A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas.
Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.
En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución. La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.
Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera. Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.
La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del pais. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país.
Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión. Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular.
Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral. El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.
Politemas, Tal Cual, 14 de junio de 2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario