Los sucesos de las últimas semanas en Chile despiertan muchas preguntas sobre las perspectivas del desarrollo en América Latina. La tradición de institucionalidad que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas, no es compatible con los sucesos violentos que han ocasionado más de veinte fallecidos y una significativa destrucción de bienes e instalaciones públicas y privadas. El hecho de que la situación política tiende más bien a complicarse, con un gobierno que tiene por delante más de dos años de período presidencial, configuran la situación de mayor complejidad por la que ha atravesado Chile desde la salida de la dictadura a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.
Los avances en estabilidad política y económica de Chile han significado una referencia para el resto de los países de América Latina. También lo ha sido la implementación de programas exitosos en la protección social y en la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, también resulta significativo que Chile, a pesar del dinamismo económico, no ha mejorado la capacidad para crear y exportar manufacturas con altas tecnologías, que como sabemos es una expresión de sostenibilidad del desarrollo. Las últimas mediciones del Observatorio de Complejidad Económica del MIT y del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard (2017), indican que el índice de complejidad económica de Chile está superado por más de 60 países. Si a ello se suma, el descontento expresado por sectores estudiantiles, tanto de educación secundaria como universitaria en los últimos años, se aprecian las restricciones existentes en el acceso y calidad de ambos subsistemas. Y si agregamos que las pensiones otorgadas no satisfacen las necesidades de gran parte de la población que tiene derecho a ellas, así como la desprotección financiera en el sistema de salud, hay notorias razones para el descontento social.
Ahora bien, estas dificultades no son excepcionales en América Latina. Incluso podría señalarse que otros países tienen situaciones mucho más críticas en esos frentes. De manera que la explicación de estas manifestaciones de violencia, extendidas por varios días, y con indudables efectos en la matriz política del país, debe estar más allá de las circunstancias que afectan el diseño e implementación de políticas públicas. Es muy probable que tengan que ver con la posición de los ciudadanos de Chile ante la institucionalidad política, en el sentido más amplio del término.
Sobre una situación de esta complejidad, el primer paso puede ser formular algunas pistas e intentar identificar algunas posibilidades de respuesta. Afortunadamente se cuenta con estudios regulares que permiten realizar seguimiento de algunos aspectos de la opinión pública. Una fuente de gran importancia son las encuestas de Latinobarómetro que se realizan en España y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.
Si se analiza la evolución de la preferencia autoritaria en Chile, como expresión del apoyo a la democracia, se constata que en 1995 el 19% de las personas indicaba que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”. Este porcentaje tenía el séptimo lugar más alto en la región (el primer lugar era ocupado por Perú con 26%). En ese año, Uruguay, España y Costa Rica eran los países con menor porcentaje en la preferencia por gobiernos autoritarios (8% en Uruguay y España, y 7% en Costa Rica).
Quince años después (2010), el porcentaje de preferencia por gobiernos autoritarios en Chile había descendido casi a la mitad (11%), uno de los menores de la región. De hecho, ese porcentaje corresponde al más bajo registrado en Chile en el período 1995-2018. En los últimos años, sin embargo, la preferencia autoritaria ha aumentado de manera sostenida. En 2015 alcanzó el 15%, y en 2016 ya se situaba en 19%. En 2018 este porcentaje llegó al valor histórico más alto (23%), el segundo porcentaje más alto en los países con mediciones para ese año.
Lo anterior significa que cerca de un cuarto de la población de Chile expresa que en algunas circunstancias el gobierno autoritario es preferible al democrático, o, dicho de otra manera, que el apoyo a la democracia se ha resentido en un segmento significativo de la población. Sobre la relación entre esta preferencia autoritaria y la expresión de la violencia es muy difícil identificar un hilo conductor. Lo que sí parece bastante probable es que la irrupción de protesta callejera, en muchas ocasiones bastante destructiva, no parece ser una expresión coyuntural. Es muy posible que sea el resultado de un sostenido proceso de desencanto con el funcionamiento de la democracia, o de la creación y expresión de nuevas demandas, o de ambas cosas.
También resulta significativo, especialmente por sus efectos en los próximos tiempos, que en 2018 el grupo de población con más preferencia autoritaria era el más joven (15-25 años). Igualmente es relevante el hecho de que, en el grupo de personas con estudios universitarios completos, el 31% expresaba la preferencia autoritaria en el mismo año. Todos estos factores presagian que la crisis política que ha vivido Chile en las últimas semanas dista mucho de ser un episodio pasajero, tiene raíces que han evolucionado en los últimos años y seguro configurarán nuevas exigencias. La capacidad de los liderazgos para entender y aproximarse a las alternativas políticas, en consecuencia, será quizás el factor fundamental para los próximos tiempos en Chile.
Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2019
