La salud mental de los jóvenes en América Latina

Hace pocas semanas el Banco Mundial publicó un reporte de investigación que llama la atención sobre un problema de especial importancia en América Latina. Se trata de las condiciones de salud mental de los jóvenes en la región. No es solamente que muchas veces la salud mental, en general, recibe poca atención en las prioridades de políticas de los gobiernos. Es que la salud mental de los jóvenes es mucho menos frecuente en la agenda pública.

Esta situación es bastante llamativa porque es contradictoria con la importancia que se la asigna a la juventud para el futuro de los países. Importancia que es, sin dudas, real por las implicaciones que tienen los jóvenes para la generación de nuevas ideas y prácticas, así como para el progreso en la calidad de los empleos y en la innovación.

El reporte del Banco Mundial indica que las condiciones de salud mental en la población entre 10 y 24 años representaban la causa más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) en América Latina y el Caribe en 2019 (22% de la carga total de enfermedad). También se indica que más de 22 millones de jóvenes, sobre un total de 160 millones en la región, viven con alguna condición que afecta su salud mental.

Al comparar las variaciones entre 1990 y 2019, se señala en el reporte que el conjunto formado por depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, y esquizofrenia, representa el grupo más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con la afectación de las condiciones de salud mental (más de la mitad de todas las causas). También se indica que los años de vida perdidos por discapacidad asociados con los abusos de sustancias han aumentado casi 15%, y los años perdidos por discapacidad asociada con autolesiones y suicidios se incrementaron en 18% entre 1990 y 2019.

En el gráfico se muestran los valores de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con condiciones de salud mental para los países de América Latina en 2019. Seis países de la región (Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, y Argentina) tienen valores de AVAD mayores que el promedio para América Latina y el Caribe.

América Latina: Total de años perdidos por discapacidad (AVAD) por condiciones de salud mental por países, 2019
(AVAD por 100.000 habitantes)

 

Fuente: Gordillo-Tobar, Medici, Calvo. 2023. Discussion paper. Banco Mundial

Dado este contexto, ¿cuáles podrían ser las alternativas de políticas que tienen a su disposición los países de la región? El reporte insiste, atinadamente, en las grandes limitaciones para contar con datos que fundamenten mejores políticas. Los datos analizados corresponden a los últimos disponibles, esto es, para 2019. Esto significa que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las condiciones de salud mental son prácticamente desconocidas. Se señala que esta situación es agravada porque muchos países no cuentan con sistemas rutinarios para obtener, ordenar y sistematizar datos de relevancia para la toma de decisiones en esta área de las políticas de salud. Se debe agregar a estas restricciones las inconsistencias en las definiciones y clasificaciones de las condiciones de salud mental.

Mientras los gobiernos implementan cambios sustantivos en los sistemas de registros, es fundamental generar alternativas de intervención en los espacios de convivencia de los jóvenes en la región. Esto significa la puesta en marcha de programas innovadores que integren esfuerzos de servicios de salud, escuelas, universidades, organizaciones de la salud, con el propósito de mejorar el diagnóstico precoz, y especialmente, el inicio del tratamiento adecuado y el seguimiento. Como en tantas áreas de las políticas públicas, el gran reto es mejorar la identificación del riesgo de las personas y familias. Sin la incorporación de estas alternativas de intervención seguiremos conociendo tarde los efectos en las condiciones de salud mental de los jóvenes, y, en consecuencia, no podemos esperar otra cosa que el aumento de la frecuencia y magnitud de estos severos impactos para la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2023

El uso excluyente del concepto de “mayoría”

El concepto de “mayoría” está involucrado en la práctica de la democracia. Si se asume que cada ciudadano tiene un voto (expresión de su voluntad), entonces, la mayoría de los votos resuelve el problema práctico de la decisión a tomar. Sencillamente se cuentan todos los votos, y aquella posición que obtenga la mayor cantidad es la seleccionada.

Se puede ser más exigente porque muchas veces la mayor cantidad de votos, especialmente si hay muchas alternativas, puede resultar en aprobación de opciones con 20% de los votos, por señalar una referencia. Para estos casos se definen “mayorías” más estrictas, por ejemplo, la mitad más uno de los votos (llamada también mayoría absoluta), o incluso más exigentes como la mayoría de dos tercios. En las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos se puede incluir la doble vuelta, para que queden solo dos candidatos, con lo cual la posibilidad de alcanzar más del 50% de los votos es más alta. De esta manera, el candidato electo obtiene una mayor proporción de apoyos que la que tenía en la primera vuelta.

Todo lo anterior está muy bien cuando antes de la elección existe un acuerdo en que la opción perdedora será respetada y considerada en el marco de la mayor amplitud democrática. Los problemas aparecen cuando una mayoría (por ejemplo, de 50,1% de los votos), utiliza esta ventaja para actuar de manera excluyente con respecto al 49,9% restante. Esta exclusión puede tener múltiples causas, pero sus consecuencias son siempre las mismas: el deterioro de la calidad de la democracia. Varios ejemplos lo pueden ilustrar.

En Venezuela, en 1998, el gobierno que resultó en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año obtuvo poco más de 57% de los votos. Sin embargo, de acuerdo con esos resultados (es decir, el uso de la mayoría) se aprobó un sistema electoral (para la elección de la Asamblea Constituyente de 1999), que excluyó la representación proporcional del 40% de la población que no había votado por el candidato electo. Esto explica que en esa Asamblea Constituyente la mayoría del 60% obtuviera el 92% de los diputados. Esa exclusión originaria explica mucho de lo que pasado en Venezuela desde 1999.

En Chile, en pocas semanas se votará por segunda vez (la primera fue en septiembre de 2022) un nuevo texto constitucional. El primero no fue ratificado porque la mayoría de la Convención Constitucional no se reflejó, afortunadamente, en el resultado del plebiscito de salida. Si se hubiera aprobado la nueva constitución por 51% de los votos, casi la mitad de la población no la hubiera considerado como suya. En pocas semanas (17 de diciembre) se puede repetir esta situación. Este segundo texto también puede ser rechazado, esta vez por aquellos que votaron a favor en la primera propuesta de constitución. Como resultado, Chile habrá perdido dos oportunidades para aprobar una constitución que represente los intereses y expectativas de los ciudadanos.

El tercer caso está vinculado con las recientes elecciones generales en España. La opción que obtuvo la mayor cantidad de curules no alcanzó la mayoría absoluta. En consecuencia, no pudo conformar el gobierno. La segunda opción puede alcanzar la mayoría absoluta, pero con una diferencia de solo 7 escaños (sobre 350). De manera que podría formar gobierno, en la llamada “nueva mayoría social”, con el objetivo de imponerse a la opción que tiene la proporción más grande de curules.

En los tres casos señalados, las normas permiten a tales “mayorías” utilizar procedimientos institucionales para excluir a grandes sectores de la población, estén expresados en votos o en curules parlamentarias. En la práctica, estas mayorías se convierten en agentes de exclusión, amparados en normas degradan el sentido de la democracia.

Todo lo anterior lleva a preguntarse sobre las alternativas para evitar que se imponga una especie de “tiranía de la mayoría”. Una primera respuesta es que antes que las normas están los acuerdos, muchos de ellos basados en la confianza y en la convicción de que solo es posible construir democracias sólidas y funcionales a través de la construcción de la mayor cantidad y calidad de consensos. Ejemplo de ello son las oportunidades en que gobiernos con amplias mayorías, con facultad para aprobar normas de manera unilateral, se preocupan más bien por alcanzar amplias franjas de apoyo. Porque en el fondo está la visión de que son los acuerdos los que generarán la sostenibilidad de las políticas públicas. Un ejemplo paradigmático es la aprobación de la Ley General de Sanidad de España en 1986, en el cuarto año de la legislatura de un gobierno con mayoría absoluta, pero que se preocupó por incorporar la mayor cantidad de apoyos. Lo cual puede explicar que los cambios impulsados por la ley se hayan mantenido por casi 40 años.

También se pueden explorar otras normas que reduzcan los riesgos de mayorías excluyentes, como, por ejemplo, aumentar el requerimiento de aprobación a los dos tercios (66%) de las curules para la formación del gobierno, o que las constituciones sean aprobadas con un porcentaje alto de apoyo (por ejemplo, 80% de los votantes). Sin embargo, antes que las normas, pareciera ser que lo más sostenible es la vocación de los actores políticos por la permanente construcción del nivel más alto de consensos. Lamentablemente, en la actualidad los liderazgos no están concentrados en construir tales consensos. Las consecuencias de esta ausencia la viven los ciudadanos en inestabilidad, deterioros de su bienestar, y afectación de la convivencia. Son los perniciosos efectos de las mayorías excluyentes.

Politemas, Tal Cual, 15 de noviembre de 2023