Los futuros de América Latina y el Caribe

El cierre del año es tiempo de balances. Lo que sucedió, los éxitos, los fracasos, lo que se pudo hacer mejor. Forma parte de la vida de las personas y de las familias. Y también de los países. Por otra parte, el fin de año es una oportunidad para imaginar lo que puede pasar en el próximo año. Lo que será continuación de lo que viene, lo que puede constituir un cambio moderado o radical. El fin de año es por ello tiempo de pensar en el futuro.

Imaginar el futuro es cosa seria. Muchas veces el futuro no corresponde con la división en años. Más bien se trata de períodos que están vinculados a cambios de las sociedades. Lo cual por supuesto hace más complicado la tarea de imaginar.

La práctica de imaginar el futuro es justamente para poder construirlo. Es decir, los futuros son posibles en la medida que se tomen las decisiones adecuadas. Esto vale para las personas y familias, pero también para los países. En consecuencia, imaginar el futuro es apenas el primer paso. Lo más complicado viene después. Proponer el futuro debe conducir a la definición de las políticas públicas que, con el conocimiento y las prácticas existentes, lo pueden concretar. Y como esto puede llevar un tiempo considerable, la imaginación del futuro siempre nos lleva al largo plazo, varias décadas al menos.

Para imaginar el futuro se requieren análisis y acuerdos. La prospectiva es el conjunto de enfoques y métodos que permiten elaborar esos futuros. Los estudios prospectivos son esfuerzos sistemáticos de numerosos especialistas que trabajan por amplios períodos para acordar determinados futuros. Estos estudios constituyen la base para que otros grupos de especialistas examinen la viabilidad y requerimientos de las propuestas de futuros.

De allí que un requisito de primer orden es tener a la disposición los estudios prospectivos elaborados. Por ejemplo, los que se hayan preparado teniendo como centro de atención la región de América Latina y el Caribe.

Este fue el aporte fundamental de la base de datos Global Trends, proyecto conjunto del Inter-American Dialogue y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante varios años en este proyecto se identificaron y ordenaron cientos de estudios prospectivos relacionados con América Latina y el Caribe. Lamentablemente esta iniciativa dejó de actualizar los estudios disponibles. Los últimos estudios incluidos fueron publicados en 2021.

Para consultar los estudios más recientes una alternativa es el Repositorio ORBIS, base de datos perteneciente al Parlamento Europeo. Sin embargo, el método de búsqueda no es tan efectivo como debería, y no dispone de la clasificación de los estudios por áreas del mundo.

Otra alternativa disponible es consultar los números de la Revista de Prospectiva y Estrategia publicada por el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. En cada uno de los números se reseñan estudios prospectivos recientemente publicados en ámbitos relacionados con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el último número disponible en el sitio web de la revista (junio-julio 2025) se incluye un estudio prospectivo de la educación superior en América Latina hacia el 2050.

En este estudio se proponen tres escenarios. El escenario optimista se caracteriza por el proceso de expansión y diversificación de las ofertas de educación públicas y privadas, acompañado por la reducción de las brechas de acceso en los ámbitos nacionales y subnacionales, y mejoras en los indicadores de equidad y eficiencia. En el escenario pesimista se amplían las brechas del acceso favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos altos y medios, las universidades públicas confrontan una crisis de legitimidad política y social, y las alternativas privadas se multiplican sin regulación con impacto negativo en la formación. El tercer escenario es el señalado como posible. Se caracteriza por el impacto de innovaciones para la generación de nuevas modalidades de planificación, evaluación y gestión, y por la consolidación de la robotización, inteligencia artificial, y las plataformas educativas como principales recursos de aprendizaje.

Este ejemplo ilustra la importancia de generar y difundir estudios prospectivos sobre los múltiples aspectos de la realidad de América Latina y el Caribe. Ojalá se pueda contar pronto con un repositorio actualizado de estos estudios. En la medida que los estudios prospectivos sean incorporados en el ciclo de diseño e implementación de políticas públicas, los futuros imaginados tendrán más posibilidades de convertirse en realidad. Esperemos que en 2026 se pueda avanzar en el desarrollo de más y mejores capacidades para imaginar futuros promisorios para la región.

Politemas, Tal Cual, 18 de diciembre de 2025

Alertas sobre el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe

El reciente documento sobre la perspectiva económica de América Latina y el Caribe, elaborado por la OECD, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, expresa en detalle los severos riesgos sobre el desarrollo productivo de la región. Estos riesgos afectan no solo los escenarios de corto plazo. También tienen implicaciones estructurales para la evolución de mediano plazo en todos los países.

Se destaca en primer lugar en el documento la desaceleración del crecimiento económico que experimenta la región. El crecimiento se ha convertido más bien en estabilidad. Peor aún es el efecto en la productividad. Mientras entre 1991 y 2024 la productividad aumentó 1,2% anualmente a escala global, en América Latina y el Caribe aumentó 0,9%. Muy vinculado con este bajo desempeño en la productividad está la composición del mercado laboral: el 55,1% de los empleos en la región son informales. Apenas el 2,1% de los empleos se encuentran en sectores de mediana o alta intensidad tecnológica.

La tendencia de baja productividad, que se manifiesta de manera crónica en la región, solo puede progresar, de mantenerse, a una mayor pérdida de recursos humanos de altas capacidades, por la vía de la migración o reubicación en otras áreas de menor intensidad tecnológica. Y, obviamente, esto repercutiría en la agravación del círculo vicioso de baja productividad y bajo crecimiento. Además de ello, la inversión requerida para subsanar la baja productividad tendría menos posibilidades de trasladarse a la región. En este contexto cobran también especial relevancia los efectos que tiene la duplicación de las emisiones de gases con efectos negativos en el ambiente. En otras palabras, se está experimentando un estado de bajo crecimiento con deterioro ambiental.

La manera de enfrentar esta situación, según se señala en el documento, es la implementación de políticas de desarrollo productivo (PDP) que permitan crecer más, con mejor desempeño, y menor afectación ambiental. Sin embargo, en este aspecto nuevamente la región muestra restricciones significativas. Estas políticas de desarrollo productivo reciben recursos equivalentes al 3% del PIB en los países de la OECD, mientras en América Latina y el Caribe la asignación es menor al 0,5% del PIB. Se indica en el documento que estas asignaciones corresponden más a consultas que a acciones directas y efectivas.

De lo anterior se desprenden al menos dos líneas de acción. En primer lugar, se requieren más recursos. El déficit de financiamiento, de fuentes públicas y privadas, se estima en el documento en cerca de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Suplir este déficit requerirá aumentar las fuentes internas y las externas. Para aumentar las fuentes internas se requerirá revisar la proporción que deriva de impuestos (actualmente 21% del PIB), mucho menos del 34% en países de la OECD. Las fuentes externas dependerán de los acuerdos con organismos multilaterales e instituciones financieras privadas.

La segunda línea de acción se deberá concentrar en los cambios de los contextos productivos en los países, promoviendo el mejoramiento productivo y la creación de nuevas empresas. En esta línea de acción se deberán incluir transformaciones sustantivas de los sistemas educativos y de innovación, así como notables inversiones en mejoras y ampliaciones de infraestructura.

Las alertas indicadas en este documento se suman a las notables limitaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en la región. No se pueden conseguir buenos resultados cuando no se cumplen las premisas básicas para la calidad de las políticas públicas. En otras palabras, no se puede llegar a ninguna parte cuando no se identifica la ruta ni se tiene un buen mapa. Es tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2025

Rol de fuentes externas en la salud en América Latina y el Caribe

La suspensión, y en algunos casos eliminación, de fuentes internacionales para la salud en las economías de bajos ingresos está empeorando las condiciones de vida en muchos países. Estas fuentes han sido fundamentales para la ejecución de los programas de atención, y para garantizar la institucionalidad básica del funcionamiento de los sistemas de salud (por ejemplo, sistemas de información, cadenas de frío, comunicaciones, entre otros aspectos).

De acuerdo con la información disponible en la base de datos global de gastos de la salud de la OMS, (GHED, por sus siglas en inglés), es posible analizar las implicaciones que tendría esta reducción de fuentes externas para los países de América Latina y el Caribe. Para 2022 (año de la última información disponible) se tienen datos de 32 países de la región. Según el porcentaje de financiamiento de fuentes externas con respecto al total del gasto en salud en 2022, se pueden dividir los países en cuatro grupos.

En el primer grupo están los países que no reciben ningún tipo de aporte externo para el financiamiento de la salud. Estos países son: Chile, México, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay. En el segundo grupo están los países con financiamiento de fuentes externas menor al 2% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 19 países.

El tercer grupo está conformado por los países que tienen financiamiento externo entre 2 y 6% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 7 países: Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Guyana, y Nicaragua. En el cuarto grupo están los países que tienen financiamiento externo superior al 10% del gasto total: Santa Lucía con 13,44% y Haití con 30,96%.

De acuerdo con estos datos, que obviamente han podido variar entre 2022 y la actualidad, las repercusiones de la reducción de la ayuda internacional afectará con más severidad a Haití y Santa Lucía. Ambos países tendrán que realizar esfuerzos significativos para sufragar este déficit que resultará de la reducción que se pueda producir. En el tercer grupo también se deberán desarrollar estrategias de compensación, pero no en las magnitudes requeridas en los casos de Santa Lucía y Haití.

En el segundo grupo (con financiamiento externo menor al 2% del gasto total) los efectos de la reducción pueden ser significativos en programas específicos, y dependerá también de las condiciones concretas de los países, especialmente de la evolución de la economía. La atención a las asignaciones de recursos con mayor detalle también deberá ser una tarea de especial importancia en este grupo de países.

El hecho de que en la gran mayoría de los países de la región el financiamiento externo no supere el 6% del total del gasto indica que los gobiernos tienen un margen de mayor flexibilidad para la asignación de recursos dentro de los sistemas de salud. Por supuesto, esta posibilidad requiere un examen detallado de las mejores opciones para utilizar los recursos disponibles. En otras palabras, los gobiernos de la gran mayoría de los países de la región pueden ejercer gran autonomía en la determinación de las prioridades de políticas. Esto exige, en consecuencia, mayores esfuerzos por mejorar la calidad del diseño e implementación de las políticas de salud.

Es deseable que uno de los objetivos estratégicos sea la plena autonomía en la generación y utilización de los recursos para salud, especialmente cuando todas las tendencias indican que deberán ser mayores para garantizar la atención de población creciente con alta proporción de adultos mayores, y en contextos de aumentos de costos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento. Es bastante claro que no es solamente un problema de la cantidad de recursos disponibles.

Politemas, Tal Cual, 12 de noviembre de 2025

La carga de enfermedad en América Latina y el Caribe

La carga de enfermedad es una medida del efecto que tienen distintas afecciones en la salud de las personas. Se define a partir de la mortalidad que se hubiera podido evitar (mortalidad prematura) combinada con los años de discapacidad que ocasionan estas afecciones. La carga de enfermedad se expresa en años de discapacidad (DALYs, por sus siglas en inglés). A partir de esta información se pueden diseñar las políticas de salud que permitan evitar la mortalidad prematura y reducir el efecto de las afecciones en los años de discapacidad.

Obtener esta información es fundamental para los organismos encargados del diseño y seguimiento de las políticas de salud. Las deficiencias en los registros de mortalidad y morbilidad ocasionan que las estimaciones sean menos precisas, y, por ende, la efectividad de las políticas no sea la deseable. Ofrecer datos de calidad se convierte en un requisito de primer orden. Esta es la importancia de la última publicación de la revista The Lancet sobre las estimaciones de la carga de la enfermedad en el contexto global y regional en 2023.

A escala global las tres principales causas de años de discapacidad (DALYs) son: enfermedad isquémica cardíaca, accidentes cerebrovasculares, y diabetes. Las causas que han aumentado más desde 2010 son los trastornos de ansiedad, depresión, y diabetes. Las mejores más notorias se han experimentado en las enfermedades infecciosas, maternas, neonatales, y nutricionales.

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las super-regiones analizadas en la publicación. Las cinco mayores causas de DALYs en ALC son: enfermedad isquémica cardíaca, diabetes, muertes por violencia, trastornos neonatales, y accidentes cerebrovasculares. En el ámbito de los países andinos las cinco mayores causas son: infecciones respiratorias bajas, trastornos neonatales, ansiedad, accidentes viales, y enfermedad isquémica cardíaca.

En la publicación también se presentan los factores de riesgo que condicionan estas causas de la carga de enfermedad. La reducción de estos factores de riesgo puede conllevar a su vez la disminución de la carga de enfermedad. En América Latina y el Caribe los cinco principales factores de riesgo son: alta concentración de glucosa en ayunas, alto índice de masa corporal, aumento de la presión arterial sistólica, trastornos renales, y contaminación. Los dos primeros factores han aumentado desde 2010. En los países andinos los cinco principales factores de riesgo son: alto índice de masa corporal, alta concentración de glucosa en ayunas, aumento de la presión arterial sistólica, contaminación, bajo peso al nacer y embarazos de corta duración.

A partir de estas evidencias se pueden diferenciar al menos tres tipos de estrategias para ser implementadas de acuerdo con las especificidades de cada país de la región. En primer lugar, la identificación de personas y comunidades con mayor frecuencia de riesgos cardio-metabólicos. Esto implica el diagnóstico precoz de hipertensión arterial y diabetes. En segundo plano, la identificación de las mujeres con riesgos prenatales. Y, en tercer lugar, la identificación de personas y comunidades en situación de riesgos ambientales.

Por cada una de estas estrategias se requiere que los sistemas de información sean capaces de identificar riesgos personales y colectivos, y que esos datos sean utilizados para el diseño adecuado de las intervenciones. De la capacidad para actuar en esos dos aspectos dependerá la posibilidad de disminuir efectivamente las personas en riesgo, y, consecutivamente, reducir la carga de enfermedad. La tarea por realizar es bastante evidente. Las capacidades institucionales deben estar a la altura de estas exigencias.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2025

Acuerdos por la productividad en América Latina y el Caribe

Nuevamente es noticia la baja productividad de América Latina y el Caribe. Se ha convertido en una tendencia crónica. Hasta el punto de que la perspectiva de que se produzca otra década perdida está bastante fundamentada. La reciente publicación de la CEPAL ilustra esta profunda crisis de productividad que experimenta la región.

Se señalan en el documento varios rasgos de esta baja productividad. En primer lugar, que la baja productividad no es un fenómeno global. En otras áreas del mundo no existe el decrecimiento de la productividad. América Latina y el Caribe es una anomalía. Desde 2017 la productividad de la región es más baja que el promedio mundial.

El segundo rasgo es la alta proporción del empleo en los sectores de menor productividad. En los sectores de menor productividad (agricultura y comercio), la proporción del empleo es superior en América Latina y el Caribe que en la Unión Europea. En general, la productividad de América Latina y el Caribe es un tercio de la que se registra en la Unión Europea. El tercer rasgo consiste en la reducción de la productividad territorial (en los 172 territorios de la región con las respectivas series de tiempo). El cuarto rasgo se expresa en la baja productividad en todos los tamaños de empresas, pero es especialmente más baja en las empresas de menor tamaño.

Desde esta perspectiva es notorio que el desarrollo sostenible es una gran ilusión si no se producen cambios en las políticas públicas que afectan la productividad. Para ello en el documento se proponen seis líneas de acción. La característica común en estas líneas es la importancia de articular acuerdos que puedan perdurar y profundizarse. Sólo a través de acuerdos amplios y sistemáticos se podrá avanzar para mejorar la productividad.

Estos seis acuerdos se requieren en las siguientes áreas: (1) en la alineación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con las políticas de desarrollo productivo, (2) en la gobernanza general con participación de múltiples actores (entes gubernamentales, sector privado, el mundo académico, y la sociedad civil), (3) en el fortalecimiento de las instancias rectoras y administradoras de ciencia, tecnología e innovación, (4) en la diversificación de instrumentos de apoyo financiero para la innovación, (5) en el aumento de la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación, y (6) en el aprovechamiento de oportunidades de cooperación regional y extrarregional.

Estos seis acuerdos tienen a su vez dos requisitos. El primero es la voluntad política de líderes y gobiernos. Acuerdos de esta naturaleza solo son posibles con orientaciones explícitas surgidas de amplios consensos políticos. La falta de continuidad de esta voluntad política es la primera restricción para el éxito, fundamentalmente porque estos cambios requieren tiempo y maduración institucional. La experiencia de los países exitosos en el aumento de la productividad demuestra que son transformaciones a lo largo del tiempo, nunca de corto plazo.

El segundo requisito es la constitución de espacios de políticas públicas. Esto es, rutinas institucionales, en el gobierno y en la sociedad, a través de las cuales se realiza el seguimiento de las políticas que afectan la productividad, y se proponen alternativas para mejorarlas o ampliarlas. El funcionamiento efectivo de estos espacios de políticas públicas es la mejor vía para que se concreten los compromisos políticos señalados. Las mejoras en la productividad de la región serán, en consecuencia, el resultado de la capacidad para generar acuerdos, voluntad política, y espacios funcionales de políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 16 de octubre de 2025

América Latina y el Caribe: de aprender a innovar

En un estudio del Banco Mundial publicado recientemente (“Recuperar el siglo perdido de crecimiento: Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe”) se analizan las notables restricciones que tiene la región para crecer, y, por ende, para crear empleos de calidad y progresar. En el análisis se destaca que la brecha de crecimiento con respecto a otras regiones del mundo no se mide en décadas, sino en períodos más largos. Por eso se indica en el título: “el siglo perdido”.

La causa de esta brecha, según se explica en el estudio, radica en el “frustrado proceso de conversión en economías de aprendizaje” que ha experimentado la región. De allí que entonces se propongan alternativas para que los países se conviertan en economías de aprendizaje. Y si ello ocurriera, se produciría la transformación en el bienestar.

Desde otra perspectiva se puede argumentar que el aprendizaje es más bien un paso inicial de esa transformación. El ejemplo de Japón lo puede ilustrar. El inicio del proceso que llevó a Japón a convertirse en la sociedad de mayor complejidad económica en las últimas décadas (según el Índice de Complejidad Económica, ICE, de la Universidad de Harvard), estuvo basado en aprender cómo otros países producían. La imitación de tales procesos tuvo sus beneficios.

Pero luego de aprender, Japón se propuso identificar nuevas modalidades de producción que permitieran crear más y mejores bienes y servicios. Y para ello se requería invertir en ciencia y fomento de la tecnología. Solo después de cumplidas estas etapas fue posible el mayor salto, esto es, crear innovaciones que permitieran promover un círculo virtuoso de nuevos conocimientos para las siguientes innovaciones. Esta secuencia de políticas públicas ha sido imitada por otros países, como por ejemplo, Singapur (en 2023 el primer país del mundo en ICE), y Corea del Sur (el quinto país en ICE en el mismo año).

Se pueden identificar al menos cuatro etapas que pueden transitar los países en el progreso hacia “economías de innovación” más que “economías de aprendizaje”. En la primera etapa es fundamental el examen de las posibilidades productivas tomando en cuenta los condicionantes culturales, geográficos, políticos, y sociales. De este primer examen surgirán prioridades de desarrollo productivo. En la segunda etapa, se deben poner en marcha las mejoras de aprendizaje que van en paralelo con el aumento de la cobertura y calidad del sistema educativo, y con la promoción de un clima favorable al desarrollo de empresas y emprendimientos.

La tercera etapa se caracteriza por la identificación de las prioridades para la generación de conocimiento nuevo que permita crear mejores alternativas a las existentes (que ya fueron aprendidas). Para ello se requiere el fortalecimiento de la capacidad de investigación tanto en universidades como empresas, con recursos públicos y privados asignados sistemáticamente a estas tareas. La sociedad será más capaz de crear nuevos conocimientos para problemas locales o globales.

En la cuarta etapa se debe producir la sinergia de gobiernos, empresas, universidades, centros de investigación, para fortalecer ahora el paso de creación de conocimientos a utilización de conocimientos para que aumente a su vez el valor de los bienes y servicios. Esto es lo que se conoce como la conformación de “sistemas nacionales de innovación”. Los países con sistemas nacionales de innovación más avanzados son aquellos que cuentan con el círculo virtuoso de “más conocimientos para tener más innovación”. Estas innovaciones son las que traerán mayor bienestar a los ciudadanos de estos países.

En consecuencia, la brecha más relevante a tomar cuenta es la de innovación. Sí, es cierto, que en América Latina y el Caribe existe una brecha de aprendizaje. Pero no es suficiente superar la brecha de aprendizaje. Se requiere apuntar más alto. Se trata de acortar la brecha de innovación, que es otra forma de decir, crear más valor en lo que se produce. La meta es más compleja y exigente. Se trata de avanzar por todas las vías hacia economías de innovación, vale decir, hacia sociedades de innovación. De allí que la secuencia exitosa de las cuatro etapas señaladas constituye una prioridad de la mayor relevancia para América Latina y el Caribe.

Politemas, Tal Cual, 11 de septiembre de 2025