En el año 2015 se aprobaron las metas de Desarrollo Sostenible que deberán cumplir todos los países para el año 2030. El supuesto fundamental es que las brechas de desarrollo (expresadas en las dimensiones de las condiciones de vida) impiden que la humanidad alcance la máxima sostenibilidad que se deriva de superar las diferencias sociales y económicas. Para ello se establecieron cifras referenciales (metas) que deberán ser alcanzadas por todos los países. La definición de estas metas requiere seleccionar un criterio que maximice la viabilidad, y que al mismo tiempo, represente un logro significativo, especialmente para los países con mayor rezago.
Examinemos las consecuencias de la selección de tales metas. Tomemos en cuenta indicadores significativos y con sistemas de información más desarrollados. Tal es el caso de la mortalidad materna y la mortalidad en menores de un mes de nacidos (mortalidad neonatal). Ambos indicadores toman en cuenta una dimensión crítica como es el bienestar de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Concentremos el análisis en América Latina.
La meta de mortalidad materna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expresa que todos los países deberán tener una razón de mortalidad materna de al menos 70 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados (nvr). Examinemos el valor de la razón de mortalidad materna en el año de aprobación de los ODS (2015) en los países de América Latina. Lamentablemente en siete de esos países no está reportada la razón de mortalidad materna en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año en cuestión: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Venezuela.
De los trece países restantes, once de ellos ya habían alcanzado la meta. Solamente Paraguay y República Dominicana tenían cifras superiores en 2015 a la meta estimada para 2030. Es bastante probable que en el período hasta 2030 estos dos países también alcancen la meta. Ahora bien, la diferencia entre el mejor desempeño en mortalidad materna en América Latina, en este caso el de Chile, y el mejor desempeño en el mundo (representado por Islandia y Finlandia) es cinco veces. Esto significa que para los países de menor desempeño la brecha puede ser de treinta veces. En otras palabras, el problema no es alcanzar la meta, sino reducir la brecha con los países en los cuales las condiciones de las mujeres embarazadas han alcanzado los mejores niveles.
Una situación similar encontramos al analizar la mortalidad neonatal. En este caso la meta para el 2030 es alcanzar en todos los países al menos la tasa de mortalidad neonatal de 12 muertes en menores de un mes por cada 1000 nvr. Para 2015 no se han reportado las tasas de mortalidad neonatal de los siguientes países (Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela). De los catorce países restantes, todos menos República Dominicana habían alcanzado en 2015 la meta establecida para el año 2030. Al igual que en la mortalidad materna, la brecha del país con mejor desempeño (Cuba) con respecto al país de mayor desempeño en el mundo (Islandia) es más del doble, pero en el país de menor desempeño (República Dominicana) es 16 veces.
Tres serias implicaciones se derivan de lo anterior. En primer lugar, la meta definida para el año 2030 (aunque haya sido alcanzada) expresa significativas diferencias en la equidad de los sistemas de salud. No solo entre la cifra del país con respecto a la mínima cifra ya existente en el contexto internacional, como se ha señalado, sino entre países de la región. Por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal de Perú o Guatemala (que han cumplido la meta), es cinco veces superior a la de Cuba. Pero a esto hay que agregar que las cifras nacionales pueden esconder a su vez notables diferencias regionales. Por ejemplo, las cifras de mortalidad neonatal en las zonas de selva de Perú o Brasil son superiores a las de los centros urbanos de la costa en ambos países. Esta situación expresa entonces notables restricciones en cuanto al cumplimiento de derechos de los ciudadanos.
Una segunda consecuencia es de carácter institucional. El cumplimiento de la meta en tales condiciones opera de manera conformista. Las políticas de salud y las consecuencias gerenciales que se derivan, dejan de tener en el radar los efectos en la mortalidad neonatal. Y esta práctica puede ocasionar descuidos en la atención permanente, con el consiguiente retroceso en los logros alcanzados. Los sistemas de salud se acostumbran entonces a la “ley del mínimo esfuerzo”.
La tercera implicación es de carácter general en políticas de desarrollo. Para que un país se acerque a los valores de mortalidad neonatal y materna de países como Finlandia, Islandia, requiere que se den una serie de condiciones institucionales que también se dan en esos países, por ejemplo, estabilidad política, crecimiento con baja inflación, diversificación productiva, protección social, preservación del ambiente, entre otros factores. Es decir, no es que tienen baja mortalidad neonatal o materna porque tienen adecuadas políticas de salud. No, es que tienen adecuadas políticas de salud en el contexto de adecuadas políticas en muchos sistemas. Y la única forma de preguntarse por las condiciones múltiples que son necesarias para el desarrollo es plantearse las mismas metas que en los países de mejor desempeño. Las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pareciera que están estimulando esas preguntas. Y sin preguntas, no puede haber políticas efectivas. Es así de simple.
Politemas, Tal Cual, 3 de octubre de 2018
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