y triple. La cobertura de polio es 79%, superando solamente a Guatemala, Paraguay, Haití y Perú. En el caso de triple, la cobertura es 78%, mayor solamente que la de Haití, Guatemala, y Paraguay. De manera que se puede concluir que el sistema de salud de Venezuela está entre los peores de la Región en una de los servicios de mayor impacto y de menor complejidad en su operación. Puede decirse que no hay manera de ser más incompetente. Especialmente porque los países que tienen menor desempeño no han tenido ni por asomo los recursos de Venezuela. 

La muestra que representa la cobertura de inmunizaciones, se extiende a otras áreas de servicios. Cuando agregamos mayor dificultad, sea porque las soluciones son más complejas o porque la cobertura es más difícil, el desempeño del sistema de salud de Venezuela es todavía más bajo. Podríamos decir que tomando en cuenta los recursos administrados, no hay peor sistema de salud en la Región. Incompetencia sin límites.

Politemas, Tal Cual, 18 de mayo de 2016

Salud en picada

El deterioro de las condiciones sociales es marcado y sistemático. No puede ser de otra manera. Una economía en el tercer año seguido de recesión, con la inflación más alta del mundo por cuarto año en fila, solo puede tener consecuencias negativas para los servicios sociales. Y esto es justamente lo que está sucediendo. El efecto de la crisis es absoluto, especialmente en aquellas áreas de máxima prioridad para la conservación y protección de las condiciones de las personas, como son la nutrición, la educación y la salud.

Una caída de las magnitudes señaladas afecta con especial intensidad a la inversión pública. Ya sabemos que los servicios sociales requieren cantidades significativas de recursos, al igual que los procesos que garanticen la mayor calidad. Para estimar las consecuencias actuales de la crisis económica en la salud, deberíamos contar con la información básica. Sin embargo, las fuentes oficiales no están disponibles. El último año con información de mortalidad es 2012. El registro de los casos de las enfermedades notificables no está disponible desde mediados del año pasado (casi 10 meses de retraso). Tampoco se dispone de registros del desempeño de los servicios, y mucho menos de las condiciones de salud exploradas por encuestas de hogares.

A pesar de lo anterior, es posible plantear algunas tendencias en la evolución de algunos indicadores. Si la tasa de mortalidad infantil estaba prácticamente estancada en 2012, lo más probable es que la caída de la inversión pública repercuta en la atención de los niños, especialmente aquellos que han nacido en condiciones adversas tales como no tener adecuado control prenatal o atención del parto de calidad. Esto puede significar un aumento de la brecha con respecto a los países de la Región. En el caso de la mortalidad materna, el deterioro es aún mayor. La razón de mortalidad materna ha retrocedido a la cifra de 1975. Las coberturas de inmunizaciones como el sarampión, triple, polio, se encuentran entre las más bajas de América. Si a ello sumamos las distintas epidemias que afectan al país, todas ellas con los peores récords históricos, es bastante evidente que en lo que se refiere a las actividades de prevención y control el país atraviesa una crisis de grandes proporciones.

El desempeño del sistema de salud se agrava al considerar la atención de las enfermedades crónicas. Más de dos tercios de las personas con hipertensión arterial o diabetes, no saben que tienen la enfermedad. Y muchos de los que están diagnosticados no pueden adquirir los medicamentos esenciales para el control. Más de la mitad de la población no cuenta con cobertura de seguros, y el gasto del gobierno es uno de los más bajos de América (sólo superando a Guatemala y Haití). De hecho, Venezuela tiene el gasto de bolsillo más grande de América, con lo cual queda en evidencia la privatización del financiamiento de la salud de mayor proporción en la Región en lo que va del Siglo XXI.

El escenario hiperinflacionario que confronta el país no hará sino complicar más lo señalado. Cada día que pase sin las medidas adecuadas para que el país pueda avanzar por una notable transformación económica, no hace sino agravar la situación. La salud de los venezolanos está en las peores condiciones. Los resultados de esta larga gestión son evidentes. Suficiente motivo para cesar por los medios constitucionales disponibles a la peor gestión de gobierno en la historia del país.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2016

La inflación destruye gobiernos

El actual gobierno ha decidido que su forma de encarar el riesgo de hiperinflación, es simplemente evadiendo la realidad. No habla de eso. Y mucho menos informa sobre la evolución de los precios. El BCV, incumpliendo las funciones que la Constitución le asigna explícitamente, tampoco reporta los datos requeridos. Lo que sabemos sobre este aspecto, se debe a las informaciones que suministran los medios, sea por estudios especiales, opiniones de expertos, o por los reportes de los ciudadanos cuando compran los bienes. Por todas estas fuentes, la situación de plena aceleración de precios, en un contexto de escasez creciente, es la nota permanente.

La actitud del gobierno es sencillamente esperar el milagro. Esto es, que aumenten los precios del petróleo y continuar agravando los enormes desequilibrios de la economía venezolana. Llamar a eso una política irresponsable, es lo menos que se puede hacer. El gobierno espera que con esa creencia pueda pasar esta terrible circunstancia.

La inflación descontrolada es sinónimo de destrucción. Aniquila el ingreso de las familias, las inversiones de las empresas, estimula la migración de amplias franjas de la población, quebranta los mecanismos de intercambio económico. Todo ello se traduce en reducción del bienestar de personas y familias.

También los gobiernos que generan las inflaciones descontroladas la pasan muy mal. Hasta el punto que también son llevados por la ola de destrucción que crean. En América Latina los siguientes países han experimentado episodios de hiperinflación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Perú. En todas ellas, los gobiernos que las generaron terminaron siempre desplazados. Veamos. 

La hiperinflación de Chile se produjo en el mes de octubre de 1973, poco después del golpe de estado contra Salvador Allende. Sin embargo, la raíz de la hiperinflación se produjo en el gobierno de la Unidad Popular a través de las estatizaciones y controles. Dentro de las causas del golpe de estado estuvo indudablemente el clima de caos económico que predominaba en ese país. En Bolivia, la hiperinflación obligó a renunciar a Hernán Siles Suazo, adelantando un año las elecciones que permitieron la entrada del gobierno de Paz Estenssoro para implementar las medidas que terminaron controlando la hiperinflación. En Argentina la hiperinflación condicionó sin duda que el mandato de Alfonsín fuera recortado para dar la oportunidad a otro gobierno. La hiperinflación en Perú, la cual llegó a su tope en el último año del primer gobierno de Alan García, estuvo dentro de los factores que dieron entrada a Fujimori en la política de ese país y la aplicación del denominado “Fujishock” en el primer mes de su gobierno. La extrema dimensión de la hiperinflación en Nicaragua sin duda fue un factor clave en la elección de Violeta Chamorro en 1990 y el final del gobierno sandinista. Brasil, con la más larga etapa de inflación por encima de 100% en la Región, experimentó también inestabilidad política, incluida la destitución de un presidente, hasta la entrada del gobierno de Cardoso para enfrentar con éxito la hiperinflación.

El gobierno de la Venezuela actual ya sufre el gran deterioro que resulta de su incompetencia para el manejo económico. Estamos en el tercer año seguido sin crecimiento económico, y en el cuarto año seguido con la inflación más alta del mundo. Y para remate, ante el riesgo de hiperinflación, como ha señalado el FMI. No debe extrañar entonces que en pocas horas se hayan obtenido millones de firmas para cesar este gobierno en el marco de la Constitución.

Politemas, Tal Cual, 4 de mayo de 2016