Pactar para gobernar juntos

Quizás una certeza que compartían Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Jóvito Villalba, antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958, era que el gobierno que surgiera del voto popular sería presidido por alguno de los candidatos que presentaran sus partidos políticos en esa contienda.

Una opción que hubieran podido contemplar estos líderes políticos era simplemente respetar el resultado electoral, y apoyar al candidato que resultara electo. Sin embargo, las lecciones aprendidas a partir del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, y la dura experiencia de la dictadura militar, en términos de represión política, proscripción de libertades públicas, y la generación de un clima completamente adverso a la condición democrática de los venezolanos, llevó a estos líderes de los partidos Acción Democrática, COPEI, y URD, a proponer un pacto político que permitiera gobernar, y generar la estabilidad necesaria para avanzar en el desarrollo democrático y el bienestar del país.

Esta es probablemente la razón por la cual estos líderes se dedican a establecer las bases del acuerdo político presentado a la sociedad venezolana el 31 de octubre de 1958, conocido como Pacto de Puntofijo, y también a elaborar un documento que se denominó “Declaración de principios y Programa Mínimo de Gobierno” (según fue publicado en el primer número de 1959 de la revista SIC), que fue firmado por los candidatos presidenciales de los tres partidos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Wolfgang Larrazábal, el 6 de diciembre de 1958, un día antes de las elecciones

El documento está dividido en dos partes. En la primera parte se señalan los principios que guían el pacto político, a saber: el respeto absoluto al resultado de las elecciones, así como el respaldo de los otros candidatos al que resultara electo; la conformación de un gobierno de unidad nacional en el cual estuvieran representados las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes; una administración guiada por el programa mínimo de gobierno; el mantenimiento y consolidación de la tregua política; y el concurso generoso y responsable para impulsar la recuperación democrática, cultural, espiritual y económica del país.

En la segunda parte del documento se establecen las metas de las políticas que debería llevar a cabo ese gobierno, divididas en ocho áreas: acción política y administración pública, política económica, política petrolera y minera, política social y laboral, política nacional, Fuerzas Armadas. política inmigratoria, y política internacional.

En el área de acción política y administración pública se propone: la elaboración de una constitución democrática que incluya una Carta de Derechos Económicos y Sociales; la defensa del orden constitucional y las actuaciones enérgicas contra las actividades antidemocráticas; la reforma de la legislación que fuera contraria al ejercicio de las libertades públicas; la autonomía y fortalecimiento de los poderes legislativo, judicial, y municipal; la regularización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y la reforma administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

En el área de política económica se incluye: el rol preponderante del Estado en el fomento de la riqueza nacional; el reconocimiento de la función de la iniciativa privada como factor de progreso; la elaboración de un plan integral de desarrollo económico de largo alcance; el procesamiento dentro del país de materias primas, especialmente el petróleo y el hierro; la utilización de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial, y el Banco Agrícola y Pecuario como los motores económicos; la reorganización de las industrias estatales petroquímica y siderúrgica; la modernización del sistema tributario; y la reforma agraria, y la reorganización del régimen de propiedad de la tierra. Dentro del área de política petrolera y minera se señala: la revisión de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras para alcanzar la más justa participación en los beneficios y ejercer un mayor y más efectivo control sobre las actividades de la industria; la realización de los estudios para la creación de una Empresa Nacional de Petróleo, de una Flota Petrolera y de los demás organismos requeridos para que el país trabaje directamente el petróleo; y la revisión de la política del hierro para recibir una razonable porción de las utilidades.

En el área de política social y laboral se señala: la defensa y valorización del capital humano a través de una política demográfica dirigida al aumento de la población; la protección a la madre y al niño; política de vivienda para garantizar las necesidades de la población urbana y rural; campaña contra el rancho; el reconocimiento del trabajo como factor del progreso, así como la defensa del trabajador y la protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales; la lucha contra el desempleo; la reforma de la Ley del Trabajo para regular de manera más eficaz y moderna las relaciones obrero-patronales; la realización de estudios para implantar el salario familiar; y la reorganización del Instituto de Seguros Sociales, así como el establecimiento de un sistema integral de Seguridad Social.

En política nacional se incluye: el fomento de la educación popular desde el preescolar y la primaria hasta la universidad; la revisión del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del desarrollo económico y cultural del país; campaña para erradicar el analfabetismo; la intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza; la protección y dignificación del magisterio así como medidas para aumentar el máximo la formación de maestros; y la defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela.

Con respecto a las Fuerzas Armadas se propone: el perfeccionamiento técnico y la modernización de la institución armada; así como su carácter apolítico, obediente y no deliberante; la intensificación de la educación institucionalista; el reconocimiento de los méritos y servicios del personal; así como el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los oficiales, clases y soldados; y el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio por todos los venezolanos sin distinción de clases sociales. En política migratoria se propone su reorientación para que el trabajador inmigrante contribuya realmente al progreso del país, y se explicita que debe gozar de la misma protección y derechos que el trabajador venezolano.

En política internacional se indica: la reafirmación de los principios de paz y cooperación con todas las naciones; el repudio a toda medida contra la autodeterminación de los pueblos; la ratificación de las Naciones Unidas y la OEA; el respeto a los compromisos internacionales del país, la revisión de las relaciones interamericanas para que se realicen los postulados políticos democráticos y de cooperación económica; el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de acuerdo con el interés nacional; y el fomento de la política de intercambio comercial.

Las líneas de políticas públicas que fueron propuestas en este documento guiaron, con sus virtudes y limitaciones de diseño, la acción de los siguientes gobiernos constitucionales de Venezuela, hasta el punto de que muchas de ellas se convirtieron en acciones compartidas por varios de ellos. El hecho de que estas políticas fueran acordadas antes de las elecciones de 1958, y concebidas para fundamentar la acción del gobierno, son demostraciones relevantes de la madurez con la cual se entendía la gestión pública. Son también un ejemplo del enfoque que debería prevalecer para incluir la gestión del gobierno en el eje de los acuerdos políticos. La experiencia venezolana en este aspecto sigue siendo de especial valor, no solo para las próximas etapas del país sino para otros países en procesos de democratización.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2023

Los resultados de gestión según el presidente Boric

El pasado jueves 1 de junio, el presidente Boric, en discurso de cuenta pública presentado en el Congreso de Chile, señaló los principales logros de su gestión al frente del gobierno. La situación ideal en la presentación de un informe de gestión de gobierno, especialmente de un presidente de la República, es que se concentre en indicadores de resultados como, por ejemplo, los empleos productivos que se han creado en el período, los cambios realizados en la calidad de la enseñanza, el aumento en la cobertura de la protección financiera de salud o de las pensiones, o la reducción en las tasas de delitos en robos y homicidios

Lamentablemente, la tendencia real no corresponde con la situación ideal. En la práctica es más fácil encontrar en estos discursos el número de consultas realizadas que la reducción en las tasas de mortalidad, o el número de escuelas construidas o reparadas que la calidad de la educación que se presta en esos centros.

En la primera parte del discurso, el presidente Boric, contestando a aquellos que han señalado que el gobierno tiene “poca gestión”, señala lo que a su entender son los siete hechos más relevantes de su gobierno hasta la fecha. En primer lugar, destaca la inclusión de más de 658.000 personas de manera gratuita en el sistema público de salud en lo que se denomina el Copago Cero. El segundo aspecto que menciona es la aprobación de la ley para asegurar el pago efectivo de la pensión de alimentos. En tercer lugar, señala la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. En cuarto lugar, indica el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Las tres restantes medidas corresponden a la aprobación de la ley para proteger a las personas con espectro autista (TEA), la aprobación del “royalty” minero para incrementar los beneficios del desarrollo a través de inversiones en regiones y comunas con la alianza con alcaldías y gobernaciones, y finalmente, el énfasis del gobierno para impulsar el Plan de Emergencia Habitacional.

Como se puede observar, en ninguna de las medidas señaladas por el presidente Boris se señalan indicadores de resultados de la gestión, esto es, que afecten directamente las condiciones de vida de las personas. Un examen más detallado de los aspectos educativos, de pensiones, y de salud del discurso, permite establecer con más claridad estos aspectos

En el tema de las pensiones, el presidente Boric incluye la aprobación de la ley que permitió aumentar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a más de 70.000 personas mayores que ya había comenzado en el gobierno anterior. Sin embargo, no se señala, por ejemplo, cuál es la proporción de cobertura actual de las pensiones, ni cuál es el poder adquisitivo real que ellas alcanzan. Más bien se destaca en esta sección del discurso las dificultades que se han confrontado para la aprobación de la ley que prevé el establecimiento de un piso mínimo de 250.000 pesos para las futuras pensiones

En el aspecto educativo, el presidente Boric reporta que se ha reducido la inasistencia grave a las escuelas en un 13%. También señala que se han incorporado 20.000 tutoras y tutores voluntarios para reforzar habilidades de lecto-escritura en todo Chile. Sin embargo, no se incluye en el mensaje presidencial los resultados sobre la proporción de niños y niñas que aprueban los contenidos básicos en áreas como lenguaje y matemáticas, requisito muy importante para evaluar la calidad del proceso de aprendizaje. Más bien se indica que se presentará un proyecto de ley para mejorar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, pero sobre el cual no se ofrece ningún dato adicional.

En lo relacionado con la salud, el presidente Boric destaca la reducción de los tiempos de espera, esto es, 37% para las cirugías, y 22% para las consultas de especialistas. Sin embargo, también constata que la mitad de las personas deben esperar más de 330 días para realizar una cirugía, y más de 260 días para ser atendidas por un especialista. En el discurso no se ofrece ningún resultado en términos de las condiciones de salud. Por ejemplo, hubiera sido muy importante destacar las variaciones en la mortalidad por COVID, en lo cual Chile tuvo especial éxito en el contexto de América Latina, o la reducción de las tasas de mortalidad neonatal o infantil, solo por citar algunos ejemplos en el área materno-infantil, o las reducciones en la mortalidad por enfermedades crónicas. Esto es especialmente relevante porque Chile es uno de los países de la región con sistemas de información de mayor cobertura y calidad.

Por todo lo anterior, se puede destacar en el caso de este mensaje del presidente Boris que existe un mayor énfasis en los servicios prestados que en los resultados. Es decir, que es mucho más fácil contabilizar las unidades de servicios que disponer de los sistemas de medición que relacionen tales servicios con las condiciones de salud concretas de las personas. En consecuencia, existen dos aspectos que se derivan de los contenidos del discurso. En primer lugar, que la utilización de los sistemas administrativos, por ejemplo, los vinculados con las mediciones de mortalidad y morbilidad, no están en un nivel de actualización que permita generar análisis luego de concluido el año 2022. Y en segundo lugar, que no existen sistemas de mediciones más específicos como, por ejemplo, la aplicación de encuestas de hogares para obtener datos sobre aspectos tan relevantes como la cobertura de protección financiera en salud o la cobertura de beneficios como las pensiones. Mientras continúe este desfase entre la medición y el análisis de la gestión, será muy difícil acercar los resultados a las actividades o servicios que prestan los gobiernos, lo cual es, probablemente, uno de los retos más importantes en las políticas públicas de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2023

El programa de gobierno de la oposición en Turquía

La segunda vuelta de la elección presidencial en Turquía se realizará el próximo 28 de mayo. Antes del anuncio oficial de esta nueva elección, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) había difundido las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación. En este reporte se destaca el ventajismo del gobierno en el proceso electoral, expresado en los sesgos en la cobertura informativa, en las restricciones de las libertades de reunión, asociación, y expresión, las cuales afectaron la participación de políticos y partidos de oposición, así como de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. También se indica en el informe la intensa polarización expresada en la campaña electoral a través del abuso en el uso de recursos e intimidación por parte del gobierno.

La segunda vuelta del 28 de mayo será un evento mayor, con repercusiones tanto para Turquía como en el contexto global. La presencia internacional de Turquía, expresada por sus múltiples conexiones con todos los continentes (no por azar el aeropuerto internacional de Estambul se presenta como el punto de encuentro del mundo), es una demostración de estos múltiples efectos. El deterioro de la institucionalidad política y las restricciones del crecimiento económico para los próximos años, son indicativos de la relevancia que tiene la elección para el futuro del país.

Por estas razones es muy explicable la importancia de la visión de políticas que podría tener un gobierno alternativo en Turquía. A tal efecto, el Frente Nacional, coalición que enfrentará nuevamente al gobierno en la segunda vuelta, ha difundido varios documentos desde el año pasado. Esta coalición está conformada por seis partidos: Partido Republicano Popular, Partido Democracia y Progreso, Partido Demócrata, Partido del Futuro, Partido del Bien, y Partido de la Felicidad. Estos partidos abarcan un espectro desde la social democracia hasta el liberalismo, todos ellos pro-europeos y partidarios de la presencia de Turquía en la OTAN y en la Unión Europea. Los documentos difundidos en 2022 por el Frente Nacional incluyen propuestas para fortalecer el sistema parlamentario, reformas constitucionales e institucionales, y sobre la seguridad del sistema electoral.

El 30 de enero de 2023, el Frente Nacional presentó a la opinión pública nacional e internacional el “Memorandum de Entendimiento sobre Políticas Comunes”. Este documento tiene una extensión de 248 páginas con más de 2300 acuerdos (organizados en 75 áreas). Constituye la Declaración Electoral del candidato presidencial, y es la base de las políticas públicas que se ofrecen a los votantes.

El memorándum está organizado en nueve grandes temas: (1) justicia y sistema judicial, (2) administración pública, (3) políticas de transparencia y anti-corrupción, (4) economía, finanzas y empleo, (5) ciencia, investigación y desarrollo, innovación, emprendimiento, y transformación digital, (6) políticas sectoriales, (7) educación y entrenamiento, (8) políticas sociales, y (9) política exterior, defensa, seguridad y migración.

Las líneas generales del memorándum apuntan a la construcción de una democracia sólida, a la reestructuración de la administración para orientarla al ciudadano, al progreso hacia una economía sostenible de altos ingresos centrada en una estrategia de desarrollo inclusivo, de transición verde y digital, con un sistema educativo inclusivo, que garantice igualdad de oportunidades sin discriminación, y con la introducción de garantías constitucionales para los derechos de sostenibilidad, erradicación de la pobreza extrema, y con progreso para todos los ciudadanos.

Que una alianza política en un país tan relevante como Turquía, haya podido acordar un programa de gobierno de esta envergadura, ofrece notables lecciones comparadas. En primer lugar están las lecciones sobre las características que debe tener un programa de esta naturaleza: (1) debe ser preparado con anticipación y con perspectiva de largo plazo, (2) debe ser amplio, es decir, cubrir la mayor cantidad de áreas de la gestión pública, (3) debe ser lo más detallado posible (no bastan los acuerdos generales, es necesario llegar a los puntos críticos), (4) debe incluir metas taxativas (que serán la guía de la acción del gobierno y de la información a los ciudadanos), y (5) debe ser comunicado con suficiente tiempo a los electores.

El segundo aspecto está relacionado con las lecciones sobre la utilidad o funciones de un programa de políticas públicas de esta naturaleza. La extensión y profundidad del programa es útil: (1) para generar mensajes en la campaña electoral que demuestren a los ciudadanos que se conocen los problemas, y también muy importante, que se tienen las soluciones, es decir, se convence porque se conoce, porque se demuestra seguridad, (2) para guiar la organización del gobierno, esto es, para seleccionar a los líderes más capaces para la gestión, para que tengan tiempo de trabajar en equipo las múltiples decisiones que deberán enfrentar en un plazo muy corto (entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno), y (3) para informar a los actores nacionales e internacionales sobre la seriedad en el tratamiento de los temas, sobre el conocimiento de las repercusiones geopolíticas, financieras e institucionales que tendrán las medidas del gobierno, y para fortalecer los acuerdos que permitan garantizar la viabilidad de la gestión. Todas estas acciones son previas, a ellas hay que dedicar tiempo, y equipos humanos amplios y diversos.

Los resultados de la segunda vuelta en Turquía son difíciles de anticipar, dado el entorno cambiante que puede tener una campaña electoral en un país tan complejo. La oposición ha logrado acordar un candidato de consenso, con un programa de gobierno detallado y de múltiples acuerdos. La forma de manejar la comunicación política, en un entorno de grandes restricciones para las buenas prácticas democráticas, influirá en el resultado de la elección. Lo que está bastante claro es que la oposición tiene una ruta, un plan de vuelo específico y detallado. Y eso, los ciudadanos lo perciben desde la primera palabra.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2023

La brecha en las políticas de desarrollo sostenible

En la última semana del mes pasado, 25 a 28 de abril, se realizó en Santiago de Chile la Sexta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Cepal. En esta reunión del Foro participaron los gobiernos de la región con el propósito de analizar la evolución de los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro expresan el conjunto de aspectos en los cuales existe el consenso de los gobiernos de los países de la región. Son exactamente 110 puntos acordados por los gobiernos. Quizás el de mayor relevancia para las políticas de desarrollo sostenible es el punto 8.

En el punto 8 de este documento se indica que los gobiernos observan con preocupación que las metas de los ODS establecidas para el año 2020, no se han cumplido plenamente. Expresan un llamado a las instancias internacionales para que fortalezcan las decisiones en esta materia. Y luego, se citan en este punto las diversas políticas públicas que deberían priorizarse. Estas políticas son las siguientes: la protección de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de datos oportunos, tanto en calidad como en los niveles desagregados, la participación de los jóvenes, el incremento de los recursos financieros, y la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo.

Tal como está redactado el punto 8, pareciera que esas políticas mencionadas son responsabilidad de la comunidad internacional. No se menciona la directa vinculación de estas políticas con las decisiones u omisiones que cada día tienen los gobiernos de la región sobre estos aspectos. Cada una de estas políticas debería requerir la mejor calidad en el diseño y la respectiva asignación de recursos por parte de los gobiernos de los países.

Cada una de las áreas de políticas públicas debería responder a las específicas realidades de los países, pero también dentro de ellos. Solo con imaginar los diferentes niveles de biodiversidad que pueden tener México y Paraguay, se tiene una idea de los requerimientos particulares en cada caso. De igual manera, las mejoras en la disponibilidad de datos oportunos y en su desagregación, son muy distintas en países de menor extensión como El Salvador, y en países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina.

Una primera dimensión de la brecha de políticas de desarrollo sostenible, está relacionada con el hecho de que corresponden más bien al ámbito de los gobiernos de los países, y no a la comunidad internacional, como se menciona en el documento. La segunda dimensión de la brecha está asociada con la falta de explicitación, al menos de las características generales que deberían tener las políticas públicas mencionadas en el punto 8. De hecho, también parece más apropiado que se hubiera recomendado a los gobiernos diseñar o actualizar estas políticas públicas con el propósito de tomar en cuenta las modalidades para alcanzar los ODS en 2030.

Visto lo anterior, no solo la región tiene restricciones significativas para conocer la evolución de los ODS (por las limitaciones en los sistemas de información), también existen limitaciones en el diseño de las políticas públicas relacionadas. Es bastante claro que sin mejoras sustantivas en las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, el desarrollo sostenible en América seguirá teniendo progresos muy limitados en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2023

América Latina: más lejos de la diversificación

Los últimos pronósticos de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, Cepal) no son muy auspiciosos para América Latina. Se destaca en estos reportes que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, han agravado los pronósticos realizados a principios de esta década. América Latina no crece en la magnitud requerida para superar las restricciones previas a la pandemia y las que han surgido en el último año.

Pero el problema es más serio. América Latina no crece, pero tampoco crea riqueza en el nivel requerido para generar el círculo virtuoso de mayores inversiones, mejores empleos, más recursos públicos para servicios, y nuevamente mayor riqueza. Este círculo virtuoso es el que han mantenido por décadas países como Japón y Alemania (industrializados antes de la II Guerra Mundial), o Corea del Sur a partir de mediados de los años sesenta. Solo por citar algunos ejemplos.

La capacidad de crear riqueza en los países depende del conocimiento disponible para prestar servicios y producir bienes. Y para ello se requiere que los países tengan múltiples conocimientos. Mientras más conocimientos existan, se generan más capacidades, y, en consecuencia, se amplían empresas o se crean nuevas empresas. Este proceso de diversificación es lo que conduce al círculo virtuoso de la creación de riqueza.

El Índice de Complejidad Económica (ICE) es una forma de resumir la medida de las capacidades de los países para producir. La Universidad de Harvard, a través del Atlas de Complejidad Económica, publica regularmente los valores del ICE para los países incluidos en esa base de datos. El valor del ICE es positivo cuando un país tiene mayor diversidad de los productos que elabora que el promedio de todos los países. Mientras más positivo es el ICE significa que el país tiene mayor complejidad económica (por ejemplo, Japón tiene el mayor valor de ICE desde 1995, primer año de la serie). De la misma forma, mientras más negativo sea el ICE el país tiene menor diversidad con respecto al promedio de los países.

En el año 2015, la gran mayoría (12 de 19) de los países de América Latina tenían ICE negativo (solo Haití no tiene información disponible). Esto significó que siete países (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, y Uruguay) tenía el ICE positivo para ese año. De estos países, solo México alcanzó un valor de ICE superior a 1 (Japón tenía 2,49 en 2015).

En el año 2020 (último año con información disponible en el Atlas de Harvard), solo cinco países tuvieron ICE positivo (Colombia y Uruguay pasaron a tener valores negativos). Cuatro de estos países (Brasil, El Salvador, México, y Panamá) registraron menores valores de ICE con respecto a 2015, aunque se mantuvieron en valores positivos. Costa Rica es el único país de la región que aumentó el ICE (de 0,26 en 2015, a 0,30 en 2020).

Si ese era el nivel de diversificación en 2020, sin los efectos completos de la pandemia, y con las restricciones económicas de la actualidad, es muy probable que los valores del ICE sean menores en los años siguientes. Que el tema de la diversificación económica no esté en la agenda pública de los países, explica las tremendas dificultades para crear riqueza que se deberán superar en la región. Quizás la prueba más exigente para la calidad de los liderazgos políticos en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 3 de mayo de 2023

El silencio de Lula ante el desarrollo sostenible

La relevancia de Brasil en el contexto internacional es un hecho incontrovertible. Tanto por la significación política que proviene de ser uno de los países más grandes y poblados del mundo, como por la inmensa importancia para el equilibrio ambiental global. De manera que la visión y acciones de los gobiernos brasileños, para bien o para mal, pueden tener influencia en otros ámbitos, especialmente en otros países de América Latina.

El inicio del nuevo gobierno en Brasil, encabezado por el presidente Lula, a principios de este año, era una buena oportunidad para establecer las líneas de la gestión, y enmarcarlas en el espacio más amplio del desarrollo internacional. Y dentro de esta perspectiva, en principio, no existe mayor reto que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. El discurso de toma de posesión del presidente Lula era un momento ideal para indicar los lineamientos de las políticas del nuevo gobierno brasileño sobre el desarrollo sostenible,

Lo cierto del caso es que el presidente Lula no mencionó ni siquiera una vez al desarrollo sostenible en su discurso de toma de posesión. Tampoco señaló ningún comentario sobre los ODS. Vale preguntarse sobre las razones para que uno de los países con mayor presencia internacional de América Latina opte por el silencio (al menos de su presidente) ante un tema de la envergadura actual y futura como el desarrollo sostenible.

Una primera hipótesis es que los asesores del presidente Lula decidieron no incorporar el tema en el discurso inaugural. Es poco probable que esta exclusión se debiera a desconocimiento. Un tema de esta importancia forma parte de los conceptos y prácticas de una burocracia tan experimentada como la brasileña. Quizás más bien se debe a que no se consideró que era conveniente vincular la gestión del gobierno al cumplimiento de los ODS. Porque eso implicaba establecer metas concretas para el período de la gestión del presidente Lula. Obviamente, esto significaba comprometerse ante la opinión pública nacional e internacional. Resultaba más flexible no vincular la gestión con estos objetivos tan específicos. La segunda hipótesis es que estas menciones fueran inicialmente incluidas por el equipo de asesores, y que el presidente Lula decidiera eliminarlas de su discurso, por las mismas razones señaladas. Lo cierto del caso, en cualquiera de las opciones, es que el resultado final fue la exclusión de las menciones sobre el desarrollo sostenible en el texto del discurso presidencial.

Que el presidente de una nación tan relevante como Brasil comience una gestión sin indicar expresamente su posición sobre el desarrollo sostenible y los ODS no es un evento menor. Más bien es un llamado de atención a la comunidad internacional, y especialmente a la relacionada con la asistencia técnica y financiera multilateral, sobre la real viabilidad que tiene el esfuerzo de casi diez años en promover los ODS a escala global. Tal parece que no solo no se alcanzarán las metas en 2030, sino que ya no existen los consensos, al menos en países tan representativos como Brasil para impulsar las políticas públicas necesarias para cumplir con los ODS. Podría ser que los ODS han quedado como simple retórica, cada día más en desuso, sin mayores implicaciones para la vida concreta y angustiosa que llevan millones de latinoamericanos. El silencio del presidente Lula ha resultado ensordecedor.

Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2023

Los desconocidos presupuestos públicos

Cada año los órganos legislativos de los países toman decisiones sobre los recursos públicos que se utilizarán. Para ello se aprueban las leyes de presupuesto de los gobiernos nacionales. Las implicaciones de estas leyes abarcan desde la política fiscal hasta las inversiones específicas en los servicios sociales o en infraestructura, entre otros aspectos. De acuerdo con los montos y características de los gastos públicos presupuestados, múltiples actores, tanto nacionales como internacionales, pueden definir escenarios para sus propias decisiones. Es, sin dudas, la decisión más importante que toman los órganos que representan a las sociedades de los países.

De acuerdo con la relevancia de las leyes de presupuesto, se debería tener la mayor cantidad y calidad de información disponible para ser utilizada por la diversidad de instituciones de las sociedades. De esta manera se podría realizar el seguimiento de la pertinencia e impacto de las inversiones públicas. Y, en estas condiciones, se tendrían opiniones fundamentadas para la discusión presupuestaria del año siguiente.

Lamentablemente, lo anterior es solamente teoría. Muy diferente es la situación cuando se explora la disponibilidad de información sobre los presupuestos públicos. Tomemos, solo como ejemplo, a cinco de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela). En estos países el gasto del gobierno representa en promedio cerca del 30% del PIB.

Lo deseable es que la información sobre el presupuesto esté disponible en los sitios web de los ministerios relacionados con la economía y las finanzas públicas. En tres países (Bolivia, Ecuador, y Venezuela) no se encuentra la información sobre el presupuesto del año 2023 (en Venezuela el último presupuesto corresponde al año 2016). En Colombia y Perú si es posible conocer el presupuesto de 2023, incluso con la ejecución de estos recursos en los primeros meses del año. Sin embargo, en estos dos últimos países la utilización de los datos está limitada por lo engorroso que resulta su manejo.

Las dificultades para el seguimiento de la ejecución presupuestaria en los países, afecta la transparencia que debe caracterizar la asignación de los recursos públicos. Y, en consecuencia, impide que las organizaciones de la sociedad puedan intercambiar sobre la implementación de las políticas públicas, especialmente cuando existen compromisos de los países en alcanzar metas de desarrollo (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030).

También es bastante claro que facilitar la información para el seguimiento de los presupuestos no es un problema de recursos tecnológicos o de información. Es más bien una ausencia de real vocación por incorporar a los ciudadanos en las tareas relacionadas con las políticas públicas. Si hubiera una mayor preocupación para favorecer la participación ciudadana, se podrían generar mejoras sustantivas en la calidad de estas políticas públicas. Que la información sobre los presupuestos nacionales no sea un bien público, es una restricción sustantiva para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 19 de abril de 2023

Malas perspectivas para los ODS en AL y el Caribe

Entre el 25 y 28 de abril, en poco menos de dos semanas, se celebrará la VI reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de la Cepal en Santiago de Chile. En esta reunión se pasará revista a la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

En anticipación a esta reunión, Naciones Unidas ha preparado un avance regional con el análisis de la situación de los ODS. En este avance se indica que solamente el 32% de las metas para América Latina y el Caribe tiene un pronóstico promisorio y positivo. En el 46% de las metas se necesita una aceleración de la tendencia para alcanzarlas en 2030. En el 22% de las metas se debe revertir el estancamiento. Esta evaluación se refiere al conjunto de América Latina y el Caribe, no a países por separado, lo cual podría estar disponible más adelante, quizás para el momento que se inaugure la reunión del Foro.

Quizás una reflexión que podrían hacer los representantes de los países, es la ausencia de explicitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprecia en las prioridades de los liderazgos políticos, y de los gobiernos. Es poco probable que los países puedan alcanzar las metas sin que los liderazgos políticos, vale decir, los presidentes y ministros, asuman la importancia de los ODS, pero más importante, que sean capaces de liderar los cambios institucionales y de asignación de recursos públicos. Es decir, el cumplimiento de las metas no es un evento azaroso, sin planificación. Todo lo contrario, alcanzar las metas supone un esfuerzo riguroso y sistemático por muchos años. Los países que ya han alcanzado estas metas han desarrollado también políticas adecuadas en los años precedentes.

Otra reflexión que puede ocupar la atención de los representantes de los países, es la revisión de las pautas por las cuales se vinculan los acuerdos internacionales con la intricada cadena de mecanismos que abarcan desde el diseño de políticas y programas, hasta la evaluación de políticas. El hecho de que, transcurridos ocho años desde la aprobación de los ODS, todavía los resultados muestren tan bajo desempeño, es indicativo de las limitaciones en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan a los gobiernos de la región.

Es bastante probable que, en el examen de estas severas restricciones de los gobiernos, también se detengan los representantes de los países en las extraordinarias debilidades de los sistemas de información relacionados con los ODS. En la gran mayoría de los países los datos más recientes corresponden a dos o tres años atrás. Por ejemplo, de la calidad educativa, seguridad alimentaria,o de la protección financiera de salud. Es decir, son prácticamente irrelevantes para la toma de decisiones. Ojalá que los gobiernos de los países, con la cooperación de las agencias técnicas internacionales y los organismos financieros, acuerden el diseño de sistemas de información que permitan el seguimiento lo más periódico posible de los ODS. Es muy previsible que estos nuevos sistemas de información representen innovaciones sustanciales para las prácticas actuales en los países.

Es evidente, al menos por los análisis de los organismos internacionales, que existe una extraordinaria brecha entre la pertinencia de los ODS y los resultados que se pueden pronosticar en el momento actual. También son evidentes las notorias restricciones de los liderazgos políticos de la región para enfrentar estratégicamente los ODS. Las consecuencias en el bienestar de millones de ciudadanos de la región también son incontestables.

Politemas, Tal Cual, 12 de abril de 2023

Lecciones de la reunión entre Deng Xiaoping y McNamara

En abril de 1980, según nos cuenta Ezra Vogel en su notable biografía sobre Deng Xiaoping, se produjo una reunión que resultó muy provechosa para China. En pleno control del gobierno de China, Deng Xiaoping estaba dedicado a impulsar los cambios que se requerían para la modernización. Ya se había producido el reemplazo de Taiwán por China como miembro del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, había declarado que el Banco Mundial no podía ser tal sin la incorporación plena de China.

La reunión citada fue entre Deng Xiaoping y McNamara, con el propósito de acelerar el inicio de actividades y proyectos entre China y el Banco Mundial. Señala Vogel que McNamara había resistido presiones del gobierno de Estados Unidos para retrasar el ingreso de China. La insistencia de McNamara para apurar las gestiones causó una buena impresión en el liderazgo chino, con lo cual aumentó la confianza en el Banco Mundial como organismo de cooperación.

Deng le manifestó a McNamara que le interesaba más el Banco Mundial por las ideas que podía facilitar a China que por el monto de los recursos que le pudiera prestar. Deng también argumentó a McNamara que la modernización de China era inevitable, y que el Banco Mundial podía acelerar este proceso. Un mes después de esta reunión, exactamente el 15 de mayo de 1980, se produjo el voto aprobatorio de China como miembro del Banco Mundial.

La directa petición de Deng a McNamara es evidencia de la reflexión previa que se había elaborado en China sobre las alternativas de políticas para llevar a cabo la modernización. El Banco Mundial era, para ese momento, una institución que podía facilitar el conocimiento que requería China para reducir las brechas de desarrollo con las economías avanzadas. Tal era la importancia de la relación con el Banco Mundial, que Deng le indicó a McNamara que no tenía ninguna preferencia por la persona que asumiera la representación del banco en China, siempre y cuando fuera la mejor para el cargo.

Dado que no existían antecedentes de operaciones del Banco Mundial en China, era prioritario obtener rápidamente el mejor conocimiento posible. Para ello, el Banco Mundial envió en octubre de 1980 un equipo de 30 expertos que permanecieron en el país por tres meses para realizar un estudio detallado que permitiera identificar las políticas requeridas para las futuras operaciones del Banco Mundial. Este equipo de expertos estaba compuesto por especialistas de renombre mundial en distintas áreas del desarrollo de China. Un equipo contraparte de estos especialistas fue designado por el gobierno chino. El estudio resultante fue el más grande realizado por el Banco Mundial para la fecha. Los tres volúmenes del estudio estuvieron disponibles en marzo de 1981, y aprobados tres meses después por el directorio del Banco Mundial.

El énfasis de Deng por los nuevos requerimientos de formación en China, explica que el primer apoyo negociado con el Banco Mundial fue para una asistencia técnica en educación superior. También se iniciaron, con el patrocinio del Banco Mundial, diversos programas de formación para especialistas chinos en temas económicos, entre ellos uno con la Universidad de Oxford de un año de duración. Entre 1985 y 1995, cerca de 70 economistas chinos fueron formados en este programa, muchos de ellos tuvieron responsabilidades importantes en la gestión de la economía en los años subsiguientes.

Deng Xiaoping tenía muy clara la solicitud que le debía hacer a McNamara. Fundamentalmente porque Deng había meditado intensamente la estrategia de desarrollo para China y sabía que el Banco Mundial podía tener respuestas a sus preguntas. Y cuando se presentó la oportunidad lo expresó contundentemente. Le interesaba el Banco Mundial por las ideas que pudiera tener o por aquellas que pudiera contribuir a formular, no tanto por el monto de los recursos. Buenas lecciones para los gobernantes actuales o futuros de América Latina. Hay que saber lo que se quiere, y para ello hay que invertir tiempo y recursos en elaborar los requerimientos. El grado de desarrollo de China en las últimas décadas demuestra que vale la pena pensar primero. Y luego buscar a aquellos que pueden ayudar para que las ideas se conviertan en realidad. Definitivamente, no hay sustituto para imaginar primero.

Politemas, Tal Cual, 29 de marzo de 2023

Sin mediciones no habrá protección financiera de la salud

En 2030, de acuerdo con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no debe existir en ningún país un hogar en situación de gasto catastrófico en salud. Esto significa que en ningún hogar se debe pagar, con cargo a los ingresos mensuales de sus miembros, más del 10% en gastos de salud. En otras palabras, el gasto de bolsillo de los hogares no puede sobrepasar cada mes el 10% de los ingresos. Entonces, el gasto catastrófico en 2030 debería ser 0% en todos los países (ningún hogar gastaría más de 10% en salud de su bolsillo).

Este objetivo (conocido también como 3.8 de los ODS) tiene una importancia fundamental. Si no se garantiza que cada hogar esté protegido financieramente, obviamente no se puede esperar que las personas de ese hogar reciban la cantidad y calidad de los servicios de salud requeridos. Tan sencillo como eso. De manera que la protección financiera, es decir, que no exista gasto catastrófico en los niveles señalados, se convierte en un objetivo de políticas de salud de la mayor envergadura. De no cumplirse, no hay forma de que los ciudadanos obtengan las prestaciones de salud para tener una vida sana y productiva. La experiencia comparada señala que sólo fortaleciendo las fuentes públicas de financiamiento es posible alcanzar la mayor protección financiera y el mayor acceso a los servicios de salud.

Uno supone que un objetivo de tal importancia debería ser monitoreado periódicamente. Esto es, que las sociedades de cada país tuvieran acceso regular a la información necesaria para saber si se acercan al 0% de gasto catastrófico. La realidad, sin embargo, demuestra que no es tan fácil. La última información disponible para comparaciones internacionales del gasto catastrófico se encuentra en un informe conjunto de la OMS y el Banco Mundial publicado el 12 de diciembre de 2021. Este informe se publica cada dos años. Es decir, el próximo informe se publicará a finales del año en curso. No resulta muy compatible con la importancia de esta medición, que solo se pueda conocer cada dos años. Es demasiado tiempo para saber si las políticas de protección financiera en salud tienen impacto. Y, por supuesto, tomará más tiempo para implementar los correctivos. Mientras eso pasa, millones de personas pueden estar afectadas seriamente en el acceso a la protección financiera y a los servicios de salud.

Más impactante resulta cuando se revisan las cifras disponibles en el último informe señalado. En América Latina los países con mediciones más “recientes” de gasto catastrófico son Bolivia y Perú. Esas mediciones son del año 2019 (es decir, son mediciones pre-pandémicas), son casi obsoletas desde la perspectiva de diseño de políticas de salud. En Bolivia, de acuerdo con esa medición de 2019, el porcentaje de gasto catastrófico es 4,6; mientras que en Perú es 8,4 (ambas cifras muy superiores al 0% requerido, y sin contar los efectos de la pandemia). El extremo de la región es Honduras con la última medición reportada en 2004 (hace casi 20 años). Países como Paraguay, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, no tienen mediciones desde hace 10 años. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una medición en ese informe. Es muy directo suponer que, con mediciones tan desactualizadas, la calidad de las políticas de salud debe ser también muy limitada.

Uno también imagina que, en contextos de mayor institucionalidad para las políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, las mediciones de un indicador de esta relevancia deberían ser más regulares. Lamentablemente, no es así. El país de la Unión Europea con la medición más “reciente” de gasto catastrófico, en el informe señalado, es España en 2019 (correspondiente a 7,9% de la población). Hay países como Austria y Suecia que tienen más de 20 años sin mediciones de gasto catastrófico (reportada en el informe citado). Sólo cuatro países de la Unión Europea (España, Eslovenia, Bulgaria, y Chipre) tienen mediciones de gasto catastrófico en salud en los últimos cinco años. En los casos de Bulgaria y Chipre más del 20% de la población estaba en situación de gasto catastrófico para el momento de la medición. Tomando en cuenta los efectos de la pandemia es bastante evidente que la única forma de saber la magnitud de la población que está fuera de la protección financiera en los países de la Unión Europea es realizando mediciones. Si se han realizado estas mediciones y no están disponibles para comparaciones internacional es una cosa, más serio es que no se hayan realizado. Lamentablemente sólo lo sabremos a finales de este año cuando se publique el nuevo reporte de OMS y el Banco Mundial.

Ante esta ausencia notable de mediciones, una gran pregunta es si efectivamente es un objetivo asumido por los gobiernos que los países alcancen el nivel de 0% de gasto catastrófico requerido para 2030. No pareciera muy claro. Y esta situación abarca a áreas tan diferentes institucionalmente como América Latina y la Unión Europea. Se impone entonces una profunda reflexión sobre estas perspectivas, por una parte, y por la otra, la generación de mediciones regulares de gasto catastrófico. Solo con mediciones mensuales, obtenidas a través de sistemas de “tracking” basados en encuestas de hogares por muestreo, pueden los gobiernos conocer las variaciones en la población afectada por el gasto catastrófico, y diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para lograr la meta de 0% en 2030. De lo contrario, las magnitudes de la desprotección financiera serán desconocidas, con terribles consecuencias para los cientos de millones de hogares en la región. La cooperación de gobiernos, sectores privados, organismos de cooperación internacional, puede ser de extraordinaria significación en esta tarea. Se requiere medir, actuar, volver a medir, volver a actuar. Sin cesar.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2023