Venezuela entra a las hiperinflaciones más prolongadas

El informe presentado por la Asamblea Nacional hace pocos días señala que la tasa de inflación de Venezuela en el mes de agosto fue 65,2%. Esto significa que el país experimenta nuevamente una tasa de inflación mensual superior a 50%. La última vez que la Asamblea Nacional había reportado una tasa superior a 50% había sido en el mes de febrero de este año. Hay que señalar que el BCV reportó la tasa de inflación hasta el mes de abril del año en curso.

Un país se encuentra en hiperinflación cuando la tasa de inflación mensual supera el 50%. Este criterio fue propuesto por el profesor Cagan a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Esto quiere decir que puede registrarse una hiperinflación, aunque dure un solo mes (siempre y cuando la tasa de inflación supere el 50% mensual ya señalado). Este es el caso de la hiperinflación de Chile en octubre de 1973, o la de Perú en septiembre de 1988, entre otros.

Que la tasa mensual de inflación de Venezuela haya disminuido por debajo de 50% entre marzo y julio de este año podría haber generado la falsa idea de que la hiperinflación había desaparecido. Por eso el criterio establece que deben pasar 12 meses seguidos con tasas de inflación menores a 50% para determinar que ha cesado la hiperinflación.

Por otra parte, es obvio y notorio que la política económica no apunta a resolver los enormes desequilibrios que se confrontan (el único no es la tasa de inflación). En consecuencia, si consideramos todos los meses que han transcurrido desde que la tasa de inflación superó el 50% mensual (según la Asamblea Nacional fue en noviembre de 2017), es decir exactamente 22 meses hasta agosto de 2019, la hiperinflación de Venezuela ya está entre las doce más prolongadas de la historia. De hecho, superó la duración de la hiperinflación de Bolivia (que había sido la segunda más larga de América Latina con 18 meses). También sobrepasó los 21 meses de la hiperinflación de Zimbabwe en la década pasada.

De seguir esta progresión, si la hiperinflación se mantiene hasta enero de 2020 ya se encontraría entre las cinco hiperinflaciones más largas de la historia (Ucrania, Azerbaiyán, Grecia y Nicaragua conforman este grupo). Las dos primeras con duración de tres años, y las otras dos de casi 5 años (la más larga ha sido la de Nicaragua con 58 meses).

Al comenzar la hiperinflación Venezuela se comentaba que eran procesos de corto plazo. Que no podía durar mucho tiempo. Se advirtió en ese momento que eso depende de las políticas que se apliquen. Está bastante claro que las políticas implementadas en Venezuela no han estado dirigidas a controlar efectivamente la hiperinflación. Las pruebas están a la vista.

También es muy evidente que el problema de la hiperinflación no es su magnitud. Es el efecto dramático en la vida de las personas, en la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, en la destrucción de empleos, de empresas, en la migración de millones de personas, en la reducción de la inversión pública en servicios. La hiperinflación es sinónimo de destrucción de la sociedad. Que Venezuela se encamine a tener una de las hiperinflaciones más largas de la historia es una calamidad de las mayores proporciones. Es quizás la afectación más significativa en la vida de los venezolanos desde que existe la República.

Politemas, Tal Cual, 18 de septiembre de 2019

¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de Venezuela?

Supongamos que la pregunta se hubiera planteado en septiembre de 1960. Ese año, según fue señalado por Arnoldo Gabaldón, ministro de Sanidad y Asistencia Social para la fecha, se había publicado el Anuario de Epidemiología y Estadística Vital seis meses después de concluir el año 1959. De manera que el 1 de julio de 1960 ya se disponía de la información de la mortalidad registrada en el país en el año anterior. 

Indicó Gabaldón que el hecho de que se publicara el Anuario por primera vez a solo seis meses de finalizar el año previo, motivó que el Jefe de Metodología de Estadística Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviara una comunicación al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) considerando ese hecho como “milagro técnico y administrativo”. De hecho, esa publicación del MSAS llegó a catalogarse como una de las mejores de su tipo en América Latina. El país comenzó a ser reconocido a la vanguardia de la información en salud. Ese año, por cierto, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela era la tercera más baja de América Latina (59,9 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos registrados). Cuba y Uruguay eran los únicos dos países de la región con menor tasa de mortalidad infantil que Venezuela. 

Esta era la situación hace casi 60 años. Ahora es muy diferente. Habría que decir, en primer lugar, que la tasa de mortalidad infantil es un indicador utilizado por siglos en todo el mundo. No solamente por lo sencillo de obtener (si existen los datos, por supuesto), sino por la utilidad para expresar las condiciones de vida de la población. Los países con mayor nivel de desarrollo tienden a tener menores tasas de mortalidad infantil. Para el cálculo se requiere conocer el número de defunciones en menores de un año y los nacidos vivos registrados (nvr) en un año dado. Al dividir las defunciones por los nacidos vivos registrados y multiplicar por 1.000 se obtiene la tasa de mortalidad infantil. Esto significa que los países deben tener instituciones responsables de recabar y difundir esa información. 

Veamos cuál es la realidad para obtener la tasa de mortalidad en Venezuela lo más actualizada posible. Lo primero es señalar que el sitio web del ministerio de salud no está activo. No existe información disponible por esa vía. El último Anuario de Mortalidad (obtenido cuando el web del ministerio estaba activo) corresponde al año 2014. Pero eso se refiere solamente al número de defunciones. 

La información sobre el número de nacidos vivos registrados tampoco está disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encontraba hace algún tiempo, pero ahora ya no está. En consecuencia, el año más “reciente” para calcular la tasa de mortalidad infantil con datos oficiales es 2012 (siete años atrás). El valor obtenido con esos datos indica que la tasa de mortalidad infantil era 14,34 (defunciones en menores de 1 año por 1.000 nvr). 

Ante la ausencia de datos nacionales, llama la atención que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) si coloca en su sitio web la tasa de mortalidad infantil correspondiente a los años 2013 y 2014. También llama la atención que el valor correspondiente a 2012 es diferente del obtenido por las fuentes nacionales. De acuerdo con la OPS, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela en 2014 era 15,2 defunciones infantiles/1.000 nvr, lo cual representó un aumento con respecto a la de 2013. 

La situación concreta es que la información de fuentes oficiales sobre la tasa de mortalidad infantil tiene un retraso de al menos 6 años. Resulta muy lamentable que las políticas y programas relacionados con el bienestar de los niños, cuenten con tal rezago. La planificación básica es imposible en estas condiciones. 

El auge de los sistemas de información y de gerencia deberían facilitar que se conozca en tiempo real cada nacimiento ocurrido en el territorio. Eso significa que el número de niños nacidos en un año se debería actualizar con mediciones en tiempo real. Lo mismo puede decirse del número de fallecimientos en menores de un año. Cada muerte en menores de un año debería generar un proceso de indagación epidemiológica y gerencial, para identificar las causas del fallecimiento. Que la información oficial tenga tanto retraso, solo demuestra que el objetivo de la política no está presente. Lamentablemente, es así de evidente.

Politemas, Tal Cual, 4 de septiembre de 2019 

Las brechas de desigualdad en América Latina

En los últimos años la preocupación por la desigualdad, entendida como diferencias entre países y dentro de los países, ha ocupado un mayor espacio en la agenda pública. En la gran mayoría de los casos se asocia con el ingreso (de países o personas), pero es también visible en el acceso a servicios y beneficios. Que aumente la preocupación por la desigualdad, y especialmente por las políticas que la pueden reducir, es, sin dudas, muy positivo. Pero también es una llamada de atención sobre lo que debería ser una condición permanente en el diseño y evaluación de políticas públicas. De hecho, la insistencia en la igualdad, como lema republicano, ha estado presente por siglos. 

Con una mirada más contemporánea, la desigualdad es una restricción significativa para la armonía de la vida social. En primer lugar, porque la desigualdad es una vulneración de la condición humana. Y es por ello que, desde múltiples perspectivas, filosóficas, religiosas, ideológicas, la desigualdad es motivo de rechazo. En un segundo momento, la desigualdad también desencadena tensiones. Por ejemplo, tensiones políticas porque somete a grupos sociales a la exclusión, ocasionando ingobernabilidad cuando se superan los límites aceptados. También la desigualdad origina diferencias en el acceso de las personas a derechos y beneficios. Y, por otra parte, la desigualdad aumenta la incertidumbre sobre el futuro productivo de las sociedades. Impide que personas se incorporen en plenitud a la creación de riqueza y hace menos atractiva a las economías. 

Por todo lo anterior se debería esperar que las reducciones de la desigualdad fueran un objetivo compartido por gobiernos y sociedades. No solo por el impacto en el crecimiento económico, sino en la estabilidad política y en el bienestar social. Esta condición es de especial relevancia en el caso de América Latina, considerada en el Panorama Social 2018 de Cepal, junto con el Caribe, como la región más desigual del mundo, superando incluso al África Subsahariana. 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, es posible analizar la evolución de la desigualdad en América Latina, expresada con el coeficiente de Gini, desde principio de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2017. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad en un país dado. Cuando el valor del coeficiente es 0, significa que no existe desigualdad en el ingreso, es decir, que ningún sector de la población recibe un ingreso superior a la proporción que le corresponde. En cambio, cuando el coeficiente es 1 significa que un sector de la población recibe la totalidad del ingreso del país. Ambos casos son extremos. La situación ideal es que el coeficiente de Gini sea el menor posible de manera que exprese el grado más bajo de desigualdad. 

En los países de la OECD, con los últimos datos disponibles (alrededor de 2016), el promedio del coeficiente de Gini es 0,31. En este grupo de países, el coeficiente de Gini más bajo corresponde a Eslovaquia (0,241), seguido muy cerca por Eslovenia (0,244). Al examinar la evolución del coeficiente de Gini en América Latina entre 1990 y 2017, se observa que se ha reducido en todos los países excepto en Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Dicho de otra manera, en la gran mayoría de los países de la región se constata la reducción de la desigualdad en el período señalado. La mayor reducción del coeficiente de Gini fue experimentada por El Salvador, al pasar de 0,54 a 0,38 en el período. Otras reducciones significativas fueron las de Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú y Panamá. 

A pesar de estos avances, la diferencia del coeficiente de Gini con respecto a los países de la OECD es muy significativa. El país con el menor coeficiente de Gini (El Salvador), supera a todos los países con economías de alto ingreso, con la excepción de Estados Unidos. Solamente dos países (El Salvador y Uruguay) tienen un coeficiente de Gini inferior a 0,4. Once países de América Latina tienen un coeficiente de Gini superior a 0,45. 

Las evidencias indican que disminuir la desigualdad en la región, a pesar de las mejoras que se pueden destacar, es definitivamente un proceso de mediano plazo. Con una tasa de reducción del coeficiente de Gini de 1% anual (mayor a la registrada para El Salvador en el período), la mayoría de los países requeriría al menos dos décadas para alcanzar el nivel de desigualdad que hoy tienen los países más exitosos de la OECD. Es bastante claro, entonces, que superar la desigualdad en la región es mucho más que deseos y discursos. Es un reto de grandes dimensiones para liderazgos con visión, audacia y competencias. En caso contrario, América Latina seguirá siendo la región más desigual del mundo.

Politemas, Tal Cual, 28 de agosto de 2019

¿Cuántas personas mueren por malaria en Venezuela?

La pregunta es de alta prioridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el último informe anual (2018), señaló que los casos de malaria reportados en Venezuela representaron el 84% del aumento experimentado en las Américas en 2017. También indicó la OMS que el número de casos en el país aumentó 70% entre 2016 y 2017. Todo lo cual nos lleva a tratar de precisar cuál es, en primer lugar, el número de casos. En la medida que aumenten los casos también aumenta la probabilidad de que ocurra un mayor número de defunciones. 

Y es acá que empiezan las dificultades. Desde finales de 2016 no existe información oficial sobre el número de casos de malaria en el país. Este hecho es especialmente grave dada la experiencia acumulada en la elaboración de los informes epidemiológicos semanales. El hecho de que esos informes sean semanales, incluso diarios o hasta minuto a minuto, está relacionado con las características de la enfermedad. La malaria tiene un período de incubación de una a tres semanas. Es decir, que la situación de epidemia en una localidad o zona se puede manifestar en pocos días. La ausencia de información oficial regular aumenta los riesgos para la población y limita las posibilidades de control. Esto no debería requerir mayores explicaciones. 

Lo cierto es que el país con la mayor epidemia de malaria en la región, y una de las mayores del mundo, no cuenta con la información oficial requerida. De allí que se tenga que acudir a fuentes internacionales especializadas. De acuerdo con la OMS. el número de casos confirmados de malaria aumentó de 242.561 en 2016 a 411.586 en 2017. El número de casos sospechosos fue estimado en 1,1 millones en 2017. 

La información anterior es prácticamente arqueológica cuando se trata de enfrentar la malaria. Ya avanzada la segunda mitad de 2019 no están disponibles los datos básicos sobre la evolución de la epidemia. Esto significa que el número de casos podría aumentar significativamente. En otras palabras, si el aumento de casos es de tal proporción, en condiciones de deterioro ostensible del sistema de salud, el número de muertes puede aumentar también significativamente. Con lo cual llegamos a las dificultades para conocer el número de muertes por malaria. 

Hubo una época, en las primeras décadas del siglo pasado, que la malaria ocasionaba una de cada tres muertes registradas en el país. La disminución extraordinaria del número de casos y muertes por esta causa es una de las grandes expresiones de la modernización que vivió el país desde 1936. Sin embargo, tampoco en la actualidad contamos con información precisa sobre el número de muertes. 

El último Anuario de Mortalidad (publicación oficial que incluye la caracterización de las muertes ocurridas en un año dado) corresponde al año 2014. Ya transcurrida más de la mitad de 2019 debería haberse publicado el Anuario de Mortalidad de 2018 (al menos así ocurría en la década de los sesenta del siglo pasado). Ese anuario debería estar en el sitio web respectivo para consulta de toda la población. Con lo cual la respuesta a la pregunta del título se hubiera podido colocar en una sola línea. 

La ausencia de información exacta sobre el número de muertes por malaria tiene implicaciones muy significativas para las políticas de prevención y control. En primer lugar, estas muertes son completamente evitables con los avances de la salud pública. Nadie debería morir por malaria. Sin embargo, la OMS ha estimado que en 2017 ocurrieron 435.000 muertes por malaria. Ahora bien, dado lo raro que debería ser una muerte por malaria, sumado a lo característico de las manifestaciones clínicas, el subregistro tendría que ser inexistente. Lo cual conduce a la segunda implicación. 

El número de muertes reportadas en los anuarios de mortalidad debería tener la mayor exactitud. De hecho, los registros de mortalidad del país han estado entre los más desarrollados de la región. Si eso es así, entonces, en el último año con información disponible (2014), ocurrieron 44 muertes por malaria. Esa cifra fue cinco veces superior a la registrada en 2008 (año con el menor número de muertes en el período 1995-2014). Tal como se ha señalado, desde 2015 no se conoce el número de muertes por malaria. 

En condiciones de alta incertidumbre con respecto al número de muertes por malaria, una alternativa es estimar. Tal como hace la OMS en el reporte de 2018 para los años del período 2010-2017. Sin embargo, debe señalarse que esos estimados superan entre 3 y 11 veces el número de muertes por malaria reportadas en los anuarios de mortalidad en los años 2010-2014. 

Lamentablemente no es posible contestar con precisión el número de muertes por malaria, al menos en los últimos cuatro años. Esta situación demuestra dos terribles repercusiones para la vida concreta de los venezolanos. La primera de ellas es que luego de que nuestro país fuera pionero en los programas de control de malaria en el mundo tropical, confronta la mayor epidemia de la historia, con ausencia de información oficial sobre lo que ocurre. Como si no informar fuera la política. Como si no informar tuviera efecto en la reducción de los casos y muertes. La segunda repercusión, aplicable en muchos ámbitos, es la práctica extendida de ejecutar políticas públicas sin ninguna referencia sobre los daños a evitar, ni sobre las condiciones de vida. En el caso de malaria es bastante claro que el eje de la política es evitar todas las muertes y todos los casos. Como se realizaba a mediados del siglo pasado. Hay que recordarlo.

Politemas, Tal Cual, 21 de agosto de 2019

Sin diversificación no hay futuro

Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias. 

Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”. De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017). Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor. 

En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante. Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país. Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico. 

La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo. Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva. 

De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva. A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios. 

En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo. Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento. De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.

Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2019

¿Cómo varía la diversificación económica en América Latina?

La mención de la diversificación económica aparece reiteradamente en las propuestas de políticas en América Latina. Se indica que la región debe ser más efectiva en lograr una mayor diversidad de productos elaborados. Y se asume, acertadamente, que en la medida que se promueva la diversificación económica, de la misma forma se logrará el desarrollo sostenible. Todo lo cual coincide con la premisa señalada por Adam Smith, en su célebre obra publicada en 1776, sobre la importancia de la “cantidad de ciencia” para que los países alcanzaran la riqueza. Se desprende, en consecuencia, que el aumento de la “cantidad de ciencia” es justamente la expresión de lo que hoy se denomina “diversificación económica” o “diversificación de la producción”. 

El supuesto es sorprendentemente sencillo. Si los países diversifican la producción es porque han desarrollado las capacidades, es decir, han aumentado la “cantidad de ciencia”. Y este aumento de la “cantidad de ciencia”, promoverá que se desarrollen nuevas capacidades. De esta manera, existirá un círculo virtuoso: nuevas capacidades traerán el impulso para capacidades en el futuro. Como resultado, se podrá elaborar una mayor diversidad de productos y la sociedad tendrá mejores posibilidades de lograr el desarrollo sostenible. 

Ahora bien, las preguntas que se suceden son más difíciles de responder. Entre ellas están las siguientes: ¿En cuánto tiempo se diversifica la producción de un país de manera que se haga sostenible? ¿Existe un nivel crítico de diversificación productiva a partir del cual se genera ese círculo virtuoso? ¿Es posible que se presenten involuciones en el proceso de diversificación? Estas preguntas son más relevantes dadas las restricciones económicas que confronta América Latina, las cuales podrían prolongarse en los próximos años. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para alcanzar en 2030 obligan a conocer la viabilidad real para lograrlos. 

Una forma de aproximarse al futuro es estudiar el pasado. No significa, por supuesto, que el futuro se va a comportar como el pasado, pero puede ofrecer pistas que permitan identificar mejores opciones de políticas. Para el estudio de la evolución de la diversificación contamos ahora con mediciones. Una de ellas es el Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y contenido en el Atlas de Complejidad Económica. De acuerdo con este índice, los países con niveles de diversificación superiores al promedio presentan valores positivos. Los países con menor diversificación presentan valores negativos del índice. Los países con mayor diversificación presentan los valores más positivos, mientras los que tienen menor diversificación registran índices más negativos. En 2017 (último año con información disponible), el índice varió entre -2,13 (Guinea) y 2,28 (Japón). 

Para comparar las variaciones en el tiempo en los países de América Latina, se tomaron los registros del ICE en 2007 y 2017. Se analizaron 19 países de América Latina (solo Haití no tenía información disponible). En 2007 siete países de la región tenían ICE con valores positivos: México, Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, siendo México el único país con ICE superior a 1. En 2017, Colombia y República Dominicana ya no tenían ICE positivo. De manera que se mantuvieron los restantes cinco países, y se agregó El Salvador. 

No solamente se redujo el número de países con ICE positivo (de siete a seis), sino que países como México, Brasil y Panamá disminuyeron el valor del ICE en 2017 con respecto al de 2007. Es resumen, apenas un tercio de los países de la región tienen un nivel de diversificación positivo. De continuar las tendencias manifestadas en el período analizado, solo Chile podría sumarse a este grupo de países en los próximos años. Dicho en otras palabras, para que existan cambios significativos en la diversificación económca, la modificación de la tendencia señalada debe ser radical en muchos países. 

También queda en evidencia que es más difícil aumentar diversificación que perderla. Pareciera que existe un nivel a partir del cual es más fácil mantenerla, pero llegar a él solo se consigue a través de un proceso continuo de políticas efectivas. Tal parece entonces que el nuevo impulso a la diversificación requiere una combinación de adecuada comunicación de objetivos a la población con una gran dosis de audacia. De lo contrario, es bastante probable que se llegue a 2030 sin mayores cambios en la diversificación de América Latina, lo cual es sinónimo de limitaciones para alcanzar el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto en que la población comenzará a envejecer con mayor rapidez. Sin la menor duda, la región confronta un gran riesgo de no contar con las políticas requeridas para alcanzar la diversificación económica que garantice altos niveles de bienestar en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 7 de agosto de 2019

Cuando gastar más es proteger menos

Todavía se menciona que los países deben gastar 10% del PIB en salud para que “todo esté resuelto”. Con esa cifra se alcanzarían todas las coberturas de servicios de salud. Así de “sencillo”. La idea está fundamentada en la falsa creencia de que gastar más garantiza más servicios. No se presta ninguna consideración a que una cosa es asignar recursos, y otra muy diferente es realizar las actividades que se tenían previstas. Tampoco se toma en cuenta que los recursos gastados en un rubro o programa, podrían haberse asignado a otro con un mayor impacto. Sin embargo, dado que esa falsa creencia sigue presente en la agenda pública, es conveniente analizar de acuerdo con la experiencia concreta de los países., si efectivamente gastar más (sin ninguna otra consideración) es lo mejor que pueden hacer los países para proteger a la población. 

Lo primero es distinguir gasto total en salud, por una parte, y la composición del gasto, es decir, si proviene de fuentes públicas o privadas, por la otra. Ya es ampliamente conocido que la salud requiere la participación de la inversión pública, porque no es posible de otra forma, garantizar servicios a los sectores de menos recursos. Justamente son estos sectores los que tienen mayores riesgos de enfermar o morir. Y además, garantizar la máxima cobertura de servicios de salud para la población, es un requisito básico para acometer las grandes metas del desarrollo, como son el pleno ejercicio de la libertad y la utilización de las capacidades de todos los individuos. 

Se puede tomar como primera referencia a los países de la OECD. Y dentro de ellos se pueden distinguir los países que tienen el menor gasto de bolsillo, es decir, en los cuales la población tiene que asignar menos de sus propios recursos para tener acceso a los servicios. Estos son países en los cuales la protección financiera en salud tiende a ser mayor, porque las familias no tienen que utilizar tantos recursos propios. 

En los diez países con menor gasto de bolsillo de la OECD en 2016 (información más reciente disponible en el web de la OMS), el promedio del gasto total en salud es 10,2% del PIB. De ese gasto total, el gasto público representó el 80%. Por supuesto, esto no quiere decir que los países gastan 10% del PIB y, como consecuencia, tienen alta protección financiera. No, lo que eso significa es que si la política de salud está dirigida a alcanzar la máxima protección financiera, en el contexto demográfico, epidemiológico e institucional de estos países, la experiencia comparada indica que la cantidad de recursos es poco más de 10% del PIB con 80% proviniendo de fuentes públicas. 

Ahora bien, utilizar esos criterios para comparar con otras regiones del mundo requiere las consideraciones del caso. Tomemos como ejemplo los países de América Latina. Obviamente, el perfil demográfico y epidemiológico es muy diferente. Los países de la OECD tienen una mayor expectativa de vida, y, en consecuencia, presentan una mayor proporción de población con enfermedades crónicas que requerirá servicios a través de mayor tiempo. 

En América Latina la situación no es igual. Se debe esperar, entonces, que el gasto total en salud no debería ser de la magnitud que tienen los países de la OECD ya señalados. Más aún, el gasto total en salud en América Latina, debería ser el menor posible, de manera que se pueden asignar recursos a educación o ciencia y tecnología, por decir dos aspectos muy relevantes para que justamente las personas vivan más y mejor (con lo cual requerirían menos servicios curativos de salud). Sin embargo, dado que la composición del gasto si es un factor relacionado con la cobertura de protección financiera, se puede convenir que el 80% del gasto debería ser público, también en los países de América Latina. Veamos ahora algunos casos para ilustrar. 

Argentina es un país con un patrón demográfico de mayor envejecimiento. Pero al mismo tiempo, es uno de los cuatro países con bajo gasto de bolsillo en la región. Argentina tiene un gasto total de 7,5% del PIB con 74% proveniente de fuentes públicas. 

Brasil tiene un gasto total de 11,7% sobre el PIB, superior al de los países de la OECD indicados. Esta magnitud de gasto es insostenible dado el aumento de la expectativa de vida que se espera para la próxima década. Brasil debería reducir el gasto total y aumentar la proporción de recursos públicos que ahora es 33%, inferior al 80% señalado como criterio. 

Colombia tiene un gasto total de 5,91% sobre el PIB, con 62% proveniente de fuentes públicas. También Colombia se encuentra en el grupo de países de bajo gasto de bolsillo de la región (los otros dos son Uruguay y Cuba). De manera que Colombia quizás necesite aumentar el gasto total y la proporción de fuentes públicas, para hacer frente a los cambios demográficos de la próxima década. México registra un gasto total de 5,47% sobre el PIB, pero tiene una menor proporción de fuentes públicas (52%). 

Ecuador tiene los dos problemas. Tiene un gasto total de 8,39% (muy por encima de lo que debería tener), y solo tiene 50% de origen público. Ecuador debería tratar de contener el aumento del gasto total para evitar llegar a la situación de Brasil, y al mismo tiempo aumentar la proporción de recursos públicos. 

En Venezuela el gasto total es 3,22% del PIB, y solo el 21% es de fuentes públicas. Esto significa que Venezuela debe aumentar el gasto total, pero solo de manera moderada. Podría señalarse que una opción adecuada para Venezuela es alcanzar un gasto total entre 5 y 6% del PIB (como máximo), con una proporción de fuentes públicas de 80%. De esta manera se podría anticipar efectivamente el aumento en la expectativa de salud y la consiguiente demanda de servicios en la próxima década, Y también se podrían asignar recursos a otras áreas de inversión como educación, y ciencia, tecnología e innovación. 

En líneas generales, los sistemas de salud de la región, con sus excepciones, están gastando más de la cuenta, y no se están preparando para la próxima década. El hecho de que Brasil tenga un gasto total superior al 11% del PIB con un alto gasto de bolsillo, indica palmariamente que gastar más no necesariamente es proteger más. Los países de la región, especialmente aquellos con un patrón demográfico más joven, deben hacer esfuerzos por invertir mejor, lo cual no significa más cantidades sino aumentar la proporción pública con mejoras sustanciales en la gestión. La región necesita estos cambios para garantizar más recursos a la creación de sociedades del conocimiento con personas más sanas y más productivas.

Politemas, Tal Cual, 17 de julio de 2019

¿Cómo transformar el futuro de América Latina?

Dado que el futuro siempre es incierto, la tendencia inicial es obviarlo. La preocupación por el presente no deja tiempo para el futuro. Incluso en muchos países no se sale del pasado. Las polémicas del presente consisten en reconsiderar hasta la saciedad el pasado. Desde esa perspectiva, el pasado no es una fuente de aprendizajes, es más bien una excusa para no enfrentar las decisiones del presente, mucho menos las del futuro. 

Imaginar el futuro, sin embargo, es justamente una forma de darle coherencia al presente. De establecer las restricciones que permitan avanzar. En otras palabras, las políticas públicas son las vías que pueden facilitar el paso del presente al futuro. Afortunadamente, el futuro así visualizado termina siendo clave para disminuir la incertidumbre. Es por ello que cada día más y más los países avanzados dedican mayores recursos a imaginarlo. Porque en la medida que lo disciernen, encuentran pistas para actuar ahora. Lo que pueden modificar las políticas públicas es justamente el futuro. 

De todo lo anterior se deriva que debería haber más preocupación por pensar en el futuro. Para lo cual el primer paso sería saber cómo es la evolución del presente. Es decir, si se sigue en el actual rumbo, ¿cuáles serían las consecuencias? Esta es la base de los estudios de prospectiva. Tratar de identificar las tendencias actuales para luego proponer las alternativas que permitan modificarlas. En consecuencia, el primer paso es definir los retos que se derivan si el presente sigue en la misma dirección. 

Desde hace varios años el Inter-American Dialogue, centro de análisis ubicado en Washington, DC, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han cooperado, bajo la coordinación de Sergio Bitar, para facilitar documentos y análisis centrados en la elaboración de escenarios para identificar opciones de políticas y transformar el futuro, especialmente en América Latina. Disponibles en internet se encuentran reportes sobre distintos escenarios de América Latina, así como de países en particular. 

Del examen de la situación de las tendencias mundiales, se han propuesto cinco grandes retos estratégicos que se deberán asumir en América Latina. El primer reto está asociado con la gobernabilidad. No solamente la del nivel nacional. Son evidentes las limitaciones en la capacidad de gobernabilidad en los países de la región, en unos con mayor intensidad que otros, valga solo mencionar los acontecimientos recientes en Brasil. Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela. También es clave la gobernabilidad en los niveles sub-nacionales o locales. La multiplicidad de gobiernos, así como las amplias restricciones para la institucionalización de políticas públicas, en un tiempo en el cual lo local es un factor determinante, hacen más exigentes la combinación de participación con efectividad de las intervenciones. 

El segundo reto señalado es la transformación productiva de las economías de la región. La ausencia de la orientación para la creación de valor es un rasgo característico en la mayoría de los países. De manera que no hay atracción de nuevas inversiones y recursos humanos que faciliten el tránsito a sociedades de creación de conocimientos. Sin cambios sustantivos en estas áreas, es poco probable asumir el tercer reto, el de la inclusión social. Nada más estimando la cantidad de servicios de salud y educación que serán necesarios para los cien millones de personas que nacerán en la próxima década, se ilustra la complejidad de la tarea, 

El cuarto reto es la integración que se debe profundizar en la región. Todas estas demandas se podrían satisfacer mejor si se consolidan amplias zonas de comercio y de integración, que faciliten el flujo de personas y recursos. América Latina tiene todo un camino por recorrer en este aspecto. Y finalmente, siendo una de las áreas del planeta con mayor biodiversidad, los efectos del cambio climático deberían ser enfrentados de la forma más efectiva, especialmente cuando existe la percepción que en el contexto global no se está haciendo lo requerido, y de que es posible, de continuar la actual tendencia, que el aumento de la temperatura global alcance los peores pronósticos. 

Tal como van las cosas, el futuro de la región luce muy complicado. Ya es un buen paso conocer las restricciones y las opciones. Es especialmente necesario que la región cuente con los liderazgos, fundamentalmente políticos, que sean capaces de visualizar e impulsar las transformaciones requeridas. De ello dependerá en gran medida, el futuro que se pueda construir desde hoy.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2019

La pugna por el conocimiento en el siglo XXI

Mientras en América Latina disminuyen las inversiones, y no se aprecia mayor impulso en la creación de sociedades de conocimientos, en otras partes del mundo se manifiestan tendencias que pueden tener repercusiones significativas en las próximas décadas. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la creación de conocimientos abarca ya múltiples ámbitos técnicos y geográficos. 

La incorporación de nuevas áreas geográficas a los desarrollos tecnológicos se ha convertido en una notable confrontación geopolítica. Hace pocas semanas, se conoció que Huawei, la empresa china en conflicto reciente con los Estados Unidos, había acordado con la Unión Africana un memorándum de entendimiento por los próximos tres años. De acuerdo con este memorándum, Huawei se compromete a mejorar la capacidad técnica de la Unión Africana y cooperar en las áreas de tecnología de información y comunicación. 

La ejecución de este entendimiento supone la alianza de la Unión Africana y Huawei para fortalecer sectores como la Internet de las cosas, desarrollo de banda ancha y de computación en la Nube, así como las redes 5G e inteligencia artificial. Además, a través de la iniciativa se formarán jóvenes africanos en las habilidades técnicas necesarias. Tal parece entonces que la incorporación de diversos sectores de la población de África en las sociedades digitales, tendrá un gran impulso con este acuerdo. 

La ampliación de las fronteras digitales en África debe entenderse entonces como un objetivo estratégico de China. A la fecha, aproximadamente el 70% de las redes 4G de África han sido construidas por Huawei. No es solamente la presencia creciente en el mercado africano, sino la posibilidad de incidir en la formación de los recursos humanos que se requieren para impulsar todos estos avances. Esto sucede en un contexto en el cual los países africanos han involucionado en estabilidad política pero han mejorado en desempeño económico. En esas condiciones, es fácil entender el interés de China, así como el grado de creciente participación que ha adquirido en África. 

Estas dinámicas denotan los profundos cambios que están operando en el mundo ante los avances tecnológicos y científicos. La creación de conocimientos dejó de ser un tema refinado, aislado en los grandes centros de investigación. Ahora es nada más y nada menos que expresión de la lucha por el poder en el mundo. La imperceptible presencia de estos temas en la agenda pública en América Latina, es cada día mayor reflejo de la distancia entre las realidades de la región y las expresiones concretas de la lucha por el predominio político en el siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2019

¿Hacia dónde es el "desarrollo en transición"?

En días recientes se presentó el documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición”, elaborado en conjunto por CEPAL, OECD, CAF y la Comisión Europea. Con el concepto “desarrollo en transición” se propone enfatizar un tipo de desarrollo inclusivo y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben alcanzar en 2030. 

En el documento se justifica, tal como se ha hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, que el desarrollo no puede tomar en cuenta solamente el criterio del ingreso per cápita. En la misma dirección de los avances en las últimas décadas en estudios del desarrollo, se propone que las políticas a implementar deben ser multidimensionales. También el documento insiste en cuatro “trampas del desarrollo” en América Latina, a saber: productividad, vulnerabilidad social, institucional, y ambiental. 

En el documento se recomienda que para avanzar en el “desarrollo en transición”, los países de América Latina deben: (1) mejorar el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, (2) elaborar planes nacionales de desarrollo, (3) invertir mejor, y (4) generar consensos para superar las complejidades de la economía política de las reformas. Sin desconocer que estas cuatro medidas son siempre necesarias, no es tan claro que ellas por si solas sean condición suficiente para alcanzar el llamado “desarrollo en transición”. 

Aunque el documento presenta algunas de las brechas que confronta la región, no se menciona una de las más críticas: la relacionada con el tipo de productos que se elaboran. No es solo la brecha de productividad, esto es, que se produzcan menos productos o de menor calidad. Es que el tipo de productos que creamos no son compatibles con los que se demandan cada día más en sociedad intensivas en conocimiento. Es decir, no se puede “transitar” a un nuevo estadio de desarrollo cuando no se establece la brecha de conocimiento. Es por la misma razón que las sociedades industriales desplazaron a las sociedades agrícolas. No era en primer lugar la forma de organizarse políticamente, eran las modalidades de producción. 

No puede extrañar, entonces, que no se mencione en el documento que se debe ampliar el la generación de conocimientos en las sociedades de América Latina. Que la transformación sustantiva de las condiciones de vida es consecuencia de un cambio fundamental en lo que se produce. Y que para ello se deben modificar las prioridades generales de la sociedad. Esto es, que la asignación de los recursos públicos debe tener como centro la conversión de sociedades que utilizan conocimientos a sociedades que crean conocimientos. De manera que la interacción entre gobiernos, empresas y universidades pasa a ser el eje de la vinculación con el desarrollo. El documento también deja en evidencia que son los liderazgos políticos los que están en mejor posición para indicar las políticas que deberán movilizar a la región a construir sociedades de conocimientos. Que la discusión esté centrada en el “desarrollo en transición” sin considerar la generación de conocimientos, solo revela que las dimensiones de la brecha son mayores a lo imaginado.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2019