Los riesgos de no lograr un acuerdo de gobernabilidad

El mejor escenario para la democracia plena en Venezuela exige una transición inclusiva. Un proceso en el cual todos los actores más relevantes, pero especialmente, el gobierno interino, el gobierno de Estados Unidos, y la oposición, logren establecer una ruta compartida. Es bastante claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las evidencias internacionales, y la propia experiencia de Venezuela, indican que una transición de este tipo conduce a una mayor estabilidad política y abre paso a mejores oportunidades para el bienestar de los ciudadanos.

Para que esta transición sea posible se requieren acuerdos sostenibles. Acuerdos centrados en la máxima gobernabilidad posible. En la particular situación de Venezuela, más bien se requiere una secuencia de acuerdos. El primero de ellos compete a los actores políticos de la oposición. Porque es de su máximo interés que la ruta de redemocratización se acuerde a la mayor brevedad. Para los otros dos actores relevantes, el gobierno interino y el gobierno de EEUU, no hay urgencia. Se han encargado de dejar explícito que la redemocratización no está entre sus prioridades del momento. Ganar tiempo es su consigna.

Todo lo cual deja a los actores políticos que aspiran ser el gobierno alternativo con una inmensa responsabilidad. Esto es, tejer con dedicación un acuerdo político que sea el instrumento para generar la redemocratización del país. La premisa es sencilla: no es posible, ni tampoco deseable, que esta tarea se pueda enfrentar de manera aislada.

No es posible porque en una sociedad abierta, como ha demostrado ser la venezolana, existen múltiples actores y visiones. Cada uno de ellos representa una parte de la realidad social que, independientemente de su apoyo en las preferencias, tiene aportes que realizar.

Y no es deseable porque la democracia plena es un bien de toda la sociedad. Estamos en esta situación porque no cuidamos ese bien que nos pertenece a todos. Ergo, la solución no pasa por excluir sino por incluir a la mayor cantidad de actores.

Lamentablemente, no se aprecia que existan espacios de diálogo para que un acuerdo de esta naturaleza se pueda construir. Pasadas ya varias semanas de la nueva coyuntura política, más bien se aprecian divergencias en los enfoques de los actores políticos alternativos. Estas divergencias son muchas veces tenues, pero otras no tanto. Son productos de válidas diferencias de visión y de proyecto, pero otras veces pueden responder a la creencia de que la perspectiva que se tiene es la que debe predominar, sin someterla a la comparación de ideas o alternativas. Otras veces las divergencias están basadas en diferencias personales, en rupturas consideradas como irreversibles. Todo esto conduce a que el bien general, el que pertenece a todos, pase a un segundo plano.

En este contexto, es conveniente analizar los riesgos que confronta la sociedad venezolana si no es posible generar un acuerdo entre estos sectores políticos alternativos. El primer riesgo ya está operando. Es un riesgo de corto plazo. Si no existe una agenda compartida en la cual se acuerden objetivos, contenidos y plazos de la redemocratización, entra a dominar la escena, aún más, lo que puedan acordar el gobierno interino y el gobierno de EEUU.

La fragmentación de visiones y propuestas entre los sectores políticos alternativos conduce a una reducción de su capacidad de incidencia. En las palabras del secretario de Estado en su comparecencia del 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quedó muy explícito: EEUU ha dado un tiempo (hasta mediados de este año) para identificar las posturas de la diversidad de opciones que tiene la oposición. En el fondo está la premisa de que la estrategia de EEUU estará basada en cuán cercanas o divergentes sean esas visiones. Es por ello de especial relevancia que se pueda presentar la visión común y plenamente compartida.

Si este riesgo no es enfrentado de manera efectiva, es bastante probable que la dinámica política pase a depender en gran medida de los acuerdos que alcancen el gobierno interino y el gobierno de EEUU. Y el hito que pudiera predominar en esa dinámica es la celebración de elecciones. Ambos actores (el gobierno interino y el gobierno de EEUU) han expresado que las elecciones no están en el escenario de corto plazo. Pero es evidente que las elecciones vendrán. Es uno de los pocos consensos que se puede apreciar (incluyendo dentro de los sectores políticos alternativos).

De manera que las elecciones más importantes de la sociedad venezolana en al menos una generación se realizarán con pautas y arreglos en los cuales los sectores políticos alternativos no participarán en igualdad de condiciones. Serán a la medida de lo que acuerden el gobierno interino y el gobierno de EEUU. La ausencia de un acuerdo de gobernabilidad entre los sectores políticos alternativos tendrá esas consecuencias.

Y es acá que aparece el segundo gran riesgo. Los sectores políticos alternativos podrían acudir divididos a esos comicios. Con al menos dos coaliciones diferentes, en el mejor de los casos (porque podría haber más de dos coaliciones). Ya sabemos por palabras del propio secretario de Estado que se da por descontado que el gobierno interino acudirá con el mejor nivel posible de recuperación que pueda alcanzar. También sabemos por Félix Seijas, conocedor como pocos de la dinámica de la opinión pública de los venezolanos, que en esos comicios “podemos estar ante una confrontación electoral ajustada”. Esto significa que la falta de acuerdo puede afectar las posibilidades del triunfo electoral.

Lo cual nos lleva entonces al tercer gran riesgo. Se podrían perder las elecciones, en primer lugar, pero en el caso de ganarlas no habría un acuerdo de políticas públicas modernas, efectivas, ubicadas en la centralidad. Tanto nadar para llegar a la misma orilla. Ese eventual gobierno partiría con políticas públicas que no contarían con el requerido consenso político y social. Visto los grandes deterioros de las condiciones de vida y de la perspectiva de bienestar de los venezolanos, esta ausencia de acuerdos sería absolutamente inaceptable y vergonzosa.

Los riesgos deben formularse, y luego comprender sus implicaciones. Pero lo más importante es que se puedan enfrentar con estrategia y convicción. Los riesgos señalados constituyen una secuencia de graves consecuencias.

Los liderazgos de los sectores políticos alternativos tienen una gran responsabilidad en encarar estos riesgos. Deben ponerse de acuerdo. Y luego ponerse de acuerdo con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Es fundamental que las múltiples organizaciones de la sociedad también demanden acuerdos responsables y sostenidos. La exigencia no puede ser más perentoria.

Politemas, Tal Cual, 18 de febrero de 2026

Acuerdo de gobernabilidad para la transición inclusiva

La democracia plena es el resultado de un camino de acuerdos. De acuerdos sostenibles entre actores diferentes. Estas diferencias van desde las ideologías que se profesan, pasando por las trayectorias históricas, hasta las motivaciones personales. En ese inmenso conjunto de diferencias se debe producir el acuerdo por establecer una democracia en la cual todos y cada uno de los actores pueda desarrollar aspiraciones y objetivos para la sociedad.

Si esta visión fuera sencilla de concretar, no existirían autocracias ni retrocesos en las democracias. La práctica de los acuerdos para construir democracias tiene sus complejidades. Concertar entre diferentes requiere habilidades personales y políticas, una gran dosis de paciencia, y una sostenida vocación por anteponer el bien general al sectarismo.

Venezuela ha tenido dos democracias. Ambas terminaron en autocracias. Y la causa fue la misma: procesos sistemáticos de exclusión de actores políticos. La democracia iniciada en 1948, después de las primeras elecciones directas, universales y secretas de la historia del país, fue clausurada con el golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año. El 9 de febrero de 1958, a su regreso del exilio, Rómulo Betancourt reconoció que una de las causas del fracaso de la primera democracia había sido el “canibalismo político”. Para evitar el golpe de Estado se requerían prácticas políticas de inclusión que no tuvo el liderazgo político de la época.

Y así llegamos a la dictadura que se extendió hasta el 23 de enero de 1958. El golpe de Estado que le pone punto final a la dictadura de Pérez Jiménez ofrece una nueva posibilidad de democracia. Esta vez el liderazgo político tenía una propuesta más inclusiva. Los años de exilio y clandestinidad habían favorecido la revisión de los errores que llevaron al fracaso de la primera democracia.

El liderazgo político, representado por los partidos AD, Copei, y URD, estaba convencido de que la construcción de la nueva democracia no era tarea de un solo actor. Se requería el acuerdo. No solo para alcanzar el gobierno, sino para gobernar juntos. Y por lo tanto era necesario pactar. De esa convicción surge la importancia de concertar un acuerdo, conocido como el Pacto de Puntofijo.

Es conveniente detallar al menos en sus grandes rasgos la secuencia de acuerdos que se concretan en la redemocratización a partir de 1958. Lo primero fue el acuerdo político, esto es, los objetivos y pautas de la coalición. Este es el contenido del primer documento presentado a la opinión pública el 31 de octubre de 1958. Allí se expresa el marco político en el cual se concibió la democracia en ese momento. Los contenidos de este documento expresan con nitidez lo que décadas más tarde se conocerá como “democracia plena”.

El Pacto de Puntofijo fue firmado antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958. La razón resulta bastante sencilla: las elecciones eran un paso en la ruta de redemocratización. Antes de las elecciones debía suscribirse un acuerdo por el objetivo: la democracia plena. El respeto al resultado electoral era un primer producto del acuerdo. En otras palabras, las elecciones debían ser expresión del pacto para construir una mejor democracia. Y esto lo entendió a cabalidad el pueblo venezolano: la participación electoral fue el 93% de los votantes inscritos, la más alta en la historia del país hasta el día de hoy.

También entendieron los actores políticos firmantes del Pacto de Puntofijo que se necesitaba acordar un programa de gobierno. El día antes de las elecciones dieron a conocer el Programa Mínimo de Gobierno. Dos meses más tarde, el 13 de febrero de 1959, en el momento de su juramentación como presidente de la República, Rómulo Betancourt prefirió llamarlo “programa común”, quizás porque la palabra “mínimo” no expresaba adecuadamente las dimensiones de las tareas a desarrollar desde el gobierno.

Las lecciones del Pacto de Puntofijo están en la historia. Son sencillas de apreciar, extraordinariamente complejas de incorporar en la práctica política. Primero fue el acuerdo político, luego el acuerdo del programa de gobierno, y, finalmente, las elecciones. Seguir la secuencia tiene por objetivo garantizar una transición sostenible.

Como resultado de este proceso iniciado en 1958, en el plazo de un año, de acuerdo con el proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, la democracia de Venezuela pasó a ser la tercera de América Latina en el Índice de Democracia Liberal (IDL), solo superada por Uruguay y Costa Rica. Y se mantuvo entre las seis primeras hasta 1998.

Lamentablemente, también la exclusión generó que el Pacto de Puntofijo apenas durará 22 meses. Los resultados positivos del Pacto, en cuanto al desarrollo de la democracia plena, se combinaron con múltiples restricciones en el bienestar de los venezolanos. El proceso de exclusión política que se experimentó lentamente a partir de 1960, combinado con el deterioro de las condiciones de vida hacia finales del siglo XX, abrieron la puerta a la autocracia que se consolidó en el país desde 1999, tal como lo confirman los datos del proyecto Variedades de Democracia. Hoy en día Venezuela es una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son: Cuba, Nicaragua, El Salvador, y Haití).

Las posibilidades de la redemocratización de Venezuela en 2026 se desenvuelven en un contexto muy diferente al de 1958. Ahora se requiere concertar la redemocratización con el gobierno interino y con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es una secuencia más larga de acuerdos, en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Tales posibilidades dependen de que se puedan aplicar las lecciones de nuestra propia historia. Es decir, que todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar en Venezuela acuerden primero las pautas que garanticen el máximo de gobernabilidad. Y que este primer paso lleve a crear las condiciones institucionales para avanzar en la transición inclusiva a la democracia plena. La exclusión debe cesar, ya sabemos lo que genera.

Hasta la fecha la situación no parece favorable a un acuerdo de esa naturaleza. Lo que se aprecia más bien, en primer lugar, es una ausencia de espacios en los cuales se pueda dialogar y acordar. Y, en segundo lugar, acciones no coordinadas, y potencialmente contradictorias, que conspiran contra una solución satisfactoria para todos. Quizás predomina la visión de que es posible que uno o pocos actores puedan centralizar las posibilidades de la transición. Si esto persiste como patrón, las oportunidades de una transición inclusiva disminuirán significativamente. Las consecuencias son previsibles y lamentables: riesgos para la gobernabilidad, y frustración ciudadana producto de que no se pueda construir una democracia plena para todos.

Para todos los actores sociales democráticos esta es una etapa crucial. Se trata de interpelar al liderazgo político para que trabaje sostenidamente por un acuerdo de gobernabilidad sin exclusiones. Que refleje las aspiraciones de los venezolanos por tener una democracia plena, entre las mejores de América Latina. Un criterio promisorio sería tener a la brevedad un acuerdo de gobernabilidad ratificado por todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar Venezuela. Esperemos que exista la visión y liderazgo para que este acuerdo de gobernabilidad se pueda concretar. No puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 12 de febrero de 2026

Estados Unidos en el laberinto de la transición

El pasado miércoles 28 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio acudió a la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Aunque en el título se indica que el tema era la política hacia Venezuela, en el transcurso de la audiencia se trataron otros temas de relevancia global.

Hasta ese día, en la única comparecencia que había tenido ante los medios sobre Venezuela, el secretario de Estado no había priorizado ni la democracia ni el bienestar como ejes de la política de EE.UU. hacia Venezuela. En la deposición (“testimony”), presentada por el secretario de Estado antes de la audiencia en el Congreso, tampoco se menciona a la democracia ni las fases de la política señaladas el 7 de enero.

El desarrollo de la audiencia, sin embargo, permite identificar a través de las preguntas de los senadores y las respuestas del secretario de Estado, algunas pistas sobre la forma en que el gobierno de EE. UU. considera la estrategia en Venezuela. Las preguntas de los senadores Murphy (minuto 58 del video), y Scott (1h:33m) se enfocaron especialmente en los objetivos y el cronograma de las acciones que se plantea EE. UU.

Cuatro aspectos mencionados por el secretario de Estado resultan relevantes para intuir las acciones de los próximos meses por parte de EE. UU. En primer lugar, está la mención sobre las expectativas de EE. UU. sobre los cambios. Se espera que Venezuela sea “amigable, estable, próspera y democrática”, y que se pueda mantener con el país una relación de cooperación como había sucedido en el pasado.

Un segundo aspecto que destacó el secretario de Estado varias veces es la imposibilidad de que la transición se haga con celeridad. Según sus palabras, la transición “llevará tiempo”. Y citó las experiencias de transición de España y Paraguay. En este punto el secretario de Estado fue enfático al señalar que no son procesos lineales, que pueden oscilar, muy diferente al enfoque propuesto sobre las fases (estabilización, recuperación, y transición).

Expresó con bastante claridad el secretario de Estado un tercer aspecto: se requiere más y mejor información para tener una estrategia depurada en Venezuela. De allí la mención sobre el desplazamiento de equipos diplomáticos para realizar el trabajo requerido en el terreno de los acontecimientos. Luego de varios años de ausencia del país es obvio que se requiere actualizar el mapa de actores y opiniones que existen en este momento. Estos insumos son fundamentales para la identificación de opciones.

Finalmente, el secretario de Estado propuso algunas consideraciones que debería tener el “cambio de la dinámica” en Venezuela. La primera consiste es la necesidad de contar con la “representación de todos sectores” que pudieran tener actividad política y social en el país. En segundo término, hizo especial mención de la diversidad de expresiones que tiene la oposición democrática de Venezuela. Y, en tercer lugar, señaló el grado considerable de apoyo electoral que puede tener el gobierno (15% - 20%). También señaló la importancia de que se produzca la reconciliación de la sociedad.

Resulta bastante plausible, por los énfasis señalados por el secretario de Estado, que EE. UU. se ha dado un plazo de varios meses (“cuatro o cinco”) para tener una idea más precisa de la estrategia que puede desarrollar en la transición a la democracia en Venezuela. Si esto es así, y, tal como dice el secretario de Estado se ha reconocido que este proceso (la transición) no es lineal, se puede inferir que EE. UU. está haciendo las tareas necesarias para alcanzar este objetivo. Es de esperarse que en las próximas semanas los equipos encargados sostendrán múltiples contactos con la gran diversidad de organizaciones políticas y sociales de Venezuela para conocer sus posiciones en esta compleja situación.

Visto que EE. UU. avanza en los términos descritos, es bastante claro que la oposición democrática está ante una oportunidad excepcional. Se trata de que la multiplicidad de actores políticos y sociales de la oposición acuerden las bases y procesos sobre los cuales puede avanzar una transición inclusiva a la democracia en Venezuela. Es sabido que estas bases y procesos van mucho más allá de realizar elecciones competitivas. En las consultas que seguramente iniciarán con celeridad los representantes de EE. UU., este aspecto será el tema central. Esperemos que a la brevedad se puedan generar estos acuerdos. En palabras del secretario de Estado es el tiempo de “decisiones inteligentes”. No puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 4 de febrero de 2026

Ni democracia, ni bienestar: La política de Estados Unidos para Venezuela

El próximo martes 3 de febrero se cumplirá un mes del anuncio del control del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde esa fecha el análisis de las políticas públicas de Venezuela depende de lo que se informe a través de las instancias responsables por parte del gobierno de Estados Unidos, particularmente en los sitios web de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Hasta la fecha, la explicación más “detallada” de la política que Estados Unidos ha diseñado para Venezuela corresponde a la transcripción de la comparecencia de los secretarios de Estado y de Guerra ante periodistas luego de una reunión con senadores el 7 de enero. El secretario de Estado explicó al principio de sus palabras que la reunión con los senadores se había realizado a puertas cerradas porque “existen una gran cantidad de detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público”. También se informó que los documentos que se hubieran compartido con los senadores no tienen acceso público.

El análisis de la política hacia Venezuela, hasta la fecha, solo puede basarse en esta primera explicación del secretario de Estado. Señala el secretario de Estado que la política se compone de tres fases. La primera fase, denominada “estabilización del país”, consiste en evitar que la situación evolucione hacia el caos. Y a tal efecto, se procedería a vender en el mercado abierto entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los recursos obtenidos serían manejados por el gobierno de Estados Unidos. Dos días más tarde, el 9 de enero, se publicó una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos con los correspondientes detalles sobre el manejo de estos recursos. El secretario de Estado no mencionó ninguna otra medida de la fase estabilización.

La segunda fase, llamada “recuperación” por el secretario de Estado, consiste en que las compañías americanas y occidentales, y “otras compañías”, tengan acceso al mercado venezolano. También en la fase de recuperación se comenzará a crear el proceso de reconciliación para que las fuerzas de la oposición sean amnistiadas, liberadas de las prisiones, y puedan regresar al país para reconstruir la sociedad civil.

Y finalmente, señala el secretario de Estado, “y luego la tercera fase, desde luego, será la de transición”. Nótese que indica “transición” a secas, no transición a la democracia. Estos son todos los aspectos presentados por el secretario de Estado. También indicó que los detalles se los había compartido a los senadores y que habría más explicaciones en los días siguientes. Agregó el secretario que estas fases pueden solaparse. Un poco más adelante en la comparecencia, el secretario de Estado señaló que Estados Unidos tenía un gran control e influencia sobre las acciones de las autoridades interinas de Venezuela.

La política descrita, es importante resaltarlo, corresponde a los objetivos concretos del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, puede ser consistente con lo que el gobierno de Estados Unidos se haya propuesto. Se asume que en la documentación elaborada sin acceso público hasta ahora deben estar todas las justificaciones de las fases descritas.

Ahora bien, desde la perspectiva de los actores venezolanos interesados en una transición inclusiva a la democracia, esta política de Estados Unidos puede resultar absolutamente equivocada y contraproducente. Es bastante claro que, al contrario de lo expresado por el secretario de Estado, estas fases no están solapadas. Son completamente lineales. Una primero, y otra después. Con el agravante de que las fases no tienen tiempos definidos, al menos el secretario de Estado no quiso hablar de cronograma de las fases. Otra evidencia de esta linealidad es que hasta la fecha la única decisión ejecutiva corresponde a la primera fase, la de estabilización.

Se puede concluir, entonces, que para el gobierno de Estados Unidos la última fase es la de transición. Debe reiterarse que el secretario de Estado no dijo “transición a la democracia”. De hecho, no mencionó la palabra “democracia” ni una sola vez en la comparecencia. Que la “transición” sea la última fase de un proceso que no tiene tiempos definidos es una evidencia sustantiva de que la transición a la democracia en Venezuela no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco existe a la fecha ninguna propuesta del gobierno de Estados Unidos invitando a construir los espacios que faciliten la transición a la democracia. Es sabido, por la experiencia de muchos países, que sin reglas institucionales compatibles con una democracia plena no es posible estabilizar y recuperar países que han sufrido autocracias.

Lo segundo que se puede concluir, visto el diseño expresado de la política de Estados Unidos, es que no existe ningún foco de atención en las condiciones concretas de la vida de los venezolanos luego de diez años de una dramática emergencia humanitaria compleja. Esas consideraciones no aparecen en las palabras del secretario de Estado. Las consecuencias son directas: los venezolanos se encuentran en una coyuntura en la cual dos objetivos fundamentales, la democracia y el bienestar, no están en el centro de las políticas públicas controladas desde el 3 de enero por el gobierno de Estados Unidos.

Cabe preguntarse por las razones para esta ausencia tan significativa de estos dos objetivos, democracia y bienestar de los venezolanos. Dos explicaciones, entre otras, pueden proponerse. La primera es el predominio en la agenda del gobierno de Estados Unidos de los beneficios derivados de la normalización de la relación petrolera entre los dos países. Este objetivo se superpone a cualquier otro. La segunda explicación es el conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre las dificultades, expresadas de manera reiterada, que tienen los sectores a favor de una transición a la democracia para ponerse de acuerdo. En un ejercicio de crudo pragmatismo optaron por el camino con menos costos de transacción. Se ha impuesto hasta la fecha en el gobierno de los Estados Unidos una gran desconfianza en la madurez política del liderazgo democrático venezolano.

En este contexto, sin embargo, esta política de los Estados Unidos no tiene el éxito garantizado. La ausencia de pasos hacia la transición a la democracia conspira contra el clima requerido para las inversiones en petróleo y gas, y en el respeto a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho. Las observaciones de los altos gerentes de estas empresas son expresiones de estas dificultades. La fortaleza de la transición a la democracia será crucial para la llegada de las inversiones requeridas. Por la política seleccionada, Estados Unidos puede terminar, al menos en este corto plazo, estabilizando al gobierno interino y no al país, y dificultando aún más la llegada a la fase de recuperación.

Ante toda esta situación, la pregunta es bastante obvia: ¿cuál es la estrategia conjunta que los actores políticos nacionales van a definir y llevar a cabo para que el país se encamine a una transición inclusiva a la democracia y enfrente con efectividad las mejoras que se requieren en las condiciones de vida de los venezolanos? ¿Cuál es la posición de estos actores ante el control que tienen los Estados Unidos sobre las políticas públicas del país? Es una hora fundamental para consensuar estrategias y acuerdos que permitan transitar a una democracia plena que garantice bienestar para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de enero de 2026

Por una transición inclusiva a la democracia

Hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, Venezuela estaba considerada como autocracia, una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son Cuba, El Salvador, Haití, y Nicaragua). Esta caracterización proviene de los resultados de proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, quizás el más riguroso para el análisis del desempeño de las democracias a escala global, con datos sistematizados desde 1789.

A partir del mediodía del 3 de enero de 2026, Venezuela sigue siendo una autocracia, pero ahora bajo el gobierno de Estados Unidos, como fue anunciado en vivo y directo para la audiencia mundial. Esta es la realidad. Concreta, contundente, decepcionante. En un segundo, con las palabras del presidente de Estados Unidos quedó anulada la intención expresada en el Acta de Independencia de 1811: “…que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra…”.

Ambos hechos, ser una autocracia, y estar ahora bajo la dependencia de Estados Unidos, son expresiones de un monumental fracaso político. Fracaso incubado por décadas, con responsabilidades previas a 1998, año en el cual se inicia la conversión del país en una nueva autocracia. Fracaso que debería suponer una profunda autocrítica de lo que se hizo mal antes de 1998 para que se progresara a una autocracia, y lo que se hizo mal para que se haya mantenido la autocracia por más de un cuarto de siglo. Sin esta autocrítica no será posible construir una democracia plena (la tercera de la República).

Ahora bien, la autocrítica debe llevar a soluciones, a la definición de alternativas para que se supere la autocracia y también la intervención externa. Para ello es fundamental analizar la evolución de la democracia en Venezuela a partir de 1936. En el gráfico se muestra la tendencia del Índice de Democracia Liberal (IDL) estimado por V-Dem para Venezuela y Costa Rica (país líder en América Latina en la última medición, 2024). Se puede apreciar que la democracia que surge a partir de las primeras elecciones directas, universales y secretas de 1947 apenas duró nueve meses, al ser clausurada con el golpe de estado del 24 de noviembre de 1948.

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1936-2024

     Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

La segunda democracia, surgida a partir del derrocamiento de la dictadura perezjimenista el 23 de enero de 1958 y de las elecciones de diciembre de ese año, se prolongó por 40 años. Desde 1959 hasta 1966, Venezuela ocupó el tercer lugar en la puntuación del IDL en América Latina, solo superada por Uruguay y Costa Rica. A partir de 1966, con el inicio de la involución autocrática en Uruguay, Venezuela solo fue superada por Costa Rica hasta el año 1983. A partir de 1983 otros países de la región (Argentina, Brasil y Chile), al salir de las dictaduras militares, superaron a Venezuela en la medición del IDL. Tal como puede apreciarse, el discreto aumento del IDL de Venezuela entre 1959 y 1998 es un indicativo de las dificultades que se experimentó para incorporar innovaciones institucionales que mejoraran el desempeño de la democracia.

A pesar de ello, y al contrario de los argumentos esgrimidos sobre las deficiencias entre 1959 y 1998, es bastante obvio, especialmente si se analiza la experiencia comparada en la región, que la calidad de la democracia fue notable, no así el bienestar de los venezolanos. En 1998, antes del inicio de la inmensa involución autocrática que ha experimentado el país en los últimos 27 años, Venezuela era la sexta democracia de la región en lo que respecta al IDL, solo superada por Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, y Argentina.

Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo fue que la segunda democracia de la región por casi 20 años pudo transformarse en una autocracia que ya tiene 27 años? Y de allí a otra pregunta clave: ¿qué tuvieron en común los fracasos de las democracias en 1948 y 1998?

La causa común de la desaparición de la primera democracia en 1948 y de la segunda democracia en 1998 fue la exclusión, el predominio deliberado y sistemático de un actor político sobre los demás. Este predominio, basado en la expresión circunstancial de una mayoría, aniquiló el acuerdo entre diferentes para construir un sistema compartido. La evolución prolongada de la exclusión, especialmente desde 1999, destruyó todos los espacios de comunidad democrática. Así se estaba en la madrugada del 3 de enero de 2026. Ahora tenemos todo eso, y, además, tenemos la intervención extranjera.

En este contexto, la pregunta salta a la vista: ¿cuál es la mejor ruta para construir una democracia plena y recuperar la independencia política? La respuesta a esta pregunta debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. Se trata de construir la democracia plena entre todos, con la mayor inclusión posible. Para ello es indispensable que todos los actores políticos y sociales concienticen la gravedad de la situación y los errores que la generaron.

Para acordar la respuesta a esa pregunta se requiere un espacio institucional inclusivo. Que invite a toda la sociedad. En la experiencia de las transiciones democráticas exitosas en el siglo XXI, uno de los factores condicionantes más relevantes es justamente la existencia de este espacio institucional. Se trata de establecer un espacio que permita a todos los actores políticos y sociales acordar con rapidez, pero también con criterio de sostenibilidad. Se trata de construir un acuerdo perdurable y efectivo para todos.

En la última década, con la profundización de la autocracia en Venezuela, los intentos para acordar han sido infructuosos y traumáticos. Muchas son las razones. Un factor común en esos fracasos ha sido la dificultad para que los actores gocen de la entidad política requerida. La combinación de discrecionalidad e intervención de actores internacionales facilitadores no ha sido efectiva.

Desde el 5 de enero de este año, con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se puede construir ese espacio institucional requerido. Si bien es cierto que la elección de esta Asamblea Nacional se realizó en el marco de innumerables fallas del sistema electoral, razón por la cual se produjo la abstención de actores políticos muy relevantes, no es menos cierto que en la actualidad no existe otra instancia en la cual se encuentre una representación, imperfecta claro está, de la expresión popular. A pesar de estas restricciones, la Asamblea Nacional podría crear las condiciones para ser la vía que facilite un acuerdo de transición inclusivo y efectivo a la democracia plena.

Para que la Asamblea Nacional supere estas restricciones, y se convierta es un espacio institucional amplio y democrático, al menos tres condiciones deberían cumplirse. La primera condición es que todos los actores ya representados formalicen un acuerdo político a través del cual se comprometan a consensuar una hoja de ruta hacia la democracia plena. Este compromiso supone la aceptación por parte de todos los actores, independientemente del número de curules parlamentarias, para trabajar en esa dirección. En este acuerdo se deberán expresar las premisas para concretar las fases de la hoja de ruta de la forma más perentoria.

La segunda condición es que la Asamblea Nacional, por las razones señaladas, promueva la incorporación en este proceso de todos los actores de la sociedad venezolana, con la mayor amplitud. Esto incluye de manera especial a los actores políticos que decidieron no participar en la elección de la actual Asamblea Nacional. Esta incorporación debe combinar la mayor flexibilidad y celeridad. Es fundamental incluir la mayor variedad de visiones de manera sistemática y práctica.

La tercera condición, por la importancia de que este acuerdo por la transición a la democracia sea lo más inclusivo posible, es que su aprobación se realice por unanimidad. Que sea asumido por todos. Esto significa que muy probablemente la amplitud del acuerdo se concrete en los elementos esenciales de lo que significa alcanzar una democracia plena. Lo fundamental es que se exprese la convicción de todos los actores de que esa es la ruta que se debe transitar.

Si se asume, como es lo deseable, que el objetivo de la transición inclusiva es alcanzar la democracia plena, surgirán de manera nítida los criterios de cumplimiento. Se trata de que se tenga un país sin ningún preso político, sin ningún torturado, sin ningún asesinato por causas de persecución política, sin ningún exilado, con un sistema electoral transparente y respetado por todos, sin la intervención del gobierno en la libertad de voto de los funcionarios públicos, sin violencia electoral, con la más amplia libertad de expresión, sin periodistas ni medios de comunicación censurados, acosados o perseguidos, con la más amplia libertad de asociación, sin partidos políticos acosados o con injustas causas judiciales, con el más amplio ambiente para la discusión y participación política, con la más amplia libertad académica y cultural, sin la utilización de bandas armadas oficiales para amedrentar a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, con plena igualdad de los ciudadanos ante la justicia, con la total vigencia del Estado de Derecho, con total respeto a los derechos de propiedad y asociación para producir, con respecto absoluto a la libertad religiosa, con absoluta libertad para salir y entrar al país, con vigencia absoluta de la Constitución, con ejercicio de controles amplios al Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, con respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial, con un Poder Ejecutivo que acate las sentencias del Poder Judicial autónomo. De esto trata la democracia plena.

La actual Asamblea Nacional tiene una extraordinaria responsabilidad y oportunidad en esta coyuntura trascendental que vive el país. De sus capacidades para rectificar, acordar y abrir espacios de coincidencia, dependerá en gran medida que se pueda avanzar lo más rápido posible a una democracia plena para el bienestar de los venezolanos. Es una hora de especial significación para el parlamento de Venezuela, quizás única. Ojalá se manifieste con contundencia el tino político y la visión histórica que exige esta excepcional encrucijada.

Politemas, Tal Cual, 15 de enero de 2026

Los futuros de América Latina y el Caribe

El cierre del año es tiempo de balances. Lo que sucedió, los éxitos, los fracasos, lo que se pudo hacer mejor. Forma parte de la vida de las personas y de las familias. Y también de los países. Por otra parte, el fin de año es una oportunidad para imaginar lo que puede pasar en el próximo año. Lo que será continuación de lo que viene, lo que puede constituir un cambio moderado o radical. El fin de año es por ello tiempo de pensar en el futuro.

Imaginar el futuro es cosa seria. Muchas veces el futuro no corresponde con la división en años. Más bien se trata de períodos que están vinculados a cambios de las sociedades. Lo cual por supuesto hace más complicado la tarea de imaginar.

La práctica de imaginar el futuro es justamente para poder construirlo. Es decir, los futuros son posibles en la medida que se tomen las decisiones adecuadas. Esto vale para las personas y familias, pero también para los países. En consecuencia, imaginar el futuro es apenas el primer paso. Lo más complicado viene después. Proponer el futuro debe conducir a la definición de las políticas públicas que, con el conocimiento y las prácticas existentes, lo pueden concretar. Y como esto puede llevar un tiempo considerable, la imaginación del futuro siempre nos lleva al largo plazo, varias décadas al menos.

Para imaginar el futuro se requieren análisis y acuerdos. La prospectiva es el conjunto de enfoques y métodos que permiten elaborar esos futuros. Los estudios prospectivos son esfuerzos sistemáticos de numerosos especialistas que trabajan por amplios períodos para acordar determinados futuros. Estos estudios constituyen la base para que otros grupos de especialistas examinen la viabilidad y requerimientos de las propuestas de futuros.

De allí que un requisito de primer orden es tener a la disposición los estudios prospectivos elaborados. Por ejemplo, los que se hayan preparado teniendo como centro de atención la región de América Latina y el Caribe.

Este fue el aporte fundamental de la base de datos Global Trends, proyecto conjunto del Inter-American Dialogue y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante varios años en este proyecto se identificaron y ordenaron cientos de estudios prospectivos relacionados con América Latina y el Caribe. Lamentablemente esta iniciativa dejó de actualizar los estudios disponibles. Los últimos estudios incluidos fueron publicados en 2021.

Para consultar los estudios más recientes una alternativa es el Repositorio ORBIS, base de datos perteneciente al Parlamento Europeo. Sin embargo, el método de búsqueda no es tan efectivo como debería, y no dispone de la clasificación de los estudios por áreas del mundo.

Otra alternativa disponible es consultar los números de la Revista de Prospectiva y Estrategia publicada por el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. En cada uno de los números se reseñan estudios prospectivos recientemente publicados en ámbitos relacionados con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el último número disponible en el sitio web de la revista (junio-julio 2025) se incluye un estudio prospectivo de la educación superior en América Latina hacia el 2050.

En este estudio se proponen tres escenarios. El escenario optimista se caracteriza por el proceso de expansión y diversificación de las ofertas de educación públicas y privadas, acompañado por la reducción de las brechas de acceso en los ámbitos nacionales y subnacionales, y mejoras en los indicadores de equidad y eficiencia. En el escenario pesimista se amplían las brechas del acceso favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos altos y medios, las universidades públicas confrontan una crisis de legitimidad política y social, y las alternativas privadas se multiplican sin regulación con impacto negativo en la formación. El tercer escenario es el señalado como posible. Se caracteriza por el impacto de innovaciones para la generación de nuevas modalidades de planificación, evaluación y gestión, y por la consolidación de la robotización, inteligencia artificial, y las plataformas educativas como principales recursos de aprendizaje.

Este ejemplo ilustra la importancia de generar y difundir estudios prospectivos sobre los múltiples aspectos de la realidad de América Latina y el Caribe. Ojalá se pueda contar pronto con un repositorio actualizado de estos estudios. En la medida que los estudios prospectivos sean incorporados en el ciclo de diseño e implementación de políticas públicas, los futuros imaginados tendrán más posibilidades de convertirse en realidad. Esperemos que en 2026 se pueda avanzar en el desarrollo de más y mejores capacidades para imaginar futuros promisorios para la región.

Politemas, Tal Cual, 18 de diciembre de 2025

Democracia e innovación en el próximo gobierno de Chile

El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile. Jeannette Jara y José Antonio Katz se disputan las preferencias electorales. El resultado de la elección determinará la persona que estará a cargo de la gestión del gobierno de Chile en los siguientes cuatro años.

Los programas de gobierno de Jara y Katz contienen sus respectivas visiones de las gestiones que se proponen realizar. Ambos programas se encuentran disponibles en el sitio web del Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Si bien es cierto que las preferencias electorales son determinadas por múltiples variables, no es menos cierto que los programas de gobierno pueden ser útiles para mostrar las tendencias previsibles de la gestión presidencial. Por supuesto, tales tendencias pueden ser modificadas de manera algunas veces abrupta. En consecuencia, los contenidos de los programas deben ser tomados solo como referencias en construcción.

El punto de partida para el análisis de un programa de gobierno requiere definir criterios. Estos criterios deberían considerar las acciones para mejorar la democracia y promover la creación de valor, vale decir, innovación, en los ámbitos de aplicación (sean países, regiones, o localidades). El mejoramiento de la democracia permite aumentar la calidad de las políticas públicas. El diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas requiere la mayor amplitud para el intercambio de ideas y creación de consensos sociales. La creación de valor o innovación permite generar los recursos y sostenibilidad para alcanzar mayores niveles de bienestar para los ciudadanos. Democracia e innovación se convierten en premisas básicas para visualizar las posibles tendencias de un gobierno.

Veamos ahora la situación de Chile con respecto a la democracia y la innovación. Es el punto de partida para valorar las acciones propuestas en cada aspecto. En el Gráfico 1 se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Chile entre 2013 y 2024, según las estimaciones del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem). También se incluye en el gráfico la evolución del IDL de Dinamarca (país del mundo con mayor IDL en 2024), Costa Rica (país de América Latina con mayor IDL en 2024), y Uruguay.

Gráfico 1

Chile: Índice de Democracia Liberal. IDL, 2013-2024

Fuente: Variedades de Democracia (V-dem)

En 2013 el valor de IDL para Chile, Uruguay, y Costa Rica era similar: (0,85). El valor máximo del IDL es 1 (Dinamarca tiene 0,88 en 2024). Esto significa que, en 2013, y también en 2024, estos tres países constituyen las democracias plenas de la región. Nótese que en Chile (línea azul en el gráfico) el IDL disminuyó a partir del año 2017. En 2024 el IDL de Chile es 0,79. En otras palabras, el IDL muestra un discreto desmejoramiento de las condiciones democráticas de Chile con respecto al valor de 2013.

La situación de la innovación (creación de valor) en Chile se puede evidenciar a través del Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por la Universidad de Harvard. Este índice es negativo cuando el país tiene menos capacidades para generar riqueza que el promedio de los países. En el Gráfico 2 se puede apreciar que Chile ocupa en 2023 el lugar 88 de 145 países. El valor del ICE es negativo, exactamente -0,44, indicativo de que Chile tiene menos capacidades para producir valor que el promedio de los países del mundo.

Puede observarse también en el Gráfico 2 que el ICE de Chile ha decrecido desde 1995 y que está a 31 puestos de Costa Rica (país con el valor positivo del ICE más bajo de América Latina). El valor del ICE en Chile es menor que el de Nueva Zelanda. Para ambos países la distancia que los separa de los grandes centros productivos del mundo puede ser un factor que contribuye a explicar el valor del ICE.

Gráfico 2

Chile: Índice de Complejidad Económica (ICE), 1995-2023

Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Universidad de Harvard

Dada la situación descrita, los programas de gobierno para Chile deberían incluir las opciones de políticas públicas que contribuyan a ampliar los logros alcanzados en el desarrollo democrático, y a modificar sustancialmente la tendencia de baja capacidad de innovación de los últimos treinta años. Veamos entonces lo que proponen ambas alternativas para la presidencia de Chile.

En el programa de gobierno de Jeannette Jara se dedica una sección a las propuestas relacionadas con “Estado y Democracia”. Se menciona dentro de ellas la Creación del Consejo de Modernización del Estado, la reducción de la brecha de inversión pública entre las comunas con mayores y menores recursos, así como medidas para ampliar la digitalización de las instituciones públicas. Estas propuestas no se encuentran en la versión del programa que se encuentra en el SERVEL (de agosto de 2025), sino en el sitio web de la candidatura (de octubre de 2025). No existe ninguna otra mención referida a la calidad de otros ámbitos de la democracia, tales como, balance de poderes, relaciones entre las distintas instituciones del Estado, entre otros.

En el ámbito de la innovación, el programa de gobierno de Jara está concentrado en las siguientes propuestas: (1) creación de Juntas Sectoriales de Innovación, entendidas como corporaciones voluntarias de empresas dentro de una industria específica, (2) aumentos de los incentivos tributarios para investigación y desarrollo, (3) expansión de los centros de innovación regional, (4) aumento de los recursos del Fondo de Investigación en Universidades, entre otras.

En el programa de gobierno del candidato Katz no se incluyen propuestas relacionadas con la calidad de la democracia ni con innovación. Ambos aspectos no son tocados en el programa. El énfasis del programa está exclusivamente en las medidas para atender las tres emergencias que confronta el país: seguridad, económica, y social.

La gran mayoría de las encuestas electorales que se realizan en Chile reportan que el candidato que puede obtener la mayoría de los votos es Kast. En caso de que resulte electo Katz, se tendrá que esperar hasta su discurso de toma de posesión para conocer sus propuestas para mejorar la democracia e impulsar la innovación como eje del progreso del país. Quizás en ese momento pueda explicar en detalle sus propuestas. O quizás tampoco lo hace. Veremos.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre

América Latina: pobreza de datos y de políticas

Reducir la pobreza a su mínima expresión es posible. La experiencia internacional demuestra los éxitos obtenidos por muchos países en la reducción de la pobreza. En todos esos casos lo fundamental ha sido asumir como objetivo de las sociedades la disminución sistemática de la pobreza. Luego de definir ese objetivo se requiere diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para cumplirlo. En principio, esto parece bastante directo. Lamentablemente, resulta mucho más complicado.

La publicación del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 por la CEPAL la semana pasada es una buena oportunidad para examinar lo que han avanzado los países de la región en la reducción de la pobreza. Lo primero que se debe señalar es la importancia del trabajo de la CEPAL para recopilar con gran dedicación las bases de datos que permiten conocer la situación de pobreza en los países, y además, elaborar los análisis requeridos. Este esfuerzo está realizado por múltiples instituciones y personas a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.

El resumen de la situación se puede apreciar en la tabla que se encuentra en la página 74 de la publicación referida. Se muestran en la tabla los porcentajes de pobreza de los países entre 2022 y 2024. Este es el primer aspecto que se debe considerar: el año de la última medición, esto es, 2024.

Siendo que el reporte se publica a finales de 2025, lo ideal hubiera sido tener alguna idea de la situación de pobreza por lo menos a mediados de 2025. Es posible obtenerlo. Para ello se requiere contar con la base de datos de una encuesta nacional por muestreo. Con los recursos para el procesamiento de datos disponibles en la actualidad sería relativamente fácil tener reportes mensuales.

Si la muestra de la encuesta es acumulativa entonces a mediados del año se podía tener un estimado del porcentaje de la población en pobreza para el primer semestre de 2025. Algunos países de la región tienen esas estimaciones. Lamentablemente no están incluidas en la publicación, quizás porque se ha definido previamente que el período se extiende hasta 2024. La consecuencia de esta limitación es que entonces el análisis de la situación de pobreza se refiere a lo que sucedía un año atrás, y las posibilidades de vincular esta realidad con las políticas más cercanas en el tiempo disminuyen considerablemente.

Esto significa que en la práctica el análisis que se deriva de la tabla señalada corresponde a la situación de hace un año. Concentremos el análisis en el porcentaje de pobreza extrema, esto es, las personas que no tienen los recursos para comprar los alimentos cada día.

Examinemos primero el número de países que no tienen información oficial disponible sobre pobreza extrema desde 2021 (se indica en la tabla que esos países no están incluidos). Son cuatro países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Haití.

En el segundo grupo están los países que no tienen información de pobreza extrema en 2024 (aunque hayan tenido en alguno de los años anteriores del período). Estos países son seis, a saber: Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, y Panamá.

De manera que diez países de América Latina (es decir, la mitad de los países) no disponen de información sobre el porcentaje de población en pobreza extrema en el año 2024.

Al considerar la pobreza extrema en los 10 países con datos para 2024 encontramos que solo tres de ellos (Uruguay, República Dominicana, y Costa Rica) tienen un porcentaje menor al 5% de la población. El menor porcentaje se registra en Uruguay: 1,5%. Los países con mayor porcentaje de población en pobreza extrema son Honduras (40,1%), Ecuador (12,7%), y Colombia (11,7%).

En este contexto las perspectivas para lograr reducciones significativas de la pobreza extrema en la región lucen poco promisorias. En una mitad de los países ni siquiera se cuenta con la medición. En la otra mitad de los países las evidencias señalan que en la mayoría de ellos en 2024 las políticas para reducir la pobreza distan mucho de ser efectivas. Ni hablar de cómo están funcionando a finales de 2025. Si el primer paso no se logra (tener datos), todo lo que venga después no tendrá fundamentos sólidos. Queda mucho por hacer para reducir la pobreza en la región. Mucho por mejorar.

Politemas, Tal Cual, 4 de diciembre de 2025

Inteligencia artificial para gobernar bien

El aumento en la utilización de la inteligencia artificial es un fenómeno global y transversal. Se desarrolla en todos los contextos geográficos y políticos, y también en la gran diversidad de las actividades humanas. En todos los espacios sociales la inteligencia artificial se aplica cada día más y con múltiples expresiones.

La gestión de los gobiernos es un ámbito privilegiado para la utilización de la inteligencia artificial. Las posibilidades que brinda para mejorar la provisión de servicios y la calidad de las decisiones públicas son significativas. Este es justamente el tema de una reciente publicación de la OECD. Dada la masiva expansión de la inteligencia en la ejecución de funciones de los gobiernos, la publicación sistematiza los hallazgos de 200 casos de estudio en países de la OECD.

Se indica en el documento que las áreas en las cuales se aprecia la mayor utilización de la inteligencia artificial son los servicios públicos, la administración de justicia, y la participación ciudadana Las áreas en las cuales se utiliza relativamente menos la inteligencia artificial son la evaluación de políticas, la administración de impuestos, y la reforma de los servicios civiles. Se resalta que la inteligencia artificial es de especial utilidad en la gestión pública que requiere la coordinación de múltiples trámites.

También se refleja en el documento que la inteligencia artificial es menos aplicada en aquellas tareas relacionadas con el seguimiento de la acción de los gobiernos. Este hallazgo puede resultar llamativo dada la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para manejar inmensas cantidades de información. Sin embargo, visto en detalle, no resulta tan contradictorio.

El seguimiento de los gobiernos es una actividad de gran complejidad. El requisito fundamental del seguimiento es que exista la explicitación detallada de objetivos y medios, y, especialmente, las vinculaciones entre ellos. Y esta actividad requiere dos procesos que son bastante infrecuentes en la gestión pública: la conceptualización de problemas públicos y, consecutivamente, de políticas públicas, y la coordinación de múltiples ámbitos de acción. Estos procesos requieren equipos humanos con las competencias adecuadas y la información sistematizada que permita realizar el seguimiento. Dado lo infrecuente que resultan estos procesos, no es de extrañar que no existan las condiciones para que la inteligencia artificial pueda ser incorporada.

La tendencia actual es que el uso de la inteligencia artificial aumente mucho más en la gestión de los gobiernos. Se alerta en el documento sobre dos aspectos relevantes. En primer lugar, sobre la mala utilización de la inteligencia artificial que afecte la vigencia de los derechos humanos y la transparencia. Y, en segundo lugar, sobre las limitadas capacidades de los gobiernos para adoptar de manera holística las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta dificultad para la adopción aumentará la brecha con respecto a lo que suceda en los ámbitos privados.

La inteligencia artificial, como toda innovación, es al final de cuentas un medio. Las competencias del usuario determinarán el provecho que se pueda obtener de la utilización de la innovación. Sucede que la formación del usuario es un proceso previo, o paralelo, a la utilización de la innovación. Este proceso debe ser sistemático si se pretende que sea más efectivo. El problema que se plantea para el desarrollo de la inteligencia artificial en los gobiernos es que existe una brecha inicial de competencias para el diseño e implementación de políticas públicas. Superar esta brecha es prácticamente una precondición para que la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva. Dicho de otro modo, sin enfrentar la reducción de esta brecha de competencias no será posible tener gobiernos exitosos en la aplicación de la inteligencia artificial. Tendremos gobiernos con inteligencia artificial que seguirán siendo inefectivos.

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2025

Alertas sobre el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe

El reciente documento sobre la perspectiva económica de América Latina y el Caribe, elaborado por la OECD, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, expresa en detalle los severos riesgos sobre el desarrollo productivo de la región. Estos riesgos afectan no solo los escenarios de corto plazo. También tienen implicaciones estructurales para la evolución de mediano plazo en todos los países.

Se destaca en primer lugar en el documento la desaceleración del crecimiento económico que experimenta la región. El crecimiento se ha convertido más bien en estabilidad. Peor aún es el efecto en la productividad. Mientras entre 1991 y 2024 la productividad aumentó 1,2% anualmente a escala global, en América Latina y el Caribe aumentó 0,9%. Muy vinculado con este bajo desempeño en la productividad está la composición del mercado laboral: el 55,1% de los empleos en la región son informales. Apenas el 2,1% de los empleos se encuentran en sectores de mediana o alta intensidad tecnológica.

La tendencia de baja productividad, que se manifiesta de manera crónica en la región, solo puede progresar, de mantenerse, a una mayor pérdida de recursos humanos de altas capacidades, por la vía de la migración o reubicación en otras áreas de menor intensidad tecnológica. Y, obviamente, esto repercutiría en la agravación del círculo vicioso de baja productividad y bajo crecimiento. Además de ello, la inversión requerida para subsanar la baja productividad tendría menos posibilidades de trasladarse a la región. En este contexto cobran también especial relevancia los efectos que tiene la duplicación de las emisiones de gases con efectos negativos en el ambiente. En otras palabras, se está experimentando un estado de bajo crecimiento con deterioro ambiental.

La manera de enfrentar esta situación, según se señala en el documento, es la implementación de políticas de desarrollo productivo (PDP) que permitan crecer más, con mejor desempeño, y menor afectación ambiental. Sin embargo, en este aspecto nuevamente la región muestra restricciones significativas. Estas políticas de desarrollo productivo reciben recursos equivalentes al 3% del PIB en los países de la OECD, mientras en América Latina y el Caribe la asignación es menor al 0,5% del PIB. Se indica en el documento que estas asignaciones corresponden más a consultas que a acciones directas y efectivas.

De lo anterior se desprenden al menos dos líneas de acción. En primer lugar, se requieren más recursos. El déficit de financiamiento, de fuentes públicas y privadas, se estima en el documento en cerca de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Suplir este déficit requerirá aumentar las fuentes internas y las externas. Para aumentar las fuentes internas se requerirá revisar la proporción que deriva de impuestos (actualmente 21% del PIB), mucho menos del 34% en países de la OECD. Las fuentes externas dependerán de los acuerdos con organismos multilaterales e instituciones financieras privadas.

La segunda línea de acción se deberá concentrar en los cambios de los contextos productivos en los países, promoviendo el mejoramiento productivo y la creación de nuevas empresas. En esta línea de acción se deberán incluir transformaciones sustantivas de los sistemas educativos y de innovación, así como notables inversiones en mejoras y ampliaciones de infraestructura.

Las alertas indicadas en este documento se suman a las notables limitaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en la región. No se pueden conseguir buenos resultados cuando no se cumplen las premisas básicas para la calidad de las políticas públicas. En otras palabras, no se puede llegar a ninguna parte cuando no se identifica la ruta ni se tiene un buen mapa. Es tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2025