sábado, 20 de julio de 2019

Cuando gastar más es proteger menos

Todavía se menciona que los países deben gastar 10% del PIB en salud para que “todo esté resuelto”. Con esa cifra se alcanzarían todas las coberturas de servicios de salud. Así de “sencillo”. La idea está fundamentada en la falsa creencia de que gastar más garantiza más servicios. No se presta ninguna consideración a que una cosa es asignar recursos, y otra muy diferente es realizar las actividades que se tenían previstas. Tampoco se toma en cuenta que los recursos gastados en un rubro o programa, podrían haberse asignado a otro con un mayor impacto. Sin embargo, dado que esa falsa creencia sigue presente en la agenda pública, es conveniente analizar de acuerdo con la experiencia concreta de los países., si efectivamente gastar más (sin ninguna otra consideración) es lo mejor que pueden hacer los países para proteger a la población. 

Lo primero es distinguir gasto total en salud, por una parte, y la composición del gasto, es decir, si proviene de fuentes públicas o privadas, por la otra. Ya es ampliamente conocido que la salud requiere la participación de la inversión pública, porque no es posible de otra forma, garantizar servicios a los sectores de menos recursos. Justamente son estos sectores los que tienen mayores riesgos de enfermar o morir. Y además, garantizar la máxima cobertura de servicios de salud para la población, es un requisito básico para acometer las grandes metas del desarrollo, como son el pleno ejercicio de la libertad y la utilización de las capacidades de todos los individuos. 

Se puede tomar como primera referencia a los países de la OECD. Y dentro de ellos se pueden distinguir los países que tienen el menor gasto de bolsillo, es decir, en los cuales la población tiene que asignar menos de sus propios recursos para tener acceso a los servicios. Estos son países en los cuales la protección financiera en salud tiende a ser mayor, porque las familias no tienen que utilizar tantos recursos propios. 

En los diez países con menor gasto de bolsillo de la OECD en 2016 (información más reciente disponible en el web de la OMS), el promedio del gasto total en salud es 10,2% del PIB. De ese gasto total, el gasto público representó el 80%. Por supuesto, esto no quiere decir que los países gastan 10% del PIB y, como consecuencia, tienen alta protección financiera. No, lo que eso significa es que si la política de salud está dirigida a alcanzar la máxima protección financiera, en el contexto demográfico, epidemiológico e institucional de estos países, la experiencia comparada indica que la cantidad de recursos es poco más de 10% del PIB con 80% proviniendo de fuentes públicas. 

Ahora bien, utilizar esos criterios para comparar con otras regiones del mundo requiere las consideraciones del caso. Tomemos como ejemplo los países de América Latina. Obviamente, el perfil demográfico y epidemiológico es muy diferente. Los países de la OECD tienen una mayor expectativa de vida, y, en consecuencia, presentan una mayor proporción de población con enfermedades crónicas que requerirá servicios a través de mayor tiempo. 

En América Latina la situación no es igual. Se debe esperar, entonces, que el gasto total en salud no debería ser de la magnitud que tienen los países de la OECD ya señalados. Más aún, el gasto total en salud en América Latina, debería ser el menor posible, de manera que se pueden asignar recursos a educación o ciencia y tecnología, por decir dos aspectos muy relevantes para que justamente las personas vivan más y mejor (con lo cual requerirían menos servicios curativos de salud). Sin embargo, dado que la composición del gasto si es un factor relacionado con la cobertura de protección financiera, se puede convenir que el 80% del gasto debería ser público, también en los países de América Latina. Veamos ahora algunos casos para ilustrar. 

Argentina es un país con un patrón demográfico de mayor envejecimiento. Pero al mismo tiempo, es uno de los cuatro países con bajo gasto de bolsillo en la región. Argentina tiene un gasto total de 7,5% del PIB con 74% proveniente de fuentes públicas. 

Brasil tiene un gasto total de 11,7% sobre el PIB, superior al de los países de la OECD indicados. Esta magnitud de gasto es insostenible dado el aumento de la expectativa de vida que se espera para la próxima década. Brasil debería reducir el gasto total y aumentar la proporción de recursos públicos que ahora es 33%, inferior al 80% señalado como criterio. 

Colombia tiene un gasto total de 5,91% sobre el PIB, con 62% proveniente de fuentes públicas. También Colombia se encuentra en el grupo de países de bajo gasto de bolsillo de la región (los otros dos son Uruguay y Cuba). De manera que Colombia quizás necesite aumentar el gasto total y la proporción de fuentes públicas, para hacer frente a los cambios demográficos de la próxima década. México registra un gasto total de 5,47% sobre el PIB, pero tiene una menor proporción de fuentes públicas (52%). 

Ecuador tiene los dos problemas. Tiene un gasto total de 8,39% (muy por encima de lo que debería tener), y solo tiene 50% de origen público. Ecuador debería tratar de contener el aumento del gasto total para evitar llegar a la situación de Brasil, y al mismo tiempo aumentar la proporción de recursos públicos. 

En Venezuela el gasto total es 3,22% del PIB, y solo el 21% es de fuentes públicas. Esto significa que Venezuela debe aumentar el gasto total, pero solo de manera moderada. Podría señalarse que una opción adecuada para Venezuela es alcanzar un gasto total entre 5 y 6% del PIB (como máximo), con una proporción de fuentes públicas de 80%. De esta manera se podría anticipar efectivamente el aumento en la expectativa de salud y la consiguiente demanda de servicios en la próxima década, Y también se podrían asignar recursos a otras áreas de inversión como educación, y ciencia, tecnología e innovación. 

En líneas generales, los sistemas de salud de la región, con sus excepciones, están gastando más de la cuenta, y no se están preparando para la próxima década. El hecho de que Brasil tenga un gasto total superior al 11% del PIB con un alto gasto de bolsillo, indica palmariamente que gastar más no necesariamente es proteger más. Los países de la región, especialmente aquellos con un patrón demográfico más joven, deben hacer esfuerzos por invertir mejor, lo cual no significa más cantidades sino aumentar la proporción pública con mejoras sustanciales en la gestión. La región necesita estos cambios para garantizar más recursos a la creación de sociedades del conocimiento con personas más sanas y más productivas.

Politemas, Tal Cual, 17 de julio de 2019

viernes, 19 de julio de 2019

¿Cómo transformar el futuro de América Latina?

Dado que el futuro siempre es incierto, la tendencia inicial es obviarlo. La preocupación por el presente no deja tiempo para el futuro. Incluso en muchos países no se sale del pasado. Las polémicas del presente consisten en reconsiderar hasta la saciedad el pasado. Desde esa perspectiva, el pasado no es una fuente de aprendizajes, es más bien una excusa para no enfrentar las decisiones del presente, mucho menos las del futuro. 

Imaginar el futuro, sin embargo, es justamente una forma de darle coherencia al presente. De establecer las restricciones que permitan avanzar. En otras palabras, las políticas públicas son las vías que pueden facilitar el paso del presente al futuro. Afortunadamente, el futuro así visualizado termina siendo clave para disminuir la incertidumbre. Es por ello que cada día más y más los países avanzados dedican mayores recursos a imaginarlo. Porque en la medida que lo disciernen, encuentran pistas para actuar ahora. Lo que pueden modificar las políticas públicas es justamente el futuro. 

De todo lo anterior se deriva que debería haber más preocupación por pensar en el futuro. Para lo cual el primer paso sería saber cómo es la evolución del presente. Es decir, si se sigue en el actual rumbo, ¿cuáles serían las consecuencias? Esta es la base de los estudios de prospectiva. Tratar de identificar las tendencias actuales para luego proponer las alternativas que permitan modificarlas. En consecuencia, el primer paso es definir los retos que se derivan si el presente sigue en la misma dirección. 

Desde hace varios años el Inter-American Dialogue, centro de análisis ubicado en Washington, DC, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han cooperado, bajo la coordinación de Sergio Bitar, para facilitar documentos y análisis centrados en la elaboración de escenarios para identificar opciones de políticas y transformar el futuro, especialmente en América Latina. Disponibles en internet se encuentran reportes sobre distintos escenarios de América Latina, así como de países en particular. 

Del examen de la situación de las tendencias mundiales, se han propuesto cinco grandes retos estratégicos que se deberán asumir en América Latina. El primer reto está asociado con la gobernabilidad. No solamente la del nivel nacional. Son evidentes las limitaciones en la capacidad de gobernabilidad en los países de la región, en unos con mayor intensidad que otros, valga solo mencionar los acontecimientos recientes en Brasil. Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela. También es clave la gobernabilidad en los niveles sub-nacionales o locales. La multiplicidad de gobiernos, así como las amplias restricciones para la institucionalización de políticas públicas, en un tiempo en el cual lo local es un factor determinante, hacen más exigentes la combinación de participación con efectividad de las intervenciones. 

El segundo reto señalado es la transformación productiva de las economías de la región. La ausencia de la orientación para la creación de valor es un rasgo característico en la mayoría de los países. De manera que no hay atracción de nuevas inversiones y recursos humanos que faciliten el tránsito a sociedades de creación de conocimientos. Sin cambios sustantivos en estas áreas, es poco probable asumir el tercer reto, el de la inclusión social. Nada más estimando la cantidad de servicios de salud y educación que serán necesarios para los cien millones de personas que nacerán en la próxima década, se ilustra la complejidad de la tarea, 

El cuarto reto es la integración que se debe profundizar en la región. Todas estas demandas se podrían satisfacer mejor si se consolidan amplias zonas de comercio y de integración, que faciliten el flujo de personas y recursos. América Latina tiene todo un camino por recorrer en este aspecto. Y finalmente, siendo una de las áreas del planeta con mayor biodiversidad, los efectos del cambio climático deberían ser enfrentados de la forma más efectiva, especialmente cuando existe la percepción que en el contexto global no se está haciendo lo requerido, y de que es posible, de continuar la actual tendencia, que el aumento de la temperatura global alcance los peores pronósticos. 

Tal como van las cosas, el futuro de la región luce muy complicado. Ya es un buen paso conocer las restricciones y las opciones. Es especialmente necesario que la región cuente con los liderazgos, fundamentalmente políticos, que sean capaces de visualizar e impulsar las transformaciones requeridas. De ello dependerá en gran medida, el futuro que se pueda construir desde hoy.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2019

jueves, 18 de julio de 2019

La pugna por el conocimiento en el siglo XXI

Mientras en América Latina disminuyen las inversiones, y no se aprecia mayor impulso en la creación de sociedades de conocimientos, en otras partes del mundo se manifiestan tendencias que pueden tener repercusiones significativas en las próximas décadas. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la creación de conocimientos abarca ya múltiples ámbitos técnicos y geográficos. 

La incorporación de nuevas áreas geográficas a los desarrollos tecnológicos se ha convertido en una notable confrontación geopolítica. Hace pocas semanas, se conoció que Huawei, la empresa china en conflicto reciente con los Estados Unidos, había acordado con la Unión Africana un memorándum de entendimiento por los próximos tres años. De acuerdo con este memorándum, Huawei se compromete a mejorar la capacidad técnica de la Unión Africana y cooperar en las áreas de tecnología de información y comunicación. 

La ejecución de este entendimiento supone la alianza de la Unión Africana y Huawei para fortalecer sectores como la Internet de las cosas, desarrollo de banda ancha y de computación en la Nube, así como las redes 5G e inteligencia artificial. Además, a través de la iniciativa se formarán jóvenes africanos en las habilidades técnicas necesarias. Tal parece entonces que la incorporación de diversos sectores de la población de África en las sociedades digitales, tendrá un gran impulso con este acuerdo. 

La ampliación de las fronteras digitales en África debe entenderse entonces como un objetivo estratégico de China. A la fecha, aproximadamente el 70% de las redes 4G de África han sido construidas por Huawei. No es solamente la presencia creciente en el mercado africano, sino la posibilidad de incidir en la formación de los recursos humanos que se requieren para impulsar todos estos avances. Esto sucede en un contexto en el cual los países africanos han involucionado en estabilidad política pero han mejorado en desempeño económico. En esas condiciones, es fácil entender el interés de China, así como el grado de creciente participación que ha adquirido en África. 

Estas dinámicas denotan los profundos cambios que están operando en el mundo ante los avances tecnológicos y científicos. La creación de conocimientos dejó de ser un tema refinado, aislado en los grandes centros de investigación. Ahora es nada más y nada menos que expresión de la lucha por el poder en el mundo. La imperceptible presencia de estos temas en la agenda pública en América Latina, es cada día mayor reflejo de la distancia entre las realidades de la región y las expresiones concretas de la lucha por el predominio político en el siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2019

lunes, 15 de julio de 2019

¿Hacia dónde es el "desarrollo en transición"?

En días recientes se presentó el documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición”, elaborado en conjunto por CEPAL, OECD, CAF y la Comisión Europea. Con el concepto “desarrollo en transición” se propone enfatizar un tipo de desarrollo inclusivo y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben alcanzar en 2030. 

En el documento se justifica, tal como se ha hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, que el desarrollo no puede tomar en cuenta solamente el criterio del ingreso per cápita. En la misma dirección de los avances en las últimas décadas en estudios del desarrollo, se propone que las políticas a implementar deben ser multidimensionales. También el documento insiste en cuatro “trampas del desarrollo” en América Latina, a saber: productividad, vulnerabilidad social, institucional, y ambiental. 

En el documento se recomienda que para avanzar en el “desarrollo en transición”, los países de América Latina deben: (1) mejorar el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, (2) elaborar planes nacionales de desarrollo, (3) invertir mejor, y (4) generar consensos para superar las complejidades de la economía política de las reformas. Sin desconocer que estas cuatro medidas son siempre necesarias, no es tan claro que ellas por si solas sean condición suficiente para alcanzar el llamado “desarrollo en transición”. 

Aunque el documento presenta algunas de las brechas que confronta la región, no se menciona una de las más críticas: la relacionada con el tipo de productos que se elaboran. No es solo la brecha de productividad, esto es, que se produzcan menos productos o de menor calidad. Es que el tipo de productos que creamos no son compatibles con los que se demandan cada día más en sociedad intensivas en conocimiento. Es decir, no se puede “transitar” a un nuevo estadio de desarrollo cuando no se establece la brecha de conocimiento. Es por la misma razón que las sociedades industriales desplazaron a las sociedades agrícolas. No era en primer lugar la forma de organizarse políticamente, eran las modalidades de producción. 

No puede extrañar, entonces, que no se mencione en el documento que se debe ampliar el la generación de conocimientos en las sociedades de América Latina. Que la transformación sustantiva de las condiciones de vida es consecuencia de un cambio fundamental en lo que se produce. Y que para ello se deben modificar las prioridades generales de la sociedad. Esto es, que la asignación de los recursos públicos debe tener como centro la conversión de sociedades que utilizan conocimientos a sociedades que crean conocimientos. De manera que la interacción entre gobiernos, empresas y universidades pasa a ser el eje de la vinculación con el desarrollo. El documento también deja en evidencia que son los liderazgos políticos los que están en mejor posición para indicar las políticas que deberán movilizar a la región a construir sociedades de conocimientos. Que la discusión esté centrada en el “desarrollo en transición” sin considerar la generación de conocimientos, solo revela que las dimensiones de la brecha son mayores a lo imaginado.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2019

jueves, 27 de junio de 2019

América Latina: futuro sin inversiones

En 2030 la población de América Latina aumentará en 100 millones de personas. Eso significa el equivalente a dos veces la población de Argentina o Colombia, poco menos de los habitantes de México o la mitad de Brasil. Tal incremento se suma a los déficits de atención ya existentes en educación, salud, servicios públicos, solo para nombrar algunas áreas. Si a ello agregamos las nuevas demandas para satisfacer este aumento poblacional, son evidentes los enormes retos que deberán afrontar las sociedades de la región. 

Para satisfacer estas previsiones, especialmente en un contexto cada vez más competitivo a escala global, se requieren al menos dos condiciones. En primer lugar, la institucionalidad que permita generar los consensos necesarios para acometer los objetivos de desarrollo. Nada más con imaginar el Estado de Derecho que se requiere para dirimir las diferencias en ese proceso, se tiene buena idea de las restricciones que hoy son casi generalizadas en los países de América Latina. A ello se debe sumar el crecimiento ordenado de las economías, así como las políticas orientadas a la creación de valor (con impacto directo en exportaciones). 

Estas condiciones deberían promover que la región se convierta en un polo de atracción de inversiones, especialmente las provenientes de otras zonas del mundo. La cantidad y calidad de esas inversiones serían entonces la palanca para crear nuevas empresas, o ampliar las existentes. Tales inversiones traerían aparejado un ritmo de crecimiento sostenible para las próximas décadas. Esa debería ser la idea. 

La realidad, sin embargo, marcha en otra dirección. De acuerdo con el último reporte de las inversiones en el mundo, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), América Latina pierde terreno en la captación de recursos internacionales. En 2018 la región experimentó una reducción de 6% en inversión extranjera directa con respecto al año anterior. Esta caída se aprecia especialmente en la inversión dirigida a la instalación de infraestructuras para producción de manufacturas o de nuevas oficinas para empresas. La mayoría de estas inversiones se han desplazado a países de Asia y África. 

El decrecimiento de las inversiones ha afectado a las grandes economías de América Latina. En el caso de Brasil la reducción alcanzó 9%. En Colombia la caída fue 20%. En Perú, a pesar del sostenido y alto crecimiento económico, la disminución de la inversión extranjera fue 9%. Argentina y México se mantuvieron en los niveles previos de inversión, lo cual es una demostración más bien de estancamiento. También Costa Rica y República Dominicana, caracterizadas por el dinamismo económico, registraron reducciones de inversión extranjera directa. 

América Latina entra entonces en la tercera década del siglo XXI mostrando poco atractivo para las inversiones, lo cual no es otra cosa que la expresión del agotamiento del modelo de producción en un mundo cada vez más caracterizado por la innovación en sociedades de conocimientos. Tales limitaciones agravan la situación concreta de cientos de millones de hogares. Sin inversiones no habrá bienestar. Y sin cambios en las visiones de nuestras sociedades, no habrá inversiones. Este círculo vicioso pende como extraordinaria restricción para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 19 de junio de 2019

miércoles, 26 de junio de 2019

La brecha de políticas: guía para la acción

El concepto de “brecha” tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el deporte se identifica el máximo registro alcanzado y se elaboran planes de entrenamiento para mejorar las marcas. La idea es que en la medida que se mejore el desempeño de deportistas (individuales o por equipos), se reduce la brecha con respecto a los campeones. En esa dinámica, por supuesto también puede pasar que los campeones logren ampliar la brecha porque consiguen mejores registros. Esto explica que en pruebas de velocidad, solo por citar un caso, los récords actuales hubieran sido inimaginables décadas atrás. 

De igual manera, empresas o universidades utilizan las brechas para superar su desempeño. Se identifica en determinado mercado o contexto de investigación a aquellos que tengan el mejor desempeño. Y a través del análisis de los métodos que utilizan, y en la aplicación de innovaciones, entonces puede esperarse que algunas empresas superen las ventas de otras, o que coloquen mejores productos a disposición de los consumidores. 

La brecha de políticas es un concepto menos utilizado. Lamentablemente, no está tan desarrollada la idea de que los gobiernos pueden, basados en acuerdos sociales, dirigir esfuerzos y recursos en la obtención de metas consideradas relevantes. A partir de la aprobación de las Metas del Milenio a finales del siglo pasado, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, existe una mayor preocupación por definir políticas públicas que apunten a metas específicas, y por ende, a la reducción de determinadas brechas. Sin embargo, queda mucho por hacer para incorporar el concepto de brecha en el seguimiento de las políticas públicas. 

Se puede tomar como ejemplo, la evolución de la tasa de mortalidad infantil. La disponibilidad de los registros por largos períodos permite examinar las tendencias de la brecha, y ofrece lecciones para el diseño e implementación de políticas. En 1920 el país con la menor tasa de mortalidad infantil registrada en el mundo (en la base de datos Gapminder) era Nueva Zelanda (51 muertes por cada 1000 nacidos vivos registrados, nvr)). Para ese año, el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina era Argentina, aproximadamente 2,4 veces la de Nueva Zelanda. 

En 1960 Suecia había desplazado a Nueva Zelanda como el país con la menor tasa de mortalidad infantil. En ese año la tasa de mortalidad infantil de Suecia fue 16,3 muertes por 1000 nvr, esto es, un tercio de la de Nueva Zelanda cuarenta años atrás. En América Latina, Cuba ha tenido la menor tasa de mortalidad infantil desde 1943. Sin embargo, en 1960 dicha tasa era 2,26 veces la de Suecia. En el caso de Haití, país con la mayor tasa de mortalidad infantil en la región en ese año, la diferencia era casi 12 veces con respecto a la de Suecia. 

En 2015, último año con registros comparables, la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo fue la de Luxemburgo (1,5 muertes por cada 1000 nvr), superando a Islandia que la había tenido en 2000. En América Latina, Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, aunque ha aumentado la brecha con respecto al país con menor registro (aproximadamente 30% de incremento con respecto a la brecha que tenía en 2000). Haití, por su parte, tenía en 2015 casi 35 veces más la tasa de mortalidad infantil de Luxemburgo. Esto significa que desde 1960 la brecha de mortalidad infantil de Haití se ha multiplicado por tres. 

Varias lecciones se pueden indicar a partir de este análisis. La primera de ellas es que el desempeño de los países varía en el tiempo. Justamente como producto de la calidad de las políticas que implementan. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda: pasó de ser el país puntero en 1920 al número 38 un siglo después. La segunda lección es que los países que logran incidir armónicamente en todos los factores asociados, en este caso, con la mortalidad infantil, logran mayores efectos en la reducción. Es por ello que no se puede citar solo un factor como el responsable en la reducción. Es la conjunción de las políticas lo que hace la diferencia. 

Lo anterior explica que países con diferencias sustantivas en términos del nivel de desarrollo tengan logros similares. Sin embargo, estos efectos tienen su tope. Es decir, no es posible alcanzar los menores niveles en la mortalidad infantil sin cambios sustantivos en el nivel de ingreso, y especialmente en la disponibilidad de tecnologías, que a su vez está influida por los recursos. Es por ello que los países de mejor desempeño tienden a tener sociedades con mayores capacidades en todos los aspectos. 

La aplicación del concepto de brechas de políticas permite identificar el tipo de logro, en término de las condiciones de vida de la población. Ahora bien, alcanzar la meta no es una acción esporádica, más bien es el producto de una estrategia a través del tiempo, muchas veces compartida por diferentes gobiernos. La utilización de la brecha existente para identificar las medidas que permitan reducirla, es decir, las políticas públicas, es clave para generar la consistencia de esos procesos. Es posible imaginar entonces que el país con la menor tasa de mortalidad infantil deberá contar con instituciones adecuadas, crecimiento económico de calidad, servicios de salud de alto desempeño, disponibilidad de tecnologías, entre otros factores. El diseño e implementación de políticas públicas en cada uno de esos ámbitos es lo que hará la diferencia en calidad de vida de los ciudadanos. De allí que medir la brecha con respecto a los mejores, es el primer paso para contar con políticas públicas más efectivas en la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2019

martes, 25 de junio de 2019

Dificultades para eliminar el sarampión


Con todos los avances que se han experimentado en la organización de sistemas de salud en el mundo, cuesta muchas veces entender que problemas aparentemente sencillos de resolver sigan ocasionando efectos, incluso fatales. Un caso que ilustra esta situación es el sarampión. El hecho de que esté disponible una vacuna, de gran calidad por la efectividad y seguridad, y también de bajo costo, permite imaginar que es posible eliminar la enfermedad, esto es, que ninguna persona la padezca. 

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la eliminación de la enfermedad para el año 2020. Es decir, en poco más de seis meses en el mundo se debería haber eliminado el sarampión. Un indicio de que ello era posible fue la disminución de muertes por sarampión desde 2000, al pasar de medio millón a casi 90 mil en 2016. Sin embargo, esto significa que hasta hace menos de tres años todavía ocurrían casi 250 muertes diarias por esta causa a escala global. Parece difícil pensar en la eliminación con esa cifra de muertes como referencia. 

Las cifras disponibles en el último reporte de OMS (mayo 2019), indican que la eliminación tiene muy pocas posibilidades de ocurrir en 2020. El número de casos confirmados hasta abril en todo el mundo es casi 170 mil, lo cual representa tres veces más el número de casos confirmados para el mismo período de 2018. Por otra parte, los casos de sarampión se están reportando en todas las regiones de la OMS. 

También indican los registros que los casos ocurren tanto en países con sistemas de salud de bajo desempeño como en los países con mayores avances. Por ejemplo, al menos diez países europeos tienen un tercio de los casos a escala global, entre ellos, Alemania, Italia, Francia. En los Estados Unidos se han reportado más de 700 casos en los primeros meses de 2019. En América, se han confirmado casos de sarampión en doce países en 2019. De especial relevancia es el número de casos confirmados entre Colombia, Brasil y Venezuela, cerca de 16 mil entre 2018 y 2019. Las muertes por sarampión han ocurrido solamente en Brasil y Venezuela. 

El caso del sarampión ilustra con claridad que no es suficiente la disponibilidad de una vacuna para eliminar una enfermedad. Es mucho más complejo que eso. En primer lugar, porque la utilización del tratamiento para alcanzar la cobertura universal requiere el desempeño adecuado del sistema de salud, tanto en los procesos de gestión como en las capacidades de los recursos humanos y de los servicios. En segundo lugar, porque la información que reciben las personas sobre los tratamientos (o la ausencia de ella) influye en las pautas personales o familiares de prevención. Por ejemplo, el rechazo de grupos sociales en algunos países a la administración de vacunas ha conllevado a la disminución de las coberturas. Esta es la situación que se ha presentado en algunos países europeos y en Estados Unidos. En este último país han debido intervenir jueces para ordenar la vacunación en la población renuente a la administración. 

Alcanzar la cobertura universal de salud, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, supondrá, en consecuencia, mucho más que intervenciones específicas en el ámbito de los servicios. Deberá ser más bien una estrategia que incluya, entre otros aspectos, amplia información a los ciudadanos y la conformación de alianzas con múltiples organizaciones sociales. La eliminación del sarampión puede convertirse en una tarea que ayude a destacar algunos de los aprendizajes requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2019


viernes, 21 de junio de 2019

La brecha de diversificación económica en América Latina

En la próxima década América Latina confrontará un extraordinario reto. La región avanzará en la transición demográfica, es decir, aumentará la proporción de personas con edades superiores a los 65 años. Esto significa que los servicios sociales deberán adaptarse a personas que vivirán más tiempo, y por ende, tendrán mayores requerimientos de protección social. Este proceso marchará en paralelo con el incremento de la población en aproximadamente 100 millones de personas en el período, para alcanzar en 2030 una población total de poco más de 700 millones de habitantes. 

Este profundo cambio en la organización de las sociedades requerirá mayores recursos fiscales. Ya algunos países deben dedicar a la atención es salud, solo por mencionar un área de protección social, casi el 10% del PIB. Solo hay que imaginar los efectos en los requerimientos de recursos que traerán los cambios señalados. Es crítico, entonces, conocer las previsiones sobre la capacidad de las economías de la región para contar, de manera sostenible, con los recursos necesarios para esta mayor demanda de servicios. 

La experiencia comparada indica que los países que alcanzan niveles sostenibles de crecimiento económico, lo hacen porque producen de forma diversificada. Esto es, fortalecen las capacidades para producir distintos tipos de bienes, con mayores niveles de sofisticación. Esta idea no es nueva. Más bien está en el centro de las preocupaciones de Adam Smith al analizar la riqueza de las naciones hace más de dos siglos. Según Smith, aquellos países que lograran ampliar sus capacidades, a través de lo que denominó “cantidad de ciencia”, serían los que alcanzarían el mayor nivel de riqueza. Por cierto, también Smith destacaba que en esta tarea era muy importante contar con sociedades “bien gobernadas”. 

Desde esta perspectiva, es fundamental conocer el desempeño de las economías de la región con respecto a la diversificación. Tanto el MIT como la Universidad de Harvard realizan mediciones de la “complejidad económica” de cada país. En la medida que exista más complejidad económica en un país dado, eso significa que la diversificación de la producción es mayor, especialmente porque los productos elaborados serán requeridos en otros países. Es decir, la capacidad de exportar es una expresión de la producción de valor agregado. Las mediciones indicadas están actualmente disponibles en internet, con datos de los últimos cincuenta años (en el caso del MIT), y de poco más de veinte años en la Universidad de Harvard. Ambas mediciones coinciden en estimar que Japón y Suiza son las economías de mayor complejidad en el mundo. 

Según el Observatorio de Complejidad Económica (MIT), a finales de los años sesenta del siglo pasado, siete países de América Latina (sobre un total de 20) tenían mediciones positivas de complejidad económica, esto es, contaban con mayor diversidad de capacidades para producir que el promedio de los países del mundo. Casi cincuenta años después (2017), el número de países aumentó muy discretamente, a ocho. Cuatro países (México, Panamá, Costa Rica, Uruguay) se mantuvieron en el grupo con mayor diversificación económica en el período, aunque los tres últimos presentaron menores índices de complejidad en la última medición. México es el único país de la región con un índice superior a 1 (Japón tenía 2,30 en 2017). Brasil, Argentina, Colombia, Chile han ingresado en el grupo de las economías de mayor complejidad, aunque en los dos últimos países con valores muy discretamente positivos. 

Entre los países con menor complejidad económica se puede observar que Ecuador y Bolivia ocupan los lugares más bajos en la comparación con la región. En la medida que los países tienden a concentrarse en pocos productos de exportación (por ejemplo, petróleo o minería), en esa misma proporción disminuyen las posibilidades de alcanzar sostenibilidad en el crecimiento, y por ende, en la satisfacción de los requerimientos de recursos para niveles más exigentes de producción y de prestación de servicios. 

Para más de la mitad de los países de América Latina, la interacción en un mundo de mayor complejidad económica está muy distante. Para aquellos que han mostrado niveles discretos de mejoras, las exigencias se harán mayores si decrece el crecimiento mundial y se sustituyen mercados con nuevas tecnologías o con arreglos productivos en otras áreas del mundo como Asia y África. Esto implica que los acuerdos de gobiernos, sectores productivos, universidades, para promover economías de mayor complejidad, es una tarea de primer orden, son pena de que la región no pueda generar los nuevos espacios productivos que facilita el avance de las tecnologías y la sociedad del conocimiento. Pareciera que al ritmo actual, aumentar “la cantidad de ciencia” de la cual hablaba Adam Smith, será inviable en la mayor parte de la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de mayo de 2019

domingo, 12 de mayo de 2019

La brecha de estabilidad política en América Latina

Los estimados más recientes de organismos internacionales indican que la prosperidad económica en los países de América Latina luce comprometida para los próximos años. No es solamente que el crecimiento pareciera ser menor que lo esperado, también está en duda la capacidad de diversificación de las economías. De manera especial, las economías de mayor tamaño (Brasil, Argentina, México), confrontan significativas restricciones, especialmente en la arena política. Es por ello que la vinculación entre lo que suceda en los ámbitos político y económico es un tema de creciente relevancia en la región.

Para el año 2030 América Latina tendrá un poco más de 700 millones de habitantes. Esto significa que en la próxima década aumentará la población en alrededor de 100 millones de personas. La forma de resolver la vinculación entre la política y la economía marcará la vida de la próxima generación de latinoamericanos. Esta relación es directa pero muchas veces no tan evidente. Los países requieren estabilidad política para que el crecimiento económico y la diversificación se puedan consolidar. Pero también requieren que las economías progresen para que la estabilidad política se fortalezca. No son procesos consecutivos, sino paralelos. Se trata de avanzar en ambos componentes del desarrollo, al mismo tiempo, y con profundidad.

No es fácil comparar la estabilidad política. A diferencia de otras dimensiones cuantificables, la gobernabilidad, en general, tiene mucho de percepción, de las dimensiones que tienen impacto en la toma de decisiones y en la opinión de los actores sociales. El Banco Mundial ha realizado el seguimiento de la gobernabilidad desde 1996. Para ello utiliza diversas fuentes de datos en los países, desde encuestas de personas y empresas, hasta información proveniente de organismos especializados, nacionales o internacionales. La metodología de análisis y los respectivos datos se encuentran disponibles en el sitio web: “Worldwide Governance Indicators”, con lo cual se pueden realizar comparaciones entre países o grupos de países.

De acuerdo con esta base de datos, en 2017 (año de la información más reciente), en doce países de América Latina (sobre un total de 20), la estabilidad política (incluyendo los riesgos de violencia y terrorismo) tenía una percepción negativa. A esto habría que agregar que en el último año (2018) se han complicado las situaciones en Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela, Haití. El país con la mejor medición de estabilidad política para ese año era Uruguay. Cuando se compara la evolución de la estabilidad desde 1996, se puede constatar que las mejoras son muy discretas. En ese año, 14 países de la región tenían una valoración negativa con respecto a la estabilidad política.

Para tener una idea más precisa de las dimensiones de la brecha de estabilidad política que tiene la región, se puede comparar con los valores de los 19 países de la Zona Euro. En este caso, en 1996 todos los países tenían valoraciones positivas de la estabilidad política. En 2017, solo Grecia tenía una valoración negativa. Lo cual es demostrativo de que la estabilidad política es un resultado de acuerdos sociales y prácticas de gobierno. En la medida que las sociedades y los gobiernos asignan prioridad a contar con un marco de relaciones políticas y electorales basadas en instituciones, así como en el rechazo a la violencia y el terrorismo, se consolida el impacto en la gobernabilidad.

Que América Latina esté a punto de comenzar la tercera década del milenio, a pocos años de 2030, en grandes restricciones para la diversificación económica, ya es una mala noticia. Pero que también esté confrontando severas limitaciones de la estabilidad política, empeora las perspectivas. Las grandes exigencias que tiene la región para las próximas décadas solo pueden alcanzarse con acuerdos sostenibles tanto en lo político como en lo económico, so pena de que las capacidades para generar bienestar para la población actual y la que se incorporará en los próximos años, se vean también limitadas. En la medida que la estabilidad política y la diversificación económica no sean tomadas en cuenta en los acuerdos de los países, se afectarán significativamente las posibilidades de alcanzar el desarrollo sostenible en la región. Esperemos que los liderazgos de las sociedades estén a la altura del desafío.

Politemas, Tal Cual, 1 de mayo de 2019

jueves, 9 de mayo de 2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la lista a las políticas

En 2030 todos los países del mundo deberán tener mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no tanto, que permiten que se haga el seguimiento. 

Asumamos que todos aquellos grupos o instancias interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico. Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación. En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia. 

En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS, entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad genera los recursos. 

Este aspecto, la producción de valor, aparece en el ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los ODS puede terminar generando una mayor frustración. 

No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo. Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de una lista general no se puede apreciar cabalmente. La segunda condición previa es la relacionada con el tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI, justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser tomados en cuenta en esta perspectiva. 

En los próximos años, la implementación de políticas para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia. Continuar con la ejecución de políticas en las cuales se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 17 de abril de 2019