Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias.
Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”. De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017). Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor.
En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante. Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país. Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico.
La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo. Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva.
De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva. A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios.
En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo. Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento. De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.
Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2019
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