Avanza la crisis social

La III Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), correspondiente al año 2016, muestra un panorama de profundo deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Por tercer año consecutivo, un equipo de investigadores de la UCV, UCAB y USB, ha coordinado la realización de una encuesta por hogares que contiene información sobre distintos aspectos de la vida de los venezolanos, tales como, el ingreso de las familias, alimentación, seguridad ciudadana, salud, educación, empleo, vivienda y servicios. Cada año que se ha realizado la encuesta (desde 2014), los resultados indican que la crisis social aumenta ante el fracaso rotundo de las políticas del actual gobierno. Debe destacarse que los últimos datos presentados corresponden al último trimestre del año 2016. De manera que se puede inferir que la actual realidad es mucho más complicada. 

De acuerdo con la ENCOVI 2016, el 52% de los hogares del país no tiene el ingreso necesario para comprar la cesta de alimentos. Es por ello que se consideran en pobreza extrema. Más aún, un 30% adicional, aunque tiene los ingresos para comprar los alimentos, no tiene los ingresos para otros rubros de gastos básicos del hogar. En consecuencia, el 82% de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza. No hay mucho más que agregar después de conocer este dato. El gobierno que se jactó durante buena parte de estos 18 años en tener a la pobreza como el eje de su acción, ha ocasionado la mayor reducción en las condiciones de vida en la historia del país en los últimos cien años. Por otra parte, las cifras indican que es la debacle más abrupta en las condiciones sociales en América Latina en los últimos cincuenta años.

Otros resultados expresan la variedad de manifestaciones en este contexto. Por ejemplo, el aumento de la proporción de hogares en pobreza estructural (de 16% en 2014 a 31% en 2016), es una evidencia de que ya no se trata de una condición transitoria. Es más bien un proceso que demuestra la sistemática disminución de la capacidad institucional para garantizar el bienestar de la población. Si a ello sumamos que las proteínas son accesibles para menos de la mitad de la población, que casi 10 millones de personas realizan solo dos comidas, o que el 94% de la población considera que la violencia ha aumentado en el año anterior, no queda la menor duda de la afectación en todas las esferas de la vida ciudadana. 

Este deterioro era previsible. Es posible que las dimensiones no fueran completamente estimadas. Pero es muy evidente que el grado de incompetencia que el actual gobierno ha tenido en el manejo de los asuntos públicos, no podía conducir a otros resultados. La población venezolana está sufriendo sistemáticamente las consecuencias de tener un gobierno con la peor combinación de políticas en el siglo XXI en el mundo. El avance de la crisis social lo demuestra. Y también deja muy claro que el actual gobierno no tiene ni la visión ni las capacidades para enfrentar esta terrible situación.

Politemas, Tal Cual, 22 de febrero de 2017

Lejos de la productividad

América Latina ha disminuido de manera sistemática su importancia relativa en la economía global. En los últimos 35 años la Región ha perdido representación en la capacidad de compra mundial (de 12% en 1980 a poco más de 8% en 2016). Para remate, la economía de la Región ha decaído en los últimos cinco años. Es verdad que en esa reducción influye el peso de economías como la de Brasil, Argentina y Venezuela. Y también es cierto que otros países experimentan procesos continuados de crecimiento económico. Pero hay signos de que el deterioro no es coyuntural y que existen tendencias preocupantes para el porvenir de la Región.

El último boletín estadístico de la Cepal ofrece evidencias sobre esas dificultades. En la Región no se están creando empleos productivos, al menos no en la cantidad necesaria para afrontar los retos actuales y futuros. Los países que tienen menor proporción de empleos de baja productividad, como es el caso de Chile y Panamá, no están por debajo del 30% de toda la fuerza laboral, Otros países como Venezuela, Colombia, Perú, presentan proporciones superiores al 50% de empleos de baja productividad. 

Si bien es cierto que haber consolidado economías ordenadas, con tasas de crecimiento positivas y baja inflación, es un gran avance con respecto a los años ochenta, no es menos cierto que en la Región no están presentes las condiciones para la generación de empleos de calidad de manera sostenible. Muchos factores se pueden citar. La competencia por las inversiones es cada día más intensa. Los países de Asia, en especial China y ahora más recientemente India, están atrayendo cantidades astronómicas de inversión, y han desarrollado opciones tecnológicas que son muy poco frecuentes en América Latina. A ello debe sumarse la ausencia de políticas de innovación que articulen a los sectores productivos, a los gobiernos y a los centros de investigación. La desvinculación entre las empresas, los gobiernos y las universidades es quizás uno de los signos más evidentes de este rezago.

Lo anterior está concatenado con las debilidades de los sistemas educativos, especialmente en la vinculación con el sector productivo, y en las dificultades para innovaciones en la formación de recursos humanos. Muchos países de la Región tienen coberturas de educación secundaria que no alcanzan al 80% de la población. De manera que contar con recursos calificados, especialmente capacitados en matemáticas y ciencias, es mucho más fácil en los países asiáticos que en los nuestros. 

En este contexto, las transformaciones no serán inmediatas, pero deben comenzar en algún momento. Una de las primeras exigencias es la conformación de acuerdos productivos con la participación de gobiernos, empresas, universidades, que se formulen para el mediano plazo pero que tengan implicaciones en el corto plazo. De estas premisas se pueden derivar opciones de cooperación entre empresas y centros de investigación (especialmente en universidades, sean públicas o privadas) que contribuyan a identificar requerimientos que puedan motivar nuevas líneas de investigación, y la aplicación, por otra parte, de conocimiento acumulado. Iniciar círculos virtuosos de innovación en procesos de cooperación es un requisito central para dejar de ser una Región de empleos de baja productividad, y favorecer nuevas opciones productivas para las nuevas generaciones de latinoamericanos.

Politemas, Tal Cual, 15 de febrero de 2017

Anti-gobierno

En dos semanas el presidente Trump ha entrado en una franca crisis en el manejo de su gestión. Incluso antes de la juramentación, la opinión mayoritaria sobre Trump no era positiva, al contrario de lo que ha sido la rutina en Estados Unidos con el inicio de un nuevo gobierno. El balance a la fecha es el de un gobierno que ha entrado en conflicto con gobiernos de otros países (México, China, solo por mencionar dos), con grupos dentro de su país (inmigrantes, estudiantes, universidades, empresas líderes en tecnologías, y pare de contar), con el Congreso (los demócratas ya han anunciado que no votarán a favor ningún otro candidato al Gabinete), con el poder judicial (enfrentamientos con jueces que han dictado sentencias desfavorables). La lista podría seguir un rato largo.

Tal parece que la aspiración de Trump por un gobierno de ocho años se ve bastante lejana. Cabe entonces preguntarse por las razones que influyen en que uno de los gobiernos más sofisticados del mundo entre en una crisis de gestión originada por sus propias decisiones. Vale la pena precisar esos factores, especialmente por las lecciones que puede ofrecer. 

Gobernar es fundamentalmente conducir. Una buena imagen es la del timonel que guía la embarcación a través de mares tranquilos y también agitados. El supuesto de esa imagen es que en la embarcación viajan todos los ciudadanos y que la responsabilidad primaria del timonel es garantizar la inclusión en toda la sociedad. Si los gobiernos incorporan por su propia iniciativa elementos que conspiran contra acuerdos fundamentales de la sociedad, la reacción que se genere va a limitar sensiblemente la capacidad de gestión. 

En el caso de Estados Unidos, parte de esos acuerdos están relacionados con la garantía de los derechos humanos, con el respeto a las minorías, con la preservación del espíritu de libre empresa. Las acciones iniciales del gobierno de Trump apuntan a desplazar lo que se entiende son privilegios de ciertos grupos sobre otros, por ejemplo, de los inmigrantes sobre los nacionales, de los que transfieren empresas fuera del país sobre los desempleados, de los grupos ambientalistas sobre las empresas petroleras, y así sucesivamente. Entonces, se procede a aprobar medidas con el afán de resarcir más que de construir espacios comunes, que resulten de nuevas coincidencias.

En la misma perspectiva de imponer una sola visión, el gobierno de Trump no se detiene en detallar la política. También procede al interior del gobierno excluyendo a todas las instancias que pudieran mejorar la implementación. Es por ello que los responsables del diseño de las políticas, como por ejemplo en el caso de la prohibición de entrada a los nacionales de siete países, no consultaron con los encargados de varias de las agencias más importantes en la ejecución de estas medidas. 

Al final de cuentas, es la misma restricción, es decir, cuando se procede a excluir de la toma de decisiones a grupos, sectores, instancias gubernamentales, el resultado siempre será negativo. No se tomará en cuenta las perspectivas de otros, las buenas ideas, las críticas, las sugerencias. Los gobiernos que proceden de esa manera, sistemáticamente, conducen a sus países a crisis, promueven que se pierdan oportunidades, polarizan las sociedades, y favorecen el clima de opinión pública para que sean sustituidos en la primera oportunidad electoral que se presente. Esa la tenemos.

Politemas, Tal Cual, 8 de febrero de 2017

900%

Ya está a punto de cerrar el primer mes del año 2017. Un tema bastante común, especialmente para el seguimiento de la economía, es conocer la evolución de los precios. Dependiendo de su comportamiento, los actores económicos deciden sus acciones para las siguientes etapas. Con las facilidades de internet se puede en cuestión de minutos conocer la tasa de inflación de los países. 

Tomemos por ejemplo, varios países de América Latina. Lo que se requiere es tener acceso a internet, el cual no es el más rápido en Venezuela. Pero dejemos ese tema de lado por los momentos. Seleccionemos primero a Perú, y vayamos al sitio web del Banco Central de Reserva. Justamente en la parte superior derecha de la página están las cifras. La tasa de inflación en los últimos 12 meses es 3,23%. Si, leyó bien. Y si se toma la tasa de inflación sin incluir los alimentos y la energía, entonces la tasa de inflación es 2,87%. Volvió a leer bien. 

Vayamos ahora a Bolivia. En la parte derecha del sitio web del Banco Central se encuentra la cifra: 4% es el valor de la tasa de inflación en los últimos 12 meses. Para un país que experimentó una hiperinflación hace 30 años, la cifra lo dice todo. Sigamos finalmente a Colombia. También en el mismo sitio que los anteriores se encuentra un gráfico con la inflación mensual. En los últimos 12 meses la tasa de inflación de Colombia es 5,75%. También se indica en el gráfico que la cifra está por encima de la meta (2% mensual). 

En todos los casos anteriores la información está completamente disponible, visible, incluso se pueden obtener los archivos históricos. Ahora tratemos de conseguir la tasa de inflación de Venezuela. La última información disponible es de diciembre de 2015, un poco más de un año sin un indicador fundamental sobre la marcha de la economía. Esto es más crítico cuando sabemos, en la práctica, que la inflación ha sido la más alta en la historia del país. Pero no tenemos información oficial ni dimensiones exactas sobre la gravedad de esa situación.

En estos casos, prácticamente cada ciudadano y cada empresa debe apelar a los medios que tenga a su disposición para ponerle tamaño a esta monumental crisis. Una práctica útil es que los ciudadanos obtengamos información sobre los precios. Es relativamente sencillo, especialmente con el uso de teléfonos que pueden almacenar información en cualquier archivo de texto. Se selecciona un bien de consumo frecuente y se anota el día de la compra y el monto que se pagó. No tiene que anotarse cada vez que se hace una compra, sino cada vez que varíe el precio (en estas circunstancias solo serán aumentos). 

En mi caso seleccioné el pan, el cual no puede negarse que es un producto de consumo masivo. También es verdad que no puede decirse cuál es la tasa de inflación de un país con un solo producto. Sabemos que la inflación real es un promedio de miles de productos. Pero es una mera referencia, acentuada por la total falta de transparencia de las instancias encargadas de esta responsabilidad. Pues bien, examinando los precios de la compra dominical de pan, el estimado que resulta es una tasa de inflación de 900% en los últimos 12 meses. Este estimado resulta totalmente compatible con lo que se observa en la evolución de precios en otros productos y bastante cercana con los cálculos de organismos internacionales y de especialistas nacionales. Es entonces bastante evidente que estamos en la economía con la mayor inflación del mundo y con el gobierno más incompetente en la gestión económica en el planeta en el Siglo XXI. Una sugerencia final es que usted, amigo lector, también anote los precios de las compras de su elección. Elabore sus datos, estamos viviendo en un país en el que el gobierno dejó a los ciudadanos en el mayor abandono posible.

Politemas, Tal Cual, 25 de enero de 2017

Gobernar para destruir

Las últimas semanas han evidenciado el total desastre que significa el actual gobierno para la vida de los venezolanos. Ya no solo es la ideologización y la incompetencia que han caracterizado estos casi 18 años de gestión. Ahora es mucho más evidente la indolencia y el maltrato que infringe en la cotidianidad de la inmensa mayoría de las familias del país. El mundo ha quedado atónito con la palmaria mezcla de daño deliberado con ignorancia e incapacidad para el manejo del Estado. Con las medidas económicas de los últimos días, el actual gobierno ha dejado muy claro que es la peor gestión en la historia de la República y la peor del mundo en el Siglo XXI. 

El gobierno entiende su acción con el objetivo de destruir. Así ha sido desde el primer momento. Recordemos que, en su mensaje de toma de posesión, allá en 1999, el presidente Chávez anunció la sustitución de la Constitución de 1961, la tildó de “moribunda”. No hubo en sus palabras ninguna actitud comprensiva con el marco institucional que facilitó el período más largo de estabilidad y gobierno civil que habíamos conocido. La idea era destruir, con el supuesto nunca comprobado de que se iba a construir un orden mejor. Ya estaba claro que comenzar así era justamente la demostración de que la intención no tenía nada que ver con crear y fortalecer, más bien con aniquilar, con venganzas y retaliaciones.

En su primera aparición, el gobierno estableció sus parámetros de destrucción. Y así ha continuado. Una primera fase de destrucción fue intangible. Está relacionada con la percepción del futuro. Las primeras acciones del gobierno, por allá entre 1999-2002, afectaron la visión de futuro del país. Colocaron cortapisas sobre nuestras posibilidades de desarrollo. Prueba de ello es que empezamos a dejar de ser atractivos para las inversiones internacionales y comenzó el éxodo de empresas y personas a sitios con mejores perspectivas. Mientras tanto, el gobierno se concentró en sus ansias de controlar el Petro-Estado, con la visión ideológica atrasada de que era posible una sociedad controlada por el recurso fiscal derivado del petróleo.

Con esa intención comienza en 2006 una nueva fase de destrucción. Esta vez contra toda la capacidad productiva instalada del país. Se agrede al sector privado, se estatizan empresas, se vulneran derechos de propiedad, se asaltan fincas, plantas, instalaciones. Con el soporte de la mayor entrada de recursos provenientes de la venta de petróleo, se inicia la mayor destrucción de recursos productivos que se ha visto en el mundo en el Siglo XXI. Y ese ímpetu no se detiene allí, continúa hacia toda la institucionalidad disidente de esa visión. 

En la parte de este largo gobierno que se inicia en abril de 2013, se ha avanzado en una nueva fase de destrucción. Esta vez es la moneda. Tal como decía Keynes después de la I Guerra Mundial, destruir la moneda es afectar la propia esencia de las sociedades. Y esa la situación que se ha desencadenado en las últimas semanas: el extraordinario aumento de la inflación y la literal aniquilación de los billetes como medios de intercambio. La devastación causada por este gobierno no puede ser mayor. Toda esta destrucción ha dejado muy evidente que la sustitución del actual gobierno por los medios constitucionales y democráticos es la tarea más urgente que tiene la sociedad. Establecer la ruta para alcanzar ese objetivo lo más rápido y al menor costo será la tarea fundamental en 2017. Será el reto central de la Unidad de los venezolanos. Sigamos.

Politemas, Tal Cual, 21 de diciembre de 2016

El peor escenario económico

El año 2016 cierra en las condiciones más críticas para la vida de los venezolanos. Los efectos terribles en el acceso a medicamentos y alimentos están a la orden del día. Las colas para las compras son más largas y frustrantes, ante las mayores dificultades para conseguir los productos. La caída en el ingreso de las familias se agrava ante la ausencia de políticas económicas que puedan revertir este curso desastroso. Ya el BCV ha anunciado el nuevo cono monetario. Demostración muy clara de la destrucción económica que ha sufrido Venezuela. El anunciado billete de 20.000 bolívares representa 200 veces el valor del billete de mayor denominación de la actualidad. Sin embargo, al calcular en dólares representa la décima parte del valor de ocho años atrás. 

La causa fundamental de este total desastre económico radica en la visión ideológica desfasada del actual gobierno. La creencia de que era posible fortalecer al Petro-Estado para tomar control de la sociedad y desde ahí dictar todas las pautas, ha llevado al país al estado más deplorable que se pueda imaginar. A esa visión ideológica debe sumarse la mayor incompetencia en el manejo de la gestión pública en la historia republicana de Venezuela. Sin embargo, los responsables de este formidable fracaso no asoman ninguna autocrítica, ninguna conciencia del daño realizado. Más bien, es obvio que tratan de sacar provecho de esta nueva etapa de deterioro, por supuesto, para sus fines particulares, nada que ver con las realidades concretas de los venezolanos.

En el curso de las políticas económicas del actual gobierno, el escenario no puede ser más preocupante. El FMI ha informado, desde finales del año pasado, que al cierre de 2016 la tasa de inflación del país estará en 720%. La más alta del mundo. Los pronósticos para los años siguientes son escalofriantes. Para el año 2017 se estima que la tasa de inflación cerraría en 2.200%, en 2018 alcanzaría 3.000% y a finales de 2019 en 3.500%. Tal es la dimensión de las consecuencias económicas que ha sufrido el país. Si a ello agregamos el pronóstico de crecimiento, se completa que Venezuela tiene al día de hoy el peor escenario económico del mundo. El FMI estima que todos los años hasta el 2019 tendremos reducción de la actividad económica (es el último año estimado). En otras palabras, a seis años de recesión económica (entre 2014 y 2019) habría que agregar que tendríamos la segunda hiperinflación del Siglo XXI.

Con este escenario queda muy poco que decir sobre la desastrosa gestión del actual gobierno. Prácticamente ha aniquilado la capacidad productiva del país y las reglas básicas para manejar una economía moderna. Las consecuencias que esta situación tiene en la vida de los venezolanos ya han llegado a extremos inimaginables. Es bastante obvio que el actual gobierno es la primera amenaza de la vida de los venezolanos, es el mayor factor de sufrimiento de la gran mayoría de las familias del país. Cada día que pasa es más evidente que un gobierno así debe ser sustituido a la brevedad por las vías democráticas e institucionales que estén disponibles. La tarea no puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2016

Retroceso de 100 años

La muerte de Gómez abre en Venezuela las posibilidades de modernidad. Pocos meses después, el gobierno de Eleazar López Contreras aprueba la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Entre las primeras tareas se encontraba asumir la lucha contra la malaria. Una de cada tres muertes que se sucedían en el país cada año, era producida por esta enfermedad. Las descripciones de las novelas sobre esa época, expresan la realidad de los estragos que sufrían los venezolanos por esa causa. Venezuela era sinónimo de malaria. 

En esas condiciones se inicia bajo el liderazgo de Arnoldo Gabaldón una de las páginas más brillantes de la salud pública, con repercusiones en Venezuela y en todo el mundo en desarrollo. Con una mezcla de dedicación, conocimiento, y especialmente disciplina y tesón, las legiones de trabajadores de “la Malariología” comenzaron a mapear el país para conocer los hábitos del mosquito que transmitía la enfermedad, así como los efectos en las personas. Entre 1936 y 1945 se generó todo un cúmulo de conocimientos que permitió una fase de control con la utilización del DDT, justamente en las áreas que podían ser más susceptibles al efecto del insecticida. En 1937 se inició el registro de casos de malaria. El número de casos en 1941 fue 19.528, la cifra más alta del período. En 1950, luego de cinco años de iniciar el rociamiento con DDT el número de casos había descendido a 2.012, es decir, prácticamente la décima parte de los casos de diez años atrás. El control de la malaria fue un factor relevante en el surgimiento de la Venezuela moderna.

La implementación de esta política condujo a que en 1962 se registraran en Venezuela 210 casos (la menor cifra de la historia). El éxito del programa anti-malárico de Venezuela fue reconocido por la OMS en términos de la mayor extensión de superficie en el mundo con control de la enfermedad. Tal fue el impacto de la estrategia que Venezuela era el sitio al cual asistían los malariólogos de todo el mundo para aprender las mejores prácticas para el control de la enfermedad. Las epidemias de malaria que se produjeron en los primeros años de la década de los setenta, y a fínales de los ochenta, fueron controladas rápidamente, especialmente cuando se compara con la situación actual.

En 1998, año previo al inicio del actual gobierno, el número de casos fue 22.106. Desde ese momento todos los años han terminado con un número de casos superior a esa cifra, hasta el punto que en 2010 se habían duplicado. En los últimos siete años los casos de malaria han aumentado con respecto al año precedente. En 2013 los casos reportados fueron 76.621, en 2014 aumentaron a 89.822. Desde mediados de 2015 no se han publicado las cifras oficiales. Reportes difundidos por organizaciones especializadas indican que el número de casos en 2015 fue 136.402, y se estima que 2016 cerrará con una cifra cercana a los 200.000 casos.

Las evidencias son muy contundentes. La gestión del actual gobierno en el área de control de la malaria es la peor en la historia del país. A diferencia de 1936, cuando teníamos un gran problema, pero también una política adecuada, ahora tenemos un problema multiplicado por diez y ninguna política efectiva. Con el actual gobierno hemos retrocedido 100 años en el control de la malaria. El fracaso es total.

Politemas, Tal Cual, 30 de noviembre de 2016

La peor gestión de salud en América

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado en su sitio web los datos del gasto en salud correspondientes a 2014. La base de datos de la OMS es la más amplia para realizar el seguimiento de las asignaciones de recursos en todos los países del mundo. La información está disponible desde 1995. Dentro de los indicadores incluidos se encuentra el gasto de bolsillo con respecto al gasto total en el sistema de salud. El gasto de bolsillo es el que realizan las personas o familias para sufragar las tarifas de cualquier servicio que requieran en los servicios de salud.

En la medida que el porcentaje de gasto de bolsillo aumente, significa que las personas o familias deben asignar más recursos provenientes de sus propios ingresos para tener acceso a los servicios de salud. Por esta razón el rol de Estado es fundamental para garantizar la equidad del sistema. Y la forma de intervenir el Estado es justamente asignando recursos a través de seguros nacionales, financiados con recursos públicos, muchas veces solamente de origen fiscal, y otras veces como combinación de recursos fiscales y contribuciones de las personas que cotizan a la seguridad social. 

Dicho de otra manera, el porcentaje de gasto de bolsillo es un indicador de la capacidad de los gobiernos para incidir sobre la equidad del sistema de salud. En aquellos países donde el gasto de bolsillo en salud sea alto, tendrán mayor exclusión y generarán mayores desigualdades en el acceso a los servicios. En sentido contrario, en aquellos países donde el gasto de bolsillo en salud sea bajo, la población tendrá menos desigualdades en ese acceso. 

Los datos de 2014 indican que nuevamente Venezuela es el país con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en América. Exactamente, el 64% de todos los recursos del sistema de salud en el año 2014 fueron aportados por las personas, literalmente los tuvieron que sacar de sus bolsillos. Venezuela es hoy, en consecuencia, el país con la mayor inequidad en el acceso a servicios de salud en toda América. De hecho, en el tiempo transcurrido durante la gestión del actual gobierno se ha producido la mayor privatización de la salud en América en el Siglo XXI. Esta situación contrasta con lo experimentado en países como Colombia y Uruguay, los cuales tienen el menor gasto de bolsillo (cerca de 15%, compatible con el de los países desarrollados), sin incluir Cuba en la comparación. 

El fracaso de las políticas de salud implementadas por el gobierno actual no está relacionado solamente con el efecto en el desempeño de los servicios (aumento de las epidemias, aumento de las tasas de mortalidad, falta de insumos y medicamentos, éxodo de recursos humanos, deterioro de ambulatorios y hospitales), lo cual es absolutamente evidente. También es de gravedad la orientación estructural en el financiamiento. Es decir, el actual gobierno ha dirigido al sistema de salud del país en la dirección contraria de lo que hoy se concibe como un sistema moderno y de cobertura universal. Es sin dudas, la peor gestión de salud en América.

Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2016 

Los primeros daños de Trump

En la noche de la elección del presidente Trump me encontraba en Mérida, Yucatán. Ya en el día se respiraba preocupación por los resultados de la elección en Estados Unidos. Cerca de las ocho de la noche, hora de México, los noticieros comenzaron a indicar que las tendencias de votos confirmaban los peores temores. Era inminente que se anunciaría la victoria de Trump. Como en efecto se hizo pocos momentos después. Inmediatamente algunos analistas alertaron sobre la devaluación del peso. Al día siguiente, ya dispuesto para un largo viaje de regreso a casa, se anunciaba que el peso se podía devaluar en 15%. Sin haber tomado posesión, Trump continuaba su efecto terrible en la economía mexicana.

Se puede hacer mucho daño solo con hablar, especialmente si un líder tiene la posibilidad de dirigir al país más poderoso del planeta. Tal ha sido el caso de Trump. Desde que anunció su aspiración a la presidencia, el lenguaje de Trump ha sido especialmente corrosivo con México. Entre sus insultos a los mexicanos en Estados Unidos, pasando por los anuncios de la construcción del famoso muro, y su énfasis en la reversión de lo establecido en el NAFTA, logró conformar mensajes completamente agresivos al modo de vida de este país. Hasta el punto que en este momento las condiciones no pueden ser más preocupantes.

México es el país de América Latina con mayor producción per cápita en exportaciones de altas tecnologías. Poco más de 700 dólares según la CEPAL. Basta tener una idea de esta magnitud cuando se compara con Venezuela que tiene menos de un dólar. El segundo país es Costa Rica con poco más de 600. De manera que México tiene casi 20 veces más exportación per cápita de altas tecnologías que Chile y Brasil, solo por mencionar algunos países de la Región.

Tal nivel de producción de altas tecnologías está asociado con los efectos del NAFTA desde la última década del siglo pasado. Por otra parte, la economía mexicana ha mostrado signos de solidez con la acumulación sistemática de reservas internacionales y baja inflación. Sin embargo, a pesar de estos avances, los esfuerzos para la reducción de la pobreza han sido de menor impacto. Es claro, por otra parte, que para superar todas esas restricciones el camino es la producción de más riqueza, lo cual significa ampliar la capacidad para elaborar manufacturas del mayor contenido tecnológico.

Y justamente en este punto aparece Trump. Con su lenguaje y los temores que produce, ha logrado que el clima de inversión en México haya retrocedido de manera sustancial. Gran parte de la inversión proviene justamente de Estados Unidos, y gran parte de las importaciones mexicanas también provienen de ese país. La caída del ritmo económico es de tal magnitud que ya se pronostica que el crecimiento de 2017 apenas llegaría a 1%. Como producto del mensaje de Trump, sin haber tomado ninguna medida, ya se nota el agravamiento de las perspectivas de bienestar para México en los próximos años. Y eso no es otra cosa que empeoramiento de las condiciones de vida de millones de familias mexicanas a ambos lados de la frontera.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2016

Ruptura del orden constitucional

En la sesión del pasado domingo 23 de octubre, la Asamblea Nacional ha colocado las cosas en su sitio. En Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional. Es bueno que una Asamblea Nacional electa con los votos de los venezolanos haya tomado en cuenta toda la cantidad de actos inconstitucionales que se han suscitado en el último año, y cuyo grado extremo ha sido alcanzado con la suspensión de la manifestación de voluntad para la solicitud del referendo revocatorio.

Ahora bien, la ruptura del orden constitucional no es de ahora. Todo lo contrario. La ruptura constitucional se produjo prácticamente en los primeros momentos de vigencia de la Constitución de 1999. Con un país conmocionado por los efectos del Desastre de Vargas, luego de la aprobación a través del referendo del 15 de diciembre, se puso en movimiento la secuencia de decisiones que culminaron con la anulación de los mecanismos establecidos para el nombramiento de los Poderes Públicos en la Carta Magna. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cesó los poderes públicos y procedió, en contradicción con las bases comiciales que la originaron, a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, así como los representantes de la Fiscalía y la Contraloría. Para ello fueron vulnerados los procedimientos señalados en la Constitución. Puede decirse, entonces, que el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1999 nunca existió. En otras palabras, siempre hemos tenido la ruptura constitucional originaria. 

A partir de esta decisión, y de que la Constitución no tuviera plena vigencia, todo lo demás fue paulatino. Se fue desmontando progresivamente todo el andamiaje constitucional, de forma que el afán de control y poder fue minando sistemáticamente las prácticas de un Estado moderno, democrático, respetuoso de los procedimientos que le dan expresión cabal a la ciudadanía. Y las consecuencias están a la vista de todos. El gobierno que comenzó el deterioro de la constitucional no ha tenido ya ningún límite. Primero fueron alienados los derechos económicos y sociales, luego los políticos, y ahora los electorales. Ni siquiera el acto de elegir forma parte de las prácticas institucionales. Que se haya suspendido el referendo revocatorio, y que las elecciones de gobernadores fueran diferidas por seis meses, sin mayor rubor por parte de la mayoría del CNE, son evidencias muy contundentes.

La Constitución de 1999, por tanto, ha sido absolutamente anulada por aquellos que la impulsaron. Sin embargo, en pleno ejercicio de la concepción democrática, las disposiciones constitucionales constituyen el espacio en el que se pueden restablecer los acuerdos fundamentales de nuestra sociedad. Para ello se requiere que sean revertidas todas las decisiones y prácticas que la han dejado sin vigencia. En la medida que seamos capaces de renovar esos contenidos, tendremos la capacidad para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. Pero ello supone que los primeros cambios sean los relacionados con los mecanismos de elección, esto es, que se cumpla lo establecido con el referendo revocatorio en 2016 y con las elecciones de gobernadores con la mayor prontitud. Solo así será posible iniciar la restitución del orden constitucional dejado sin vigencia en diciembre de 1999, hace casi 17 años.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2016