Candidatos y ...programas

A partir del próximo martes 5 de agosto se inscribirán los candidatos a alcaldes y gobernadores. Tendrán hasta el 12 de agosto para formalizar tal inscripción. La polémica se ha centrado en quiénes serán y quiénes los postulan. Menos detalle se le ha prestado a qué presentarán en sus programas de gobiernos.

En su columna del pasado lunes en El Nacional, Elías Santana señalaba “el día que cada candidato a alcalde se inscriba, será obligatorio que registre un programa de gobierno”. Tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). Más adelante, Elías indicaba: “para que la gente pueda comparar la oferta, los compromisos”.

En efecto, la LOPPM indica en el artículo 86: “los candidatos a alcalde o alcaldesa deberán someter de manera pública a la consideración de los electores, los lineamientos de su programa de gobierno que presentará al momento de la inscripción de la candidatura para su registro en el organismo electoral respectivo, que lo difundirá a través de su portal electrónico u otro medio idóneo. El alcalde o alcaldesa electo o electa, incorporará los lineamientos generales del programa presentado para la gestión, en la propuesta del respectivo plan municipal de desarrollo”.

Lo anterior es bastante claro. Cada candidato a alcalde o alcaldesa debe presentar los lineamientos de su programa de gobierno. Tales lineamientos deben ser lo más completo posible, por cuanto también serán incorporados en el plan municipal de desarrollo. Los legisladores han enfatizado el proceso que vincula lo que se ofrece con lo que se debe cumplir. 

Ahora bien, ¿qué se considera unos adecuados lineamientos de programa de gobierno? ¿Cuáles son los puntos que los electores pueden tomar en cuenta para analizar la calidad y pertinencia de los lineamientos? Proponemos algunos criterios.

Los lineamientos deberían incluir, en primer lugar, las razones de la candidatura. Se espera que se diga con claridad cuál es la situación del municipio. En esas razones será posible apreciar el grado de conocimiento que tiene el candidato de las realidades de su municipio y el contacto directo que tiene con sus problemas.

No bastan las razones. Acto seguido se debe discriminar los principales problemas del municipio. Podría enunciarse una lista corta de problemas. Quizás entre tres y diez sea un número razonable. Lo importante es que se indique que son problemas de la gente. Por ejemplo, es más directo señalar problemas como “el número creciente de actos de violencia”, “el bajo número de empleos creados en el municipio”. También se debe indicar la magnitud del problema así como su evolución en los últimos cuatro años, al menos. 

No basta enunciar los problemas. Para cada uno de ellos se deberá decir cómo se aspira mejorarlos en el plazo de la gestión. Se deberá indicar cuál es el resultado esperado. Por ejemplo, “reducir los delitos contra las personas en 50%”. Para cada una de estas metas se deberá indicar la política, programa o intervención que garantiza estos resultados. Por cada una de estas alternativas se deberían incluir los objetivos y las instancias involucradas. Sería ideal que cada meta sea cuantificada por cada uno de los años de la gestión.

También los lineamientos deben indicar los recursos con que se cuenta. Sea ellos de la alcaldía o los nuevos que se proponga recaudar. En esta sección se podrá apreciar el grado de conocimiento que tiene el candidato sobre la institución que aspira dirigir. 

Cuando tengamos todos estos lineamientos y el CNE cumpla con su responsabilidad de difundirlos, comenzará una campaña electoral centrada en los problemas de la gente. Será una buena oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 30 de julio de 2008

Muchos recursos, poca calidad

En la medida que las sociedades son más abiertas y exigentes, en esa misma medida crece la demanda a los gobiernos para prestar mejores servicios. Ya no basta con aumentar el número de servicios, en términos, por ejemplo, de escuelas construidas, camas de hospitales disponibles, patrullas de policía incorporadas, o sentencias dictadas por los jueces. Es más complejo que eso. Se trata de atender con la mayor calidad posible cada una de esos servicios.

En el caso de la salud se trata de la atención oportuna, con diagnóstico certero, con la menor molestia al paciente, y en el menor tiempo de recuperación posible. En la educación el objetivo es garantizar el aprendizaje de los contenidos, así como la incorporación de prácticas ciudadanas. En la seguridad el objetivo es prevenir delitos, y evitar pérdidas de vidas y bienes. Si no hay cambios en los resultados de esa prestación de servicios, mal puede decirse que se han resuelto los problemas. Los gobiernos pueden hacer gastos, muchas veces dispendiosos, de recursos sin tener impacto en las condiciones concretas de la vida de las personas.

Todo lo anterior lo saben las personas, no importa su nivel de información o preparación. No se necesita ser un gran experto para saber si el hospital funciona, si la escuela sirve para aprender, si la policía evita delitos. Todos los que han estado en esas instituciones tienen bases para opinar. 

En la última encuesta de Latinobarómetro (2010) se pregunta a los entrevistados por su satisfacción por el funcionamiento de servicios públicos, especialmente hospitales, escuelas, policía, justicia, y de expedición de documentos de identidad. En Venezuela los peores catalogados son los servicios de policía y de justicia. Menos del 33% de los entrevistados expresó satisfacción con estos servicios. En el caso de la salud el porcentaje de la población satisfecha fue 36,8%. En los servicios de educación pública el porcentaje de satisfacción fue 58,5%. En la expedición de los documentos de identidad, el porcentaje de satisfacción fue el más alto (63,7%).

Lo deseable sería que estas diferencias en la apreciación de los servicios fueran mucho menores. Que la magnitud de la brecha, especialmente la relacionada con los servicios de protección ciudadana, fuera también menor. Una meta de 80% de satisfacción, deseable por las exigencias que plantea, no es alcanzada en este momento por ninguno de los servicios públicos mencionados. 

Todo lo anterior es más decepcionante cuando sabemos que en el caso venezolano no es la falta de recursos el factor fundamental. El caudal de recursos de la venta de petróleo no suple las incompetencias y la ausencia de buenas políticas. Ojalá que en tiempos de elecciones municipales, la calidad de los servicios se convierta en factor preponderante a la hora de votar.

Politemas, Tal Cual, 25 de septiembre de 2013

La incompetencia local

Ya bastante grande es la incompetencia del gobierno nacional. Desde los innumerables fracasos en las políticas de seguridad, pasando por el “premio” a la economía con la mayor tasa de inflación en América, hasta el deterioro de los servicios de educación, salud, solo para nombrar algunos. Lo que es menos conocido es la magnitud de la incompetencia de la gestión oficialista en los niveles locales de gobierno, más específicamente en los municipios.

Lo establecido en la Constitución de 1999 se percibe distante al comparar con la realidad de nuestros municipios. Brilla por su ausencia lo que el texto constitucional explicita sobre la vida local, especialmente al señalar la importancia del Municipio para la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, así como en la dotación y prestación de servicios. En todas las competencias municipales señaladas en la Constitución, es decir, ordenamiento urbano, circulación y transporte, espectáculos y publicidad, ambiente y saneamiento, servicios sociales, servicios públicos domiciliarios y funerarios, justicia de paz y policía municipal, lo que se aprecia es un deterioro persistente para generar satisfacción a los ciudadanos.

La gran mayoría de los municipios (más del 85% de ellos) han estado en manos del oficialismo desde las elecciones de 2008 (aproximadamente 280 alcaldías). Un número suficiente para marcar la diferencia. Sin embargo, datos de Latinobarómetro del año 2010 indican que la mayoría de los venezolanos (55%) expresa insatisfacción con los servicios municipales. La cifra está por encima del promedio para toda la Región. La insatisfacción por los servicios de transporte y la recolección de basura (ambas competencias municipales) también es mayoritaria. En este último caso, la insatisfacción es similar a la de países de menor desarrollo relativo.

No es posible obtener otro resultado. El diseño constitucional ha sido contrariado en la práctica de los gobiernos municipales. El centralismo autoritario del Ejecutivo Nacional ha cercenado las competencias municipales. El gobierno nacional ha sido incapaz de coordinar y trabajar en equipo. No está en su mentalidad, ni en su vocación. Tampoco se ha contado con los recursos establecidos por las normas legales, ni mucho menos con las posibilidades de intercambio y acompañamiento de las gestiones municipales.

El actual gobierno nacional ha limitado la solución de los problemas locales y despreciado a los gobiernos municipales, y por ende, a sus habitantes. Los alcaldes de toldas políticas adversas al oficialismo han sido obstaculizados hasta el cansancio. Este desencanto ciudadano debe servir de estímulo para presentar una oferta unitaria, centrada en los problemas de cada localidad, vinculada a reales posibilidades de progreso y bienestar. El 8D es la gran oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2013