¿Cómo puede evolucionar el cambio climático en Argentina?

El calentamiento global es tema de primer orden en la agenda pública. Además de las reuniones de organismos internacionales, los medios de comunicación y redes sociales destacan insistentemente sobre las perspectivas del planeta en caso de que no tengan éxito las políticas que se deben derivar del Acuerdo de París de 2015. Se espera que los gobiernos estén diseñando las mejores alternativas para que a finales de siglo la temperatura global no supere dos 2 grados centígrados por encima de los niveles pre-industriales. La situación ideal prevista en el Acuerdo de París es que el aumento no sea superior a 1,5 grados centígrados. 

Uno de los cambios de gobierno más reciente en América Latina ocurrió el pasado diciembre en Argentina. Explorar la posición del gobierno recién posesionado, puede ser una muestra de cómo los países de la región están concibiendo las políticas para enfrentar el cambio climático. Para el año 2018, según las cifras de la Comisión Europea, Argentina ocupaba el lugar 29 en el mundo con respecto a la producción de emisiones de CO2, representando aproximadamente 0,55% de las emisiones totales del planeta. 

En 2016, en la Contribución Nacional elaborada por el gobierno de Argentina, en cumplimiento de las exigencias del Acuerdo de París, se propuso que en 2030 las emisiones de CO2 no deberían superar 483 millones de toneladas. Una nota muy positiva es el hecho de que entre 2015 y 2018, las emisiones de CO2 experimentaron en Argentina una ligera reducción, al pasar de 212 a 210 millones de toneladas (siendo uno de los pocos países de la región que disminuyeron las emisiones). En la Contribución Nacional también se señalan las recomendaciones de políticas que deberían seguirse para cumplir la meta establecida, e incluso tratar de alcanzar una cantidad menor de emisiones en 2030. 

Se puede asumir que un tema de esta envergadura, tanto por las implicaciones nacionales e internacionales (especialmente por la cercanía de Argentina con Brasil), sería incluido en los programas de los candidatos a la presidencia, celebradas en 2019. Sin embargo, en la propuesta del candidato que resultó ganador ni siquiera se mencionó las palabras “cambio climático”. Luego, en el discurso de toma de posesión, el actual presidente ratificó el compromiso con el Acuerdo de París, pero no señaló medidas concretas. Hubiera sido muy significativo que el presidente resaltara los avances realizados por Argentina, e indicara al menos las pautas generales que el nuevo gobierno desarrollará con respecto al cambio climático. 

Las medidas propuestas por Argentina en 2016, para superar la meta prevista en 2030, suponen ejecutar acciones en tres áreas centrales: (1) obtención de financiamiento internacional para promover las estrategias para la reducción de emisiones, (2) apoyo a la transferencia, innovación y el desarrollo de tecnologías (por ejemplo, para monitorear la cantidad de emisiones), y (3) fortalecimiento de las buenas prácticas para enfrentar el cambio climático en ámbitos relevantes. 

El éxito de los países, especialmente de los gobiernos, en la reducción de las emisiones de efecto invernadero no vendrá de manera aleatoria. Supondrá que se siga en detalle las pautas acordadas a través de sucesivos gobiernos. El hecho de que en los programas de gobiernos y en las primeras actuaciones de las administraciones no se indiquen las políticas que se ejecutarán, es un signo preocupante. Esto es de mayor significación cuando se consideran los países de menor desarrollo institucional. Tal parece que las exigencias para que las políticas contra el cambio climático sean adecuadamente diseñadas e implementadas, constituirán un área de gran preocupación para las sociedades de la región. Especialmente por el seguimiento de las acciones que realizarán o no realizarán los gobiernos en un área tan significativa para las condiciones de vida de los ciudadanos de América Latina en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 29 de enero de 2020

Cambio climático en América Latina

Las perspectivas para reducir el calentamiento global no son prometedoras. En la reunión de Davos que se celebra esta semana, el cambio climático ocupa gran parte de la agenda temática. El Foro Económico Mundial, en informe reciente, alerta sobre el aumento que se ha comprobado en las emisiones de gas invernadero, incluso desde la firma del Acuerdo de París a finales de 2015. Se señala en este informe que las emisiones continúan aumentando a una tasa de 1,5% anual. Esto significa que se requeriría una reducción entre 3 y 6% anual hasta 2030 para que se cumpla la meta de que el aumento de temperatura global al final del siglo esté en el rango acordado, esto es, entre 1,5º y 2º C. 

Entre 1970 y 2018, las emisiones globales de CO2 (correspondientes a la mayoría de las emisiones de efecto invernadero), aumentaron casi 2,5 veces. Sin embargo, en China el aumento fue mayor a 12 veces. A pesar de que 121 países se han comprometido a compensar las emisiones para el año 2050, este grupo de países representa menos del 25% de las emisiones totales. Ninguno de estos países está entre los cinco con más emisiones (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón). Los cambios que deben sucederse para revertir la tendencia en las emisiones, y por ende, en los efectos en el cambio climático, son de alta exigencia para muchos países. 

El Acuerdo de París, aunque no establece metas definidas para la reducción de las emisiones, si demanda que los países presenten planes ambiciosos con este propósito. También se señala en el Acuerdo de París que las cifras de emisiones previas deben considerarse como el punto más alto, y que en la implementación de estas pautas se espera que se produzcan reducciones significativas en todos los países. Por otra parte, este requerimiento de reducción es independiente de la cantidad total de emisiones de los países. En otras palabras, cada país tiene el compromiso de reducir las emisiones que produce, sin tomar en cuenta la magnitud o la población. 

En América Latina, nueve países han multiplicado más de cinco veces el total de emisiones de CO2 desde 1970 hasta 2018 (últimas cifras disponibles en la base de datos de emisiones de la Comisión Europea). El país con mayor aumento ha sido Paraguay, 11 veces con respecto a 1970. Le siguen en orden decreciente: Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Haití, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. En Brasil el aumento ha sido de 4,5 veces, en México de 4 veces y Argentina de 2,3 veces (entre los países de mayor población). 

Luego de la aprobación del Acuerdo de París, es decir, tomando en cuenta el período 2016-2018, un total de 16 países (sobre 20 de la región) han experimentado aumento de las emisiones de CO2. Es más, en 12 países (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay), la cifra registrada de emisiones de CO2 en 2018 es la más alta en la historia. 

Si en estos 12 países no se aprecia cambio de la tendencia en las emisiones, aun cuando cada uno de ellos ha elaborado las denominadas “contribuciones nacionales”, puede ser indicativo de las siguientes posibilidades: (1) las contribuciones nacionales no han incorporado las medidas adecuadas para reducir las emisiones, (2) las contribuciones nacionales contienen las medidas adecuadas pero no se han implementado, (3) se han incorporado las medidas adecuadas pero el tiempo para obtener efectos es superior al plazo cubierto hasta 2018. Se requiere conocer cuál de las opciones anteriores es la que corresponde a cada país, o cualquier otra que resulte de la indagación. Es una tarea que debe ser realizada en cada país con prontitud, especialmente porque el plazo para la próxima revisión (a los cinco años), luce a todo evento que es demasiado largo. 

La implementación del Acuerdo de París es un excelente ejemplo de que no basta establecer una meta o aspiración de política pública, por loable que parezca, para que se cumpla. Para alcanzar el objetivo, en este caso la reducción de las emisiones de CO2, se requiere una cadena de eventos que abarcan desde la motivación y conocimiento de los liderazgos de los gobiernos, hasta la inclusión de las medidas en la gran diversidad de políticas que afectan el cambio climático en cada país, pasando por contar con la estabilidad política y los recursos financieros. Solo en la medida que los gobiernos sean capaces de planificar en el mediano plazo (2030 está a la vuelta de la esquina), y llevar a cabo rigurosamente tales propuestas, se podrán revertir los efectos del cambio climático. Habría que explorar si realmente esto es una prioridad para los gobiernos. Lamentablemente, no luce de entrada que sea así.

Politemas, Tal Cual, 22 de enero de 2020

¿Por qué Bangladesh tiene un plan hasta 2100?

Tener un plan de largo plazo es en muchos contextos una idea fuera de lugar. Asomar algo así en los países de América Latina inmediatamente es rechazado por falta de realismo. Simplemente se descarta por principio. Los argumentos sobran: hay que concentrarse en lo más urgente, si no se enfocan las acciones en el corto plazo no tienen efectividad, y así sucesivamente se indican razones en contra. Preguntar a los líderes políticos, económicos y sociales sobre sus visiones a diez, veinte o cincuenta años, genera miradas de sorpresa y desconcierto. Pensar en futuros tan lejanos no es una práctica habitual, para decirlo sin mayores adjetivos. 

Tanto está enraizada esta visión, que imaginarse que en alguna parte del planeta se está planificando para los próximos cien años, puede sonar bastante exótico. Incluso es fácilmente asimilable solamente con las prácticas de los países llamados avanzados. Por alguna razón se asume que la planificación de largo plazo es algo que solo pueden contemplar los países de mayor desarrollo. Porque solo en esos países, se dice, es posible “darse el lujo” de pensar en el futuro. De esta manera se reitera el mito de que aquellos países de menor desarrollo no pueden ni deben tener una idea tan “extravagante” como planificar el futuro, y mucho menos en plazos tan largos. 

Pero sorpresas da la vida. Basta con colocar “plan 2100” en cualquier buscador de internet, para obtener como resultado que el país que aparece no es uno de los más esperados. Es Bangladesh, conocido más bien por las dificultades de desarrollo que ha confrontado. Su origen deriva de la mezcla, muchas veces dramática, entre colonialismo y pobreza. Bangladesh es producto de la separación de Pakistán a principios de la década de los setenta del siglo pasado, a través de demandas independentistas apoyadas por India. En las últimas décadas, Bangladesh dejó de ser un país de bajo ingreso, según la clasificación del Banco Mundial, para convertirse en un país de “ingresos medios bajos” en 2015. Y ahora se ha planteado con seriedad transformarse en un país de “ingresos medios altos”. 

Ahora bien, la razón fundamental para la elaboración de un plan hasta 2100 por parte de Bangladesh, es que, dadas las tendencias en la evolución del cambio climático, el país podría quedar bajo las aguas en las próximas décadas. Se estima que, ante el aumento del nivel del mar a escala global, el 70% de la superficie del país, que actualmente supera apenas un metro de altura, quedaría sumergida. También estos efectos ocasionarían sequías de grandes proporciones y aumento de salinidad de las aguas. En la práctica, Bangladesh ocupa el quinto lugar entre los países que serían más afectados por los efectos del cambio climático. Perspectivas muy preocupantes para un país de 160 millones de habitantes. y el de mayor densidad poblacional entre los países con más de 2 millones de personas. 

La alternativa de Bangladesh, antes que responder con medidas de corto plazo, ha sido lo contrario: elaborar un plan a desarrollar en las próximas ocho décadas. Ha solicitado asistencia técnica a los Países Bajos y el Reino Unido. Ha acordado asistencia financiera con organismos multilaterales para implementar el plan. Desde 2018 cuenta con un plan de desarrollo hasta 2100, orientado a eliminar la pobreza extrema en 2030, alcanzar el nivel país de ingresos medios altos también en 2030, y convertirse en un país próspero a partir de 2041. Para ello se aspira asegurar la seguridad ante inundaciones y el cambio climático, así como la eficiencia en el uso de aguas, sostenibilidad de los sistemas fluviales, desarrollar efectivas instituciones y alcanzar la utilización óptima de las tierras y los recursos hídricos. El plan se convierte entonces en un estabilizador de la sostenibilidad del país. 

Los países severamente afectados no son solamente aquellos que pueden quedar sumergidos. También están los países que pierden capacidades productivas, ven a una fracción inmensa de sus habitantes emigrar a otros países, sufren descalabros en la institucionalidad política, y padecen altos porcentajes de pobreza y subnutrición. En estos países, muchas veces los liderazgos, en el mejor de los casos, colocan sus metas en lo que sucederá en la próxima semana. Quizás poniendo el acento en los factores que condicionan la propia supervivencia de los países y en una visión de largo plazo, como ha hecho Bangladesh, se podrían gestar los consensos que permitan superar las terribles circunstancias del corto plazo. A lo mejor vale la pena intentarlo.

Politemas, Tal Cual, 15 de enero de 2020

Razones para el ingreso de Uruguay a la OCDE

Termina la segunda década del siglo XXI con la sensación de que el desarrollo es una meta lejana para los países de América Latina. Como si la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de democracia y bienestar, estuviera cada día más distante. Los acontecimientos de las últimas semanas han colocado una gran interrogante, incluso en países en los cuales se pensaba que los avances eran notables y sostenibles. A pesar de esas primeras impresiones, existen experiencias que demuestran que es factible lograr la adecuada coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 

El primer paso en esa dirección es definir una referencia para el diseño y ejecución de políticas. Esta es la importancia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Luego de la II Guerra Mundial, los países de Europa promovieron una instancia de cooperación ante los exigentes retos de la reconstrucción. Así se constituyó en 1948 la Organización Europea para la Cooperación Económica, la cual evolucionó en 1960 para la creación de la OCDE con una perspectiva internacional. Tres objetivos constituyen la base de la acción de la OCDE: alcanzar el mayor nivel de crecimiento económico sostenible, empleo y estándares de vida en los países miembros promoviendo el desarrollo de la economía mundial, contribuir a la expansión económica de los países miembros y no-miembros, y contribuir a la expansión del comercio internacional de manera multilateral y sin discriminación. 

Actualmente la OCDE está compuesta por 36 países. El ingreso a este grupo se realiza a partir del cumplimiento de indicadores previamente establecidos y compatibles con los objetivos señalados. Los países miembros tienen acceso a las posibilidades de cooperación de la alianza, expresadas fundamentalmente en compartir conocimientos y prácticas para el mejoramiento de las políticas públicas. El centro de investigaciones de la OCDE es una referencia internacional de primera línea en estos aspectos. Las actividades de la OCDE facilitan a gobiernos, organizaciones sociales, medios de comunicación, centros de investigación, el acervo de experiencias para contribuir con las mejores prácticas en el diseño e implementación de políticas públicas a escala global. 

Solo dos países de América Latina pertenecen en la actualidad a la OCDE: México desde 1994 y Chile desde 2010. Dos países más (Colombia y Costa Rica) se encuentran en el proceso de admisión. El examen de la situación actual en América Latina también pone de relieve los avances de Uruguay, de forma compatible con los requerimientos de ingreso. 

Desde la perspectiva institucional, específicamente en lo relacionado con el Estado de Derecho, el desempeño de Uruguay (tomando como referencia los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial), es superior al que presentan siete países miembros de la OCDE. También es superior al de los cuatro países de América Latina ya señalados. En lo que respecta a la capacidad de creación de valor, Uruguay tiene un índice de complejidad económica que supera a cinco países de la OCDE, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. La complejidad económica de Uruguay es superior a la de Chile y Colombia, y similar a la de Costa Rica. En cuanto a la capacidad de compra internacional, medida en dólares PPP, Uruguay solo es superado por Chile, en el grupo de los países de América Latina, que a su vez se encuentran en los últimos lugares entre los países de la OCDE. 

Aunque los indicadores señalados son apenas una referencia de los que deben ser cumplidos para aceptar el ingreso en la OCDE, constituyen evidencias de que el desempeño de Uruguay es compatible con las exigencias del desarrollo sostenible global. Se podría agregar, en lo que respecta a la política social, que Uruguay tiene el porcentaje de población en pobreza extrema más bajo de la región y es uno de los países con más bajo gasto de bolsillo, en niveles comparables con el promedio de los países de menor gasto de bolsillo en el mundo. 

El ingreso de Uruguay a la OCDE corroboraría que el desarrollo de la institucionalidad política y de derechos humanos es posible de manera exitosa en América Latina, así como la calidad de políticas públicas sistemáticas y sostenidas. Además, serviría de referencia a otros países de la región con posibilidades de emular estos logros. Ojalá el nuevo gobierno que se instalará el 1 de marzo del próximo año, proceda a solicitar el ingreso de Uruguay a la OCDE. Las repercusiones de esa decisión serán de gran utilidad en la región.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre de 2019

Jaque al futuro de América Latina

En cuestión de semanas varios países de América Latina han entrado en crisis de gobernabilidad. Se puede identificar los sucesos que las han ocasionado. Más complicado es precisar los modos en que cesen esas crisis. Ni hablar de las fechas en que finalizarán. Para una región que ya veía con preocupación el término de esta década y el inicio de la próxima, los acontecimientos de los últimos tiempos aumentan las interrogantes.

En la medida que las dificultades políticas se manifiesten con mayor énfasis, el atractivo para las inversiones se hace menor. En un escenario global caracterizado por el desplazamiento de inversiones a los países de Asia, los tiempos de enfrentamiento político no contribuirán a revertir esa tendencia. Especialmente porque estas crisis de gobernabilidad son expresiones de las restricciones de nuestras sociedades para contar con vías institucionales que promuevan acuerdos por la democracia y el bienestar. Si las actuales crisis no favorecen que se fortalezcan esos mecanismos, es bastante probable que las restricciones aumenten. Lo cual es más riesgoso en una región que crecerá en 100 millones de habitantes para 2030, con la consiguiente demanda en servicios para la población joven, pero también con los beneficios requeridos para los grupos en edad de jubilación. 

Una perspectiva, bastante simplista por lo demás, asume que, ante estas dificultades en el ámbito político, se debe mantener la inversión en áreas sociales, por ejemplo, en educación, y que, con la apuesta a la recuperación económica, entonces la región tendrá mejores perspectivas. Tal enfoque no toma en cuenta, en primer lugar, el pobre desempeño de la región para crear valor con aceptación en los mercados internacionales. Y también pasa de lado la notoria realidad de que sin estabilidad política no son posibles los acuerdos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. 

Se constata con frecuencia que liderazgos políticos insisten hasta el cansancio, como un estribillo sin esencia, que la solución para el desarrollo es la educación. Que, si se hacen los esfuerzos para educar a los que no están en la escuela, entonces, casi por arte de magia, los países progresarán. Se asume que esas personas tendrán las competencias para desempeñarse en el mercado de trabajo, y de esta forma obtener los recursos para sus familias. Así de simple. 

Esa creencia no toma en cuenta, ese “pequeño detalle”, que esas personas requieren sitios en los cuales puedan utilizar esas competencias. Es decir, se requiere que existan empresas con planes de expansión, en el marco de economías ordenadas y en crecimiento para crear valor. Y también se requieren las condiciones de flexibilidad para crear nuevas empresas, muchas de ellas fomentadas por esas personas que egresan de instituciones de formación. Sin esos espacios para que las personas trabajen, la educación terminará formando más migrantes para otros contextos. 

Todo lo anterior es de mayor significación cuando se examina la disponibilidad de recursos humanos para crear conocimientos que promuevan innovaciones. Es decir, aquellos que podrían diseñar las alternativas productivas o de servicios compatibles con las tendencias de generación de conocimientos en la tercera década del siglo XXI. Si comparamos la disponibilidad de esos recursos humanos, según el Banco Mundial, en el año 2000 Japón contaba con poco más de 5.077 investigadores por cada millón de personas, la cifra más alta en el mundo. En el año 2010, Finlandia alcanzó el primer lugar en este indicador, con 7.720 investigadores por millón de habitantes. En 2016, Dinamarca ocupó el primer lugar con 7.845 investigadores por millón de habitantes. Puede notarse que en apenas 16 años el número máximo de este indicador aumentó más de 50%. La demanda de estos recursos humanos especializados debe ser una de las altas en el mundo. 

Mientras esto sucede en los países de mayor inversión en ciencia y tecnología, la diferencia con los países de América Latina es inmensa, al menos para 2016 (últimas cifras disponibles en muchos de ellos). Argentina, por ejemplo, tiene 6 veces menos investigadores por millón de habitantes que los tres países señalados anteriormente. Brasil tiene 11 veces menos, Chile 15, México 23, Venezuela 27, Colombia 88. Con una desproporción de esta magnitud, es obvio que las posibilidades de acortar la distancia son muy bajas. 

La situación anterior era previa a las crisis de gobernabilidad de los últimos meses. No es muy difícil imaginar que las perspectivas para enfrentar estos grandes retos se han venido a menos. Como en tantas áreas de la vida, lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. A diferencia del ajedrez, en el cual es buena práctica anunciar al contrario la jugada de “jaque”, esta situación pasará desapercibida en la agenda de los países. Lo inmediato se sobrepondrá al mediano y largo plazo. 

Es verdad que el futuro de nuestros países está en jaque, pero también es cierto que están en jaque especialmente los liderazgos políticos de la región que siguen pasando de lejos a los temas del futuro. Es muy probable que no se hayan dado cuenta del jaque, y en consecuencia agravan la situación comprometida para los cientos de millones de habitantes en nuestra región. El jaque es bastante serio y profundo. Y, lamentablemente, puede ser más severo. El reto de la región es enfrentarlo con estrategia. Mientras más temprano, mejor. 

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2019

Efectos de la crisis de gobernabilidad de Bolivia

Los sucesos de las últimas semanas en Bolivia ilustran nuevamente la secuencia impredecible de las crisis de gobernabilidad. Es más fácil identificar el origen, pero no lo es tanto presagiar el rumbo que tomen los acontecimientos. La ausencia de alternabilidad en el gobierno, tan característica en América Latina, se ha manifestado otra vez. El intento de la tercera reelección de Evo Morales, objetado insistentemente por consideraciones jurídicas, fue seguido de denuncias de fraude electoral, certificadas en informe de la OEA. La consecuencia directa fue la renuncia del presidente y la entrada del país en un complicado escenario político. No está clara la evolución del nuevo gobierno, y mucho menos la existencia de un cronograma acordado para resolver la crisis de gobernabilidad. Mientras tanto, la violencia aumenta con el saldo lamentable en fallecidos y sufrimiento de los bolivianos. 

Todo indica que las circunstancias políticas se han apoderado por completo del acontecer de Bolivia, con la continuación previsible de esta crisis en las próximas semanas o meses. Tal como ha sucedido en otras ocasiones en la región, la pérdida de la estabilidad política condiciona otros aspectos, especialmente la marcha de la economía y el bienestar de las familias. Se manifiesta en el acto la parálisis de las políticas públicas en muchas áreas, y cesa de funcionar la institucionalidad que permite enfrentar los múltiples problemas de los ciudadanos. 

Un primer efecto, directo, está relacionado con la economía. Ya el FMI había advertido a principios del mes de octubre pasado, sobre la disminución del ritmo de crecimiento en la gran mayoría de los países de América Latina. En el caso de Bolivia, la tasa de crecimiento anual pasará de 4,2% en 2019 a 3,9% en 2020. Esta disminución no toma en cuenta los efectos que seguramente tendrá la crisis política en el ritmo de las inversiones públicas y privadas. Es muy probable que en 2020 se reduzca aún más la previsión del FMI. De hecho, el crecimiento promedio de Bolivia entre 2015-2019 fue 0,6% superior al que se espera para el período 2020-2024. Esta estimación del FMI coloca a Bolivia en el séptimo lugar en la región con respecto a la magnitud de la tasa de crecimiento para el período 2020-2024, luego de ocupar el tercer lugar entre 2015-2019. 

La reducción del crecimiento siempre es mala noticia. Pero es especialmente complicada cuando se produce en países en los cuales la producción de valor no es un objetivo central. La razón es que la reducción del crecimiento aleja mucho más la posibilidad de avanzar hacia estadios de mayor sostenibilidad. La economía de Bolivia es la segunda con menor capacidad para crear valor en la región (solo superada por la de Venezuela). Este ha sido un rasgo permanente en el período para el cual se cuenta con el índice de complejidad económica. 

A la previsible reducción de crecimiento hay que agregar que Bolivia tenía en 2017 un mayor nivel de desigualdad que en 1990. Esto es indicativo de que la reducción de la desigualdad, como objetivo de políticas públicas, es prácticamente inexistente en el país. Expresiones de esta desigualdad se reflejan en el pobre desempeño en salud y educación. 

Bolivia tiene la segunda tasa de mortalidad infantil de la región (solo superada por Haití), y la segunda razón de mortalidad materna (también solo mayor en Haití). El gasto de bolsillo representó en 2016 poco más del 30% del gasto en salud, porcentaje comparable al que tenía el país en 2000. La población de 25 años o más con estudios secundarios en poco menos de 60%, casi 20% inferior que la de Chile, por ejemplo. Solo el 52% de la población tenía acceso a servicios de saneamiento básico en 2015. 

La crisis de gobernabilidad que afecta Bolivia ya seguramente ha cobrado sus efectos en la discusión pública relacionada con los temas anteriores. Toda la acción de la sociedad estará concentrada en la pugna por la resolución de esta crisis. Que la vía para solucionarla esté fundamentada en la ampliación de la democracia y la institucionalidad, es deseable, pero no está predeterminada. Lo que es bastante evidente es que solo esa vía estará en capacidad de colocar en la agenda pública los problemas sustantivos de las familias de Bolivia. Mientras eso no suceda, la dinámica política estará afectando, en muchos casos agravando, las dimensiones más significativas del bienestar sostenible. Ojalá que los actores y líderes de la sociedad boliviana puedan encontrar rápidamente la senda para reducir las grandes brechas de desarrollo sostenible que se confrontan.

Politemas, Tal Cual, 20 de noviembre de 2019

Argentina: cuando el futuro es el corto plazo

El 10 de diciembre se inicia en Argentina un nuevo gobierno. Los sucesos recientes en Chile y Bolivia han desviado la atención de este evento. La importancia de Argentina en el contexto regional ha sido siempre relevante, tanto por la influencia política como económica y social. El hecho de que este cambio se realice en el contexto de considerables restricciones en la dinámica económica y con el clima de ingobernabilidad en países cercanos, otorga a este acontecimiento mayor significación. Es bastante probable que la evolución del próximo gobierno afectará las relaciones políticas en la región, así como las vinculaciones con países vecinos en términos del intercambio comercial y de la integración. 

En 2019, de acuerdo con el último informe del FMI, la capacidad de compra en términos comparados en Argentina es la quinta de la región, solo superada por la de Panamá, Chile, Uruguay y México. Pero también el FMI ha pronosticado que en este año la economía decrecerá en 1,2%. La tasa de inflación cerrará como la tercera más alta del mundo, esto es, 54%, solo superada por las de Venezuela y Zimbabwe. En el plano social, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ((INDEC) ha informado que la población en situación de pobreza alcanzó el 35% en el primer semestre de este año. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, Argentina tiene un índice negativo de complejidad económica. Esto es, tiene menores capacidades para producir valor de exportación que el promedio de los países del mundo. 

En estas circunstancias, se podría imaginar que el programa de gobierno del presidente electo, Alberto Fernández, debería contener las alternativas de políticas para enfrentar este cuadro complicado, con tendencia a agravarse. Es de esperar que tal programa debería establecer no solo las medidas para superar las restricciones de crecimiento y el aumento de la inflación, sino las opciones de mediano y largo plazo que deberían ponerse en funcionamiento para garantizar el mayor nivel de desarrollo. 

En realidad, la plataforma electoral del Frente de Todos, amplia coalición triunfadora en las elecciones presidenciales, no presenta mayores consideraciones sobre los problemas de Argentina en una perspectiva de mediano plazo y largo plazo. Valga mencionar que palabras como “exportaciones”, “exportar”, “conocimiento”, “innovación” no son citadas ni siquiera una vez en el texto del programa de gobierno. Pareciera como si las opciones que se anticipan pueden obviar lo que hoy se sabe sobre el conjunto de políticas que generan los recursos y capacidades para el desarrollo sostenible. 

Esta visión, concentrada en el corto plazo, es la que probablemente ha prevalecido para que tampoco exista ninguna mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, los cuales han sido incorporados plenamente en la dinámica de múltiples organizaciones del desarrollo y sirve de base para la elaboración de los planes nacionales. De hecho, no existe en el texto ninguna mención del año 2030. 

En el programa de gobierno, al mencionar lo requerido para avanzar en el fortalecimiento del Estado, se mencionan generalidades como “planificación estratégica para definir prioridades y orientar la inversión pública”, o “sistema de gestión presupuestaria que otorgue eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos”. Es bastante evidente que el objetivo no era indicar la especificidad de las medidas que se proponen. 

De todo lo anterior se puede deducir, especialmente por las complicaciones que se experimentan en Argentina, que el programa de gobierno no tiene mucho que ver con las políticas que se implementarán desde mediados del próximo mes. Tampoco está relacionado con los problemas de mediano y plazo que afectarán al país. Esta es una discusión pública que deberá ser asumida al presentar el próximo gobierno su plan de acción para los próximos años. Esa será la oportunidad de explicar en detalle cuáles son las reales prioridades de la gestión. Tales prioridades deberán incorporarse en el plan nacional respectivo y servir de guía para los siguientes pasos. Esperemos que en esas nuevas etapas si se pueda conocer cuáles son las políticas que el nuevo gobierno implementará para llevar a Argentina más allá del corto plazo.

Politemas, Tal Cual, 13 de noviembre de 2019

Tendencias de las preferencias autoritarias en Chile

Los sucesos de las últimas semanas en Chile despiertan muchas preguntas sobre las perspectivas del desarrollo en América Latina. La tradición de institucionalidad que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas, no es compatible con los sucesos violentos que han ocasionado más de veinte fallecidos y una significativa destrucción de bienes e instalaciones públicas y privadas. El hecho de que la situación política tiende más bien a complicarse, con un gobierno que tiene por delante más de dos años de período presidencial, configuran la situación de mayor complejidad por la que ha atravesado Chile desde la salida de la dictadura a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.

Los avances en estabilidad política y económica de Chile han significado una referencia para el resto de los países de América Latina. También lo ha sido la implementación de programas exitosos en la protección social y en la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, también resulta significativo que Chile, a pesar del dinamismo económico, no ha mejorado la capacidad para crear y exportar manufacturas con altas tecnologías, que como sabemos es una expresión de sostenibilidad del desarrollo. Las últimas mediciones del Observatorio de Complejidad Económica del MIT y del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard (2017), indican que el índice de complejidad económica de Chile está superado por más de 60 países. Si a ello se suma, el descontento expresado por sectores estudiantiles, tanto de educación secundaria como universitaria en los últimos años, se aprecian las restricciones existentes en el acceso y calidad de ambos subsistemas. Y si agregamos que las pensiones otorgadas no satisfacen las necesidades de gran parte de la población que tiene derecho a ellas, así como la desprotección financiera en el sistema de salud, hay notorias razones para el descontento social.

Ahora bien, estas dificultades no son excepcionales en América Latina. Incluso podría señalarse que otros países tienen situaciones mucho más críticas en esos frentes. De manera que la explicación de estas manifestaciones de violencia, extendidas por varios días, y con indudables efectos en la matriz política del país, debe estar más allá de las circunstancias que afectan el diseño e implementación de políticas públicas. Es muy probable que tengan que ver con la posición de los ciudadanos de Chile ante la institucionalidad política, en el sentido más amplio del término.

Sobre una situación de esta complejidad, el primer paso puede ser formular algunas pistas e intentar identificar algunas posibilidades de respuesta. Afortunadamente se cuenta con estudios regulares que permiten realizar seguimiento de algunos aspectos de la opinión pública. Una fuente de gran importancia son las encuestas de Latinobarómetro que se realizan en España y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.

Si se analiza la evolución de la preferencia autoritaria en Chile, como expresión del apoyo a la democracia, se constata que en 1995 el 19% de las personas indicaba que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”. Este porcentaje tenía el séptimo lugar más alto en la región (el primer lugar era ocupado por Perú con 26%). En ese año, Uruguay, España y Costa Rica eran los países con menor porcentaje en la preferencia por gobiernos autoritarios (8% en Uruguay y España, y 7% en Costa Rica).

Quince años después (2010), el porcentaje de preferencia por gobiernos autoritarios en Chile había descendido casi a la mitad (11%), uno de los menores de la región. De hecho, ese porcentaje corresponde al más bajo registrado en Chile en el período 1995-2018. En los últimos años, sin embargo, la preferencia autoritaria ha aumentado de manera sostenida. En 2015 alcanzó el 15%, y en 2016 ya se situaba en 19%. En 2018 este porcentaje llegó al valor histórico más alto (23%), el segundo porcentaje más alto en los países con mediciones para ese año.

Lo anterior significa que cerca de un cuarto de la población de Chile expresa que en algunas circunstancias el gobierno autoritario es preferible al democrático, o, dicho de otra manera, que el apoyo a la democracia se ha resentido en un segmento significativo de la población. Sobre la relación entre esta preferencia autoritaria y la expresión de la violencia es muy difícil identificar un hilo conductor. Lo que sí parece bastante probable es que la irrupción de protesta callejera, en muchas ocasiones bastante destructiva, no parece ser una expresión coyuntural. Es muy posible que sea el resultado de un sostenido proceso de desencanto con el funcionamiento de la democracia, o de la creación y expresión de nuevas demandas, o de ambas cosas.

También resulta significativo, especialmente por sus efectos en los próximos tiempos, que en 2018 el grupo de población con más preferencia autoritaria era el más joven (15-25 años). Igualmente es relevante el hecho de que, en el grupo de personas con estudios universitarios completos, el 31% expresaba la preferencia autoritaria en el mismo año. Todos estos factores presagian que la crisis política que ha vivido Chile en las últimas semanas dista mucho de ser un episodio pasajero, tiene raíces que han evolucionado en los últimos años y seguro configurarán nuevas exigencias. La capacidad de los liderazgos para entender y aproximarse a las alternativas políticas, en consecuencia, será quizás el factor fundamental para los próximos tiempos en Chile.

Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2019

2020: confluencia de crisis políticas y deterioro económico

En pocas semanas comenzará la tercera década del siglo XXI. Las expectativas que se han generado por lo que debería suceder en 2030, esto es, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, ilustra la importancia de los próximos tiempos, especialmente en el contexto de América Latina. El corto plazo puede indicar los retos y dificultades que experimentarán los más de 700 millones de habitantes que tendrá la región en 2030.

En los últimos tiempos ha quedado claro que los rasgos de inestabilidad política se han acentuado, especialmente en América del Sur, pero existen en toda América Latina. Las fallas de los gobiernos en el manejo de las políticas públicas, combinado con la pérdida de confianza en las autoridades electorales, se han agregado a las restricciones de la gobernabilidad democrática en muchos países. La manera en que evolucionarán estas circunstancias en los próximos meses es difícil de anticipar, pero es probable que las situaciones de enfrentamiento y conflicto tenderán a ser más complicadas.

Lo que ya sabemos con bastante detalle en los países de América Latina es que el deterioro de las condiciones económicas complica la gobernabilidad. En consecuencia, en la medida que se profundice la dificultad de las economías para crecer y crear empleos de calidad, solo se puede esperar que las restricciones políticas aumenten.

El último informe del FMI ilustra el preocupante escenario que se asoma para la gran mayoría de los países. Con la excepción de Paraguay, República Dominicana y El Salvador, todos los países de América Latina experimentarán disminuciones en el crecimiento económico en 2020, comparado con lo que se estimaba en 2018. En Venezuela se producirá la peor disminución de la economía (10%). Nicaragua y Argentina tendrán reducciones de más de 3%. Entre las grandes economías, Brasil y México completan un panorama negativo, con reducciones de 0,2% y 1,4% respectivamente.

Si ya es preocupante la perspectiva para 2020, lo es mucho más cuando se analiza el escenario del FMI para 2024. Solo Panamá, República Dominicana y Paraguay tendrán tasas de crecimientos superiores a 4% promedio entre 2020 y 2024. Diez países tendrán tasas de crecimiento anual de 3% o menos. América Latina y el Caribe tendrá las menores tasas de crecimiento económico cuando se compara con África y Asia. En otras palabras, la perspectiva de crecer para superar las restricciones acumuladas, no es la más evidente en este momento.

Que una región con tantas limitaciones de las condiciones de vida, como ha quedado demostrado en las últimas semanas, contemple estos escenarios de bajo crecimiento económico, solo puede esperar el agravamiento de las dificultades políticas. Y eso significará, con bastante probabilidad, la disminución de las inversiones, y mayores dificultades para la generación de mejores opciones de productividad. Y esto es sin mencionar la inmensa brecha en la elaboración de manufacturas de alto valor tecnológico.

La profundización de esta situación económica, sin atender adecuadamente las condiciones en las cuales se sobrevive en muchos países de la región, obliga a examinar las consecuencias en el ámbito político. Las restricciones fiscales obligarán a introducir cambios en los patrones de los programas públicos con la consiguiente afectación de los servicios y beneficios de la población. La escasez de recursos públicos puede agravar las ya tensas situaciones en varios países.

El mayor efecto de esta combinación de crisis políticas y deterioro del crecimiento económico, es la postergación de los cambios estructurales que requieren las sociedades de América Latina. Siendo que el desarrollo supone, cada día con más énfasis, el fortalecimiento de las capacidades para crear y difundir conocimientos, América Latina entra en esta nueva etapa del siglo XXI con serias dificultades. A menos que las sociedades acuerden políticas públicas orientadas a la diversificación productiva y a la ampliación de las libertades para la participación en todos sus órdenes, la distancia entre América Latina y otras regiones del mundo aumentará. El porvenir luce complicado, especialmente cuando hay poca conciencia en los liderazgos de las sociedades sobre la importancia de los acuerdos sostenibles. En la medida que no exista capacidad para crear y sostener acuerdos en la región, aumentarán las brechas de democracia y bienestar.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2019

Mal pronóstico para la Cobertura Universal de Salud

Hace pocas semanas, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración política al finalizar la reunión de alto nivel de los jefes de gobierno sobre Cobertura Universal de Salud. Sin rodeos, la declaración reconoce que las acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 2030) relacionadas con la Cobertura Universal de Salud son inadecuadas. También se señala que el nivel de progreso hasta la fecha es sencillamente insuficiente.

En este contexto, sigue la declaración, la posibilidad de garantizar servicios de salud a la mitad de la población del mundo (que ahora no los tiene), será inalcanzable. De especial significación es el hecho que no se podrá tampoco cumplir con la meta de protección financiera universal en salud. Esto implica que continuarán afectados los 800 millones de personas que en la actualidad deben gastar de su bolsillo más del 10% del ingreso mensual para cubrir los costos de la salud. Y también se agravará la situación de los 100 millones de personas que caen cada año por debajo de la línea de pobreza por el gasto de bolsillo que deben asignar para sufragar la salud. Todas estas circunstancias están afectadas por el hecho de que a escala global menos del 40% de los gastos de atención primaria de salud proviene de fuentes públicas.

En el fondo, el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el que alerta esta declaración política, tiene una razón central: la creencia y práctica extendida en muchos países de que es posible alcanzar la protección financiera universal con políticas de salud que no enfaticen la inversión pública. Dicho de otra forma: solo a través del fortalecimiento de las fuentes públicas de financiamiento será posible alcanzar la cobertura financiera de la salud.

La causa es tan sencilla como poco asumida, especialmente en el ámbito de América Latina, solo por citar un área del mundo emergente. Se trata de que las imperfecciones del mercado tienen una expresión muy marcada en los servicios de salud. La intervención pública es fundamental para que aquellos que no tienen los recursos, y son generalmente los que tienen menos nivel educativo, trabajos menos protegidos, y menos acceso a las fuentes de información, puedan acceder a servicios de salud con la requerida calidad.

Esta es la justificación de política pública para que, en los países de alto ingreso, exista la preponderancia de las fuentes públicas en el financiamiento de la salud. Esto ha significado que, en estos países, algunos de ellos con economías altamente intensivas en creación de valor, el gasto de bolsillo de los ciudadanos en salud se encuentre entre los más bajos del mundo (baste citar los casos de Dinamarca, Japón, entre otros). En los diez países con menor gasto de bolsillo en la OECD, el 80% de todo el gasto de salud proviene de fuentes públicas.

En América Latina la tendencia ha sido otra. En nueve países de la región, más del 35% del gasto de salud es aportado por las personas. En algunos de ellos, como Brasil y Venezuela, la gran mayoría del gasto de salud proviene de fuentes privadas. En consecuencia, es obvio que no se alcanzará la meta de protección financiera en 2030. Todo lo contrario, en muchos países los riesgos de retroceso de la cobertura son marcados. Y en algunos, como es el caso de Colombia, con notables avances en las últimas décadas, corren el riesgo de retroceder por las dificultades para el crecimiento económico o por las restricciones fiscales, o por las dos cosas.

Es evidente que el logro de la cobertura financiera de salud supone la transformación total de la concepción de lo público en nuestros países. Las experiencias estatistas de las últimas décadas han contribuido a desprestigiar el valor de la participación pública, en ámbitos tan justificados como la salud. La ausencia del debate sobre estas opciones, y el rechazo a apreciar las evidencias de los países más avanzados en esta materia, no han hecho otra cosa que ampliar la brecha de políticas, y, por ende, terminar alejando a millones de latinoamericanos de las posibilidades de servicios de salud de calidad con protección financiera universal.

El mal pronóstico es el resultado de la ausencia de visión y liderazgo para imaginar nuevas posibilidades que permitan acordar sobre los recursos públicos en sociedades democráticas. No alcanzar la cobertura universal de salud es, fundamentalmente, una falla de la gobernabilidad democrática.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2019