El silencio de Lula ante el desarrollo sostenible

La relevancia de Brasil en el contexto internacional es un hecho incontrovertible. Tanto por la significación política que proviene de ser uno de los países más grandes y poblados del mundo, como por la inmensa importancia para el equilibrio ambiental global. De manera que la visión y acciones de los gobiernos brasileños, para bien o para mal, pueden tener influencia en otros ámbitos, especialmente en otros países de América Latina.

El inicio del nuevo gobierno en Brasil, encabezado por el presidente Lula, a principios de este año, era una buena oportunidad para establecer las líneas de la gestión, y enmarcarlas en el espacio más amplio del desarrollo internacional. Y dentro de esta perspectiva, en principio, no existe mayor reto que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. El discurso de toma de posesión del presidente Lula era un momento ideal para indicar los lineamientos de las políticas del nuevo gobierno brasileño sobre el desarrollo sostenible,

Lo cierto del caso es que el presidente Lula no mencionó ni siquiera una vez al desarrollo sostenible en su discurso de toma de posesión. Tampoco señaló ningún comentario sobre los ODS. Vale preguntarse sobre las razones para que uno de los países con mayor presencia internacional de América Latina opte por el silencio (al menos de su presidente) ante un tema de la envergadura actual y futura como el desarrollo sostenible.

Una primera hipótesis es que los asesores del presidente Lula decidieron no incorporar el tema en el discurso inaugural. Es poco probable que esta exclusión se debiera a desconocimiento. Un tema de esta importancia forma parte de los conceptos y prácticas de una burocracia tan experimentada como la brasileña. Quizás más bien se debe a que no se consideró que era conveniente vincular la gestión del gobierno al cumplimiento de los ODS. Porque eso implicaba establecer metas concretas para el período de la gestión del presidente Lula. Obviamente, esto significaba comprometerse ante la opinión pública nacional e internacional. Resultaba más flexible no vincular la gestión con estos objetivos tan específicos. La segunda hipótesis es que estas menciones fueran inicialmente incluidas por el equipo de asesores, y que el presidente Lula decidiera eliminarlas de su discurso, por las mismas razones señaladas. Lo cierto del caso, en cualquiera de las opciones, es que el resultado final fue la exclusión de las menciones sobre el desarrollo sostenible en el texto del discurso presidencial.

Que el presidente de una nación tan relevante como Brasil comience una gestión sin indicar expresamente su posición sobre el desarrollo sostenible y los ODS no es un evento menor. Más bien es un llamado de atención a la comunidad internacional, y especialmente a la relacionada con la asistencia técnica y financiera multilateral, sobre la real viabilidad que tiene el esfuerzo de casi diez años en promover los ODS a escala global. Tal parece que no solo no se alcanzarán las metas en 2030, sino que ya no existen los consensos, al menos en países tan representativos como Brasil para impulsar las políticas públicas necesarias para cumplir con los ODS. Podría ser que los ODS han quedado como simple retórica, cada día más en desuso, sin mayores implicaciones para la vida concreta y angustiosa que llevan millones de latinoamericanos. El silencio del presidente Lula ha resultado ensordecedor.

Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2023

Los desconocidos presupuestos públicos

Cada año los órganos legislativos de los países toman decisiones sobre los recursos públicos que se utilizarán. Para ello se aprueban las leyes de presupuesto de los gobiernos nacionales. Las implicaciones de estas leyes abarcan desde la política fiscal hasta las inversiones específicas en los servicios sociales o en infraestructura, entre otros aspectos. De acuerdo con los montos y características de los gastos públicos presupuestados, múltiples actores, tanto nacionales como internacionales, pueden definir escenarios para sus propias decisiones. Es, sin dudas, la decisión más importante que toman los órganos que representan a las sociedades de los países.

De acuerdo con la relevancia de las leyes de presupuesto, se debería tener la mayor cantidad y calidad de información disponible para ser utilizada por la diversidad de instituciones de las sociedades. De esta manera se podría realizar el seguimiento de la pertinencia e impacto de las inversiones públicas. Y, en estas condiciones, se tendrían opiniones fundamentadas para la discusión presupuestaria del año siguiente.

Lamentablemente, lo anterior es solamente teoría. Muy diferente es la situación cuando se explora la disponibilidad de información sobre los presupuestos públicos. Tomemos, solo como ejemplo, a cinco de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela). En estos países el gasto del gobierno representa en promedio cerca del 30% del PIB.

Lo deseable es que la información sobre el presupuesto esté disponible en los sitios web de los ministerios relacionados con la economía y las finanzas públicas. En tres países (Bolivia, Ecuador, y Venezuela) no se encuentra la información sobre el presupuesto del año 2023 (en Venezuela el último presupuesto corresponde al año 2016). En Colombia y Perú si es posible conocer el presupuesto de 2023, incluso con la ejecución de estos recursos en los primeros meses del año. Sin embargo, en estos dos últimos países la utilización de los datos está limitada por lo engorroso que resulta su manejo.

Las dificultades para el seguimiento de la ejecución presupuestaria en los países, afecta la transparencia que debe caracterizar la asignación de los recursos públicos. Y, en consecuencia, impide que las organizaciones de la sociedad puedan intercambiar sobre la implementación de las políticas públicas, especialmente cuando existen compromisos de los países en alcanzar metas de desarrollo (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030).

También es bastante claro que facilitar la información para el seguimiento de los presupuestos no es un problema de recursos tecnológicos o de información. Es más bien una ausencia de real vocación por incorporar a los ciudadanos en las tareas relacionadas con las políticas públicas. Si hubiera una mayor preocupación para favorecer la participación ciudadana, se podrían generar mejoras sustantivas en la calidad de estas políticas públicas. Que la información sobre los presupuestos nacionales no sea un bien público, es una restricción sustantiva para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 19 de abril de 2023

Malas perspectivas para los ODS en AL y el Caribe

Entre el 25 y 28 de abril, en poco menos de dos semanas, se celebrará la VI reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de la Cepal en Santiago de Chile. En esta reunión se pasará revista a la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

En anticipación a esta reunión, Naciones Unidas ha preparado un avance regional con el análisis de la situación de los ODS. En este avance se indica que solamente el 32% de las metas para América Latina y el Caribe tiene un pronóstico promisorio y positivo. En el 46% de las metas se necesita una aceleración de la tendencia para alcanzarlas en 2030. En el 22% de las metas se debe revertir el estancamiento. Esta evaluación se refiere al conjunto de América Latina y el Caribe, no a países por separado, lo cual podría estar disponible más adelante, quizás para el momento que se inaugure la reunión del Foro.

Quizás una reflexión que podrían hacer los representantes de los países, es la ausencia de explicitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprecia en las prioridades de los liderazgos políticos, y de los gobiernos. Es poco probable que los países puedan alcanzar las metas sin que los liderazgos políticos, vale decir, los presidentes y ministros, asuman la importancia de los ODS, pero más importante, que sean capaces de liderar los cambios institucionales y de asignación de recursos públicos. Es decir, el cumplimiento de las metas no es un evento azaroso, sin planificación. Todo lo contrario, alcanzar las metas supone un esfuerzo riguroso y sistemático por muchos años. Los países que ya han alcanzado estas metas han desarrollado también políticas adecuadas en los años precedentes.

Otra reflexión que puede ocupar la atención de los representantes de los países, es la revisión de las pautas por las cuales se vinculan los acuerdos internacionales con la intricada cadena de mecanismos que abarcan desde el diseño de políticas y programas, hasta la evaluación de políticas. El hecho de que, transcurridos ocho años desde la aprobación de los ODS, todavía los resultados muestren tan bajo desempeño, es indicativo de las limitaciones en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan a los gobiernos de la región.

Es bastante probable que, en el examen de estas severas restricciones de los gobiernos, también se detengan los representantes de los países en las extraordinarias debilidades de los sistemas de información relacionados con los ODS. En la gran mayoría de los países los datos más recientes corresponden a dos o tres años atrás. Por ejemplo, de la calidad educativa, seguridad alimentaria,o de la protección financiera de salud. Es decir, son prácticamente irrelevantes para la toma de decisiones. Ojalá que los gobiernos de los países, con la cooperación de las agencias técnicas internacionales y los organismos financieros, acuerden el diseño de sistemas de información que permitan el seguimiento lo más periódico posible de los ODS. Es muy previsible que estos nuevos sistemas de información representen innovaciones sustanciales para las prácticas actuales en los países.

Es evidente, al menos por los análisis de los organismos internacionales, que existe una extraordinaria brecha entre la pertinencia de los ODS y los resultados que se pueden pronosticar en el momento actual. También son evidentes las notorias restricciones de los liderazgos políticos de la región para enfrentar estratégicamente los ODS. Las consecuencias en el bienestar de millones de ciudadanos de la región también son incontestables.

Politemas, Tal Cual, 12 de abril de 2023

Lecciones de la reunión entre Deng Xiaoping y McNamara

En abril de 1980, según nos cuenta Ezra Vogel en su notable biografía sobre Deng Xiaoping, se produjo una reunión que resultó muy provechosa para China. En pleno control del gobierno de China, Deng Xiaoping estaba dedicado a impulsar los cambios que se requerían para la modernización. Ya se había producido el reemplazo de Taiwán por China como miembro del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, había declarado que el Banco Mundial no podía ser tal sin la incorporación plena de China.

La reunión citada fue entre Deng Xiaoping y McNamara, con el propósito de acelerar el inicio de actividades y proyectos entre China y el Banco Mundial. Señala Vogel que McNamara había resistido presiones del gobierno de Estados Unidos para retrasar el ingreso de China. La insistencia de McNamara para apurar las gestiones causó una buena impresión en el liderazgo chino, con lo cual aumentó la confianza en el Banco Mundial como organismo de cooperación.

Deng le manifestó a McNamara que le interesaba más el Banco Mundial por las ideas que podía facilitar a China que por el monto de los recursos que le pudiera prestar. Deng también argumentó a McNamara que la modernización de China era inevitable, y que el Banco Mundial podía acelerar este proceso. Un mes después de esta reunión, exactamente el 15 de mayo de 1980, se produjo el voto aprobatorio de China como miembro del Banco Mundial.

La directa petición de Deng a McNamara es evidencia de la reflexión previa que se había elaborado en China sobre las alternativas de políticas para llevar a cabo la modernización. El Banco Mundial era, para ese momento, una institución que podía facilitar el conocimiento que requería China para reducir las brechas de desarrollo con las economías avanzadas. Tal era la importancia de la relación con el Banco Mundial, que Deng le indicó a McNamara que no tenía ninguna preferencia por la persona que asumiera la representación del banco en China, siempre y cuando fuera la mejor para el cargo.

Dado que no existían antecedentes de operaciones del Banco Mundial en China, era prioritario obtener rápidamente el mejor conocimiento posible. Para ello, el Banco Mundial envió en octubre de 1980 un equipo de 30 expertos que permanecieron en el país por tres meses para realizar un estudio detallado que permitiera identificar las políticas requeridas para las futuras operaciones del Banco Mundial. Este equipo de expertos estaba compuesto por especialistas de renombre mundial en distintas áreas del desarrollo de China. Un equipo contraparte de estos especialistas fue designado por el gobierno chino. El estudio resultante fue el más grande realizado por el Banco Mundial para la fecha. Los tres volúmenes del estudio estuvieron disponibles en marzo de 1981, y aprobados tres meses después por el directorio del Banco Mundial.

El énfasis de Deng por los nuevos requerimientos de formación en China, explica que el primer apoyo negociado con el Banco Mundial fue para una asistencia técnica en educación superior. También se iniciaron, con el patrocinio del Banco Mundial, diversos programas de formación para especialistas chinos en temas económicos, entre ellos uno con la Universidad de Oxford de un año de duración. Entre 1985 y 1995, cerca de 70 economistas chinos fueron formados en este programa, muchos de ellos tuvieron responsabilidades importantes en la gestión de la economía en los años subsiguientes.

Deng Xiaoping tenía muy clara la solicitud que le debía hacer a McNamara. Fundamentalmente porque Deng había meditado intensamente la estrategia de desarrollo para China y sabía que el Banco Mundial podía tener respuestas a sus preguntas. Y cuando se presentó la oportunidad lo expresó contundentemente. Le interesaba el Banco Mundial por las ideas que pudiera tener o por aquellas que pudiera contribuir a formular, no tanto por el monto de los recursos. Buenas lecciones para los gobernantes actuales o futuros de América Latina. Hay que saber lo que se quiere, y para ello hay que invertir tiempo y recursos en elaborar los requerimientos. El grado de desarrollo de China en las últimas décadas demuestra que vale la pena pensar primero. Y luego buscar a aquellos que pueden ayudar para que las ideas se conviertan en realidad. Definitivamente, no hay sustituto para imaginar primero.

Politemas, Tal Cual, 29 de marzo de 2023

Sin mediciones no habrá protección financiera de la salud

En 2030, de acuerdo con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no debe existir en ningún país un hogar en situación de gasto catastrófico en salud. Esto significa que en ningún hogar se debe pagar, con cargo a los ingresos mensuales de sus miembros, más del 10% en gastos de salud. En otras palabras, el gasto de bolsillo de los hogares no puede sobrepasar cada mes el 10% de los ingresos. Entonces, el gasto catastrófico en 2030 debería ser 0% en todos los países (ningún hogar gastaría más de 10% en salud de su bolsillo).

Este objetivo (conocido también como 3.8 de los ODS) tiene una importancia fundamental. Si no se garantiza que cada hogar esté protegido financieramente, obviamente no se puede esperar que las personas de ese hogar reciban la cantidad y calidad de los servicios de salud requeridos. Tan sencillo como eso. De manera que la protección financiera, es decir, que no exista gasto catastrófico en los niveles señalados, se convierte en un objetivo de políticas de salud de la mayor envergadura. De no cumplirse, no hay forma de que los ciudadanos obtengan las prestaciones de salud para tener una vida sana y productiva. La experiencia comparada señala que sólo fortaleciendo las fuentes públicas de financiamiento es posible alcanzar la mayor protección financiera y el mayor acceso a los servicios de salud.

Uno supone que un objetivo de tal importancia debería ser monitoreado periódicamente. Esto es, que las sociedades de cada país tuvieran acceso regular a la información necesaria para saber si se acercan al 0% de gasto catastrófico. La realidad, sin embargo, demuestra que no es tan fácil. La última información disponible para comparaciones internacionales del gasto catastrófico se encuentra en un informe conjunto de la OMS y el Banco Mundial publicado el 12 de diciembre de 2021. Este informe se publica cada dos años. Es decir, el próximo informe se publicará a finales del año en curso. No resulta muy compatible con la importancia de esta medición, que solo se pueda conocer cada dos años. Es demasiado tiempo para saber si las políticas de protección financiera en salud tienen impacto. Y, por supuesto, tomará más tiempo para implementar los correctivos. Mientras eso pasa, millones de personas pueden estar afectadas seriamente en el acceso a la protección financiera y a los servicios de salud.

Más impactante resulta cuando se revisan las cifras disponibles en el último informe señalado. En América Latina los países con mediciones más “recientes” de gasto catastrófico son Bolivia y Perú. Esas mediciones son del año 2019 (es decir, son mediciones pre-pandémicas), son casi obsoletas desde la perspectiva de diseño de políticas de salud. En Bolivia, de acuerdo con esa medición de 2019, el porcentaje de gasto catastrófico es 4,6; mientras que en Perú es 8,4 (ambas cifras muy superiores al 0% requerido, y sin contar los efectos de la pandemia). El extremo de la región es Honduras con la última medición reportada en 2004 (hace casi 20 años). Países como Paraguay, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, no tienen mediciones desde hace 10 años. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una medición en ese informe. Es muy directo suponer que, con mediciones tan desactualizadas, la calidad de las políticas de salud debe ser también muy limitada.

Uno también imagina que, en contextos de mayor institucionalidad para las políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, las mediciones de un indicador de esta relevancia deberían ser más regulares. Lamentablemente, no es así. El país de la Unión Europea con la medición más “reciente” de gasto catastrófico, en el informe señalado, es España en 2019 (correspondiente a 7,9% de la población). Hay países como Austria y Suecia que tienen más de 20 años sin mediciones de gasto catastrófico (reportada en el informe citado). Sólo cuatro países de la Unión Europea (España, Eslovenia, Bulgaria, y Chipre) tienen mediciones de gasto catastrófico en salud en los últimos cinco años. En los casos de Bulgaria y Chipre más del 20% de la población estaba en situación de gasto catastrófico para el momento de la medición. Tomando en cuenta los efectos de la pandemia es bastante evidente que la única forma de saber la magnitud de la población que está fuera de la protección financiera en los países de la Unión Europea es realizando mediciones. Si se han realizado estas mediciones y no están disponibles para comparaciones internacional es una cosa, más serio es que no se hayan realizado. Lamentablemente sólo lo sabremos a finales de este año cuando se publique el nuevo reporte de OMS y el Banco Mundial.

Ante esta ausencia notable de mediciones, una gran pregunta es si efectivamente es un objetivo asumido por los gobiernos que los países alcancen el nivel de 0% de gasto catastrófico requerido para 2030. No pareciera muy claro. Y esta situación abarca a áreas tan diferentes institucionalmente como América Latina y la Unión Europea. Se impone entonces una profunda reflexión sobre estas perspectivas, por una parte, y por la otra, la generación de mediciones regulares de gasto catastrófico. Solo con mediciones mensuales, obtenidas a través de sistemas de “tracking” basados en encuestas de hogares por muestreo, pueden los gobiernos conocer las variaciones en la población afectada por el gasto catastrófico, y diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para lograr la meta de 0% en 2030. De lo contrario, las magnitudes de la desprotección financiera serán desconocidas, con terribles consecuencias para los cientos de millones de hogares en la región. La cooperación de gobiernos, sectores privados, organismos de cooperación internacional, puede ser de extraordinaria significación en esta tarea. Se requiere medir, actuar, volver a medir, volver a actuar. Sin cesar.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2023

¿Más ministerios significa mejores políticas públicas?

Para ordenar la acción de los gobiernos se han creado ámbitos de acción bajo la coordinación de personas responsables. En algunos países estos responsables se denominan ministros, en otros países se llaman secretarios. El conjunto de estos responsables se conoce como Gabinete, sea en sistemas presidenciales o parlamentarios. La premisa básica es que la división de tareas, realizadas coordinadamente, resultará en el mejoramiento del desempeño del gobierno en su conjunto.

Si tomamos como referencia a Estados Unidos, Alemania, y Japón, todos ellos países del mayor nivel de desarrollo social y tecnológico, el número de ministerios o secretarios no es mayor a 16. En Estados Unidos y Alemania son 15 miembros del Gabinete con rango de ministros o secretarios, y en Japón son 16. Visto el alto desempeño de estos países en el ámbito global, pareciera que este número de áreas es adecuado y manejable. Fundamentalmente porque es un número que permite adecuadas interacciones entre los miembros del Gabinete, y reduce los solapamientos y conflictos que se pueden derivar de un alto número de áreas.

La lógica de la premisa anterior no es aplicada de manera general. En Brasil, a raíz de la toma de posesión del presidente Lula a principios de año, se ha anunciado la constitución de un Gabinete de 30 ministros. Esto significa el doble del número de ministros que en el gobierno de Bolsonaro.

De la revisión de la lista de ministerios se observa que algunos están muy relacionados. Por ejemplo, existe el ministerio de Agricultura y Ganadería, y también existe otro ministerio de Pesca y Acuicultura. También está el ministerio de Comunicaciones, y otro de Puertos y Aeropuertos. El ministerio de Seguridad Social coexiste con el de Trabajo y Empleo. El ministerio de Transporte está separado de ministerio de Comunicaciones, ya mencionado. El ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, antes que estar relacionado con cada uno de los servicios específicos, representa más bien una dimensión transversal (lo cual contradice la especificidad de cada uno de los servicios). Estos son apenas unos ejemplos.

Es obvio que el aumento en el número de ministerios tiene una lógica más política que técnica. Se trata de crear espacios que aumenten la posibilidad de apoyos, sea de partidos políticos, o de otras organizaciones. En otras palabras, el alto número de ministerios ensancha la posibilidad de apoyos políticos para el nuevo gobierno.

Esta ventaja para la estabilidad del gobierno, trae como contrapartida la dispersión en la toma decisiones. En los casos citados anteriormente, es posible imaginar la competencia entre ministros, y las respectivas burocracias que coordinan, por diseñar e implementar políticas. Con la consiguiente sobre carga del presidente, o de sus oficinas de asesoría. El resultado es el retraso en la toma decisiones, y especialmente en la mayor complejidad de las políticas (por aquello de que más instancias tiende a incorporar más detalles).

La coherencia de los gobiernos es un requisito fundamental para que la gestión sea efectiva y expedita. Para ello se requiere la definición de áreas de competencias que sean específicas y complementarias, y que promuevan la coordinación dentro del gobierno. Aumentar el número de ministerios puede ser un recurso para garantizar la gobernabilidad de corto plazo, pero no necesariamente para implementar políticas públicas exitosas. Muchas veces los gobiernos terminan sembrando las causas de sus propias restricciones.

Politemas, Tal Cual, 22 de febrero de 2023

Retrocesos en democracias y gobiernos de América Latina

La percepción generalizada sobre el deterioro de las democracias es una constatación frecuente, al menos en el intercambio en medios de comunicación y redes sociales. Lo que no es tan frecuente es contar con datos regulares, con metodologías sistemáticas, que permitan explorar las variaciones del desempeño de las democracias a escala global.

La revista The Economist elabora desde 2006 un índice para valorar las democracias del mundo. Hace pocas semanas se publicó el índice correspondiente al año 2022. Este índice es bastante conocido, y utiliza la misma metodología desde sus inicios. De tal manera que permite comparar con los mismos criterios a través de períodos amplios. Otros índices incorporan otras especificidades que facilitan ampliar los análisis sobre la evolución de las democracias.

El análisis que se presenta a continuación está basado en los datos elaborados por The Economist para los países de América Latina. La metodología de elaboración de este índice incluye la valoración de expertos, así como la utilización de datos provenientes de encuestas. El índice es el resultado de promediar los resultados de cinco áreas: (1) proceso electoral y pluralismo, (2) desempeño del gobierno, (3) participación política, (4) cultura política, y (5) libertades civiles. Cada una de estas áreas es ponderada entre 0 y 10 puntos, de manera que el índice total también varía entre estos límites.

De acuerdo con el índice de The Economist, las democracias plenas en 2013 en América Latina eran dos: Costa Rica y Uruguay. En 2022 este grupo incluye también a Chile. Las democracias plenas son aquellas en las cuales se respetan los derechos políticos y sociales, y permiten la ampliación de la cultura política que promueve a su vez más democracia. En estos países el funcionamiento del gobierno es satisfactorio, y las decisiones judiciales son independientes.

En el segundo grupo están las democracias defectuosas, en las cuales existen elecciones libres con resultados aceptados, y respeto por libertades civiles, pero con debilidades en el desempeño del gobierno, en la cultura política, y en la participación. En 2022, las democracias defectuosas de América Latina son cinco (Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, y Panamá). Pero resulta que en 2013 este grupo estaba compuesto por diez países. De los cinco países restantes, Chile pasó a democracia plena, y El Salvador, México, Paraguay, y Perú, pasaron al grupo de países con democracias híbridas.

Los países con democracias híbridas son aquellos con irregularidades sustantivas en las elecciones, con una clara presión sobre la oposición, y mayor deterioro de los gobiernos, la cultura política, y la participación. Este es el grupo con mayor número de países en 2022: los cuatro que eran democracias defectuosas en 2013 (El Salvador, México, Paraguay, y Perú), junto con Bolivia, Ecuador, Guatemala, y Honduras.

En el cuarto grupo están los países catalogados como autoritarios. En estos países, según los criterios utilizados por The Economist, no existe pluralismo político ni relevancia de las instituciones formales, y son frecuentes las violaciones de los derechos civiles y políticos. En 2013 los países considerados como autoritarios eran Cuba y Haití. En 2022, de acuerdo con el puntaje del índice, se incluyeron dos países más en este grupo: Nicaragua y Venezuela.

Si se analizan los valores del índice para el criterio relacionado con el desempeño de los gobiernos entre 2013 y 2022, se aprecia que, en todos países de la región, con la excepción de Ecuador, Paraguay, y Perú, se ha producido una disminución de la calidad de los gobiernos. Los países con mayor reducción del desempeño del gobierno en el período son Brasil, El Salvador, y Venezuela (el país de menor desempeño).

El balance sobre las democracias y gobiernos en la región se encuentra en una tendencia negativa. Dadas las nuevas restricciones surgidas a partir de la pandemia, y la actual situación económica internacional, es bastante claro que se requieren cambios sustantivos en la calidad de los liderazgos políticos, y en la capacidad de los gobiernos para diseñar e implementar mejores políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 15 de febrero de 2023

Desigualdades a tres años de pandemia

Desde el reporte de los primeros casos de una neumonía típica a finales de 2019 en China, hasta el control de la pandemia en muchos países, han transcurrido tres años. De los efectos traumáticos en los primeros meses de 2020, se ha pasado al seguimiento permanente de una nueva enfermedad (Covid-19) por parte de los sistemas de salud a escala global. La producción de múltiples vacunas efectivas en apenas un año ha sido un éxito científico y gerencial de la mayor envergadura.

La evolución de la pandemia de covid-19 ha sido quizás la situación crítica más grande que han enfrentado los ministerios de salud de América Latina. Analizar los efectos de la pandemia en la región es de gran importancia para identificar las consecuencias, pero especialmente, para afinar las alternativas de políticas que se deben poner en marcha.

En el conjunto de los 20 países de América Latina se ha registrado el 12% de los casos de covid-19 a escala global. Sin embargo, las muertes en la región por covid-19 han representado el 25% de las registradas en el mundo. Existe una desproporción entre la población de América Latina (el 8% de la población mundial), y las muertes registradas. Esto significa que se pueden identificar factores de los sistemas de salud que han condicionado la alta mortalidad por covid-19 en la región. La tasa de mortalidad acumulada por covid-19 de Perú, por ejemplo, duplica la de Chile, y triplica la de Costa Rica.

Ahora bien, los impactos de la pandemia variaron de acuerdo con las realidades específicas de los países. El análisis general puede esconder notables diferencias. El diagnóstico de los casos de covid-19, medido a través de las pruebas diagnósticas realizadas por 1.000 habitantes, varió entre 2040 pruebas/1.000 habitantes en Chile a 161 pruebas/1.000 habitantes en Ecuador. Los últimos datos de pruebas diagnósticas solo están disponibles para once países al 23 de junio de 2022. Desde esta fecha se dejó de actualizar esta información en Our World in Data de la Universidad de Oxford.

También las diferencias de gestión de los sistemas de salud han condicionado la cobertura de vacunaciones. Hasta la fecha, la cobertura de vacunaciones supera el 80% de la población solo en siete países de la región (Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Perú, Costa Rica, y Brasil). Seis países de la región tienen coberturas de vacunación menores a 60% de la población (Honduras, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Guatemala, y Haití). En Haití la cobertura de población vacunada es apenas 2%. Los refuerzos de vacunación solo superan a 80 dosis por cada 100 habitantes en Chile, Uruguay, y Perú.

Vistas estas diferencias entre los sistemas de salud, el análisis de los casos actuales de covid-19 permite distinguir los siguientes rasgos. En primer lugar, la tasa más alta de mortalidad diaria por covid-19 a la fecha en la región corresponde a Perú (1,61 muertes por millón de habitantes). Esta tasa es el doble de la que se registra en España (uno de los países con mayor cobertura de vacunaciones de la Unión Europea), y se ha triplicado en la última semana. De acuerdo con esta tasa, el número de muertes diarias en Perú por covid-19 oscila entre 40 y 60.

El segundo aspecto es la alta confiabilidad que tiene la tasa de mortalidad diaria en Chile (0,76 muertes/millón de habitantes), debido fundamentalmente a la sistemática práctica de diagnóstico y a la alta cobertura de vacunaciones contra covid-19. Esta confiabilidad no está presente en otros países, sea porque el diagnóstico no es tan riguroso o porque la cobertura de vacunaciones no es tan alta.

En el balance de la pandemia en la región, es ya evidente que los mecanismos de seguimiento se han reducido progresivamente. En consecuencia, a medida que pase el tiempo, aumentará la incertidumbre sobre la evolución de los casos y muertes por covid-19. Solo aquellos países que mantengan el seguimiento del diagnóstico y la alta cobertura de vacunaciones podrán reducir esta incertidumbre. Y estos países, lamentablemente, son una minoría. Para la mayoría de los países no será posible reducir la incertidumbre, si no incorporan cambios sustantivos en estas prácticas. De tal manera que, a las desigualdades preexistentes en los sistemas de salud, habrá que agregar las producidas por el impacto de la pandemia. Sin embargo, tal como han demostrado los países exitosos en el control de la pandemia, estas desigualdades son completamente evitables. Estas desigualdades son, en el fondo, el resultado de notables deficiencias para diseñar e implementar políticas públicas. Eliminar esas desigualdades, ergo, también será posible solo con mejores políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 8 de febrero de 2023

Nelson Gil y el carbono azul en Venezuela

La primera vez que oí una explicación sobre el carbono azul, fue la que realizó Nelson Gil en una de las sesiones de mi curso doctoral sobre Modelos de Políticas Públicas I en la Universidad Simón Bolívar (USB) a finales de 2014. Nelson seleccionó este tema para realizar el trabajo final del curso. Pero se notaba que dominaba el tópico desde mucho tiempo atrás. En los intercambios en las sesiones del curso, Nelson nos iba educando sobre la importancia de estudiar el carbono azul, especialmente en Venezuela.

La razón de este interés de Nelson por este tema de investigación era contundente. El carbono azul es el captado por los ecosistemas marinos. Si estos ecosistemas absorben carbono, entonces son de gran utilidad para mitigar los efectos del cambio climático. Ergo, disponer de ecosistemas marinos en buenas condiciones para absorber carbono se constituye entonces en un tema relevante de políticas públicas. Y por eso Nelson se entusiasmó por aproximarse en detalle a las políticas públicas. En el trabajo final del curso mostró las grandes posibilidades de investigación y política pública que condicionaban la dinámica del carbono azul.

Nelson era biólogo egresado de la UCV. También era licenciado en educación, con mención en biología. Era profesor de la UPEL. Había culminado la Maestría en Desarrollo y Ambiente de la USB. Estaba dedicado a culminar el Doctorado en Desarrollo Sostenible de la USB para continuar profundizando en la investigación. Tomó varios de mis cursos doctorales, y en todos ellos tuvo un alto rendimiento. Era de los estudiantes que no cesaba de hacer preguntas interesantes. En cada una de esas preguntas expresaba su opinión y lo que estaba considerando como hipótesis. De manera que la secuencia que se generaba a partir de sus preguntas, y de las que sus compañeros de curso, o yo podíamos hacer, enriquecía ampliamente el proceso de definición de problemas de investigación. Para mí, que fundamento la docencia en la práctica socrática de preguntar hasta el cansancio, Nelson era el estudiante ideal, inquisidor, inconforme con explicaciones no convincentes, sediento de conocer, siempre dispuesto a reelaborar argumentos.

Ya superados los requisitos de cursos en el programa de estudios, Nelson me propuso acompañarlo como tutor en la elaboración de la tesis doctoral. Acepté con beneplácito porque ya había visto su empeño y motivación, y porque el tema seleccionado era sumamente interesante y de gran relevancia en un país con tantos ecosistemas marinos como Venezuela. Nelson se propuso contribuir con su tesis doctoral con la elaboración de lineamientos de política ambiental para conservar el medio marino a partir del estudio de la dinámica de absorción de carbono. Para ello diseñó una metodología de mediciones y análisis en los parques nacionales de Morrocoy y Mochima.

Entre finales de 2019 y los primeros meses de 2020, revisé las versiones sucesivas que Nelson estaba preparando del avance de la investigación doctoral. Este avance debía ser revisado por su Comité Doctoral. En uno de los mensajes me comentaba que se estaba realizado exámenes médicos. Me dijo en su último mensaje que esperaba que el avance cumpliera con mis expectativas. También me indicaba que estaban pendientes los resultados de los exámenes médicos que le habían ordenado. El 5 de abril, la profesora Nila Pellegrini, Coordinadora del Doctorado de Desarrollo Sostenible de la USB, y también colega del Comité Doctoral de Nelson, me informó el fallecimiento de Nelson.

Me entristecí mucho. Tanto por la pérdida que significaba para su querida familia y sus amigos, como por la aciaga circunstancia de no contar más con el talento de Nelson en el mundo de la investigación. También lamenté mucho que todo hubiera transcurrido tan rápido, que no hubiera tenido la oportunidad de decirle que el avance de su tesis doctoral cumplía ampliamente con las expectativas que yo le había indicado.

Durante todo este tiempo transcurrido regresaba de vez en cuando al avance doctoral de Nelson. Estaba persuadido de que es mi responsabilidad como tutor contribuir con la comunicación de los resultados de su investigación. Para que sean conocidos y ampliados. Sabía que esta columna se la debía. Hoy he revisado en las bases de datos internacionales. No existe a la fecha ninguna publicación sobre el carbono azul en Venezuela con análisis similares a los que Nelson estaba desarrollando. En otras palabras, probablemente lo que se conoce sobre la dinámica del carbono azul en dos de los más importantes parques nacionales de Venezuela, es lo que está en este avance doctoral escrito por Nelson hace tres años, el cual con mucho gusto compartiré con las personas que estén interesadas. Ojalá otros investigadores puedan continuar este trabajo iniciado por Nelson.

Es muy evidente que el carbono azul será cada día un tema más importante en Venezuela, y en muchos países del mundo. Es muy grato reportar que los aportes pioneros de Nelson serán de especial significación en la tarea de ampliar el conocimiento de este tema en el país. Y especialmente, como era su interés, que ese conocimiento sea de utilidad para mejorar las políticas públicas involucradas con el desarrollo sostenible. Siempre estaré muy agradecido a Nelson por sus preguntas de investigación, y por su dedicación a encontrar las mejores respuestas. Fue un gran privilegio tenerlo como estudiante, y acompañarlo como tutor.

Politemas, Tal Cual, 1 de febrero de 2023

Ciencia e innovación en tiempos de inteligencia artificial

Luego de leer que un senador del estado de Massachussets había introducido una propuesta de ley preparada con el apoyo del chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, me quedó bastante clara la alta velocidad de utilización de esta invención, disponible desde hace apenas dos meses a escala global. En la última semana se ha reportado su uso para conocer el desempeño ante las pruebas de selección universitaria en España, y en el desarrollo de múltiples tareas, desde discursos hasta rutinas de programación. Solo para citar algunos ejemplos.

Visto que esta invención se ha hecho un fenómeno social, con las específicas connotaciones en países y regiones, es relevante examinar sus aplicaciones, y especialmente, las perspectivas en lo que se refiere a la enseñanza y la creación de conocimientos.

Las primeras reacciones demandando la prohibición del uso de ChatGPT han chocado con la realidad. Más que prohibir su uso, el problema es identificar la mejor forma de usarla. En el ámbito de la enseñanza, el reto consiste en aprovechar su potencialidad para ayudar a las personas a plantearse y formular mejores preguntas sobre sus realidades.

Esto implica, en la práctica, un mayor énfasis de la docencia en el acompañamiento de los estudiantes para la generación de preguntas. En todas las fases del ciclo educativo, incluyendo la formación que se realiza en empresas, organizaciones sociales y culturales, entre otras. Lo que antes requería la consulta de libros o fuentes diversas disponibles en internet, ahora es “ordenado” por ChatGPT y sus “colegas”. De tal manera que, si la enseñanza no ayuda a construir el marco de referencia para interpretar esas respuestas ordenadas de ChatGPT, no se obtendrá el objetivo central que es la elaboración de interpretaciones críticas y diversas de la realidad. Obviamente, esto supone para los docentes conocer las virtudes y limitaciones de este nuevo instrumento para la formación.

De igual manera, para los investigadores, sean los que tienen experiencia y los que están en formación, la utilización de ChatGPT sin haber elaborado la conceptualización de los problemas, podría conducir a una situación en la que no se tiene la capacidad crítica para analizar los resultados de sus consultas. Dada la forma que tiene ChatGPT para ordenar el conocimiento disponible, es posible que sus resultados sean incompletos, equivocados, no especializados. En realidad, ChatGPT puede ser utilizado como una herramienta poderosa para ponderar el conocimiento disponible, pero no para identificar el conocimiento necesario. Dado que este último proviene de la interpretación y la anticipación, es clave la elaboración conceptual previa que hagan los investigadores, sea de manera individual o asociativa.

El amplio uso de ChatGPT en las últimas semanas pone de relieve aspectos centrales para la difusión de la inteligencia artificial. En primer lugar, la alta demanda por recursos financieros para seguir mejorando estos inventos. Las dimensiones de esos requerimientos pueden ser extraordinarias. Están sujetos a las tendencias de la innovación global, y seguro obligarán al cambio en las estrategias de empresas creadoras de estas tecnologías, y, consiguientemente, a la aparición de nuevas empresas.

Un segundo aspecto está relacionado con la importancia de que estas alternativas sean de uso abierto. En la medida que exista la posibilidad de recabar y analizar las múltiples interacciones con estos chatbots, se expande de manera astronómica la información derivada de esas interacciones, las cuales se pueden mejorar “inteligentemente”. Es decir, que en los próximos tiempos es lógico esperar que estos chatbots producirán mejores resultados con mayor cantidad de información analizada. Lo cual nos lleva al tercer aspecto, el cual es la competencia creciente por diseñar mejores chatbots, con las expresiones de la gran brecha entre los países y empresas que pueden participar, y aquellos que no tienen posibilidades de superar estas fronteras tecnológicas. Habría que agregar esta brecha a las ya existentes en el mundo en lo que respecta a la creación y utilización de conocimientos.

Si se pudiera señalar en pocas palabras el mayor impacto que tiene la aplicación abierta de modalidades de inteligencia artificial, como el ya célebre ChatGPT, yo diría que es la inmensa posibilidad de refinar y ampliar preguntas relacionadas con la creación de conocimientos. Lo que implica valorar el proceso de elaboración de preguntas, y la entidad de las propuestas de investigación. Aplicar el inmenso potencial de estos chatbots para tales tareas, puede generar mejores preguntas para encontrar mejores respuestas a los grandes problemas del desarrollo. Y en línea con eso, fortalecerá la docencia basada en preguntas, con la puesta de moda de las conversaciones, sean presenciales o a distancia, y con el regreso del examen oral para conocer lo que efectivamente piensan los estudiantes y los investigadores. Es decir, la mayor utilización del diálogo como estrategia para la creación de conocimientos. Esas son realmente excelentes noticias para la ciencia y la innovación.

Politemas, Tal Cual, 25 de enero de 2023