El peor desempeño social

La publicación del último Panorama Social (2015) por parte de la CEPAL aumenta la preocupación sobre la situación del país. Dado que el informe incluye información de todos los países de la Región, permite comparar la gestión social en diferentes contextos institucionales.

La tasa de pobreza en América Latina en 2014 fue 28,2%. Eso significa que aproximadamente 168 millones de personas se encontraban en situación de pobreza en ese año. El 11,8% del total de la población estaba en situación de indigencia, es decir, sin los recursos para adquirir los alimentos. El número total de personas en pobreza aumentó en 2 millones entre 2013 y 2014. El incremento neto de la población en pobreza se debió fundamentalmente a tres países (Guatemala, México y Venezuela). 

Cuando se compara a Venezuela con los otros países, se evidencian tres características: (1) la tasa de aumento de la pobreza en nuestro país en el período 2010-2014 fue mayor que en cualquier otro, (2) la brecha entre los pobres y los no pobres fue la que más se incrementó, y (3) la brecha entre los individuos, tomando en cuenta el ingreso, también fue la mayor. Por donde quiera que se mire, la pobreza en Venezuela se está agravando, sea en términos de la magnitud como de la intensidad.

Pero lo más inquietante de ese informe no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Dado que el último año de información es 2014, podemos imaginar lo que está pasando con la pobreza en estos momentos. Han pasado más de 16 meses desde finales del año 2014. Sin embargo, la crisis económica se complica cada día más. El aumento de la tasa de inflación en 2015 fue el mayor en la historia del país, y el mayor en América desde 1994. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo desde 2013 (es decir, cuatro años seguidos). Por otra parte, la economía sigue en recesión, por tercer año seguido. El aumento de los precios de los alimentos el año pasado fue mucho mayor que la inflación agregada. Y para remate, los programas de protección social no están en capacidad de amortiguar la extraordinaria caída de la capacidad adquisitiva. Si a ello se suma la debacle en las áreas de salud y de educación, así como la impresentable gestión de los servicios públicos, queda muy evidente que la afectación de la vida cotidiana de los venezolanos está en su peor momento histórico. 

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión más que preocupante. Las perspectivas de la situación social se agravaron en 2015, y se están agravando en lo que va de 2016. Ante eso hay un gobierno sin ideas, repitiendo los mismos errores, haciendo gala de la mayor incompetencia en la gestión pública en el Siglo XXI, perdiendo credibilidad a cada instante. La población se afianza en el convencimiento de que el primer paso para tener una transformación en el país es la sustitución institucional de este pésimo gobierno.

Politemas, Tal Cual, 6 de abril de 2016

Últimos en creación de valor

Si de verdad Venezuela puede tener un escenario de bienestar y progreso en las próximas décadas, es menester analizar la capacidad para crear valor agregado. Desde hace varias décadas, el grado de progreso en los países se mide por la generación de productos con el mayor valor agregado posible. Si ese es el eje de desarrollo, entonces todas las actividades productivas marcharán en la dirección que permita acompañar ese ritmo. Dado que dichos productos son los más valorados en el mercado, entonces la rentabilidad de esa inversión es mayor. 

Si se pudiera seleccionar un indicador que exprese tal énfasis productivo, uno que habría que considerar es la cantidad de dólares per cápita obtenidos por exportaciones de bienes con altas tecnologías. La utilidad de este indicador se fundamenta en varios aspectos. En primer lugar, establece el acento en la exportación, de manera que es el consumidor extranjero el que decide sobre la calidad del producto. En otras palabras, coloca de una vez al país en la dinámica de las exigencias de calidad internacional. En segundo lugar, al considerar las altas tecnologías, se decide por el criterio más riguroso. Esto es, productos altamente intensivos en investigación y desarrollo (industria aeroespacial, informática, farmaceútica, instrumentos científicos, robótica, entre otros), de tal forma que su elaboración conlleva directamente la expansión de las capacidades de creación de conocimientos. Y en tercer lugar, al realizar la comparación por habitante, se puede ajustar el efecto proporcional en cada país. Es decir, no es el tamaño de los países ni de su economía lo que se toma en cuenta, sino la capacidad productiva de cada individuo.

Examinemos ahora, en el contexto de América Latina, la evolución de este indicador. Tomemos como referencia los últimos 30 años. De acuerdo con la información disponible elaborada por CEPAL, en 1985 el país que producía mayor cantidad de dólares per cápita por concepto de exportación de productos de alta tecnología en América Latina era México (23 dólares). El segundo país era Costa Rica (11 dólares). Un poco más atrás se encontraban Brasil (6,30 dólares), Guatemala (6 dólares), Argentina (5,3 dólares). Luego seguía el resto de los países. Venezuela obtenía en ese año 0,59 dólares por habitante por concepto de exportación de altas tecnologías, uno de los más bajos de la Región.

En estos 30 años la tendencia de que el conocimiento es la base fundamental del desarrollo, se ha expandido por América Latina. En México, por ejemplo, en 2015 las exportaciones de alta tecnología tuvieron un valor de 701 dólares por habitante (esto es, 30 veces más con respecto a 1985). En Costa Rica, por su parte, el valor de exportaciones de alta tecnología por habitante alcanzó 613 dólares (un aumento de 55 veces). Otros países aumentaron también de manera significativa. Guatemala aumentó a 20 dólares per cápita, Argentina a 33, Brasil a 45. Estos últimos países, como se puede observar, muy por debajo de México y Costa Rica. Venezuela es el país con el menor valor de exportación de altas tecnología per cápita: 0,67 dólares. El único país por debajo de un dólar por habitante, cuando ya había alcanzado 3,96 dólares en 1990. Mientras esto pasaba en América Latina, Corea del Sur aumentó de 90 dólares a 3.200, y Singapur de 1.700 a 29.000 dólares en ese período. Otra liga muy diferente. 

Las políticas de los últimos 17 años en Venezuela han sido la antítesis de las que se han aplicado en otros países: objetivos de mediano plazo, inversión en áreas de tecnologías de punta, respeto a los derechos de propiedad, mejoras en la formación de recursos, entre otros aspectos. Los resultados están a la vista. Esos países están en ventaja para enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Venezuela, por su parte, debe cambiar sustancialmente para dejar de ser el país con menor capacidad de valor agregado en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 30 de marzo de 2016

La mayor privatización de la salud

El caradurismo no puede ser más grande. Ante las grandes penurias de los venezolanos por conseguir medicamentos, por tramitar un cupo quirúrgico, o la radioterapia para el tratamiento de cáncer, el actual gobierno solo insiste en consignas que han sido desmentidas por la realidad. Venezuela tiene los peores desempeños de salud en América, todas las evidencias así lo indican. No existe la garantía de tratamiento en las instituciones públicas. Y mucho menos es verdad que los venezolanos tienen cobertura gratuita de los servicios de salud.

Es todo lo contrario, los venezolanos tienen la mayor proporción de gasto privado de la salud en América. Según cifras de la OMS para 2013 (último año disponible), el 65,8% del gasto en salud en el país proviene del bolsillo de las personas. Esto significa que las familias deben tomar dinero de sus salarios, de préstamos a familiares, de las cajas de ahorros, de la venta de vehículos, de la hipoteca de viviendas, para conseguir los recursos que permita el tratamiento de alguno de sus miembros. En otras palabras, los venezolanos viven la peor desprotección posible en materia de salud.

Esta privatización ha ido en aumento. En el año 2000, el 53,2% del gasto provenía del bolsillo de las personas. Esto significa que un período de 13 años el aumento ha sido superior a 12%. Mientras esto ocurre en nuestro país, en otros como Chile y Brasil ha disminuido el gasto de bolsillo, vale decir, ha aumentado el gasto público en 10% o más. En Colombia y Uruguay el gasto de bolsillo es menor a 20% del gasto total. Es decir, al contrario de la tendencia universal de aumentar el financiamiento público, las políticas del actual gobierno de Venezuela han significado la mayor privatización de la salud del Siglo XXI en América.

Cuando se compara a Venezuela con el resto del mundo, los resultados son más decepcionantes. Solo dos países tienen un mayor porcentaje de gasto de bolsillo que Venezuela. Esos países son Afghanistán (con 73,8% de gasto de bolsillo) y Azerbaiyán (con 71,1%). Vale decir, entonces, que la desprotección en salud de los venezolanos es la tercera más alta del mundo. Todo lo anterior coexiste con la intención permanente del gobierno de mostrar una gestión preocupada por la gente. Los resultados en la práctica, y las angustias de los venezolanos son suficientes para demostrar lo irreal de las afirmaciones del gobierno.

La actual gestión no solo ha destruido la economía, también ha vulnerado las condiciones de las personas, especialmente en servicios fundamentales como la salud. Bajo el cinismo ideológico se ha encubierto la mayor agresión a la equidad en el acceso a los servicios. Antes que ampliar las fuentes de financiamiento público, las políticas de esta administración han conducido a la mayor indefensión de las personas antes las contingencias de la salud. El actual gobierno ha dejado la salud de millones de venezolanos en la total desprotección.

Politemas, Tal Cual, 9 de marzo de 2016

La solución de Bolivia a la hiperinflación

En los primeros siete meses de 1985 la hiperinflación de Bolivia adquirió niveles dramáticos. Luego de varios programas de reformas económicas (en noviembre de 1982, noviembre de 1983, abril de 1984, agosto de 1984, noviembre de 1984, febrero de 1985), todos fallidos, la economía estaba completamente fuera de control. El gobierno de Siles Suazo, totalmente aislado, sin posibilidades de resolver la crisis económica, decide acceder al adelanto de elecciones, fijadas inicialmente para julio de 1986. Se realizaron finalmente en julio de 1985, permitiendo la entrada en escena de un nuevo gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro. 

Al momento de tomar posesión el nuevo gobierno, en agosto de 1985, la tasa de cambio oficial era 67.000 pesos bolivianos por dólar. Sin embargo, la tasa en el mercado “no-oficial” era 1.100.000 pesos bolivianos, una diferencia de 1.600% entre ambas tasas. La tasa de inflación en la semana antes de tomar las medidas se acercó a 20%. Según el FMI, la tasa de inflación de Bolivia en 1985 alcanzó 11.700%.

El gobierno de Paz Estenssoro informa las decisiones económicas a las tres semanas de estar en ejercicio. Fueron establecidas en el decreto 21.060 del 29 de agosto de 1985. Las medidas incluían las siguientes: unificación de las tasas de cambio con libre convertibilidad, ajuste de tarifas de servicios públicos, reducción del déficit fiscal y financiamiento externo de 80% de dicho déficit, reducción de aranceles (un arancel único de 20%), eliminación de la intervención del sector público en los salarios privados, excepto para el salario mínimo, eliminación de los controles de precios, congelación de salarios del sector público, descentralización de empresas públicas, reformas impositivas para simplificar el sistema, acuerdo “stand by” con el FMI, restablecimiento del crédito internacional del país, eliminación de las restricciones para la fijación de las tasas de interés.

Luego del anuncio de las medidas, exactamente a los diez días, se produjo una reducción abrupta en la tasa de inflación. En 1986 la inflación disminuyó a 276%, y en 1987 la inflación fue 14%. Se ha mantenido controlada desde esa época.

Varias lecciones deja la experiencia boliviana para la grave situación económica que experimenta Venezuela. En primer lugar, indica que los gobiernos sin la correspondiente capacidad política terminan complicando las crisis económicas, hasta el punto que se deben buscar las vías institucionales para facilitar su sustitución. De allí que la elección de un nuevo Presidente, en este caso Paz Estenssoro, fue un factor clave para encontrar una ruta efectiva para la crisis boliviana. La segunda lección está relacionada con los objetivos de la reforma. La aplicación de un plan integral, caracterizado tanto por la estabilización de la economía como con los objetivos de mediano plazo, como la modernización y la reducción del estatismo, fueron pilares para que dichos cambios fueran sostenibles. Y finalmente, la severidad de las medidas ejecutadas en 1985 en Bolivia no contó con un programa de protección de la caída del ingreso de los ciudadanos. Este último aspecto debe tener una gran importancia en las medidas que se tomen en Venezuela para superar esta severa crisis. No hay duda que las condiciones económicas favorables que hoy tiene Bolivia, cuando se compara en el contexto de la Región, tienen su fundamento en la aplicación de las medidas treinta años atrás.

Politemas, Tal Cual, 2 de marzo de 2016

Equivocados hasta el final

El actual gobierno demuestra cada día más lo separado que está de la realidad de los venezolanos. La escasez generalizada, la caída del ingreso de las familias, la inflación completamente desatada (la mayor del mundo), la terrible situación de los servicios públicos (electricidad y agua, solo para citar dos), todos esos hechos no tienen el menor reconocimiento de parte de los funcionarios del gobierno. Según ellos, todos los venezolanos se han puesto de acuerdo para pintar una realidad que según ellos no existe.

Es muy difícil acertar en el gobierno si el primer paso, reconocer los problemas, nunca se ejecuta. A partir de ahí todo lo demás es una secuencia de errores. La última decisión del gobierno es la creación de la Corporación Nacional Productiva. Se trata de una nueva modalidad de la creencia de que solo es posible el desarrollo a través del Estado. El gobierno crea una nueva instancia en la que se colocan todas las empresas públicas para “elevar la productividad”, entre otros objetivos.

Lo que por supuesto no tomó en cuenta el gobierno es que las empresas públicas que ahora deben producir café, azúcar, cemento, por citar unos pocos rubros, no cumplen con las metas que antes se cumplían cuando estaban en manos privadas. Nadie en el gobierno, si es que se le ocurrió la idea, pudo levantar preguntas sobre la productividad real de las empresas públicas, sobre las tremendas distorsiones que experimentan, sobre las inmensas fuentes de corrupción que están en operación. Ninguna de esas preguntas se hizo. Era el primer paso para identificar la causa fundamental de los desastres de la gestión que están a la luz pública y que afectan la vida cotidiana de todos los venezolanos.

No pueden aparecer estas preguntas porque este largo gobierno tomó la decisión de equivocarse hace mucho tiempo. Al asumir que la premisa de toda su acción era controlar el Estado. Nada de analizar lo que más conviene a los efectos de producir. Nada de trabajar en cooperación con el sector privado, nada de identificar la mejor vía para aumentar la productividad, nada de reducir los monopolios públicos y privados que generan altos precios para los consumidores, nada de concentrar la inversión pública en las áreas prioritarias. 

Los resultados de esa equivocación están a la vista de todos: caída de la producción de bienes esenciales, escasez de muchos de ellos, la inflación más alta del mundo, la economía en el tercer año de recesión, pérdida del crédito internacional, servicios públicos en deterioro total, entre otros aspectos. Al final se tiene la afectación de la calidad de vida de los venezolanos. Pues bien, antes de revisar el rol fundamental que ha tenido la visión estatista en este desastre, el gobierno opta por seguir avanzando por la ruta equivocada. Han decidido equivocarse hasta el final.

Politemas, Tal Cual, 24 de febrero de 2016

La peor exclusión

Los venezolanos viven hoy un colosal drama social. Se expresa en todas las dimensiones. Desde los riesgos para la vida, con las amenazas permanentes de violencia, hasta las restricciones en el acceso a la educación, pasando por las dificultades para la atención a la salud, entre otros aspectos. En todas esas facetas la exclusión es la norma. Una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios y posibilidades que debe brindar una sociedad democrática y moderna.

Dentro de estas exclusiones hay una en especial que sobrepasa todos los rangos. Se trata de la exclusión relacionada con el disfrute de la etapa como adultos mayores. La situación ideal es que las personas que alcanzan la edad del retiro, lo puedan hacer en condiciones que permitan contar con los recursos y servicios más adecuados. Se espera que después de haber participado en el proceso productivo por varias décadas, la sociedad tenga un diseño tal que permita que estén disponibles esos recursos y servicios para aquellos que por su edad ya no se encuentran activos en el mercado laboral. Por otra parte, llegar a la condición de adulto mayor no significa en modo alguno retirarse de las opciones productivas, simplemente ya no son tan exigentes como en las primeras etapas de la vida laboral.

Esa es la teoría, y también la práctica en muchos países, especialmente aquellos que han desarrollado esquemas de ahorro y generación de recursos que permiten que los adultos mayores cuenten con la protección requerida. Pero en Venezuela no es así. Según datos obtenidos a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por UCV, UCAB y USB en 2014, el 48% de las personas en edad de tener pensión, no la tienen. En el estrato de menores recursos, la exclusión, en términos del beneficio de la pensión, alcanza al 70% de la población. En la medida que se asciende en el nivel educativo y de recursos, en esa misma medida aumenta la cobertura de pensiones, con lo cual queda demostrado una gran inequidad, por cuanto las personas con menos recursos son justamente las más afectadas por las contingencias relacionadas con la condición de adulto mayor. Por otra parte, apenas el 10% de los adultos mayores con pensiones reciben beneficios adicionales provenientes de las Misiones.

De manera que la dinámica de la protección social que hoy existe en Venezuela, genera exclusión a todo lo largo de la vida laboral, por cuanto las personas que tienen ocupación en el sector informal de la economía no cuentan con los beneficios que tiene aquellos que se desempeñan en el sector formal. Al llegar entonces a la edad de recibir pensión, los adultos mayores que han laborado en el sector informal no pueden acceder a ella. Las pensiones no contributivas, establecidas en la Constitución de 1999, justamente para superar esta exclusión, no se han implementado en estos casi 17 años que tiene de aprobada. 

Para enfrentar esta significativa exclusión, una vía es aumentar los beneficios de aquellos que se encuentran hoy pensionados. Pero también es fundamental no aumentar la brecha entre aquellos que tienen pensión y lo que no la tienen, especialmente cuando ambos grupos están expuestos a la inflación más alta del mundo. Todo lo cual nos lleva a modificar con prontitud, y de manera que sea fiscalmente viable, los mecanismos relacionados con la protección social de todos los venezolanos, y especialmente de los adultos mayores.

Politemas, Tal Cual, 17 de febrero de 2016

En el peor escenario

Los días pasan y no hay cambios en la política económica. Existen fundadas evidencias de que el retraso del gobierno en esta materia rompe todos los récords. Podríamos convenir que el rezago alcanzará tres años en el próximo abril. Mientras tanto, es conveniente mirar las perspectivas que tiene el país de mantener este rumbo equivocado.

Podemos examinar las cifras que el FMI pronostica para Venezuela hasta 2020 de continuar esta desastrosa política económica. De acuerdo con esas cifras, la tasa de inflación será cercana a 200% en todos los años entre 2015 y 2020. Es decir, seis años seguidos con cifras de inflación de esa magnitud, sumados a los diez años con la inflación más alta de América, y a los tres últimos con la inflación más alta del mundo. Se puede decir que la economía venezolana es ya la más inflacionaria en el siglo XXI. De lejos. 

Alta inflación no es otra cosa que destrucción económica. Porque la inflación genera inestabilidad para todos actores, pero especialmente aquellos que son más sensibles a los ingresos, esto es, los sectores con mayor pobreza. En la medida que avanza la inflación, la capacidad de adaptación de los sectores asalariados disminuye, hasta el punto que aquellos que no pueden compensar sus ingresos, son progresivamente desplazados a la pobreza. Como es el caso actual de Venezuela, con 76% de la población en pobreza, según ENCOVI (UCV-UCAB-USB).

Ya lo anterior es preocupante. Ahora veamos el escenario cuando se combina una alta tasa de inflación con una caída en la actividad productiva de un país. Esto es, la economía decrece y al mismo tiempo existe una espiral inflacionaria. Si tomamos como referencia una tasa de inflación superior a 100%, y una tasa de crecimiento económico negativo, encontraremos varios procesos de estancamiento e inflación de acuerdo con las cifras del FMI. 

El más largo ha sido el de Nicaragua, ocho años, entre 1984 y 1991. En todos esos años, la inflación fue superior a 100%, llegando a un máximo de 13.000% en 1987. En el período la economía nicaragüense se contrajo 2,7% en promedio. El siguiente período de mayor duración de alta inflación con estancamiento fue en Bolivia, entre 1982 y 1986 (cinco años). La tasa de inflación fue cercana a 12.000% en 1985. En el período la economía boliviana decreció 2,4% en promedio. 

El siguiente proceso fue el de Perú entre 1988 y 1990. La tasa de inflación llegó a 7.400% en 1990. La contracción de la actividad económica fue inmensa: 9,3% promedio en el período. Y luego viene Venezuela, aunque no se crea. Si asumimos que la tasa de inflación de Venezuela en 2015 fue superior a 100% y la de este año seguro lo será, y que la caída del PIB fue 10% el año pasado y que este año puede ser 8% (según estimados del FMI), nuestra economía ha sufrido la mayor debacle desde Perú a finales de los ochenta, la cual había sido la mayor en la Región. Más aún, si no hay correctivos en la política económica, y la caída del PIB es cercana a 9% en este año, el desastre económico de Venezuela será el mayor en América y Latina desde 1980 (primer año en que están disponibles las cifras del FMI).

No hay mucho más que agregar. Venezuela tiene la peor situación económica del mundo en la actualidad, y a este ritmo puede ser la peor en la Región en los últimos cuarenta años. Ante todo eso, el gobierno se encuentra en shock, inmovilizado. En el peor escenario.

Politemas, Tal Cual, 3 de febrero de 2016

Crisis humanitaria

Todas las evidencias están en frente del país. La crisis humanitaria ha dejado de ser una posibilidad, ya está acá, instalada en toda su extensión, afectando el bienestar directo de los venezolanos en proporciones nunca vistas. Es una crisis de grandes magnitudes que amerita medidas urgentes, amplias, en el marco de un plan de transformación integral.

Los venezolanos sufren las consecuencias de una parálisis económica que está iniciando su tercer año. Especialistas han señalado que en los últimos tres años hemos perdido el 25% de la actividad económica. A eso hay que sumarle que estamos en el cuarto año con la inflación más alta del mundo. En 2015 la inflación está cercana a 300%, a pesar de que no se tienen las cifras oficiales. La semana pasada el FMI anunció que el pronóstico de la tasa de inflación para 2016 es 720%. 

Lo preocupante de esta situación es el vertiginoso deterioro social combinado con la parálisis del gobierno para tomar medidas. Las causas de la debacle económica radican en las políticas implementadas desde 1999 en las cuales se ha eliminado prácticamente la mayor parte de la capacidad productiva del país en áreas esenciales. La visión de que el Estado debía ser el único actor económico ha terminado por restringir de manera monumental las posibilidades de los venezolanos.

Las consecuencias en la vida cotidiana han sido directas y amenazan con empeorar. En un año se ha duplicado la población en pobreza extrema, hasta representar a mediados del año pasado a al 50% del país. La pobreza total alcanza al 76% de los venezolanos. A ello hay que agregar la escasez que oscila entre 50 y 80% de los productos, especialmente en los medicamentos en los cuales se coloca en 80% según instituciones del sector farmacéutico. Esto significa que las necesidades básicas de alimentación y protección de la salud no están garantizadas para el 80% de la población.

Todo lo anterior sería ya muy preocupante. Lo más grave es la incapacidad del gobierno para coordinar una respuesta adecuada a esta crisis. Las últimas decisiones no hacen sino ratificar que no hay coherencia en el seno del gobierno, o que las respuestas, ejemplificadas en el Decreto de Emergencia Económica rechazado por la Asamblea Nacional, están en la dirección contraria a las requeridas soluciones. El gobierno luce perdido, fragmentado, sin capacidad de interlocución real, sin ideas para esta crisis. El gobierno, en dos platos, ha sido sobrepasado por una situación que empeora día a día.

Los efectos en la vida de las familias se producen hoy, y también mañana. Una familia sin alimentos, sin medicamentos, sin ingresos, tiene daños inmediatos. La única manera de empezar a resolver esta situación es poner en ejecución un amplio programa de transformación económica que el actual gobierno no está en capacidad de diseñar ni articular. Y uno de los componentes centrales es la asistencia de corto plazo para las personas y familias en mayor riesgo. Urge que todos los liderazgos de la sociedad enfrenten a través del esfuerzo concertado este drama que afecta con crudeza a todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 27 de enero de 2016

Emergencia es la pobreza

El gobierno aparece con otra distracción. Un Decreto de Emergencia Económica que solo persigue que la Asamblea Nacional sea corresponsable de la gestión de la crisis, y permita una mayor intervención del gobierno en el manejo de la economía. La justificación y diseño de dicho decreto no dejan dudas de que debe ser rechazado, solo refuerza los errores del gobierno que nos han traído a esta monumental crisis.

La “emergencia” que ahora plantea el gobierno tiene en realidad varios años. Podría decirse que al menos desde 2009 ya eran muy evidentes los efectos perjudiciales de la política económica que ha desarrollado este gobierno. Además, desde 2013 el gobierno ha estado habilitado para múltiples materias. Es ahora que aparece con una propuesta para enfrentarla. Mientras tenemos un gobierno que actúa con esta “rapidez”, el deterioro social aumenta cada día.

Según los datos de ENCOVI (UCV-UCAB-USB) del año 2014, ya la pobreza medida por ingresos afectaba al 48,4% de los hogares venezolanos. Esto es, 3% más que la medición de pobreza con una encuesta comparable en 1998. En esa medición de 2014, la pobreza extrema, esto es, los hogares con ingresos menores con respecto a la canasta alimentaria, era 24% (cinco puntos más que en 1998). De manera que luego de 16 años transcurridos de este gobierno, la pobreza no solo no se redujo sino que alcanzó un nivel superior. Siendo que en 2014 no se implementó ningún cambio en la política económica, lo previsible era el aumento de la pobreza en 2015. 

Y efectivamente, así sucedió. De acuerdo con ENCOVI 2015 (realizada a mediados de año), el 73% de los hogares estaba en situación de pobreza, 76% cuando se toma en cuenta a las personas. La pobreza extrema alcanzó al 50% de los hogares y de las personas. Esto es, 15 millones de personas no tienen los ingresos para adquirir los alimentos requeridos cada día, en caso de que estuvieran disponibles. Es mucho peor cuando ni siquiera están disponibles. Cuando se analiza la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el aumento entre 2014 y 2015 fue de 8 puntos, de 21 a 29%.

La pobreza está en su máximo nivel histórico en el país. Eso es un hecho incontrovertible. Se palpa en cada hogar venezolano. Se siente en cada cola de muchas horas para conseguir alimentos al menor precio posible en la economía con la mayor inflación del mundo. Ante todo esto, tenemos un gobierno que no ha tomado medidas en casi tres años, que no ha entendido el problema, que sigue creyendo en soluciones que conducen a mayor pobreza, a mayor deterioro social. 

Las decisiones que se posterguen para atender esta situación ocasionan daño en el corto plazo, porque hoy esas familias no pueden conseguir los alimentos, pero sus efectos se prolongan por mucho tiempo. Hasta el punto que pueden ser irreversibles. Esta es la verdadera emergencia, para la cual tenemos el gobierno más incompetente que se pueda imaginar.

Politemas, Tal Cual, 20 de enero de 2016

El tamaño de la brecha

La crisis social se agrava en el país. Comenzamos 2016 con pocas perspectivas de solución. El nuevo Gabinete se caracteriza por la poca coherencia en las políticas a implementar. Más grave es que no hay posibilidades de un cambio sustancial con políticas que se fundamenten en la visión estatista de la economía. De manera que es muy probable que tengamos un año de mayor deterioro en las condiciones de vida de la población.

En tales circunstancias es conveniente precisar la brecha de posibilidades que tiene la vida de los venezolanos. Para tener muy presentes las exigencias que debemos hacer ante las políticas que deben ponerse en ejecución. De lo contrario, los desajustes serán mayores e iremos perdiendo más terreno, al menos en el contexto de América Latina.

De acuerdo con datos del FMI, en 1998 Venezuela tenía el segundo poder adquisitivo en términos internacionales de América Latina (sobre un total de 19 países). Argentina era el primero con 12.142 dólares. Venezuela tenía 11.946 dólares. Una diferencia de 196 dólares para ser exactos. Para una comparación internacional más amplia puede indicarse que el poder adquisitivo de España era 21.500 dólares, es decir, cerca del doble que el de Venezuela. El de Estados Unidos era tres veces superior, al igual que el de Singapur. 

En 2016 las estimaciones del poder adquisitivo de Venezuela, lo colocan en el noveno lugar con 14.884 dólares. El primer lugar lo tiene Chile con 24.186 dólares. Luego siguen en orden descendente: Uruguay, Argentina, Panamá, México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana. Mientras el poder adquisitivo de Panamá se ha casi triplicado, y el de Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana se ha duplicado, el de Venezuela es el que menos ha crecido del grupo (42%). De continuar esta progresión, es decir, con las políticas que ahora se implementan, en 2018 Venezuela bajará al puesto once, superada también por Colombia y Perú.

Los resultados de la gestión de este largo gobierno son por donde se mire decepcionantes. La calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado. Por el contrario, en muchos países de la Región, lo que va del Siglo XXI ha representado un período de avances. Todo ello está originado por las políticas ejecutadas, centradas en la predominancia del estatismo, en la restricción a la iniciativa de la sociedad, en la reducción de las oportunidades para la inversión, en la ausencia de una visión de generación de riqueza.

Las consecuencias de esta brecha son obligantes. Es urgente un cambio en la dirección económica del país, so pena de que se profundice este rezago y se afecten aún más las condiciones de vida de la población. Es tarea en las instancias renovadas con el voto popular, acometer las tareas necesarias para generar posibilidades de transformación en el país. Las circunstancias exigen ver al país en perspectiva, para identificar el trecho de equivocaciones. Para no volverlo a transitar y recuperar lo más rápido posible el tiempo perdido.

Politemas, Tal Cual, 13 de enero de 2016