Mejor protección social para tener mejores empleos

Una tendencia, más predominante que lo deseable, propone que la protección social es el resultado de tener empleos de calidad. La lógica de esta tendencia se fundamenta en la generación de recursos que traen consigo esos empleos de calidad. Las mayores remuneraciones se reflejan en mayor capacidad para pagar contribuciones de trabajadores y empleadores. Y entonces, con esas contribuciones el Estado puede garantizar la cobertura de la protección social.

Desde esta perspectiva, es tarea del sector privado promover esos empleos de calidad (es decir, formales) a través de las inversiones respectivas, sean con fondos propios (de los empresarios) o con el acceso a créditos en el sector financiero. Y el rol de Estado es encargarse de la gestión adecuada de los servicios de protección social.

La realidad demuestra tercamente que esa lógica no funciona. En América Latina, por ejemplo, lo que predomina es la informalidad, es decir, empleos de la menor calidad. Según una publicación reciente de la OECD, en 15 países de la región (sobre un total de 19 incluidos en el análisis) la proporción de empleos informales es superior al 50% del total de empleos. En Haití, Bolivia, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, la proporción de empleos informarles es superior al 80%. Solo en Uruguay y Chile esta proporción es menor a 30%.

La publicación señalada se une a las propuestas ya abundantes en la experiencia comparada que argumentan la necesidad de invertir los factores. Esto es, que la implementación de mejores sistemas de protección social es una vía más efectiva para la creación de mejores empleos.

La razón es bastante clara. Los costos de creación de empleos (por los aportes que deben hacer las empresas a los organismos de seguridad social), reducen la posibilidad de que se puedan hacer las inversiones que produzcan nuevos empleos. Tan sencillo como eso. Lo que procede es más bien flexibilizar los mecanismos para crear empleos, es decir, eliminar los pagos a la seguridad social por parte de trabajadores y empresas. El incentivo de las empresas es que esos nuevos empleos formen parte del círculo virtuoso de creación de riqueza.

Ahora bien, si se reducen estos costos a las empresas y trabajadores, ¿cuál sería la forma de financiar los servicios de protección (por ejemplo, pensiones, beneficios por incapacidad, salud, entre otros)? La propuesta reiterada en la publicación de OECD se basa en dos reformas fundamentales. La primera es eliminar la división de la protección social entre trabajadores informales y formales. Esto significa que toda la población tendría los mismos derechos de protección social (independientemente de su condición laboral).

La segunda reforma, consecutiva de la anterior, consiste en definir que la fuente para financiar la protección social universal se deriva de los ingresos fiscales, esto es, de los impuestos generales que se recaudan todos los años en los niveles nacionales de los países. Es a partir del conjunto de estos impuestos que se pueden financiar y programar los servicios de protección social en el tiempo. Esto repercutiría en una mayor flexibilidad de las empresas para crear más empleos formales.

Estas reformas tienen considerables restricciones en los países. En primer lugar, porque son mecanismos que promueven la inclusión en sociedades muy segmentadas como las de América Latina. En la práctica esto significaría la reformulación de los acuerdos sociales, muchos de ellos con siglos de evolución. Y la segunda gran restricción es la dificultad de acordar sobre los medios y lapsos para financiar la protección social en sociedades que envejecen a un paso acelerado. Estas dos reformas, en la práctica, constituyen la prueba más exigente para los liderazgos políticos de la región en las próximas décadas. Lamentablemente, no hay muchos indicios de que estos temas estén en la agenda del futuro en la región. Lamentablemente, hay que insistir.

Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2025

Desempleo tecnológico

En 1930, John Maynard Keynes se atrevió a visualizar el tipo de economía que se podría tener un siglo después. Lo escribió en el célebre ensayo “Economic possibilities for our granchildren”. La primera idea del ensayo era disentir de la posición que señalaba que el progreso de la humanidad había cesado y que el ritmo de mejoras en el bienestar también había disminuido. Keynes argumentó más bien su optimismo por las nuevas fronteras de progreso que se le abrían a la humanidad. Consideraba que un siglo después el mundo alcanzaría el estado en que se resolvería “el problema económico”.

Para Keynes, en 2030 el capital de la economía mundial habría crecido “siete veces y media”, suficiente para que el bienestar de las personas creciera entre “cuatro y ocho veces”. Señalaba Keynes que tales magnitudes permitirían a la humanidad resolver el problema económico. Y luego de alcanzar ese nivel, sigue Keynes, se produciría la pérdida de empleos por razones de desarrollo tecnológico. Es decir, personas perderían los empleos porque se habría producido un gran aumento en la creación de tecnologías. Sin embargo, esas pérdidas de empleo no representarían un gran problema: como se había resuelto el problema de la creación de riqueza, entonces se podrían tener trabajos de menos horas, se necesitaría trabajar menos tiempo para tener acceso a los bienes que derivarían de ese crecimiento. A ese fenómeno, Keynes identificó como “desempleo tecnológico”.

Poco menos de cien años después de este ensayo de Keynes, el mundo está presenciando cambios compatibles con lo pronosticado. Aunque la economía ha crecido más de ocho veces, es muy cierto que se ha producido un desplazamiento de empleos por la creación de nuevas tecnologías. Es verdad que se han generado nuevos tipos de empleos, pero no queda muy claro si esos empleos pueden ser desempeñados por todas las personas. En algunos países se ha producido una mayor automatización de los empleos, hasta el punto que se han empezado a implementar programas de “ingreso básico universal”, es decir, una asignación mensual que es independiente de la realización de un trabajo.

En todo este contexto, coloquemos la mirada en Venezuela. Las perspectivas que se le abren a una economía en franco proceso de destrucción son para empezar las peores para crear riqueza. A ella habría que sumar que la salida de recursos humanos del país, muchos de ellos con altos niveles de preparación, compromete la capacidad de crear riqueza en el mediano plazo. Y para remate, si los procesos de automatización, que avanzan a ritmo impresionante en países como Estados Unidos y China, van a traer como consecuencia el desplazamiento de empleos, entonces, ¿cómo quedaría nuestro país cuando está perdiendo calidad de empleos por todos los frentes? Es evidente que si hay algún país que está en estado de desprotección con respecto al desempleo tecnológico, ese es Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 11 de octubre de 2017

Trapiche de ilusiones

Si alguna obligación tienen los gobiernos con el futuro, es crear empleos de buena calidad para los jóvenes. Se trata de abrir dos tipos de espacios. El primero es la incorporación de los jóvenes al proceso productivo, a la creación de nuevos bienes, nuevas tecnologías o nuevos servicios. El segundo está relacionado con la pertenencia a la sociedad. Es una invitación a participar activamente en la construcción de los nuevos retos de los países. Es la demostración concreta del aprecio y necesidad para que las nuevas generaciones tomen su puesto en las responsabilidades y obtengan los beneficios de su compromiso.

Cuando los gobiernos no son capaces de generar puestos de trabajo para los jóvenes, abren la puerta a dos efectos contraproducentes. En primer lugar, la migración de recursos humanos, muchas veces los más calificados. En segundo lugar, se fomenta el escepticismo y el desencanto en los que se quedan. Los jóvenes empiezan a sentir que sus países no les ofrecen el espacio adecuado para desarrollar todo su potencial. 

En el desempleo juvenil se combinan claramente las consecuencias de las economías de bajo desempeño con las fallas del sistema educativo. Hay jóvenes desempleados porque los que estudian no consiguen trabajos adecuados, pero también porque dejaron antes el sistema educativo y deben acudir a un mercado laboral sin muchas opciones. Por esta razón se ha señalado que el desempleo juvenil es otra forma de decir exclusión social.

Según la OIT (2004), los jóvenes desempleados representan el 47% del desempleo total, a pesar de que representan solamente el 25% de la fuerza laboral. Sin embargo, en los países en desarrollo la tasa de desempleo juvenil es cuatro veces mayor que la de los trabajadores de mayor edad. En el caso de los países desarrollados la tasa de desempleo juvenil es sólo dos veces mayor que los trabajadores de mayor edad. Los jóvenes trabajadores también tienen más probabilidad de trabajar más horas, de no tener contratos formales y de no contar con protección social. 

El caso de Venezuela ilustra con claridad la incapacidad para incorporar el empleo juvenil en una estrategia general de desarrollo. Ya sabemos el bajo desempeño de nuestro país en la creación de empleo de calidad. En el caso del empleo juvenil, se repite la constante. De acuerdo con cifras recientes de la OIT (2005), en el año 1993 tuvimos la tasa de desempleo más baja del período 1990-2005. Esto es, 6,8% de desempleo. Para ese año la tasa de desempleo juvenil (de personas entre 15-24 años) fue 13%., también la más baja del período.

La revisión de las cifras de los últimos siete años indica que el gobierno del Presidente Chávez no le ha otorgado ninguna prioridad al empleo de calidad, y mucho menos en el sector juvenil. En el primer año del gobierno actual (1999) aumentó el desempleo juvenil casi en 5% para colocarse en 26,6%. Incluso con la recuperación económica del año 2004 el desempleo juvenil alcanzó 27,5% (seis por ciento más que en 1999 y más de doble del desempleo juvenil del año 1993).

El fracaso en la creación de empleo de calidad para los jóvenes expresa tres grandes deficiencias de las políticas del actual gobierno. En primer lugar, no puede haber empleo para los jóvenes cuando la sociedad no crea empleos productivos para ningún grupo de la fuerza laboral. La desaparición de empleos de asalariados es una demostración clara de este aspecto. En segundo lugar, no puede haber demanda de personal especializado cuando se excluye al 85% de la población de la educación secundaria formal. En tercer lugar, no puede disminuir el desempleo juvenil cuando no existen programas masivos de reentrenamiento con posibilidades de inserción en puestos de trabajo productivo. Con estas deficiencias, el gobierno del Presidente Chávez seguirá triturando las ilusiones de los jóvenes venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de noviembre de 2005

Mucha "revolución", poco empleo

No hay bienestar duradero sin empleo de calidad. En muchos países, el tema crítico de la agenda pública es justamente cómo fortalecer las condiciones que permitan crear más y mejores empleos. Los empleos decentes, como los denomina la Organización Internacional del Trabajo, son aquellos que permiten contar con buenos salarios y un adecuado régimen de protección social. Estos empleos también elevan la competitividad general del país. Y de esa manera, se atraen más inversiones que a su vez crean mejores empleos. Un circulo virtuoso de productividad y bienestar.

Los empleos decentes se encuentran generalmente en el sector formal de la economía. Es decir, el sector de empresas grandes, medianas o pequeñas, que combina la especialización de tareas, uso adecuado de tecnologías, y estabilidad y protección para los trabajadores. Es el sector de los llamados asalariados. En la medida que una sociedad tenga más trabajadores en el sector formal aumenta las posibilidades de generar ese círculo virtuoso.

No hay que ir muy lejos para conocerlo. La economía chilena ha fundamentado mucho de su auge de los últimos quince años en el fortalecimiento del empleo formal. De acuerdo con cifras de CEPAL, en 1990 Chile tenía 2,5% de su fuerza laboral clasificada como empleadora, es decir, aquellas personas que crean empleos para otros. Para el mismo año Chile tenía 75% de su fuerza laboral clasificada como asalariados y 22,5% como trabajadores por cuenta propia. En este último grupo se encontraban un 20,6% de trabajadores no profesionalizados, vale decir, con grandes posibilidades de formar parte del sector informal. 

Para el año 2003 los empleadores en Chile habían alcanzado el 4,1% de la fuerza laboral (un aumento de 64%). Al mismo tiempo aumentó ligeramente el porcentaje de asalariados, a 75,5% de la fuerza laboral. Pero lo más significativo es que el aumento de los empleadores se realiza a expensas de la disminución de los trabajadores por cuenta propia, y especialmente de la disminución relativa de los trabajadores no profesionalizados. Estos trabajadores pasaron a representar el 15% de la fuerza laboral (una reducción del 27%). En otras palabras, Chile tiene más empleadores y menos trabajadores en el sector informal. No por azar Chile experimenta hoy una de las tasas de crecimiento sostenido más significativas de la región y una diversificación sin parangón en sus productos de exportación. Tampoco es de extrañar que Chile haya alcanzado ya la meta de reducción de pobreza extrema prevista para el año 2015.

Venezuela, por su parte, es la cara opuesta de la moneda. En 1990 teníamos 7,5% de la fuerza laboral clasificada como empleadora. También teníamos un 70% de asalariados y 22,5% de trabajadores por cuenta propia, de los cuales un 21,4% eran considerados como no profesionalizados. Teníamos más empleadores que Chile y una proporción similar de trabajadores en el sector informal. 

Para 1999 habíamos perdido 13,1% de trabajadores asalariados y habíamos reducido los empleadores a 5,1%, con un consiguiente aumento de los trabajadores por cuenta propia (a 36,9%), muchos de los cuales (35,3%) son no-profesionalizados. 

La tendencia del deterioro de nuestro sector formal continuó para el año 2003. Los asalariados perdieron 4,5% para situarse en 53,4%. Los trabajadores por cuenta propia aumentaron a 41,6%, con 39,6% en el grupo de los no-profesionalizados.

En los años de la “revolución” se ha agravado el panorama del empleo en Venezuela. Hemos perdido empleos de asalariados por causa de políticas públicas que no promueven la inversión y la sostenibilidad institucional requerida. El país ve con preocupación y angustia que las posibilidades de bienestar se alejan en la medida que la administración del presidente Chávez debilita nuestro aparato productivo y destruye empleos formales. El país sabe que vivimos una revolución de palabras.

Politemas, Tal Cual, 2 de noviembre de 2005

Inseguridad social

Si hay un aspecto que demuestra con claridad el gran fiasco de la administración Chávez, es la seguridad social. Esto es especialmente crítico en la protección de las pensiones y de la salud. Luego de casi siete años de gobierno, lo que se observa es un camino lleno de fracasos y retrocesos. La incapacidad para diseñar e implementar un cambio profundo de nuestros sistemas de pensiones y de salud ha sido sencillamente monumental.

El primer gran fracaso lo constituyó la Ley Habilitante del año 1999. En aquel momento la administración Chávez contaba con el apoyo popular derivado de la elección de 1998. También contaba con la habilitación del Congreso Nacional de la época. Con esas dos grandes condiciones a favor, el gobierno fue incapaz de elaborar una propuesta de reforma. Las luchas intestinas en el gobierno impidieron presentar al país una propuesta coherente que estableciera un sistema de seguridad social amplio y moderno. En octubre de 1999 (hace ya seis años), el gobierno simplemente señaló que dejaba ese tema de especial trascendencia para la Asamblea Nacional a elegirse a mediados de 2000.

Se eligió la Asamblea Nacional. Se creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Social (CPSS). En junio de 2001 la CPSS envió a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que hacían de esta reforma la más cara e ineficiente en toda América Latina. A finales de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). Toda una oda a la inviabilidad. El segundo gran fracaso es que luego de más de cinco años el gobierno (con mayoría en la Asamblea Nacional) no se ha producido ninguna de las legislaciones específicas, ni en las pensiones, ni en el sistema de salud. Peor aún, las propuestas favorecidas por el Ejecutivo lo que harían es empeorar las cosas.

En estas circunstancias no debe extrañar las cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Panorama Laboral 2005 de América Latina y el Caribe. La cobertura de pensiones y salud de los venezolanos se ha reducido casi 13% entre 2000 y 2004 en toda la población laboral. Pasamos de tener 69,9% de cobertura en 2000 a 57% en 2004. En la población masculina la reducción es de 12% y en las mujeres 14%. 

La reducción de la cobertura afectó tanto a los que trabajan en el sector formal como a los que trabajan en el sector informal en el período señalado. En el sector formal la protección de pensiones y salud disminuyó de 81,3 a 72,2% del total de trabajadores. En el sector informal la protección de pensiones y salud disminuyó de 27,6 a 15,5%. De manera que actualmente uno de cada cuatro trabajadores en el sector formal no tiene protección de pensiones y salud. En el caso de los trabajadores informales, no tienen protección ocho de cada diez.

Las evidencias indican que en la administración Chávez se ha agudizado la pérdida de empleos en el sector formal de la economía. Han disminuido los asalariados y han aumentado los trabajadores no profesionalizados por cuenta propia. De tal manera que si algo ha estado claro en Venezuela, es que el actual gobierno no tiene ningún interés en crear empleos de alta calidad, aquellos que generan la mayor productividad y riqueza.

Lo que ahora también está claro es que la administración Chávez ha aumentado la inseguridad social incluso de los trabajadores en el sector informal. La disminución de la cobertura de prestaciones fundamentales para todos los trabajadores venezolanos, indica que estamos en presencia de un gobierno que prefiere la disminución de beneficios, que no está preocupado por fortalecer la protección social, que deja al azar lo que son derechos inalienables de todos los ciudadanos: la protección de largo plazo (pensiones) y la protección para las contigencias de salud y enfermedad. No queda duda de que estamos en presencia de un gran fiasco.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2005

Ni el original, ni la copia

El desarrollo integral supone la creación de empleos de buena calidad. El reto de los países es combinar los factores que favorezcan el círculo virtuoso entre inversión y formación de mejores puestos de trabajo. En la medida que se cuente con ciudadanos educados, capaces de interactuar efectivamente para usar y crear conocimiento, será posible que las sociedades alcancen estadios superiores de bienestar. Es evidente, sin embargo, que estos ciudadanos educados requieren contar con nuevos trabajos en los cuales incorporarse. Y que para crear esos trabajos es fundamental contar con empresas (grandes, medianas, y pequeñas) que decidan realizar la inversión requerida.

En muchos países no se combinan adecuadamente los factores que crean empleos de buena calidad. Venezuela es uno de ellos. Desde el año 1999, de acuerdo con CEPAL, nuestro país ha perdido más de 6% de empleos de alta y moderada productividad. Para el año 2003 casi el 60% de nuestros puestos de trabajo eran de baja productividad. 

Lo anterior merece una reflexión bien seria. Sin embargo, lo más preocupante es la clara tendencia del gobierno del Presidente Chávez para imitar, muchas veces sin mayor análisis, las limitaciones estructurales de modelos que han fracasado en la creación de buenos empleos. Entre estos modelos el gobierno actual ha tenido especial predilección por Cuba. 

Independientemente de las restricciones externas e internas que ha confrontado Cuba, el balance, después de casi cincuenta años, no es nada halagador. En un análisis reciente, publicado por el Profesor Carmelo Mesa-Lago en la Revista de la CEPAL (agosto 2005), disponible en www.eclac.cl, es posible identificar aspectos poco conocidos del empleo en Cuba.

Lo primero que llama la atención es la alta cifra de desempleo. En 1997 CEPAL estimó el desempleo equivalente en 25,7%. (esto es 7% de desempleo abierto más 18,7 % de subutilización). Los puestos de trabajo creados a finales de la década de los noventa eran de menor productividad que los creados en el período 1975-1989. Entre 2001 y 2002 se redujo la ocupación en el sector no estatal de 23,4 a 20,8%. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en Cuba se encontraba en 21% entre 1998-2000.

Desde el año 2001 el gobierno cubano concentra grandes esfuerzos en la reducción del desempleo a través de programas de “pleno empleo” y “empleo de estudio”. A través de distintas modalidades, tales como, empleos de jornada parcial, cursos nocturnos con remuneración, becas en la educación superior, y programas de estudio como empleo, se ha logrado incorporar más de 750.000 personas, lo cual representa el 16% de la población económicamente activa. Es evidente que la ocupación de estas personas no representa creación de nuevos y mejores empleos. Constituye más bien un mecanismo de mayor intervención del estado en la economía. 

Lo más llamativo es que la estrategia cubana de creación artificial de ocupación, ha sido replicada por el gobierno del Presidente Chávez. Las Misiones, específicamente aquellas que ofrecen becas por estudio, tienen como efecto colateral la reducción de la desocupación. Paralelamente el país no está realizando la inversión requerida para generar nuevos y mejores empleos. Al final del camino queda claro que la reducción temporal de la ocupación no significará la creación de empleos más productivos.

Al igual que en Cuba, Venezuela confronta una crisis profunda en la creación de empleos de buena calidad. La similitud de las estrategias seguidas por ambos gobiernos conduce al mismo punto: el deterioro progresivo del aparato económico en un contexto de baja atracción de inversiones generadoras de nuevos procesos, tecnologías, manufacturas, y servicios. En este caso, ni el original ni la copia apuntan a la solución.

Politemas, Tal Cual, 5 de octubre de 2005

Discriminadas, sin trabajo decente

El mundo comprendió tarde el amplio efecto de las mujeres en el desarrollo. A mediados de los setenta se creía que el mayor factor de progreso era el ingreso de las familias. Hasta que se encontró que la mortalidad infantil era mayor en las familias cuyas madres tenían menor nivel educativo. Este hallazgo, sorprendente por lo sencillo, extraordinario por sus repercusiones, contribuyó a cambiar el rol de las mujeres en el desarrollo. 

Hoy sabemos que las mujeres modelan muchas de las conductas de sus hijos y de sus familias. Que a través de ellas se propagan más eficazmente los beneficios de la información y de la educación. Que una sociedad será desarrollada en la medida que sus mujeres alcancen los mayores niveles de bienestar. Pero también sabemos que para hacer eso, las mujeres necesitan un trabajo decente.

El informe reciente de Naciones Unidas, “Objetivos del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe” (www.eclac.org), analiza los avances de los países en el cumplimiento del Tercer Objetivo del Milenio, esto es, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. La meta propuesta para el año 2015 es eliminar las desigualdades entre los géneros, especialmente en la educación. 

El documento analiza las desigualdades de género en tres aspectos: educativo, laboral y político. Debe mencionarse, sin embargo, que el documento expresa que las desigualdades abarcan otros ámbitos, tales como: el acceso a los recursos productivos, el manejo del hogar, las múltiples formas de violencia contra la mujer, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

Los avances en la equidad de género han sido mayores en el ámbito educativo. Para el año 2001, todos los países de la Región, con la excepción de Guatemala, Granada y República Dominicana, habían alcanzado la igualdad de género en la educación primaria, es decir, igual proporción de niños y niñas matriculados en este nivel. En la educación secundaria, todos los países, esta vez con la excepción de Guatemala, Anguila, y Perú, también habían alcanzado la igualdad de género. En la educación de tercer nivel el riesgo es más bien que se produzca discriminación del género masculino. 

Los avances en el campo educativo, sin embargo, no se trasladan al mercado laboral. Para el año 2001 sólo Honduras, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile, tenían más de 40% de mujeres trabajando en el sector no agrícola (sobre el total de empleados en este sector). En 13 de los 17 países analizados las mujeres ocupan empleos de poca productividad en mayor proporción que los hombres, cuando se comparan los empleos en las zonas urbanas. Más aún, las mujeres tienen menores ingresos que los hombres, independientemente de su nivel educativo y del tipo de empleo.

En Venezuela las mujeres tenían (en 2001) el 39,6% de los empleos en el sector no agrícola (poco más de cuatro puntos con respecto a 1990). Casi 60% de las mujeres con empleo se desempeñan en trabajos poco productivos (proporción similar a la de los hombres). Llama la atención, sin embargo, que el ingreso de las mujeres venezolanas con trabajos poco productivos sea 50% menor al de los trabajadores de sexo masculino.

Los avances educativos de las venezolanas se están estrellando contra una gestión gubernamental que no crea trabajos decentes. Que asume el desarrollo sin la productividad. Que promuevc la exclusión y la discriminación en el mercado de trabajo. Que no ha entendido que la solución permanente de la pobreza pasa por liderizar un esfuerzo nacional por el empleo productivo. Las mujeres venezolanas ya saben esto de sobra.

Politemas, Tal Cual, 13 de julio de 2005

Por dos millones de empleos decentes

No hay salida de la pobreza sin empleos decentes. La única forma de promover el bienestar es garantizando la inversión que produzca empleos de calidad. Estos empleos garantizan la protección social del trabajador y sus familias. También generan ingresos vinculados a la productividad y al reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Finalmente, promueven la actualización de las capacidades de los trabajadores, así como la utilización de nuevas tecnologías. 

El gobierno del presidente Chávez ha sido un estruendoso fracaso en la promoción de empleos decentes. Estimaciones del Equipo Acuerdo Social, basadas en datos oficiales, indican que en este año casi seis millones de venezolanos subsisten gracias a lo que logran realizar en el sector informal de la economía. Venden una cosa hoy, otra mañana. Nada que se asemeje a un empleo con salario estable y adecuadas condiciones. Otro millón de venezolanos ni siquiera tiene eso: se encuentran desempleados. En total, siete millones de compatriotas no tienen empleos productivos.

En los ocho años del gobierno del presidente Chávez apenas se ha creado la mitad de los empleos decentes que necesitamos. Con el agravante de que muchos de ellos se han generado en el sector público, probablemente aumentando las tradicionales limitaciones de la burocracia oficial. 

Si los gobiernos deben velar por las mejores condiciones para sus ciudadanos, entonces, la promoción de la creación de empleos decentes es su primera obligación. A tal efecto, deben convocar a los sectores empresariales y sindicales para definir una agenda de políticas públicas consistente con el objetivo de crear la mayor cantidad de estos empleos. 

Esta modalidad de concertación entre los sectores empresariales, sindicales y el propio gobierno, se ha extendido, especialmente en Europa Occidental. Uno de los primeros países en utilizar este mecanismo fue Holanda. A partir de la sobrevaluación de la moneda derivada del descubrimiento de grandes cantidades de gas en el Mar del Norte, la economía holandesa se hizo menos competitiva, especialmente en la producción de manufacturas. Con una tasa de desempleo superior a 10%, se impuso la necesidad del acuerdo. En 1982 empresarios y trabajadores convinieron en promover mayor inversión y enfatizaron la creación de empleos. De esta manera se concretó el Acuerdo de Wassenaar, también conocido como “Recomendaciones Generales para una Política de Empleo”. El ejemplo de Holanda fue seguido un poco más tarde por España, y en los noventa por otros países como Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y Eslovenia. 

Venezuela requiere un Acuerdo por el Empleo Decente. La propuesta programática de los sectores democráticos podría incluir la conformación de una gran alianza con los sectores empresariales y sindicales más representativos del país. Sería la primera decisión del próximo gobierno. La meta debe ser crear un mínimo de dos millones de empleos decentes en los próximos seis años. Esto es duplicar los empleos decentes creados en el actual gobierno. 

Para darle viabilidad a esta propuesta se deberá conformar una instancia de concertación con representación de todas las partes. Tal instancia deberá reunirse dos veces al año, al menos. En el mes de enero para examinar las perspectivas de la inversión pública y privada en el año que se inicia, así como la agenda de decisiones que deberán acordarse con la participación del Ejecutivo y Legislativo. También deberá reunirse a mediados de año, con motivo de la discusión del presupuesto nacional y del examen de la economía venezolana para el año entrante. Un liderazgo abierto y consensual es clave para la implementación efectiva de esta propuesta. 

El próximo gobierno debe insistir permanentemente en la creación de empleos decentes. El éxito de su gestión dependerá de la capacidad articular esfuerzos en esta dirección. El número y calidad de los empleos decentes que se creen será la medida de su preocupación por derrotar la pobreza y promover el desarrollo.

Politemas, Tal Cual, 30 de agosto de 2006

Los empleos de la "revolución"

En el gobierno del presidente Chávez no se han creado los empleos decentes que necesita el país para generar bienestar. Peor aún, según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo que ha habido en Venezuela es un aumento de los empleos de baja productividad (aquellos que se encuentran en microempresas con un máximo de cuatro trabajadores, los empleados domésticos, y los trabajadores independientes no calificados).

Las últimas cifras disponibles de la CEPAL indican que entre 1997 y 2003, los empleos de baja productividad aumentaron en Venezuela en casi 10%. Esto es, para el año 2003 el 58,3% de los empleos del país eran de baja productividad. Estimaciones recientes, realizadas por Miguel Angel Santos (del equipo del Acuerdo Social, www.acuerdosocial.com), señalan que en cada año del actual gobierno sólo se ha creado el 15% de los empleos decentes que deberían crearse. Venezuela es un desierto para el empleo productivo. 

Si entendemos por empleos decentes aquellos que garantizan adecuadas remuneraciones y estabilidad, protección de los beneficios, así como previsiones ante las contingencias de la salud y vejez, en un marco de permanente capacitación, podemos deducir que las posibilidades de desarrollo del país se reducen en la medida en que no se crean estos empleos. 

Esta preocupación no es exclusiva en Venezuela. En el día de ayer se inauguró en Brasilia la XVI Reunión Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo de la Reunión es justamente proponer una agenda hemisférica para la creación de empleo decente en el período 2006-2015. En la presentación del Informe del Director General para esta reunión, se señala que “es necesario incorporar explícitamente el objetivo de generación de trabajo decente en las estrategias nacionales de desarrollo”. 

También indica el mencionado informe que el déficit de empleos decentes en la Región alcanza la cifra de 126 millones. Esto representa el 53% de la población económicamente activa (PEA). Para mejorar la creación de empleos decentes, la OIT propone la definición y logro de cinco objetivos fundamentales: (1) que el crecimiento económico genere empleo de calidad para todos, (2) que los derechos laborales se cumplan de manera efectiva, (3) que la democracia se fortalezca, (4) que se adopten nuevos mecanismos de protección, por ejemplo, el seguro contra el desempleo, y (5) que se combata la exclusión social.

En la Venezuela actual se encuentran las condiciones contrarias a la creación de empleo decente. Tenemos crecimiento económico, pero no hay inversión productiva en sectores que generen empleos decentes. Tenemos desconocimiento de los derechos amparados por las contrataciones colectivas e incumplimiento, por parte del Estado, de los decretos de mejoras salariales. Tenemos una democracia sin equilibrio de poderes, con rasgos claros de autoritarismo, excluyente de los sectores no afectos al gobierno. Tenemos fracasos notorios en la aprobación de reformas sensatas y viables de los sistemas de protección de salud y de pensiones. Tenemos mecanismos de políticas sociales que garantizan beneficios basados en la discriminación ideológica y política.

En tales condiciones es evidente que no se crearán los empleos decentes que se requieren para tener un desarrollo diversificado y sostenido. El antídoto duradero contra la pobreza, justamente el empleo productivo, brilla por su ausencia. La promoción de las condiciones económicas y sociales para la generación de empleos decentes pareciera que no es responsabilidad de los actuales gobernantes. Hasta el punto que en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) no se encuentran las cifras de los empleos en el sector informal y formal. Los empleos decentes ni siquiera se contabilizan.

El país requiere un gobierno democrático y competente. Que coloque la creación de empleos decentes en el fundamento de su gestión. Una amplia alianza nacional por el empleo decente es un gran reclamo nacional.

Politemas, Tal Cual, 3 de mayo de 2006

Del salario al empleo de calidad

El desempeño económico de América Latina entre 2003-2006 ha sido considerado como el mejor en los últimos 25 años. Tal es la apreciación expresada en el informe del año 2006 del Panorama Social de América Latina publicado por CEPAL. 

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) alcanzó 4,5% en promedio en los países de la región. Este factor influyó en la creación de 5,3 millones de empleos por año en las zonas urbanas, 75% de los cuales fueron asalariados. El número de empleos asalariados creados cada año entre 2003-2006 prácticamente duplicó el valor registrado entre 1991-2002: de 1,96 millones por año se pasó a 4,09 millones. Es indudable que la reducción de la pobreza corroborada en los últimos años está asociada con este aumento significativo en el número de empleos, especialmente asalariados.

También la experiencia latinoamericana ilustra que no es suficiente el número de empleos asalariados. Es fundamental analizar la calidad, así como las implicaciones para la productividad y el bienestar. 

En 1990 la proporción de empleos asalariados en América Latina era 71% sobre el total de ocupados. Para el año 2002 tal proporción había disminuido a 67,5%. Con la recuperación del último cuatrienio analizado por CEPAL, la proporción de empleos asalariados se colocó en 68,5%. En países como Argentina, Chile, Costa Rica y México, la proporción de empleos asalariados superó el 75% del total de ocupados en 2005. Otros países como Venezuela, Perú, Honduras, Guatemala,. Colombia y Bolivia, tienen menos de 60% de asalariados sobre el total de ocupados. Es también significativo que el 89% de los nuevos empleos ha sido creado por el sector privado.

Más de la mitad (51%) de los trabajadores asalariados en 12 países no tenían relaciones contractuales de carácter formal. Los empleadores tienden a establecer relaciones formales en mayor proporción con los trabajadores hombres (52%) que con las trabajadoras mujeres (46%). 

La ausencia de contratación formal es un impedimento para el acceso a servicios de salud, no sólo en el caso de las enfermedades laborales. Además, el beneficio de salud para otros miembros el grupo familiar tampoco se puede concretar. Lo anterior también aplica para los beneficios previsionales, especialmente en el caso de las pensiones. La ausencia de contrataciones formales impide la regularización de las cotizaciones y aumenta, por ende, los incentivos para no realizar ni siquiera el aporte voluntario. 

Las últimas cifras disponibles para el año 2005 indican que el 53% de los ocupados urbanos declaran ser afiliados a los sistemas de seguridad social, lo cual representa una disminución de siete puntos con respecto a 1990. Dada la gran proporción de asalariados que no tienen contrataciones formales, se estima que 65% de ellos no gozan de las condiciones jurídicas ni los incentivos adecuados para considerarse parte del sistema de protección social.

Es obvio que las consecuencias de esta situación afectan no solamente a los trabajadores y sus familias sino a la sostenibilidad institucional y financiera de la protección social. Todo ello es más crítico cuando sabemos que en los próximos años aumentarán las demandas de protección derivadas del envejecimiento de la población.

Si a todo lo anterior agregamos que los aumentos del salario real no han sido significativos, en la mayoría de los países de la región, el panorama de la calidad del empleo no es enteramente halagador. No basta con crear empleos asalariados. Es fundamental que tales empleos sean de calidad. Para ello es clave implementar políticas públicas complementarias que apunten al déficit de cobertura de los sistemas de seguridad social y a los grandes requerimientos de formación en el trabajo. En estas últimas el rol regulador del Estado es de especial relevancia. 

Tal como concluye el documento de CEPAL, América Latina debe generar alternativas de políticas públicas que mejores nuestros sistemas contributivos de seguridad social, pero ello no será suficiente. Para los millones de trabajadores fuera de los sistemas contributivos, es necesario tener opciones, muchas de ellas con un rol fundamental para el Estado. Mientras ello no pase seguiremos teniendo salarios pero no empleos de calidad.

Politemas, Tal Cual, 12 de septiembre de 2007

Nada sobre el futuro

El 80% de los venezolanos considera que la situación del pais es negativa. Es el porcentaje más alto en al menos diez años. Las alarmas no dejan de sonar en las oficinas del Alto Gobierno. Todas las improvisaciones, muestras de ignorancia, y omisiones de los últimos quince años se están expresando de manera muy nítida. El país marcha en una dirección equivocada. El gobierno actual es el responsable de esta situación. Y la gran mayoría de los venezolanos lo percibe así.

De allí que el gobierno empieza a hablar de la participación del sector privado. Y también se reúne con empresas para impulsar la productividad. Todo eso está muy bien. Solo hay que recordar, para que no se pierda de vista, que este es el mismo gobierno que atacó sin piedad a los productores nacionales e internacionales, que vulneró de manera sistemática los derechos de propiedad, y que ocasionó que muchas empresas se marcharan del país o que redujeran su capacidad. Tales errores, profundamente enraizados en la visión ideológica del gobierno, nos han traído a la terrible situación actual.

El propio gobierno ha informado que el desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) es el doble que en el resto de la población. Eso significa que es superior al promedio mundial. Debe ser uno de los mayores de América Latina. Tal nivel de desempleo juvenil es una demostración clara de la desconexión entre las exigencias del mercado laboral y adecuadas políticas. La incapacidad para generar puestos de trabajo de la población juvenil, muchos de ellos recién graduados universitarios, pero muchos más sin haber concluido el bachillerato, es quizás la peor demostración de las erradas políticas emprendidas por el actual gobierno.

De allí que hayan desaparecido de la agenda pública los puntos centrales que hoy en día ocupan la atención de los gobiernos. Esto es, la manera de aumentar el crecimiento económico, atraer inversiones nacionales e internacionales, fortalecer los mecanismos para la creación de empresas, ampliar el mercado de financiamiento para emprendedores, aumentar la cobertura y calidad de la educación secundaria, promover cambios en la gestión de las universidades para ampliar la innovación y la investigación. De estos temas no se habla en Venezuela. De los grandes temas que condicionan nuestro futuro no se oye ningún planteamiento del actual gobierno. Solo habla del pasado, mientras más distante mejor, y de un presente de promesas incumplidas.

La incompetencia de este gobierno ha llenado la agenda pública de alternativas, muchas veces inadecuadas, para enfrentar la escasez, los desequilibrios cambiarios, la inflación. Todos estos temas superados en el contexto de América Latina y el Caribe. El actual gobierno es anticuado, alejado de los temas importantes, sin ideas para enfrentar el futuro. Es un gobierno que simplemente subsiste.

Politemas, Tal Cual, 7 de mayo de 2014

Destructor de empleos

El gobierno del Presidente Chávez aspira que los venezolanos tengan un solo patrono, el Estado. La secuencia de estatizaciones que se han producido en los últimos años, junto con las declaraciones de los últimos días, no dejan dudas. El sueño del exacerbado estatismo es una sociedad en donde el Estado sea el único garante del empleo de los ciudadanos.

La “revolución bonita” no se caracteriza justamente por promover el empleo productivo. No ha sido nunca así. El ejercicio del poder en los últimos once años ha procurado, más que el desarrollo de nuestra capacidad productiva, la acumulación progresiva del poder económico desde el Estado. Podríamos decir que una fase más agresiva del Petroestado que hemos conocido en otras épocas de nuestra historia.

El aumento de la presencia del Estado en la actividad económica fue favorecido por la ingente cantidad de recursos del boom del período 2004-2008. Grandes empresas fueron traspasadas a la esfera pública. En algunas de ellas se retornó al estatus público que había sido modificado en la década de los noventa. Todo ello significó, según las propias fuentes oficiales, la duplicación del empleo en el sector público en los últimos once años. En muchas de estas empresas los sindicatos fueron activos promotores de las estatizaciones. Ahora están viendo las cosas desde otra perspectiva.

La recesión económica que sufrimos desde hace más de un año, hizo suponer que los recursos fiscales para la cancelación de las expropiaciones eran mucho menores, y en consecuencia el gobierno desistiría por un tiempo de esta práctica. Ese no ha sido el resultado. El gobierno ha proseguido con las estatizaciones. No sólo las anuncia, también las concreta. Muchas de ellas no las formaliza porque no cuenta con los recursos. Sin embargo, ese no el punto central. Para el gobierno estatizar no es un problema de viabilidad económica, es una expresión ideológica. Se trata de demostrar que se está en progresivo control de la sociedad. Los ingresos del petróleo se encargarán del resto.

Lo que no ha estado en la ecuación del gobierno, es que para esos trabajadores que ahora están en empresas estatizadas, la realidad es muy distante de la visión oficial. Las empresas estatizadas son grandes demostraciones de improductividad, de reducción de beneficios de los trabajadores, de pérdidas inmensas de inversión. Si a ellos sumamos el deterioro de la productividad de los trabajadores venezolanos que se ha experimentado en el actual gobierno, es evidente que la “revolución” tiene muchos problemas para convencer de que esa es la vía para el bienestar. El actual gobierno no sólo reduce las condiciones de trabajo en las empresas públicas, también promueve restricciones para la creación de nuevos empleos. Otra forma de decir que la “revolución” es insostenible.

Politemas, Tal Cual, 16 de junio de 2010

"Revolución" de quiebras

Ya es simplemente un problema de fe. Usted nada más tiene que oír un rato al Presidente y líder del Socialismo del Siglo XXI para entender que las evidencias poco importan. Si hasta el Banco Central dice que la economía decreció y que aumenta la inflación, el Presidente argumenta que eso no es así, que en los barrios no hay aumento de precios, que las cosas marchan muy bien. Más adelante proclama que dentro de poco tendremos nuevamente crecimiento económico. Que todo lo que le pasa a millones de venezolanos es una simple “sensación”.

Semanas atrás el Presidente había dicho que ahora si nos íbamos a industrializar. Que ahora el gobierno, después de unos once años de estudio y sesuda meditación, había llegado a un gran descubrimiento: necesitamos industrias para desarrollarnos, necesitamos producir mucho más que petróleo. La “revolución bonita” había concluido su periplo intelectual. Había llegado a la misma conclusión que acompaña a los venezolanos por casi un siglo. Once años para llegar allí, ¿cuántos para hacerlo?

Lo que quizás no ha revisado el Presidente, ni quizás ninguno de sus actuales ministros, es que el último informe de la Organización de las Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial (UNIDO) deja muy claras las razones por las cuales en Venezuela no habrá resurgimiento económico. Al menos mientras exista un gobierno que tenga políticas tan contrarias al desarrollo industrial.

No tendremos crecimiento sencillamente porque las empresas para crear riqueza han sido barridas del mapa. Porque en los últimos once años lo que ha hecho este gobierno ha sido quebrar empresas, las que estaban en el sector privado y las que ha estatizado. El último informe de la UNIDO nos indica que entre 2000 y 2005 la producción de exportaciones de manufacturas pasó de 471 dólares per cápita a 201, es decir, a menos de la mitad.

Mientras esto pasaba, muchos países de la región lo que han hecho es aumentar sus exportaciones de manufactura. Chile duplicó su producción, de 595 dólares per cápita a 1241. Colombia hizo igual, Perú casi triplica. La producción mexicana per cápita de manufacturas en ocho veces superior a la de Venezuela.

No puede extrañar que casi todos los países de la región ya retomaron la senda del crecimiento, mientras nosotros avanzamos en el segundo año de este ciclo recesivo. El actual gobierno ha eliminado sistemáticamente empresas de manufacturas, motor fundamental del desarrollo. Apenas 9,6% de lo que exportamos son manufacturas. En casi todos los países de la región se supera el 50%. Es por ello que todas las aspiraciones de crecimiento del actual gobierno son meros espejismos. No existe la estructura de empresas para apuntalar la nueva industrialización de Venezuela. El Socialismo del Siglo XXI no puede ser más anti-moderno y empobrecedor.

Politemas, Tal Cual, 2 de junio de 2010

¡Son los empleos, estúpido!

Entramos al segundo trimestre del año. El panorama económico sigue sin mejoras. La economía no crece, la inflación sigue sin control. Las encuestas de opinión pública continúan indicando que uno de los primeros problemas de los venezolanos es el empleo. Tanto la ausencia de él, como lo que es más preocupante, su calidad.

La llamada “revolución bonita” no hizo mucho caso del empleo como fuente generadora de riqueza. Si esa hubiera sido la estrategia, el gobierno se hubiera preocupado de generar las condiciones para que se crearan más empleos. Fundamentalmente empleos de calidad. Esos que cuentan con la debida protección social y que están basados en el manejo de habilidades y competencias. Es decir, todos los que se deben al progreso educativo.

Nada de eso se lo planteó el actual gobierno. Apostó todas sus energías a los ingresos derivados de la venta de petróleo. Como consecuencia, para el año 2008 casi el 95% de los ingresos por exportaciones está derivado de la venta de barriles de petróleo. Eso significa que 0,2% de nuestras exportaciones son productos de alta tecnología. Apenas 125 millones de dólares sobre un total de 83 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones. Países como El Salvador y Guatemala nos superan en exportación de productos de alta tecnología.

De manera que el sesgo de exportaciones petroleras nos ha conducido a unas condiciones de empleo francamente deplorables. Venezuela tenía en 2008, según cifras de la Cepal, 58% de su fuerza laboral en condición asalariada. Este porcentaje es inferior al que se encuentra en Chile (75,7%), Argentina (75,8%), Brasil (65,8%), Costa Rica (72,9%), México (72,1%). De la misma manera, los trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales no son profesionales ni técnicos, representan el 35,8% de la fuerza laboral. Más de diez puntos porcentuales superior a los países señalados anteriormente.

Si comparamos con el empleo que teníamos en 1990, Venezuela ha perdido casi diez puntos porcentuales en empleos asalariados. No es muy aventurado suponer que en esas condiciones los empleos de baja productividad son mayores en la actualidad. Efectivamente, para 2008 casi la mitad de los empleos en Venezuela son considerados, según Cepal, como de baja productividad. En Chile, por ejemplo, es apenas el 30%.

De tal manera que la gente tiene mucha razón cuando expresa su insatisfacción por el empleo. No solamente por la falta de él, como hemos visto que se ha agravado en los últimos tiempos, sino por las dificultades para contar con empleos que estén asociados con mejoras en la productividad. La “revolución bonita” es incapaz de ofrecer esa alternativa a los venezolanos. En el mundo de la totumocracia no importa la calidad de los empleos.

Politemas, Tal Cual, 7 de abril de 2010

Millones de buenos empleos

No tendremos bienestar ni progreso sin buenos empleos. Si algún aprendizaje debe quedar de estos trece años es que la creación de empleos no puede ser el factor que nunca se menciona, la aspiración que no aparece. El actual gobierno construyó su propuesta sin considerar la solución permanente de la pobreza: contar con un empleo bueno, productivo, con beneficios sociales, que requiera formación y entrenamiento.

Las consecuencias están muy claras. El 50% de los empleos de los venezolanos son de baja productividad. El desmantelamiento de miles de empresas y la desaparición de los incentivos para la agregación de valor, ha conducido a la migración del capital humano y al deterioro de nuestras capacidades para producir bienes industrializados.

Para enfrentar los retos del desarrollo sostenido el próximo gobierno deberá señalar una clara ruta en la cual el objetivo de crear buenos empleos sea central. Ahora bien, la creación de empleos de calidad es una tarea exigente, que trasciende las circunstancias inmediatas y supone un esfuerzo deliberado para articular políticas en diferentes frentes de la acción pública. Un examen de la experiencia internacional nos indica que lleva tiempo. En el caso de Chile, por ejemplo, según la CEPAL, la reducción de 10% de empleos de baja productividad se extendió por dos décadas (1990-2009).

En el caso de Venezuela, parece razonable aspirar a un aumento de empleos productivos de 5% en los próximos seis años. Eso significa crear aproximadamente 1.500.000 empleos en áreas de alta y moderada productividad. Asumiendo que se crearán aproximadamente 2.400.000 empleos en total.

Para que ello sea posible hay medidas de corto plazo que asocian tanto las señales concretas de protección a la propiedad y a la inversión, como la afluencia real de recursos de los cuales pueda disponerse. Un factor que condicionará seguramente es la capacidad que se tenga para revertir el deterioro en equipos, instalaciones, pérdida de capital humano, así como en la implementación de los correctos incentivos. Todo lo anterior será mucho más viable si la economía cuenta con adecuadas reglas de funcionamiento, con menos desequilibrios.

Estas medidas de corto plazo deben combinarse con intervenciones más estructurales. Y ellas están vinculadas con las sinergias de inversión y utilización de recursos humanos en áreas de mayor productividad. Para ello es fundamental el impulso a las experiencias de formación convencional (las relacionadas con el sistema educativo), como a las que realizan en las propias empresas, y que deben concretarse en programas de entrenamiento y reentrenamiento de gran flexibilidad. Para que todo esto sea posible debemos fijar metas sociales de largo alcance. Comencemos con dos millones de buenos empleos en los próximos seis años. Será un gran paso.

Politemas, Tal Cual, 14 de marzo de 2012

10 horas hablando del pasado

A los efectos prácticos, el Presidente habló 10 horas. Para presentar la supuesta Memoria y Cuenta de la gestión del gobierno nacional en el año 2011. Rompió todos los récords. Es sin duda la alocución presidencial más larga en una memoria y cuenta, para empezar. Se podría suponer que en tanto tiempo de discurso hubiera quedado algún pequeño espacio para referirse a los problemas centrales de los venezolanos. Eso hubiera sido lo “básico”.

De acuerdo con la versión oficial del Mensaje Anual del Presidente, la transcripción tiene 194 páginas. Cientos de miles de caracteres. En toda esa larga cháchara, el Presidente no pronunció nunca la palabra “empleos”, tampoco “puestos de trabajo”. Y las veces que se refirió a “trabajo” fue para referirse a la Gran Misión Saber y Trabajo. En ninguna de las ocasiones fue para referirse al número de puestos de trabajo creados en el año de la cuenta.

Que el Presidente no se refiera a los empleos o puestos de trabajo creados no es ninguna sorpresa. Ha sido una constante en los discursos del Presidente ante la Asamblea Nacional. Lo fue en la toma de posesión allá en 1999. Y lo fue también el año pasado. Lo llamativo esta vez es la desconexión entre el objetivo que supuestamente tiene la Gran Misión Saber y Trabajo y lo que efectivamente piensa el Presidente.

En las últimas semanas el gobierno ha comenzado la propaganda de la Gran Misión Saber y Trabajo. Y dentro de los “contenidos comunicacionales” ha mencionado que se crearán 3 millones de puestos de trabajo en los próximos años. Y para ello se le pide a la población que cumpla con el “gran invento”, esto es, registrarse para iniciar un proceso de asignación, en este caso de un empleo. Entonces, si eso fuera así de verdad, ¿cómo es que el Presidente, gran gerente de esta misión, no se refiere en ningún momento a esa supuesta meta? Si eso fuera así, ¿cómo es que el Presidente no dice los empleos que se necesitan o los que se han creado durante su gobierno?

La razón es bastante sencilla. El Presidente no habla de empleos ni de puestos de trabajo porque en su visión del mundo no está la creación de riqueza. Para el Presidente de lo que se trata es repartir los beneficios de la extracción petrolera a través de la supremacía del Estado, y en particular la de él que es el Jefe de ese Estado. La creación de empleos, en el fondo, es, para el Presidente, el debilitamiento del Estado. El pasado, pues.

Esa es la razón por la cual el Presidente tampoco mencionó en su informe anual ni una vez la palabra “progreso”, ni “bienestar”, ni “calidad de vida”. Con lo cual debe quedar claro que la Gran Misión Saber y Trabajo está orientada exclusivamente a transmitir al electorado la idea de que el gobierno está haciendo “algo” por uno de los problemas que más angustia a los venezolanos. Otra forma de ser cínico e irresponsable.

Politemas, Tal Cual, 18 de enero de 2012

Doce años sin hablar de empleos

Entre 1999 y 2011, el presidente Chávez ha dirigido el gobierno más largo en la historia republicana, después del presidido por el general Juan Vicente Gómez. Tiempo suficiente para evaluar si las líneas del progreso del país están bien encaminadas. Para identificar si estamos transitando las opciones que nos llevan a construir una democracia moderna, capaz de garantizar progreso y bienestar para todos los venezolanos.

Una somera mirada a las perspectivas del país en estos días no resulta halagadora. La aprobación de las leyes a finales del año pasado, a través de un proceso atropellado, distante de la consulta y la participación republicana, dejan signos evidentes de que nuestra democracia no goza de buena salud. A las fallas de no contar con un equilibrio de poderes, con el respeto estricto a los derechos humanos, con un sistema electoral equitativo, se suma ahora la construcción de instituciones (dentro de ellas, por ejemplo, las derivadas del Poder Comunal) que vulneran lo establecido en la Constitución de 1999.

También es cuesta arriba el panorama social y económico del país. Entramos al tercer año de una economía en recesión, con toda la afectación en la calidad del bienestar que ello implica, y con la ausencia de una política de crecimiento sostenible, promotora de la inversión. Sumemos a ello las dificultades en el ámbito social, con la caída en la cobertura de las Misiones, con falta de discusión sobre su calidad, con fallas evidentes en la prestación de servicios públicos, y con un clima de inseguridad que trastoca en todo sentido el quehacer de los venezolanos.

Si se pudiera identificar un aspecto sobre el cual pudiéramos centrar las bases de un acuerdo posible para enrumbar las cosas, es evidente que la calidad del empleo sería un buen candidato. Crear empleo exige que estén dadas las condiciones para emprender, sea en forma de empresas, o en forma de grupos especializados. Se requiere respeto a la propiedad y a las inversiones, pensar en horizontes largos, atender al ámbito nacional e internacional. Pero también presupone preocuparse por la protección del empleo y de los beneficios que se derivan. Es decir, lo que decidamos hacer con el empleo es una buena muestra de si somos capaces de crear un ambiente propicio para el progreso sostenible.

 Lamentablemente, el tema de la creación del empleo ha estado ausente en los doce años últimos años en el gobierno de Venezuela. En el discurso de toma de posesión del actual Presidente, en 1999, no se encuentra ninguna mención a la creación de empleos. Mucho menos de empleos de calidad. Tampoco se menciona la creación de puestos de trabajo. Sólo existe mención a “buscar empleo”. Los gobiernos, todo lo contrario, deberían promover la creación del empleo.

Se pudiera esperar que este período de doce años ha sido suficiente para que la importancia de la creación de empleos haya llegado a la élite gobernante. No ha sido así. En su último discurso de informe anual, el pasado 15 de enero, el Presidente tampoco mencionó ni una vez la palabra “empleos”, ni “puestos de trabajo”. Las veces que se refirió al “empleo” (9 en total), así, en singular, fue para caracterizarlo, para hablar de él. No para decirnos cuántos empleos se han creado en el país en su administración.

No podemos aspirar al desarrollo sin que definamos una estrategia donde el empleo sea fundamental. En este momento, al igual que en los últimos doce años, marchamos en la dirección contraria a la creación de empleos de calidad.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 6 de febrero de 2011