miércoles, 7 de marzo de 2018

La peor catástrofe

Venezuela vive la peor situación social y económica de su historia. Los resultados de la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2017), elaborada por equipos técnicos de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón Bolívar y de la Fundación Bengoa, permiten establecer las dimensiones de este gran deterioro. Es importante notar que los datos presentados la semana pasada son previos al inicio de la hiperinflación. 

Desde que se elaboró la primera ENCOVI en 2014, el ingreso de las familias venezolanas no ha hecho otra cosa que disminuir. En ese año, el 24% de los hogares no tenía para comprar los alimentos del día, por lo tanto, se encontraba en pobreza extrema. En la última ENCOVI (2017) se constató que la pobreza extrema afecta al 61% de los hogares del país. La pobreza total, es decir las personas que no tienen los ingresos para cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud, transporte, entre otras, alcanzó al 90% de los venezolanos. También en la última ENCOVI se exploró la pobreza multidimensional, la cual corresponde a la indagación sobre los déficits que puede experimentar un hogar en aspectos tales como vivienda, servicios, ingreso, educación y protección social. La pobreza multidimensional aumentó de 41% de hogares en 2015 a 51% en 2017, con lo cual se evidencia las limitaciones de las políticas en las áreas señaladas. 

La inseguridad alimentaria, es decir, las condiciones de riesgo que presentan las familias con respecto a la ingesta de alimentos, afectaba, según ENCOVI 2017, al 80% de las familias del país. Esto significa menor ingesta de alimentos, menor calidad, así como posibilidades de desnutrición. Menos del 40% de la población puede comprar alimentos como el pollo y la carne, apenas 11% reporta comprar frutas. También la última ENCOVI registra un aumento del desempleo abierto, de 7% en 2016 a 9% en 2017, combinado con solo 40% de empleos fijos, y con reducción de la cobertura de casi todas las prestaciones sociales. En el área de seguridad, 20% de los venezolanos reportó que había sido víctima de un delito, pero el 60% de las personas no acudió a denunciarlo. Casi el 60% de las personas reporta sentir miedo en su vivienda y 76% en los medios de transporte. 

En el aspecto educativo, ENCOVI 2017 reporta una pérdida de 7% en la cobertura educativa de la población entre 3 y 24 años, cuando se compara con la registrada en 2014. De especial preocupación es la reducción de la cobertura educativa en el grupo entre 18 y 24 años, esto es, 7% en el caso de los hombres y 13% para las mujeres. De esta manera la cobertura de ambos sexos en este grupo de edad se encuentra en menos de 40% en 2017. Finalmente, entre 2014 y 2017 se ha perdido casi 20% de cobertura de seguros de salud. En 2017 el 68% de la población no tenía seguros de salud, ni público, ni privado. Solo 20% de las mujeres embarazadas en el estrato de menores recursos acudía al control prenatal en el primer mes, mientras que en el estrato de mayores recursos era casi 75%. 

Los datos de ENCOVI 2017 ilustran con nitidez el profundo deterioro de las condiciones de vida que han experimentado los venezolanos a lo largo de estas décadas, pero especialmente en los últimos cuatro años. Es la peor catástrofe en las condiciones de vida de los venezolanos en toda su historia, la mayor en América Latina en los últimos sesenta años, entre las mayores del mundo en lo que va de siglo. No hay manera de expresar este drama que afecta a la población. Estas condiciones se están agravando en la medida que la hiperinflación no se enfrente con decisión y competencia. Los venezolanos viven horas graves, de sufrimiento. Son las consecuencias directas de las peores políticas públicas implementadas en la historia del país.

Politemas, Tal Cual, 28 de febrero de 2018

domingo, 25 de febrero de 2018

Venezuela se muere

Todas las evidencias están a la vista. Venezuela vive la peor crisis social y económica de su historia. No hay manera de ocultarla. El desastre en la conducción de las políticas públicas ha traído como consecuencia la destrucción de la economía, y, por ende, de los mecanismos de intercambio de la sociedad. La hiperinflación es efecto directo de la ideologización y de la mayor incompetencia en el manejo del Estado. Como resultado, tenemos en curso la peor recesión del país, cinco años sin crecimiento económico, y la mayor inflación del mundo en casi un lustro. La hiperinflación es la segunda del siglo XXI, la primera en América Latina en casi treinta años, la primera en un país de la OPEP sin guerra civil. No existen palabras para ilustrar las dimensiones de esta catástrofe de las políticas públicas. 

Lo fundamental son las consecuencias en la vida de la gente. Los gobiernos y las políticas públicas deben ser para promover el bienestar a los ciudadanos. Cuando los gobiernos y las políticas públicas traen sufrimiento a las personas, son inaceptables, transgreden los principios de la vida en sociedad. Y eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. Para empezar, estas políticas ocasionan hambre y desnutrición. La destrucción del aparato productivo ha significado la desaparición de cosechas, de canales de distribución, de mejoras tecnológicas. Si a ello se suma la aniquilación de los ingresos, se explica el drama de la mayoría de las familias del país que no tienen para comprar la comida del día, mucho menos ahora con la debacle hiperinflacionaria. Se suceden entonces, día tras día, muertes, especialmente de niños y adultos mayores, por hambre. Un millón de niños venezolanos menores de tres años no están comiendo lo que requiere para tener una vida plenamente productiva. Cada uno de ellos es una llamada a la conciencia de la sociedad. Cada uno de ellos es una manifestación de lo nocivo que pueden ser los gobiernos desastrosos. 

No solo se muere por hambre en estos tiempos en Venezuela. Se muere también porque no hay medicamentos, inmunizaciones, insumos para realizar diálisis, entre otras deficiencias. Las personas que requieren la atención de salud no tienen forma de conseguirla en el país. No tienen alternativa, y sus familias contemplan con desesperación y frustración la pérdida de posibilidades que puede terminar en la muerte. Y esto sucede en el país en el que se ha producido la mayor privatización de los servicios de salud en el siglo XXI en América. El 65% de todo el gasto en salud sale del bolsillo depauperado de los venezolanos. La política de salud de las últimas dos décadas ha sido la peor agresión a la vida de los venezolanos. 

También se muere por violencia. Muchas ciudades venezolanas están entre las más inseguras del mundo. La violencia se ha incrementado porque el gobierno se ha retirado de una de sus funciones principales, como es proteger las vidas y bienes de los venezolanos. La inseguridad ha tomado la vida de los venezolanos, incluso en sus propias viviendas. 

Por todo esto, los venezolanos huyen. Se van del país por todos los medios. Muchos de ellos a través de las fronteras con nuestros vecinos, ocasionando prácticamente zonas crecientes de refugiados. Se van muchas veces con lo que tienen en el bolsillo o con lo poco que han obtenido. Se van porque en este país tienen riesgo de morir. No es exageración, es la cruda realidad. 

También en el país mueren las esperanzas. Cada venezolano que debe emigrar es una pérdida. Es una posibilidad truncada. Es una ilusión que se concretará en otros destinos. Es por ello que también se afecta la viabilidad del país. Sin cambios en estas políticas, solo le queda a Venezuela el escenario de mayor empobrecimiento. La pérdida de capacidades, especialmente de los más jóvenes, nos aleja de la diversificación, nos coloca más lejos del desarrollo pleno y sostenible. 

En un célebre mensaje, el presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, al anunciar el programa de estabilización económica para enfrentar la hiperinflación a finales de agosto de 1985, expresó: “Bolivia se nos muere”. Para indicar la importancia de tomar las medidas con la urgencia del caso. Hoy tenemos conciencia creciente de que el país se muere. Ojalá pronto el liderazgo de la sociedad acuerde las soluciones inmediatas para salvar a Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 21 de febrero de 2018

¿En cuánto tiempo se recupera la baja inflación?

La hiperinflación de Venezuela, según las estimaciones de la Asamblea Nacional (únicas oficiales en el país), ya se encuentra en el cuarto mes. De tal manera que ya superó en duración las hiperinflaciones de Perú (1988 y 1990) y la de Chile (1973), según el recuento realizado por Steve Hanke y Nicholas Krus, investigadores de la Universidad Johns Hopkins. Si se prolonga hasta el mes de marzo habrá superado también la duración de la hiperinflación de Brasil (entre 1989 y 1990). 

Todo parece indicar que al menos hasta la elección presidencial fijada para el 22 de abril de este año, el gobierno seguirá impulsando una política económica que no hará otra cosa que agravar los factores que condicionan la hiperinflación. En este caso, puede estimarse que la hiperinflación de Venezuela durará al menos seis meses. También es previsible que un programa adecuado de estabilización económica no es lo que el gobierno tiene pensado implementar. La persistencia de la actual política, entonces, puede aumentar la duración de la hiperinflación con las graves consecuencias que están conllevando para los hogares venezolanos. 

De allí que sea urgente acometer los cambios de política que pudieran corregir el curso hiperinflacionario. Ya las previsiones indican que, de no haber modificación, Venezuela puede alcanzar en 2018 la tasa de inflación más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina (comparable con la de Nicaragua en 1987). 

La diferencia en la calidad de las políticas tiene efecto en la duración de las hiperinflaciones. Ello se puede apreciar cuando se analiza la evolución de procesos de hiperinflación que comparten características similares. Una comparación en este aspecto la ofrecen las hiperinflaciones que se sucedieron luego de la disolución de la Unión Soviética. En enero de 1992 comenzaron 14 procesos de hiperinflación en repúblicas soviéticas. En nueve casos las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses (incluyendo la de Rusia que duró un mes). En los restantes casos (5) las hiperinflaciones se extendieron por dos años o más: Tayikistán (22 meses), Turkmenistán (23 meses), Moldavia (24 meses), Ucrania (35 meses) y Azerbaiyán (36 meses). Se puede inferir que las hiperinflaciones deben ser atendidas con prontitud, de lo contrario tienden a prolongarse en el tiempo. De hecho, las hiperinflaciones de Ucrania y Azerbaiyán solo son superadas en duración por las de Grecia (1941-1945) y Nicaragua (1986-1991). 

Ahora bien, no necesariamente la corta duración de las hiperinflaciones es indicativa de que la recuperación será rápida. Para ello tomaremos como criterio que la recuperación de una tasa baja de inflación implica alcanzar dos dígitos. En los nueve casos en los que las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses, solo en dos de ellas (Estonia y Letonia) la recuperación de una baja tasa de inflación llevó dos años. En los restantes casos llevó más tiempo, hasta cuatro años en Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán. 

El examen de la experiencia en otros países permite precisar un poco más lo que puede durar la hiperinflación en Venezuela, así como los rasgos de la recuperación. En primer lugar, el hecho de que la hiperinflación no se haya enfrentado con rapidez, es un signo de mal pronóstico con respecto a la duración. En segundo lugar, en caso de tomarse medidas para enfrentar la hiperinflación deben ser muy bien diseñadas para que la recuperación sea en el menor tiempo posible. Es claro que la manera de enfrentar la hiperinflación marcará el rumbo de la sociedad venezolana en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 14 de febrero de 2018

Hiperinflación sin límites

La hiperinflación se apodera de todos los espacios de la sociedad. Cualquier actividad de las personas o familias está condicionada por el aumento de los precios. De eso depende lo que se compra, si se va o no al trabajo, lo que se comenta en el mercado. Prácticamente las conversaciones de los venezolanos giran alrededor de esta situación. De nada ha servido la negación. El poder de la hiperinflación está trastocando las costuras económicas, sociales, y también las políticas. 

Tal es la magnitud de este descalabro, que el FMI anunció a finales del mes pasado una nueva estimación de la tasa de inflación de Venezuela en 2018. El pasado mes de octubre el FMI indicó que la tasa de inflación podría alcanzar 2.300% en este año. Ante los acontecimientos de las últimas semanas, el organismo indica que la tasa de inflación podría alcanzar más bien 13.000%. Es muy poco lo que habría que comentar si esto se acompaña, como también lo señala el FMI, con una caída de la actividad económica de 15%. Es decir, de cumplirse el pronóstico del FMI, Venezuela tendría en 2018 el penoso récord de la mayor tasa de todas las hiperinflaciones de América Latina, con la excepción de Nicaragua en 1987. 

Lo que determina que un problema se pueda resolver, en primer lugar, es la disposición a resolverlo. Si no existe esa voluntad, en muy poco probable que se pueda avanzar. Ese es justamente el caso de Venezuela. El actual gobierno no ha mostrado ningún signo de aceptación de que la hiperinflación es un problema relacionado con las políticas implementadas. Ya está bastante demostrado que la hiperinflación es causada fundamentalmente por desajustes monetarios y fiscales que pueden ser controlados rápidamente, siempre y cuando exista conciencia de esa situación. Y en esas circunstancias, la sobrevivencia del gobierno concentra todos los recursos en la próxima elección para conservar el poder. Mientras tanto, las acciones del gobierno, cuyo único propósito es aumentar la fuerza electoral, agravan la hiperinflación porque aumentan las fallas de las políticas implementadas, esto es, los desajustes señalados. Todo ello porque existe la creencia de que las opciones de políticas requerirán costos de todo tipo, es más fácil en estos momentos seguir el curso. De tal manera que no se puede esperar que el gobierno cambie de políticas antes de la elección presidencial. 

Para el gobierno es claro que luego de la elección tendría que analizar la hiperinflación con otra perspectiva. Y ahí entonces aparecería otra gran restricción que ha sido crónica en el actual gobierno: la dificultad para tomar decisiones oportunas y complejas, fundamentalmente porque existen muchos grupos y actores en su interior. Cada una de las opciones de política tendría críticos y adversarios con grados variables de influencia, lo cual hace muy intrincado el proceso de decisión. Por el lado de la alternativa al actual gobierno, esto es, los potenciales nuevos gobernantes, habría que preguntar si existe el consenso para implementar un programa de estabilización que resuelva de raíz la hiperinflación. Vale recordar que el gobierno de Violeta Chamorro, conformado por una amplia alianza de partidos, solo pudo implementar el programa anti-inflacionario casi año y medio después de la toma de posesión. Por lo señalado, se puede decir que en estos momentos la hiperinflación en Venezuela no tiene límites. Los venezolanos lo saben y están actuando en consecuencia.

Politemas, Tal Cual, 7 de febrero de 2018

Ni respeto a la vida, ni respeto a la muerte

No hay ninguna duda de que en Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades del gobierno. Para empezar, el hecho de que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya todo eso bastaría para tener la máxima preocupación. 

A todo lo anterior hay que agregar el clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones por venir. En primer lugar, el lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los sentimientos y decisiones de los familiares. 

En las actuales circunstancias del país, en las que cada día que pasa agrega multitud de situaciones que reflejan el malestar y rechazo de los ciudadanos, estos hechos son completamente inauditos. Son expresión de rasgos inequívocos de una gran descomposición institucional. El respeto por la vida y la muerte deben ser signos característicos de las sociedades. Cuando se irrespeta la vida y la muerte, especialmente por la valoración que hacen las familias del dolor que significa perder seres queridos, es imperativa la reflexión sobre los valores que esa sociedad comparte o ha dejado de compartir. Es un llamado muy directo a la conciencia de los actores políticos y sociales que participan. Es una alerta colectiva sobre el tipo de conductas que están caracterizando la vida de la sociedad. 

Es indudable que la situación general del país no puede ser más dramática. En todos los frentes. En el plano político por las grandes dificultades para encontrar espacios de acuerdo. En lo económico por las tremendas repercusiones que tiene la hiperinflación, con su estela de destrucción en todos los espacios. En lo social por el sufrimiento de millones de familias en su cotidiana lucha por la subsistencia. Y como si no fuera suficiente, ahora en la vulneración del respeto a la vida y la muerte. Si no es el punto más bajo en la incertidumbre por el destino del país, se le debe parecer bastante.

Politemas, Tal Cual, 24 de enero de 2018

viernes, 22 de diciembre de 2017

Shock hiperinflacionario

El año 2018 comienza con el país sumido en la hiperinflación. Por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno tan destructivo se ha apoderado de la psiquis colectiva. Desde octubre de 2017 la hiperinflación se ha instalado con toda su fuerza en la sociedad. Más de tres décadas de vivir con altas tasas de inflación contribuyeron a la creencia de que se podía tolerar la destrucción sistemática de la moneda. Desde 1996 la tasa de inflación del país ha sido superior a la tasa de inflación promedio del mundo, y también a la tasa de inflación promedio de los países de América Latina.

Los venezolanos incorporaron en sus prácticas cotidianas que el aumento de los precios (algunas veces por encima de 100% en un año) no era un fenómeno extraño. Dado que la economía experimentaba tasas de crecimiento, aunque no en todos los años, se tenía la impresión de que la inflación se podía encubrir. Cuando en casi todos los países de la región se habían alcanzado tasas de inflación de un solo dígito, los venezolanos coexistían en una economía con tasas entre cinco y diez veces superiores (entre 20 y 30% anual de tasa de inflación). La política monetaria pareciera haber establecido ese límite, es decir, aceptar una tasa de inflación muy superior a la deseable.

En los últimos cuatro años la situación ha sido mucho peor. Las potestades constitucionales del BCV para controlar la oferta monetaria ya no existen en la práctica. Con una economía en total contracción desde 2014 y sin mayor restricción de la creación de moneda, los efectos están a la vista. Venezuela experimenta la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera en un país petrolero sin guerra civil, la primera en América Latina desde hace casi treinta años. No hay palabras para describir un desastre de estas dimensiones.

Los pronósticos de especialistas nacionales e internacionales indican que en los primeros meses de 2018 la hiperinflación puede ser aún mayor a la tasa de 60% registrada en noviembre pasado. Es decir, que los incrementos para los ciudadanos se presentarán en proporciones nunca vistas en el país. Las consecuencias para la compra de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicamentos, así como servicios, artefactos, piezas de vehículos, útiles en general, implicará en la práctica una caída aún mayor de la actividad productiva. No es exagerado imaginar una progresiva paralización de las actividades fundamentales del país. 

Esta dramática situación encuentra al gobierno concentrado en la supervivencia. Toda la información oficial está dirigida a eludir las tremendas angustias de los venezolanos ante el alza indetenible de los precios. Para el gobierno, aceptar la realidad de tener una tasa de inflación superior a 2.000%, es sencillamente impensable. Peor aún, las prácticas del gobierno solo contribuyen a complicar la situación. La estrategia del gobierno es contingente con el escenario electoral. El diferimiento de medidas económicas será lo esperable.

Los actores políticos alternativos se encuentran también presionados por la coyuntura electoral. Las demandas por parte de ellos para que el gobierno asuma la responsabilidad en la génesis de la hiperinflación, así como la exigencia de un programa de estabilización, no están en este momento en su agenda de acciones. En consecuencia, de manera más creciente la población apreciará que sus contingencias cotidianas, expresadas solo en la preocupación de lidiar con una hiperinflación que arropa, no tienen expresión pública. Todo ello agravará la sensación de desprotección.

En la medida que la hiperinflación se exacerba, las restricciones sobre el futuro del país se harán más notables. La hiperinflación está colocando de manera muy visible las limitaciones de la viabilidad del país. Y dentro de estas limitaciones están las debilidades de los liderazgos para comprender la situación crítica y los riesgos involucrados. Podría decirse que ya la hiperinflación se ha convertido en asunto de Estado. Solo la conciencia de las dimensiones del descalabro y los acuerdos políticos y sociales que conduzcan a un programa de estabilización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo, podrán evitar a los venezolanos la prolongación de esta espiral de destrucción.

Politemas, Tal Cual, 20 de diciembre de 2017

Lecciones de la estabilización en Perú

El sábado 28 de julio de 1990 tomó posesión Alberto Fujimori como presidente de Perú. Luego de la segunda vuelta del 10 de junio en la cual derrotó a Mario Vargas Llosa. Durante la campaña electoral, realizada en el inicio del segundo episodio de hiperinflación del país, el candidato Fujimori había ofrecido que no seguiría la política gradualista del presidente García, pero tampoco la política de “shock” que ofrecía su adversario Vargas Llosa. Dada la victoria que obtuvo Fujimori, es muy probable que una fracción muy importante del electorado que terminó votando por él, no se imaginaba en detalle las políticas que habría de implementar para enfrentar la hiperinflación. Al menos el candidato no se había encargado de explicarlas.

También hay evidencias de que el gobierno recién juramentado experimentó unos primeros días de vacilación. Se ha indicado que Fujimori no tenía mucha idea de las implicaciones que tenía el programa económico que sus asesores preparaban. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue decretar un feriado bancario para el lunes 30 y el martes 31 de julio, con lo cual se descartó que las medidas se anunciaran inmediatamente. Luego se esperó que las medidas se anunciaran después del feriado. Tampoco fue así. En realidad, en ese fin de semana que toma posesión el gobierno, se duplican los precios de los alimentos y aumenta el precio de la cotización del dólar. 

Las medidas son anunciadas finalmente el 8 de agosto de 1990 en un mensaje televisado del presidente del Consejo de Ministros Juan Carlos Hurtado Miller. Le tocó a este funcionario explicar al país la gravedad de la situación y las medidas que se requerían. Que haya pasado una semana entre el feriado bancario y el anuncio de las medidas indica, por una parte, que no existía un plan concertado con la suficiente especificación, y, en segundo lugar, que la gravedad de las medidas implicaba cierto tiempo para que el vocero asumiera en plenitud la responsabilidad que le tocaba. En la primera frase de su alocución, Hurtado Miller lo deja muy explícito, dice que se presenta ante los peruanos para “informarles sobre las medidas precisas con que el gobierno se propone enfrentar la inflación explosiva que hemos heredado de la administración anterior”. Ese era el principal problema de Perú y a eso se refirió en detalle el vocero. No había lugar para retórica.

Las medidas anunciadas fueron drásticas. Se eliminó el dólar controlado. El precio de la gasolina aumentó de 21.000 intis el galón a 675.000, aunque se incorporó un subsidio de 20.000 intis para el transportista por cada pasaje urbano. La lata de leche evaporada aumentó de 120.000 a 330.000 intis. El kilo de azúcar aumentó de 150.000 a 300.000 intis. El pan francés aumentó de 9.000 a 25.000 intis. Los aumentos estuvieron vigentes al día siguiente. También se anuncia que el gobierno solo gastaría los ingresos que percibiera. Se decreta un arancel máximo de 50% para las importaciones, así como una bonificación para trabajadores de los sectores públicos y privados equivalente al 100% del monto del sueldo del mes de julio de 1990. Para la compensación social se asignan 450 millones de dólares por parte del gobierno, más 150 millones de dólares provenientes de donaciones privadas y organismos internacionales. Los efectos de la estabilización, algunos de ellos muy difíciles en las primeras etapas para los peruanos, trajeron crecimiento, control de la inflación y una etapa de reducción de la pobreza nunca experimentada. Los resultados a la larga fueron notablemente positivos. 

En Venezuela avanzamos, ojalá más temprano que tarde, al anuncio de un programa de estabilización que enfrente la hiperinflación ya establecida desde hace pocas semanas. El gobierno que diseñe ese programa debe tener en cuenta al menos, como la experiencia peruana lo demuestra, que los detalles hay que pensarlos antes, que las medidas deben informarse lo más inmediato que se pueda, y que la compensación social requerirá elaboración técnica y muchos recursos. Esperemos que haya aprendizaje.

Politemas, Tal Cual, 13 de diciembre de 2017

De la emergencia a la estabilización

Se acaban las palabras para describir la situación de las familias venezolanas. A pocas semanas del fin de año, la coyuntura no puede ser más crítica. El mes de noviembre culmina con la mayor tasa de inflación mensual en la historia del país. A pesar de que no existen cifras oficiales desde finales de 2015, las estimaciones de la Asamblea Nacional y de especialistas dentro y fuera del país, no dejan dudas. Venezuela se encuentra en el inicio de una hiperinflación. La primera en casi 30 años en América Latina. La segunda del siglo XXI en el mundo, y la primera de un país de la OPEP sin guerra civil. 

El inicio de la hiperinflación se produce luego de cuatro años de caída en la actividad económica, hasta el punto de que se ha registrado una reducción de un tercio del PIB del país, constituyendo una de las mayores debacles en países no sometidos a procesos bélicos. En tales condiciones, la principal afectación son las condiciones de vida de los ciudadanos. Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB, USB, Fundación Bengoa, entre otras instituciones, indicaban que el 51% de los hogares se encontraba en situación de pobreza extrema (sin los ingresos para comprar los alimentos requeridos en el día). Todo indica que a finales de 2017 esta proporción debe ser mayor.

La exigencia de atender con la debida celeridad esta situación, caracterizada por la escasez de medicamentos y alimentos, sumado al aumento indetenible de los precios, ya es compartida por toda la sociedad. Incluso en el ámbito internacional, organizaciones de Naciones Unidas y gobiernos, han señalado insistentemente la necesidad de implementar opciones que logren reducir a la brevedad esta penuria que afecta a millones de venezolanos. A pesar de ello, las gestiones han sido infructuosas, más bien se percibe una gran indiferencia por parte del gobierno. La negociación que se encuentra en curso en estas semanas tiene entre sus puntos de mayor relevancia llegar a acuerdos sobre esta materia.

Lamentablemente las perspectivas para asumir la gravedad del este drama por parte de las instituciones responsables no son alentadoras. Con lo cual el problema de fondo, cual es la solución a la grave crisis económica, agudizada por la hiperinflación, mucho menos aparece en la agenda gubernamental. La solución estructural es un programa de estabilización que introduzca cambios profundos a todo el descalabro económico y social que se ha producido en el país. Esperemos que se puedan generar los acuerdos políticos y sociales que faciliten pasar de la emergencia a la estabilización en el menor tiempo posible. La situación realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2017

domingo, 3 de diciembre de 2017

Hiperinflaciones en América Latina

El reciente aumento de los precios ha trastocado aún más la vida de los venezolanos. Cuando las variaciones superan la marca de 50% mensual, los países entran en hiperinflación. Todas las evidencias, especialmente las provenientes de la única fuente de información de un poder público, cual es, la Asamblea Nacional, indican que la hiperinflación de Venezuela se manifestó claramente en octubre de este año. Dada la ausencia de medidas para enfrentar la hiperinflación por parte del gobierno, es muy probable que la tasa de inflación del mes de noviembre sea la más alta en la historia del país. 

Los efectos de estos aumentos de precios hacen mella en los ciudadanos. Especialmente porque la perspectiva de solución a la hiperinflación no es la predominante en la actualidad. Ahora bien, la inflación ha sido un acompañante permanente de la vida de los venezolanos en los últimos 35 años. El último año con una tasa de inflación de un dígito fue 1983 cuando se registró 6,2%. Entre 1984 y 2012, la tasa de inflación promedio del país fue 32%. Podría decirse que la inflación era un evento “normal” en la vida de los venezolanos, cuando en el resto del mundo la tasa de inflación más frecuente tendía a ser un solo dígito. De allí que el aumento de la tasa de inflación en los últimos años tenga efectos desastrosos en el ánimo y en la capacidad de compra de las personas. En los últimos años, se ha pasado a una tasa promedio de tres dígitos, con perspectiva de que a final de 2017 alcance los cuatro dígitos (1.133%), como advirtió el FMI hace pocas semanas.

En este contexto, es conveniente analizar de manera comparada los procesos de hiperinflación que se han producido en América Latina, tal cual han sido reportados por los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus. El propósito de la comparación es tener presente las referencias para identificar similitudes y diferencias con la hiperinflación que está en marcha en Venezuela. Antes de la hiperinflación actual en Venezuela, en América Latina se habían sucedido episodios de hiperinflación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Perú. En este último país se registraron dos episodios de hiperinflación (1988 y 1990). 

Quizás el episodio de hiperinflación menos conocido es el de Chile. Este episodio se produjo en el mes de octubre de 1973, al mes siguiente del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Esta hiperinflación fue expresión de los desajustes económicos precedentes. La tasa de inflación alcanzó casi 88% durante ese mes. La siguiente hiperinflación fue la de Bolivia, iniciada en abril de 1984 y finalizada por las medidas del recién electo gobierno de Paz Estenssoro en septiembre de 1985 (con una duración de 18 meses). El mes con la mayor tasa de inflación en Bolivia fue febrero de 1985 cuando alcanzó 183%, los precios se duplicaban cada 20 días.

En junio de 1986 se inició la hiperinflación de Nicaragua, la cual se extendió por 58 meses (hasta marzo de 1991), la más larga documentada en el mundo. La mayor tasa de inflación se registró justamente en el mes final (marzo de 1991), al alcanzar 261%, con una duplicación de precios cada 16 días. La siguiente hiperinflación se produjo en Perú en el mes de septiembre de 1988 cuando la tasa mensual alcanzó 114%. Aunque la tasa de inflación de Perú se mantuvo alta entre esta fecha y julio de 1990, solo en este último mes fue superior a 50%. De hecho, la tasa de inflación del mes de agosto en Perú ha sido la más alta registrada en América Latina (397%). Los precios se duplicaban cada 13 días. 

Entre 1989 y 1990, Argentina y Brasil experimentaron episodios de hiperinflación. La de Argentina se extendió entre mayo de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue julio de 1989 con 197%, con una duplicación de precios cada 19 días. En el caso de Brasil, la hiperinflación se extendió entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue marzo de 1990 (82%), con una duplicación de precios cada 35 días.

Aunque los episodios de hiperinflación en América Latina han sido muy diversos, ofrecen lecciones relevantes para caracterizar estos procesos. En primer lugar, los episodios de corta duración (uno a dos meses) fueron resultado de rápidas medidas tomadas con la instalación de nuevos gobiernos (Chile y Perú). En todos los casos, los procesos de hiperinflación han traído como consecuencia cambios de gobiernos (aún en los casos de Bolivia y Nicaragua que tuvieron los períodos más largos de hiperinflación), y modificaciones económicas sustantivas (cambios de moneda, programas de estabilización, transformaciones estructurales). También es muy evidente la afectación social que deriva de que las poblaciones en todos los países fueron sometidas a las inmensas dificultades en el acceso a bienes y servicios, en el deterioro del ingreso y en el clima de frustración social que predomina en estos procesos. 

En las actuales circunstancias, la hiperinflación que se inicia en Venezuela tiene al menos dos rasgos característicos. En primer lugar, se inicia el proceso después de una reducción productiva de más de un tercio de la economía, quizás la más grande registrada en el mundo en países sin conflictos bélicos. En segundo lugar, las grandes dificultades que se aprecian para darle a este problema la grave entidad que tiene. Ojalá que las circunstancias cambien y se puedan evitar las desastrosas consecuencias sociales que tendría una larga hiperinflación en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 29 de noviembre de 2017

viernes, 24 de noviembre de 2017

¿Cómo se enfrentó la hiperinflación en Perú?

La crisis hiperinflacionaria de Perú tuvo una larga gestación. Al igual que en Venezuela, la destrucción del aparato productivo, iniciada con el gobierno de Velasco Alvarado en 1968, fue un factor fundamental. Se expropiaron muchas empresas en diversas áreas de la actividad económica, con lo cual la producción quedó en muchos casos en manos del Estado. La vuelta a la democracia a finales de los setenta requería consolidar una nueva institucionalidad, así como atender las demandas de cambios económicos. El gobierno de Belaúnde Terry (1980-1985) no fue muy exitoso en lo segundo. La tasa de inflación se mantuvo entre 60 y 75% en los primeros años de ese gobierno. En los últimos años la tasa de inflación ya había superado 100%, coincidiendo con una caída relevante de la actividad económica (casi 10% en 1983). 

A mediados de 1985 se inicia el primer período presidencial de Alan García. Las medidas económicas implementadas estuvieron basadas en el control de precios y en el control de la tasa de cambio, así como en el aumento del circulante y del gasto fiscal. Al mantener los precios de los servicios públicos relativamente bajos, el gobierno logró reducir temporalmente la tasa de inflación mensual (de 10 a 3%). De allí que la tasa de inflación de los primeros años del gobierno de García alcanzara menos del 100% anual. 

En septiembre de 1988 la tasa de inflación mensual alcanzó 114% con lo cual se produce el primer episodio de hiperinflación (el criterio de hiperinflación es una tasa de inflación mayor a 50% mensual). La tasa de inflación de 1988 alcanzó 666% y la de 1989 alcanzó cerca de 3.400%. A pesar de que se mantuvo por debajo de 50% mensual desde septiembre de 1988 hasta julio de 1990, la inflación acumulada fue inmensa. Entonces se produce el segundo episodio de hiperinflación en julio de 1990 con una tasa de inflación mensual de casi 400% (la tasa mensual más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina). 

El gobierno de Fujimori se inicia en agosto de 1990 con la implementación de las medidas para enfrentar la franca hiperinflación del mes precedente. Este conjunto de medidas se conoce coloquialmente como el “Fujishock” y tienen un gran parecido con las ejecutadas en Bolivia en 1985. Dentro de las medidas se encontraban las siguientes: realizar un balance riguroso de los ingresos y gastos que debía realizar el gobierno, control estricto de la oferta monetaria, libre flotación de la tasa de cambio, aumento de los ingresos fiscales por nuevos impuestos y eliminación de excepciones, formulación y puesta en marcha de un programa de reformas estructurales para construir una economía basada en un Estado más facilitador que interventor con un sociedad más participante de la creación de riqueza. 

Los resultados de este programa lograron la recuperación del crecimiento económico a partir de 1991(entre 1988 y 1990 la economía se había contraído 9% promedio). La tasa de inflación pasó de 7.500% en 1990 a 400% en 1991. A partir de 1992 tasa de inflación disminuyó hasta llegar a un solo dígito en 1997. En el período 1997-2016 la tasa promedio de inflación anual fue 3,3%. En el mismo período, la tasa de crecimiento anual promedio de Perú ha sido 4,5%. El impacto ha sido evidente. El manejo de la hiperinflación en Perú abrió el camino para un país diferente. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2017