Tendencias globales del nuevo coronavirus

Los pronósticos sobre la economía internacional ya contenían indicios de preocupación a finales del año pasado. También se habían publicado reducciones en las expectativas de crecimiento en muchos países. Es muy poco probable que los organismos internacionales y centros de análisis, hayan incluido en sus escenarios la aparición de un factor como el nuevo coronavirus que ha copado la atención mundial en las últimas semanas. 

Que el nuevo coronavirus haya sido identificado en China, en el contexto de un gobierno comprometido con llevar el país a las fronteras del desarrollo tecnológico y la innovación, expresa que en las dimensiones ultramicroscópicas también existen potentes restricciones para el bienestar de los países. Muchas de las interrogantes sobre el nuevo coronavirus implican realizar investigación de altísimo nivel, en corto tiempo, con el concurso de las mejores capacidades. Sin embargo, al día de hoy, la situación luce apremiante, dado el aumento del número de casos y de fallecidos (más de 1.000 al momento de escribir). La ausencia de referentes con respecto a la evolución de la epidemia afecta las estrategias de organismos internacionales, gobiernos y empresas a escala global. Al menos tres grandes tendencias se pueden anticipar. 

La primera está vinculada a la demanda por reducir rápidamente el nivel de incertidumbre. Esto, en primer lugar, supone garantizar el acceso a la información más precisa posible, tanto para los organismos especializados como para medios de comunicación y organizaciones civiles. La difusión oportuna de esta información es un requisito para la toma de decisiones de todos los actores involucrados. En segundo lugar, se requiere la generación con la mayor rapidez posible de los análisis e investigaciones sobre la evolución y características de la enfermedad. La visita de un equipo internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China en esta semana, expresa la importancia de la cooperación y la definición de estrategias que aumenten a la brevedad la disponibilidad de conocimientos para enfrentar la epidemia. 

La difusión que ha tenido la enfermedad en esta semanas, expresadas en el número de casos y muertes, así como en el número de países en los cuales se han identificado casos, es la segunda tendencia a destacar. En los casos previos de epidemias de coronavirus, las dimensiones fueron menores. De allí que los efectos en la actividad económica, por ejemplo, en el caso de China, también serán mayores probablemente, especialmente por representar este país el 16% de la economía global. 

En el caso del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), la reducción del crecimiento económico en China en la primera parte del año 2003, fue recuperada en el segundo semestre. Actualmente, la prolongación de la cuarentena en varias ciudades chinas ha traído como consecuencia el cierre de empresas que a su vez ha ocasionado la interrupción de múltiples cadenas productivas, dentro y fuera del país. Los efectos de esta caída productiva, especialmente por el mayor grado de vinculación con la economía global, tendrán implicaciones tanto en Asia cono en Estados Unidos (20% de las exportaciones chinas están dirigidas a Estados Unidos). En la medida que aumente la caída productiva de China, los riesgos de un efecto global también aumentan. 

La tercera tendencia está relacionada con los sistemas de salud tanto en los países avanzados, como en los países con mayores restricciones financieras y organizativas. Estos efectos son al menos de dos tipos. El primero es técnico. Los procesos para realizar el diagnóstico, aislamiento y tratamiento de pacientes no están disponibles en muchos países, al menos en toda la extensión del territorio. Esta circunstancia obliga a actuar con rapidez para adaptarse a estas nuevas exigencias. En el contexto de las tradicionales limitaciones de muchos de estos sistemas de salud, la efectividad para realizar estas adaptaciones luce inadecuada. El segundo efecto es todavía más crítico. Está asociado con el impacto en las actividades ordinarias en los sistemas de salud. La presión totalmente justificada para desplazar recursos y servicios para la atención de la epidemia ocasionará que disminuya la concentración en otros problemas. 

La epidemia del nuevo coronavirus es una prueba de gran envergadura para la cooperación internacional, la economía global y los sistemas de salud. De allí la importancia de acometer con urgencia las estrategias globales necesarias. La anticipación es con seguridad la consigna del día, especialmente en los gobiernos nacionales y en los organismos internacionales.

Politemas, Tal Cual, 12 de febrero de 2020

Lecciones para enfrentar el nuevo coronavirus

La declaración de emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tomando en cuenta la evolución en el número de casos y muertes del nuevo coronavirus, coloca la atención en la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar la epidemia. En menos de veinte años, tres coronavirus han colocado en jaque la salud pública a escala global. A partir de 2002 correspondió al SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), y desde 2012 al MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente). Entre ambos tipos de coronavirus han ocasionado un poco más de 10.000 casos con más de 1.000 fallecidos. 

Hasta la fecha, el nuevo coronavirus ha ocasionado más de 20.000 casos y 427 muertes. A pesar de que no se conocen muchos detalles sobre el origen y transmisión de la enfermedad, es bastante probable, justamente por la evolución de las anteriores epidemias de coronavirus, que se mantendrá por un tiempo largo. La afectación de esta epidemia puede ser de especial consideración en los países con sistemas de salud de menor fortaleza institucional. 

De allí que sea de utilidad conocer cuál es el balance de las prácticas que siguieron los países ante las epidemias de SARS y MERS. Lamentablemente no existen investigaciones comparadas sobre este tema. Una de las pocas publicaciones analiza la experiencia de Corea del Sur ante las dos epidemias. En este caso, se distinguen tres factores que influyen de manera significativa en la efectividad de las políticas de los gobiernos con respecto a las epidemias de coronavirus, vale decir con respecto a todas las emergencias de origen infeccioso. 

El primer factor está representado por elementos del contexto institucional. El inicial es la actualización de la legislación, por ejemplo, en el tratamiento de la cuarentena y con respecto a las medidas para impedir la propagación de las enfermedades infecciosas. La inadecuación de estos mecanismos ocasionaría dificultades para el aislamiento de los pacientes, especialmente por la vinculación entre los servicios y organizaciones responsables en el sistema de salud. Otro aspecto en el cual afectaría la inadecuación de la legislación es el establecimiento de las líneas de decisión en el momento de aparición de la epidemia, y de manera más crítica la ausencia de opciones para actuar de manera coordinada entre las instituciones responsables. También se ha señalado que al no haberse declarado la emergencia por parte de la OMS disminuyó la coherencia de las medidas que se tomaron en Corea del Sur, en concreto en la epidemia de MERS. 

En segundo lugar, está la capacidad para movilizar recursos de salud, tales como el personal especializado y la infraestructura. De lo cual se infiere que los sistemas de salud, por intermedio de los recursos globales del gobierno, requieren recursos de rápida movilización. En aquellos países en los cuales no existe tal disponibilidad y/o flexibilidad, se reducen las posibilidades de actuar exitosamente. De hecho, en Corea del Sur los fondos de salud pública no fueron suficientes en las primeras fases de las epidemias señaladas. De especial relevancia es contar con recursos humanos especializados en epidemiología, lo cual significaría vincular también las capacidades existentes en universidades y centros de investigación. 

El tercer conjunto de factores incluye la capacidad de liderazgo y articulación con los gobiernos subnacionales y locales, y con el sector privado. Es decir, en la medida que los responsables públicos asumen adecuadamente los roles de dirección y facilitan información y posibilidades de cooperación, se puede articular efectivamente el diseño y ejecución de la estrategia contra la epidemia. 

Estos factores, que no son más que buenas prácticas de políticas públicas, no son frecuentes, particularmente en el contexto de los países de América Latina. La gran interrogante de actualidad es la capacidad que tendrán estos sistemas de salud en caso de que la epidemia del nuevo coronavirus se propague en los próximos tiempos. La experiencia comparada puede ser de utilidad para anticipar las decisiones que se deben tomar en el corto plazo. Ojalá se hayan empezado a tomar.

Politemas, Tal Cual, 5 de febrero de 2020

¿Cómo puede evolucionar el cambio climático en Argentina?

El calentamiento global es tema de primer orden en la agenda pública. Además de las reuniones de organismos internacionales, los medios de comunicación y redes sociales destacan insistentemente sobre las perspectivas del planeta en caso de que no tengan éxito las políticas que se deben derivar del Acuerdo de París de 2015. Se espera que los gobiernos estén diseñando las mejores alternativas para que a finales de siglo la temperatura global no supere dos 2 grados centígrados por encima de los niveles pre-industriales. La situación ideal prevista en el Acuerdo de París es que el aumento no sea superior a 1,5 grados centígrados. 

Uno de los cambios de gobierno más reciente en América Latina ocurrió el pasado diciembre en Argentina. Explorar la posición del gobierno recién posesionado, puede ser una muestra de cómo los países de la región están concibiendo las políticas para enfrentar el cambio climático. Para el año 2018, según las cifras de la Comisión Europea, Argentina ocupaba el lugar 29 en el mundo con respecto a la producción de emisiones de CO2, representando aproximadamente 0,55% de las emisiones totales del planeta. 

En 2016, en la Contribución Nacional elaborada por el gobierno de Argentina, en cumplimiento de las exigencias del Acuerdo de París, se propuso que en 2030 las emisiones de CO2 no deberían superar 483 millones de toneladas. Una nota muy positiva es el hecho de que entre 2015 y 2018, las emisiones de CO2 experimentaron en Argentina una ligera reducción, al pasar de 212 a 210 millones de toneladas (siendo uno de los pocos países de la región que disminuyeron las emisiones). En la Contribución Nacional también se señalan las recomendaciones de políticas que deberían seguirse para cumplir la meta establecida, e incluso tratar de alcanzar una cantidad menor de emisiones en 2030. 

Se puede asumir que un tema de esta envergadura, tanto por las implicaciones nacionales e internacionales (especialmente por la cercanía de Argentina con Brasil), sería incluido en los programas de los candidatos a la presidencia, celebradas en 2019. Sin embargo, en la propuesta del candidato que resultó ganador ni siquiera se mencionó las palabras “cambio climático”. Luego, en el discurso de toma de posesión, el actual presidente ratificó el compromiso con el Acuerdo de París, pero no señaló medidas concretas. Hubiera sido muy significativo que el presidente resaltara los avances realizados por Argentina, e indicara al menos las pautas generales que el nuevo gobierno desarrollará con respecto al cambio climático. 

Las medidas propuestas por Argentina en 2016, para superar la meta prevista en 2030, suponen ejecutar acciones en tres áreas centrales: (1) obtención de financiamiento internacional para promover las estrategias para la reducción de emisiones, (2) apoyo a la transferencia, innovación y el desarrollo de tecnologías (por ejemplo, para monitorear la cantidad de emisiones), y (3) fortalecimiento de las buenas prácticas para enfrentar el cambio climático en ámbitos relevantes. 

El éxito de los países, especialmente de los gobiernos, en la reducción de las emisiones de efecto invernadero no vendrá de manera aleatoria. Supondrá que se siga en detalle las pautas acordadas a través de sucesivos gobiernos. El hecho de que en los programas de gobiernos y en las primeras actuaciones de las administraciones no se indiquen las políticas que se ejecutarán, es un signo preocupante. Esto es de mayor significación cuando se consideran los países de menor desarrollo institucional. Tal parece que las exigencias para que las políticas contra el cambio climático sean adecuadamente diseñadas e implementadas, constituirán un área de gran preocupación para las sociedades de la región. Especialmente por el seguimiento de las acciones que realizarán o no realizarán los gobiernos en un área tan significativa para las condiciones de vida de los ciudadanos de América Latina en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 29 de enero de 2020

Cambio climático en América Latina

Las perspectivas para reducir el calentamiento global no son prometedoras. En la reunión de Davos que se celebra esta semana, el cambio climático ocupa gran parte de la agenda temática. El Foro Económico Mundial, en informe reciente, alerta sobre el aumento que se ha comprobado en las emisiones de gas invernadero, incluso desde la firma del Acuerdo de París a finales de 2015. Se señala en este informe que las emisiones continúan aumentando a una tasa de 1,5% anual. Esto significa que se requeriría una reducción entre 3 y 6% anual hasta 2030 para que se cumpla la meta de que el aumento de temperatura global al final del siglo esté en el rango acordado, esto es, entre 1,5º y 2º C. 

Entre 1970 y 2018, las emisiones globales de CO2 (correspondientes a la mayoría de las emisiones de efecto invernadero), aumentaron casi 2,5 veces. Sin embargo, en China el aumento fue mayor a 12 veces. A pesar de que 121 países se han comprometido a compensar las emisiones para el año 2050, este grupo de países representa menos del 25% de las emisiones totales. Ninguno de estos países está entre los cinco con más emisiones (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón). Los cambios que deben sucederse para revertir la tendencia en las emisiones, y por ende, en los efectos en el cambio climático, son de alta exigencia para muchos países. 

El Acuerdo de París, aunque no establece metas definidas para la reducción de las emisiones, si demanda que los países presenten planes ambiciosos con este propósito. También se señala en el Acuerdo de París que las cifras de emisiones previas deben considerarse como el punto más alto, y que en la implementación de estas pautas se espera que se produzcan reducciones significativas en todos los países. Por otra parte, este requerimiento de reducción es independiente de la cantidad total de emisiones de los países. En otras palabras, cada país tiene el compromiso de reducir las emisiones que produce, sin tomar en cuenta la magnitud o la población. 

En América Latina, nueve países han multiplicado más de cinco veces el total de emisiones de CO2 desde 1970 hasta 2018 (últimas cifras disponibles en la base de datos de emisiones de la Comisión Europea). El país con mayor aumento ha sido Paraguay, 11 veces con respecto a 1970. Le siguen en orden decreciente: Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Haití, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. En Brasil el aumento ha sido de 4,5 veces, en México de 4 veces y Argentina de 2,3 veces (entre los países de mayor población). 

Luego de la aprobación del Acuerdo de París, es decir, tomando en cuenta el período 2016-2018, un total de 16 países (sobre 20 de la región) han experimentado aumento de las emisiones de CO2. Es más, en 12 países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay), la cifra registrada de emisiones de CO2 en 2018 es la más alta en la historia. 

Si en estos 12 países no se aprecia cambio de la tendencia en las emisiones, aun cuando cada uno de ellos ha elaborado las denominadas “contribuciones nacionales”, puede ser indicativo de las siguientes posibilidades: (1) las contribuciones nacionales no han incorporado las medidas adecuadas para reducir las emisiones, (2) las contribuciones nacionales contienen las medidas adecuadas pero no se han implementado, (3) se han incorporado las medidas adecuadas pero el tiempo para obtener efectos es superior al plazo cubierto hasta 2018. Se requiere conocer cuál de las opciones anteriores es la que corresponde a cada país, o cualquier otra que resulte de la indagación. Es una tarea que debe ser realizada en cada país con prontitud, especialmente porque el plazo para la próxima revisión (a los cinco años), luce a todo evento que es demasiado largo. 

La implementación del Acuerdo de París es un excelente ejemplo de que no basta establecer una meta o aspiración de política pública, por loable que parezca, para que se cumpla. Para alcanzar el objetivo, en este caso la reducción de las emisiones de CO2, se requiere una cadena de eventos que abarcan desde la motivación y conocimiento de los liderazgos de los gobiernos, hasta la inclusión de las medidas en la gran diversidad de políticas que afectan el cambio climático en cada país, pasando por contar con la estabilidad política y los recursos financieros. Solo en la medida que los gobiernos sean capaces de planificar en el mediano plazo (2030 está a la vuelta de la esquina), y llevar a cabo rigurosamente tales propuestas, se podrán revertir los efectos del cambio climático. Habría que explorar si realmente esto es una prioridad para los gobiernos. Lamentablemente, no luce de entrada que sea así.

Politemas, Tal Cual, 22 de enero de 2020

¿Por qué Bangladesh tiene un plan hasta 2100?

Tener un plan de largo plazo es en muchos contextos una idea fuera de lugar. Asomar algo así en los países de América Latina inmediatamente es rechazado por falta de realismo. Simplemente se descarta por principio. Los argumentos sobran: hay que concentrarse en lo más urgente, si no se enfocan las acciones en el corto plazo no tienen efectividad, y así sucesivamente se indican razones en contra. Preguntar a los líderes políticos, económicos y sociales sobre sus visiones a diez, veinte o cincuenta años, genera miradas de sorpresa y desconcierto. Pensar en futuros tan lejanos no es una práctica habitual, para decirlo sin mayores adjetivos. 

Tanto está enraizada esta visión, que imaginarse que en alguna parte del planeta se está planificando para los próximos cien años, puede sonar bastante exótico. Incluso es fácilmente asimilable solamente con las prácticas de los países llamados avanzados. Por alguna razón se asume que la planificación de largo plazo es algo que solo pueden contemplar los países de mayor desarrollo. Porque solo en esos países, se dice, es posible “darse el lujo” de pensar en el futuro. De esta manera se reitera el mito de que aquellos países de menor desarrollo no pueden ni deben tener una idea tan “extravagante” como planificar el futuro, y mucho menos en plazos tan largos. 

Pero sorpresas da la vida. Basta con colocar “plan 2100” en cualquier buscador de internet, para obtener como resultado que el país que aparece no es uno de los más esperados. Es Bangladesh, conocido más bien por las dificultades de desarrollo que ha confrontado. Su origen deriva de la mezcla, muchas veces dramática, entre colonialismo y pobreza. Bangladesh es producto de la separación de Pakistán a principios de la década de los setenta del siglo pasado, a través de demandas independentistas apoyadas por India. En las últimas décadas, Bangladesh dejó de ser un país de bajo ingreso, según la clasificación del Banco Mundial, para convertirse en un país de “ingresos medios bajos” en 2015. Y ahora se ha planteado con seriedad transformarse en un país de “ingresos medios altos”. 

Ahora bien, la razón fundamental para la elaboración de un plan hasta 2100 por parte de Bangladesh, es que, dadas las tendencias en la evolución del cambio climático, el país podría quedar bajo las aguas en las próximas décadas. Se estima que, ante el aumento del nivel del mar a escala global, el 70% de la superficie del país, que actualmente supera apenas un metro de altura, quedaría sumergida. También estos efectos ocasionarían sequías de grandes proporciones y aumento de salinidad de las aguas. En la práctica, Bangladesh ocupa el quinto lugar entre los países que serían más afectados por los efectos del cambio climático. Perspectivas muy preocupantes para un país de 160 millones de habitantes. y el de mayor densidad poblacional entre los países con más de 2 millones de personas. 

La alternativa de Bangladesh, antes que responder con medidas de corto plazo, ha sido lo contrario: elaborar un plan a desarrollar en las próximas ocho décadas. Ha solicitado asistencia técnica a los Países Bajos y el Reino Unido. Ha acordado asistencia financiera con organismos multilaterales para implementar el plan. Desde 2018 cuenta con un plan de desarrollo hasta 2100, orientado a eliminar la pobreza extrema en 2030, alcanzar el nivel país de ingresos medios altos también en 2030, y convertirse en un país próspero a partir de 2041. Para ello se aspira asegurar la seguridad ante inundaciones y el cambio climático, así como la eficiencia en el uso de aguas, sostenibilidad de los sistemas fluviales, desarrollar efectivas instituciones y alcanzar la utilización óptima de las tierras y los recursos hídricos. El plan se convierte entonces en un estabilizador de la sostenibilidad del país. 

Los países severamente afectados no son solamente aquellos que pueden quedar sumergidos. También están los países que pierden capacidades productivas, ven a una fracción inmensa de sus habitantes emigrar a otros países, sufren descalabros en la institucionalidad política, y padecen altos porcentajes de pobreza y subnutrición. En estos países, muchas veces los liderazgos, en el mejor de los casos, colocan sus metas en lo que sucederá en la próxima semana. Quizás poniendo el acento en los factores que condicionan la propia supervivencia de los países y en una visión de largo plazo, como ha hecho Bangladesh, se podrían gestar los consensos que permitan superar las terribles circunstancias del corto plazo. A lo mejor vale la pena intentarlo.

Politemas, Tal Cual, 15 de enero de 2020