América Latina: futuro sin inversiones

En 2030 la población de América Latina aumentará en 100 millones de personas. Eso significa el equivalente a dos veces la población de Argentina o Colombia, poco menos de los habitantes de México o la mitad de Brasil. Tal incremento se suma a los déficits de atención ya existentes en educación, salud, servicios públicos, solo para nombrar algunas áreas. Si a ello agregamos las nuevas demandas para satisfacer este aumento poblacional, son evidentes los enormes retos que deberán afrontar las sociedades de la región. 

Para satisfacer estas previsiones, especialmente en un contexto cada vez más competitivo a escala global, se requieren al menos dos condiciones. En primer lugar, la institucionalidad que permita generar los consensos necesarios para acometer los objetivos de desarrollo. Nada más con imaginar el Estado de Derecho que se requiere para dirimir las diferencias en ese proceso, se tiene buena idea de las restricciones que hoy son casi generalizadas en los países de América Latina. A ello se debe sumar el crecimiento ordenado de las economías, así como las políticas orientadas a la creación de valor (con impacto directo en exportaciones). 

Estas condiciones deberían promover que la región se convierta en un polo de atracción de inversiones, especialmente las provenientes de otras zonas del mundo. La cantidad y calidad de esas inversiones serían entonces la palanca para crear nuevas empresas, o ampliar las existentes. Tales inversiones traerían aparejado un ritmo de crecimiento sostenible para las próximas décadas. Esa debería ser la idea. 

La realidad, sin embargo, marcha en otra dirección. De acuerdo con el último reporte de las inversiones en el mundo, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), América Latina pierde terreno en la captación de recursos internacionales. En 2018 la región experimentó una reducción de 6% en inversión extranjera directa con respecto al año anterior. Esta caída se aprecia especialmente en la inversión dirigida a la instalación de infraestructuras para producción de manufacturas o de nuevas oficinas para empresas. La mayoría de estas inversiones se han desplazado a países de Asia y África. 

El decrecimiento de las inversiones ha afectado a las grandes economías de América Latina. En el caso de Brasil la reducción alcanzó 9%. En Colombia la caída fue 20%. En Perú, a pesar del sostenido y alto crecimiento económico, la disminución de la inversión extranjera fue 9%. Argentina y México se mantuvieron en los niveles previos de inversión, lo cual es una demostración más bien de estancamiento. También Costa Rica y República Dominicana, caracterizadas por el dinamismo económico, registraron reducciones de inversión extranjera directa. 

América Latina entra entonces en la tercera década del siglo XXI mostrando poco atractivo para las inversiones, lo cual no es otra cosa que la expresión del agotamiento del modelo de producción en un mundo cada vez más caracterizado por la innovación en sociedades de conocimientos. Tales limitaciones agravan la situación concreta de cientos de millones de hogares. Sin inversiones no habrá bienestar. Y sin cambios en las visiones de nuestras sociedades, no habrá inversiones. Este círculo vicioso pende como extraordinaria restricción para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 19 de junio de 2019

La brecha de políticas: guía para la acción

El concepto de “brecha” tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el deporte se identifica el máximo registro alcanzado y se elaboran planes de entrenamiento para mejorar las marcas. La idea es que en la medida que se mejore el desempeño de deportistas (individuales o por equipos), se reduce la brecha con respecto a los campeones. En esa dinámica, por supuesto también puede pasar que los campeones logren ampliar la brecha porque consiguen mejores registros. Esto explica que en pruebas de velocidad, solo por citar un caso, los récords actuales hubieran sido inimaginables décadas atrás. 

De igual manera, empresas o universidades utilizan las brechas para superar su desempeño. Se identifica en determinado mercado o contexto de investigación a aquellos que tengan el mejor desempeño. Y a través del análisis de los métodos que utilizan, y en la aplicación de innovaciones, entonces puede esperarse que algunas empresas superen las ventas de otras, o que coloquen mejores productos a disposición de los consumidores. 

La brecha de políticas es un concepto menos utilizado. Lamentablemente, no está tan desarrollada la idea de que los gobiernos pueden, basados en acuerdos sociales, dirigir esfuerzos y recursos en la obtención de metas consideradas relevantes. A partir de la aprobación de las Metas del Milenio a finales del siglo pasado, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, existe una mayor preocupación por definir políticas públicas que apunten a metas específicas, y por ende, a la reducción de determinadas brechas. Sin embargo, queda mucho por hacer para incorporar el concepto de brecha en el seguimiento de las políticas públicas. 

Se puede tomar como ejemplo, la evolución de la tasa de mortalidad infantil. La disponibilidad de los registros por largos períodos permite examinar las tendencias de la brecha, y ofrece lecciones para el diseño e implementación de políticas. En 1920 el país con la menor tasa de mortalidad infantil registrada en el mundo (en la base de datos Gapminder) era Nueva Zelanda (51 muertes por cada 1000 nacidos vivos registrados, nvr)). Para ese año, el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina era Argentina, aproximadamente 2,4 veces la de Nueva Zelanda. 

En 1960 Suecia había desplazado a Nueva Zelanda como el país con la menor tasa de mortalidad infantil. En ese año la tasa de mortalidad infantil de Suecia fue 16,3 muertes por 1000 nvr, esto es, un tercio de la de Nueva Zelanda cuarenta años atrás. En América Latina, Cuba ha tenido la menor tasa de mortalidad infantil desde 1943. Sin embargo, en 1960 dicha tasa era 2,26 veces la de Suecia. En el caso de Haití, país con la mayor tasa de mortalidad infantil en la región en ese año, la diferencia era casi 12 veces con respecto a la de Suecia. 

En 2015, último año con registros comparables, la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo fue la de Luxemburgo (1,5 muertes por cada 1000 nvr), superando a Islandia que la había tenido en 2000. En América Latina, Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, aunque ha aumentado la brecha con respecto al país con menor registro (aproximadamente 30% de incremento con respecto a la brecha que tenía en 2000). Haití, por su parte, tenía en 2015 casi 35 veces más la tasa de mortalidad infantil de Luxemburgo. Esto significa que desde 1960 la brecha de mortalidad infantil de Haití se ha multiplicado por tres. 

Varias lecciones se pueden indicar a partir de este análisis. La primera de ellas es que el desempeño de los países varía en el tiempo. Justamente como producto de la calidad de las políticas que implementan. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda: pasó de ser el país puntero en 1920 al número 38 un siglo después. La segunda lección es que los países que logran incidir armónicamente en todos los factores asociados, en este caso, con la mortalidad infantil, logran mayores efectos en la reducción. Es por ello que no se puede citar solo un factor como el responsable en la reducción. Es la conjunción de las políticas lo que hace la diferencia. 

Lo anterior explica que países con diferencias sustantivas en términos del nivel de desarrollo tengan logros similares. Sin embargo, estos efectos tienen su tope. Es decir, no es posible alcanzar los menores niveles en la mortalidad infantil sin cambios sustantivos en el nivel de ingreso, y especialmente en la disponibilidad de tecnologías, que a su vez está influida por los recursos. Es por ello que los países de mejor desempeño tienden a tener sociedades con mayores capacidades en todos los aspectos. 

La aplicación del concepto de brechas de políticas permite identificar el tipo de logro, en término de las condiciones de vida de la población. Ahora bien, alcanzar la meta no es una acción esporádica, más bien es el producto de una estrategia a través del tiempo, muchas veces compartida por diferentes gobiernos. La utilización de la brecha existente para identificar las medidas que permitan reducirla, es decir, las políticas públicas, es clave para generar la consistencia de esos procesos. Es posible imaginar entonces que el país con la menor tasa de mortalidad infantil deberá contar con instituciones adecuadas, crecimiento económico de calidad, servicios de salud de alto desempeño, disponibilidad de tecnologías, entre otros factores. El diseño e implementación de políticas públicas en cada uno de esos ámbitos es lo que hará la diferencia en calidad de vida de los ciudadanos. De allí que medir la brecha con respecto a los mejores, es el primer paso para contar con políticas públicas más efectivas en la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2019

Dificultades para eliminar el sarampión

Con todos los avances que se han experimentado en la organización de sistemas de salud en el mundo, cuesta muchas veces entender que problemas aparentemente sencillos de resolver sigan ocasionando efectos, incluso fatales. Un caso que ilustra esta situación es el sarampión. El hecho de que esté disponible una vacuna, de gran calidad por la efectividad y seguridad, y también de bajo costo, permite imaginar que es posible eliminar la enfermedad, esto es, que ninguna persona la padezca.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la eliminación de la enfermedad para el año 2020. Es decir, en poco más de seis meses en el mundo se debería haber eliminado el sarampión. Un indicio de que ello era posible fue la disminución de muertes por sarampión desde 2000, al pasar de medio millón a casi 90 mil en 2016. Sin embargo, esto significa que hasta hace menos de tres años todavía ocurrían casi 250 muertes diarias por esta causa a escala global. Parece difícil pensar en la eliminación con esa cifra de muertes como referencia. 

Las cifras disponibles en el último reporte de OMS (mayo 2019), indican que la eliminación tiene muy pocas posibilidades de ocurrir en 2020. El número de casos confirmados hasta abril en todo el mundo es casi 170 mil, lo cual representa tres veces más el número de casos confirmados para el mismo período de 2018. Por otra parte, los casos de sarampión se están reportando en todas las regiones de la OMS. 

También indican los registros que los casos ocurren tanto en países con sistemas de salud de bajo desempeño como en los países con mayores avances. Por ejemplo, al menos diez países europeos tienen un tercio de los casos a escala global, entre ellos, Alemania, Italia, Francia. En los Estados Unidos se han reportado más de 700 casos en los primeros meses de 2019. En América, se han confirmado casos de sarampión en doce países en 2019. De especial relevancia es el número de casos confirmados entre Colombia, Brasil y Venezuela, cerca de 16 mil entre 2018 y 2019. Las muertes por sarampión han ocurrido solamente en Brasil y Venezuela. 

El caso del sarampión ilustra con claridad que no es suficiente la disponibilidad de una vacuna para eliminar una enfermedad. Es mucho más complejo que eso. En primer lugar, porque la utilización del tratamiento para alcanzar la cobertura universal requiere el desempeño adecuado del sistema de salud, tanto en los procesos de gestión como en las capacidades de los recursos humanos y de los servicios. En segundo lugar, porque la información que reciben las personas sobre los tratamientos (o la ausencia de ella) influye en las pautas personales o familiares de prevención. Por ejemplo, el rechazo de grupos sociales en algunos países a la administración de vacunas ha conllevado a la disminución de las coberturas. Esta es la situación que se ha presentado en algunos países europeos y en Estados Unidos. En este último país han debido intervenir jueces para ordenar la vacunación en la población renuente a la administración. 

Alcanzar la cobertura universal de salud, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, supondrá, en consecuencia, mucho más que intervenciones específicas en el ámbito de los servicios. Deberá ser más bien una estrategia que incluya, entre otros aspectos, amplia información a los ciudadanos y la conformación de alianzas con múltiples organizaciones sociales. La eliminación del sarampión puede convertirse en una tarea que ayude a destacar algunos de los aprendizajes requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2019

La brecha de diversificación económica en América Latina

En la próxima década América Latina confrontará un extraordinario reto. La región avanzará en la transición demográfica, es decir, aumentará la proporción de personas con edades superiores a los 65 años. Esto significa que los servicios sociales deberán adaptarse a personas que vivirán más tiempo, y por ende, tendrán mayores requerimientos de protección social. Este proceso marchará en paralelo con el incremento de la población en aproximadamente 100 millones de personas en el período, para alcanzar en 2030 una población total de poco más de 700 millones de habitantes. 

Este profundo cambio en la organización de las sociedades requerirá mayores recursos fiscales. Ya algunos países deben dedicar a la atención es salud, solo por mencionar un área de protección social, casi el 10% del PIB. Solo hay que imaginar los efectos en los requerimientos de recursos que traerán los cambios señalados. Es crítico, entonces, conocer las previsiones sobre la capacidad de las economías de la región para contar, de manera sostenible, con los recursos necesarios para esta mayor demanda de servicios. 

La experiencia comparada indica que los países que alcanzan niveles sostenibles de crecimiento económico, lo hacen porque producen de forma diversificada. Esto es, fortalecen las capacidades para producir distintos tipos de bienes, con mayores niveles de sofisticación. Esta idea no es nueva. Más bien está en el centro de las preocupaciones de Adam Smith al analizar la riqueza de las naciones hace más de dos siglos. Según Smith, aquellos países que lograran ampliar sus capacidades, a través de lo que denominó “cantidad de ciencia”, serían los que alcanzarían el mayor nivel de riqueza. Por cierto, también Smith destacaba que en esta tarea era muy importante contar con sociedades “bien gobernadas”. 

Desde esta perspectiva, es fundamental conocer el desempeño de las economías de la región con respecto a la diversificación. Tanto el MIT como la Universidad de Harvard realizan mediciones de la “complejidad económica” de cada país. En la medida que exista más complejidad económica en un país dado, eso significa que la diversificación de la producción es mayor, especialmente porque los productos elaborados serán requeridos en otros países. Es decir, la capacidad de exportar es una expresión de la producción de valor agregado. Las mediciones indicadas están actualmente disponibles en internet, con datos de los últimos cincuenta años (en el caso del MIT), y de poco más de veinte años en la Universidad de Harvard. Ambas mediciones coinciden en estimar que Japón y Suiza son las economías de mayor complejidad en el mundo. 

Según el Observatorio de Complejidad Económica (MIT), a finales de los años sesenta del siglo pasado, siete países de América Latina (sobre un total de 20) tenían mediciones positivas de complejidad económica, esto es, contaban con mayor diversidad de capacidades para producir que el promedio de los países del mundo. Casi cincuenta años después (2017), el número de países aumentó muy discretamente, a ocho. Cuatro países (México, Panamá, Costa Rica, Uruguay) se mantuvieron en el grupo con mayor diversificación económica en el período, aunque los tres últimos presentaron menores índices de complejidad en la última medición. México es el único país de la región con un índice superior a 1 (Japón tenía 2,30 en 2017). Brasil, Argentina, Colombia, Chile han ingresado en el grupo de las economías de mayor complejidad, aunque en los dos últimos países con valores muy discretamente positivos. 

Entre los países con menor complejidad económica se puede observar que Ecuador y Bolivia ocupan los lugares más bajos en la comparación con la región. En la medida que los países tienden a concentrarse en pocos productos de exportación (por ejemplo, petróleo o minería), en esa misma proporción disminuyen las posibilidades de alcanzar sostenibilidad en el crecimiento, y por ende, en la satisfacción de los requerimientos de recursos para niveles más exigentes de producción y de prestación de servicios. 

Para más de la mitad de los países de América Latina, la interacción en un mundo de mayor complejidad económica está muy distante. Para aquellos que han mostrado niveles discretos de mejoras, las exigencias se harán mayores si decrece el crecimiento mundial y se sustituyen mercados con nuevas tecnologías o con arreglos productivos en otras áreas del mundo como Asia y África. Esto implica que los acuerdos de gobiernos, sectores productivos, universidades, para promover economías de mayor complejidad, es una tarea de primer orden, son pena de que la región no pueda generar los nuevos espacios productivos que facilita el avance de las tecnologías y la sociedad del conocimiento. Pareciera que al ritmo actual, aumentar “la cantidad de ciencia” de la cual hablaba Adam Smith, será inviable en la mayor parte de la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de mayo de 2019

La brecha de estabilidad política en América Latina

Los estimados más recientes de organismos internacionales indican que la prosperidad económica en los países de América Latina luce comprometida para los próximos años. No es solamente que el crecimiento pareciera ser menor que lo esperado, también está en duda la capacidad de diversificación de las economías. De manera especial, las economías de mayor tamaño (Brasil, Argentina, México), confrontan significativas restricciones, especialmente en la arena política. Es por ello que la vinculación entre lo que suceda en los ámbitos político y económico es un tema de creciente relevancia en la región.

Para el año 2030 América Latina tendrá un poco más de 700 millones de habitantes. Esto significa que en la próxima década aumentará la población en alrededor de 100 millones de personas. La forma de resolver la vinculación entre la política y la economía marcará la vida de la próxima generación de latinoamericanos. Esta relación es directa pero muchas veces no tan evidente. Los países requieren estabilidad política para que el crecimiento económico y la diversificación se puedan consolidar. Pero también requieren que las economías progresen para que la estabilidad política se fortalezca. No son procesos consecutivos, sino paralelos. Se trata de avanzar en ambos componentes del desarrollo, al mismo tiempo, y con profundidad.

No es fácil comparar la estabilidad política. A diferencia de otras dimensiones cuantificables, la gobernabilidad, en general, tiene mucho de percepción, de las dimensiones que tienen impacto en la toma de decisiones y en la opinión de los actores sociales. El Banco Mundial ha realizado el seguimiento de la gobernabilidad desde 1996. Para ello utiliza diversas fuentes de datos en los países, desde encuestas de personas y empresas, hasta información proveniente de organismos especializados, nacionales o internacionales. La metodología de análisis y los respectivos datos se encuentran disponibles en el sitio web: “Worldwide Governance Indicators”, con lo cual se pueden realizar comparaciones entre países o grupos de países.

De acuerdo con esta base de datos, en 2017 (año de la información más reciente), en doce países de América Latina (sobre un total de 20), la estabilidad política (incluyendo los riesgos de violencia y terrorismo) tenía una percepción negativa. A esto habría que agregar que en el último año (2018) se han complicado las situaciones en Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela, Haití. El país con la mejor medición de estabilidad política para ese año era Uruguay. Cuando se compara la evolución de la estabilidad desde 1996, se puede constatar que las mejoras son muy discretas. En ese año, 14 países de la región tenían una valoración negativa con respecto a la estabilidad política.

Para tener una idea más precisa de las dimensiones de la brecha de estabilidad política que tiene la región, se puede comparar con los valores de los 19 países de la Zona Euro. En este caso, en 1996 todos los países tenían valoraciones positivas de la estabilidad política. En 2017, solo Grecia tenía una valoración negativa. Lo cual es demostrativo de que la estabilidad política es un resultado de acuerdos sociales y prácticas de gobierno. En la medida que las sociedades y los gobiernos asignan prioridad a contar con un marco de relaciones políticas y electorales basadas en instituciones, así como en el rechazo a la violencia y el terrorismo, se consolida el impacto en la gobernabilidad.

Que América Latina esté a punto de comenzar la tercera década del milenio, a pocos años de 2030, en grandes restricciones para la diversificación económica, ya es una mala noticia. Pero que también esté confrontando severas limitaciones de la estabilidad política, empeora las perspectivas. Las grandes exigencias que tiene la región para las próximas décadas solo pueden alcanzarse con acuerdos sostenibles tanto en lo político como en lo económico, so pena de que las capacidades para generar bienestar para la población actual y la que se incorporará en los próximos años, se vean también limitadas. En la medida que la estabilidad política y la diversificación económica no sean tomadas en cuenta en los acuerdos de los países, se afectarán significativamente las posibilidades de alcanzar el desarrollo sostenible en la región. Esperemos que los liderazgos de las sociedades estén a la altura del desafío.

Politemas, Tal Cual, 1 de mayo de 2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la lista a las políticas

En 2030 todos los países del mundo deberán tener mejores condiciones para el desarrollo sostenible. Esa es la premisa bajo la cual han sido aprobados y reconocidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde el año 2015. Estos objetivos, divididos en 17 áreas, constituyen la referencia de gobiernos y organismos internacionales para las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para alcanzar lo propuesto. En cada una de las áreas de objetivos se han establecidos metas, unas específicas y otras no tanto, que permiten que se haga el seguimiento. 

Asumamos que todos aquellos grupos o instancias interesadas en promover el cumplimiento de los ODS se disponen a tomar las previsiones para alcanzarlos. Y para ello examinan en detalle cada una de las áreas señaladas. Lo primero que se puede notar es que los ODS están colocados en una lista (del número 1 al 17). La utilización de una lista tiene valor práctico. Indica que allí están contenidos los aspectos de mayor relevancia. La presentación de una lista también puede indicar que cada uno de los elementos tiene igual relevancia. Sin embargo, también sabemos que en una lista se colocan en primer lugar algunos elementos y otros se colocan posteriormente. De manera que no es tan cierto que todos los elementos tienen similar connotación. En otras palabras, el orden en la lista también tiene importancia. 

En los primeros ocho ODS, el criterio corresponde a aquellas condiciones que deben ser mejoradas para que el desarrollo sea efectivamente sostenible y llegue a todas las personas en todos los países. El primero de los ODS es eliminar la pobreza, lo cual debe ser uno de los aspectos que cuenta con un amplio consenso. Y así sucesivamente se señalan otros ODS, entre los cuales se incluye desde la seguridad alimentaria hasta la energía para todos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos primeros ocho ODS? Aparte del hecho relevante de que expresan demandas muy significativas en el ámbito global, el cumplimiento de cada uno de estos ocho ODS supone que la sociedad de cada uno de los países tiene los recursos necesarios y suficientes para tal fin. Lo cual, por supuesto, es altamente deseable. Pero, estar de acuerdo en la satisfacción de una demanda o necesidad no significa que la sociedad tenga los recursos para garantizarla. Se requiere que esos recursos estén disponibles. Y para que estén disponibles es fundamental que se tomen decisiones que afectan la producción de valor en cada país. Es decir, no es posible garantizar los recursos si previamente no se ha afectado la forma en la que la sociedad genera los recursos. 

Este aspecto, la producción de valor, aparece en el ODS número 9, cuando se señala que se deberá promover la “industrialización sostenible” y la innovación. El lugar en el que está colocado este ODS no expresa realmente la importancia que tiene. Es decir, no se refleja en los ODS que la producción de valor sea una condición previa para la garantía de los otros ODS. De hecho, del total de 17 ODS, solo uno está relacionado con la producción de valor y el ingreso suficiente para que los otros ODS sean alcanzados. De allí que pudiera quedar la impresión, especialmente desde el ámbito de la gestión pública, que la mera concentración en el resto de los ODS será suficiente. Más bien puede pasar todo lo contrario, esto es, que los países, y especialmente, los gobiernos, no puedan asignar los recursos requeridos, fundamentalmente porque no han sido creados. La aspiración de los ODS puede terminar generando una mayor frustración. 

No es lo mismo, entonces, enunciar una lista de ODS que proponer un marco de referencia en el cual se indiquen condiciones previas que deben alcanzarse. Entre estas condiciones previas, existen dos de especial consideración. La primera es el marco institucional en el cual los países toman decisiones, es decir, las reglas que permiten acordar objetivos de desarrollo. Este aspecto está involucrado en el ODS 16, pero al ser presentado dentro de una lista general no se puede apreciar cabalmente. La segunda condición previa es la relacionada con el tipo de producción que se requiere en la casi tercera década del siglo XXI, justamente la que está asociada con la generación de tecnologías de la mayor sofisticación. Este aspecto no se encuentra desarrollado en los ODS de manera que permita asociar la creación de valor con la generación de los recursos que se requieren para satisfacer los otros ODS. En resumen, tanto los aspectos institucionales como la generación de valor son condicionantes que deber ser tomados en cuenta en esta perspectiva. 

En los próximos años, la implementación de políticas para alcanzar los ODS en 2030 adquirirá mayor relevancia. Distinguir que el centro de la acción pública está fundamentalmente en la generación de un nuevo modelo de producción en el que se enfatice la creación de valor, especialmente compatible con la sociedad del conocimiento, será quizás la mayor diferencia. Continuar con la ejecución de políticas en las cuales se intente mejorar las condiciones de vida sin modificar la producción de valor, será la forma de mantener, e incluso ampliar, el rezago de los países de América Latina con respecto a los países de mayor desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 17 de abril de 2019

Dimensiones de la debacle del sistema eléctrico

Los venezolanos sufrieron en el mes de marzo las peores manifestaciones de lo que significa un país sin servicio de electricidad. Esta situación ha causado el mayor sufrimiento directo de familias y comunidades. Ya desde finales del siglo XIX, la cobertura del servicio eléctrico no solo ha sido expresión de bienestar de las personas. También es un símbolo de la capacidad de los países para enfrentar todas las áreas de la vida económica y social. Sin electricidad no existe prácticamente ninguna manifestación de bienestar. Podría decirse que el símbolo del atraso de una sociedad es justamente no tener servicio permanente y adecuado de electricidad. En consecuencia, el hecho de que los venezolanos hayan tenido en el último mes cientos de horas sin electricidad es la mayor expresión del rezago de desarrollo que experimenta el país.

La crisis del sistema eléctrico del último mes, se suma al deterioro sistemático que ha experimentado el servicio en la última década, especialmente en ciudades diferentes a Caracas en las cuales los apagones son parte de la rutina diaria. Es decir, ya desde hace una década, disponer de la conexión eléctrica respectiva en cada vivienda dejó de ser sinónimo de contar con el servicio. En América Latina, según el Banco Mundial, el 3% de la población no tiene conexión eléctrica en la vivienda, es decir, aproximadamente 20 millones de personas. A ese número habría que agregar ahora los casi 30 millones de venezolanos que no tienen ninguna certeza de disponer del servicio.

En 1992, Venezuela era el país de América Latina que se encontraba más cerca de alcanzar el 100% de cobertura de servicio eléctrico. Ese año Venezuela desplazó del primer lugar a Costa Rica al reportar 97,8% de población cubierta con electricidad. Sin embargo, esa meta del 100% de cobertura, estándar en los países de la Unión Europea, se ha vuelto cada vez más distante para los venezolanos. En la práctica, el 100% de cobertura eléctrica ya se ha alcanzado en ocho de los veinte países de la región.

El hecho de que los venezolanos contemplen con la mayor angustia posible la incertidumbre sobre el servicio eléctrico, no es azaroso. Es más bien, el resultado de erradas políticas. Una de las cuales es la relacionada con el servicio eléctrico, pero no la única. Es más bien todo un enfoque de lo que significa gobernar, la contradicción con la noción de buen gobierno. Además, no es solamente la consecuencia desastrosa de no tener cobertura eléctrica, sino el efecto en otros servicios, tales como agua, saneamiento y telecomunicaciones, solo por citar unos pocos.

Queda muy claro, entonces, que el objetivo en la gerencia del servicio eléctrico en las últimas dos décadas no era garantizar el suministro de electricidad a las incubadoras con recién nacidos, ni en las salas de terapia intensiva, ni en los hospitales, escuelas, aeropuertos, campos deportivos, salas de teatro, fábricas, universidades, ni en ningún sitio de actividad humana. Ese no era el objetivo. Eran otros objetivos. En la búsqueda de esos otros objetivos se ha convertido al país, con una de las mayores coberturas de electricidad en la región, en una total calamidad. Es un ejemplo dramático de la antítesis de un gobierno, esto es, instituciones y servicios dedicados a proteger a las personas, a prestar servicios de calidad, a aumentar el bienestar y el progreso.

Politemas, Tal Cual, 3 de abril de 2019

Los compromisos de Ramón Espinasa

Como a muchos, la noticia del fallecimiento de Ramón Espinasa me conmovió profundamente. En esos segundos en los que se intenta tener dimensiones de la pérdida, pasaron por la mente muchos momentos compartidos con Ramón. A medida que pasan los días, aumenta la convicción de que sus aportes personales y profesionales se irán valorando más. En mi caso, he recordado insistentemente en estos días las oportunidades en las que tuve la grata experiencia de conversar con él a lo largo de casi treinta años de amistad. A pesar de que no nos vimos en estos últimos años, guardo esos encuentros con especial valoración. 

Supe de Ramón por lecturas, antes de conocerlo personalmente. En los ochenta, escribía con cierta frecuencia en la Revista SIC. Muchos de esos trabajos se convirtieron en referencias para la discusión política y petrolera de aquellos tiempos. Ramón le daba a esos trabajos una especial significación, quizás porque lo llevaban a una arena más complicada como era el mundo político. Sin embargo, creo que percibía que sus escritos podían ser de utilidad para ampliar el radio de acción de la discusión, y, especialmente, para impulsar la construcción de acuerdos. 

La primera contribución de Ramón en la Revista SIC fue a finales de 1979, a los 27 años de edad. Es un análisis sobre la política económica del primer año del gobierno de Herrera Campins. Más que los contenidos de ese trabajo, me interesa indicar la pregunta final que formuló en el último párrafo: ¿con quién es el compromiso? Se refiere, claro está, a las políticas de la época pero utiliza dos palabras que fueron siempre muy importantes para él: las personas concretas (“¿cón quién?”) y “compromiso”. A lo largo de su vida, Ramón fue consecuente con esas palabras, demostró incesantemente compromisos con personas y con ideas. 

Ramón estaba ante todo comprometido con su familia y con sus amigos. Lo primero que aparecía en la agenda de temas era compartir sobre las circunstancias de la vida personal y cómo iban cambiando con el paso del tiempo. Por eso compartíamos lo que hacíamos, los próximos retos, sobre nuestras familias. Cuando nos veíamos fuera del país, invariablemente preguntaba sobre amigos comunes, quería saber qué estaban haciendo, cómo les iba. Antes de las redes sociales, Ramón se encargaba de conectar personas entre sí, porque intuía que podría ser de mutuo beneficio. Por ese rasgo de personalidad fue creando una inmensa red de amigos a lo largo del tiempo. Cuando venía a Venezuela le faltaba el tiempo para pasar revista con ellos, y cuando recibía visitas en el exterior siempre buscaba un espacio para conversar y compartir. Además, tenía un “arma secreta”, usaba mucho la palabra “chamo” para saludar y despedirse. Antes yo le valoraba mucho esa costumbre, ahora mucho más. 

En los testimonios de los últimos días, muchas personas se han referido a Ramón como mentor, guía, referencia en su vida profesional o académica. Estudiantes de los noventa, se han expresado sobre Ramón en un tono de cercanía y admiración. Era una atracción en los foros públicos, por su capacidad de comunicar, por la rigurosidad de sus argumentos. Fue un comprometido con la vida académica, tanto en el desarrollo de su carrera como experto en petróleo y gas en el ámbito internacional, como por su dedicación a la formación de las nuevas promociones dentro y fuera del país. Sus contribuciones en múltiples publicaciones académicas, individualmente, o como coordinador o miembro de equipos, es un acervo de primer orden en los temas a los cuales se dedicó sistemáticamente. 

También Ramón se dedicó con pasión a pensar las políticas públicas requeridas para el sector petrolero de Venezuela. Fue un compromiso de varias décadas. No solamente por su destacada carrera en la cual llegó a desempeñarse desde 1992 a 1999 como Economista Jefe de PDVSA, sino por su contribución, en informes técnicos, propuestas, artículos académicos, a la elaboración de una nueva visión del sector petrolero para el país. En el portal Prodavinci publicó a finales del año pasado un ensayo sobre las lecciones y propuestas para reconstruir el sector petrolero de Venezuela, a 75 años de los acuerdos de 1943. Si en algo fue persistente Ramón, fue en la necesidad de adaptar las políticas a las nuevas situaciones, tratando de vislumbrar diferentes opciones a la luz de las enseñanzas internacionales. Su participación en múltiples esfuerzos para pensar esa nueva política fue una de sus grandes preocupaciones en estos años. 

El compromiso de Ramón con el futuro del país fue permanente. Ya en el mencionado trabajo publicado en SIC en 1979, destacaba: “Venezuela ha vivido a expensas de la riqueza petrolera. Pero esta riqueza no se ha transformado en riqueza real.” Más adelante escribió una frase que no puede tener más pertinencia en la actualidad: “Una política económica alternativa debe tener como objetivo central desarrollar la capacidad productiva de los venezolanos”. Sin ninguna duda, Ramón Espinasa dedicó su vida a trabajar incesantemente por mejorar la capacidad productiva de los venezolanos. Su aporte al conocimiento del sector petrolero es una de sus grandes contribuciones en esa dirección. 

En estos días que el país experimenta tremendas crisis, los aportes de Ramón seguirán siendo de especial relevancia. Lamentablemente ya no está con nosotros, pero su cercanía como persona, académico y profesional, serán estímulos para poner en marcha el país de futuro que él ha ayudado a visualizar. Para mí fue un inmenso privilegio haber compartido su amistad. Es sin dudas una gran referencia para seguir adelante. Es bueno que sepas, “chamo”, que te vamos a tener siempre presente.

Politemas, Tal Cual, 27 de marzo de 2019

Referencias para construir el futuro

Los venezolanos viven horas de gran angustia e incertidumbre. Los efectos del apagón del 7 de marzo seguirán presentes en las próximas semanas y meses, especialmente por la inestabilidad del servicio eléctrico, agregado a las restricciones de agua y saneamiento, y telecomunicaciones. Estas limitaciones se suman a las que existían antes del apagón. Hay zonas del país en las que las restricciones de servicios llevan varios años. Esta situación, ya bastante crítica, se sobrepone a la destrucción sistemática de capacidad productiva derivada de la hiperinflación que ya alcanzó 16 meses. Si a todas estas penurias se añade la situación política, no resulta difícil explicar las condiciones tan adversas que enfrenta la sociedad. 

En estas circunstancias, el futuro de las familias venezolanas queda reducido a lo que pueda pasar en la siguiente hora, o en el próximo día. Mucho menos pensar en la próxima semana o en el próximo mes. La paradoja es que en la medida que los tiempos del futuro sean más cortos, en esa misma medida el futuro se hace menos sostenible. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo han hecho otros países en circunstancias parecidas?, ¿cómo se han aproximado a identificar los rasgos de un mejor futuro? Es necesario encontrar esas pistas, so pena de que el futuro siga siendo de muy corto plazo. 

Una primera referencia, a finales del siglo XIX, fue Japón. Para esa época, la élite política japonesa, con el Emperador a la cabeza, tenía la convicción de que el país estaba aislado, resultaba lejano para el resto del mundo, y, además, al margen de los progresos que la industrialización estaba facilitando en Estados Unidos y Europa. Decidieron entre 1871 y 1873 enviar emisarios a conocer lo que estaba pasando en los países de mayor interés. Por ello se realizó la Misión Iwakura, llamada así por el diplomático que la dirigió. En poco menos de dos años viajaron a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Rusia, Alemania, Prusia, Dinamarca, Suecia, Bavaria, Austria, Italia, Suiza. En el viaje de regreso también estuvieron en otros países de África y Asia. Producto de lo que vieron en esos países, especialmente el efecto que tenía el proceso de industrialización en el modo de vida, escribieron un reporte muy detallado que fue el fundamento para los cambios que Japón implementó para convertirse en una de las economías más industrializadas del mundo en el siglo XX. 

La segunda referencia es más cercana en el tiempo. Luego de la Revolución Cultural en China, las perspectivas para el progreso no podían ser menos atractivas. Prácticamente habían desaparecido universidades y centros de tecnología, la economía estaba empobrecida. El fallecimiento de Mao Tse Tung, abrió la posibilidad para introducir cambios manteniendo un sistema político cerrado y autoritario. Los cambios se visualizaban más en la dinámica económica y en la inserción de China en la globalización. 

En 1978, incorporado Deng Xiaoping al gobierno de Hua Guofeng, se realizaron cuatro viajes con delegaciones de alto nivel a aquellos países que el liderazgo chino consideraba que eran experiencias que debían ser conocidas en profundidad. Los primeros viajes se realizaron a Rumania y Yugoeslavia, en Europa Oriental, a Hong Kong y a Japón. El viaje de mayor influencia fue a Europa Occidental (Alemania, Suiza, Francia, Dinamarca y Bélgica). El desarrollo de las empresas y los efectos de la tecnología en las sociedades europeas occidentales, fue de gran impacto para los funcionarios chinos. A su regreso, elaboraron reportes que fueron la base de los cambios que comenzaron a ponerse en práctica a finales de 1978 y que marcaron el rumbo de la gran transformación de China en los siguientes cuarenta años. Hoy sabemos que los países seleccionados para esos viajes, estaban entre las economías con mayor complejidad en el mundo, esto es, de mayor diversidad para producir. 

En un resumen del efecto que los cuatro viajes habían tenido para visualizar la brecha de la sociedad china en el mundo, Deng Xiaoping señaló: “el punto central es: debemos reconocer que estamos rezagados, que muchas de las maneras de hacer las cosas son inapropiadas, que necesitamos cambiar.” Los venezolanos de hoy no tienen que viajar a ninguna parte para estar de acuerdo con esa frase. Pero si es importante colocar el punto de partida: estamos rezagados, necesitamos cambiar. Ahora bien, ¿en qué dirección?, ¿qué tipo de cambios hay que introducir? 

Ya terminando la segunda década del siglo XXI, las experiencias concretas están más a nuestro alcance. La información es mayor y la capacidad de análisis también. Las sociedades que tienen mayor diversidad productiva, es decir, que son más sostenibles, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica del MIT y del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard son: Japón, Suiza, Alemania, Singapur, Suecia, Corea del Sur, Estados Unidos, Finlandia, República Checa, Austria. Alcanzar un futuro mejor para los venezolanos de ahora y de los próximos años, requiere un esfuerzo sistemático para aprender de estos países, por identificar lo que puede funcionar en nuestro contexto, y lo que puede aplicarse con modificaciones, y también lo que es inadecuado. Para que el futuro deje de ser de incertidumbre y angustias, debemos esforzarnos por apuntar a metas que hoy pueden parecer lejanas pero que son las que irán requiriendo que avancemos con más efectividad. El futuro lo debemos empezar a construir ahora.

Politemas, Tal Cual, 20 de marzo de 2019

Apagón total

En los últimos diez años la sociedad venezolana ha vivido con la angustia de que en cualquier momento se iba a producir un “gran apagón”. Los equipos técnicos del país especializados en el sistema eléctrico, lo habían reiterado de manera sistemática. Hay que recordar que Venezuela llegó a contar con uno de los sistemas eléctricos más desarrollados de la región, y también más allá. La angustia se convirtió en realidad el pasado jueves 7 de marzo al producirse el apagón eléctrico que ha alcanzado al momento casi 100 horas en algunas áreas del país. 

José María de Viana (@josedeviana), uno de los más competentes gerentes públicos con los que cuenta afortunadamente el país, lo ha dicho con todas sus letras. Ha expresado, José Mari, que el apagón de la semana pasada constituye, la tragedia civil más grande en la historia del país, y probablemente en la historia, tanto por la duración como por la población afectada. La lenta recuperación del servicio eléctrico, expresión de las limitaciones en las que se ha funcionado en los últimos años, agrava los efectos en personas y familias. 

La ausencia de electricidad por tiempo tan prolongado en servicios fundamentales como los de salud, agua, transporte, acceso a alimentos, entre otros, no hace sino empeorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los venezolanos en los últimos años. Especialmente en servicios críticos para la vida, como los de salud, la sociedad ha visto el profesionalismo y desprendimiento de miles de personas que laboran en nuestros centros públicos y privados. 

El hecho de que no se haya recuperado el servicio eléctrico en partes del país, indica que los efectos inmediatos del apagón todavía están presentes. Sin embargo, luego de superada esta primera contingencia, empezarán los problemas de corto plazo. Esto es, las fallas en el servicio eléctrico debidas a que los equipos no están en condiciones de funcionar adecuadamente, y también las restricciones aún mayores de los servicios de agua y saneamiento, sumadas a las deficiencias de las telecomunicaciones. Los riesgos de epidemias por las carencias de agua y saneamiento bastan para ilustrar las dimensiones de la tragedia civil que puede avanzar. 

Estas son las evidencias del “apagón” que podemos ver. La electricidad es muy útil para ilustrar. Se tiene o no se tiene. No hay medias tintas. Las personas o las comunidades cuentan con electricidad o no. Tan sencillo como esto. Pero hay otras áreas en las cuales el “apagón” se presenta en gradientes. Se comienza con el aumento de casos de malaria y se termina con la peor epidemia en la historia del país. Se inicia con una reducción de coberturas de vacunaciones y se finaliza con epidemias de sarampión y difteria, y decenas de muertes por esas causas. Se empieza con una reducción en la cobertura de servicios materno-infantiles, y se alcanza uno de los mayores aumentos en la razón de mortalidad materna en América Latina. Es decir, hay “apagones” que evolucionan de manera no tan evidente, pero que indican al final la pérdida significativa de condiciones de vida. 

Y el peor “apagón” es justamente aquel que nos separa del futuro. Comienza con la migración de empresas, sigue con el cierre de muchas de ellas, luego con el desplazamiento de trabajadores a otros países, y continúa con la pérdida de talento en las universidades. Este apagón evoluciona de manera menos abrupta, pero también es expresión de la pérdida de capacidades de todo el país. 

Es por ello que la sociedad venezolana hoy experimenta un apagón total. No es irreversible, pero cada día que pase las consecuencias son peores. Es un apagón total, es bueno tenerlo siempre presente, derivado de pésimas políticas públicas, originadas en colocar la ideología por encima de las realidades, y de la total incompetencia en el manejo del gobierno. El gran reto es superar este apagón total para convertirnos en una sociedad de conocimientos, basada en la capacidad de crear bienestar y nuevas riquezas. Ojalá este gran apagón contribuya a alumbrar un nuevo sendero para todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 13 de marzo de 2019