Sin diversificación no hay futuro

Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias. 

Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”. De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017). Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor. 

En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante. Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país. Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico. 

La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo. Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva. 

De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva. A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios. 

En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo. Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento. De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.

Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2019

¿Cómo varía la diversificación económica en América Latina?

La mención de la diversificación económica aparece reiteradamente en las propuestas de políticas en América Latina. Se indica que la región debe ser más efectiva en lograr una mayor diversidad de productos elaborados. Y se asume, acertadamente, que en la medida que se promueva la diversificación económica, de la misma forma se logrará el desarrollo sostenible. Todo lo cual coincide con la premisa señalada por Adam Smith, en su célebre obra publicada en 1776, sobre la importancia de la “cantidad de ciencia” para que los países alcanzaran la riqueza. Se desprende, en consecuencia, que el aumento de la “cantidad de ciencia” es justamente la expresión de lo que hoy se denomina “diversificación económica” o “diversificación de la producción”. 

El supuesto es sorprendentemente sencillo. Si los países diversifican la producción es porque han desarrollado las capacidades, es decir, han aumentado la “cantidad de ciencia”. Y este aumento de la “cantidad de ciencia”, promoverá que se desarrollen nuevas capacidades. De esta manera, existirá un círculo virtuoso: nuevas capacidades traerán el impulso para capacidades en el futuro. Como resultado, se podrá elaborar una mayor diversidad de productos y la sociedad tendrá mejores posibilidades de lograr el desarrollo sostenible. 

Ahora bien, las preguntas que se suceden son más difíciles de responder. Entre ellas están las siguientes: ¿En cuánto tiempo se diversifica la producción de un país de manera que se haga sostenible? ¿Existe un nivel crítico de diversificación productiva a partir del cual se genera ese círculo virtuoso? ¿Es posible que se presenten involuciones en el proceso de diversificación? Estas preguntas son más relevantes dadas las restricciones económicas que confronta América Latina, las cuales podrían prolongarse en los próximos años. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para alcanzar en 2030 obligan a conocer la viabilidad real para lograrlos. 

Una forma de aproximarse al futuro es estudiar el pasado. No significa, por supuesto, que el futuro se va a comportar como el pasado, pero puede ofrecer pistas que permitan identificar mejores opciones de políticas. Para el estudio de la evolución de la diversificación contamos ahora con mediciones. Una de ellas es el Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y contenido en el Atlas de Complejidad Económica. De acuerdo con este índice, los países con niveles de diversificación superiores al promedio presentan valores positivos. Los países con menor diversificación presentan valores negativos del índice. Los países con mayor diversificación presentan los valores más positivos, mientras los que tienen menor diversificación registran índices más negativos. En 2017 (último año con información disponible), el índice varió entre -2,13 (Guinea) y 2,28 (Japón). 

Para comparar las variaciones en el tiempo en los países de América Latina, se tomaron los registros del ICE en 2007 y 2017. Se analizaron 19 países de América Latina (solo Haití no tenía información disponible). En 2007 siete países de la región tenían ICE con valores positivos: México, Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, siendo México el único país con ICE superior a 1. En 2017, Colombia y República Dominicana ya no tenían ICE positivo. De manera que se mantuvieron los restantes cinco países, y se agregó El Salvador. 

No solamente se redujo el número de países con ICE positivo (de siete a seis), sino que países como México, Brasil y Panamá disminuyeron el valor del ICE en 2017 con respecto al de 2007. Es resumen, apenas un tercio de los países de la región tienen un nivel de diversificación positivo. De continuar las tendencias manifestadas en el período analizado, solo Chile podría sumarse a este grupo de países en los próximos años. Dicho en otras palabras, para que existan cambios significativos en la diversificación económca, la modificación de la tendencia señalada debe ser radical en muchos países. 

También queda en evidencia que es más difícil aumentar diversificación que perderla. Pareciera que existe un nivel a partir del cual es más fácil mantenerla, pero llegar a él solo se consigue a través de un proceso continuo de políticas efectivas. Tal parece entonces que el nuevo impulso a la diversificación requiere una combinación de adecuada comunicación de objetivos a la población con una gran dosis de audacia. De lo contrario, es bastante probable que se llegue a 2030 sin mayores cambios en la diversificación de América Latina, lo cual es sinónimo de limitaciones para alcanzar el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto en que la población comenzará a envejecer con mayor rapidez. Sin la menor duda, la región confronta un gran riesgo de no contar con las políticas requeridas para alcanzar la diversificación económica que garantice altos niveles de bienestar en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 7 de agosto de 2019

Cuando gastar más es proteger menos

Todavía se menciona que los países deben gastar 10% del PIB en salud para que “todo esté resuelto”. Con esa cifra se alcanzarían todas las coberturas de servicios de salud. Así de “sencillo”. La idea está fundamentada en la falsa creencia de que gastar más garantiza más servicios. No se presta ninguna consideración a que una cosa es asignar recursos, y otra muy diferente es realizar las actividades que se tenían previstas. Tampoco se toma en cuenta que los recursos gastados en un rubro o programa, podrían haberse asignado a otro con un mayor impacto. Sin embargo, dado que esa falsa creencia sigue presente en la agenda pública, es conveniente analizar de acuerdo con la experiencia concreta de los países., si efectivamente gastar más (sin ninguna otra consideración) es lo mejor que pueden hacer los países para proteger a la población. 

Lo primero es distinguir gasto total en salud, por una parte, y la composición del gasto, es decir, si proviene de fuentes públicas o privadas, por la otra. Ya es ampliamente conocido que la salud requiere la participación de la inversión pública, porque no es posible de otra forma, garantizar servicios a los sectores de menos recursos. Justamente son estos sectores los que tienen mayores riesgos de enfermar o morir. Y además, garantizar la máxima cobertura de servicios de salud para la población, es un requisito básico para acometer las grandes metas del desarrollo, como son el pleno ejercicio de la libertad y la utilización de las capacidades de todos los individuos. 

Se puede tomar como primera referencia a los países de la OECD. Y dentro de ellos se pueden distinguir los países que tienen el menor gasto de bolsillo, es decir, en los cuales la población tiene que asignar menos de sus propios recursos para tener acceso a los servicios. Estos son países en los cuales la protección financiera en salud tiende a ser mayor, porque las familias no tienen que utilizar tantos recursos propios. 

En los diez países con menor gasto de bolsillo de la OECD en 2016 (información más reciente disponible en el web de la OMS), el promedio del gasto total en salud es 10,2% del PIB. De ese gasto total, el gasto público representó el 80%. Por supuesto, esto no quiere decir que los países gastan 10% del PIB y, como consecuencia, tienen alta protección financiera. No, lo que eso significa es que si la política de salud está dirigida a alcanzar la máxima protección financiera, en el contexto demográfico, epidemiológico e institucional de estos países, la experiencia comparada indica que la cantidad de recursos es poco más de 10% del PIB con 80% proviniendo de fuentes públicas. 

Ahora bien, utilizar esos criterios para comparar con otras regiones del mundo requiere las consideraciones del caso. Tomemos como ejemplo los países de América Latina. Obviamente, el perfil demográfico y epidemiológico es muy diferente. Los países de la OECD tienen una mayor expectativa de vida, y, en consecuencia, presentan una mayor proporción de población con enfermedades crónicas que requerirá servicios a través de mayor tiempo. 

En América Latina la situación no es igual. Se debe esperar, entonces, que el gasto total en salud no debería ser de la magnitud que tienen los países de la OECD ya señalados. Más aún, el gasto total en salud en América Latina, debería ser el menor posible, de manera que se pueden asignar recursos a educación o ciencia y tecnología, por decir dos aspectos muy relevantes para que justamente las personas vivan más y mejor (con lo cual requerirían menos servicios curativos de salud). Sin embargo, dado que la composición del gasto si es un factor relacionado con la cobertura de protección financiera, se puede convenir que el 80% del gasto debería ser público, también en los países de América Latina. Veamos ahora algunos casos para ilustrar. 

Argentina es un país con un patrón demográfico de mayor envejecimiento. Pero al mismo tiempo, es uno de los cuatro países con bajo gasto de bolsillo en la región. Argentina tiene un gasto total de 7,5% del PIB con 74% proveniente de fuentes públicas. 

Brasil tiene un gasto total de 11,7% sobre el PIB, superior al de los países de la OECD indicados. Esta magnitud de gasto es insostenible dado el aumento de la expectativa de vida que se espera para la próxima década. Brasil debería reducir el gasto total y aumentar la proporción de recursos públicos que ahora es 33%, inferior al 80% señalado como criterio. 

Colombia tiene un gasto total de 5,91% sobre el PIB, con 62% proveniente de fuentes públicas. También Colombia se encuentra en el grupo de países de bajo gasto de bolsillo de la región (los otros dos son Uruguay y Cuba). De manera que Colombia quizás necesite aumentar el gasto total y la proporción de fuentes públicas, para hacer frente a los cambios demográficos de la próxima década. México registra un gasto total de 5,47% sobre el PIB, pero tiene una menor proporción de fuentes públicas (52%). 

Ecuador tiene los dos problemas. Tiene un gasto total de 8,39% (muy por encima de lo que debería tener), y solo tiene 50% de origen público. Ecuador debería tratar de contener el aumento del gasto total para evitar llegar a la situación de Brasil, y al mismo tiempo aumentar la proporción de recursos públicos. 

En Venezuela el gasto total es 3,22% del PIB, y solo el 21% es de fuentes públicas. Esto significa que Venezuela debe aumentar el gasto total, pero solo de manera moderada. Podría señalarse que una opción adecuada para Venezuela es alcanzar un gasto total entre 5 y 6% del PIB (como máximo), con una proporción de fuentes públicas de 80%. De esta manera se podría anticipar efectivamente el aumento en la expectativa de salud y la consiguiente demanda de servicios en la próxima década, Y también se podrían asignar recursos a otras áreas de inversión como educación, y ciencia, tecnología e innovación. 

En líneas generales, los sistemas de salud de la región, con sus excepciones, están gastando más de la cuenta, y no se están preparando para la próxima década. El hecho de que Brasil tenga un gasto total superior al 11% del PIB con un alto gasto de bolsillo, indica palmariamente que gastar más no necesariamente es proteger más. Los países de la región, especialmente aquellos con un patrón demográfico más joven, deben hacer esfuerzos por invertir mejor, lo cual no significa más cantidades sino aumentar la proporción pública con mejoras sustanciales en la gestión. La región necesita estos cambios para garantizar más recursos a la creación de sociedades del conocimiento con personas más sanas y más productivas.

Politemas, Tal Cual, 17 de julio de 2019

¿Cómo transformar el futuro de América Latina?

Dado que el futuro siempre es incierto, la tendencia inicial es obviarlo. La preocupación por el presente no deja tiempo para el futuro. Incluso en muchos países no se sale del pasado. Las polémicas del presente consisten en reconsiderar hasta la saciedad el pasado. Desde esa perspectiva, el pasado no es una fuente de aprendizajes, es más bien una excusa para no enfrentar las decisiones del presente, mucho menos las del futuro. 

Imaginar el futuro, sin embargo, es justamente una forma de darle coherencia al presente. De establecer las restricciones que permitan avanzar. En otras palabras, las políticas públicas son las vías que pueden facilitar el paso del presente al futuro. Afortunadamente, el futuro así visualizado termina siendo clave para disminuir la incertidumbre. Es por ello que cada día más y más los países avanzados dedican mayores recursos a imaginarlo. Porque en la medida que lo disciernen, encuentran pistas para actuar ahora. Lo que pueden modificar las políticas públicas es justamente el futuro. 

De todo lo anterior se deriva que debería haber más preocupación por pensar en el futuro. Para lo cual el primer paso sería saber cómo es la evolución del presente. Es decir, si se sigue en el actual rumbo, ¿cuáles serían las consecuencias? Esta es la base de los estudios de prospectiva. Tratar de identificar las tendencias actuales para luego proponer las alternativas que permitan modificarlas. En consecuencia, el primer paso es definir los retos que se derivan si el presente sigue en la misma dirección. 

Desde hace varios años el Inter-American Dialogue, centro de análisis ubicado en Washington, DC, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han cooperado, bajo la coordinación de Sergio Bitar, para facilitar documentos y análisis centrados en la elaboración de escenarios para identificar opciones de políticas y transformar el futuro, especialmente en América Latina. Disponibles en internet se encuentran reportes sobre distintos escenarios de América Latina, así como de países en particular. 

Del examen de la situación de las tendencias mundiales, se han propuesto cinco grandes retos estratégicos que se deberán asumir en América Latina. El primer reto está asociado con la gobernabilidad. No solamente la del nivel nacional. Son evidentes las limitaciones en la capacidad de gobernabilidad en los países de la región, en unos con mayor intensidad que otros, valga solo mencionar los acontecimientos recientes en Brasil. Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela. También es clave la gobernabilidad en los niveles sub-nacionales o locales. La multiplicidad de gobiernos, así como las amplias restricciones para la institucionalización de políticas públicas, en un tiempo en el cual lo local es un factor determinante, hacen más exigentes la combinación de participación con efectividad de las intervenciones. 

El segundo reto señalado es la transformación productiva de las economías de la región. La ausencia de la orientación para la creación de valor es un rasgo característico en la mayoría de los países. De manera que no hay atracción de nuevas inversiones y recursos humanos que faciliten el tránsito a sociedades de creación de conocimientos. Sin cambios sustantivos en estas áreas, es poco probable asumir el tercer reto, el de la inclusión social. Nada más estimando la cantidad de servicios de salud y educación que serán necesarios para los cien millones de personas que nacerán en la próxima década, se ilustra la complejidad de la tarea, 

El cuarto reto es la integración que se debe profundizar en la región. Todas estas demandas se podrían satisfacer mejor si se consolidan amplias zonas de comercio y de integración, que faciliten el flujo de personas y recursos. América Latina tiene todo un camino por recorrer en este aspecto. Y finalmente, siendo una de las áreas del planeta con mayor biodiversidad, los efectos del cambio climático deberían ser enfrentados de la forma más efectiva, especialmente cuando existe la percepción que en el contexto global no se está haciendo lo requerido, y de que es posible, de continuar la actual tendencia, que el aumento de la temperatura global alcance los peores pronósticos. 

Tal como van las cosas, el futuro de la región luce muy complicado. Ya es un buen paso conocer las restricciones y las opciones. Es especialmente necesario que la región cuente con los liderazgos, fundamentalmente políticos, que sean capaces de visualizar e impulsar las transformaciones requeridas. De ello dependerá en gran medida, el futuro que se pueda construir desde hoy.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2019

La pugna por el conocimiento en el siglo XXI

Mientras en América Latina disminuyen las inversiones, y no se aprecia mayor impulso en la creación de sociedades de conocimientos, en otras partes del mundo se manifiestan tendencias que pueden tener repercusiones significativas en las próximas décadas. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la creación de conocimientos abarca ya múltiples ámbitos técnicos y geográficos. 

La incorporación de nuevas áreas geográficas a los desarrollos tecnológicos se ha convertido en una notable confrontación geopolítica. Hace pocas semanas, se conoció que Huawei, la empresa china en conflicto reciente con los Estados Unidos, había acordado con la Unión Africana un memorándum de entendimiento por los próximos tres años. De acuerdo con este memorándum, Huawei se compromete a mejorar la capacidad técnica de la Unión Africana y cooperar en las áreas de tecnología de información y comunicación. 

La ejecución de este entendimiento supone la alianza de la Unión Africana y Huawei para fortalecer sectores como la Internet de las cosas, desarrollo de banda ancha y de computación en la Nube, así como las redes 5G e inteligencia artificial. Además, a través de la iniciativa se formarán jóvenes africanos en las habilidades técnicas necesarias. Tal parece entonces que la incorporación de diversos sectores de la población de África en las sociedades digitales, tendrá un gran impulso con este acuerdo. 

La ampliación de las fronteras digitales en África debe entenderse entonces como un objetivo estratégico de China. A la fecha, aproximadamente el 70% de las redes 4G de África han sido construidas por Huawei. No es solamente la presencia creciente en el mercado africano, sino la posibilidad de incidir en la formación de los recursos humanos que se requieren para impulsar todos estos avances. Esto sucede en un contexto en el cual los países africanos han involucionado en estabilidad política pero han mejorado en desempeño económico. En esas condiciones, es fácil entender el interés de China, así como el grado de creciente participación que ha adquirido en África. 

Estas dinámicas denotan los profundos cambios que están operando en el mundo ante los avances tecnológicos y científicos. La creación de conocimientos dejó de ser un tema refinado, aislado en los grandes centros de investigación. Ahora es nada más y nada menos que expresión de la lucha por el poder en el mundo. La imperceptible presencia de estos temas en la agenda pública en América Latina, es cada día mayor reflejo de la distancia entre las realidades de la región y las expresiones concretas de la lucha por el predominio político en el siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2019

¿Hacia dónde es el "desarrollo en transición"?

En días recientes se presentó el documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición”, elaborado en conjunto por CEPAL, OECD, CAF y la Comisión Europea. Con el concepto “desarrollo en transición” se propone enfatizar un tipo de desarrollo inclusivo y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben alcanzar en 2030. 

En el documento se justifica, tal como se ha hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, que el desarrollo no puede tomar en cuenta solamente el criterio del ingreso per cápita. En la misma dirección de los avances en las últimas décadas en estudios del desarrollo, se propone que las políticas a implementar deben ser multidimensionales. También el documento insiste en cuatro “trampas del desarrollo” en América Latina, a saber: productividad, vulnerabilidad social, institucional, y ambiental. 

En el documento se recomienda que para avanzar en el “desarrollo en transición”, los países de América Latina deben: (1) mejorar el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, (2) elaborar planes nacionales de desarrollo, (3) invertir mejor, y (4) generar consensos para superar las complejidades de la economía política de las reformas. Sin desconocer que estas cuatro medidas son siempre necesarias, no es tan claro que ellas por si solas sean condición suficiente para alcanzar el llamado “desarrollo en transición”. 

Aunque el documento presenta algunas de las brechas que confronta la región, no se menciona una de las más críticas: la relacionada con el tipo de productos que se elaboran. No es solo la brecha de productividad, esto es, que se produzcan menos productos o de menor calidad. Es que el tipo de productos que creamos no son compatibles con los que se demandan cada día más en sociedad intensivas en conocimiento. Es decir, no se puede “transitar” a un nuevo estadio de desarrollo cuando no se establece la brecha de conocimiento. Es por la misma razón que las sociedades industriales desplazaron a las sociedades agrícolas. No era en primer lugar la forma de organizarse políticamente, eran las modalidades de producción. 

No puede extrañar, entonces, que no se mencione en el documento que se debe ampliar el la generación de conocimientos en las sociedades de América Latina. Que la transformación sustantiva de las condiciones de vida es consecuencia de un cambio fundamental en lo que se produce. Y que para ello se deben modificar las prioridades generales de la sociedad. Esto es, que la asignación de los recursos públicos debe tener como centro la conversión de sociedades que utilizan conocimientos a sociedades que crean conocimientos. De manera que la interacción entre gobiernos, empresas y universidades pasa a ser el eje de la vinculación con el desarrollo. El documento también deja en evidencia que son los liderazgos políticos los que están en mejor posición para indicar las políticas que deberán movilizar a la región a construir sociedades de conocimientos. Que la discusión esté centrada en el “desarrollo en transición” sin considerar la generación de conocimientos, solo revela que las dimensiones de la brecha son mayores a lo imaginado.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2019

América Latina: futuro sin inversiones

En 2030 la población de América Latina aumentará en 100 millones de personas. Eso significa el equivalente a dos veces la población de Argentina o Colombia, poco menos de los habitantes de México o la mitad de Brasil. Tal incremento se suma a los déficits de atención ya existentes en educación, salud, servicios públicos, solo para nombrar algunas áreas. Si a ello agregamos las nuevas demandas para satisfacer este aumento poblacional, son evidentes los enormes retos que deberán afrontar las sociedades de la región. 

Para satisfacer estas previsiones, especialmente en un contexto cada vez más competitivo a escala global, se requieren al menos dos condiciones. En primer lugar, la institucionalidad que permita generar los consensos necesarios para acometer los objetivos de desarrollo. Nada más con imaginar el Estado de Derecho que se requiere para dirimir las diferencias en ese proceso, se tiene buena idea de las restricciones que hoy son casi generalizadas en los países de América Latina. A ello se debe sumar el crecimiento ordenado de las economías, así como las políticas orientadas a la creación de valor (con impacto directo en exportaciones). 

Estas condiciones deberían promover que la región se convierta en un polo de atracción de inversiones, especialmente las provenientes de otras zonas del mundo. La cantidad y calidad de esas inversiones serían entonces la palanca para crear nuevas empresas, o ampliar las existentes. Tales inversiones traerían aparejado un ritmo de crecimiento sostenible para las próximas décadas. Esa debería ser la idea. 

La realidad, sin embargo, marcha en otra dirección. De acuerdo con el último reporte de las inversiones en el mundo, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), América Latina pierde terreno en la captación de recursos internacionales. En 2018 la región experimentó una reducción de 6% en inversión extranjera directa con respecto al año anterior. Esta caída se aprecia especialmente en la inversión dirigida a la instalación de infraestructuras para producción de manufacturas o de nuevas oficinas para empresas. La mayoría de estas inversiones se han desplazado a países de Asia y África. 

El decrecimiento de las inversiones ha afectado a las grandes economías de América Latina. En el caso de Brasil la reducción alcanzó 9%. En Colombia la caída fue 20%. En Perú, a pesar del sostenido y alto crecimiento económico, la disminución de la inversión extranjera fue 9%. Argentina y México se mantuvieron en los niveles previos de inversión, lo cual es una demostración más bien de estancamiento. También Costa Rica y República Dominicana, caracterizadas por el dinamismo económico, registraron reducciones de inversión extranjera directa. 

América Latina entra entonces en la tercera década del siglo XXI mostrando poco atractivo para las inversiones, lo cual no es otra cosa que la expresión del agotamiento del modelo de producción en un mundo cada vez más caracterizado por la innovación en sociedades de conocimientos. Tales limitaciones agravan la situación concreta de cientos de millones de hogares. Sin inversiones no habrá bienestar. Y sin cambios en las visiones de nuestras sociedades, no habrá inversiones. Este círculo vicioso pende como extraordinaria restricción para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 19 de junio de 2019

La brecha de políticas: guía para la acción

El concepto de “brecha” tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el deporte se identifica el máximo registro alcanzado y se elaboran planes de entrenamiento para mejorar las marcas. La idea es que en la medida que se mejore el desempeño de deportistas (individuales o por equipos), se reduce la brecha con respecto a los campeones. En esa dinámica, por supuesto también puede pasar que los campeones logren ampliar la brecha porque consiguen mejores registros. Esto explica que en pruebas de velocidad, solo por citar un caso, los récords actuales hubieran sido inimaginables décadas atrás. 

De igual manera, empresas o universidades utilizan las brechas para superar su desempeño. Se identifica en determinado mercado o contexto de investigación a aquellos que tengan el mejor desempeño. Y a través del análisis de los métodos que utilizan, y en la aplicación de innovaciones, entonces puede esperarse que algunas empresas superen las ventas de otras, o que coloquen mejores productos a disposición de los consumidores. 

La brecha de políticas es un concepto menos utilizado. Lamentablemente, no está tan desarrollada la idea de que los gobiernos pueden, basados en acuerdos sociales, dirigir esfuerzos y recursos en la obtención de metas consideradas relevantes. A partir de la aprobación de las Metas del Milenio a finales del siglo pasado, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, existe una mayor preocupación por definir políticas públicas que apunten a metas específicas, y por ende, a la reducción de determinadas brechas. Sin embargo, queda mucho por hacer para incorporar el concepto de brecha en el seguimiento de las políticas públicas. 

Se puede tomar como ejemplo, la evolución de la tasa de mortalidad infantil. La disponibilidad de los registros por largos períodos permite examinar las tendencias de la brecha, y ofrece lecciones para el diseño e implementación de políticas. En 1920 el país con la menor tasa de mortalidad infantil registrada en el mundo (en la base de datos Gapminder) era Nueva Zelanda (51 muertes por cada 1000 nacidos vivos registrados, nvr)). Para ese año, el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina era Argentina, aproximadamente 2,4 veces la de Nueva Zelanda. 

En 1960 Suecia había desplazado a Nueva Zelanda como el país con la menor tasa de mortalidad infantil. En ese año la tasa de mortalidad infantil de Suecia fue 16,3 muertes por 1000 nvr, esto es, un tercio de la de Nueva Zelanda cuarenta años atrás. En América Latina, Cuba ha tenido la menor tasa de mortalidad infantil desde 1943. Sin embargo, en 1960 dicha tasa era 2,26 veces la de Suecia. En el caso de Haití, país con la mayor tasa de mortalidad infantil en la región en ese año, la diferencia era casi 12 veces con respecto a la de Suecia. 

En 2015, último año con registros comparables, la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo fue la de Luxemburgo (1,5 muertes por cada 1000 nvr), superando a Islandia que la había tenido en 2000. En América Latina, Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, aunque ha aumentado la brecha con respecto al país con menor registro (aproximadamente 30% de incremento con respecto a la brecha que tenía en 2000). Haití, por su parte, tenía en 2015 casi 35 veces más la tasa de mortalidad infantil de Luxemburgo. Esto significa que desde 1960 la brecha de mortalidad infantil de Haití se ha multiplicado por tres. 

Varias lecciones se pueden indicar a partir de este análisis. La primera de ellas es que el desempeño de los países varía en el tiempo. Justamente como producto de la calidad de las políticas que implementan. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda: pasó de ser el país puntero en 1920 al número 38 un siglo después. La segunda lección es que los países que logran incidir armónicamente en todos los factores asociados, en este caso, con la mortalidad infantil, logran mayores efectos en la reducción. Es por ello que no se puede citar solo un factor como el responsable en la reducción. Es la conjunción de las políticas lo que hace la diferencia. 

Lo anterior explica que países con diferencias sustantivas en términos del nivel de desarrollo tengan logros similares. Sin embargo, estos efectos tienen su tope. Es decir, no es posible alcanzar los menores niveles en la mortalidad infantil sin cambios sustantivos en el nivel de ingreso, y especialmente en la disponibilidad de tecnologías, que a su vez está influida por los recursos. Es por ello que los países de mejor desempeño tienden a tener sociedades con mayores capacidades en todos los aspectos. 

La aplicación del concepto de brechas de políticas permite identificar el tipo de logro, en término de las condiciones de vida de la población. Ahora bien, alcanzar la meta no es una acción esporádica, más bien es el producto de una estrategia a través del tiempo, muchas veces compartida por diferentes gobiernos. La utilización de la brecha existente para identificar las medidas que permitan reducirla, es decir, las políticas públicas, es clave para generar la consistencia de esos procesos. Es posible imaginar entonces que el país con la menor tasa de mortalidad infantil deberá contar con instituciones adecuadas, crecimiento económico de calidad, servicios de salud de alto desempeño, disponibilidad de tecnologías, entre otros factores. El diseño e implementación de políticas públicas en cada uno de esos ámbitos es lo que hará la diferencia en calidad de vida de los ciudadanos. De allí que medir la brecha con respecto a los mejores, es el primer paso para contar con políticas públicas más efectivas en la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2019

Dificultades para eliminar el sarampión

Con todos los avances que se han experimentado en la organización de sistemas de salud en el mundo, cuesta muchas veces entender que problemas aparentemente sencillos de resolver sigan ocasionando efectos, incluso fatales. Un caso que ilustra esta situación es el sarampión. El hecho de que esté disponible una vacuna, de gran calidad por la efectividad y seguridad, y también de bajo costo, permite imaginar que es posible eliminar la enfermedad, esto es, que ninguna persona la padezca.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la eliminación de la enfermedad para el año 2020. Es decir, en poco más de seis meses en el mundo se debería haber eliminado el sarampión. Un indicio de que ello era posible fue la disminución de muertes por sarampión desde 2000, al pasar de medio millón a casi 90 mil en 2016. Sin embargo, esto significa que hasta hace menos de tres años todavía ocurrían casi 250 muertes diarias por esta causa a escala global. Parece difícil pensar en la eliminación con esa cifra de muertes como referencia. 

Las cifras disponibles en el último reporte de OMS (mayo 2019), indican que la eliminación tiene muy pocas posibilidades de ocurrir en 2020. El número de casos confirmados hasta abril en todo el mundo es casi 170 mil, lo cual representa tres veces más el número de casos confirmados para el mismo período de 2018. Por otra parte, los casos de sarampión se están reportando en todas las regiones de la OMS. 

También indican los registros que los casos ocurren tanto en países con sistemas de salud de bajo desempeño como en los países con mayores avances. Por ejemplo, al menos diez países europeos tienen un tercio de los casos a escala global, entre ellos, Alemania, Italia, Francia. En los Estados Unidos se han reportado más de 700 casos en los primeros meses de 2019. En América, se han confirmado casos de sarampión en doce países en 2019. De especial relevancia es el número de casos confirmados entre Colombia, Brasil y Venezuela, cerca de 16 mil entre 2018 y 2019. Las muertes por sarampión han ocurrido solamente en Brasil y Venezuela. 

El caso del sarampión ilustra con claridad que no es suficiente la disponibilidad de una vacuna para eliminar una enfermedad. Es mucho más complejo que eso. En primer lugar, porque la utilización del tratamiento para alcanzar la cobertura universal requiere el desempeño adecuado del sistema de salud, tanto en los procesos de gestión como en las capacidades de los recursos humanos y de los servicios. En segundo lugar, porque la información que reciben las personas sobre los tratamientos (o la ausencia de ella) influye en las pautas personales o familiares de prevención. Por ejemplo, el rechazo de grupos sociales en algunos países a la administración de vacunas ha conllevado a la disminución de las coberturas. Esta es la situación que se ha presentado en algunos países europeos y en Estados Unidos. En este último país han debido intervenir jueces para ordenar la vacunación en la población renuente a la administración. 

Alcanzar la cobertura universal de salud, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, supondrá, en consecuencia, mucho más que intervenciones específicas en el ámbito de los servicios. Deberá ser más bien una estrategia que incluya, entre otros aspectos, amplia información a los ciudadanos y la conformación de alianzas con múltiples organizaciones sociales. La eliminación del sarampión puede convertirse en una tarea que ayude a destacar algunos de los aprendizajes requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2019

La brecha de diversificación económica en América Latina

En la próxima década América Latina confrontará un extraordinario reto. La región avanzará en la transición demográfica, es decir, aumentará la proporción de personas con edades superiores a los 65 años. Esto significa que los servicios sociales deberán adaptarse a personas que vivirán más tiempo, y por ende, tendrán mayores requerimientos de protección social. Este proceso marchará en paralelo con el incremento de la población en aproximadamente 100 millones de personas en el período, para alcanzar en 2030 una población total de poco más de 700 millones de habitantes. 

Este profundo cambio en la organización de las sociedades requerirá mayores recursos fiscales. Ya algunos países deben dedicar a la atención es salud, solo por mencionar un área de protección social, casi el 10% del PIB. Solo hay que imaginar los efectos en los requerimientos de recursos que traerán los cambios señalados. Es crítico, entonces, conocer las previsiones sobre la capacidad de las economías de la región para contar, de manera sostenible, con los recursos necesarios para esta mayor demanda de servicios. 

La experiencia comparada indica que los países que alcanzan niveles sostenibles de crecimiento económico, lo hacen porque producen de forma diversificada. Esto es, fortalecen las capacidades para producir distintos tipos de bienes, con mayores niveles de sofisticación. Esta idea no es nueva. Más bien está en el centro de las preocupaciones de Adam Smith al analizar la riqueza de las naciones hace más de dos siglos. Según Smith, aquellos países que lograran ampliar sus capacidades, a través de lo que denominó “cantidad de ciencia”, serían los que alcanzarían el mayor nivel de riqueza. Por cierto, también Smith destacaba que en esta tarea era muy importante contar con sociedades “bien gobernadas”. 

Desde esta perspectiva, es fundamental conocer el desempeño de las economías de la región con respecto a la diversificación. Tanto el MIT como la Universidad de Harvard realizan mediciones de la “complejidad económica” de cada país. En la medida que exista más complejidad económica en un país dado, eso significa que la diversificación de la producción es mayor, especialmente porque los productos elaborados serán requeridos en otros países. Es decir, la capacidad de exportar es una expresión de la producción de valor agregado. Las mediciones indicadas están actualmente disponibles en internet, con datos de los últimos cincuenta años (en el caso del MIT), y de poco más de veinte años en la Universidad de Harvard. Ambas mediciones coinciden en estimar que Japón y Suiza son las economías de mayor complejidad en el mundo. 

Según el Observatorio de Complejidad Económica (MIT), a finales de los años sesenta del siglo pasado, siete países de América Latina (sobre un total de 20) tenían mediciones positivas de complejidad económica, esto es, contaban con mayor diversidad de capacidades para producir que el promedio de los países del mundo. Casi cincuenta años después (2017), el número de países aumentó muy discretamente, a ocho. Cuatro países (México, Panamá, Costa Rica, Uruguay) se mantuvieron en el grupo con mayor diversificación económica en el período, aunque los tres últimos presentaron menores índices de complejidad en la última medición. México es el único país de la región con un índice superior a 1 (Japón tenía 2,30 en 2017). Brasil, Argentina, Colombia, Chile han ingresado en el grupo de las economías de mayor complejidad, aunque en los dos últimos países con valores muy discretamente positivos. 

Entre los países con menor complejidad económica se puede observar que Ecuador y Bolivia ocupan los lugares más bajos en la comparación con la región. En la medida que los países tienden a concentrarse en pocos productos de exportación (por ejemplo, petróleo o minería), en esa misma proporción disminuyen las posibilidades de alcanzar sostenibilidad en el crecimiento, y por ende, en la satisfacción de los requerimientos de recursos para niveles más exigentes de producción y de prestación de servicios. 

Para más de la mitad de los países de América Latina, la interacción en un mundo de mayor complejidad económica está muy distante. Para aquellos que han mostrado niveles discretos de mejoras, las exigencias se harán mayores si decrece el crecimiento mundial y se sustituyen mercados con nuevas tecnologías o con arreglos productivos en otras áreas del mundo como Asia y África. Esto implica que los acuerdos de gobiernos, sectores productivos, universidades, para promover economías de mayor complejidad, es una tarea de primer orden, son pena de que la región no pueda generar los nuevos espacios productivos que facilita el avance de las tecnologías y la sociedad del conocimiento. Pareciera que al ritmo actual, aumentar “la cantidad de ciencia” de la cual hablaba Adam Smith, será inviable en la mayor parte de la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de mayo de 2019