miércoles, 6 de noviembre de 2019

2020: confluencia de crisis políticas y deterioro económico

En pocas semanas comenzará la tercera década del siglo XXI. Las expectativas que se han generado por lo que debería suceder en 2030, esto es, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, ilustra la importancia de los próximos tiempos, especialmente en el contexto de América Latina. El corto plazo puede indicar los retos y dificultades que experimentarán los más de 700 millones de habitantes que tendrá la región en 2030.

En los últimos tiempos ha quedado claro que los rasgos de inestabilidad política se han acentuado, especialmente en América del Sur, pero existen en toda América Latina. Las fallas de los gobiernos en el manejo de las políticas públicas, combinado con la pérdida de confianza en las autoridades electorales, se han agregado a las restricciones de la gobernabilidad democrática en muchos países. La manera en que evolucionarán estas circunstancias en los próximos meses es difícil de anticipar, pero es probable que las situaciones de enfrentamiento y conflicto tenderán a ser más complicadas.

Lo que ya sabemos con bastante detalle en los países de América Latina es que el deterioro de las condiciones económicas complica la gobernabilidad. En consecuencia, en la medida que se profundice la dificultad de las economías para crecer y crear empleos de calidad, solo se puede esperar que las restricciones políticas aumenten.

El último informe del FMI ilustra el preocupante escenario que se asoma para la gran mayoría de los países. Con la excepción de Paraguay, República Dominicana y El Salvador, todos los países de América Latina experimentarán disminuciones en el crecimiento económico en 2020, comparado con lo que se estimaba en 2018. En Venezuela se producirá la peor disminución de la economía (10%). Nicaragua y Argentina tendrán reducciones de más de 3%. Entre las grandes economías, Brasil y México completan un panorama negativo, con reducciones de 0,2% y 1,4% respectivamente.

Si ya es preocupante la perspectiva para 2020, lo es mucho más cuando se analiza el escenario del FMI para 2024. Solo Panamá, República Dominicana y Paraguay tendrán tasas de crecimientos superiores a 4% promedio entre 2020 y 2024. Diez países tendrán tasas de crecimiento anual de 3% o menos. América Latina y el Caribe tendrá las menores tasas de crecimiento económico cuando se compara con África y Asia. En otras palabras, la perspectiva de crecer para superar las restricciones acumuladas, no es la más evidente en este momento.

Que una región con tantas limitaciones de las condiciones de vida, como ha quedado demostrado en las últimas semanas, contemple estos escenarios de bajo crecimiento económico, solo puede esperar el agravamiento de las dificultades políticas. Y eso significará, con bastante probabilidad, la disminución de las inversiones, y mayores dificultades para la generación de mejores opciones de productividad. Y esto es sin mencionar la inmensa brecha en la elaboración de manufacturas de alto valor tecnológico.

La profundización de esta situación económica, sin atender adecuadamente las condiciones en las cuales se sobrevive en muchos países de la región, obliga a examinar las consecuencias en el ámbito político. Las restricciones fiscales obligarán a introducir cambios en los patrones de los programas públicos con la consiguiente afectación de los servicios y beneficios de la población. La escasez de recursos públicos puede agravar las ya tensas situaciones en varios países.

El mayor efecto de esta combinación de crisis políticas y deterioro del crecimiento económico, es la postergación de los cambios estructurales que requieren las sociedades de América Latina. Siendo que el desarrollo supone, cada día con más énfasis, el fortalecimiento de las capacidades para crear y difundir conocimientos, América Latina entra en esta nueva etapa del siglo XXI con serias dificultades. A menos que las sociedades acuerden políticas públicas orientadas a la diversificación productiva y a la ampliación de las libertades para la participación en todos sus órdenes, la distancia entre América Latina y otras regiones del mundo aumentará. El porvenir luce complicado, especialmente cuando hay poca conciencia en los liderazgos de las sociedades sobre la importancia de los acuerdos sostenibles. En la medida que no exista capacidad para crear y sostener acuerdos en la región, aumentarán las brechas de democracia y bienestar.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2019

lunes, 4 de noviembre de 2019

Mal pronóstico para la Cobertura Universal de Salud

Hace pocas semanas, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración política al finalizar la reunión de alto nivel de los jefes de gobierno sobre Cobertura Universal de Salud. Sin rodeos, la declaración reconoce que las acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 2030) relacionadas con la Cobertura Universal de Salud son inadecuadas. También se señala que el nivel de progreso hasta la fecha es sencillamente insuficiente.

En este contexto, sigue la declaración, la posibilidad de garantizar servicios de salud a la mitad de la población del mundo (que ahora no los tiene), será inalcanzable. De especial significación es el hecho que no se podrá tampoco cumplir con la meta de protección financiera universal en salud. Esto implica que continuarán afectados los 800 millones de personas que en la actualidad deben gastar de su bolsillo más del 10% del ingreso mensual para cubrir los costos de la salud. Y también se agravará la situación de los 100 millones de personas que caen cada año por debajo de la línea de pobreza por el gasto de bolsillo que deben asignar para sufragar la salud. Todas estas circunstancias están afectadas por el hecho de que a escala global menos del 40% de los gastos de atención primaria de salud proviene de fuentes públicas.

En el fondo, el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el que alerta esta declaración política, tiene una razón central: la creencia y práctica extendida en muchos países de que es posible alcanzar la protección financiera universal con políticas de salud que no enfaticen la inversión pública. Dicho de otra forma: solo a través del fortalecimiento de las fuentes públicas de financiamiento será posible alcanzar la cobertura financiera de la salud.

La causa es tan sencilla como poco asumida, especialmente en el ámbito de América Latina, solo por citar un área del mundo emergente. Se trata de que las imperfecciones del mercado tienen una expresión muy marcada en los servicios de salud. La intervención pública es fundamental para que aquellos que no tienen los recursos, y son generalmente los que tienen menos nivel educativo, trabajos menos protegidos, y menos acceso a las fuentes de información, puedan acceder a servicios de salud con la requerida calidad.

Esta es la justificación de política pública para que, en los países de alto ingreso, exista la preponderancia de las fuentes públicas en el financiamiento de la salud. Esto ha significado que, en estos países, algunos de ellos con economías altamente intensivas en creación de valor, el gasto de bolsillo de los ciudadanos en salud se encuentre entre los más bajos del mundo (baste citar los casos de Dinamarca, Japón, entre otros). En los diez países con menor gasto de bolsillo en la OECD, el 80% de todo el gasto de salud proviene de fuentes públicas.

En América Latina la tendencia ha sido otra. En nueve países de la región, más del 35% del gasto de salud es aportado por las personas. En algunos de ellos, como Brasil y Venezuela, la gran mayoría del gasto de salud proviene de fuentes privadas. En consecuencia, es obvio que no se alcanzará la meta de protección financiera en 2030. Todo lo contrario, en muchos países los riesgos de retroceso de la cobertura son marcados. Y en algunos, como es el caso de Colombia, con notables avances en las últimas décadas, corren el riesgo de retroceder por las dificultades para el crecimiento económico o por las restricciones fiscales, o por las dos cosas.

Es evidente que el logro de la cobertura financiera de salud supone la transformación total de la concepción de lo público en nuestros países. Las experiencias estatistas de las últimas décadas han contribuido a desprestigiar el valor de la participación pública, en ámbitos tan justificados como la salud. La ausencia del debate sobre estas opciones, y el rechazo a apreciar las evidencias de los países más avanzados en esta materia, no han hecho otra cosa que ampliar la brecha de políticas, y, por ende, terminar alejando a millones de latinoamericanos de las posibilidades de servicios de salud de calidad con protección financiera universal.

El mal pronóstico es el resultado de la ausencia de visión y liderazgo para imaginar nuevas posibilidades que permitan acordar sobre los recursos públicos en sociedades democráticas. No alcanzar la cobertura universal de salud es, fundamentalmente, una falla de la gobernabilidad democrática.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2019

jueves, 31 de octubre de 2019

Sobre la coherencia de crecer y reducir la desigualdad

En años recientes la coherencia de políticas públicas ha cobrado más importancia. En la práctica de los países, se constatan muchos ejemplos de políticas que no son coherentes, es decir, que los objetivos perseguidos pueden incluso ser contradictorios. Un caso notable es la promoción de la creación del empleo a través de estímulos al emprendimiento, pero al mismo tiempo aumentar los costos asociados a la nómina de las empresas. Mientras la primera medida apunta a la flexibilidad en la creación de trabajos, la segunda crea restricciones en el mercado laboral. La coherencia, en este aspecto, debería obligar a reducir los efectos desventajosos de una política sobre otra.

Quizás una de las áreas en las que se aprecia más esta falta de coherencia es la vinculación entre el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Durante mucho tiempo se asumió que lo importante era estimular el crecimiento. El fundamento se centraba en que, a mayor crecimiento económico, sucedía la incorporación de más sectores de la población a la creación de riqueza. En la práctica se constató que los países podían crecer pero que eso no significaba que se mejorara el bienestar de la mayoría de las familias. Porque el crecimiento podía realizarse en sectores específicos y no en el conjunto de la sociedad. Y también porque podía haber crecimiento sin que existiera mayor preocupación por las políticas de reducción de la desigualdad.

Luego vino el movimiento pendular. Es decir, llevar a cabo políticas para reducir la desigualdad. Algunos países han aplicado políticas centradas exclusivamente en la redistribución de la supuesta riqueza, sin mayor preocupación por la calidad del crecimiento. Se asume entonces que el crecimiento es prácticamente inexorable, cuando en realidad es el resultado de múltiples factores que deben marchar coordinadamente.

Se ha tardado un tiempo largo en reconocer que las políticas para crecer y reducir la desigualdad deben operar simultáneamente, y que los gobiernos deben tener especial cuidado en promover las sinergias entre ellas. En caso contrario, los países se preocuparán por crecer sin mayor vinculación con la reducción de la desigualdad. De la misma forma, otros países diseñarán mecanismos más sofisticados para reducir la desigualdad, independientemente de fortalecer la institucionalidad para mejorar la calidad del crecimiento.

La experiencia de América Latina en los últimos treinta años demuestra que se puede crecer y al mismo tiempo reducir la desigualdad. Los cinco países de la región que han logrado mayores reducciones en la desigualdad, a saber. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile y Perú, también han tenido mejores desempeños en el crecimiento. En todos ellos la reducción de la desigualdad supera los diez puntos en el índice de Gini, siendo El Salvador el país con la mayor disminución (16 puntos). También en todos estos países el crecimiento económico, en promedio, ha estado entre los mayores de la región como es el caso de Chile y Perú, o ha sido de los más prolongados (en Guatemala todos los años han sido de crecimiento en el período, y en El Salvador en todos menos uno).

Es llamativo entonces que en la forma de explicitar estos objetivos muy pocas veces se mencionan de manera integrada estas políticas. Hasta el punto que puede transmitirse la idea de que son objetivos contrapuestos. La experiencia comparada en la región demuestra que países tan diferentes como los cinco mencionados han podido alcanzar resultados satisfactorios tanto en el crecimiento como en la reducción de la desigualdad. Es bastante probable que la realidad concreta de muchos países a veces esté muy distante del diseño de coherentes políticas públicas. Y también es demostración de que la coherencia de políticas es más el resultado de una visión y de la capacidad de comunicarla. Otra forma de decir que la coherencia es una función central de los liderazgos políticos y de los responsables de los gobiernos.

Politemas, Tal Cual, 9 de octubre de 2019

miércoles, 30 de octubre de 2019

Félix Seijas Zerpa: pasión para comprender

El tuit me conmovió profundamente. Era el mensaje de Félix informando sobre el fallecimiento de su papá. Son esas noticias que paralizan, que nos dejan sin palabras. Félix Seijas Zerpa era mi amigo, compañero de proyectos, siempre mi profesor. Aunque nunca tomé sus cursos, era profesor en todo momento, en las facetas más diversas de la vida. Era de esas personas de las que se podía aprender solo con conversar.

Conocí a Félix en 1989, cuando era Jefe de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). En esos tiempos se exploraban nuevas modalidades de medición de indicadores sociales. Por acuerdo entre el Ministerio de la Familia y la OCEI se realizó un seminario sobre los sistemas de mediciones necesarios para el seguimiento y evaluación de políticas sociales. Eso fue hace 30 años. Incluso hoy, especialmente en América Latina, el tema es inexplorado. Podemos imaginar lo que era en esa época. Félix fue el animador fundamental de ese seminario. Recuerdo la simpatía y camaradería con la que contagió a los que participamos. A todos nos hizo sentir en casa, nos transmitió apertura y confianza. Pudo vincular su experiencia como experto en métodos cuantitativos poblacionales, con la necesidad de generar nuevas opciones de medición que tomaran en cuenta las condiciones de vida. Los resultados de ese seminario fueron publicados por la OCEI. Fue una iniciativa que Félix asumió plenamente y con gran motivación.

En 1990, como parte de los acuerdos que el gobierno de Venezuela había establecido para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Social (PDS) con el Banco Mundial, se asignó a la OCEI la tarea de realizar una encuesta de condiciones de vida, al estilo de las que en ese momento se habían empezado a implementar en países de América Latina, Asia y África. Félix había sido pionero en el desarrollo de encuestas por muestreo en distintas áreas, entre ellas para medición del empleo, bajo responsabilidad de la OCEI, considerada una de las mejores de la región. Esta iniciativa de medición implicaba innovaciones para el trabajo de la OCEI. Félix asumió este proyecto con extraordinaria visión. Convocó a la OCEI los mejores especialistas del país, muchos de ellos investigadores en las universidades nacionales. Se conformaron bajo su impulso equipos de asesores en las diversas áreas que tenía la encuesta. Estos equipos elaboraron las preguntan pertinentes a la realidad del país. Expertos internacionales vinieron para intercambiar sobre el trabajo elaborado. De todo ese esfuerzo surgió la Encuesta Social, la primera encuesta de condiciones de vida realizada en Venezuela. Bajo la coordinación de Félix se implementaron tres encuestas de este tipo, las cuales fueron de gran utilidad para conocer la evolución de las condiciones de vida y las políticas sociales. La institucionalidad creada, en la vinculación entre la academia y la OCEI, ha sido un ejemplo en nuestra administración pública, por la riqueza de intercambios y aprendizajes. Sin duda, el empuje de Félix fue determinante en este notable impulso a las mediciones de las condiciones de vida en el país.

En los últimos veinte años, mi contacto con Félix fue periódico. Muchas veces para intercambiar sobre la situación del país, otras para cooperar en proyectos. Recuerdo especialmente que con motivo de la implementación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), en la USB quisimos saber sobre las prácticas de las grandes empresas venezolanas con las cuales habíamos establecido convenios de cooperación. Le pregunté a Félix, en su condición de presidente de IVAD, si nos podían echar una mano en ese proyecto, novedoso por lo demás. Aceptó gustoso, revisó el cuestionario en detalle, nos ayudó a afinar las preguntas. Los temas de ciencia, tecnología e innovación le apasionaban. Incorporó en ese proyecto toda la curiosidad que tenía en estos aspectos. Luego de la exploración nos explicó directamente cada uno de los hallazgos, y especialmente las nuevas preguntas que surgían. Félix había formulado a través de la indagación por entrevistas, puntos que requerían una mayor atención. Demostró que más que los métodos de medición, en realidad le interesaban las preguntas.

Para tener una idea de las opiniones de los venezolanos era obligado conversar con Félix. A través de muchos años realizando encuestas, había logrado desarrollar tendencias. Tenía en su escritorio una hoja en la cual tenía el seguimiento de las respuestas a determinadas preguntas. Y podía entonces explicar o formular hipótesis sobre esa evolución. Podía expresar con mayor firmeza algunas valoraciones, pero cuando no las tenía, sencillamente lo reconocía. Inmediatamente agregaba que ese punto lo iba a explorar. Convirtió la explicación de las opiniones de los venezolanos y sus variaciones en una pasión a través de toda su vida. La pasión de comprender sobre la que escribió Manuel Caballero. Como empedernido observador de los sucesos en Venezuela y el mundo, incorporaba esas nuevas realidades en nuevas preguntas. Y de la acumulación de esas preguntas y respuestas intentaba encontrar patrones que facilitaba con total desprendimiento a los que quisieran conversar con él.

Las contribuciones de Félix Seijas Zerpa a las ciencias sociales del país son extraordinarias. Pero lo serán más en la medida que pase el tiempo. Porque su aproximación al hecho social tomaba en cuenta a la población, con similitudes y diferencias. Por eso se preocupó tanto por la calidad del muestreo para encuestas de hogares. Sus libros se convirtieron en textos de referencia. Su dedicación a actualizarlos expresaba su deseo de renovación y aprendizaje. En los próximos tiempos esas preocupaciones serán la guía para mejoras en la medición de las opiniones de los ciudadanos, y también de las condiciones de vida, así como de la valoración del impacto de las políticas públicas. Esa perspectiva ha influido en el trabajo académico de la investigación que realizamos en la USB sobre el seguimiento de condiciones de vida. Félix fue, sin dudas, un adelantado en estas tendencias, pero también un gran animador de estos proyectos.

Voy a echar de menos a Félix, su disposición siempre a dialogar, su franqueza, y sus preguntas, su capacidad para conectar, así como su permanente estímulo, sus llamadas para compartir algún nuevo hallazgo. Ha sido un extraordinario privilegio conocerlo y valorar su amistad. Un fuerte abrazo, Félix, te tendremos siempre presente.

Politemas, Tal Cual, 2 de octubre de 2019

martes, 29 de octubre de 2019

Venezuela entra a las hiperinflaciones más prolongadas

El informe presentado por la Asamblea Nacional hace pocos días señala que la tasa de inflación de Venezuela en el mes de agosto fue 65,2%. Esto significa que el país experimenta nuevamente una tasa de inflación mensual superior a 50%. La última vez que la Asamblea Nacional había reportado una tasa superior a 50% había sido en el mes de febrero de este año. Hay que señalar que el BCV reportó la tasa de inflación hasta el mes de abril del año en curso.

Un país se encuentra en hiperinflación cuando la tasa de inflación mensual supera el 50%. Este criterio fue propuesto por el profesor Cagan a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Esto quiere decir que puede registrarse una hiperinflación, aunque dure un solo mes (siempre y cuando la tasa de inflación supere el 50% mensual ya señalado). Este es el caso de la hiperinflación de Chile en octubre de 1973, o la de Perú en septiembre de 1988, entre otros.

Que la tasa mensual de inflación de Venezuela haya disminuido por debajo de 50% entre marzo y julio de este año podría haber generado la falsa idea de que la hiperinflación había desaparecido. Por eso el criterio establece que deben pasar 12 meses seguidos con tasas de inflación menores a 50% para determinar que ha cesado la hiperinflación.

Por otra parte, es obvio y notorio que la política económica no apunta a resolver los enormes desequilibrios que se confrontan (el único no es la tasa de inflación). En consecuencia, si consideramos todos los meses que han transcurrido desde que la tasa de inflación superó el 50% mensual (según la Asamblea Nacional fue en noviembre de 2017), es decir exactamente 22 meses hasta agosto de 2019, la hiperinflación de Venezuela ya está entre las doce más prolongadas de la historia. De hecho, superó la duración de la hiperinflación de Bolivia (que había sido la segunda más larga de América Latina con 18 meses). También sobrepasó los 21 meses de la hiperinflación de Zimbabwe en la década pasada.

De seguir esta progresión, si la hiperinflación se mantiene hasta enero de 2020 ya se encontraría entre las cinco hiperinflaciones más largas de la historia (Ucrania, Azerbaiyán, Grecia y Nicaragua conforman este grupo). Las dos primeras con duración de tres años, y las otras dos de casi 5 años (la más larga ha sido la de Nicaragua con 58 meses).

Al comenzar la hiperinflación Venezuela se comentaba que eran procesos de corto plazo. Que no podía durar mucho tiempo. Se advirtió en ese momento que eso depende de las políticas que se apliquen. Está bastante claro que las políticas implementadas en Venezuela no han estado dirigidas a controlar efectivamente la hiperinflación. Las pruebas están a la vista.

También es muy evidente que el problema de la hiperinflación no es su magnitud. Es el efecto dramático en la vida de las personas, en la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, en la destrucción de empleos, de empresas, en la migración de millones de personas, en la reducción de la inversión pública en servicios. La hiperinflación es sinónimo de destrucción de la sociedad. Que Venezuela se encamine a tener una de las hiperinflaciones más largas de la historia es una calamidad de las mayores proporciones. Es quizás la afectación más significativa en la vida de los venezolanos desde que existe la República.

Politemas, Tal Cual, 18 de septiembre de 2019

jueves, 24 de octubre de 2019

¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de Venezuela?

Supongamos que la pregunta se hubiera planteado en septiembre de 1960. Ese año, según fue señalado por Arnoldo Gabaldón, ministro de Sanidad y Asistencia Social para la fecha, se había publicado el Anuario de Epidemiología y Estadística Vital seis meses después de concluir el año 1959. De manera que el 1 de julio de 1960 ya se disponía de la información de la mortalidad registrada en el país en el año anterior. 

Indicó Gabaldón que el hecho de que se publicara el Anuario por primera vez a solo seis meses de finalizar el año previo, motivó que el Jefe de Metodología de Estadística Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviara una comunicación al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) considerando ese hecho como “milagro técnico y administrativo”. De hecho, esa publicación del MSAS llegó a catalogarse como una de las mejores de su tipo en América Latina. El país comenzó a ser reconocido a la vanguardia de la información en salud. Ese año, por cierto, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela era la tercera más baja de América Latina (59,9 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos registrados). Cuba y Uruguay eran los únicos dos países de la región con menor tasa de mortalidad infantil que Venezuela. 

Esta era la situación hace casi 60 años. Ahora es muy diferente. Habría que decir, en primer lugar, que la tasa de mortalidad infantil es un indicador utilizado por siglos en todo el mundo. No solamente por lo sencillo de obtener (si existen los datos, por supuesto), sino por la utilidad para expresar las condiciones de vida de la población. Los países con mayor nivel de desarrollo tienden a tener menores tasas de mortalidad infantil. Para el cálculo se requiere conocer el número de defunciones en menores de un año y los nacidos vivos registrados (nvr) en un año dado. Al dividir las defunciones por los nacidos vivos registrados y multiplicar por 1.000 se obtiene la tasa de mortalidad infantil. Esto significa que los países deben tener instituciones responsables de recabar y difundir esa información. 

Veamos cuál es la realidad para obtener la tasa de mortalidad en Venezuela lo más actualizada posible. Lo primero es señalar que el sitio web del ministerio de salud no está activo. No existe información disponible por esa vía. El último Anuario de Mortalidad (obtenido cuando el web del ministerio estaba activo) corresponde al año 2014. Pero eso se refiere solamente al número de defunciones. 

La información sobre el número de nacidos vivos registrados tampoco está disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encontraba hace algún tiempo, pero ahora ya no está. En consecuencia, el año más “reciente” para calcular la tasa de mortalidad infantil con datos oficiales es 2012 (siete años atrás). El valor obtenido con esos datos indica que la tasa de mortalidad infantil era 14,34 (defunciones en menores de 1 año por 1.000 nvr). 

Ante la ausencia de datos nacionales, llama la atención que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) si coloca en su sitio web la tasa de mortalidad infantil correspondiente a los años 2013 y 2014. También llama la atención que el valor correspondiente a 2012 es diferente del obtenido por las fuentes nacionales. De acuerdo con la OPS, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela en 2014 era 15,2 defunciones infantiles/1.000 nvr, lo cual representó un aumento con respecto a la de 2013. 

La situación concreta es que la información de fuentes oficiales sobre la tasa de mortalidad infantil tiene un retraso de al menos 6 años. Resulta muy lamentable que las políticas y programas relacionados con el bienestar de los niños, cuenten con tal rezago. La planificación básica es imposible en estas condiciones. 

El auge de los sistemas de información y de gerencia deberían facilitar que se conozca en tiempo real cada nacimiento ocurrido en el territorio. Eso significa que el número de niños nacidos en un año se debería actualizar con mediciones en tiempo real. Lo mismo puede decirse del número de fallecimientos en menores de un año. Cada muerte en menores de un año debería generar un proceso de indagación epidemiológica y gerencial, para identificar las causas del fallecimiento. Que la información oficial tenga tanto retraso, solo demuestra que el objetivo de la política no está presente. Lamentablemente, es así de evidente.

Politemas, Tal Cual, 4 de septiembre de 2019 

viernes, 20 de septiembre de 2019

Las brechas de desigualdad en América Latina

En los últimos años la preocupación por la desigualdad, entendida como diferencias entre países y dentro de los países, ha ocupado un mayor espacio en la agenda pública. En la gran mayoría de los casos se asocia con el ingreso (de países o personas), pero es también visible en el acceso a servicios y beneficios. Que aumente la preocupación por la desigualdad, y especialmente por las políticas que la pueden reducir, es, sin dudas, muy positivo. Pero también es una llamada de atención sobre lo que debería ser una condición permanente en el diseño y evaluación de políticas públicas. De hecho, la insistencia en la igualdad, como lema republicano, ha estado presente por siglos. 

Con una mirada más contemporánea, la desigualdad es una restricción significativa para la armonía de la vida social. En primer lugar, porque la desigualdad es una vulneración de la condición humana. Y es por ello que, desde múltiples perspectivas, filosóficas, religiosas, ideológicas, la desigualdad es motivo de rechazo. En un segundo momento, la desigualdad también desencadena tensiones. Por ejemplo, tensiones políticas porque somete a grupos sociales a la exclusión, ocasionando ingobernabilidad cuando se superan los límites aceptados. También la desigualdad origina diferencias en el acceso de las personas a derechos y beneficios. Y, por otra parte, la desigualdad aumenta la incertidumbre sobre el futuro productivo de las sociedades. Impide que personas se incorporen en plenitud a la creación de riqueza y hace menos atractiva a las economías. 

Por todo lo anterior se debería esperar que las reducciones de la desigualdad fueran un objetivo compartido por gobiernos y sociedades. No solo por el impacto en el crecimiento económico, sino en la estabilidad política y en el bienestar social. Esta condición es de especial relevancia en el caso de América Latina, considerada en el Panorama Social 2018 de Cepal, junto con el Caribe, como la región más desigual del mundo, superando incluso al África Subsahariana. 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, es posible analizar la evolución de la desigualdad en América Latina, expresada con el coeficiente de Gini, desde principio de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2017. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad en un país dado. Cuando el valor del coeficiente es 0, significa que no existe desigualdad en el ingreso, es decir, que ningún sector de la población recibe un ingreso superior a la proporción que le corresponde. En cambio, cuando el coeficiente es 1 significa que un sector de la población recibe la totalidad del ingreso del país. Ambos casos son extremos. La situación ideal es que el coeficiente de Gini sea el menor posible de manera que exprese el grado más bajo de desigualdad. 

En los países de la OECD, con los últimos datos disponibles (alrededor de 2016), el promedio del coeficiente de Gini es 0,31. En este grupo de países, el coeficiente de Gini más bajo corresponde a Eslovaquia (0,241), seguido muy cerca por Eslovenia (0,244). Al examinar la evolución del coeficiente de Gini en América Latina entre 1990 y 2017, se observa que se ha reducido en todos los países excepto en Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Dicho de otra manera, en la gran mayoría de los países de la región se constata la reducción de la desigualdad en el período señalado. La mayor reducción del coeficiente de Gini fue experimentada por El Salvador, al pasar de 0,54 a 0,38 en el período. Otras reducciones significativas fueron las de Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú y Panamá. 

A pesar de estos avances, la diferencia del coeficiente de Gini con respecto a los países de la OECD es muy significativa. El país con el menor coeficiente de Gini (El Salvador), supera a todos los países con economías de alto ingreso, con la excepción de Estados Unidos. Solamente dos países (El Salvador y Uruguay) tienen un coeficiente de Gini inferior a 0,4. Once países de América Latina tienen un coeficiente de Gini superior a 0,45. 

Las evidencias indican que disminuir la desigualdad en la región, a pesar de las mejoras que se pueden destacar, es definitivamente un proceso de mediano plazo. Con una tasa de reducción del coeficiente de Gini de 1% anual (mayor a la registrada para El Salvador en el período), la mayoría de los países requeriría al menos dos décadas para alcanzar el nivel de desigualdad que hoy tienen los países más exitosos de la OECD. Es bastante claro, entonces, que superar la desigualdad en la región es mucho más que deseos y discursos. Es un reto de grandes dimensiones para liderazgos con visión, audacia y competencias. En caso contrario, América Latina seguirá siendo la región más desigual del mundo.

Politemas, Tal Cual, 28 de agosto de 2019

domingo, 1 de septiembre de 2019

¿Cuántas personas mueren por malaria en Venezuela?

La pregunta es de alta prioridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el último informe anual (2018), señaló que los casos de malaria reportados en Venezuela representaron el 84% del aumento experimentado en las Américas en 2017. También indicó la OMS que el número de casos en el país aumentó 70% entre 2016 y 2017. Todo lo cual nos lleva a tratar de precisar cuál es, en primer lugar, el número de casos. En la medida que aumenten los casos también aumenta la probabilidad de que ocurra un mayor número de defunciones. 

Y es acá que empiezan las dificultades. Desde finales de 2016 no existe información oficial sobre el número de casos de malaria en el país. Este hecho es especialmente grave dada la experiencia acumulada en la elaboración de los informes epidemiológicos semanales. El hecho de que esos informes sean semanales, incluso diarios o hasta minuto a minuto, está relacionado con las características de la enfermedad. La malaria tiene un período de incubación de una a tres semanas. Es decir, que la situación de epidemia en una localidad o zona se puede manifestar en pocos días. La ausencia de información oficial regular aumenta los riesgos para la población y limita las posibilidades de control. Esto no debería requerir mayores explicaciones. 

Lo cierto es que el país con la mayor epidemia de malaria en la región, y una de las mayores del mundo, no cuenta con la información oficial requerida. De allí que se tenga que acudir a fuentes internacionales especializadas. De acuerdo con la OMS. el número de casos confirmados de malaria aumentó de 242.561 en 2016 a 411.586 en 2017. El número de casos sospechosos fue estimado en 1,1 millones en 2017. 

La información anterior es prácticamente arqueológica cuando se trata de enfrentar la malaria. Ya avanzada la segunda mitad de 2019 no están disponibles los datos básicos sobre la evolución de la epidemia. Esto significa que el número de casos podría aumentar significativamente. En otras palabras, si el aumento de casos es de tal proporción, en condiciones de deterioro ostensible del sistema de salud, el número de muertes puede aumentar también significativamente. Con lo cual llegamos a las dificultades para conocer el número de muertes por malaria. 

Hubo una época, en las primeras décadas del siglo pasado, que la malaria ocasionaba una de cada tres muertes registradas en el país. La disminución extraordinaria del número de casos y muertes por esta causa es una de las grandes expresiones de la modernización que vivió el país desde 1936. Sin embargo, tampoco en la actualidad contamos con información precisa sobre el número de muertes. 

El último Anuario de Mortalidad (publicación oficial que incluye la caracterización de las muertes ocurridas en un año dado) corresponde al año 2014. Ya transcurrida más de la mitad de 2019 debería haberse publicado el Anuario de Mortalidad de 2018 (al menos así ocurría en la década de los sesenta del siglo pasado). Ese anuario debería estar en el sitio web respectivo para consulta de toda la población. Con lo cual la respuesta a la pregunta del título se hubiera podido colocar en una sola línea. 

La ausencia de información exacta sobre el número de muertes por malaria tiene implicaciones muy significativas para las políticas de prevención y control. En primer lugar, estas muertes son completamente evitables con los avances de la salud pública. Nadie debería morir por malaria. Sin embargo, la OMS ha estimado que en 2017 ocurrieron 435.000 muertes por malaria. Ahora bien, dado lo raro que debería ser una muerte por malaria, sumado a lo característico de las manifestaciones clínicas, el subregistro tendría que ser inexistente. Lo cual conduce a la segunda implicación. 

El número de muertes reportadas en los anuarios de mortalidad debería tener la mayor exactitud. De hecho, los registros de mortalidad del país han estado entre los más desarrollados de la región. Si eso es así, entonces, en el último año con información disponible (2014), ocurrieron 44 muertes por malaria. Esa cifra fue cinco veces superior a la registrada en 2008 (año con el menor número de muertes en el período 1995-2014). Tal como se ha señalado, desde 2015 no se conoce el número de muertes por malaria. 

En condiciones de alta incertidumbre con respecto al número de muertes por malaria, una alternativa es estimar. Tal como hace la OMS en el reporte de 2018 para los años del período 2010-2017. Sin embargo, debe señalarse que esos estimados superan entre 3 y 11 veces el número de muertes por malaria reportadas en los anuarios de mortalidad en los años 2010-2014. 

Lamentablemente no es posible contestar con precisión el número de muertes por malaria, al menos en los últimos cuatro años. Esta situación demuestra dos terribles repercusiones para la vida concreta de los venezolanos. La primera de ellas es que luego de que nuestro país fuera pionero en los programas de control de malaria en el mundo tropical, confronta la mayor epidemia de la historia, con ausencia de información oficial sobre lo que ocurre. Como si no informar fuera la política. Como si no informar tuviera efecto en la reducción de los casos y muertes. La segunda repercusión, aplicable en muchos ámbitos, es la práctica extendida de ejecutar políticas públicas sin ninguna referencia sobre los daños a evitar, ni sobre las condiciones de vida. En el caso de malaria es bastante claro que el eje de la política es evitar todas las muertes y todos los casos. Como se realizaba a mediados del siglo pasado. Hay que recordarlo.

Politemas, Tal Cual, 21 de agosto de 2019

martes, 20 de agosto de 2019

Sin diversificación no hay futuro

Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias. 

Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”. De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017). Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor. 

En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante. Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país. Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico. 

La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo. Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva. 

De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva. A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios. 

En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo. Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento. De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.

Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2019

jueves, 15 de agosto de 2019

¿Cómo varía la diversificación económica en América Latina?

La mención de la diversificación económica aparece reiteradamente en las propuestas de políticas en América Latina. Se indica que la región debe ser más efectiva en lograr una mayor diversidad de productos elaborados. Y se asume, acertadamente, que en la medida que se promueva la diversificación económica, de la misma forma se logrará el desarrollo sostenible. Todo lo cual coincide con la premisa señalada por Adam Smith, en su célebre obra publicada en 1776, sobre la importancia de la “cantidad de ciencia” para que los países alcanzaran la riqueza. Se desprende, en consecuencia, que el aumento de la “cantidad de ciencia” es justamente la expresión de lo que hoy se denomina “diversificación económica” o “diversificación de la producción”. 

El supuesto es sorprendentemente sencillo. Si los países diversifican la producción es porque han desarrollado las capacidades, es decir, han aumentado la “cantidad de ciencia”. Y este aumento de la “cantidad de ciencia”, promoverá que se desarrollen nuevas capacidades. De esta manera, existirá un círculo virtuoso: nuevas capacidades traerán el impulso para capacidades en el futuro. Como resultado, se podrá elaborar una mayor diversidad de productos y la sociedad tendrá mejores posibilidades de lograr el desarrollo sostenible. 

Ahora bien, las preguntas que se suceden son más difíciles de responder. Entre ellas están las siguientes: ¿En cuánto tiempo se diversifica la producción de un país de manera que se haga sostenible? ¿Existe un nivel crítico de diversificación productiva a partir del cual se genera ese círculo virtuoso? ¿Es posible que se presenten involuciones en el proceso de diversificación? Estas preguntas son más relevantes dadas las restricciones económicas que confronta América Latina, las cuales podrían prolongarse en los próximos años. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para alcanzar en 2030 obligan a conocer la viabilidad real para lograrlos. 

Una forma de aproximarse al futuro es estudiar el pasado. No significa, por supuesto, que el futuro se va a comportar como el pasado, pero puede ofrecer pistas que permitan identificar mejores opciones de políticas. Para el estudio de la evolución de la diversificación contamos ahora con mediciones. Una de ellas es el Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y contenido en el Atlas de Complejidad Económica. De acuerdo con este índice, los países con niveles de diversificación superiores al promedio presentan valores positivos. Los países con menor diversificación presentan valores negativos del índice. Los países con mayor diversificación presentan los valores más positivos, mientras los que tienen menor diversificación registran índices más negativos. En 2017 (último año con información disponible), el índice varió entre -2,13 (Guinea) y 2,28 (Japón). 

Para comparar las variaciones en el tiempo en los países de América Latina, se tomaron los registros del ICE en 2007 y 2017. Se analizaron 19 países de América Latina (solo Haití no tenía información disponible). En 2007 siete países de la región tenían ICE con valores positivos: México, Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, siendo México el único país con ICE superior a 1. En 2017, Colombia y República Dominicana ya no tenían ICE positivo. De manera que se mantuvieron los restantes cinco países, y se agregó El Salvador. 

No solamente se redujo el número de países con ICE positivo (de siete a seis), sino que países como México, Brasil y Panamá disminuyeron el valor del ICE en 2017 con respecto al de 2007. Es resumen, apenas un tercio de los países de la región tienen un nivel de diversificación positivo. De continuar las tendencias manifestadas en el período analizado, solo Chile podría sumarse a este grupo de países en los próximos años. Dicho en otras palabras, para que existan cambios significativos en la diversificación económca, la modificación de la tendencia señalada debe ser radical en muchos países. 

También queda en evidencia que es más difícil aumentar diversificación que perderla. Pareciera que existe un nivel a partir del cual es más fácil mantenerla, pero llegar a él solo se consigue a través de un proceso continuo de políticas efectivas. Tal parece entonces que el nuevo impulso a la diversificación requiere una combinación de adecuada comunicación de objetivos a la población con una gran dosis de audacia. De lo contrario, es bastante probable que se llegue a 2030 sin mayores cambios en la diversificación de América Latina, lo cual es sinónimo de limitaciones para alcanzar el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto en que la población comenzará a envejecer con mayor rapidez. Sin la menor duda, la región confronta un gran riesgo de no contar con las políticas requeridas para alcanzar la diversificación económica que garantice altos niveles de bienestar en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 7 de agosto de 2019