En la última semana del mes pasado, 25 a 28 de abril, se realizó en Santiago de Chile la Sexta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Cepal. En esta reunión del Foro participaron los gobiernos de la región con el propósito de analizar la evolución de los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.
Las conclusiones y recomendaciones del Foro expresan el conjunto de aspectos en los cuales existe el consenso de los gobiernos de los países de la región. Son exactamente 110 puntos acordados por los gobiernos. Quizás el de mayor relevancia para las políticas de desarrollo sostenible es el punto 8.
En el punto 8 de este documento se indica que los gobiernos observan con preocupación que las metas de los ODS establecidas para el año 2020, no se han cumplido plenamente. Expresan un llamado a las instancias internacionales para que fortalezcan las decisiones en esta materia. Y luego, se citan en este punto las diversas políticas públicas que deberían priorizarse. Estas políticas son las siguientes: la protección de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de datos oportunos, tanto en calidad como en los niveles desagregados, la participación de los jóvenes, el incremento de los recursos financieros, y la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo.
Tal como está redactado el punto 8, pareciera que esas políticas mencionadas son responsabilidad de la comunidad internacional. No se menciona la directa vinculación de estas políticas con las decisiones u omisiones que cada día tienen los gobiernos de la región sobre estos aspectos. Cada una de estas políticas debería requerir la mejor calidad en el diseño y la respectiva asignación de recursos por parte de los gobiernos de los países.
Cada una de las áreas de políticas públicas debería responder a las específicas realidades de los países, pero también dentro de ellos. Solo con imaginar los diferentes niveles de biodiversidad que pueden tener México y Paraguay, se tiene una idea de los requerimientos particulares en cada caso. De igual manera, las mejoras en la disponibilidad de datos oportunos y en su desagregación, son muy distintas en países de menor extensión como El Salvador, y en países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina.
Una primera dimensión de la brecha de políticas de desarrollo sostenible, está relacionada con el hecho de que corresponden más bien al ámbito de los gobiernos de los países, y no a la comunidad internacional, como se menciona en el documento. La segunda dimensión de la brecha está asociada con la falta de explicitación, al menos de las características generales que deberían tener las políticas públicas mencionadas en el punto 8. De hecho, también parece más apropiado que se hubiera recomendado a los gobiernos diseñar o actualizar estas políticas públicas con el propósito de tomar en cuenta las modalidades para alcanzar los ODS en 2030.
Visto lo anterior, no solo la región tiene restricciones significativas para conocer la evolución de los ODS (por las limitaciones en los sistemas de información), también existen limitaciones en el diseño de las políticas públicas relacionadas. Es bastante claro que sin mejoras sustantivas en las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, el desarrollo sostenible en América seguirá teniendo progresos muy limitados en los próximos años.
Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2023
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