Ante el inmenso deterioro que se ha experimentado en América Latina en los últimos años, lo deseable sería contar con mejores políticas públicas, tanto en el diseño como en la implementación. Ya sabemos que en muchos países más bien se ha producido un notable deterioro institucional para ejecutar adecuadas políticas públicas. Es decir, se ha conformado un círculo vicioso: peores condiciones de vida conducen a peores políticas públicas, y éstas a su vez reducen el bienestar de la población.
Para enfrentar lo anterior se requieren mejores análisis de políticas. Esto es, modificar la tendencia, introducir mejoras sustantivas en la calidad de las políticas públicas. Ahora bien, para ello es clave conocer las políticas generadas en la región, y así establecer sus virtudes y limitaciones. Lo cual lleva directamente a organizar el inventario de políticas públicas que se aprueban en la actualidad.
La diversidad de políticas públicas es muy amplia, por ejemplo, algunas se derivan de decisiones de los niveles ejecutivos, otras de sentencias judiciales, y otras se generan en el ámbito de los parlamentos. En principio, éstas últimas, por surgir de los espacios de mayor representatividad de la sociedad, y requerir mayores condiciones para ser aprobadas, son un buen punto de partida para examinar la calidad e impacto de las políticas públicas en América Latina.
Se puede suponer, por ejemplo, que se desea conocer las leyes que fueron aprobadas la semana pasada en América Latina. Es previsible que, con los avances institucionales y tecnológicos existentes, se puede disponer en un sitio web los resultados de las sesiones de los parlamentos, incluyendo las actas de las sesiones, los videos, los votos emitidos por los parlamentarios, y cualquier otro aspecto de interés. Bastaría, en principio, revisar los sitios web de cada uno de los parlamentos de la región para conocer el número de leyes, y tener acceso a los respectivos textos.
Lamentablemente, hay una gran distancia entre el dicho y el hecho. Los resultados de esta indagación son muy diferentes para los 20 países de la región. En tres países, Guatemala, Haití, y Honduras, los parlamentos no cuentan con sitios web activos. En otros cuatro países, Bolivia, Cuba, Nicaragua, y Venezuela, los parlamentos tienen sitios web activos, pero no tienen información actualizada sobre las actas de las sesiones. En el caso de Nicaragua, la última información disponible es del año 2017. De tal manera que en siete países no es posible conocer, al menos por la información disponible en Internet, sobre las leyes aprobadas la semana pasada.
En los otros trece países de la región se pueden distinguir dos subgrupos. En el primero están República Dominicana, Ecuador, México, y Panamá. En estos países existe un rezago en el reporte de la información de las sesiones del parlamento. Por ejemplo, la última información disponible de las sesiones de la Cámara de Diputados de República Dominicana corresponde al mes de agosto de 2021. En este subgrupo de países la información más reciente tiene un mes de rezago.
En el segundo subgrupo están los países que tienen información actualizada de las sesiones del parlamento. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, y Uruguay. Solo en estos países es posible realizar el seguimiento actualizado de las leyes aprobadas en el parlamento.
La actualización de la información de los parlamentos es, en gran medida, una expresión del grado de desempeño de las funciones de gobierno en los países de la región. Parlamentos más transparentes corresponden con sistemas de gobiernos más abiertos. Igualmente, parlamentos más opacos son expresiones de notables carencias de la gobernabilidad democrática. Las brechas en la calidad de las democracias en América Latina están vinculadas directamente con estas capacidades institucionales de los parlamentos.
Politemas, Tal Cual, 1 de junio de 2022
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