El Banco Mundial ante los enigmas sobre Venezuela

La noticia fue anunciada el mismo día, 16 de abril. En las respectivas notas de prensa, el FMI y el Banco Mundial (BM) informaban sobre la reanudación de las relaciones con Venezuela. La decisión estaba en el ambiente desde el 3 de enero.

El control ejercido desde ese día por el gobierno de Estados Unidos fue el factor predominante. El FMI revirtió la decisión de 2019 por la cual dejaba de reconocer al gobierno de Venezuela. La reanudación de relaciones es la expresión directa de que el FMI reconoce en todo rigor al gobierno de Venezuela, como está explícito en la nota de prensa.

Es posible imaginar la reacción de los funcionarios del FMI y el BM ante la reanudación de relaciones. Significa en la práctica que un país que estaba fuera del radar formal de ambas instituciones se convierte ahora en un área de especial atención. Tanto por las condiciones propias del país como por sus evidentes nexos con la situación global.

La última revisión de las políticas económicas de Venezuela fue realizada por el FMI en septiembre de 2004. El último préstamo del Banco Mundial fue aprobado en 2005. Prácticamente una generación de funcionarios de estos organismos no ha tenido contacto con Venezuela. Es un desconocimiento inmenso. Es en este punto donde comienzan los enigmas. Los que pueden tener los funcionarios que se relacionarán con Venezuela por parte de ambos organismos.

El primer enigma está asociado con la credibilidad de la solicitud. Después de décadas de críticas y rechazos al FMI y el BM, en muchas ocasiones desconsiderados, aparece el gobierno de Venezuela con nuevos propósitos. ¿Cómo creer en estos propósitos si el origen responde evidentemente a la influencia de EEUU? ¿Cómo pensar que existe un verdadero interés en cooperar para que mejoren las condiciones de Venezuela? ¿Será posible que los desencuentros de décadas den paso a francas relaciones de cooperación? Son algunas formas de expresar este enigma.

La perspectiva de la cooperación en el FMI y el BM es determinante para que se logren buenos resultados. Si se concibe esta relación como un simple paso para recibir recursos, poco se podrá avanzar. Esto significará que no se percibe con claridad las dimensiones de la profunda crisis que confronta Venezuela.

El FMI y el BM son instituciones de creación de conocimientos. Es verdad que facilitan recursos a los países bajo las condiciones acordadas. Pero también ofrecen acceso a conocimientos, a especialistas experimentados, a innovaciones que están sucediendo en diferentes sitios del planeta. Es el acceso para conocer lo que funciona, lo que no funciona en ninguna parte, lo que funciona en algunos sitios en específicas condiciones, y lo que podría funcionar si se siguen algunas pautas. Venezuela necesita todo ese conocimiento. Se puede nutrir de todo ese cúmulo de experiencias. Si se aplica esos conocimientos a los programas y proyectos que requiere Venezuela, podemos cubrir rápidamente la brecha de capacidades que confrontamos en la actualidad.

Otra manifestación de este primer enigma es si efectivamente se comparten los requerimientos generales del desarrollo sostenible. Estos requerimientos incluyen: el desarrollo de una democracia plena con adecuadas políticas públicas, el fortalecimiento de una economía basada en la creación de valor de la mayor complejidad posible, la calidad del bienestar en todas las áreas, y el progreso hacia una sociedad verde que valora y fortalece el ambiente en general, y hacia una sociedad azul que prioriza la protección y diversidad de los océanos y mares. Todos estos requerimientos estarán sobre la mesa cuando los equipos del gobierno de Venezuela y del FMI se siente a explorar las áreas de cooperación. La coincidencia sobre estos requerimientos facilitará los avances, las diferencias bloquearán el camino.

El segundo enigma es consecutivo al anterior. Está vinculado con la capacidad de concretar los siguientes pasos. El primero es el cumplimiento del Artículo IV del Acuerdo del FMI. Esto significa que el gobierno de Venezuela y el FMI convengan las políticas económicas de corto y mediano plazo que facilitarán las mejoras en la calidad crediticia de la República y el acceso a los recursos necesarios para la transformación del país.

La cooperación del gobierno de Venezuela y el BM está precedida por el cumplimiento del Artículo IV. Es el paso necesario para que el BM se concentre en convenir con el gobierno de Venezuela el respectivo Marco de Cooperación, el cual debe contener los acuerdos de mediano plazo que guiarán la cooperación entre ambas partes.

A partir de este convenio se puede proceder con la aprobación de los proyectos específicos que serían apoyados por el BM. Ambas partes deberán examinar las razones por las cuales de los 21 proyectos acordados por el gobierno de Venezuela y el BM después del año 2000, solo 4 fueron aprobados. La gran mayoría fueron retirados por el gobierno de Venezuela luego de alcanzar la fase de preparación.

Dentro de este enigma están también las restricciones de información para el diseño de políticas y programas. El BM publicó el último análisis sobre el vínculo entre crecimiento económico y la protección social en Venezuela hace un cuarto de siglo (2001). El último análisis del perfil de la economía venezolana fue publicado en 2019.

Si los equipos del BM revisan las cifras disponibles sobre Venezuela constatarán en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) los siguientes aspectos: el último censo nacional se realizó hace 15 años, los últimos datos de nacimientos corresponden a 2017, las encuestas de hogares para analizar la fuerza de trabajo no están disponibles, los datos de pobreza deben recalcularse con las recomendaciones hechas por las CEPAL hace más de una década. Por cierto, la última medición de las condiciones de vida utilizando una encuesta por muestreo por un organismo oficial se realizó hace 33 años (1993), bajo la responsabilidad de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), antecesora del INE, justamente con recursos del Proyecto de Desarrollo Social (PDS), primer proyecto social en la historia del país cofinanciado por el BM.

Los enigmas anteriores deben disiparse para que Venezuela puede establecer la siguiente etapa de cooperación con el BM. En esta etapa se podrían concretar proyectos para enfrentar los efectos de la emergencia humanitaria compleja que confronta el país desde hace más de diez años; las brechas de calidad y cobertura en los servicios de salud y educación; las extraordinarias restricciones de la infraestructura de electricidad, agua y saneamiento, transporte, y telecomunicaciones; las debilidades del sistema de protección social; las brechas institucionales del sistema nacional de innovación; y los desafíos para convertir a Venezuela en una sociedad verde y azul, entre otras prioridades.

En este panorama es bastante evidente que el paso catalizador en la realización de la consulta del Artículo IV del FMI. Mientras eso sucede, parece una buena idea que tanto el gobierno de Venezuela como el BM anticipen los siguientes pasos. Esto significa que empiecen a preparar las propuestas de estrategias generales, políticas públicas, programas y proyectos, que darán contenido a estos acuerdos de cooperación. Es la mejor vía para que los beneficios de estos acuerdos lleguen lo más pronto posible a los millones de familias que los requieren en el país. De eso se trata, al principio y al final.

Politemas, Tal Cual, 29 de abril de 2026

Avances y retrocesos de la democracia en América Latina

El último informe del proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, no deja ninguna duda. La democracia experimenta una mala época en el contexto global. De acuerdo con el informe, publicado el mes pasado con datos hasta 2025, solo el 7% de la población mundial vive en países con democracias liberales. En 2005 la proporción era 17%.

El Índice de Democracia Liberal (IDL), medida agregada propuesta por (V-Dem) para comparar democracias, tiene dos componentes: el Índice Electoral (IE), y el Índice del Componente Liberal (ICL). El primer componente incorpora los siguientes aspectos: libertad de expresión, libertad de asociación, proporción de la población adulta con sufragio, elecciones transparentes, y elección de gobernantes. El segundo componente se estima tomando en cuenta los siguientes aspectos: igualdad ante la ley, contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y contrapesos legislativos al poder ejecutivo. El IDL varía entre 0 (valor mínimo, compatible con el mayor nivel de autocracia) y 1 (valor máximo compatible con el mayor nivel de democracia plena).

En el gráfico se muestran los valores del IDL correspondientes al año 2025 en los 20 países de América Latina. También se incluye a Dinamarca (país con el mayor valor del IDL), y a Corea del Norte (país con el menor valor, compartido con Eritrea). En 2024 se había constatado que 11 países de la región habían experimentado reducciones en el IDL. En esta última medición (2025) el número de países que registraron reducción de IDL es 7. A continuación revisamos cada uno de los cuatro grupos de países conformados de acuerdo con el valor del IDL.

América Latina: Índice de Democracia Liberal (IDL)

por países, 2025

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem), Informe anual 2026

En el primer grupo están los países considerados como democracias plenas en la región (Costa Rica, Uruguay, y Chile). Estos países tienen un IDL superior a 0,75. En 2025 se registró un aumento del IDL en Costa Rica y Uruguay. En el caso de Uruguay este aumento le permitió ascender al segundo lugar después de Costa Rica. Los tres países se encuentran en el grupo de los primeros 20 países a escala global de acuerdo con el IDL (Costa Rica es el número 8).

El segundo grupo corresponde a los países con IDL entre 0,50 y 0,74. En este grupo se encuentran siete países: Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, Guatemala, Perú, y República Dominicana. Esto significa que tres países ingresaron a este grupo en 2025 (Guatemala, Perú, y República Dominicana). El aumento del IDL (0,05) de República Dominicana es el mayor reportado en la región. El ingreso de Guatemala en este segundo grupo de países se produjo en dos años (un aumento de 0,19 en el IDL en ese período). También es relevante la reducción de IDL registrada para Argentina (0,03), la segunda de la región similar a la de México.

En el tercer grupo están los cinco países que tiene un IDL entre 0,20 y 0,49: Ecuador, Paraguay, Honduras, Bolivia, y México. Llama la atención en este grupo la reducción del IDL en Ecuador (0,06), la más alta reducción en la región, así como la de México (0,03), la segunda de la región junto con la de Argentina. También destaca como nota positiva el aumento del IDL en Bolivia (0,04), el segundo de la región.

El cuarto grupo está conformado por los cinco países con IDL inferior a 0,20. Estos países son: Cuba, El Salvador. Haití, Nicaragua y Venezuela. El único país del grupo que mejoró ligeramente fue Haití, al pasar de 0,08 a 0,10 en el IDL. Venezuela fue el único país que registró una reducción del IDL (de 0,05 a 0,04).

El balance en la evolución del IDL muestra avances en la región. Entre ellos el aumento del número de países en el segundo grupo (de 4 a 7 países), y las mejoras en Guatemala, Perú, y República Dominicana. También se deben destacar el aumento del IDL en Bolivia (en el tercer grupo). En los retrocesos destacan los casos de Argentina, México, y Ecuador, así como la persistencia de las autocracias en los países del cuarto grupo.

Es notorio que los avances en las democracias exigen acuerdos y planes de acción sistemáticos. De allí que se requiera mucho esfuerzo para coordinar acciones, y continuidad en las reformas. A diferencia de otras regiones del mundo, los avances en América Latina, aunque limitados, son auspiciosos. Esperemos que existan cada día menos retrocesos y que los progresos sean más rápidos. Definitivamente la región requiere democracias más consolidadas y efectivas.

Politemas, Tal Cual, 22 de abril de 2026

Todos los boletines y todos los anuarios, para empezar

La semana pasada se conoció que el Ministerio del Poder Popular para la Salud había reanudado la publicación del Boletín Epidemiológico en su sitio web. La publicación del boletín había sido suspendida, siendo el último número conocido hasta la semana pasada el correspondiente a la última semana de 2016. Esto significa que durante casi una década no se dispuso de información regular y completa sobre las enfermedades de notificación obligatoria en Venezuela.

El Boletín Epidemiológico fue iniciado en 1938 al crearse la División de Epidemiología y Estadística Vital en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), bajo la coordinación del Dr. Darío Curiel Sánchez. Esta publicación se originó en la necesidad de conocer en detalle la incidencia de las enfermedades en el territorio nacional para responder rápidamente con medidas de prevención y control.

La información del boletín es útil tanto para la toma de decisiones por parte de los responsables de los organismos de salud como para la población en general. Tener información de calidad y de manera perentoria es el primer requisito para tener éxito en la prevención y control.

Que el país haya pasado la última década sin información regular sobre enfermedades como malaria, dengue, tuberculosis, entre otras, ha sido una limitación inmensa para enfrentar con efectividad los riesgos a los que está expuesta la población. El reinicio de la publicación del Boletín Epidemiológico debe continuarse con la revisión de las políticas específicas que se implementan o se deben implementar para cada una de estas enfermedades.

La obtención y sistematización de datos en cualquier área de políticas públicas es una tarea exigente, detallada, que consume mucho tiempo y esfuerzo. Detrás de cada uno de los boletines semanales, con sus gráficos y tablas, está el trabajo de las personas responsables de incluir los datos en una planilla para después transferirlos a bases de datos, y luego proceder con los análisis y diagramación. Es un trabajo realizado muchas veces en la mayor discreción, pero de inmensa utilidad. Es importante reconocer el profesionalismo y dedicación de los equipos técnicos encargados de estas tareas, en las cuales el país llegó a estar en la delantera en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo pasado.

La reanudación de la publicación del Boletín Epidemiológico debería verse como un primer paso. Que debe continuarse en varios frentes. El primero de ellos es facilitar un mejor acceso a los boletines en el sitio web. Quizás creando una sección aparte que sea más visible. El segundo paso sería incluir todos los boletines del año en curso (el primer boletín disponible corresponde a la semana del 22 al 28 de marzo).

De acuerdo con la información del último boletín (de la semana del 29 de marzo al 4 de abril), tenemos detalles relevantes sobre la situación de las enfermedades notificables que eran desconocidos para la población general y analistas hasta hace pocas semanas. Por ejemplo, las dosis de vacuna contra fiebre amarilla (VFA) administradas en cada una de las trece semanas epidemiológicas transcurridas en 2026, el número de casos y muertes por fiebre hemorrágica venezolana (FHV) ocurridos en los estados Barinas y Apure, y el número de casos de malaria (26.903) acumulados en 2026. Cada uno de estos datos tiene implicaciones para las intervenciones de salud pública respectivas.

La publicación de los boletines debería continuar con la correspondiente a todos los números elaborados (pero no publicados) entre 2017 y 2026. De esta forma se tendría toda la información histórica, de especial relevancia para conocer patrones en la incidencia de las enfermedades notificables. También sería prioritario incluir en el sitio web todos los boletines digitales publicados antes de diciembre de 2016 (ya estuvieron disponibles en el sitio web). Y debería completarse el acceso a todos los boletines desde el primero publicado en 1938, procediendo con la digitalización de cada uno de ellos. Así estarían disponibles, año por año y semana por semana, todos los boletines publicados.

También se debería actualizar la publicación de los anuarios que elabora el ministerio. Al menos tres de estos anuarios son de gran importancia para el seguimiento de las políticas de salud. El primero es el Anuario de Mortalidad en el cual se incluyen todas las defunciones ocurridas en el país en un año dado clasificadas por entidad geográfica, grupos de edad, causa, entre otras características. El último anuario disponible en el sitio web es del año 2014 (aunque se publicó el de 2016, más no el de 2015). En el caso del Anuario de Natalidad el último publicado es el correspondiente al año 2014, y en el del Anuario de Morbilidad el último publicado fue en 2013.

Completar la disponibilidad de boletines y anuarios es un paso fundamental para contar con la información histórica que permita analizar la situación en cada uno de los múltiples problemas de salud de la población en Venezuela. De esta forma se podrían identificar los éxitos y limitaciones de las respectivas políticas de salud.

Estos pasos en la mejora de la disponibilidad de información podrían continuarse con la puesta en marcha de instrumentos más frecuentes para la medición de las condiciones de salud, como pueden ser encuestas por muestreo, aplicaciones digitales con información en tiempo real, digitalización de historias clínicas, entre otras posibilidades. Esperemos que contar con mejor calidad de información sobre la salud de la población sea cada día una situación más frecuente.

Politemas, Tal Cual, 15 de abril de 2026

El mito de estabilizar sin datos sobre las condiciones de vida

Venezuela inició el segundo trimestre bajo el control de Estados Unidos. Es un hecho categórico. Hasta la fecha no existe un cronograma acordado entre los actores políticos para una transición inclusiva a la democracia. Mucho menos un acuerdo de gobernabilidad que permita una transición exitosa. Es decir, nada concreto sobre la tercera etapa del plan de EEUU para Venezuela.

Con este escenario quizás lo mejor es comenzar por el principio. Esto es, la llamada fase de estabilización. Esta fase, al menos en lo que ha sido explicado por los voceros de EEUU, no considera la situación de emergencia humanitaria compleja en la cual se encuentra Venezuela desde hace más de diez años. Se trata de una estabilización en la que no están incluidas las condiciones de vida de los millones de familias afectadas por el deterioro social y económico de los últimos 27 años en Venezuela.

Es bastante obvio entonces que el plan de EEUU se refiere a otra estabilización. En primer lugar, a la estabilización política, y, luego, a la estabilización de las condiciones en las cuales participa Venezuela en el mercado energético global. Los hechos indican que en estas visiones de la estabilización los avances son notorios.

Todo lo cual nos lleva al problema de fondo: el que confrontan las familias venezolanas en la vida cotidiana. Y que se traduce en dificultades severas para disponer de la ingesta requerida de alimentos, para tener acceso a los servicios básicos, y a las posibilidades de un trabajo productivo. En esta visión de la estabilización nada parece haber cambiado. Ni el gobierno interino, ni el gobierno de EEUU expresan alternativas de políticas para enfrentar esta situación.

Asumamos por un momento que la evolución de la emergencia humanitaria compleja sea tomada en cuenta por ambos gobiernos (el interino y el que controla al interino). Un poco de optimismo puede ayudar. Esto significaría que existe la voluntad política de implementar políticas adecuadas para enfrentar la emergencia.

Entonces, en ese justo momento, aparecerá de bulto el inmenso deterioro institucional que ha experimentado el país para saber lo que sucede con las personas, sobre las condiciones concretas de su vida cotidiana.

Una revisión del sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) es útil para tener detalles sobre este deterioro institucional. En primer lugar, justo en la página inicial del sitio web, se indica que las estadísticas comienzan en 1999. Como si fuera posible desaparecer por capricho todo el desarrollo de las estadísticas públicas venezolanas de la segunda mitad del siglo XX. Como si se pudiera tapar el sol con un dedo.

Es tan difícil borrar la historia que en el mismo sitio web (en la sección de “estadísticas”), de los pocos documentos disponibles, están publicaciones previas a 1999. Estas son: (1) el mapa de pobreza publicado en 1993 elaborado con los datos del Censo Nacional de 1990 (cuando los censos nacionales se hacían cada 10 años), y (2) la recopilación de las encuestas de hogares por muestreo elaboradas entre 1967 y 1997 por la Oficina Central de Estadística e Informática OCEI), predecesora del actual INE, una de mejores encuestas de hogares de América Latina en esa época.

De manera que el mapa de pobreza disponible en la actualidad en el sitio web de la institución responsable de las estadísticas oficiales fue elaborado con datos de 36 años atrás. Tampoco están disponibles las encuestas de hogares por muestreo que permiten conocer la evolución del mercado de trabajo (antes era posible solicitarlas para el análisis por parte de universidades y centros de investigación). En un compendio de indicadores se pueden encontrar datos de la encuesta de hogares de 2023, pero sin acceso a los datos. No se dispone tampoco de una encuesta nacional de condiciones de vida bajo responsabilidad de las instituciones públicas.

El balance no puede ser más decepcionante. Tanto el gobierno interino como el gobierno de EEUU no muestran fuentes oficiales para identificar las brechas de atención de la población venezolana en la actualidad. Pueden estar completamente perdidos. Afortunadamente, se puede contar con la experiencia de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación que han desarrollado múltiples iniciativas para realizar el seguimiento de la situación social de las familias. Pero es bastante claro que esta es una responsabilidad fundamental de las instituciones oficiales.

Quizás sea bueno para estos gobiernos (el interino y el de EEUU) revisar la experiencia de Perú en el seguimiento de las condiciones de vida de las personas. En el sitio web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú se encuentran disponibles todas las encuestas nacionales de hogares (ENAHO) realizadas desde 1997 hasta 2025 (la de 2026 está en curso). Para facilitar el análisis a todos los interesados se pueden obtener directamente los archivos con la base de datos en diferentes formatos. Ojalá la experiencia de Perú se convierta en referencia para ser emulada. Es deseable que parte de los recursos que se esperan por concepto de los nuevos ingresos petroleros sirva para conocer las condiciones de vida de las familias venezolanas, quizás el mayor valor intangible que tiene un país.

Por todo lo anterior es un completo mito pensar que se puede estabilizar la situación social y económica de las familias venezolanas con estas dos grandes omisiones. La omisión en el diseño de la estabilización (al excluir las condiciones de vida), y la omisión de datos oficiales, de libre acceso para todos los ciudadanos. Para enfrentar exitosamente la gravedad del deterioro en las condiciones de vida se requiere corregir rápidamente estas serias omisiones.

En el curso actual, sin introducir sustanciales correctivos, Venezuela no tendrá estabilización de las condiciones de vida de las familias, y mucho menos recuperación sostenible y transición inclusiva a la democracia. Este es el escenario que se debe modificar.

Politemas, Tal Cual, 9 de abril de 2026

Consecuencias de la autocratización de Estados Unidos

Estados Unidos experimenta una franca tendencia autocrática desde 2024. Esa es quizás una de las conclusiones más relevantes del último informe anual del proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicado la semana pasada con datos hasta el año 2025.

En el gráfico se muestran los valores del índice de Democracia Liberal (IDL) desde 1950 para cuatro países: Estados Unidos, Dinamarca (país del mundo con el valor más alto del IDL en 2025), Costa Rica (país de América Latina con el IDL más alto, y el séptimo del mundo), y Venezuela (una de las cinco autocracias de América Latina, con el segundo más bajo IDL de la región, y con el valor más bajo de IDL desde 1936). El IDL varía entre 0 y 1. Los países con IDL más bajos son autocracias, los países con IDL más altos corresponden a democracias plenas.

Estados Unidos: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1950-2025

     Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

El IDL de EEUU disminuyó de 0,75 en 2024 a 0,57 en 2025. Esto significó una caída de 27 puestos en el orden decreciente de los países según el valor del IDL. Es un retroceso de dimensiones históricas en la calidad de la democracia de EEUU, de hecho, es el mayor desde 1789 (año de inicio de las mediciones disponibles del IDL en (V-Dem).

Se señala también en el informe del (V-Dem) que durante la administración Trump el nivel de la democracia de EEUU ha regresado al que tenía en 1965 (fecha propuesta como la transición a la verdadera democracia). Se considera que la velocidad de este desmantelamiento no tiene precedentes en la historia moderna, es mayor que las regresiones autocráticas de Hungría, Rusia, Turquía, India y Serbia producidas en los últimos 25 años.

Las manifestaciones más nítidas de esta evolución autocrática se expresan en: (1) la agresiva concentración de los poderes de la presidencia, (2) la reducción de la protección de los derechos civiles, (3) el nivel de libertad de expresión es el más bajo desde finales de la II Guerra Mundial, (4) la ofensiva del gobierno contra las organizaciones opuestas a su agenda, y (5) las amenazas a la integridad de las elecciones de mitad de período (a realizarse en noviembre de este año).

Las consecuencias de este agudo y sistemático deterioro de la democracia de EEUU se extienden más allá de las fronteras del país. Afectan las relaciones con todos los actores globales comprometidos con la democracia, y son bastante visibles ya en la diversidad de conflictos globales en los cuales la influencia de EEUU es determinante.

En Venezuela las consecuencias también son relevantes. En la actualidad el país no solo tiene una autocracia consolidada a través de los últimos 27 años, sino que ahora también tiene el control de EEUU con una tendencia autocrática. Es bastante obvio que la tarea de redemocratización del país se hace más compleja en este contexto. Razón por demás para los sectores democráticos del país diseñen y pongan en práctica una estrategia que consolide un frente común para enfrentar estas nocivas prácticas autocráticas.

Politemas, Tal Cual, 25 de marzo de 2026

Dos gobiernos sin políticas ante la emergencia humanitaria

Venezuela tiene al menos diez años en emergencia humanitaria compleja. Esta situación significa un riesgo permanente para la vida y el bienestar de una gran cantidad de la población. La evolución de esta emergencia humanitaria compleja ha traído consecuencias desastrosas para las familias de millones de venezolanos. Puede decirse que para esa población no existe un problema más importante: se trata de la propia sobrevivencia, sin más.

La gravedad de esta situación ha requerido la intervención de múltiples organizaciones nacionales e internacionales. La afectación ha empeorado en muchos casos con el paso del tiempo por la irreversibilidad de muchos de estos efectos. No se necesitan más argumentos para reconocer que es un problema que requiere urgentemente políticas públicas efectivas y permanentes. Es la única forma de que esta situación pueda cesar.

Las políticas públicas deben ser diseñadas e implementadas con la participación de múltiples instancias, pero requieren en muchas de sus etapas la acción de los gobiernos nacionales. Desde el 3 de enero de este año Venezuela tiene dos gobiernos, el interino, y el de los Estados Unidos. Dada la envergadura de la emergencia humanitaria compleja lo deseable es que ambos gobiernos coordinen acciones para enfrentar efectivamente esta situación.

Lamentablemente, para ninguno de los dos gobiernos la emergencia humanitaria compleja es una prioridad. El gobierno de EEUU concentra su atención en la fase de estabilización. Que se refiere fundamentalmente a la estabilización del mercado petrolero. Prioridad mucho más loable si ella se reflejara directamente en los recursos necesarios para atender la emergencia humanitaria.

En el caso del gobierno interino, el seguimiento de las acciones reflejadas en la Gaceta Oficial hasta el 19 de febrero (último día de publicación) indica que no se ha aprobado ninguna acción relacionada con la atención de la emergencia humanitaria. Es así de claro y dramático.

Quizás la publicación del último informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre Venezuela puede ayudar para que ambos gobiernos coordinen esfuerzos.

Se señala en este informe que la respuesta humanitaria en Venezuela registró en 2025 el menor financiamiento de los últimos años. Sólo se recibieron 115 millones de dólares, equivalente al 19% de los requeridos (606 millones de dólares). Esto significa, según el informe, que el programa de atención humanitaria de Venezuela es uno de lo que tienen menos financiamiento en el mundo.

Cuando se analiza por rubros de atención, se señala en el informe que la seguridad alimentaria recibió menos del 25% de lo requerido. En salud, educación y protección contra la violencia basada en género y nutrición se recibió entre 13% y 19% de lo previsto. En agua, saneamiento, e higiene; protección de niñas, niños y adolescentes; y alojamiento, energía y enseres se recibió menos del 10% de lo requerido.

A pesar de estas severas limitaciones de financiamiento, se destaca en el informe la participación de 122 organizaciones (69 en el ámbito nacional y local) para apoyar con servicios a 2,1 millones de personas beneficiarias en todo el país (sobre una meta de 5,1 millones de personas a atender).

Tal como se indica en el informe, el problema actual es el financiamiento de la atención humanitaria en el año 2026 (ya transcurridos casi tres meses). Esta pregunta, la asignación de los recursos para el año en curso, debería formar parte de la agenda de coordinación de los dos gobiernos que tiene ahora Venezuela.

También debería considerarse en la agenda de interpelaciones que podrían realizar todas las bancadas representadas la Asamblea Nacional. Y también debe ser un eje de las acciones que realizan los sectores comprometidos con la transición inclusiva a la democracia en Venezuela.

La atención preferente a la emergencia humanitaria compleja del país es una excelente oportunidad para la cooperación efectiva entre ambos gobiernos, el parlamento, y los actores políticos y sociales. Esperemos que sea así.

Politemas, Tal Cual, 11 de marzo de 2026

Venezuela prefiere los acuerdos, así de claro

Si se concentra la atención en la opinión de los actores políticos más relevantes, las posibilidades de una transición inclusiva a la democracia en Venezuela no lucen nítidas. Más bien lo que se aprecia es la ausencia de espacios para el encuentro y el diálogo. Porque es evidente que la primera condición para la inclusión es que se aprecie que hay conversación, que hay interés por coincidir. Este contexto puede cambiar, esperemos que sea así.

Ahora bien, otra es la perspectiva cuando se conocen las opiniones de los ciudadanos sobre los acuerdos y el diálogo. Los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Venezuela permiten valorar con detalle estas percepciones. La encuesta se realizó de manera presencial en los meses de noviembre y diciembre de 2025 a través de una muestra representativa de 1.295 personas en todas las regiones del país.

El 63,5% de la población opina que los acuerdos entre actores con puntos de vista diferentes pueden funcionar. El reconocimiento de la efectividad de los acuerdos no es una idealización. La experiencia concreta de la evolución política de Venezuela demuestra que actores diferentes pudieron acordar en 1958, y que esos acuerdos se mantuvieron por un largo período. También es evidente que en las últimas décadas el acuerdo entre diferentes no ha sido la norma. Quizás por eso se valoran más los acuerdos.

Que un porcentaje tan alto de la población exprese que los acuerdos pueden ser efectivos es una notable demostración de la incorporación de esta práctica en la vida cotidiana de las personas. Solo el 20% opina que es mejor que uno de los puntos de vista se imponga sobre el otro. Demostración también de la vigencia de rasgos autoritarios en una parte significativa de la población.

Para casi el 70% de la población las vías preferidas para resolver las diferencias políticas son las institucionales. Dentro de ellas la mayoritaria es el diálogo y la negociación (50,4%). También son relevantes la movilización pacífica (10,4%), y los mecanismos institucionales (8,8%). Sólo el 12,4% considera que la mejor vía para resolver las diferencias es no hacer concesiones.

El 50,4% de la población manifiesta acuerdo con la importancia de mantener espacios de diálogo y negociación, incluso entre quienes piensan distinto, aunque eso signifique ceder en algunos puntos. Sólo el 13,6% manifiesta desacuerdo con los espacios de diálogo y negociación entre quienes piensen distinto.

Para una amplia mayoría (84,6% de la población), la resolución de conflictos debe realizarse a través del acuerdo. Sólo el 9,5% prefiere la confrontación.

Es bastante evidente que la expectativa de la gran mayoría de la población es que los acuerdos sean la vía para resolver las diferencias. También para la gran mayoría todos los sectores del país son importantes para la construcción de acuerdos.

La magnitud de la valoración que tiene la sociedad por los acuerdos tiene al menos dos implicaciones relevantes. Para los actores políticos la necesidad de reconocer la significación que le otorga la población a los acuerdos. Y para las organizaciones de la sociedad la importancia de promover la construcción de acuerdos. La confluencia de ambos esfuerzos podría contribuir a que se alcancen los acuerdos que requiere Venezuela para lograr la democracia plena y el bienestar.

Politemas, Tal Cual, 4 de marzo de 2026

Contenidos para el acuerdo de gobernabilidad

Dos grandes consensos se manifiestan contundentemente en la sociedad venezolana de la actualidad: alcanzar la democracia plena, y poner en práctica políticas públicas que promuevan el bienestar para todos los ciudadanos. Existe la convicción de que lo experimentado en las últimas tres décadas ha significado la pérdida de la democracia y el deterioro abismal en las condiciones de vida.

Para que estos consensos se expresen en la vida cotidiana de los venezolanos se requiere un amplio acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo respaldado por todas las instancias de la sociedad, que sea sostenible, y que esté fundamentado en una profunda autocrítica. Solo un acuerdo de esta naturaleza permitirá las condiciones para una transición inclusiva a la democracia y el bienestar. El éxito de la democracia iniciada en 1958 radicó en el acuerdo de gobernabilidad expresado en el Pacto de Puntofijo firmado el 31 de octubre de ese año. Los riesgos de que no se logre un acuerdo de gobernabilidad en la coyuntura actual son significativos y potencialmente muy costosos.

Es por ello de especial relevancia considerar los contenidos del acuerdo de gobernabilidad que se puede proponer en la actualidad. Para ello se pueden identificar los siguientes aspectos: (1) la naturaleza del acuerdo, (2) los objetivos, y (3) las etapas de ejecución.

El acuerdo de gobernabilidad debe responsabilizar a los actores políticos para asumir el compromiso de alcanzar la democracia plena y poner en práctica políticas públicas que promuevan el bienestar. Corresponde a los actores políticos democráticos con vocación para gobernar el país la elaboración y aprobación de este acuerdo de gobernabilidad. Las organizaciones de la sociedad deben formular sus exigencias con respecto al acuerdo de gobernabilidad. El principio es muy preciso: las tareas planteadas solo pueden conseguirse a través de los aportes de todos los actores.

Este acuerdo de gobernabilidad debe ser el fundamento de acciones de inmediato. Se trata de la gobernabilidad actual, la que se requiere ahora. Estas acciones deben ser la base para las acciones que se concretarán en las siguientes etapas. En otras palabras, el acuerdo de gobernabilidad debe comenzar a la brevedad. El impacto de las acciones en la actualidad condicionará que la gobernabilidad de mediano plazo también sea efectiva.

El acuerdo de gobernabilidad debe ser concebido para la realidad dinámica de la coyuntura venezolana. Tal como ha ocurrido en otros contextos, el acuerdo de gobernabilidad puede requerir adaptaciones dependiendo de las distintas situaciones que se presentarán. Dadas las condiciones particulares de Venezuela, con la interacción entre el gobierno interino y el gobierno de Estados Unidos, la adaptabilidad es esencial.

También debería ser una premisa inicial el hecho de que este acuerdo de gobernabilidad forma parte de una secuencia. Esto es, acuerdos consecutivos con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Los acuerdos con estos gobiernos es lo que asegurará que la transición sea efectivamente inclusiva.

Los objetivos del acuerdo de gobernabilidad involucran dos aspectos centrales: la calidad de la democracia, y la calidad del bienestar de los ciudadanos.

El mayor nivel de calidad de la democracia se expresa en el concepto de “democracia plena” a través de las siguientes dimensiones: (1) amplia libertad de expresión e intercambio social, (2) amplia libertad de asociación, (3) absoluta transparencia del sistema electoral, (4) plena vigencia del Estado de Derecho, y de las libertades individuales y la igualdad ante la ley, (5) contrapesos del poder judicial sobre el poder ejecutivo, y (6) contrapesos del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. El seguimiento estricto de las mejores prácticas en los seis aspectos mencionados, ubicarían a Venezuela entre las democracias plenas en el contexto global de acuerdo con los criterios propuestos por el proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

El mayor nivel de calidad del bienestar de los ciudadanos se puede alcanzar a través de políticas públicas orientadas a la creación de valor y a la solidaridad social, basadas en las mejores evidencias, y que combinen la efectividad y centralidad de visiones y prácticas. La implementación sistemática de estas políticas públicas facilitará que se recupere el deterioro experimentado en las condiciones de vida, y se conforme un nuevo modelo que garantice el desarrollo sostenible y la innovación.

La transición inclusiva supone dotar nuevamente al país de la institucionalidad democrática. Y para ello el requisito fundamental es la realización de elecciones para todos los niveles de representación, tanto ejecutivos como legislativos. De allí que las acciones que se derivan del acuerdo de gobernabilidad deben considerar tres etapas: (1) el período previo a las elecciones generales, (2) las elecciones generales, y (3) el ejercicio del gobierno. De lo cual se desprenden tres metas estratégicas: (1) garantizar el contexto más adecuado para realizar elecciones generales ampliamente democráticas, (2) lograr el triunfo en las elecciones generales en todas las circunscripciones, y (3) realizar gestiones exitosas en todos los niveles de gobierno.

En el período previo a la celebración de las elecciones generales, las acciones podrían estar orientadas a: (1) garantizar las libertades de todas las personas que se encuentren perseguidas, en prisión, o en el exilio, para que puedan incorporarse en plenitud al ejercicio pleno de sus derechos políticos, (2) garantizar la más amplia libertad de expresión a través del cese de la hostilidad a periodistas y medios de comunicación, y de toda forma de censura y represión a las opiniones, (3) garantizar la más amplia libertad de asociación de manera que todos los partidos políticos y asociaciones civiles puedan participar sin ningún tipo de limitaciones en la nueva institucionalidad democrática, y (4) garantizar la más amplia cobertura y transparencia del sistema electoral. La celeridad y efectividad de las acciones en este período dependerán en extremo de la consistencia y coincidencia de los actores políticos del acuerdo de gobernabilidad.

Lo deseable es que a través de las acciones anteriores se pueda promover un clima político adecuado para la realización de elecciones generales. En esas elecciones generales los actores políticos deberían acudir con candidatos unitarios en cada una de las circunscripciones para cargos ejecutivos y legislativos. También deberían acordar la presentación de un programa común de gobierno y de agenda legislativa en cada una de las circunscripciones. Los acuerdos en candidatos y programas son requisitos para maximizar las posibilidades de victoria electoral en cada uno de los ámbitos.

El éxito electoral, y los acuerdos políticos con el gobierno interino y el gobierno de EEUU, darían paso a la instalación de gobiernos que deberían ser expresión de los objetivos del acuerdo de gobernabilidad. Esto es, gobiernos concentrados en fortalecer la democracia y en lograr mejoras en el bienestar de los ciudadanos.

El proceso descrito es naturalmente complejo y laborioso. Requiere disposición a acordar, con la convicción de que es mejor incluir que excluir, sumar que restar, unir que separar. Los liderazgos políticos y sociales tienen una responsabilidad máxima ante las perspectivas del país por construir una democracia plena y con bienestar para todos. El acuerdo no puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 25 de febrero de 2026

Los riesgos de no lograr un acuerdo de gobernabilidad

 El mejor escenario para la democracia plena en Venezuela exige una transición inclusiva. Un proceso en el cual todos los actores más relevantes, pero especialmente, el gobierno interino, el gobierno de Estados Unidos, y la oposición, logren establecer una ruta compartida. Es bastante claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las evidencias internacionales, y la propia experiencia de Venezuela, indican que una transición de este tipo conduce a una mayor estabilidad política y abre paso a mejores oportunidades para el bienestar de los ciudadanos.

Para que esta transición sea posible se requieren acuerdos sostenibles. Acuerdos centrados en la máxima gobernabilidad posible. En la particular situación de Venezuela, más bien se requiere una secuencia de acuerdos. El primero de ellos compete a los actores políticos de la oposición. Porque es de su máximo interés que la ruta de redemocratización se acuerde a la mayor brevedad. Para los otros dos actores relevantes, el gobierno interino y el gobierno de EEUU, no hay urgencia. Se han encargado de dejar explícito que la redemocratización no está entre sus prioridades del momento. Ganar tiempo es su consigna.

Todo lo cual deja a los actores políticos que aspiran ser el gobierno alternativo con una inmensa responsabilidad. Esto es, tejer con dedicación un acuerdo político que sea el instrumento para generar la redemocratización del país. La premisa es sencilla: no es posible, ni tampoco deseable, que esta tarea se pueda enfrentar de manera aislada.

No es posible porque en una sociedad abierta, como ha demostrado ser la venezolana, existen múltiples actores y visiones. Cada uno de ellos representa una parte de la realidad social que, independientemente de su apoyo en las preferencias, tiene aportes que realizar.

Y no es deseable porque la democracia plena es un bien de toda la sociedad. Estamos en esta situación porque no cuidamos ese bien que nos pertenece a todos. Ergo, la solución no pasa por excluir sino por incluir a la mayor cantidad de actores.

Lamentablemente, no se aprecia que existan espacios de diálogo para que un acuerdo de esta naturaleza se pueda construir. Pasadas ya varias semanas de la nueva coyuntura política, más bien se aprecian divergencias en los enfoques de los actores políticos alternativos. Estas divergencias son muchas veces tenues, pero otras no tanto. Son productos de válidas diferencias de visión y de proyecto, pero otras veces pueden responder a la creencia de que la perspectiva que se tiene es la que debe predominar, sin someterla a la comparación de ideas o alternativas. Otras veces las divergencias están basadas en diferencias personales, en rupturas consideradas como irreversibles. Todo esto conduce a que el bien general, el que pertenece a todos, pase a un segundo plano.

En este contexto, es conveniente analizar los riesgos que confronta la sociedad venezolana si no es posible generar un acuerdo entre estos sectores políticos alternativos. El primer riesgo ya está operando. Es un riesgo de corto plazo. Si no existe una agenda compartida en la cual se acuerden objetivos, contenidos y plazos de la redemocratización, entra a dominar la escena, aún más, lo que puedan acordar el gobierno interino y el gobierno de EEUU.

La fragmentación de visiones y propuestas entre los sectores políticos alternativos conduce a una reducción de su capacidad de incidencia. En las palabras del secretario de Estado en su comparecencia del 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quedó muy explícito: EEUU ha dado un tiempo (hasta mediados de este año) para identificar las posturas de la diversidad de opciones que tiene la oposición. En el fondo está la premisa de que la estrategia de EEUU estará basada en cuán cercanas o divergentes sean esas visiones. Es por ello de especial relevancia que se pueda presentar la visión común y plenamente compartida.

Si este riesgo no es enfrentado de manera efectiva, es bastante probable que la dinámica política pase a depender en gran medida de los acuerdos que alcancen el gobierno interino y el gobierno de EEUU. Y el hito que pudiera predominar en esa dinámica es la celebración de elecciones. Ambos actores (el gobierno interino y el gobierno de EEUU) han expresado que las elecciones no están en el escenario de corto plazo. Pero es evidente que las elecciones vendrán. Es uno de los pocos consensos que se puede apreciar (incluyendo dentro de los sectores políticos alternativos).

De manera que las elecciones más importantes de la sociedad venezolana en al menos una generación se realizarán con pautas y arreglos en los cuales los sectores políticos alternativos no participarán en igualdad de condiciones. Serán a la medida de lo que acuerden el gobierno interino y el gobierno de EEUU. La ausencia de un acuerdo de gobernabilidad entre los sectores políticos alternativos tendrá esas consecuencias.

Y es acá que aparece el segundo gran riesgo. Los sectores políticos alternativos podrían acudir divididos a esos comicios. Con al menos dos coaliciones diferentes, en el mejor de los casos (porque podría haber más de dos coaliciones). Ya sabemos por palabras del propio secretario de Estado que se da por descontado que el gobierno interino acudirá con el mejor nivel posible de recuperación que pueda alcanzar. También sabemos por Félix Seijas, conocedor como pocos de la dinámica de la opinión pública de los venezolanos, que en esos comicios “podemos estar ante una confrontación electoral ajustada”. Esto significa que la falta de acuerdo puede afectar las posibilidades del triunfo electoral.

Lo cual nos lleva entonces al tercer gran riesgo. Se podrían perder las elecciones, en primer lugar, pero en el caso de ganarlas no habría un acuerdo de políticas públicas modernas, efectivas, ubicadas en la centralidad. Tanto nadar para llegar a la misma orilla. Ese eventual gobierno partiría con políticas públicas que no contarían con el requerido consenso político y social. Visto los grandes deterioros de las condiciones de vida y de la perspectiva de bienestar de los venezolanos, esta ausencia de acuerdos sería absolutamente inaceptable y vergonzosa.

Los riesgos deben formularse, y luego comprender sus implicaciones. Pero lo más importante es que se puedan enfrentar con estrategia y convicción. Los riesgos señalados constituyen una secuencia de graves consecuencias.

Los liderazgos de los sectores políticos alternativos tienen una gran responsabilidad en encarar estos riesgos. Deben ponerse de acuerdo. Y luego ponerse de acuerdo con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Es fundamental que las múltiples organizaciones de la sociedad también demanden acuerdos responsables y sostenidos. La exigencia no puede ser más perentoria.

Politemas, Tal Cual, 18 de febrero de 2026

Acuerdo de gobernabilidad para la transición inclusiva

La democracia plena es el resultado de un camino de acuerdos. De acuerdos sostenibles entre actores diferentes. Estas diferencias van desde las ideologías que se profesan, pasando por las trayectorias históricas, hasta las motivaciones personales. En ese inmenso conjunto de diferencias se debe producir el acuerdo por establecer una democracia en la cual todos y cada uno de los actores pueda desarrollar aspiraciones y objetivos para la sociedad.

Si esta visión fuera sencilla de concretar, no existirían autocracias ni retrocesos en las democracias. La práctica de los acuerdos para construir democracias tiene sus complejidades. Concertar entre diferentes requiere habilidades personales y políticas, una gran dosis de paciencia, y una sostenida vocación por anteponer el bien general al sectarismo.

Venezuela ha tenido dos democracias. Ambas terminaron en autocracias. Y la causa fue la misma: procesos sistemáticos de exclusión de actores políticos. La democracia iniciada en 1948, después de las primeras elecciones directas, universales y secretas de la historia del país, fue clausurada con el golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año. El 9 de febrero de 1958, a su regreso del exilio, Rómulo Betancourt reconoció que una de las causas del fracaso de la primera democracia había sido el “canibalismo político”. Para evitar el golpe de Estado se requerían prácticas políticas de inclusión que no tuvo el liderazgo político de la época.

Y así llegamos a la dictadura que se extendió hasta el 23 de enero de 1958. El golpe de Estado que le pone punto final a la dictadura de Pérez Jiménez ofrece una nueva posibilidad de democracia. Esta vez el liderazgo político tenía una propuesta más inclusiva. Los años de exilio y clandestinidad habían favorecido la revisión de los errores que llevaron al fracaso de la primera democracia.

El liderazgo político, representado por los partidos AD, Copei, y URD, estaba convencido de que la construcción de la nueva democracia no era tarea de un solo actor. Se requería el acuerdo. No solo para alcanzar el gobierno, sino para gobernar juntos. Y por lo tanto era necesario pactar. De esa convicción surge la importancia de concertar un acuerdo, conocido como el Pacto de Puntofijo.

Es conveniente detallar al menos en sus grandes rasgos la secuencia de acuerdos que se concretan en la redemocratización a partir de 1958. Lo primero fue el acuerdo político, esto es, los objetivos y pautas de la coalición. Este es el contenido del primer documento presentado a la opinión pública el 31 de octubre de 1958. Allí se expresa el marco político en el cual se concibió la democracia en ese momento. Los contenidos de este documento expresan con nitidez lo que décadas más tarde se conocerá como “democracia plena”.

El Pacto de Puntofijo fue firmado antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958. La razón resulta bastante sencilla: las elecciones eran un paso en la ruta de redemocratización. Antes de las elecciones debía suscribirse un acuerdo por el objetivo: la democracia plena. El respeto al resultado electoral era un primer producto del acuerdo. En otras palabras, las elecciones debían ser expresión del pacto para construir una mejor democracia. Y esto lo entendió a cabalidad el pueblo venezolano: la participación electoral fue el 93% de los votantes inscritos, la más alta en la historia del país hasta el día de hoy.

También entendieron los actores políticos firmantes del Pacto de Puntofijo que se necesitaba acordar un programa de gobierno. El día antes de las elecciones dieron a conocer el Programa Mínimo de Gobierno. Dos meses más tarde, el 13 de febrero de 1959, en el momento de su juramentación como presidente de la República, Rómulo Betancourt prefirió llamarlo “programa común”, quizás porque la palabra “mínimo” no expresaba adecuadamente las dimensiones de las tareas a desarrollar desde el gobierno.

Las lecciones del Pacto de Puntofijo están en la historia. Son sencillas de apreciar, extraordinariamente complejas de incorporar en la práctica política. Primero fue el acuerdo político, luego el acuerdo del programa de gobierno, y, finalmente, las elecciones. Seguir la secuencia tiene por objetivo garantizar una transición sostenible.

Como resultado de este proceso iniciado en 1958, en el plazo de un año, de acuerdo con el proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, la democracia de Venezuela pasó a ser la tercera de América Latina en el Índice de Democracia Liberal (IDL), solo superada por Uruguay y Costa Rica. Y se mantuvo entre las seis primeras hasta 1998.

Lamentablemente, también la exclusión generó que el Pacto de Puntofijo apenas durará 22 meses. Los resultados positivos del Pacto, en cuanto al desarrollo de la democracia plena, se combinaron con múltiples restricciones en el bienestar de los venezolanos. El proceso de exclusión política que se experimentó lentamente a partir de 1960, combinado con el deterioro de las condiciones de vida hacia finales del siglo XX, abrieron la puerta a la autocracia que se consolidó en el país desde 1999, tal como lo confirman los datos del proyecto Variedades de Democracia. Hoy en día Venezuela es una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son: Cuba, Nicaragua, El Salvador, y Haití).

Las posibilidades de la redemocratización de Venezuela en 2026 se desenvuelven en un contexto muy diferente al de 1958. Ahora se requiere concertar la redemocratización con el gobierno interino y con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es una secuencia más larga de acuerdos, en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Tales posibilidades dependen de que se puedan aplicar las lecciones de nuestra propia historia. Es decir, que todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar en Venezuela acuerden primero las pautas que garanticen el máximo de gobernabilidad. Y que este primer paso lleve a crear las condiciones institucionales para avanzar en la transición inclusiva a la democracia plena. La exclusión debe cesar, ya sabemos lo que genera.

Hasta la fecha la situación no parece favorable a un acuerdo de esa naturaleza. Lo que se aprecia más bien, en primer lugar, es una ausencia de espacios en los cuales se pueda dialogar y acordar. Y, en segundo lugar, acciones no coordinadas, y potencialmente contradictorias, que conspiran contra una solución satisfactoria para todos. Quizás predomina la visión de que es posible que uno o pocos actores puedan centralizar las posibilidades de la transición. Si esto persiste como patrón, las oportunidades de una transición inclusiva disminuirán significativamente. Las consecuencias son previsibles y lamentables: riesgos para la gobernabilidad, y frustración ciudadana producto de que no se pueda construir una democracia plena para todos.

Para todos los actores sociales democráticos esta es una etapa crucial. Se trata de interpelar al liderazgo político para que trabaje sostenidamente por un acuerdo de gobernabilidad sin exclusiones. Que refleje las aspiraciones de los venezolanos por tener una democracia plena, entre las mejores de América Latina. Un criterio promisorio sería tener a la brevedad un acuerdo de gobernabilidad ratificado por todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar Venezuela. Esperemos que exista la visión y liderazgo para que este acuerdo de gobernabilidad se pueda concretar. No puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 12 de febrero de 2026