¿Que pasó en Ucrania al no enfrentar la hiperinflación?

No es posible resolver un problema si primero no se reconoce. Esta pauta tan sencilla vale tanto para los problemas cotidianos de las personas, como para los problemas de las sociedades. Ahora bien, no es posible reconocer un problema si no existe capacidad de análisis. Pero antes de eso, debe haber una suficiente dosis de apertura, basada especialmente en la autocrítica y sensatez. Cuando existe una manera de ver la realidad, impermeable a la capacidad de análisis, autocrítica y sensatez, entonces tampoco existe la flexibilidad para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas. Y existe menos posibilidad de que se asuman las mejores prácticas para resolver el problema. La experiencia de Ucrania en el manejo de la hiperinflación puede servir de referencia para lo señalado. 

La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo como consecuencia la creación de repúblicas independientes. Muchas de estas repúblicas independientes experimentaron procesos de hiperinflación desde enero de 1992. En total fueron 14 procesos de hiperinflación que tuvieron una duración variable. En nueve de esas repúblicas las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses. En las cinco restantes las hiperinflaciones fueron más prolongadas. 

Las perspectivas de Ucrania al iniciarse el período post-soviético eran favorables, al comparar con otras repúblicas. Entre las razones que fundamentaban esa apreciación se encontraban el alto nivel educativo de su población, contar con diversidad de recursos naturales, y un alto nivel de industrialización. De allí que se llegara a considerar que Ucrania estaba en el grupo de los países como mayores posibilidades de éxito en la transición post-soviética. 

La evolución económica de Ucrania fue más bien en la dirección contraria. Los gobiernos que se sucedieron en las primeras etapas de la independencia tuvieron poca disposición a abandonar completamente la planificación central, es decir, la preponderancia del Estado en la conducción de la política económica. Este factor se sumó a la escasa comprensión que tuvieron los gobiernos sobre las alternativas más adecuadas para sortear los primeros tiempos de la transición. Las políticas implementadas tuvieron como rasgo central el control de precios y la tendencia a agravar el déficit fiscal a través de las distorsiones de la política monetaria. Todos estos factores se sumaron a la resistencia de los gobiernos ucranianos a acudir al apoyo financiero internacional. 

Las políticas implementadas en Ucrania fueron muy diferentes a las seguidas en Rusia, por ejemplo. En este último país, la hiperinflación fue enfrentada rápidamente (apenas duró un mes), implicó una opción contraria a la planificación central y contó con mayores capacidades institucionales, especialmente equipos técnico calificados, y apoyo internacional. La ausencia de estos factores en el caso de Ucrania conllevó a que la hiperinflación se prolongara por 35 meses. Cuando los gobiernos no enfrentan adecuadamente los procesos de hiperinflación, ocasionan terribles costos a las sociedades. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 29 de agosto de 2018

Más allá del Estado Omnipotente

Si algún rasgo caracteriza el desarrollo de Venezuela en el último siglo, es la amplia creencia, tanto del liderazgo político como de la población en general, que el Estado es el agente fundamental que genera el bienestar. Esta concepción ha sido fortalecida en la medida que el petróleo ha sido la base productiva de la sociedad venezolana. Son justamente los países en los cuales el petróleo tiene tal importancia, también llamados Petroestados, los que tienen una mayor tendencia a darle mayor preeminencia al Estatismo. 

Entre 1998 y 2010, se triplicó el porcentaje de la población que opinaba que el Estado es capaz de solucionar todos los problemas (de 16% a 47%). En el año 2017, a pesar de los evidentes efectos negativos del auge del Estatismo iniciado en 1999, todavía uno de cada cuatro venezolanos sostenía que el Estado puede solucionar todos los problemas de la sociedad. Ahora bien, esta creencia en el Estado Omnipotente, expresada en políticas implementadas especialmente en los últimos cincuenta años, ha configurado una manera de entender los límites entre el rol de lo público y lo que le corresponde a la sociedad. Así, los gobiernos suspendían garantías económicas, aprobaban regulaciones incompatibles con la flexibilidad requerida, o llegaban al extremo de expropiar empresas o crear cientos de ellas con simples decretos. Podríamos decir que se fue constituyendo un Estado Omnipotente capaz de intervenir en los mínimos detalles de la vida social y económica del país. 

Los anuncios sobre las medidas económicas informados el pasado viernes 17 de agosto, configuran una nueva tendencia del Estado Omnipotente. Se trata ahora de un Estado tan Omnipotente que pretende influir en los intangibles. Se pueden indicar una muestra de esos intangibles. El primer de ellos es asignar valor a una medida como el Petro, a sabiendas de que su demanda no se encuentra contabilizada. El supuesto es el valor que puede representar el petróleo que se encuentra en el subsuelo, sin considerar que tal referencia no está condicionada por aquellos que quieran adquirir ese bien. 

Otro ejemplo es la intención de intervenir en las expectativas de los sectores de la economía. Se aumenta el salario mínimo 35 veces y se ofrece que se pagará por la diferencia por un período de tres meses, y al mismo tiempo se establece que este aumento no puede afectar la fijación de precios. Es decir, se elimina toda posibilidad de que las empresas compensen los aumentos derivados de los salarios que tienen que pagar. De la misma manera, el aumento de impuestos no debe repercutir en variaciones de los precios. Y que esa medida se tome en una economía en recesión desde hace cinco años tampoco tiene mayor relevancia. Y por si fuera poco, aumentar los gastos públicos en menor proporción que los ingresos, traerá supuestamente una reducción del déficit fiscal a 0% (estimado en 20% en la actualidad). 

Las medidas económicas del 17 de agosto están concebidas para el mundo de las ilusiones. No tienen mayor asidero en la realidad, lo cual no es de extrañar. Están diseñadas para otras dimensiones, diferentes a la vida concreta de las personas, las que tienen que sobrevivir en una economía de agresiones y sufrimientos. Es por ello que contribuirán más bien para que la hiperinflación sea más dura, dividiendo en dos la historia de los venezolanos y dejando más visibles las terribles consecuencias de profesar la omnipotencia del Estado.

Politemas, Tal Cual, 22 de agosto de 2018

México vuelve al siglo XX

La importancia de México en el contexto global es cada día más creciente. Su interacción en múltiples áreas del escenario global coloca a México como una referencia de primer orden en los temas del desarrollo, especialmente por el efecto que tienen sus políticas tanto en el ámbito de la región de América Latina como en otros contextos. La elección de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del gobierno que encabezará desde finales de este año, constituyen oportunidades para ponderar las posibles tendencias en las políticas públicas de México ya entrando en la tercera década del siglo XXI. 

Para ello una evidencia de primer orden es lo difundido en la campaña electoral como programa de gobierno. Si bien es cierto que no se puede asegurar que lo establecido en un programa de gobierno sea inmodificable, o que incluso en muchos casos no esté relacionado con las políticas que finalmente se decidan, también es un hecho que lo escrito es una demostración de las ideas que los grupos y asesores, y el propio candidato, consideraron relevantes para convencer al electorado de que era la mejor opción. 

Pocos días después de la elección de López Obrador se publicó un documento intitulado “Andrés Manuel López Obrador: Equipo de trabajo y agenda”, el cual contiene las ideas centrales de la gestión 2018-2024. Este documento es a su vez un resumen de una publicación más extensa “Proyecto de Nación 2018-2024”, presentada a finales de 2017. Llama la atención en ambos documentos la ausencia de una sección dedicada a condensar los principales postulados de la próxima gestión de gobierno. Más bien se detallan sectores sin mayor articulación. 

Una opción alternativa para el análisis, es indagar la forma de tratar temas claves en la actualidad, especialmente para la gestión de los gobiernos en todo el mundo. Dentro de estos temas se seleccionaron “sociedad del conocimiento”, “complejidad económica” e “inteligencia artificial”. Estos términos son en buena medida expresión de las tareas fundamentales que se deben emprender en los países para alcanzar grados sostenibles de desarrollo, y especialmente, para garantizar el mayor nivel de bienestar y riquezas. Pues bien, el término “sociedad del conocimiento” no aparece mencionado una sola vez en el documento del equipo de trabajo y agenda (de 117 páginas de extensión). En el documento ampliado, de 461 páginas, el término “sociedad del conocimiento” aparece mencionado una sola vez (en la página 94). La mención realizada condiciona el desarrollo de la “sociedad del conocimiento” a la inversión que se realice en ciencia y tecnología, cuando ya se sabe que solo a través de una transformación general de la sociedad es posible avanzar en esa dirección. Más aún, se coloca la meta en 1% del PIB para ciencia y tecnología cuando los países punta asignan cuatro o cinco veces más. 

En el caso de “complejidad económica” e “inteligencia artificial” no se encontró ni una sola mención en ambos documentos. Estos términos son claves por cuanto la dinámica del desarrollo, ya avanzado el siglo XXI, indica que la diversificación y la creación de tecnologías en los niveles más avanzados constituyen los procesos más relevantes a escala global. Es llamativa la ausencia de esas menciones, muy probablemente porque no se han concebido ni siquiera como problemas a enfrentar con adecuadas políticas públicas. Estas ausencias son más marcadas cuando se observan los lineamientos de políticas. Se menciona en ellos: erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, desarrollo sostenible y buen vivir, reconstrucción nacional, todos temas de gran importancia pero que requieren una definición del tipo de futuro para México, especialmente el que está basado en estadios superiores de conocimiento. 

México vuelve al pasado, es decir, a las políticas que miran más bien al siglo XX, cuando en realidad tiene los avances más sostenidos en complejidad económica de los países de América Latina. De hecho, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Complejidad Económica del MIT para 2016, México es el país con mayor índice de complejidad económica en la región, cercano a “1” (Japón tiene el máximo con 2,29), ocupando el lugar 25 en el mundo. Este índice se ha mantenido cercano a “1” (incluso superior en algunos años) desde 2000. Las políticas que se deducen del programa de gobierno de López Obrador van en la dirección contraria a los avances obtenidos por México en complejidad económica. Más que volver al pasado, México debería implementar las políticas necesarias para convertirse en una sociedad en los diez primeros lugares en complejidad en el mundo. Esperemos que la realidad se atraviese con todas sus dimensiones para impedir la vuelta de México al siglo XX.

Politemas, Tal Cual, 15 de agosto de 2018

Destrucción de acuerdos

Se podría pensar que la hiperinflación es una formidable destrucción de la moneda, expresada fundamentalmente en la aniquilación de la estabilidad de precios. Y eso es verdad. Al iniciar el décimo mes de hiperinflación en Venezuela, es claro y notorio que han desaparecido todos los referentes para la definición de los precios de bienes y servicios. La velocidad en el deterioro de la capacidad de compra es proporcional a la dificultad de transar con una mínima dosis de normalidad. Nadie sabe cuánto pueden variar los precios incluso en un día. Mucho menos para pensar en la semana próxima o en el mes que viene. 

La desaparición de los precios como referentes, ya es una demostración de que la economía no está en capacidad de funcionar en los mínimos requerimientos de una sociedad. Los precios son acuerdos, mecanismos de transacción. Alguien ofrece una cantidad por algo y otra persona acepta recibirlo. La base de ese acuerdo es que lo que se recibe vale lo mismo que cuando se hizo la transacción. El problema deviene cuando lo que se recibe vale mucho menos porque está sometido al efecto de la hiperinflación. Entonces, los actores prefieren incrementar el precio calculando el efecto de ese deterioro, o sencillamente transar en otro medio de común acuerdo. Pero los precios no son los únicos acuerdos que desaparecen en una hiperinflación. 

Tomemos, por ejemplo, los acuerdos entre trabajadores y empresarios para la fijación de las remuneraciones. Los contratos colectivos son imposibles en una situación hiperinflacionaria, porque no hay forma de estimar las bases de las variaciones de esas remuneraciones. En consecuencia, la posibilidad de utilizar la contratación colectiva como medio de estabilidad en las relaciones de trabajo, simplemente desaparece. En tales condiciones, la mera discusión sobre productividad es un sinsentido. Algo similar sucede cuando los beneficiarios de los servicios de una empresa, se ven obligados a pagar a los trabajadores una cantidad extra muy superior a sus salarios por temor a que abandonen las empresas y, por ende, queden afectados. 

También desaparecen las pensiones para la población en situación de retiro. La pensión es un acuerdo, muchas veces intergeneracional, según el cual el trabajador recibe una cantidad que representa el beneficio por su vida laboral. La base de la pensión es que el valor que tiene en el mercado de bienes y servicios sirve para que se pueda acceder de manera estable a lo considerado necesario. Cuando el valor de la pensión se deteriora ante la arremetida hiperinflacionaria, entonces ese acuerdo de preservación del beneficio también desaparece. 

La inversión pública también es otro acuerdo que es afectado por la hiperinflación. En este caso, el acuerdo implica que los precios de los servicios públicos deben garantizar que se obtienen recursos para asegurar el mantenimiento y la calidad. Cuando ello no es posible, porque el aumento de los precios impide la utilización de recursos para garantizar los servicios previstos, entonces se produce la escasez y la afectación a los ciudadanos en su calidad de vida. 

De la misma manera, la escala de salarios de la administración pública no puede salir indemne de una hiperinflación. La distancia entre las remuneraciones y el aumento de los precios, obliga a trabajadores a abandonar el sector público, y a otros muchos, a ver deteriorada la calidad de vida. Y ellos es especialmente crítico cuando se introducen de manera discrecional mayores diferencias entre sectores de la administración pública. 

Finalmente, la hiperinflación aniquila los acuerdos de la sociedad en el mediano plazo. Conceptos como “plan” o “futuro” no tienen cabida ante el ritmo que impone la hiperinflación, muchas veces medido en días o semanas. La hiperinflación de Venezuela, en la medida que se prolonga, seguirá destruyendo acuerdos fundamentales. En un curso diferente será menester acometer la transformación de estas relaciones, de manera sostenible y moderna. De allí la urgencia que se debe asumir para detener la destrucción hiperinflacionaria. Es, sin dudas, el reto más profundo que tiene todo el liderazgo de la sociedad venezolana en la actualidad.

Politemas, Tal Cual, 1 de agosto de 2018

¿Cómo hizo Paraguay para erradicar la malaria?

La noticia fue tan grata como sorprendente. Paraguay es el primer país de América del Sur en alcanzar la certificación de “libre de malaria”. Se une a Cuba, declarada “libre de malaria” en 1973 (casi medio siglo atrás). Siendo que en muchos países de América del Sur están las condiciones ecológicas propicias para que la malaria se mantenga como endemia, es altamente aleccionador que un país haya alcanzado un logro de esta magnitud. Conviene, entonces, conocer las razones que han fundamentado este extraordinario éxito.

La primera condición que se puede señalar es la disposición política e institucional para lograr esta meta. Luego de un sistemático esfuerzo de control, el último caso de malaria en Paraguay fue reportado en 2011. A partir de ese momento se elaboró un plan de cinco años para lograr la certificación de eliminación. Para ello se desarrollaron actividades de vigilancia epidemiológica, información a las comunidades y el mejoramiento de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en zonas de alto riesgo.

En 2016 se inició un programa de formación para trabajadores de salud en las 18 regiones del país, con el propósito de desarrollar las destrezas que se requieren para el sistema de seguimiento de la enfermedad en los próximos años. Con este fin se obtuvieron recursos del Fondo Global para el Control de SIDA, Tuberculosis y Malaria. Al mismo tiempo, el Congreso de Paraguay acordó asignar los recursos necesarios para mantener la eliminación de la enfermedad en el mediano plazo.

A partir de la certificación ya obtenida, se requiere la mayor exhaustividad en las actividades de mantenimiento y de alerta. La eliminación de la enfermedad indica que no se deben producir nuevos casos, con el consiguiente ahorro de recursos que pueden ser dirigidos a otros problemas de salud. También implica que las actividades de control de las personas que ingresan a Paraguay de países vecinos deberán ampliarse, y especialmente colaborar con estos países para que se amplíe el área de eliminación. Por otra parte, la experiencia acumulada por los servicios y especialistas paraguayos estará al servicio de muchos países que también se han propuesto la eliminación de la enfermedad.

La experiencia de la eliminación de la malaria en Paraguay demuestra muy claramente que la primera fase de las políticas exitosas es reconocer el problema y decidir enfrentarlo. La forma en que las sociedades asuman el objetivo irá marcando la evolución de las etapas y la solución de los obstáculos que se irán presentando. Es por ello fundamental identificar los problemas públicos y diseñar las estrategias. Solo se obtienen éxitos cuando se han imaginado previamente. Las lecciones de Paraguay son extraordinarias para una América Latina esperando por políticas exitosas para sus problemas.

Politemas, Tal Cual, 11 de julio de 2018

Desafíos de un país en shock

Al llegar al octavo mes de hiperinflación, la sociedad venezolana experimenta con mayor rigor las circunstancias de un terrible shock. No solamente es la afectación económica y social, sino la imposibilidad de contar con recursos institucionales para generar los acuerdos que requiere una situación de esta naturaleza. Dos inmensos desafíos están planteados en la actualidad. En la capacidad que se tenga para enfrentarlos dependerán las posibilidades del país en los próximos años. 

El primer desafío es evitar mayores daños. El efecto destructivo de la hiperinflación no solo se expresa en la duración, sino en la intensidad. De acuerdo con los escenarios elaborados en la Asamblea Nacional, en 2018 Venezuela puede alcanzar la tasa de inflación más alta de todos los procesos de hiperinflación de América Latina (35.000%). Esa tasa de inflación también es superior a la experimentada en todos los procesos de hiperinflación del mundo desde 1980, con la excepción de Zimbabwe. Más grave es que la experiencia internacional indica que los países que no solucionan rápidamente las hiperinflaciones, tienen a prolongarlas. Los países independientes derivados de la disolución de la Unión Soviética, todos con visiones de planificación central, tuvieron desempeños diferentes en la implementación de los programas anti-inflacionarios. Algunos tuvieron éxitos tempranos, otros prolongaron las hiperinflaciones por periodos de hasta tres años. También es notorio que en algunos de esos países (por ejemplo, Bielorrusia), el éxito en la corrección de la hiperinflación no significó cambios en los modelos políticos y económicos. 

Los daños ocasionados por la hiperinflación son cada día más evidentes. Entre estos aspectos se destaca el aumento de la pobreza extrema, según las Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI), de 24% en 2014 a 61% en 2017, así como la constatación de que 1,2 millones de niños menores de 3 años no pueden consumir los alimentos necesarios para su óptimo desarrollo. También se observa la reducción de la cobertura educativa en la población entre 18-24 años (7% en hombres y 11% en mujeres) entre 2016 y 2017, indicativa del deterioro en la formación de recursos humanos. La reducción de la capacidad de las familias para responder ante la disminución de los ingresos es la más alta en toda la historia del país. 

En estas condiciones se impone la ejecución de un Programa de Salvación Nacional que signifique en la práctica un rumbo completamente en las políticas públicas del país. Esto supone un marco general que promueva el desarrollo sostenible. Para que ese programa tenga un efecto significativo y contrario a lo que ha sido la estrategia del país hasta la fecha, se requiere que apunte a la diversificación de la economía venezolana. La compatibilidad entre la atención del corto plazo y los objetivos de mediano plazo, debe fundamentarse en metas que contribuyan a dar consistencia a la estrategia. Una meta fundamental es proponer que Venezuela sea la economía más diversificada de América del Sur para el año 2030, constituyendo una pujante sociedad del conocimiento, tal como es la tendencia en otras regiones del mundo. Todo ello supone la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo, con las respectivas implicaciones políticas y sociales que conlleva. 

Transitar en esta dirección requiere imaginar el futuro, y dar los pasos requeridos para alcanzarlo. La hora implica que la mejor inversión es ganar tiempo, es la única forma de disminuir la brecha que ahora confrontamos. Es fundamental, en consecuencia, promover una visión prospectiva global, que nos permita anticipar procesos, que implique la generación de nuevas modalidades de formación, con vínculos dentro y fuera del país. Es también el momento para que el sector productivo y las universidades trabajen de manera cooperativa en la visualización de las modalidades que conducen a una sociedad del conocimiento con esas características. En la medida que sepamos conjugar la atención a la gravedad de la crisis con la imaginación de las posibilidades, se construirán las bases de una sociedad que promueva el mayor bienestar posible para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 4 de julio de 2018

La brecha del siglo XXI

Las inmensas transformaciones tecnológicas que están ocurriendo en el mundo han configurado en las últimas décadas una nueva forma de vinculación entre países y entre áreas en los países. La forma en la cual se dan esas relaciones está basada fundamentalmente en la aproximación a la creación de conocimientos. Las sociedades con patrones de organización basados en la generación y utilización de conocimientos se encuentran en rutas de desarrollo más sostenibles y exigentes. Este fenómeno es la demostración de que la creación de riqueza no es sino la expresión de lo que las sociedades producen. Más aún, es expresión de la diversidad de lo que producen. 

La creación de riqueza está en la génesis del pensamiento económico. Es por ello que la célebre publicación de Adam Smith sobre las causas de la riqueza en 1776 se convirtió en la base para la conformación de la economía moderna. El problema de Adam Smith era encontrar una explicación al hecho de que algunos países eran más ricos que otros. Y de allí que fuera necesario examinar las causas para encontrar modalidades de acción, vale decir, políticas, que promovieran entonces la riqueza. La explicación de Adam Smith es impresionantemente sencilla: la riqueza de los países depende de lo que producen, pero más aún, de la diversidad de lo que producen. Mientras más diversidad, existen mayores posibilidades de estimular la sinergia que impulse hacia nuevos niveles de riqueza. Y para que exista diversidad en la producción se debe impulsar el aumento de la “cantidad de ciencia”, esto es, la capacidad para crear nuevos conocimientos. Hay que recordar que estos postulados fueron expresados hace casi doscientos cincuenta años, en un mundo muy diferente al que tenemos hoy. 

El problema señalado por Adam Smith implicaba medir esa diversidad de producción. Las estadísticas de la época no estaban suficientemente ordenadas para llevar el registro detallado de lo que se producía. Tampoco el mundo era tan cercano como lo es ahora. No es sino hasta hace poco más de una década que se empezó a sistematizar la información que permitiera medir la diversidad destacada por Adam Smith. De allí surgió el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard y el Observatorio de Complejidad Económica del MIT. Ambas iniciativas permiten estimar la complejidad como expresión de la diversidad. A más complejidad, los países alcanzan mayores niveles de riquezas. En otra medida, la complejidad se convierte en un predictor del crecimiento, que a su vez lleva a nuevos niveles de riqueza. 

En la última medición del Atlas de Complejidad Económica (para el año 2016), los diez países con mayores niveles de complejidad son, en orden decreciente, Japón, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Singapur, Austria, República Checa, Suecia, Finlandia y Estados Unidos. La diferencia de estos países con respecto a otras regiones del mundo es notable. Podría decirse que esta brecha de complejidad es la expresión de un rezago en la institucionalidad de los países para asumir los retos que implica construir sociedades del conocimiento. Tal parece que la complejidad está generando una exclusión que aumenta todos los días, en la medida que el ritmo de creación y utilización de conocimientos no hace sino crecer. Enfrentar esta brecha con políticas efectivas es quizás el desafío más significativo en el mundo de esta primera parte del siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 20 de junio de 2018

Destrucción sin paralelo

El anuncio de la Asamblea Nacional sobre la tasa de inflación del mes de mayo implica nuevos récords en el drama de la hiperinflación en Venezuela. En primer lugar, se confirma el séptimo mes de hiperinflación. Es decir, desde el mes de noviembre del año pasado, la tasa de inflación mensual ha superado el 50%. La duración de la hiperinflación de Venezuela ya es superior a la experimentada en Chile (1973), Perú (1988 y 1990), y Brasil (1989-1990). Esto significa que, de continuar esta situación, en cuatro meses más también se superaría la duración de la hiperinflación de Argentina (1989-1990). 

La tasa de inflación mensual correspondiente al mes de mayo de 2018 también es la más alta en la historia del país, esto es, 110%. De acuerdo con esta tasa de inflación mensual, los precios de los bienes se duplican en 28 días. De mantenerse una tasa de inflación mensual de 50% hasta final de año, la tasa de inflación, según la Asamblea Nacional, sería 35.000% en 2018, con lo cual se convertiría en la más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina, y la más alta de las hiperinflaciones ocurridas en el mundo desde 1980. 

Las condiciones de esta situación son cada día más críticas para la inmensa mayoría de la población. Las posibilidades de protección están disponibles para un sector muy pequeño. Una hiperinflación de estas características como se está previendo es el escenario de destrucción más grande padecido por la sociedad venezolana. No existe forma de minimizar esta realidad. 

En este contexto, una de las preguntas fundamentales es identificar si es posible revertir esta situación en un plazo corto. Esto nos lleva a analizar el patrón de toma de decisiones en la actualidad en esta materia. La decisión anunciada sobre la reconversión monetaria se ha comunicado y asumido como la solución del problema. Especialistas nacionales e internacionales han indicado insistentemente que la reconversión sin las medidas de fondo requeridas, no significará ningún remedio. Más bien, puede implicar el empeoramiento de la situación. 

De acuerdo con lo informado recientemente, la reconversión monetaria se implementará a principio del mes de agosto. Es decir, que a los siete meses ya transcurridos habría que agregar los meses de junio y julio, con lo cual se alcanzarían los nueves meses de duración. Y a esos meses habría que agregar el tiempo que llevaría que se cayera en cuenta que la reconversión no es la solución. Conocido el patrón de decisiones en esta materia, es bastante probable que la hiperinflación de Venezuela se extienda por todo lo que queda del año 2018. Las consecuencias de la prolongación de este nivel de hiperinflación es muy probable que alcance los mayores topes de empobrecimiento y destrucción de capacidad productiva en la historia del mundo.

Politemas, Tal Cual, 13 de junio de 2018

Éxitos en reducir la mortalidad infantil

En 1960 la tasa de mortalidad infantil de Portugal, de acuerdo con el Banco Mundial, era 84,3 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos registrados (NVR). Esa tasa representaba más de cinco veces la que registró Suecia en el mismo año (el país con la menor tasa para ese momento). Desde una perspectiva general de desarrollo, durante mucho tiempo prevaleció la idea de que las brechas entre los países, especialmente las relacionadas con la gestión y disponibilidad de tecnologías, eran muy difíciles de revertir. Desde esa visión, era muy difícil imaginar que Portugal alcanzara en 2016 una tasa de mortalidad infantil de 2,9 defunciones por 1.000 NVR, con lo cual se coloca en la élite de los países que tienen una tasa de mortalidad infantil menor a 3 defunciones por cada 1000 NVR. 

Es obvio que en el caso de Portugal han debido operar cambios sustantivos que implicaran la reducción de la brecha con respecto a los países más avanzando en este aspecto. De hecho, Portugal es el país que más redujo la brecha con respecto al país con la menor tasa de mortalidad en el período que se extiende entre 1960 y 2016. Esa reducción fue de 65% con respecto al valor de la brecha en 1960. Con la misma lógica se puede interpretar la reducción de la tasa de mortalidad en países de alto nivel de desarrollo en 1960, como Japón, y países de menor nivel en el mismo año, como Corea del Sur. En estos dos casos, para 2016 la tasa de mortalidad infantil también los sitúa en la élite de los países con mejor desempeño en el mundo. 

Es bastante probable que la importancia de mejorar en este indicador, como expresión del bienestar general de la sociedad, se convirtió en un eje de las políticas públicas que han implementado estos países en las últimas seis décadas. Y es bastante probable que la incorporación de este indicador en la tendencia de las políticas públicas, haya supuesto la convicción en el mundo del liderazgo político de que debía hacerse de manera sostenible, como área de especial consenso en la sociedad. 

Esta experiencia práctica, lamentablemente, no es frecuente. De los 102 países con información en ambos años (1960 y 2016), solo 21 lograron reducir la brecha de mortalidad infantil. Es decir, el 80% de los países más bien concluyeron el período con aumentos de la brecha. Casos muy significativos son Lesotho y la República Centro Africana con aumentos de la brecha superiores a 400%. Es también muy posible que, en los países de menor desempeño, la preocupación por asignar a algunos indicadores esta connotación de guía para las políticas públicas sea prácticamente inexistente. 

Todo lo cual nos lleva a una conclusión muy sencilla, pero fundamental: no se consigue lo que no se busca. En todas las áreas de políticas públicas se deben definir metas guías. Es una tarea que debe conllevar el trabajo conjunto entre políticos y técnicos. Aunque muchas veces suenen lejanas o imposibles, si son relevantes para la sociedad, irán generando sostenibilidad. La experiencia de Portugal y Corea del Sur indica que es posible. “Solo” se requiere imaginar el futuro y emprender la travesía.

Politemas, Tal Cual, 6 de junio de 2018

Las brechas de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil ha sido considerado como uno de los indicadores de referencia para analizar el bienestar de los países. Una de las ventajas es que es relativamente muy sencillo. Se toma el número de defunciones en menores de un año para el año de análisis y se divide por el número de nacidos vivos registrados. Esa cifra se expresa en defunciones en menores de un año por cada 1000 nacidos vivos registrados. 

Este indicador no solamente expresa las condiciones de vida de los niños. También es de utilidad para expresar el nivel de bienestar de los países. La lógica es sencilla. Si en los países existen condiciones de bienestar, es esperable que los más beneficiados sean justamente los más desprotegidos, es decir, los niños. Pero también este indicador nos da información sobre las condiciones de vida de las madres. A menor mortalidad infantil también se encontrará menor mortalidad materna. Incluso en algunos países, con sistemas de información menos desarrollados, la mortalidad materna, por ser más notoria que las muertes infantiles, puede ser de utilidad para estimar la mortalidad infantil con más precisión. Además, la mortalidad infantil es una excelente medida para expresar el máximo de mejoras en las condiciones biológicas. Es decir, en la medida que se reduzca la mortalidad infantil se está más cerca de las muertes que no pueden ser evitadas, al menos con la tecnología disponible. 

De acuerdo con lo anterior, la mortalidad infantil es una evidencia de la capacidad de los sistemas de salud para acercarse al máximo de muertes evitables, En otras palabras, en los países en lo que se tenga la menor mortalidad infantil, deben encontrarse el máximo de posibilidades para disminuir las muertes evitables, con la tecnología disponible para el período considerado. 

En 1960, de acuerdo con la base de datos del Banco Mundial, los cinco países que tenían la menor tasa de mortalidad infantil eran: Suecia (16,3 defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados, Holanda (16,5), Islandia (17,5), Noruega (18,4) y Australia (20,4). Podría señalarse que en esos países se habían conjugado las condiciones institucionales y tecnológicas para reducir la mortalidad infantil en mayor magnitud para ese año. En 2016 (último año disponible) los cinco países con menor mortalidad infantil eran: Islandia (1,6), Eslovenia (1,8), Finlandia (1,9), Japón (2) y Luxemburgo (2). De manera que solo Islandia permaneció en el grupo de menor mortalidad. 

Ahora bien, cuando se analiza a los países con mayor mortalidad infantil en 1960 para conocer la brecha con respecto a los de menor mortalidad en 2016, encontramos que la brecha ha aumentado en todos ellos. Por ejemplo, Afganistán tenía 15 veces más la tasa de mortalidad infantil que Suecia en 1960 (el país con menor mortalidad infantil). En 2016, la brecha había aumentado a 33 veces con respecto a la mortalidad infantil de Islandia (el de menor mortalidad infantil de ese año). Las brechas de Liberia, Costa de Marfil, Nepal y Sierra Leona también se han multiplicado más de tres veces en algunos casos. 

Es bastante claro, en consecuencia, que las reducciones de la mortalidad infantil no se trasladan automáticamente a todos los países. Las condiciones particulares de cada país, y de cada sistema de salud, influyen para que los niños en ese contexto puedan disfrutar del máximo de disponibilidad institucional y tecnológica. En muchos países, justamente por las debilidades en esos aspectos, las brechas han aumentado a pesar de los avances realizados en el mundo en los últimos sesenta años. Lo cual nos lleva entonces a influir en las condiciones concretas en las cuales operan las políticas de salud. De lo contrario, solo se puede esperar el aumento de las brechas en mortalidad infantil.

Politemas, Tal Cual, 30 de mayo de 2018