Los primeros daños de Trump

En la noche de la elección del presidente Trump me encontraba en Mérida, Yucatán. Ya en el día se respiraba preocupación por los resultados de la elección en Estados Unidos. Cerca de las ocho de la noche, hora de México, los noticieros comenzaron a indicar que las tendencias de votos confirmaban los peores temores. Era inminente que se anunciaría la victoria de Trump. Como en efecto se hizo pocos momentos después. Inmediatamente algunos analistas alertaron sobre la devaluación del peso. Al día siguiente, ya dispuesto para un largo viaje de regreso a casa, se anunciaba que el peso se podía devaluar en 15%. Sin haber tomado posesión, Trump continuaba su efecto terrible en la economía mexicana.

Se puede hacer mucho daño solo con hablar, especialmente si un líder tiene la posibilidad de dirigir al país más poderoso del planeta. Tal ha sido el caso de Trump. Desde que anunció su aspiración a la presidencia, el lenguaje de Trump ha sido especialmente corrosivo con México. Entre sus insultos a los mexicanos en Estados Unidos, pasando por los anuncios de la construcción del famoso muro, y su énfasis en la reversión de lo establecido en el NAFTA, logró conformar mensajes completamente agresivos al modo de vida de este país. Hasta el punto que en este momento las condiciones no pueden ser más preocupantes.

México es el país de América Latina con mayor producción per cápita en exportaciones de altas tecnologías. Poco más de 700 dólares según la CEPAL. Basta tener una idea de esta magnitud cuando se compara con Venezuela que tiene menos de un dólar. El segundo país es Costa Rica con poco más de 600. De manera que México tiene casi 20 veces más exportación per cápita de altas tecnologías que Chile y Brasil, solo por mencionar algunos países de la Región.

Tal nivel de producción de altas tecnologías está asociado con los efectos del NAFTA desde la última década del siglo pasado. Por otra parte, la economía mexicana ha mostrado signos de solidez con la acumulación sistemática de reservas internacionales y baja inflación. Sin embargo, a pesar de estos avances, los esfuerzos para la reducción de la pobreza han sido de menor impacto. Es claro, por otra parte, que para superar todas esas restricciones el camino es la producción de más riqueza, lo cual significa ampliar la capacidad para elaborar manufacturas del mayor contenido tecnológico.

Y justamente en este punto aparece Trump. Con su lenguaje y los temores que produce, ha logrado que el clima de inversión en México haya retrocedido de manera sustancial. Gran parte de la inversión proviene justamente de Estados Unidos, y gran parte de las importaciones mexicanas también provienen de ese país. La caída del ritmo económico es de tal magnitud que ya se pronostica que el crecimiento de 2017 apenas llegaría a 1%. Como producto del mensaje de Trump, sin haber tomado ninguna medida, ya se nota el agravamiento de las perspectivas de bienestar para México en los próximos años. Y eso no es otra cosa que empeoramiento de las condiciones de vida de millones de familias mexicanas a ambos lados de la frontera.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2016

La inflación destruye gobiernos

El actual gobierno ha decidido que su forma de encarar el riesgo de hiperinflación, es simplemente evadiendo la realidad. No habla de eso. Y mucho menos informa sobre la evolución de los precios. El BCV, incumpliendo las funciones que la Constitución le asigna explícitamente, tampoco reporta los datos requeridos. Lo que sabemos sobre este aspecto, se debe a las informaciones que suministran los medios, sea por estudios especiales, opiniones de expertos, o por los reportes de los ciudadanos cuando compran los bienes. Por todas estas fuentes, la situación de plena aceleración de precios, en un contexto de escasez creciente, es la nota permanente.

La actitud del gobierno es sencillamente esperar el milagro. Esto es, que aumenten los precios del petróleo y continuar agravando los enormes desequilibrios de la economía venezolana. Llamar a eso una política irresponsable, es lo menos que se puede hacer. El gobierno espera que con esa creencia pueda pasar esta terrible circunstancia.

La inflación descontrolada es sinónimo de destrucción. Aniquila el ingreso de las familias, las inversiones de las empresas, estimula la migración de amplias franjas de la población, quebranta los mecanismos de intercambio económico. Todo ello se traduce en reducción del bienestar de personas y familias.

También los gobiernos que generan las inflaciones descontroladas la pasan muy mal. Hasta el punto que también son llevados por la ola de destrucción que crean. En América Latina los siguientes países han experimentado episodios de hiperinflación: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Perú. En todas ellas, los gobiernos que las generaron terminaron siempre desplazados. Veamos. 

La hiperinflación de Chile se produjo en el mes de octubre de 1973, poco después del golpe de estado contra Salvador Allende. Sin embargo, la raíz de la hiperinflación se produjo en el gobierno de la Unidad Popular a través de las estatizaciones y controles. Dentro de las causas del golpe de estado estuvo indudablemente el clima de caos económico que predominaba en ese país. En Bolivia, la hiperinflación obligó a renunciar a Hernán Siles Suazo, adelantando un año las elecciones que permitieron la entrada del gobierno de Paz Estenssoro para implementar las medidas que terminaron controlando la hiperinflación. En Argentina la hiperinflación condicionó sin duda que el mandato de Alfonsín fuera recortado para dar la oportunidad a otro gobierno. La hiperinflación en Perú, la cual llegó a su tope en el último año del primer gobierno de Alan García, estuvo dentro de los factores que dieron entrada a Fujimori en la política de ese país y la aplicación del denominado “Fujishock” en el primer mes de su gobierno. La extrema dimensión de la hiperinflación en Nicaragua sin duda fue un factor clave en la elección de Violeta Chamorro en 1990 y el final del gobierno sandinista. Brasil, con la más larga etapa de inflación por encima de 100% en la Región, experimentó también inestabilidad política, incluida la destitución de un presidente, hasta la entrada del gobierno de Cardoso para enfrentar con éxito la hiperinflación.

El gobierno de la Venezuela actual ya sufre el gran deterioro que resulta de su incompetencia para el manejo económico. Estamos en el tercer año seguido sin crecimiento económico, y en el cuarto año seguido con la inflación más alta del mundo. Y para remate, ante el riesgo de hiperinflación, como ha señalado el FMI. No debe extrañar entonces que en pocas horas se hayan obtenido millones de firmas para cesar este gobierno en el marco de la Constitución.

Politemas, Tal Cual, 4 de mayo de 2016

En las calles de Minsk

Un día después de las elecciones del 19 de marzo, los ciudadanos de Bielorrusia han salido a las calles de su capital, Minsk. La oposición, especialmente la liderizada por Aliaksandr Milinkevich, ha rechazado el resultado electoral. El régimen autoritario de Aliaksandr Lukashenka anunció que obtuvo el 82,5% del total de votos y que el segundo candidato, Milinkevich, alcanzó apenas el 6%.

El informe preliminar de la Misión de Observación de la Unión Europea indica que las elecciones en Bielorrusia no alcanzaron los estándares internacionales para ser calificadas como realmente democráticas. Vale la pena intentar un examen de las lecciones que brinda el caso de Bielorrusia en la actual situación venezolana.

Por todos los ángulos que se examine, el gobierno de Lukashenka es autoritario. Electo en 1994 en los últimos comicios libres que recuerda el país, Lukashenka procedió a concentrar la mayor suma de poder político a través de la reforma constitucional de 1996. Llegó al extremo de eliminar el parlamento electo democráticamente y sustituirlo por una Asamblea Nacional designada por su voluntad. Su régimen se ha caracterizado por reprimir a la oposición política, el control de los medios de comunicación y la anulación del equilibrio de poderes. En 1999 aumentó la duración del período presidencial a través de un referéndum. Las elecciones parlamentarias de 2000, así como las presidenciales de 2001 y el referéndum de 2004 (que aprobó la reelección indefinida) han sido criticadas por la Unión Europea por incumplir con los estándares democráticos.

Por estas permanentes violaciones al estado de derecho y a las normas de una democracia, Bielorrusia ha sido severamente cuestionada por la Unión Europea. De allí que Bielorrusia esté excluida de los beneficios de la Política de Vecindad de la alianza europea. 

Las demandas de la Unión Europea han sido muy claras. Para recobrar pleno reconocimiento, el gobierno de Bielorrusia debe devolver el poder al parlamento, asegurar la representación de la oposición en la Comisión Electoral, garantizar el acceso equitativo a los medios a los sectores de oposición, y adaptar la legislación electoral a los estándares internacionales. 

Todas estas demandas han sido rechazadas por el gobierno de Lukashenka. Tres días antes de las elecciones de 2006, el gobierno procedió a detener a miembros de la oposición y de organizaciones no gubernamentales, así como a negar la entrada de misiones internacionales y periodistas. 

El informe preliminar de la Misión de Seguimiento de la Unión Europea esboza un conjunto de cuestionamientos a la forma en que se realizó el proceso comicial. El gobierno tildó a la oposición como terrorista, hubo restricciones e interpretaciones arbitrarias para favorecer al gobierno. También se menciona el abuso del gobierno en el manejo de los medios y la propaganda electoral. Se ejercieron presiones sobre empleados públicos y estudiantes, expresadas en el temor a la pérdida del empleo o a la expulsión de universidades. El gobierno ha prohibido la realización de manifestaciones públicas de protesta y el uso de los símbolos representativos de la disidencia del régimen.

Indica también la Unión Europea que no existió real independencia en los órganos electorales debido a la exclusión de la oposición en todos los niveles del sistema. Por si fuera poco, se critica la intimidación de los escasos medios no gubernamentales, así como la falta de transparencia en el ejercicio del voto, expresado en la ausencia de registros y la nula información sobre el registro de electores. De hecho nadie supo antes de las elecciones el número de ciudadanos inscritos. 

Los próximos días irán descubriendo la validez de las razones por las cuales la oposición bielorrusa decidió participar en unos comicios controlados totalmente por la fuerza del régimen autoritario. Queda claro, sin embargo, que la lucha contra el autoritarismo se coloca ahora en otra esfera. En las frías calles de Minsk.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2006

Cuesta mucho recuperar la democracia

Quizás esa es la principal lección que ofrece al mundo el pueblo birmano. En las últimas semanas protestas en la capital, Rangún, y en otras ciudades, han llamado la atención sobre los 45 años de gobierno militar en el país asiático. 

Reportes de organizaciones disidentes indican que ya se han producido 200 muertes entre los manifestantes. Los detenidos se cuentan por miles. La situación ha ameritado la presencia de Ibrahim Gambari, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas. Gambari ya ha sostenido reuniones con el líder del régimen militar, General Than Shwe, y Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991, y dirigente de los sectores pro-democracia, bajo arresto domiciliario desde hace cinco años.

El férreo gobierno militar no favorece obtener información sobre Birmania. Para muchos occidentales es un país lejano, aislado, casi impenetrable. Es poco conocido que Birmania era una democracia.

Luego de la II Guerra Mundial, Birmania obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Al contrario de muchas ex-colonias, no formó parte de la Mancomunidad Británica. Desde 1948 hasta 1958 fue considerada una democracia parlamentaria. Un análisis de principios de 1958, realizado por Frank N. Trager, profesor emérito de la Universidad de Nueva York, y distinguido experto en temas asiáticos, destacaba el alto grado de unidad política del país.

El partido gobernante, la Liga Anti-Fascista por la Libertad del Pueblo, había obtenido sendas mayorías en las elecciones parlamentarias de 1952 y 1956. La situación económica era promisoria. Se había superado la recesión producida por la Guerra de Corea e iniciado un programa de diversificación industrial. Las insurrecciones habían sido controladas. También se había otorgado amnistía a los rebeldes. La política internacional estaba basada en la neutralidad, consolidando de esta manera el respeto diplomático por el país.

A pesar de estas condiciones favorables, en 1958 la alianza gobernante sufre una crisis fundamental. Las dos facciones que la componían, que habían logrado un clima de entendimiento por casi diez años, empiezan a entrar en conflicto. El Primer Ministro U Nu no fue capaz de mantener la integridad del partido gobernante. Terminó sumándose a una de las facciones. La parálisis del gobierno fue total. Todos los actores se vieron obligados a ubicarse en uno de los bandos. En tales circunstancias no era posible garantizar la estabilidad del gobierno. Entre abril y octubre de 1958 Birmania estuvo al borde del colapso.

El Primer Ministro decide solicitar a los militares la conducción del gobierno. A diferencia de un golpe clásico, el liderazgo civil solicita la ayuda del sector militar para impedir la ruptura del país. Esta participación militar tiene efectos significativos. A pesar de que en 1960 el gobierno es devuelto a los civiles, los militares ya no abandonarían el poder. En 1962 se produce un golpe militar que inicia una larga noche para la democracia birmanesa. Se extiende justamente hasta nuestros días.

El caso de Birmania ilustra que la democracia puede sucumbir por deficiencias del liderazgo civil. La ausencia de acuerdos sostenibles, que antepongan los intereses generales a los sectarios, facilita la intromisión de actores sin compromiso ni vocación democrática. A partir del golpe de 1962 los militares proponen su versión del socialismo autoritario para Birmania. La represión con la que lograron imponerlo no ha cesado hasta el día de hoy. Cuando las fuerzas democráticas hicieron su aparición en 1988 fueron ahogadas literalmente en sangre. A partir de 1992 el gobierno militar ha estrechado su cerco ocasionando el exilio y la persecución de los sectores democráticos birmanos.

El liderazgo civil venezolano también contribuyó a construir el piso del gobierno autoritario e incompetente que hoy tenemos. A la incapacidad para mantener y perfeccionar acuerdos sociales y políticos, sumamos el culto a la “solución militar”, a la necesidad de tener un “gobierno fuerte”. Los resultados están a la vista. En los últimos nueve años la democracia ha perdido tantos espacios que ha dejado de existir. Como el pueblo birmano, el venezolano tiene por delante la gran tarea de la redemocratización. Es tarea de todos recuperar los espacios perdidos.

Politemas, Tal Cual, 3 de octubre de 2007

Del salario al empleo de calidad

El desempeño económico de América Latina entre 2003-2006 ha sido considerado como el mejor en los últimos 25 años. Tal es la apreciación expresada en el informe del año 2006 del Panorama Social de América Latina publicado por CEPAL. 

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) alcanzó 4,5% en promedio en los países de la región. Este factor influyó en la creación de 5,3 millones de empleos por año en las zonas urbanas, 75% de los cuales fueron asalariados. El número de empleos asalariados creados cada año entre 2003-2006 prácticamente duplicó el valor registrado entre 1991-2002: de 1,96 millones por año se pasó a 4,09 millones. Es indudable que la reducción de la pobreza corroborada en los últimos años está asociada con este aumento significativo en el número de empleos, especialmente asalariados.

También la experiencia latinoamericana ilustra que no es suficiente el número de empleos asalariados. Es fundamental analizar la calidad, así como las implicaciones para la productividad y el bienestar. 

En 1990 la proporción de empleos asalariados en América Latina era 71% sobre el total de ocupados. Para el año 2002 tal proporción había disminuido a 67,5%. Con la recuperación del último cuatrienio analizado por CEPAL, la proporción de empleos asalariados se colocó en 68,5%. En países como Argentina, Chile, Costa Rica y México, la proporción de empleos asalariados superó el 75% del total de ocupados en 2005. Otros países como Venezuela, Perú, Honduras, Guatemala,. Colombia y Bolivia, tienen menos de 60% de asalariados sobre el total de ocupados. Es también significativo que el 89% de los nuevos empleos ha sido creado por el sector privado.

Más de la mitad (51%) de los trabajadores asalariados en 12 países no tenían relaciones contractuales de carácter formal. Los empleadores tienden a establecer relaciones formales en mayor proporción con los trabajadores hombres (52%) que con las trabajadoras mujeres (46%). 

La ausencia de contratación formal es un impedimento para el acceso a servicios de salud, no sólo en el caso de las enfermedades laborales. Además, el beneficio de salud para otros miembros el grupo familiar tampoco se puede concretar. Lo anterior también aplica para los beneficios previsionales, especialmente en el caso de las pensiones. La ausencia de contrataciones formales impide la regularización de las cotizaciones y aumenta, por ende, los incentivos para no realizar ni siquiera el aporte voluntario. 

Las últimas cifras disponibles para el año 2005 indican que el 53% de los ocupados urbanos declaran ser afiliados a los sistemas de seguridad social, lo cual representa una disminución de siete puntos con respecto a 1990. Dada la gran proporción de asalariados que no tienen contrataciones formales, se estima que 65% de ellos no gozan de las condiciones jurídicas ni los incentivos adecuados para considerarse parte del sistema de protección social.

Es obvio que las consecuencias de esta situación afectan no solamente a los trabajadores y sus familias sino a la sostenibilidad institucional y financiera de la protección social. Todo ello es más crítico cuando sabemos que en los próximos años aumentarán las demandas de protección derivadas del envejecimiento de la población.

Si a todo lo anterior agregamos que los aumentos del salario real no han sido significativos, en la mayoría de los países de la región, el panorama de la calidad del empleo no es enteramente halagador. No basta con crear empleos asalariados. Es fundamental que tales empleos sean de calidad. Para ello es clave implementar políticas públicas complementarias que apunten al déficit de cobertura de los sistemas de seguridad social y a los grandes requerimientos de formación en el trabajo. En estas últimas el rol regulador del Estado es de especial relevancia. 

Tal como concluye el documento de CEPAL, América Latina debe generar alternativas de políticas públicas que mejores nuestros sistemas contributivos de seguridad social, pero ello no será suficiente. Para los millones de trabajadores fuera de los sistemas contributivos, es necesario tener opciones, muchas de ellas con un rol fundamental para el Estado. Mientras ello no pase seguiremos teniendo salarios pero no empleos de calidad.

Politemas, Tal Cual, 12 de septiembre de 2007

"Donde está Cuba, está Venezuela"

La frase es del presidente Chávez. Hace un mes la expresó a todo el mundo desde el estado Trujillo. También dijo el Presidente, según lo reseñado por la Agencia Bolivariana de Noticias, que los “procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela, pese a que se han desarrollado de manera distinta, se han encaminado hacia el socialismo”. 

De tal manera que no quedan muchas dudas del tipo de futuro que quisiera el presidente Chávez para Venezuela. Se trata de replicar la experiencia socialista cubana. Ahora bien, si esa es la imagen objetivo, bien vale aproximarse a la situación actual de Cuba y las posibilidades que están planteadas en esta nueva etapa de su gobierno.

Ese es justamente el objetivo de un reciente trabajo de Carmelo Mesa-Lago, Profesor Distinguido de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y uno de los expertos más reconocidos en el contexto internacional sobre la economía cubana, presentado en la Conferencia Anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, realizada hace pocas semanas.

El objetivo del trabajo es analizar el desempeño de la economía cubana en los dos últimos años y compararlo con el período 2000-2005 y con la situación en 1989, año previo a la crisis producida por la caída del Muro de Berlín. Para ello se toman en cuenta fuentes oficiales, así como análisis de la CEPAL y de otros expertos en el tema.

Lo primero que alerta Mesa-Lago es sobre la poca confiabilidad de las cifras sobre el crecimiento de la economía cubana. Indica que, a través de manipulaciones estadísticas, el gobierno cubano ha presentado datos que no son consistentes con análisis realizados por CEPAL. Las “nuevas metodologías” introducidas por el gobierno cubano señalan estimados de crecimiento superiores a 10%, los cuales no han sido ratificados por CEPAL.

Mesa-Lago analiza a seguidas el desempeño de la economía cubana. Señala que la producción industrial en 2005 fue 46% menor a la de 1989. Como resultado, la contribución de la industria al Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de 26,1% en 1989 a 13,8% en 2006. La producción de quince de los más importantes rubros de exportación de Cuba se redujo entre 69 y 99% en el período1989-2006. 

Algo similar sucede con el azúcar: la producción disminuyó de 2,4 millones de toneladas en 2004 a 1 millón de toneladas estimadas para 2007 (la peor cosecha en un siglo), y además, 82% menor a lo que se producía en 1989. La producción de energía eléctrica se ha mantenido igual entre 1989 y 2006, a pesar del aumento de la población. Otros productos, como los críticos, arroz, leche, huevos, presentan reducciones entre 12 y 70% cuando se compara con lo producido en 1989. 

La deuda externa cubana ha aumentado 148% entre 1989 y 2006, alcanzando la cifra de 14,5 mil millones de dólares, lo cual representa el doble del promedio de América Latina. El número de empresas extranjeras se ha reducido en 41% entre 2002 y 2006. 

Señala también Mesa-Lago que la economía cubana ha sobrevivido primordialmente por la inversión venezolana. También indica el rol creciente de la influencia china. Las áreas que han favorecido estos dos países son petróleo, gas, níquel y turismo. Sin embargo, la dependencia de la ayuda venezolana coloca a la economía cubana en una posición de volatilidad asociada a las contingencias de nuestra economía.

Al final del trabajo se reiteran las consecuencias perniciosas que han ocasionado los procesos de recentralización y eliminación de los mecanismos de mercado en la economía cubana. En cierta medida la adaptación de reformas económicas al estilo chino o vietnamita constituye una opción a considerar en la próxima etapa del gobierno cubano. 

Tal pareciera que las políticas implementadas en los últimos años en Venezuela nos han acercado más a Cuba. Las dificultades de muchas familias para conseguir huevos, leche, y otros bienes de consumo masivo nos acercan a las penurias de los cubanos. La reducción de nuestro parque industrial, así como las restricciones de la producción de energía eléctrica también lo indican. Sin embargo, a pesar de las pretensiones del Gran Decisor, es evidente que para millones de venezolanos lo menos atractivo es vivir como en Cuba. Otro error de cálculo del presidente Chávez.

Politemas, Tal Cual, 5 de septiembre de 2007

La "revolución" según el International Crisis Group

El gobierno del presidente Chávez ha tenido especial preocupación por tener una opinión pública internacional favorable. Es muy probable que a esta tarea haya asignado una gran cantidad de recursos tanto políticos como financieros. Sin embargo, es muy difícil tapar el sol con los recursos provenientes del “socialismo petrolero”. Lo que está a la vista no necesita anteojos.

El International Crisis Group (ICG), organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, ha difundido su último informe sobre Venezuela. Esta organización tiene por objetivo central realizar análisis de las condiciones que permiten el inicio y persistencia de conflictos. El lema es justamente: “trabajando por prevenir los conflictos en el mundo”.

Entre los miembros del Consejo Directivo de ICG se encuentran figuras relevantes tanto en la política como en la diplomacia, así como en el mundo de las empresas y de los medios de comunicación. Uno de los co-directores del grupo es Christopher Patten, ex-Comisionado Europeo de Relaciones Exteriores, ex Gobernador de Hong Kong. y Rector de la Universidad de Oxford. El otro co-director es Thomas Pickering, ex Embajador de Estados Unidos ante la ONU. El Presidente y Director Ejecutivo es Gareth Evans, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Australia. Entre los miembros del Consejo Directivo se encuentran personalidades como Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile y Ernesto Zedillo, ex Presidente de México. 

Los analistas del grupo viajan a los países para conocer en el terreno las particularidades que no pueden apreciarse sin el contacto directo. A través de entrevistas con diversos sectores, los analistas tratan de identificar coincidencias y divergencias. De ese proceso obtienen los aspectos que deben tomarse en cuenta para examinar los potenciales conflictos. En el caso del último análisis sobre Venezuela este trabajo se inició antes de las elecciones presidenciales del mes de diciembre pasado. 

El título del informe ya de por sí es sugestivo: Venezuela: La Revolución de Hugo Chávez. En el sitio web (www.crisisgroup.org) se puede encontrar la versión en inglés de este reporte.

La idea central del documento es resaltar que la “revolución” ha sido más una idea que una realidad. La característica consistente de los “gobiernos de Chávez”, según el documento, es “la toma de control de las instituciones estatales y las eliminación de los controles sobre el poder presidencial”. Dos instantes cruciales anotan los analistas: la elección de una Asamblea Nacional ciento por ciento chavista en 2005 y la ley habilitante de enero de 2007. 

Según ICG, el presidente Chávez “ha creado la base para un régimen de tendencias autocráticas, sobornando a los militares, asumiendo el control del sistema judicial y el consejo electoral, e introduciendo leyes factibles de utilizar para intimidar y amordazar a la prensa. A través de su sistema de instituciones paralelas, se ha cerciorado de que todas las palancas del poder las pueda maniobrar él, y nadie más que él”. Más claro no canta un gallo.

También se resalta en el informe que “en ciertos sectores de la sociedad se ha creado un clima de temor, no mediante una represión generalizada sino por unos pocos casos de alto perfil, suficientes como para transmitir el mensaje de que hay ciertos límites que no conviene traspasar”. 

Termina el informe indicando los riesgos de conflicto interno violento. Señalan: “si el presidente Chávez sigue polarizando la sociedad y desmantelando los sistemas de control de la democracia representativa como lo viene haciendo desde hace ocho años, los riesgos son bastante altos”. 

Pareciera que sectores representativos de la comunidad internacional aprecian con precisión el gran fiasco que ha representado la llamada “revolución bolivariana”. Los ingentes recursos derivados de la bonanza petrolera, utilizados sin mayor preocupación por la transparencia y efectividad, no pueden ocultar los grandes retrocesos que ha experimentado el país en los últimos nueve años. 

Ya esos retrocesos son evidentes para todos los ciudadanos y para todos aquellos que quieran entender las grandes limitaciones por las que atraviesa la sociedad venezolana de la actualidad. Desde afuera ya se sabe que la “revolución” es una máscara para ocultar al autoritarismo cívico-militar que nos gobierna.

Politemas, Tal Cual, 1 de agosto de 2007

Metas del Milenio: progresos y retos

Las Naciones Unidas acaban de publicar una revisión del cumplimiento de las Metas del Milenio. La publicación constituye el análisis más amplio del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos al ratificar la Declaración del Milenio en el año 2000. Fue realizada por expertos de 25 instituciones del sistema de Naciones Unidas.

Las ocho Metas del Milenio, como se les conoce en todo el mundo, constituyen aspiraciones que han sido recogidas por los programas y planes de gobiernos en muchos de los países en desarrollo. Gran parte de la inversión en estos países ha sido canalizada para satisfacer las exigencias relacionadas con el cumplimiento de estas metas para el año de referencia: 2015. A mitad de camino del plazo señalado bien vale el esfuerzo conocer los progresos y dificultades.

El reporte enfatiza que los países con mayores progresos son aquellos que desarrollan esfuerzos concertados entre los actores sociales más relevantes, incluyendo por supuesto a los gobiernos y a la comunidad internacional. 

Algunos de los avances más significativos se describen a continuación. La proporción de población viviendo en condiciones de pobreza extrema descendió en todo el mundo: de 33% en 1990 a menos de 20% en el año 2004. De mantenerse esta tendencia, la meta relacionada con la disminución de la pobreza extrema podría cumplirse en muchas de las regiones del planeta. La reducción de la pobreza extrema también se ha producido en el Africa Sub-sahariana (alrededor de seis puntos porcentuales desde el año 2000). 

También ha aumentado el número de niños en el sistema educativo. La matrícula en educación primaria aumentó de 80% en 1991 a .88% en el año 2005. Gran parte de este aumento se ha producido desde el año 1999. La mortalidad infantil ha experimentado reducciones debido a la incorporación de medidas de bajo costo y alta efectividad en la atención a este grupo de la población. También se señala en el reporte el impacto a escala global de las estrategias para el control de la malaria y la tuberculosis. Otra área de avances es la participación política de las mujeres. En muchos países ha aumentado el número de curules parlamentarias ocupadas por mujeres. 

A pesar de los avances, permanecen muchas brechas por cubrir. Todavía mueren cada año más de medio millón de mujeres en todo el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La probabilidad de morir por esta causa en algunos países de Africa es 1 en 16. En muchos países desarrollados la misma probabilidad es 1 en 3800. 

Debido al limitado progreso en la reducción de la desnutrición en países africanos, no se alcanzará la meta de reducción del número de niños desnutridos a la mitad para el año 2015. Los progresos contra el VIH/SIDA también son limitados en muchos países. Solamente en 2005 más de 15 millones de niños perdieron a uno o ambos progenitores por causa del SIDA. 

Mitad de la población del mundo siguen sin servicios adecuados de agua y saneamiento básico. Para alcanzar esta meta se requeriría ampliar la cobertura de servicios a más de 1600 millones de personas. Sin embargo, al ritmo actual, no se podría satisfacer a 600 millones de personas. Según el informe, evidencias, especialmente en Europa Oriental, indican que el crecimiento económico no ha ido acompañado de reducciones en la desigualdad. Tampoco ha habido avances significativos en la creación de empleos especialmente entre los jóvenes. 

El informe también alerta sobre los peligros en el cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono aumentaron entre 1990 y 2004: de 23 a 29 mil millones de toneladas. Todas las proyecciones indican que el cambio climático será un factor crítico de impactos negativos en los próximos años. 

Finalmente, el reporte indica las condiciones comunes entre aquellos países que han alcanzado éxitos sustantivos en el cumplimiento de las Metas del Milenio. Entre ellas se destaca el liderazgo de los gobiernos, así como la combinación de políticas y estrategias que estén dirigidas a los segmentos más pobres de la población, junto con la adecuada inversión y el apoyo técnico. Es evidente que en muchos países integrar estos factores es lamentablemente más retórica que realidad.

Politemas, Tal Cual, 11 de julio de 2007

El "buen gobierno" de Putin y Lukashenko

En su última gira, especialmente en su visita a Rusia y Bielorrusia, el presidente Chávez ha dejado muy claro ante el mundo el tipo de gobierno de su preferencia. En su visita privada al Kremlin el presidente señaló que lamentaba la desaparición de la Unión Soviética. También indicó que el mundo requería una Rusia fuerte. En la capital de Bielorrusia felicitó al presidente Lukashenko por la forma de conducir el gobierno en ese país. También afirmó que Venezuela debería estrechar lazos con este país para enfrentar al imperialismo.

Todas esas opiniones contradicen la opinión internacional sobre ambos gobiernos. Nada más revisar los análisis más recientes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre la situación de los derechos humanos en Rusia y Bielorrusia, basta para saber que Putin y Lukashenko conducen a sus países en la dirección opuesta de una sociedad democrática y pluralista.

En el caso de Rusia se han desencadenado muchas presiones contra los defensores de derechos humanos y la sociedad civil independiente. Las autoridades han cercenado el ejercicio pacífico de los derechos de libertad de expresión y reunión. Los periodistas han sido intimidados y atacados y uno de ellos, Anna Politkovskaya, fue asesinada el año pasado. 

También las autoridades rusas han fallado en el enfrentamiento del racismo y de la discriminación contra las personas por causa de la identidad étnica o de la orientación sexual. La violencia contra las mujeres es generalizada. La policía frecuentemente persigue a los guardaespaldas designados para proteger detenidos contra la tortura. También persisten las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, y los centros de detenciones no-oficiales. Las detenciones arbitrarias han continuado en el Cáucaso Norte, especialmente en Chechenia. La Corte Europea de Derechos Humanos sentenció que Rusia ha violado los derechos a la vida, libertad, seguridad, y al respeto por la vida privada y familiar. También ha indicado que el gobierno ruso ha fallado en cooperar completamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos contra la tortura.

En Bielorrusia ha aumentado el número de detenciones de activistas de la sociedad civil al mismo tiempo que se han aprobado cambios legales que han limitado la libertad de asociación. Los activistas de la oposición han sido arbitrariamente detenidos en masa después de las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales de 2006. Continúa el uso de la pena de muerte. Tampoco ha habido progreso en la investigación sobre casos de desaparición forzosa.

Las violaciones de los derechos de expresión y reunión del gobierno Lukashenko han sido condenadas sistemáticamente por la comunidad internacional. La Misión de Observación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa criticó la conducta del gobierno en las elecciones de marzo de 2006. La Misión constató el uso arbitrario del poder del Estado y detenciones masivas. También el Consejo de la Unión Europea criticó las elecciones y condenó la violencia utilizada por las autoridades bielorusas contra los manifestantes. Además, la Unión Europea estableció medidas restrictivas contra 31 oficiales del gobierno de Bielorrusia por violaciones de estándares electorales internacionales y por el debilitamiento de la sociedad civil y de la oposición democrática. Incluso se llegó a congelar las cuentas del presidente Lukashenko y de otros 35 oficiales del gobierno.

En el año 2006 once prisioneros de conciencia fueron retenidos en cárceles bielorusas. Uno de ellos es el excandidato presidencial Alyaksandr Kazulin. Fue sentenciado a cinco años y medio de prisión por “organizar actividades que alteraron el orden público”. Otros dos opositores fueron liberados después de cumplir condenas de dos años por haber publicado un panfleto crítico al presidente Lukashenko.

Los gobiernos alabados por el presidente Chávez se encuentran entre los peores en el respeto a los derechos humanos a escala global. Que sean estos gobiernos los seleccionados para concretar alianzas con Venezuela es una clara demostración de lo que hemos retrocedido en nuestra capacidad democrática.

Politemas, Tal Cual, 4 de julio de 2007

Alianza global por un desarrollo sustentable

En las últimas décadas se han producido transformaciones sustanciales del ambiente global. En todos los continentes y regiones. Muchas de las premisas del desarrollo se fundamentan en un principio ecológico sencillo: sin ambientes en equilibrio la vida está en riesgo. Las alteraciones físicas, biológicas y sociales de los ambientes comprometen el crecimiento y el bienestar.

Estas preocupaciones han despertado el interés de los organismos internacionales. Entre ellos tiene especial relevancia el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Este Panel fue establecido en 1998 como proyecto conjunto entre la Organización Mundial de Meteorología y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Su función es analizar, utilizando la mejor evidencia disponible, la información relevante para entender las bases científicas de los riesgos de los cambios climáticos inducidos por el hombre, así como sus impactos y la forma de mitigarlos.

En una reciente reunión en Bruselas, el Panel hizo público un documento elaborado por el Grupo de Trabajo II. Este grupo de trabajo se concentra en el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos y naturales al cambio climático, así como de las consecuencias negativas y positivas de estos cambios. Las implicaciones de este reporte, en términos de políticas públicas, especialmente aquellas enfocadas en la superación de la pobreza, merecen ser destacadas.

El reporte menciona que en los últimos cinco años se ha acumulado evidencia que demuestra que los cambios en muchos sistemas biológicos y físicos se deben al calentamiento producido por el hombre, especialmente el denominado “efecto invernadero”. De un total de 29.000 series de datos, derivadas de 75 estudios, el reporte señala que en 89% de ellas las variaciones son respuestas al calentamiento. También existe evidencia de la alteración de sistemas biológicos terrestres y del deterioro de la vegetación. Otro aspecto mencionado en la creciente acidificación de las aguas de los océanos. 

También el reporte destaca efectos no tan comprobados, pero no menos significativos. Entre ellos se señalan las alteraciones de bosques, las muertes originadas por el calor, y el aumento de enfermedades producidas por insectos. Otros efectos están relacionados con inundaciones, así como la extensión de los períodos de sequía, y la elevación del nivel del mar en diversas áreas del planeta. 

Algunas de las proyecciones para mediados del siglo XXI toman en cuenta los aspectos anteriores. Se estima que la disponibilidad de agua en el hemisferio norte y en algunas zonas tropicales aumentará entre 10-40%. Sin embargo, también se estima una reducción de la disponibilidad de agua en las regiones áridas (incluyendo en los trópicos). También se estima que aumentarán los períodos de sequía en algunas áreas y se producirán grandes lluvias en otras. Los depósitos de agua en glaciares y en zonas de nieves disminuirán a través del siglo. 

De 20 a 30% de las especies vegetales y animales estarán en riesgo alto de extinción si la temperatura del globo asciende entre 1,5 y 2,5 grados centígrados. Si el aumento de la temperatura supera los 2,5 grados centígrados se puede esperar grandes cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas con severos efectos en la diversidad y en la disponibilidad de agua y alimentos. Las poblaciones e industrias más vulnerables serán aquellas que se encuentran en las orillas de ríos y mares con riesgos de inundaciones. Las comunidades pobres en áreas superpobladas serán las más afectadas. Los efectos negativos sobre la nutrición, así como el impacto en las muertes asociadas al calor y a las enfermedades diarreicas, están entre las consecuencias esperadas.

Una de las conclusiones finales del reporte es que los efectos señalados pueden disminuirse si se opta por una vía de desarrollo sustentable. Esto es, aquella vía que promueva la reducción de la pobreza sin comprometer los recursos del futuro. Sin embargo, señala el reporte, hasta la fecha son pocos los planes de desarrollo que han incorporado el efecto del cambio climático. Quizás ha llegado la hora de que gobiernos y sociedades construyan alianzas más efectivas para garantizar un mejor ambiente para todos.

Politemas, Tal Cual, 25 de abril de 2007

La solución de China

China experimenta un período de extraordinario crecimiento económico. El año pasado la economía creció 10% de acuerdo con la información del Fondo Monetario Internacional. Para el año en curso se espera un crecimiento similar. A pesar de que el crecimiento económico de China no ha ido acompañado de la correspondiente equidad, es claro que el futuro del país más populoso del mundo depende de las políticas que garanticen la mayor expansión posible de su aparato productivo.

Para que la economía china tenga un crecimiento compatible con estas exigencias, se requiere más y mejor inversión. Allí radica una de las limitaciones del desarrollo económico de China: gran parte de la inversión proviene de empresas públicas a través de la creación de fondos específicos. Los problemas de asignación de estos recursos son evidentes en tanto no se utiliza la oferta y demanda de inversión como criterio para las prioridades. Las autoridades locales también utilizan las empresas del estado para obtener recursos para infraestructura, por citar sólo un ejemplo. Por otra parte, la proporción de la inversión extranjera ha descendido en los últimos años. 

En otras palabras, China no tiene la capacidad plena para atraer las inversiones gigantescas que su economía requiere. Para ello es fundamental promover un clima atractivo para la inversión, tanto extranjera como nacional, y que provenga también del sector privado. China se encontró con una muralla, descubrió que si no cuenta con la flexibilidad necesaria para aumentar la inversión, su crecimiento no será sostenible, o al menos no progresará con la calidad necesaria.

La solución de China ha sido justamente favorecer las condiciones para que la inversión privada coopere con la inversión pública. Para ello era fundamental valorar la propiedad privada. Esa es una de las razones de la histórica decisión tomada por el Congreso Nacional Popular de China la semana pasada al aprobar, por holgada mayoría, la Ley de Propiedad. 

Esta ley es concebida como un requisito para integrar ambas dimensiones de la economía china: la que se deriva del control de estado y la que se desarrolla en el ámbito privado. Para ello, se argumenta en la exposición de motivos, es indispensable establecer y aceptar las diferencias entre ambos tipos de propiedad, pero también asumir la justa competencia como uno de los requisitos de las economías socialista de mercado. 

También se señala que la marcha acelerada de las reformas económicas ha promovido un mayor nivel de bienestar de la población en China. Tal bienestar se expresa en la adquisición de bienes y propiedades. Para garantizar que esos bienes y propiedades, obtenidos “a través del trabajo arduo”, sean reconocidos y respetados, es menester colocar las respectivas disposiciones legales. En otras palabras, los derechos individuales al progreso están relacionados con el ejercicio y respeto de la propiedad privada. 

Las disposiciones de la Ley de Propiedad abarcan tanto la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como los ingresos, casas, artículos de uso diario, medios de producción y materiales, al igual que depósitos e inversiones. Las ganancias derivadas de estas inversiones serán protegidas por ley. También se establece el derecho de las personas a la herencia y a los condominios. Está prohibida la apropiación indebida y el saqueo y destrucción de propiedades. Se aspira que estas medidas estimulen la iniciativa individual para crear y acumular riqueza y para promover la “armonía social”.

No cabe duda que la Ley de Propiedad tendrá un efecto contundente en la inversión privada en China. El respeto a los derechos y el correspondiente estímulo a la participación en el proceso económico apuntalarán esta dinámica. Es también claro que mientras China enfrenta con decisión y amplitud los problemas del desarrollo, el gobierno actual de Venezuela marcha en la dirección contraria: alejando la inversión privada, introduciendo cortapisas a la participación económica de empresas y ciudadanos, irrespetando derechos adquiridos, debilitando el estado de derecho. Quizás el actual gobierno debería conocer mejor las lecciones que nos ofrece China.

Politemas, Tal Cual, 21 de marzo de 2007

Los cimientos del autoritarismo

El año 2006 ha dejado dudas relevantes sobre la estabilidad política en América Latina. La reelección del presidente Chávez permitirá ampliar el espectro de la imposición autoritaria en Venezuela. La crisis electoral en México es también expresión de las dificultades de la consolidación democrática en este país. Si a ello sumamos la coyuntura constituyente en Bolivia y la disputa que se anticipa en Ecuador sobre el mismo tema, es posible concluir que los tiempos por venir no serán tranquilos.

Ya en el año 2004, con ocasión de la elaboración del Informe “ La Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” (segunda edición, diciembre), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaba que la región vivía un momento de “inflexión y crisis” e insistía en la valorización del sentido de la política, así como en el reto de fortalecer la ciudadanía.

La constatación de PNUD (América Latina) no fue producto solamente de las opiniones de expertos o de la reflexión sistemática sobre la región y sus problemas. El informe señalado colocó especial énfasis en conocer las opiniones de los ciudadanos de 18 países latinoamericanos. Casi 20.000 personas fueron encuestadas para explorar sus opiniones sobre la democracia.

La revisión de algunas de las respuestas permite concluir que para un sector bastante amplio de nuestras sociedades, la democracia no es un valor completamente aceptado. Casi 43% de los encuestados estuvieron “de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes”. Dentro de las personas que indicaron que prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno (“demócratas”), el porcentaje fue casi 39%. Casi 40% de los encuestados indicaron que están “de acuerdo con que el presidente ponga orden por la fuerza”. En el caso de los “demócratas” los que estuvieron de acuerdo representaron el 32,3%. 

Casi el 57% de los entrevistados manifestó que “el desarrollo económico es más importante que la democracia”. En el grupo de los que prefieren a la democracia, este porcentaje llega al 48%. Más aún, 54,7% de los encuestados apoyarían “a un gobierno autoritario que resolviera los problemas económicos”. Casi el 45% de los “demócratas” también estuvo de acuerdo con lo anterior. 

Para cuatro de cada diez latinoamericanos puede haber democracia sin partidos. Una cifra similar se encuentra en los “demócratas” (34%). Iguales porcentajes (en ambos grupos) expresan que puede haber democracia sin un Congreso Nacional. Así mismo, el 38,1% de los entrevistados está “de acuerdo con que el presidente deje de lado al Congreso y los partidos”. Finalmente, el 36% están “de acuerdo con el control del presidente sobre los medios de comunicación”.

En líneas generales, es posible concluir que casi la mitad de los latinoamericanos no tiene una especial preocupación por el destino de la democracia ni mucho menos por las instituciones que la expresan. Ubicar las razones de esta indiferencia, e incluso rechazo, es probablemente el principal reto de los sectores democráticos de las región. Es muy posible que una gran parte de este desencanto esté relacionada con el pobre desempeño de muchos gobiernos y la falta de vinculación entre las organizaciones políticas y los problemas de los ciudadanos. Es también probable que los mecanismos de socialización de la cultura política democrática estén naufragando desde hace varias décadas.

Pero también es obvio que no podemos tener mejoras a la democracia (y a todo lo que ella exige), en un marco autoritario que promueva la dependencia de una sola opinión, una sola voz, una sola obediencia. Todavía más peligroso es la nítida tendencia que se aprecia en muchos sectores para pasar del autoritarismo al totalitarismo. Por esta razón, fomentar la valoración de la democracia, como opción y praxis, es la tarea política del momento. En ella deberíamos coincidir todas las expresiones asociativas e institucionales de una sociedad democrática. En caso contrario, la desaparición de la institucionalidad democrática, como ya ha sucedido en Venezuela, será el mayor escollo para el desarrollo de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 10 de enero de 2007

¿Qué podemos esperar del gobierno de Obama?

Barack Obama tiene poco más de dos meses para organizar su gobierno. Ya ha dicho que cuatro años serán pocos para la profundidad de cambios que aspira impulsar. Como casi todos los presidentes norteamericanos ya está lanzado para la reelección.

Para Venezuela la acción del gobierno de Obama será un aspecto fundamental. Tanto en la política exterior, como en la económica, y especialmente en la energética. Nuestro principal comprador de crudo ejerce, sin duda, un especial rol en nuestras políticas. De manera que es prioritario tratar de esbozar cuáles serán las principales pautas de la Administración Obama para Venezuela.

En esa tarea dos premisas pueden ayudar. La primera es que el presidente Obama es un líder del Partido Demócrata. Muchos han señalado que es un dirigente disciplinado. De manera que es poco probable que sus políticas sean diferentes a las acordadas por el Partido Demócrata, al menos en las primeras etapas de la administración. La segunda premisa es que la sociedad política norteamericana quizás constituye el mayor entramado de intereses de grupos y sectores diversos. No es probable que las políticas de la próxima administración sean contrarias a los consensos fundamentales que se incubaron en la campaña electoral. En otras palabras, el presidente Obama deberá esforzarse por mantener y consolidar los acuerdos políticos que lo llevaron a la presidencia. Por lo cual es muy difícil imaginarse contradicciones con tales acuerdos.

Todo lo cual nos lleva a examinar los acuerdos que se concretaron en las propuestas del binomio Obama-Biden, tal como se encuentra detallado en el respectivo sitio web. Dos aspectos deben tomarse en cuenta: la política con respecto a América Latina y el Caribe, y la política energética. 

Señala el programa de la administración Obama que la política de Bush fue negligente hacia los amigos e inefectiva con los adversarios de Estados Unidos. Más aún, señalan que la política de Bush creó un vacío para demagogos que promueven una agenda anti-americana. No hablan del gobierno del presidente Chávez pero es obvio que se refieren a él. 

Prometen una nueva etapa en las relaciones basada en la promoción de la democracia y la seguridad hemisférica. También señalan que apoyarán democracias que tengan fuertes poderes legislativos, sistemas judiciales independientes, prensa libre, y ejercicio del Estado de Derecho. Es obvio también que los países que no cumplan con los requerimientos anteriores tendrán un trato diferente. Finalmente, señalan que promoverán los acuerdos por energía limpia y el cumplimiento de las Metas del Milenio, ofreciendo 50 mil millones de dólares en apoyo financiero. Se opondrán a los acuerdos comerciales que afecten la seguridad económica de los Estados Unidos y apoyarán las políticas contra el tráfico de drogas y la violencia. 

En el área energética la Administración Obama aspira eliminar las importaciones de petróleo de Venezuela en los próximos 10 años. Con todas las palabras se menciona lo anterior. Para ello proponen aumentar los estándares de ahorro de combustible, así como la producción de vehículos híbridos en territorio de Estados Unidos (hasta 1 millón para el año 2015). También indican descuentos de impuestos para los que compren vehículos ahorradores de combustible, y aumento de la producción de bio-combustibles. 

De acuerdo con lo anterior, las políticas de la Administración Obama no son favorables para el actual gobierno de Venezuela. Ni en lo político ni en lo económico. Quizás por eso se explique la disposición de nuestro gobierno para “conversar”. Es poco probable que haya una respuesta favorable de parte del nuevo gobierno de Estados Unidos.

Politemas, Tal Cual, 12 de noviembre de 2008

Por una América Latina sin violencia

Por donde quiera que se le mire, América Latina padece mucha violencia. Según los estudios de Latinobarómetro, en 1996 el 33,48% de los entrevistados señalaba que había sido víctimas de un delito. En 2005 este porcentaje había aumentado a 41,97. Más aún, según la misma fuente, en el año 2000 el crimen y la violencia eran la cuarta preocupación de los latinoamericanos. Apenas cinco años más tarde el crimen y la violencia eran la segunda preocupación en la región.

Quizás por lo anterior, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han incorporado esta preocupación en su agenda de proyectos. Desde 1998 el BID ha asignado más de 200 millones de dólares, vía préstamos y cooperaciones técnicas, para ayudar a los países a superar esta situación. En una publicación del año 2007 intitulada “¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana”, expertos invitados por el BID señalan las posibles políticas públicas para enfrentar el auge de la violencia en América Latina.

En la publicación se señala, en primer lugar, las características de la primera generación de reformas en esta área de políticas públicas. Esta primera generación de reformas consistió en componentes tales como la promoción de la participación ciudadana, el adecuado balance entre políticas de prevención y políticas de control, cambios en las policías, y políticas anti-corrupción. 

El examen de diversas experiencias en algunos países, como por ejemplo, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Centroamérica y Chile, ofreció la oportunidad para detectar innovaciones y requerimientos para mejores políticas públicas contra la violencia. De allí que se propusiera una segunda generación de reformas.

Entre estas nuevas reformas se incluye el desarrollo de alternativas para que la información sobre violencia y seguridad ciudadana sea considerada como un bien público regional. Esto es, que los países hagan esfuerzos para compartir y difundir información relacionada con el enfrentamiento de la violencia. Esto supone la promoción de mayores y mejores vínculos entre los organismos policiales y las agencias encargadas de la prevención del delito.

También se propone la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer la participación ciudadana y el funcionamiento efectivo de redes públicas y privadas. Se trata de sacar las políticas de seguridad del ámbito exclusivamente del gobierno para incorporarlas en el más amplio entramado social.

Otro factor clave es la promoción del diálogo de las políticas de seguridad con las políticas sociales y económicas. Acá la idea es establecer las diversas interrelaciones que existen entre las mejoras sociales y económicas, y las causas fundamentales de la violencia. En la medida que los países comprendan que no hay soluciones únicas o mágicas, que se deben enfrentar múltiples factores en múltiples ámbitos a través de múltiples intervenciones, es obvio que los resultados serán más sostenibles.

Finalmente, los expertos destacan el rol de los gobiernos locales y subnacionales en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Indican que en estos ámbitos existen ventajas como la cercanía entre los delitos y la posibilidad de evitarlos y enfrentarlos, la menor complejidad institucional, la fluidez de la información y la exigencia de respuestas mucho más directas por parte de los ciudadanos. 

Las alcaldías y gobernaciones pueden ser mucho más efectivas en el diseño y ejecución de políticas contra la violencia y la inseguridad. En las elecciones que se acercan podremos constatar si nuestros liderazgos lo han entendido.

Politemas, Tal Cual, 23 de julio de 2008

Talón de petróleo

No podía ser de otra forma. Lo que llaman el “llegadero”. El gobierno ya está en el camino de tierra. Con los cauchos lisos, sin luces, poca aceite en el motor, y ahora empezó a llover torrencialmente. Las ínfulas de construir un castillo de naipes sobre el piso del petróleo chocan con la realidad. Los precios del petróleo, esos que se rehúsan a seguir la línea que dictan en Miraflores, no cesan de bajar. En menos de tres meses han caído casi a la mitad.

La premisa de todo este gran cuento en que se ha convertido este gobierno, se sustentaba en la creencia firme que se podía sostener el desarrollo del país en el predominio del petróleo. Los incompetentes gobernantes cometieron dos errores nunca vistos. El primero fue sencillamente eliminar cualquier posibilidad de desarrollo que no estuviera basada en la venta de petróleo. Temas como exportaciones de otros productos, diversificación, desaparecieron de la agenda pública. Y para remate decidieron acometer la mayor persecución al sector productivo. No solamente por la afectación en pérdida de propiedades, sino por el clima de desasosiego e incertidumbre que trajo como consecuencia la desaparición de la inversión.

Y sucedió el evento “inesperado”. La oferta de petróleo, por la aparición de nuevos vendedores con otras tecnologías, ha crecido de manera significativa. Sumado a la disminución del crecimiento global, solo podía significar la caída de los precios. Esa es la pesadilla que se apareció en los pasillos de palacio. Y por supuesto en la vida de todos los venezolanos. Nunca antes habíamos enfrentado una caída de precios en peores condiciones, especialmente por el deterioro de la capacidad productiva, con alta inflación y con altos niveles de escasez.

La política que se le ocurre al gobierno es casi del más allá. El gobierno le pide al mercado más complejo del mundo que responda a sus deseos, que se haga el acto mágico: que los precios vuelvan al nivel donde comenzó este mal sueño. Y especialmente los ingenuos gobernantes quieren convencer a los sauditas que se dejen de cosas y reduzcan la producción. Ni de casualidad. Los sauditas van a defender palmo a palmo cada espacio en el mercado. Para ello tienen 700 mil millones de dólares en reservas internacionales, una economía ordenada, con un PIB per cápita de 25.000 dólares, y con ganas de fajarse con los americanos cara a cara. En otra posición está Venezuela, con poco menos de 21 mil millones de dólares de reservas (a la misma proporción de los árabes tendríamos 400 mil millones), con la mayor inflación del mundo, y cayendo en crecimiento económico. El escenario está servido para contratiempos de grandes proporciones. Duele en el talón.

Politemas, Tal Cual, 17 de diciembre de 2014

El espejismo de Zelaya

Algo ha tenido que fallar en el cálculo de José Manuel Zelaya. Su abrupta salida de la Presidencia de Honduras, ejecutada a través de un golpe de Estado, en la oscuridad de la noche y violando los procedimientos institucionales, debe ser rechazada por los sectores democráticos. La consecuencia de ello es regresar a los penosos tiempos en que los militares se constituían en actores dominantes en nuestros países.

La suma de eventos ha llevado a una seria alteración del curso institucional en el país centroamericano. La más grave en casi una década en la Región. Razón de peso para identificar las posibles causas, especialmente porque algunas de ellas podrían encontrarse más difundidas de lo que se supone.

Hace menos de un mes, con ocasión de celebrarse la Asamblea General de la OEA en San Pedro de Sula, el presidente Zelaya reconocía que Honduras “se ha convertido en la economía más dinámica de Centroamérica, hemos obtenido tasas de crecimiento en 2006 y en 2007 de más de 6,3 y 6,7% (respectivamente)…”. Más adelante, señalaba los esfuerzos realizados por Honduras para mejorar su competitividad. Mencionó el último informe del World Economic Forum en el cual se indicaba que el país había ascendido 15 puestos en la escala de competitividad. Como si fuera poco, indicaba que en el país se había reducido la pobreza en los dos primeros años de su gobierno.

Y es acá donde aparece lo llamativo. Luego de todos esos éxitos, el gobierno de Zelaya decide sumarse a la Alternativa Bolivariana (ALBA), y asumir los postulados del Socialismo del Siglo XXI. El Congreso de la República aprobó el ingreso al ALBA, no sin dejarse colar el rechazo de sectores políticos y empresariales.

La ganancia no era nada desdeñable. Al ingresar al ALBA, Honduras hace más méritos para contar con 400 millones de dólares anuales de petróleo en las mejores condiciones. Para un país con grandes requerimientos energéticos el trato no es nada malo. Pero tal acuerdo tenía su contrapartida. Los “grandes” del ALBA ahora podrían contar con un aliado más.

Es poco probable que Zelaya haya descifrado con precisión los riesgos que corría. Empezó a hablar de una especie de “liberalismo socialista”. Algo así como una cuadratura del círculo que le permitiera superar las críticas. Para tranquilizar al sector privado, del cual había sido un conspicuo exponente en el pasado, señaló “queremos una empresa privada y un sector privado que comparta sus ingresos con los trabajadores, que genere riquezas para que Honduras se desarrolle”.

El espejismo de Zelaya fue notorio. Creyó que en el Socialismo del Siglo XXI es posible un sector privado productivo. Una mirada en detalle de la economía venezolana le hubiera dado una mejor idea. Para muchos sectores de su país la película está más clara. No en balde, los ciudadanos de Honduras son, luego de los dominicanos, los que más admiran a los Estados Unidos. Basta con ver las remesas que reciben de sus compatriotas en el exterior. Poca cabida para el socialismo en ese contexto.

Para completar el espejismo, Zelaya pensó que podía ser un ·reformador” del sistema hondureño, que podía llevar su país a la “tierra prometida”. Por ello el empeño en la Asamblea Constituyente. No tomó en cuenta que su gobierno es el segundo menos aprobado en la Región. Menos del 30% de los ciudadanos favorece su conducción. Poco espacio entonces para ser el “salvador” del sistema con una fachada socialista. Las consecuencias de tal espejismo no sólo las sufre Zelaya, también el pueblo hondureño. Esperemos que por poco tiempo.

Politemas, Tal Cual, 1 de julio de 2009

La negligencia de la OEA

Ya podemos estar “tranquilos”. La Asamblea Permanente de la OEA concluyó que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio. Además, como consecuencia de la negativa del gobierno de Micheletti a restituir a Zelaya, aprobó (por unanimidad) la suspensión del Estado de Honduras.

De lo anterior se deduce que la OEA sabe reconocer un golpe de Estado. Después que ocurre, claro está. En esto se parece mucho al ciudadano de a pie, especialmente al sur de Río Grande, que en la mañana del domingo 28 se enteró de que el presidente Zelaya había sido sacado de su residencia en la madrugada, por un comando de efectivos militares, y llevado a Costa Rica en un avión. El ciudadano de a pie llegó a la misma conclusión que la OEA: acá tenemos un golpe de Estado.

Ahora bien, no es suficiente con diagnosticar el problema cuando ya está “de bulto”. El problema es diagnosticar con anticipación. Lo que llaman “política preventiva”. En este caso, las consecuencias las sufre el pueblo de Honduras: está reducido su comercio, afectadas las inversiones y los préstamos internacionales, disminuido el turismo, sus estudiantes sin clases, y con muchas preocupaciones.

La pregunta que debe contestar la OEA es si hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar esta ruptura institucional. En la página web de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está el relato de los hechos. Allí se indica que la propuesta del presidente Zelaya, para proceder a una consulta, fue suspendida por el Juzgado Contencioso Administrativo el 27 de mayo. Dos días más tarde, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Contencioso aclara que la suspensión abarca tanto los actos tácitos o expresos, y cualquier cambio de denominación que se incorpore. El 1 de junio la Corte de Apelaciones decidió por unanimidad rechazar el amparo introducido por el presidente Zelaya. También se señala que el Presidente fue notificado tres veces para que se abstuviera de contravenir las decisiones judiciales.

También se informa sobre la orden a las Fuerzas Armadas para que decomisaran el material electoral, así como sobre la solicitud de juicio al presidente Zelaya (presentada el 25 de junio) por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Además, se informa sobre la comunicación enviada a todos los Presidentes de las Cortes Supremas de Centroamérica detallando estas actuaciones.

Todo esto era público y notorio. Es obvio que la delegación de la OEA en Tegucigalpa lo conocía. Se sabía que era probable un “choque de trenes”. Esas son las situaciones que pueden afectar el proceso político institucional democrático, tal como se señala en el artículo 18 de la Carta Interamericana.

Ese artículo también faculta al Secretario General y al Consejo Permanente, previo consentimiento del gobierno afectado, para que realice visitas y gestiones para resolver la crisis. ¿Se comunicó el Secretario General con el presidente Zelaya? ¿Se propuso para visitar el país y ayudar? Si lo hizo y no fue aprobado por Zelaya, ¿se comunicó con otros presidentes para que intercedieran? ¿Puede informar el Secretario General sobre sus intentos? Más aún, ¿por qué no se incluyó en la resolución del 26 de junio (dos días antes del golpe) que el Secretario General viajara inmediatamente a Honduras? Quizás dialogar con los actores hubiera evitado la crisis. La OEA fue negligente. No enfrentó con decisión los eventos. Los venezolanos sabemos mucho de esto. Es la misma negligencia que llevó al alcalde Ledezma a la huelga de hambre.

Politemas, Tal Cual, 8 de julio de 2009

Petroimperialismo

Todo el que conozca un poco de Honduras sabe el impacto que significan 1.000 millones de dólares para su población. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Honduras sólo supera a Bolivia, Guatemala y Haití. De manera que el efecto de más de dos semanas de inestabilidad política y restricciones comerciales no son buenas noticias para los hondureños, especialmente si nos referimos a la población en pobreza extrema, casi el 15% de la población total.

Esos 1.000 millones de dólares es el monto estimado en los proyectos que tienen financiamiento multilateral, como los del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, por mencionar sólo estas instituciones, así como los relacionados con la cooperación bilateral con Brasil para temas ambientales. Esta cooperación ha sido paralizada producto de la suspensión acordada por la OEA.

Honduras ha sido el escenario más reciente en el cual se ha expresado el alcance de una corriente expansionista en América Latina. Con la consigna del Socialismo del Siglo XXI, se ha repetido la fórmula venezolana, esto es, llegada al poder por elecciones, cambios institucionales producto de procesos constituyentes con poca consideración por los sectores opositores, eliminación del equilibrio de poderes, disminución de los mecanismos de transferencia de poder, entre otros aspectos.

Que la fórmula se haya acogido en otros países, como Bolivia y Ecuador, está fundamentado en el rol del petróleo como moneda de cambio en esta modalidad de imperialismo. El petróleo, si es utilizado sin mayores cortapisas, genera dependencia en los aliados. Petróleo barato es el anzuelo para mayores compromisos. Muchos de ellos políticos y diplomáticos. Es el petroimperialismo, muchas veces descarado, otras veces encubierto. Con la misión de copar el mayor espectro de influencia en la región. No otra es la función de Petrocaribe: darle soporte financiero a la estructura política representada por la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA).

Honduras era una “ficha” atractiva en ese tablero petroimperial. Hubiera sido el primer país centroamericano que aprobara una constituyente con estos objetivos. De allí la importancia asignada a la consulta de la cuarta urna y todo el apoyo otorgado, tanto político, como financiero y logístico. Claro está, las presenciales petroimperiales también tienen sus opositores. Para muchos latinomericanos no es “buen negocio” pasar del imperialismo del Norte, al petroimperialismo tropical liderado por el presidente Chávez. El rechazo a estas posiciones está en el fondo de la crisis hondureña de la actualidad. La complejidad de estos hilos hace suponer que no será fácil ni rápida la solución.

Politemas, Tal Cual, 15 de julio de 2009

La doble moral de la OEA

La crisis hondureña se profundiza. Tal parece, como el viejo dicho, que la sensatez se impondrá luego de que se hayan agotado todas las demás opciones. Signo evidente de que se ha avanzado mucho en la intención de dividir y polarizar a la sociedad hondureña. Todo ello no ha sido inesperado. Se venía incubando en los últimos años. Ante la actitud complaciente y hasta negligente de los organismos internacionales encargados de velar por la democracia, especialmente en nuestra región.

La OEA ha sido corresponsable de la crisis hondureña. No actuó cuando debía, luego actuó tarde, ahora se pone al lado de una conjunción internacional de actores para dejar muy mal parado el principio de libre determinación de los pueblos. El propio Secretario General, sin pensarlo dos veces, hace ver que la presencia de Zelaya “aumenta la tensión”, pero “también crea oportunidades”. Por favor. Para un país sometido en la última semana a las tensiones de un estado de sitio, con todas las dificultades inherentes a una crisis internacional, las palabras del Secretario General han debido sonar francamente huecas, hasta cínicas.

Lo cierto del caso es que la OEA la tomó con Honduras. Varias sesiones extraordinarias del Consejo Permanente en los últimos días demuestran que tal interés. No es para menos. Ahora que las cosas tienden a complicarse, es buena la oportunidad para promover el diálogo y el acercamiento. Siempre que ello no signifique tratar de imponer situaciones que desconozcan los argumentos de todas las partes involucradas. Todo eso está bien.

Lo que llama la atención también son los “silencios” de la OEA. Pareciera que el organismo no puede identificar otros tipos de crisis que afloran con mayor complejidad y que afectan la gobernabilidad democrática en la región. Todas ellas surgidas de la antítesis de un gobierno democrático. Basadas en la exclusión de otros sectores.

En Argentina el gobierno que acaba de perder las elecciones al parlamento, se empeña en aprobar una ley de medios que cuenta con amplio rechazo de los sectores opositores. Contraviniendo una vieja costumbre de que las mayorías deben respetarse y dejarlas actuar, se insistió en apretar el ritmo legislativo y aprobar la ley incluso con el retiro de la bancada opositora. Ante todo ello la OEA hizo mutis.

En Ecuador se arremete contra los medios desde el Poder Ejecutivo. También se aspira aprobar una legislación que provoca rechazo de los indígenas. La tensión política se lleva a las calles y se plantean manifestaciones de protestas. Ante todo ello no se escucha ni siquiera un alerta por parte de la OEA.

En Venezuela decenas de estudiantes realizan huelga de hambre para protestar por las injusticias que han llevado a muchos venezolanos a la cárcel, por disentir de la posición del gobierno. Deciden hacerlo en la sede de la OEA en Caracas. Para pedir al organismo que intervenga y solicite, al menos formalmente, la visita de una misión que explore las violaciones de los derechos políticos en Venezuela. Sobre eso tampoco se expresa la OEA. Ni una palabra.

La OEA calla en todas estas últimas ocasiones. Esos silencios dicen mucho sobre los prejuicios de sus representantes. Ya sabemos que detrás del sectarismo viene el aumento de las tensiones políticas. Y después viene el sufrimiento de la sociedad entera. La OEA sabe todo eso y calla. Es bueno no olvidarlo. Cuando renazca la libertad plena habrá que convertir a la OEA en un organismo de defensa y mejora de la democracia. Habrá que dotarlo de una sola moral.

Politemas, Tal Cual, 30 de septiembre de 2009

En el espejo de Cuba

En las últimas semanas la “revolución” ha mostrado con más claridad sus objetivos. Se trata de convertir a Venezuela en la nueva Cuba. Una cosa es que las realidades sean diferentes, que medien cincuenta años. Todo eso es verdad. Pero no deja de serlo que el actual gobierno quisiera que las cosas en Venezuela fueran como son en Cuba. Por una parte, un gobierno autocrático, eterno, de partido único, con un liderazgo personalista indiscutido. Que el actual gobierno “tenga que soportar” a sectores que lo adversan en todos los campos, no lo hace democrático. La democracia requiere respeto y consideración con el adversario político. Nada más alejado de la visión del actual gobierno.

También el gobierno quisiera que pudiera manejar la economía al “estilo cubano”. Todo, de verdad todo, en manos del Estado, vale decir, en manos de los gobernantes de turno. Sin ningún respeto por la propiedad privada, ni por el Estado de Derecho, ni por las reglas que promueven la productividad de los países. Todos los trabajadores dependiendo del Estado, teniendo que rendir pleitesía al gobierno por cada “beneficio” recibido.

Cuba tiene el gobierno que se adapta a la concepción marxista-leninista de la revolución. Un gobierno comunista. El único de América. Pero es el tipo de gobierno que constituye el ejemplo a seguir por los responsables de la “revolución” venezolana. No hay que darle muchas vueltas al asunto. En ese tipo de gobierno, cerrado, personalista, con la sociedad anulada, es donde pueden expresarse las concepciones que la élite dominante tiene sobre la política.

Lo que oculta el actual gobierno son las reales condiciones en las cuales se debate la vida en Cuba. En el año 1958 Cuba ocupaba el tercer lugar en la región cuando se examinaba el PIB per cápita. Luego de cincuenta años de revolución, el balance es decepcionante. La economía cubana hoy en día es una de las más rezagadas en el continente. Por ejemplo, la fabricación de abonos, textiles, zapatos, jabón, disminuyó más de 85% entre 1958 y 2007. Algo similar sucedió con la producción de azúcar, de 8 millones de toneladas en 1958 a 1,2 millones de toneladas en 2007. La zafra de este último año fue la peor desde 1903. El rendimiento industrial del sector azucarero disminuyó casi 25% en el período señalado. La producción de tabaco, café, frijoles, carne de vacuno, carne de aves, leche y cabezas de ganado era menor en 2007 a la de 1958.

En la primera década del Siglo XXI, Cuba no tiene mucho que ofrecer en términos de producción e innovación. La economía cubana se encuentra en proceso de regresión en muchas áreas, sin dinamismo, sin inversiones. Más grave aún es la consecuencia en el bienestar de los ciudadanos. Quizás por eso es que para la gran mayoría de los venezolanos, Cuba no es el ejemplo a seguir.

Politemas, Tal Cual, 9 de junio de 2010