Los venezolanos viven hoy un colosal drama social. Se expresa en todas las dimensiones. Desde los riesgos para la vida, con las amenazas permanentes de violencia, hasta las restricciones en el acceso a la educación, pasando por las dificultades para la atención a la salud, entre otros aspectos. En todas esas facetas la exclusión es la norma. Una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios y posibilidades que debe brindar una sociedad democrática y moderna.
Dentro de estas exclusiones hay una en especial que sobrepasa todos los rangos. Se trata de la exclusión relacionada con el disfrute de la etapa como adultos mayores. La situación ideal es que las personas que alcanzan la edad del retiro, lo puedan hacer en condiciones que permitan contar con los recursos y servicios más adecuados. Se espera que después de haber participado en el proceso productivo por varias décadas, la sociedad tenga un diseño tal que permita que estén disponibles esos recursos y servicios para aquellos que por su edad ya no se encuentran activos en el mercado laboral. Por otra parte, llegar a la condición de adulto mayor no significa en modo alguno retirarse de las opciones productivas, simplemente ya no son tan exigentes como en las primeras etapas de la vida laboral.
Esa es la teoría, y también la práctica en muchos países, especialmente aquellos que han desarrollado esquemas de ahorro y generación de recursos que permiten que los adultos mayores cuenten con la protección requerida. Pero en Venezuela no es así. Según datos obtenidos a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por UCV, UCAB y USB en 2014, el 48% de las personas en edad de tener pensión, no la tienen. En el estrato de menores recursos, la exclusión, en términos del beneficio de la pensión, alcanza al 70% de la población. En la medida que se asciende en el nivel educativo y de recursos, en esa misma medida aumenta la cobertura de pensiones, con lo cual queda demostrado una gran inequidad, por cuanto las personas con menos recursos son justamente las más afectadas por las contingencias relacionadas con la condición de adulto mayor. Por otra parte, apenas el 10% de los adultos mayores con pensiones reciben beneficios adicionales provenientes de las Misiones.
De manera que la dinámica de la protección social que hoy existe en Venezuela, genera exclusión a todo lo largo de la vida laboral, por cuanto las personas que tienen ocupación en el sector informal de la economía no cuentan con los beneficios que tiene aquellos que se desempeñan en el sector formal. Al llegar entonces a la edad de recibir pensión, los adultos mayores que han laborado en el sector informal no pueden acceder a ella. Las pensiones no contributivas, establecidas en la Constitución de 1999, justamente para superar esta exclusión, no se han implementado en estos casi 17 años que tiene de aprobada.
Para enfrentar esta significativa exclusión, una vía es aumentar los beneficios de aquellos que se encuentran hoy pensionados. Pero también es fundamental no aumentar la brecha entre aquellos que tienen pensión y lo que no la tienen, especialmente cuando ambos grupos están expuestos a la inflación más alta del mundo. Todo lo cual nos lleva a modificar con prontitud, y de manera que sea fiscalmente viable, los mecanismos relacionados con la protección social de todos los venezolanos, y especialmente de los adultos mayores.
Politemas, Tal Cual, 17 de febrero de 2016
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