Las perspectivas para reducir el calentamiento global no son prometedoras. En la reunión de Davos que se celebra esta semana, el cambio climático ocupa gran parte de la agenda temática. El Foro Económico Mundial, en informe reciente, alerta sobre el aumento que se ha comprobado en las emisiones de gas invernadero, incluso desde la firma del Acuerdo de París a finales de 2015. Se señala en este informe que las emisiones continúan aumentando a una tasa de 1,5% anual. Esto significa que se requeriría una reducción entre 3 y 6% anual hasta 2030 para que se cumpla la meta de que el aumento de temperatura global al final del siglo esté en el rango acordado, esto es, entre 1,5º y 2º C.
Entre 1970 y 2018, las emisiones globales de CO2 (correspondientes a la mayoría de las emisiones de efecto invernadero), aumentaron casi 2,5 veces. Sin embargo, en China el aumento fue mayor a 12 veces. A pesar de que 121 países se han comprometido a compensar las emisiones para el año 2050, este grupo de países representa menos del 25% de las emisiones totales. Ninguno de estos países está entre los cinco con más emisiones (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón). Los cambios que deben sucederse para revertir la tendencia en las emisiones, y por ende, en los efectos en el cambio climático, son de alta exigencia para muchos países.
El Acuerdo de París, aunque no establece metas definidas para la reducción de las emisiones, si demanda que los países presenten planes ambiciosos con este propósito. También se señala en el Acuerdo de París que las cifras de emisiones previas deben considerarse como el punto más alto, y que en la implementación de estas pautas se espera que se produzcan reducciones significativas en todos los países. Por otra parte, este requerimiento de reducción es independiente de la cantidad total de emisiones de los países. En otras palabras, cada país tiene el compromiso de reducir las emisiones que produce, sin tomar en cuenta la magnitud o la población.
En América Latina, nueve países han multiplicado más de cinco veces el total de emisiones de CO2 desde 1970 hasta 2018 (últimas cifras disponibles en la base de datos de emisiones de la Comisión Europea). El país con mayor aumento ha sido Paraguay, 11 veces con respecto a 1970. Le siguen en orden decreciente: Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Haití, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. En Brasil el aumento ha sido de 4,5 veces, en México de 4 veces y Argentina de 2,3 veces (entre los países de mayor población).
Luego de la aprobación del Acuerdo de París, es decir, tomando en cuenta el período 2016-2018, un total de 16 países (sobre 20 de la región) han experimentado aumento de las emisiones de CO2. Es más, en 12 países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay), la cifra registrada de emisiones de CO2 en 2018 es la más alta en la historia.
Si en estos 12 países no se aprecia cambio de la tendencia en las emisiones, aun cuando cada uno de ellos ha elaborado las denominadas “contribuciones nacionales”, puede ser indicativo de las siguientes posibilidades: (1) las contribuciones nacionales no han incorporado las medidas adecuadas para reducir las emisiones, (2) las contribuciones nacionales contienen las medidas adecuadas pero no se han implementado, (3) se han incorporado las medidas adecuadas pero el tiempo para obtener efectos es superior al plazo cubierto hasta 2018. Se requiere conocer cuál de las opciones anteriores es la que corresponde a cada país, o cualquier otra que resulte de la indagación. Es una tarea que debe ser realizada en cada país con prontitud, especialmente porque el plazo para la próxima revisión (a los cinco años), luce a todo evento que es demasiado largo.
La implementación del Acuerdo de París es un excelente ejemplo de que no basta establecer una meta o aspiración de política pública, por loable que parezca, para que se cumpla. Para alcanzar el objetivo, en este caso la reducción de las emisiones de CO2, se requiere una cadena de eventos que abarcan desde la motivación y conocimiento de los liderazgos de los gobiernos, hasta la inclusión de las medidas en la gran diversidad de políticas que afectan el cambio climático en cada país, pasando por contar con la estabilidad política y los recursos financieros. Solo en la medida que los gobiernos sean capaces de planificar en el mediano plazo (2030 está a la vuelta de la esquina), y llevar a cabo rigurosamente tales propuestas, se podrán revertir los efectos del cambio climático. Habría que explorar si realmente esto es una prioridad para los gobiernos. Lamentablemente, no luce de entrada que sea así.
Politemas, Tal Cual, 22 de enero de 2020
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