Desnutrición en la abundancia

La Venezuela de 2005 es un país de paradojas inaceptables. En pleno boom petrolero, con una expansión extraordinaria de los recursos fiscales, el propio gobierno reconoce que aumenta la desnutrición, especialmente la que afecta a los niños. Esto sucede luego de siete años de intentos infructuosos por implementar una política social a la altura de los requerimientos de los venezolanos.

Bajo el título genérico de “Misiones” se incluye un conjunto de programas de protección que han establecido los lineamientos de la actual política social venezolana. Ha quedado demostrado que estos programas intentan replicar en la realidad venezolana las experiencias de la política social de Cuba. Es conveniente profundizar el análisis de estos programas. Iniciamos dicha tarea con esta entrega.

En líneas generales, las Misiones comparten tres características. En primer lugar, estos programas coexisten con una estrategia de desarrollo que no privilegia la creación de trabajos decentes. La inversión que se realiza, especialmente la concentrada en las misiones educativas, no visualiza la incorporación de los beneficiarios en opciones laborales de alta o moderada productividad. En segundo lugar, las Misiones corresponden a asignaciones que no se incorporan al presupuesto público. De hecho, es bastante difícil identificar las fuentes de financiamiento y el seguimiento de su utilización, mucho menos su impacto. Finalmente, las quejas relacionadas con la discriminación de los beneficiarios por razones políticas o de preferencia electoral son bastantes frecuentes en el país. Más que programas de protección social, las Misiones han sido utilizadas en muchos casos como mecanismos de exclusión política y chantaje electoral.

Aparte de las críticas anteriores, también se puede mencionar que la implementación de algunas misiones deja intactos problemas fundamentales de los sectores pobres del país. El caso de MERCAL ilustra claramente esta deficiencia. La aparición de la Misión MERCAL fue determinada por los problemas de abastecimiento que se desencadenaron en el país en el denominado “paro petrolero”. El objetivo de esta misión es: comercializar y mercadear productos alimenticios y otros de primera necesidad para ser colocados al mayor y al detal en centros de venta fijos o móviles.

Lamentablemente la propia información suministrada por el sitio web de MERCAL impide conocer la dimensión exacta de los alimentos comercializados y las operaciones involucradas. Mucho menos los recursos asignados y los procedimientos utilizados. Sin embargo, es claro que la red de servicios se ha extendido. Existe información anecdótica que indica que los usuarios reclaman mayor calidad y mejoras en la infraestructura de los servicios.

Los usuarios de MERCAL deben poseer ingresos para comprar los alimentos ofrecidos. Mucho más tarde, el gobierno se “percató” de que para muchos venezolanos sin ingreso el acceso a MERCAL era imposible. Ante las claras evidencias de que ha empeorado la situación nutricional, se diseñó el Programa Casas de Alimentación bajo la responsabilidad de FUNDAPROAL, también conocido con el nombre de MERCAL Máxima Protección. Sobre la marcha de este programa tampoco existe información.

De manera tal que en el paraíso petrolero de América coexiste una gran disponibilidad de alimentos y recursos para comprarlos, con el aumento de la desnutrición. Las últimas cifras oficiales, provenientes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, SISVAN, del año 2004, indican que el 26,8% de los niños entre 7 y 14 años tiene algún grado de desnutrición. En el caso de los niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 25,8%. En ambos grupos aumentó la desnutrición entre 2003 y 2004. Es evidente que la erradicación de la desnutrición en el país requiere mucho más que la oferta de alimentos. El gobierno actual ha demostrado que no puede con esta exigencia.

Politemas, Tal Cual, 14 de diciembre de 2005

Sistema a la intemperie

El “detalle” que faltaba. Los resultados de las elecciones del pasado domingo no dejan ya ninguna duda. Los mecanismos de representación, propios de una democracia moderna, han desaparecido en Venezuela. La configuración de un parlamento monocolor, sujeto a las presiones y disposiciones de un poderoso Ejecutivo, indican claramente que los signos autoritarios están más presentes en el país. Las luces de alerta deben haberse encendido en los tableros democráticos de la sociedad venezolana. En caso contrario, nos esperan tiempos más difíciles.

El gobierno del presidente Chávez tiene sus raíces fundamentales en un atentado contra el voto. Los infructuosos golpes militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 intentaron apropiarse del poder por la violencia, por la negación de la discusión democrática, por la anulación del viejo precepto: “una persona, un voto”. Se quiso imponer la lógica de la fuerza de las armas. Sin embargo, ese mismo sistema acosado por las rebeliones militares y el agotamiento de sus liderazgos, tuvo la suficiente capacidad para dar cabida a los supuestos cambios. Originado en elecciones libres, universales y secretas, entra a dirigir los destinos de la nación el mismo grupo que había irrumpido armado en la oscuridad de la noche. 

La naturaleza autoritaria y militar del gobierno surgido en diciembre de 1998 ha operado incesantemente. En su marcha acelerada por la conquista del mayor poder posible se han aniquilado instituciones centrales del sistema democrático. Se aumenta el período presidencial y se incorpora la reelección inmediata. La suspensión de la Constitución de 1999, apenas a una semana de su aprobación, acaba con la independencia de los poderes y desencadena una tendencia clara hacia la exclusión. 

El poder sin contrapesos no se puede auto-regular. Para sostenerse, ese poder debe segregar al adversario. Cuando no existe la visión de que la sociedad requiere el concurso de todos, es absolutamente normal que las decisiones sean entendidas como el triunfo de una facción. Gano cuando mi adversario pierde. Que ganen los dos es inaceptable. 

La exclusión en el poder electoral es el signo más preocupante en las crisis de los sistemas políticos. La razón es muy simple: las elecciones determinan los actores involucrados en la designación de otros poderes públicos. El Poder Electoral designado en 2003 se fundamenta en un acto de exclusión política. Se nombran bandos, no árbitros reconocidos por todos. Los resultados están a la vista. Todas las elecciones realizadas por el actual Poder Electoral han dejado un manto de dudas. Casi todas sus decisiones han expresado las tendencias de las facciones. El Poder Electoral ha actuado para defender intereses sectarios. Ha antepuesto el interés de los grupos al interés colectivo. 

La nueva Asamblea Nacional representa solamente a un sector del país. La ingenua premisa de que su composición permite la imposición de leyes y decisiones al otro sector no representado, conduce a más enfrentamientos y separaciones. En alguna parte del camino debe cesar la política como aniquilación de adversario. Para evitar que esta crisis se profundice, es imperativo acometer con seriedad el saneamiento de nuestro Poder Electoral. Es prioritario acordar las mejores condiciones para contar con un sistema electoral confiable, transparente y aceptado por todos los actores. Las elecciones presidenciales del año 2006 constituyen una excelente oportunidad para estos acuerdos.

El autoritarismo de nuevo cuño ejercido por el actual gobierno ha generado una involución de nuestro sistema político. La institución del voto, central en la democracia, hoy luce desmejorada, lejana. Pareciera que nuestro sistema está desprotegido, sin techo ni abrigo. Hagamos del rescate del voto el eje de nuestro renacer democrático.

Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2005

Las pensiones del proceso

Luego de siete años de la administración del presidente Chávez, el país sigue sin tener un sistema de pensiones acorde con las exigencias de la protección social moderna. Esto es más reprochable en un gobierno que proclamó en sus primeros años un supuesto interés en estos aspectos. Es evidente que en este largo período gubernamental lo que ha habido es una gran lista de promesas incumplidas en esta área. 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 discutió las opciones de seguridad social para el país. Para los grandes temas prevaleció muchas veces la visión ideológica, más que la sensatez técnica y política. Ese fue el caso de la seguridad social. 

La ANC aprueba en el artículo 80 de la Constitución la modalidad de las pensiones no-contributivas. Esto es, aquellas pensiones que son otorgadas a los trabajadores que hayan alcanzado determinada edad sin que hayan realizado contribuciones periódicas a los fondos de la seguridad social. De esta manera se garantiza que todas las personas pueden contar con una pensión luego de su vida activa, independientemente de su historia de contribuciones al sistema. Esta modalidad de pensiones, inexistente en Venezuela hasta la Constitución de 1999, es un avance significativo en la equidad de la protección social. Muchos países desarrollados han incorporado esta modalidad en sus legislaciones, así como algunos países de América Latina, entre los cuales están Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica.

Lamentablemente, la ANC aprobó el avance, pero también le colocó una restricción que lo convirtió en letra muerta. Esta restricción es el monto asignado a la pensión no-contributiva. Animados por el espíritu nominal del año 1999, aquel que asumía que establecer regulaciones bastaba para modificar la realidad, la mayoría de los diputados de la ANC aprueba que el monto de las pensiones no-contributivas no puede ser menor al salario mínimo urbano. Es claro que al colocar la pensión no-contributiva en ese monto, las tasas de cotización tienen que aumentarse para que las pensiones de los que han contribuido al sistema sean mayores que el salario mínimo. De lo contrario daría lo mismo cotizar que no cotizar, lo cual es un incentivo perverso para la creación de empleos en el sector formal. Muchos países han resuelto este aspecto al definir la pensión no-contributiva como un porcentaje sobre el salario mínimo (por ejemplo, entre 50 y 70%).

La ANC hizo caso omiso de las observaciones técnicas que se hicieron en esa época. La propuesta era sencilla: que se incorporaran las pensiones no-contributivas como un porcentaje (entre 50-70%) del salario mínimo. Al aprobarse el artículo 80 en los términos señalados se impidió la reforma general del sistema de pensiones.

Por supuesto ese aprendizaje fue lento y costoso. Porque la realidad, cuando se la quiere mirar con los ojos de la prepotencia, tiene sus propios tiempos. La propuesta de reforma de la Comisión Presidencial de Seguridad Social de 2001 contenía las tasas de cotización más costosas de América Latina. La inviabilidad era monumental. Obviamente, esa reforma estaba signada por el fracaso. 

Pero el fracaso se extiende hasta la fecha. Al cerrar el último año de la Asamblea Nacional, la reforma del sistema de pensiones sigue pendiente. Sin embargo, como muestra significativa de que la realidad siempre se impone, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en la Ley de Servicios Sociales que las personas adultas mayores “en estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva” recibirán “asignaciones económicas” entre 60 y 80% del salario mínimo urbano vigente. 

Esta larga marcha por la arrogancia y la incapacidad en el manejo de un tema tan delicado, ha significado que no se hayan otorgado pensiones no-contributivas en estos seis años. En este tema, como en tantos otros, el gobierno del presidente Chávez sigue perdido, sigue sin rumbo.

Politemas, Tal Cual, 30 de noviembre de 2005

Exclusión originaria

El país no sale de la sorpresa. El final del séptimo año de la Administración Chávez no deja ya ninguna duda. Venezuela ha retrocedido en dos dimensiones fundamentales del desarrollo: el bienestar de la gente y la institucionalidad democrática. 

Los venezolanos sabemos que la propuesta gubernamental tiene pies de barro. Como en otras épocas de nuestra historia, se asoma con fuerza el espejismo de que es posible alcanzar el desarrollo contando con el poder inmenso de la inversión pública. Es obvio que el auge del mercado petrolero no basta para generar un ritmo de crecimiento sostenible y diversificado. Prueba de ello es la reiterada incapacidad de nuestra economía para crear trabajos decentes. Todo lo contrario: lo que experimentamos es una disminución de los puestos de trabajo de alta productividad. 

Tampoco contamos con una política social que contribuya a mejorar el bienestar de la gente. Está suficientemente demostrado los retrocesos en la salud, en la seguridad pública, en la protección social, y en la cobertura y calidad del sistema educativo. Las Misiones, aspirantes a programas de protección social, tienen carencias de diseño e implementación sumadas a la utilización proselitista e ideológica.

Para colmo de males el país ha observado con estupor en las últimas semanas los efectos de no contar con el adecuado equilibrio de poderes. Jueces que no generan confianza, fiscales sin credibilidad ni profesionalismo, defensores del pueblo que callan y otorgan, contralores indiferentes ante el manejo discrecional de la cosa pública, tal es la crisis institucional que vive el país.

Todo lo anterior expresa las consecuencias de asumir el gobierno como tarea excluyente. Para lo cual es mejor doblegar que sumar. Bajo una óptica que no cree en los acuerdos, ni mucho menos los promueve. El país padece los efectos de la exclusión originaria. 

Esta exclusión se deriva de la suspensión constitucional producida a finales del año 1999. El 15 de diciembre de ese año se aprueba a través de referéndum la Constitución propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, en el marco de un país consternado y paralizado por la tragedia de Vargas, la ANC procede a cesar todos los poderes públicos en contradicción con las bases comiciales que le dieron origen. Más grave aún, la ANC procede al nombramiento de todos los poderes públicos (Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, y CNE) sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución que se acababa de aprobar. El poder originario se convirtió en exclusión originaria. La Constitución de 1999 fue suspendida al nacer. Las consecuencias de esta suspensión están a la vista.

La creciente concentración de poderes que se ha impuesto en Venezuela obstaculiza el bienestar de la gente y aniquila la democracia abierta. No se puede enfrentar los grandes retos del desarrollo con exclusión, creando el mito de las verdades únicas, indiscutibles, rindiendo pleitesía a los liderazgos autoritarios, militaristas, basados en la imposición y la obediencia y no en el diálogo y el acuerdo.

Cada día más venezolanos están conscientes de que el gobierno del presidente Chávez es un liderazgo del pasado, excluyente e incompetente. Cada día más venezolanos están convencidos de que el gobierno actual lo único que nos traerá es más separación. 

Para sobreponernos a las consecuencias de la exclusión originaria, necesitamos liderazgos amplios, que convoquen a la unidad y la concertación, que sean capaces de fortalecer el encuentro y la concordia, que trabajen para encontrar las coincidencias, que combatan frontalmente el militarismo y la intolerancia, que coloquen el bienestar de la gente en el centro de la acción pública y el desarrollo de la democracia como objetivo de la lucha política. Y para todo eso, los venezolanos se organizarán.

Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2005

Datos bien guardados

La cobertura y la calidad de los servicios de agua y saneamiento básico (especialmente la disposición de aguas servidas), tienen al menos tres efectos relevantes para elevar el nivel de desarrollo de un país. En primer lugar, estos servicios son sinónimo de bienestar personal, familiar y colectivo. Especialmente si son regulares y de costo accesible. 

En segundo lugar, tienen efectos directos sobre la salud. Solamente por citar un ejemplo: los países con mejores redes de estos servicios tienen una menor frecuencia de diarreas y las complicaciones asociadas. Recordemos que en Venezuela en el año 2003 murieron 1.110 niños menores de un año por diarrea, también llamada gastroenteritis. Es evidente que la dotación de agua potable de calidad y de servicios de cloacas hubiera significado la diferencia entre la vida y la muerte. Sin ninguna exageración.

Finalmente, la inversión en la construcción y ampliación de estos servicios se expresa en empleos directos e indirectos. Tanto en las fases de diseño e instalación, como en la operación y mantenimiento. Podríamos decir, por estas razones, que mejorar los servicios de agua y saneamiento es un verdadero “negocio redondo” para el desarrollo.

Es por ello que la Meta 10 de los Objetivos del Milenio es justamente: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. El informe de Naciones Unidas, “Objetivos del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe” (www.eclac.org), analiza los avances de los países de la región en el cumplimiento de esta meta en el período 1990-2002.

En el caso del acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua en zonas urbanas, llama la atención que ya tres países alcanzaron el 100% de la población: Costa Rica (ya tenía este porcentaje en 1990), Chile y Paraguay. Otros países que han mostrado progresos notables son México, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los dos últimos países ya han alcanzado coberturas de 99% de la población. El acceso a abastecimiento de agua en zonas rurales ha experimentado significativos aumentos en Guatemala (de 69 a 92%) y Ecuador ( de 54 a 77%) en el período señalado. 

En lo que respecta al acceso a mejores servicios de saneamiento en zonas urbanas, es llamativo el aumento experimentado por Chile (de 91 a 96%), Paraguay (de 71 a 94%), y Honduras (de 77 a 89%). Las zonas rurales de América Latina, por su parte, todavía presentan significativos déficits. Sólo 44% de la población en áreas rurales tenía acceso a servicios de saneamiento en el año 2002. Costa Rica es nuevamente el líder con una cobertura de 97%. También destacan los avances de Ecuador (de 36% a 59%), Honduras (de 31 a 52%) y Nicaragua (de 27 a 51%).

A todas estas, apreciado lector, usted se estará preguntando por los avances de Venezuela. Al igual que nosotros, querrá saber nuestra posición en esta meta del milenio. Lamentablemente, debemos informarle que en la tabla respectiva no existe información sobre Venezuela. Para cada uno de los cuatro indicadores aparecen unos significativos puntos suspensivos. De nuestro país no existe ningún dato comparado sobre la cobertura de agua y saneamiento. Es el único país sin datos en los cuatro indicadores.

Un tanto decepcionados revisamos el sitio web del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Tratando de conseguir un dato, una idea, una referencia. Muy destacado se encontraba el anuncio de que Venezuela ya había cumplido las metas del milenio en esta área. Buscamos más detalle y nos encontramos con una página tan blanca como vacía. Sin embargo, queda un discreto consuelo: esos datos no los pudo conseguir ni siquiera toda la capacidad técnica de las Naciones Unidas. En el caso de agua y saneamiento queda claro que la administración del presidente Chávez guarda muy bien los datos. Tanto, que nadie los puede ver.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2005

Trapiche de ilusiones

Si alguna obligación tienen los gobiernos con el futuro, es crear empleos de buena calidad para los jóvenes. Se trata de abrir dos tipos de espacios. El primero es la incorporación de los jóvenes al proceso productivo, a la creación de nuevos bienes, nuevas tecnologías o nuevos servicios. El segundo está relacionado con la pertenencia a la sociedad. Es una invitación a participar activamente en la construcción de los nuevos retos de los países. Es la demostración concreta del aprecio y necesidad para que las nuevas generaciones tomen su puesto en las responsabilidades y obtengan los beneficios de su compromiso.

Cuando los gobiernos no son capaces de generar puestos de trabajo para los jóvenes, abren la puerta a dos efectos contraproducentes. En primer lugar, la migración de recursos humanos, muchas veces los más calificados. En segundo lugar, se fomenta el escepticismo y el desencanto en los que se quedan. Los jóvenes empiezan a sentir que sus países no les ofrecen el espacio adecuado para desarrollar todo su potencial. 

En el desempleo juvenil se combinan claramente las consecuencias de las economías de bajo desempeño con las fallas del sistema educativo. Hay jóvenes desempleados porque los que estudian no consiguen trabajos adecuados, pero también porque dejaron antes el sistema educativo y deben acudir a un mercado laboral sin muchas opciones. Por esta razón se ha señalado que el desempleo juvenil es otra forma de decir exclusión social.

Según la OIT (2004), los jóvenes desempleados representan el 47% del desempleo total, a pesar de que representan solamente el 25% de la fuerza laboral. Sin embargo, en los países en desarrollo la tasa de desempleo juvenil es cuatro veces mayor que la de los trabajadores de mayor edad. En el caso de los países desarrollados la tasa de desempleo juvenil es sólo dos veces mayor que los trabajadores de mayor edad. Los jóvenes trabajadores también tienen más probabilidad de trabajar más horas, de no tener contratos formales y de no contar con protección social. 

El caso de Venezuela ilustra con claridad la incapacidad para incorporar el empleo juvenil en una estrategia general de desarrollo. Ya sabemos el bajo desempeño de nuestro país en la creación de empleo de calidad. En el caso del empleo juvenil, se repite la constante. De acuerdo con cifras recientes de la OIT (2005), en el año 1993 tuvimos la tasa de desempleo más baja del período 1990-2005. Esto es, 6,8% de desempleo. Para ese año la tasa de desempleo juvenil (de personas entre 15-24 años) fue 13%., también la más baja del período.

La revisión de las cifras de los últimos siete años indica que el gobierno del Presidente Chávez no le ha otorgado ninguna prioridad al empleo de calidad, y mucho menos en el sector juvenil. En el primer año del gobierno actual (1999) aumentó el desempleo juvenil casi en 5% para colocarse en 26,6%. Incluso con la recuperación económica del año 2004 el desempleo juvenil alcanzó 27,5% (seis por ciento más que en 1999 y más de doble del desempleo juvenil del año 1993).

El fracaso en la creación de empleo de calidad para los jóvenes expresa tres grandes deficiencias de las políticas del actual gobierno. En primer lugar, no puede haber empleo para los jóvenes cuando la sociedad no crea empleos productivos para ningún grupo de la fuerza laboral. La desaparición de empleos de asalariados es una demostración clara de este aspecto. En segundo lugar, no puede haber demanda de personal especializado cuando se excluye al 85% de la población de la educación secundaria formal. En tercer lugar, no puede disminuir el desempleo juvenil cuando no existen programas masivos de reentrenamiento con posibilidades de inserción en puestos de trabajo productivo. Con estas deficiencias, el gobierno del Presidente Chávez seguirá triturando las ilusiones de los jóvenes venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de noviembre de 2005

Mucha "revolución", poco empleo

No hay bienestar duradero sin empleo de calidad. En muchos países, el tema crítico de la agenda pública es justamente cómo fortalecer las condiciones que permitan crear más y mejores empleos. Los empleos decentes, como los denomina la Organización Internacional del Trabajo, son aquellos que permiten contar con buenos salarios y un adecuado régimen de protección social. Estos empleos también elevan la competitividad general del país. Y de esa manera, se atraen más inversiones que a su vez crean mejores empleos. Un circulo virtuoso de productividad y bienestar.

Los empleos decentes se encuentran generalmente en el sector formal de la economía. Es decir, el sector de empresas grandes, medianas o pequeñas, que combina la especialización de tareas, uso adecuado de tecnologías, y estabilidad y protección para los trabajadores. Es el sector de los llamados asalariados. En la medida que una sociedad tenga más trabajadores en el sector formal aumenta las posibilidades de generar ese círculo virtuoso.

No hay que ir muy lejos para conocerlo. La economía chilena ha fundamentado mucho de su auge de los últimos quince años en el fortalecimiento del empleo formal. De acuerdo con cifras de CEPAL, en 1990 Chile tenía 2,5% de su fuerza laboral clasificada como empleadora, es decir, aquellas personas que crean empleos para otros. Para el mismo año Chile tenía 75% de su fuerza laboral clasificada como asalariados y 22,5% como trabajadores por cuenta propia. En este último grupo se encontraban un 20,6% de trabajadores no profesionalizados, vale decir, con grandes posibilidades de formar parte del sector informal. 

Para el año 2003 los empleadores en Chile habían alcanzado el 4,1% de la fuerza laboral (un aumento de 64%). Al mismo tiempo aumentó ligeramente el porcentaje de asalariados, a 75,5% de la fuerza laboral. Pero lo más significativo es que el aumento de los empleadores se realiza a expensas de la disminución de los trabajadores por cuenta propia, y especialmente de la disminución relativa de los trabajadores no profesionalizados. Estos trabajadores pasaron a representar el 15% de la fuerza laboral (una reducción del 27%). En otras palabras, Chile tiene más empleadores y menos trabajadores en el sector informal. No por azar Chile experimenta hoy una de las tasas de crecimiento sostenido más significativas de la región y una diversificación sin parangón en sus productos de exportación. Tampoco es de extrañar que Chile haya alcanzado ya la meta de reducción de pobreza extrema prevista para el año 2015.

Venezuela, por su parte, es la cara opuesta de la moneda. En 1990 teníamos 7,5% de la fuerza laboral clasificada como empleadora. También teníamos un 70% de asalariados y 22,5% de trabajadores por cuenta propia, de los cuales un 21,4% eran considerados como no profesionalizados. Teníamos más empleadores que Chile y una proporción similar de trabajadores en el sector informal. 

Para 1999 habíamos perdido 13,1% de trabajadores asalariados y habíamos reducido los empleadores a 5,1%, con un consiguiente aumento de los trabajadores por cuenta propia (a 36,9%), muchos de los cuales (35,3%) son no-profesionalizados. 

La tendencia del deterioro de nuestro sector formal continuó para el año 2003. Los asalariados perdieron 4,5% para situarse en 53,4%. Los trabajadores por cuenta propia aumentaron a 41,6%, con 39,6% en el grupo de los no-profesionalizados.

En los años de la “revolución” se ha agravado el panorama del empleo en Venezuela. Hemos perdido empleos de asalariados por causa de políticas públicas que no promueven la inversión y la sostenibilidad institucional requerida. El país ve con preocupación y angustia que las posibilidades de bienestar se alejan en la medida que la administración del presidente Chávez debilita nuestro aparato productivo y destruye empleos formales. El país sabe que vivimos una revolución de palabras.

Politemas, Tal Cual, 2 de noviembre de 2005

Inseguridad social

Si hay un aspecto que demuestra con claridad el gran fiasco de la administración Chávez, es la seguridad social. Esto es especialmente crítico en la protección de las pensiones y de la salud. Luego de casi siete años de gobierno, lo que se observa es un camino lleno de fracasos y retrocesos. La incapacidad para diseñar e implementar un cambio profundo de nuestros sistemas de pensiones y de salud ha sido sencillamente monumental.

El primer gran fracaso lo constituyó la Ley Habilitante del año 1999. En aquel momento la administración Chávez contaba con el apoyo popular derivado de la elección de 1998. También contaba con la habilitación del Congreso Nacional de la época. Con esas dos grandes condiciones a favor, el gobierno fue incapaz de elaborar una propuesta de reforma. Las luchas intestinas en el gobierno impidieron presentar al país una propuesta coherente que estableciera un sistema de seguridad social amplio y moderno. En octubre de 1999 (hace ya seis años), el gobierno simplemente señaló que dejaba ese tema de especial trascendencia para la Asamblea Nacional a elegirse a mediados de 2000.

Se eligió la Asamblea Nacional. Se creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Social (CPSS). En junio de 2001 la CPSS envió a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que hacían de esta reforma la más cara e ineficiente en toda América Latina. A finales de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). Toda una oda a la inviabilidad. El segundo gran fracaso es que luego de más de cinco años el gobierno (con mayoría en la Asamblea Nacional) no se ha producido ninguna de las legislaciones específicas, ni en las pensiones, ni en el sistema de salud. Peor aún, las propuestas favorecidas por el Ejecutivo lo que harían es empeorar las cosas.

En estas circunstancias no debe extrañar las cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Panorama Laboral 2005 de América Latina y el Caribe. La cobertura de pensiones y salud de los venezolanos se ha reducido casi 13% entre 2000 y 2004 en toda la población laboral. Pasamos de tener 69,9% de cobertura en 2000 a 57% en 2004. En la población masculina la reducción es de 12% y en las mujeres 14%. 

La reducción de la cobertura afectó tanto a los que trabajan en el sector formal como a los que trabajan en el sector informal en el período señalado. En el sector formal la protección de pensiones y salud disminuyó de 81,3 a 72,2% del total de trabajadores. En el sector informal la protección de pensiones y salud disminuyó de 27,6 a 15,5%. De manera que actualmente uno de cada cuatro trabajadores en el sector formal no tiene protección de pensiones y salud. En el caso de los trabajadores informales, no tienen protección ocho de cada diez.

Las evidencias indican que en la administración Chávez se ha agudizado la pérdida de empleos en el sector formal de la economía. Han disminuido los asalariados y han aumentado los trabajadores no profesionalizados por cuenta propia. De tal manera que si algo ha estado claro en Venezuela, es que el actual gobierno no tiene ningún interés en crear empleos de alta calidad, aquellos que generan la mayor productividad y riqueza.

Lo que ahora también está claro es que la administración Chávez ha aumentado la inseguridad social incluso de los trabajadores en el sector informal. La disminución de la cobertura de prestaciones fundamentales para todos los trabajadores venezolanos, indica que estamos en presencia de un gobierno que prefiere la disminución de beneficios, que no está preocupado por fortalecer la protección social, que deja al azar lo que son derechos inalienables de todos los ciudadanos: la protección de largo plazo (pensiones) y la protección para las contigencias de salud y enfermedad. No queda duda de que estamos en presencia de un gran fiasco.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2005

Los mitos de la salud en Cuba

El gobierno del Presidente Chávez no oculta su sistemática admiración por el sistema de salud de Cuba. En la práctica, la política de salud del actual gobierno se ha basado mucho en la utilización de la asistencia técnica de Cuba. Esta cooperación se expresa en varias áreas de la atención de salud, pero es especialmente notoria en lo relacionado con la Misión Barrio Adentro. El gobierno actual pareciera haber supuesto que Cuba resolvió todos los problemas de salud, y por eso vale la pena imitarla. Como en tantas áreas, el gobierno actual está nuevamente equivocado.

El caso de Cuba ilustra claramente que no es posible enfrentar los problemas de salud en el marco de una economía de tan bajo desempeño. Los éxitos de las primeras décadas de la revolución, especialmente en la salud pública y en el cuidado infantil, estuvieron asociados a la dependencia del inmenso subsidio soviético. A través de esta fuente, Cuba importaba equipos y medicinas. Sumado a la organización del sistema de salud, influyó para que Cuba lograra éxitos sustantivos hasta 1989. Entre ellos, por ejemplo, la menor tasa de mortalidad infantil de las Américas, sólo segunda de Canadá.

La caída del muro de Berlín y la desaparición del subsidio soviético trajeron dos efectos negativos para la salud en Cuba. En primer lugar, se constató que los éxitos en salud pueden revertirse cuando no existe el financiamiento para garantizar los servicios fundamentales. Tal como lo demuestra Carmelo Mesa-Lago, en reciente artículo en la Revista de la CEPAL (www.eclac.cl), el retroceso en la tuberculosis y en las enfermedades respiratorias entre 1989 y 2002 es una muestra de ello.

El otro efecto negativo es que Cuba tiene, hoy en día, una gran dificultad para contar con tecnologías que permitan resolver problemas de salud más complejos. Esto se aprecia con claridad en el aumento de la mortalidad materna entre 1996 y 2002 (más de 10%). Pareciera que el sistema cubano tampoco es capaz de identificar riesgos individuales y familiares, tal como le pasa al sistema venezolano. El éxito en la mortalidad infantil puede señalar que no se trata de un problema de organización del sistema. Es mucho más factible suponer que el sietema cubano no tiene las tecnologías de diagnóstico y tratamiento que permitan reducir la mortalidad materna. Ello explicaría que Cuba tenga más del doble de la mortalidad materna que Chile.

Todo lo anterior también puede explicar el estancamiento de Cuba en la lucha contra las enfermedades en mayores de 65 años (que también requieren mucha tecnología) y la caída en la cobertura de vacunaciones (entre 25 y 90% con respecto al nivel de 1989). Así como las dificultades para contar con servicio regular de agua (el promedio de servicios es apenas 12 horas diarias), y la inestabilidad del servicio eléctrico.

Es evidente que la preferencia del gobierno actual por el sistema cubano no tiene nada que ver con los resultados. Pareciera más bien estar basada en una vieja idea (de casi cuarenta años): que el sistema cubano había resuelto algunos problemas de salud. En la ilusión de que los problemas de la salud en Cuba habían sido superados. En el fondo, esta admiración es nuevamente más ideológica que técnica, tiene más que ver con lucha política que con soluciones reales a los problemas de la gente.

Las consecuencias de esta gran incapacidad para tomar decisiones se expresan en el sistema de salud. Las limitaciones en la atención materna en Cuba se trasladan a Venezuela. Esa puede ser una de las razones por la cuales no sabemos nada de las mujeres embarazadas que acuden a Barrio Adentro, ni su número ni sus características. También puede explicar el exagerado énfasis que se ha colocado en la dotación tecnológica en sitios sin electricidad y sin agua. El gobierno del Presidente Chávez, sin dudas, prefiere los mitos a las realidades.

Politemas, Tal Cual, 19 de octubre de 2005

Ni el original, ni la copia

El desarrollo integral supone la creación de empleos de buena calidad. El reto de los países es combinar los factores que favorezcan el círculo virtuoso entre inversión y formación de mejores puestos de trabajo. En la medida que se cuente con ciudadanos educados, capaces de interactuar efectivamente para usar y crear conocimiento, será posible que las sociedades alcancen estadios superiores de bienestar. Es evidente, sin embargo, que estos ciudadanos educados requieren contar con nuevos trabajos en los cuales incorporarse. Y que para crear esos trabajos es fundamental contar con empresas (grandes, medianas, y pequeñas) que decidan realizar la inversión requerida.

En muchos países no se combinan adecuadamente los factores que crean empleos de buena calidad. Venezuela es uno de ellos. Desde el año 1999, de acuerdo con CEPAL, nuestro país ha perdido más de 6% de empleos de alta y moderada productividad. Para el año 2003 casi el 60% de nuestros puestos de trabajo eran de baja productividad. 

Lo anterior merece una reflexión bien seria. Sin embargo, lo más preocupante es la clara tendencia del gobierno del Presidente Chávez para imitar, muchas veces sin mayor análisis, las limitaciones estructurales de modelos que han fracasado en la creación de buenos empleos. Entre estos modelos el gobierno actual ha tenido especial predilección por Cuba. 

Independientemente de las restricciones externas e internas que ha confrontado Cuba, el balance, después de casi cincuenta años, no es nada halagador. En un análisis reciente, publicado por el Profesor Carmelo Mesa-Lago en la Revista de la CEPAL (agosto 2005), disponible en www.eclac.cl, es posible identificar aspectos poco conocidos del empleo en Cuba.

Lo primero que llama la atención es la alta cifra de desempleo. En 1997 CEPAL estimó el desempleo equivalente en 25,7%. (esto es 7% de desempleo abierto más 18,7 % de subutilización). Los puestos de trabajo creados a finales de la década de los noventa eran de menor productividad que los creados en el período 1975-1989. Entre 2001 y 2002 se redujo la ocupación en el sector no estatal de 23,4 a 20,8%. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en Cuba se encontraba en 21% entre 1998-2000.

Desde el año 2001 el gobierno cubano concentra grandes esfuerzos en la reducción del desempleo a través de programas de “pleno empleo” y “empleo de estudio”. A través de distintas modalidades, tales como, empleos de jornada parcial, cursos nocturnos con remuneración, becas en la educación superior, y programas de estudio como empleo, se ha logrado incorporar más de 750.000 personas, lo cual representa el 16% de la población económicamente activa. Es evidente que la ocupación de estas personas no representa creación de nuevos y mejores empleos. Constituye más bien un mecanismo de mayor intervención del estado en la economía. 

Lo más llamativo es que la estrategia cubana de creación artificial de ocupación, ha sido replicada por el gobierno del Presidente Chávez. Las Misiones, específicamente aquellas que ofrecen becas por estudio, tienen como efecto colateral la reducción de la desocupación. Paralelamente el país no está realizando la inversión requerida para generar nuevos y mejores empleos. Al final del camino queda claro que la reducción temporal de la ocupación no significará la creación de empleos más productivos.

Al igual que en Cuba, Venezuela confronta una crisis profunda en la creación de empleos de buena calidad. La similitud de las estrategias seguidas por ambos gobiernos conduce al mismo punto: el deterioro progresivo del aparato económico en un contexto de baja atracción de inversiones generadoras de nuevos procesos, tecnologías, manufacturas, y servicios. En este caso, ni el original ni la copia apuntan a la solución.

Politemas, Tal Cual, 5 de octubre de 2005

El espejismo cubano

El gobierno del Presidente Chávez ha asumido el modelo de desarrollo cubano como referencia central. Los elogios del bienestar social en Cuba han sido de antología. La dependencia de la asistencia técnica cubana en distintas áreas de las políticas públicas es evidente y sistemática. Como en muchas otras facetas, el gobierno del Presidente Chávez ha optado por el dogma, la ingenuidad y la falta de sentido crítico. Una mezcla contraproducente cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la gente. 

Ya es reconocido por todos la naturaleza autoritaria del régimen cubano. Casi cincuenta años de monopolio del poder, persecución de la oposición, ausencia de libertad de prensa, y el incesante culto a la personalidad, lo demuestran de manera tajante. 

Lo que es menos conocido es el fracaso del régimen cubano para crear bienestar y riqueza. Por eso cobra especial relevancia la publicación reciente del Profesor Carmelo Mesa-Lago, “Problemas sociales y económicos en Cuba: durante la crisis y la recuperación”. Este trabajo, publicado en la Revista de la CEPAL (agosto 2005), y disponible en su website (www.eclac.cl), ofrece información y análisis fundamentados para conocer en detalle la actual situación económica y social en Cuba. Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido y Emérito de la Universidad de Pittsburgh, está considerado como una autoridad mundial en el campo de la política social y es reconocido como un experto de alto nivel en asuntos cubanos. 

La primera parte del trabajo presenta evidencias sobre la incapacidad de la economía cubana para generar crecimiento. Se señala que entre los años 1990 y 2000, la economía cubana fue la que menos creció en América Latina y el Caribe. En realidad, la economía cubana decreció a un ritmo promedio de 1,4% anual en dicho período. El PIB per cápita del año 2003 era 17% menor al del año 1989. No es de extrañar que la inversión bruta haya disminuido de 15,2% en 1989 a 7,8% en 2002. 

En general, señala Mesa-Lago, la economía cubana produce menos que 15 años atrás. La caída de la producción de caña de azúcar es estruendosa. De 8 millones de toneladas en 1989 se pasó a 2 millones de toneladas en 2003. Entre 1997 y 2002 la producción de aves se redujo en 45%, la de ganado vacuno en 20%, la de peces y mariscos en 45%. El valor de las exportaciones cubanas se redujo 70% entre 1989 y 2003. También es un país con 77% más de deuda externa y con una inversión extranjera de apenas 200 millones de dólares anuales.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con la gente en Cuba? Mesa-Lago indica que ya el gobierno cubano no publica cifras oficiales de incidencia de pobreza. El régimen incorporó en 1997 el concepto de “población en riesgo”, la cual es entendida como aquel sector con ingresos insuficientes para adquirir la canasta de alimentos y otros bienes. Según estudios citados por Mesa-Lago, la población en riesgo en Cuba ha aumentado de 6,3% en 1988 a 20% en 1999. En otras palabras, en Cuba se triplicó la población en riesgo en poco más de una década. 

Lo más significativo es que en Cuba también ha aumentado la desigualdad social. El porcentaje de ingreso del grupo más pobre bajó de 11,3% a 4,3% entre 1986 y 1989. El ingreso del grupo más rico aumentó de 33,8 a 58,1%. Hoy Cuba es más pobre y más desigual.

El trabajo del Profesor Mesa-Lago es una campanada de alerta, especialmente para aquellos venezolanos que, siguiendo ingenuamente al gobierno del Presidente Chávez, creen que Cuba es la alternativa. Está muy claro que el modelo cubano lo que ofrece es más pobreza, más improductividad, y mayor desigualdad. Sin embargo, el gobierno del Presidente Chávez sigue viendo un gran espejismo. Ha confundido la realidad con un gran arenal. Y allí construye todos los días sus castillos.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2005

Para no perder otro lustro

La Cumbre Mundial 2005 concluyó con una gran preocupación. Se constató que en muchos países no ha habido progresos para erradicar la pobreza.. Las Naciones Unidas reconoce que el desarrollo se tambalea en muchos países. No es para menos. Millones de personas verán afectado su futuro en las próximas décadas si no se toman medidas urgentes. 

Lamentablemente, Venezuela forma parte de los países con más retrocesos en los Objetivos del Milenio. Ya es grave que exista retroceso en uno de los objetivos. El caso de nuestro país es dramático. Clama a la conciencia. Tenemos retrocesos en pobreza y subnutrición. Tenemos desempeños por debajo de los países de la región en mortalidad materna, mortalidad infantil, malaria, VIH-SIDA, universalización de la educación básica. Sin lugar a dudas, tenemos uno de los peores balances no sólo en América Latina, sino en el contexto internacional. Para la cantidad de recursos que se ha manejado en este lustro, el deterioro de nuestras condiciones de vida es inaceptable. Es muy claro, el gobierno del presidente Chávez ha puesto en riesgo la próxima generación de venezolanos. En un mar de petrodólares, se palpa el fracaso, se palpa la frustración. 

Ante esa realidad, es hora de actuar. El país debe tomar en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas para aquellos países que retroceden en la lucha contra la pobreza. La primera exigencia es que se elabore una Estrategia Nacional para alcanzar los Objetivos del Milenio. Tal como se ha definido en países amigos como Chile, Colombia, Brasil. Esa Estrategia requiere establecer programas específicos, con metas anuales, con recursos definidos, con responsables. También se requiere que la próxima Asamblea Nacional designe una Comisión que haga seguimiento estricto al cumplimiento de esa estrategia. También es perentorio un amplio acuerdo, en el cual se coloque el interés nacional por encima de cualquier consideración. El país debe resistirse a condenar la próxima generación de venezolanos a la pobreza y la baja productividad. 

Las Naciones Unidas, en el documento final de la Cumbre Mundial 2005, también sugiere que los países manejen adecuadamente sus cuentas fiscales. Que se garantice la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. En ambas facetas el gobierno del Presidente Chávez ha sido un completo fracaso. Su rechazo a la transparencia en la asignación de los recursos fiscales conspira contra una economía sana y productiva. Su reticencia a aceptar el rol del sector privado en una economía moderna, nos quita posibilidades, destruye empleos en el sector formal, aumenta el riesgo para la inversión. 

Finalmente, Naciones Unidas hace un llamado para que en los países se coordinen esfuerzos entre el sector público y el privado, entre las oganizaciones no-gubernamentales y las más diversas modalidades de organización social. Para cumplir con los Objetivos del Milenio se necesita el concurso de toda la sociedad. El sello autoritario del actual gobierno conspira contra este requerimiento del desarrollo. El irrespeto flagrante del Estado de Derecho desde las alturas del poder, la aceptación silenciosa de parte de aquellos poderes públicos que deben defender a los ciudadanos, no hace sino deteriorar el tejido en el cual nos encontramos todos los venezolanos.

La experiencia del gobierno del presidente Chávez indica que las anteriores tareas le quedan muy grandes. En el último lustro se ha deteriorado la vida política, social, económica del país. La actual gestión gubernamental no nos ofrece otra cosa que atraso y pobreza. En esas circunstancias es tiempo de reflexión. Los canales de la fortaleza democrática del país deben conducir a la consolidación de liderazgos que asuman los retos del siglo XXI en un ambiente de unión y concordia. Es la forma de garantizar que no perdamos el próximo lustro.

Politemas, Tal Cual, 21 de septiembre de 2005

Con las manos vacías

Hoy comienza en Nueva York la Cumbre Mundial 2005. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, esta Cumbre representa el evento de una generación. Nunca antes tantos líderes mundiales se habían reunido para revisar las perspectivas del desarrollo a escala global. La principal tarea es evaluar los progresos de los países para alcanzar los Objetivos aprobados en la Declaración del Milenio del año 2000. 

Los Objetivos del Milenio son: (1) erradicar la pobreza y el hambre, (2) universalizar la educación básica, (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, (4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, (5) disminuir la mortalidad materna, (6) combatir la malaria y el VIH-SIDA, (7) asegurar la sostenibilidad del ambiente, y (8) promover alianzas globales para el desarrollo. 

Luego de cinco años, es tiempo de hacer balances y, especialmente, tomar decisiones para que en el año 2015 se logren tales objetivos. 

El gobierno del presidente Chávez ratificó en septiembre del año 2000 los contenidos de la Declaración del Milenio. Al hacerlo, comprometió al país. Los Objetivos del Milenio constituyen un esfuerzo monumental para colocar a la gente en el centro del desarrollo. Esto es, a los millones de personas que viven en pobreza, excluidos de la educación y la salud, sin acceso a trabajos productivos, muchas veces desnutridos, en ambientes contaminados y degradados. 

Millones de venezolanos vivían en esas condiciones en el año 2000. Para un gobierno preocupado de verdad por la gente, la Declaración del Milenio hubiera representado una guía, una manera de concretar mejores condiciones de vida para todos los habitantes de este país. Para llevar a cabo esa tarea se necesitaba un liderazgo inclusivo, abierto, amplio, respetuoso de todos los sectores, y con capacidad política y técnica.

Lamentablemente, el gobierno del Presidente Chávez no tomó en cuenta la Declaración del Milenio. En las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007” no aparece citado ninguno de los Objetivos del Milenio. En los presupuestos fiscales de los años 2001, 2002, 2003, y 2004 no se incorporaron recursos para cumplir con las Metas del Milenio. 

El gobierno del Presidente Chávez puso en marcha una estrategia basada en la exclusión política, técnica, económica y social. Al mismo tiempo que descuidó la gobernabilidad y la concertación, arremetió contra el aparato productivo, creando incertidumbre en la inversión privada y disminuyendo los trabajos de alta calificación. Desmanteló el sistema de protección social y lo sustituyó por el fallido experimento de la burocracia militar. Cuando la presión política lo acorraló, implementó programas sociales de corte ideológico y excluyente, muchos de ellos sin brújula técnica y ayunos de una visión integral del desarrollo. Para la administración del Presidente Chávez el trabajo productivo, justamente el que crea riqueza, sencillamente no existe. Con una estrategia así, contraria a la experiencia comparada, no es extraño el resultado.

El gobierno del Presidente Chávez se aparece en la Cumbre Mundial 2005 con las manos vacías. Como resultado de la oportunidad perdida, Venezuela presenta uno de los peores desempeño en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, no sólo en el contexto de América Latina, sino en el escenario internacional. Durante esta gestión hemos empeorado en muchos de los Objetivos del Milenio. Este gobierno, por sus carencias políticas y técnicas, ha puesto en riesgo la vida de muchos millones de venezolanos pobres y ha disminuido las posibilidades de cumplir los objetivos trazados para el año 2015. Todo lo anterior es más dramático porque no ha sido por falta de recursos. 

En estos cinco años el gobierno del Presidente Chávez nos ha hecho perder oportunidades y posibilidades. Ha sido, lamentablemente, un lustro perdido.

Politemas, Tal Cual, 14 de septiembre de 2005

El colmo de la incompetencia

El gobierno del presidente Chávez ha representado el fracaso más estruendoso de la salud en Venezuela desde 1937. Dos razones fundamentan esta aseveración. La primera es su decepcionante desempeño. Ha aumentado la mortalidad infantil desde 2002, la mortalidad materna es 13% superior a la de 1998, tenemos la epidemia de malaria más importante desde que se llevan registros de casos. Para remate, entre 1998 y el año 2003 ha aumentado la mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer, VIH-SIDA, entre otras causas. Todo ello con la mayor inversión en salud en los últimos treinta años, según los responsables oficiales. Triste reconocimiento de ineficiencia.

La segunda razón es que este ha sido el único gobierno desde 1937 que ha tenido la oportunidad de legislar, basado en un marco constitucional, para articular con seriedad las fuentes públicas de financiamiento de la salud. La Constitución de 1999 incorpora esta posibilidad en su artículo 83. Eso requería que el gobierno presentara una propuesta coherente. El gobierno fue incapaz de presentarla. La labor legislativa recayó en la Asamblea Nacional, la cual, a finales del año pasado, aprobó en primera discusión una ley que representaría el atraso más grave del sistema de salud en toda su historia. No sólo no se ha legislado a tiempo, ahora se legislará para volver al pasado. 

Ya sabemos que la administración del Presidente Chávez acepta y favorece una de las grandes fallas de esa ley: la anulación del proceso de descentralización de la salud. Lo que fue el silencio de los responsables del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ha sido sustituido por la anuencia y aceptación. El silencio de algunos gobernadores de estado (tanto oficialistas como de oposición) ha sido sustituido por la obediencia fiel. Otros gobernadores, justamente en los estados donde la descentralización tiene más avances, siguen callando. 

La coordinación de la descentralización requiere un gobierno diferente al que tenemos. Un gobierno que sea capaz de integrar, de aceptar diferentes puntos de vista, que promueva el diálogo y el encuentro. Que sepa jugar en equipo y sometido a la discusión permanente. Ante esa tarea para la cual no está dotado, el gobierno optó por la imposición y la dominación. Cesó con la transferencia de servicios en 1999. No pudo crear un centro inteligente y opta ahora por acabar con el juego. En un gesto del mayor autoritarismo indica que es capaz de dirigir desde Caracas todo el sistema de salud.

Esta pretensión marcha a contracorriente con la tendencia moderna de los sistemas de salud. Ningún funcionario en su sano juicio puede pensar en definir objetivos y asignar recursos contra la malaria y la mortalidad materna, a cientos de kilómetros. Es bueno que el gobierno recuerde que la centralización ya la ensayamos en los cincuenta, casualmente en plena dictadura perezjimenista. Se llamó la “nacionalización de los hospitales”. La descentralización de los noventa no es sino la respuesta a las limitaciones de esa nacionalización.

El gobierno del Presidente Chávez sabe que existen múltiples evidencias de que la descentralización ha mejorado la cobertura y calidad de los servicios de salud. Que en muchos casos esos avances son superiores a los realizados en el nivel nacional. Ante todo eso, el gobierno decide desconocer el marco constitucional que establece que nuestro Estado es federal y descentralizado. 

Está claro que la estrategia no sólo es acabar con la descentralización en salud, es también cancelar las tendencias democratizadoras en la sociedad venezolana. El gobierno, una vez más, se ha puesto en el pasado. Esperamos que los sectores democráticos del país sepan defender con argumentos y seriedad lo que este gobierno autoritario pretende arrebatar.

Politemas, Tal Cual, 7 de septiembre de 2005

Antes que nada: no hacer daño

El gobierno del presidente Chávez también hace retroceder lo que venía funcionando bien. Como consecuencia de su imprevisión, la actual gestión gubernamental ha colocado en riesgo a las personas con hemofilia y a sus familias. Una prueba más de que en este gobierno empeoran las personas que viven con enfermedades que requieren tratamiento por toda la vida.

La hemofilia es una enfermedad hereditaria. Las personas con hemofilia tienen alterados los mecanismos de coagulación. Sin embargo, las personas con hemofilia pueden llevar una vida completamente normal. Algunos de ellos pueden llegar a ser extraordinarios atletas. Hasta pueden cruzar el Orinoco, para orgullo personal y de sus familias. Para que una persona con hemofilia lleve una vida normal se requiere hacer el diagnóstico y garantizar el tratamiento permanente.

Desde 1998 Venezuela había sido pionera en el control de las personas con hemofilia. Como producto del trabajo conjunto del Centro Nacional de Hemofilia (CNH), la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y el IVSS, se logró mejorar sustancialmente el registro de las personas con hemofilia. En mayo de 2002 se establece el Plan Nacional para la Atención de Personas con Hemofilia. El Plan indica que los pacientes no asegurados recibirán el tratamiento a través del MSDS. El IVSS seguirá atendiendo a los asegurados. Este esfuerzo entre el gobierno, sectores académicos, y la iniciativa privada, ha sido ejemplo internacional, reconocido por la propia Federación Mundial de Hemofilia. 

La ejecución del Plan comenzó en febrero de 2003. Todo marchó adecuadamente. La compra del tratamiento, por parte del MSDS, se iniciaba con la solicitud del Centro Nacional de Hemofilia. La distribución era apoyada por la AVH. El requisito es que el tratamiento se distribuya a los centros de atención integral, los cuales cuentan con personal especializado y entrenado. 

En noviembre del año pasado empiezan los problemas. Las solicitudes de compra de los tratamientos no son respondidas por el MSDS. A pesar de la insistencia de las organizaciones involucradas, no hay respuesta. Comienza a disminuir la existencia del tratamiento. Luego el MSDS informa que la provisión del tratamiento se realizará totalmente a través de Quimbiotec, empresa del IVIC. Sin embargo, la producción de Quimbiotec, reconocida por sus directivos, es solamente para el tratamiento de uno de los tipos de hemofilia. Quimbiotec también reconoce que sólo puede satisfacer el 30% de mercado nacional de ese tratamiento. Dado que existen diversos tipos de hemofilia, los cuales requieren otros tratamientos, el MSDS sólo está en capacidad de garantizar el tratamiento del 12% de las personas con hemofilia que están bajo su responsabilidad. Para colmo de males, las personas con hemofilia y sus familias han expresado que el tratamiento que reciben de Quimbiotec ocasiona reacciones. También se ha alertado que Quimbiotec está entregando el tratamiento a centros que no son de atención integral. 

La actual gestión del MSDS ha complicado la vida de las 2.050 personas con hemofilia bajo su responsabilidad. No garantiza el tratamiento para todos y no ha demostrado que el tratamiento es efectivo de acuerdo con los estándares internacionales. Lo que venía marchando bien ahora reviste preocupación. Todo eso sucede en la lluvia de petrodólares y en el período de mayor inversión en salud, según los directivos del MSDS. 

Cabe preguntarse, cuántas imprevisiones estarán afectando la vida de las personas con diabetes, hipertensión, depresión, sólo por decir algunas enfermedades crónicas. La actual gestión de salud antes que resolver, está haciendo daño. Tiene muchos recursos y hace daño. Es corresponsable del gran fiasco.

Politemas, Tal Cual, 31 de agosto de 2005

No son los recursos, son los resultados

El gobierno del presidente Chávez se mantiene en el pasado. Todavía sigue creyendo que el desarrollo se mide por los recursos invertidos. Por la cantidad de bolívares que se destinen a los servicios. Recientes declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) demuestran que en este aspecto el gobierno tiene un atraso de cuatro décadas.

En los sesenta los organismos internacionales y muchos centros académicos promovieron la idea de que la salud era un problema de recursos. Se propuso que los países debían tener un determinado número de camas de hospitales por tantos habitantes, tantos médicos por 10.000 habitantes, y así sucesivamente. Muchos países, entre ellos Venezuela, empezaron a medir lo que pasaba en el sector salud de acuerdo con la dotación de servicios. Si había un aumento en el número de camas y de médicos, entonces estábamos mejorando. Eso era, como veremos, una idea errada.

Tomemos por caso la diarrea infantil. Por esta causa murieron en Venezuela 1.110 niños en el año 2003. De acuerdo con la lógica obsoleta que utiliza el MSDS, debemos concentrarnos en dotar los hospitales para atender a los niños con diarrea. Que haya suministros y personal para hacerlo. Eso por supuesto es importante. Pero lo más importante es que desaparezca la diarrea. Que los niños y sus familias tengan agua potable en sus casas y que se construyan las cloacas respectivas. Lo que nos interesa es que disminuyan las muertes por diarrea y que los casos de diarrea sean cada día menos. De eso se trata el desarrollo, de resolver problemas de verdad.

A partir de 1970 Costa Rica empezó a revolucionar la lógica imperante en la salud pública de América Latina. Costa Rica aumentó efectivamente la cobertura de servicios de salud, especialmente en zonas sub-urbanas y rurales, y mejoró la dotación de acueductos y cloacas. Con estas intervenciones la mortalidad infantil se redujo en 75% en apenas 10 años (lo que a Venezuela le llevó 50 años). Como consecuencia, los ticos dejaron de usar las camas de hospitalización que tenían para niños con diarreas. Simplemente porque los niños de Costa Rica dejaron de tener diarrea como tenían antes de los setenta. Esas camas fueron transferidas a otros servicios.

Nadie hablaba en Costa Rica de los recursos invertidos. Lo que interesaba era disminuir la mortalidad infantil. El ejemplo de Costa Rica se difundió en todo el mundo. Esta revolución fue una de las bases de la Estrategia de Atención Primaria de Salud que promovió la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1978. 

Hoy vemos con preocupación que el MSDS sigue utilizando el número de bolívares como el criterio de mejoría de las condiciones de salud. Si fuera cierto que la inversión ha aumentado mucho en los años del gobierno del presidente Chávez, entonces estamos en presencia de la gestión más ineficiente de la salud pública venezolana. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Porque esa supuesta cantidad de recursos no se compadece con el estado de la salud de los venezolanos. Durante el gobierno del presidente Chávez hemos tenido aumento de la mortalidad infantil en 2002 y 2003, aumento de 13% de la mortalidad materna, epidemia de malaria en plena expansión (más de 31.000 casos hasta la semana 31 de este año), aumento de la mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, aumento de la mortalidad infantil por desnutrición, diarrea y neumonías. Suficiente para apreciar que la salud empeora. 

Ojalá el MSDS se ponga a tono con las tendencias modernas de los sistemas de salud y deje de tener una visión tan economicista. Ojalá deje de pensar que a más bolívares, necesariamente tenemos más salud. El MSDS debería, en suma, comprometerse con la gente.

Politemas, Tal Cual, 24 de agosto de 2005

Sin estrategia no puede haber éxito

La carta del Director de Salud Ambiental del MSDS permite profundizar sobre las debilidades actuales en el control de la malaria. Reconocemos la contribución del Dr. Toro para promover el debate en esta materia. Ojalá el intercambio favorezca mejores resultados en este problema público. 

El argumento central del Director es que la malaria que tenemos ahora es muy diferente a la que teníamos en los cuarenta y cincuenta. Según él, en la primera fuimos exitosos. En la segunda no hemos tenido éxito porque es muy complicada. Analicemos esto en detalle.

Es verdad que en la primera fase logramos erradicar la malaria en gran parte del territorio. Pero, contrario a lo que señala el Director, este éxito no se debió solamente “al fortalecimiento económico del país” y al uso “de tecnologías avanzadas”. Debe agregarse que, entre los años 1936 y 1945, los técnicos venezolanos desarrollan una estrategia en dos direcciones. La primera fue colocar a la malaria en la agenda pública. Es por eso que este aspecto aparece dentro de las prioridades de higiene pública del Programa de Febrero de 1936. También es por eso que el Congreso Nacional aprueba ese año la “La Ley de Defensa contra el Paludismo”. La segunda dirección fue analizar en detalle los factores epidemiológicos que afectaban la malaria. Cuando aparece el DDT, los técnicos de “la Malariología” sabían donde rociar. Se combinaron con gran precisión la estrategia y la tecnología. El éxito se obtuvo. 

Es cierto que desde finales de los sesenta la malaria ha estado asociada con la explotación de minerales preciosos. Esto lo que significa es que hay que definir nuevas estrategias y ser efectivos en concretarlas. En todas las epidemias que hemos tenido en los últimos 35 años ha habido éxitos, excepto en el actual gobierno. Las técnicas que propone ahora el MSDS fueron utilizadas con gran acierto en el brote del Guaniamo, a principios de los setenta. También se aplicaron, con menor impacto, en las otras epidemias. De manera que no es que la malaria se volvió inestable en el período del presidente Chávez. Ya lo era.

Cabría preguntarse: ¿por qué tuvimos éxito en estas epidemias y no en la actual? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer esta administración? Dos respuestas pueden señalarse. 

La primera es que la malaria no es una prioridad para este gobierno. Las palabras malaria y paludismo no aparecen ni una sola vez en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. La importancia que le asigna a este problema la Dirección de Salud Ambiental del MSDS no es la misma que en el Alto Gobierno. La segunda respuesta es que el gobierno tardó siete años para entender que debía enfrentar la malaria.

Esto explica que entre 1998 y 2004 se haya duplicado el número de casos anuales de malaria. En 1998 el número de casos semanales era 420. Según la propias cifras del MSDS, en este momento tenemos 750 casos semanales (casi el doble). En la semana 31 de este año ya llevamos acumulados 31.280 casos (10.000 casos más que en 1998). 

Lo más preocupante es que el 52% de los casos se producen en tres Municipios del Estado Bolívar: Sifontes, Piar y Raúl Leoni. ¿Cómo entender que en pleno boom petrolero no se hayan obtenido los recursos para las inversiones requeridas? ¿Cómo es posible que en siete años no se haya tenido ningún impacto en esta situación?

Está claro que no puede haber éxito sin estrategia. Pero para que la estrategia tenga éxito debe concretarse, debe dejar de estar en el papel y en las palabras. Ojalá los responsables de la Dirección de Salud Ambiental, liderizados por el Dr. Toro, logren convencer a sus superiores de que la malaria es una prioridad. Ese es el primer paso para implementar acciones más efectivas. Todo el país les desea éxito.

Politemas, Tal Cual, 17 de agosto de 2005

Derrotado por el VIH

El control de la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) está considerado como uno de los retos más importantes para todos los gobiernos. Se trata de saber quiénes son las personas que viven con el virus y garantizarles el tratamiento por largos períodos. Al mismo tiempo se debe implementar programas efectivos que eduquen sobre el VIH y contribuyan a disminuir su impacto en la población. Cumpliendo con estos objetivos se evita que las personas que viven con el VIH desarrollen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), con lo cual aumentan sus riesgos de complicarse y eventualmente morir. Para el año 2004 existían 40 millones de personas en todo el mundo que viven con el VIH. Por eso uno de los Objetivos del Milenio es reducir la propagación del virus. 

La epidemia del VIH puede enfrentarse con éxito. Las personas que viven con el VIH pueden tener una vida normal debido a que los medicamentos antiretrovirales han mejorado su efectividad y disminuido las complicaciones. Ejemplos de países exitosos son Uganda, Senegal, Tailandia y Brasil. En ellos se han implementado programas integrales, con gran compromiso de los gobiernos, énfasis en la prevención, y monitoreo efectivo. 

El gobierno del Presidente Chávez ha enfrentado la epidemia de VIH sin ideas, sin estrategia. Hasta podría decirse que ha preferido no hablar de ella. Las palabras VIH y SIDA no aparecen ni una sola vez en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. Para el gobierno del Presidente Chávez este problema simplemente no existe.

Esta ausencia de visión puede ser la razón por la cual el país no ha realizado un estudio sobre las características epidemiológicas del VIH. Con este estudio se hubiera podido saber en cuáles áreas del país es más crítica la situación, cuáles son las comunidades más afectadas, o las prácticas de mayor riesgo. La lógica es elemental. Si no sabemos las dimensiones reales del problema, no se le puede enfrentar con éxito. En los casi siete años de la gestión del Presidente Chávez sigue sin realizarse un estudio de este tipo.

No puede, entonces, extrañar la actual situación de las personas que viven con el VIH. Sabemos que entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el IVSS atienden 13.380 personas (al 30 de agosto de 2004) con tratamiento antiretroviral. En el último informe de ONUSIDA (2004) se considera que la epidemia de VIH en Venezuela es una de las más grandes de América Latina. En este reporte se indica que el número real de personas que viven con el virus se encuentra entre 47.000 y 170.000. De tal manera que se puede estar atendiendo menos del 10% de las personas que requieren tratamiento antiretroviral. 

Lo anterior, sin embargo, no es lo más grave. Entre 1998 y 2003 ha aumentado la mortalidad por VIH en las personas entre 35 y 49 años. Es especialmente llamativo que la mortalidad ha aumentado más de 13% en el grupo entre 40 y 44 años. Pero lo más llamativo y preocupante es que la mortalidad por VIH en mujeres ha aumentado en todos los grupos de edad entre 25 y 49 años. Mucho más dramático es que la mortalidad por VIH ha aumentado 119% en las mujeres entre 45 y 49 años.

La administración de Presidente Chávez no tiene ni la visión ni la voluntad para entrarle a un problema como el VIH. En estos siete años el país ha perdido terreno, oportunidades, recursos, para mejorar la vida de las personas que viven con el VIH. Esta derrota se suma a las anteriores en los otros objetivos del Milenio. El gobierno del Presidente Chavez se ha convertido en el fiasco más grande de la historia contemporánea de este país.

Politemas, Tal Cual, 10 de agosto de 2005

Fracaso ante la malaria

Como en muchos problemas públicos, el gobierno del Presidente Chávez ha sido prepotente e ingenuo ante la malaria. El gobierno asumió que la malaria era un problema menor, que bastaba con hacer lo contrario de lo que habían hecho los gobiernos anteriores para minimizar su efecto. Basado en la curiosa lógica de que existe una sola solución para los problemas públicos, consideró que bastaba hablar de participación comunitaria para que la malaria dejara de ser un problema. Este caso ilustra con claridad las consecuencias de ser tan ingenuo y prepotente, de estar tan alejado de la realidad de los problemas de la gente.

Venezuela está localizado “permanentemente” en la franja intertropical. Eso no es nada nuevo. Eso significa que siempre existirá el riesgo de tener malaria. No se puede bajar la guardia. La constatación de esta realidad está en el corazón de la Estrategia de Erradicación de la Malaria que hizo famoso al país. Se trataba de controlar el crecimiento del mosquito, al mismo tiempo que se mejoraba el medio y se educaba a las personas. Venezuela fue uno de los primeros países que utilizó el DDT con fines pacíficos. Esta alternativa se combinó con la construcción de obras sanitarias, con el programa de viviendas rurales, y con la educación, especialmente en el uso de mosquiteros. El éxito se alcanzó, Venezuela se convirtió en el país que había logrado erradicar la malaria en la mayor extensión de su territorio. En todo el año 1962 tuvimos en el país 210 casos de malaria (cuatro a la semana).

Desafortunadamente en los ochenta y noventa el país comenzó a perder terreno ante la malaria. Luego de un número máximo de casos en 1990 (46.659 para ser exactos), se retomó parcialmente el control hasta cerrar el año 1998 con 21.863 casos.

Es allí cuando empieza la gestión ingenua y prepotente del Presidente Chávez. Se comienza una campaña de descrédito contra el uso de los insecticidas. Se argumenta que la malaria se puede controlar solamente con la participación comunitaria. La administración del Presidente Chávez obvió el hecho de que para enfrentar la malaria todas las alternativas necesitan ser incorporadas en una estrategia. Que para tener éxito hay que pensar primero y luego actuar sistemática y específicamente.

Los decepcionantes resultados no se hicieron esperar. En el año 2002 el total de casos ascendió a 29.337. En el año 2003 tuvimos 31.186 casos. El año 2004 cerramos con 46.244 casos, la segunda cifra más alta desde el año 1937. Una pelusa!!! Hasta el 23 de julio de este año ya tenemos más casos que en el año 2002 (29.898). Y todavía quedan varios meses de lluvias. En cada semana del año 2005 tenemos cuatro veces más casos de los que tuvimos en todo el año 1962. Tenemos epidemia de malaria en los estados Bolívar, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Delta Amacuro. El país todo vive una epidemia de malaria.

Pasar una semana con malaria es muy duro (fiebre alta, escalofrío, malestar general). Se pierden clases, horas de trabajo. Casi cincuenta mil semanas de trabajo perdidas en 2004 en el caso de que todos hubieran sido adultos.

Todo esto se hubiera podido evitar. Se necesitaba estrategia, claridad, seguir haciendo bien las cosas que funcionaban, y mejorar aquellas que no. El gobierno del Presidente Chávez optó por inventar sin criterio. Las consecuencias están a la vista. El país tampoco cumple con el Objetivo 6 del Milenio (haber detenido la malaria, entre otras enfermedades). El gobierno del Presidente Chávez se las ingenió para hacernos retroceder casi veinte años en la lucha contra la malaria. Todo un atraso, pues.

Politemas, Tal Cual, 3 de agosto de 2005

Retroceso en la mortalidad materna

Un gobierno que aspire mejorar de verdad la vida de toda la sociedad, debe tener entre sus objetivos velar por la salud y el bienestar de las futuras madres. Para los gobiernos serios la preocupación por los ciudadanos comienza justamente con la concepción. Por esta razón la reducción de la mortalidad materna es el V Objetivo del Milenio. 

Los gobiernos de todo el mundo se han comprometido a garantizar a las mujeres las mejores condiciones durante el embarazo y el parto. La meta que se estableció fue reducir 75% la mortalidad materna con respecto al valor del año 1990.

Lamentablemente, como en otras metas del Milenio, el desempeño del gobierno actual es decepcionante. Durante el gobierno del Presidente Chávez la mortalidad materna en Venezuela ha aumentado 13%. En efecto, en 1998 murieron 51 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos registrados por causas relacionadas con el embarazo, parto y el período post-parto. En el año 2003 (último año disponible) esta cifra ascendió a 57 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Esto significa que en el año 2003 murió una mujer diariamente por causas relacionadas con la mortalidad materna. 

En el informe reciente de Naciones Unidas, “Objetivos del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe” (www.eclac.org), se señala que la mortalidad materna de Venezuela es casi seis veces superior a la Uruguay y el triple de la de Chile. Venezuela es uno de los pocos países en lo cuales no se reportó el porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

El gobierno del Presidente Chávez no ha sabido formular y ejecutar una política de salud que sea capaz de identificar el riesgo de cada una de las embarazadas en el territorio nacional. Esto es, discriminar quiénes de las 500.000 mujeres embarazadas cada año tienen situaciones como desnutrición, obesidad, diabetes, hipertensión, entre otros factores. Peor aún, para las mujeres embarazadas no existe ninguna Misión. La asistencia que se brinda en Barrio Adentro no es capaz de señalar mensualmente la atención específica que recibe cada embarazada. Antes que concentrarse en los problemas de la gente, se prioriza muchas veces la propaganda y la ideología. Durante más de 18 meses el sitio web de Barrio Adentro reporta la misma información. Ha permanecido tan estático como el Ministerio de Salud en esta materia. 

Las erráticas directrices de las políticas de salud implementadas en este gobierno, especialmente aquella que paralizó la descentralización de los servicios, han acentuado las deficiencias en la atención materna. Fundamentalmente porque se ha coartado la posibilidad de atender efectivamente las embarazadas en riesgo. 

Lo más desafortunado de este retroceso es que era completamente evitable. Para ello se requería un gobierno central capaz de convocar a los estados a presentar planes concretos para atender a las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años. Que hubiera tenido la suficiente capacidad para coordinar esfuerzos, que hubiera sido sensible a las exigencias de los estados, que hubiera sido hábil para supervisar y exigir, así como acordar los recursos a ser asignados y la prioridades de atención. En otras palabras, un gobierno competente, con orientaciones claras y vocación de atender los problemas claves. En ésta, como en otras áreas, el gobierno del Presidente Chávez ha desperdiciado oportunidades y recursos. Ha demostrado que se puede experimentar un boom petrolero y al mismo tiempo empeorar las condiciones de vida de la gente.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2005