Sin datos de calidad, no habrá progreso social creíble

Ya está bastante generalizado que la calidad de vida es mucho más que medir el crecimiento económico o el ingreso per cápita. Ese es el fundamento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto y difundido por las Naciones Unidas desde hace más de 30 años. También se expresa en los esfuerzos de la OCDE para definir diferentes dimensiones del bienestar.

El Índice de Progreso Social (IPS) es una metodología para medir el bienestar incluyendo múltiples áreas. A diferencia de la propuesta de la OECD, el IPS permite calcular un valor sintético por cada país. Los aspectos incluidos en el IPS están subdivididos en tres áreas: (1) necesidades básicas, (2) bases del bienestar, y (3) oportunidad. En el sitio web señalado se encuentra el último informe anual del IPS correspondiente a 2024.

En el área de necesidades básicas se incluyen datos sobre nutrición y cuidados materno-infantiles, agua y saneamiento, vivienda, y seguridad. Dentro de las bases del bienestar se incluyen datos sobre educación básica, información y comunicación, salud, y calidad ambiental. En el área de oportunidad se incluyen datos sobre derechos y voz, libertad y selección, sociedad inclusiva, y educación superior.

En el gráfico se muestran los resultados de la estimación del IPS para los países de América Latina en el año 2024. Se han incluido con fines comparativos los siguientes países: Noruega por tener el mayor nivel de IPS y Sudán del Sur por tener el menor nivel en el contexto global.

América Latina: Índice de Progreso Social por países, 2024

Fuente: Índice de Progreso Social 2024

De acuerdo con estas estimaciones del IPS se pueden distinguir tres grupos de países. El primer grupo está conformado por los países con un valor de IPS superior a 75 (el valor máximo es 100). Estos países son: Chile, Uruguay, Costa Rica, y Argentina. En el segundo grupo están los países con valor de IPS entre 60 y 75: Panamá, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Cuba, Ecuador. República Dominicana, Perú, Bolivia, y El Salvador. En el tercer grupo están los países con IPS menor a 60: Honduras, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, y Haití.

El IPS permite la comparación de los países en la región, pero tiene una limitación muy relevante. Los datos requeridos para la estimación de cada uno de los componentes del índice muchas veces no están disponibles en las fuentes nacionales. De allí que se utilicen entonces estimaciones de organismos internacionales que deben establecer supuestos para imputar los datos. En muchos países de la región los atrasos en la información oficial pueden ser de varios años. Por ejemplo, en Venezuela las cifras de mortalidad no se han publicado desde el año 2016. En otros países los retrasos no son tan largos, pero también son significativos. Obviamente, las estimaciones obtenidas de esta manera no reflejan adecuadamente las condiciones reales de los países.

Las estimaciones del IPS demuestran que una cosa es tener un modelo conceptual sustentado, y otra es contar con los datos apropiados para la aplicación de la metodología. La brecha de los países para tener información actualizada, regular, y de calidad, es inmensa. La prioridad de las administraciones públicas para obtener y ordenar información sobre las áreas del progreso es muy limitada. La calidad de la información social es quizás uno de los obstáculos más críticos para el diseño de políticas públicas. Puede ser que estos datos estén reportando situaciones con un retraso de algunos lustros. No se puede hablar de progreso social en esta intemperie institucional. Tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 17 de julio de 2025

Dimensiones del bienestar en los países

Mejorar el bienestar supone implementar las políticas públicas más adecuadas. Lo cual implica directamente identificar cuáles son las dimensiones del bienestar. De esta manera, entonces, es posible diseñar las políticas más específicas para alcanzar mejores niveles de bienestar. Este es el propósito del esfuerzo metodológico y empírico que desarrolla la OECD desde 2011 para generar mediciones que sirvan de guía para las políticas en los países.

Esta propuesta de la OECD parte de una perspectiva diferente a la de otras medidas agregadas como es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el caso del IDH el propósito es contar con una medida sintética. En la modalidad desarrollada por OECD el objetivo es más bien mostrar la diversidad de facetas del bienestar.

En el último informe de la OECD se analizan los avances y restricciones de las políticas de promoción del bienestar en los países miembros. También se destaca en el informe los cambios introducidos en la lista de indicadores que permiten medir cada una de las dimensiones del bienestar.

Estas dimensiones son, en primer lugar, agrupadas en tres conjuntos temáticos, a saber: condiciones materiales, calidad de vida, y relaciones comunitarias. En el conjunto temático de las condiciones materiales se distinguen tres dimensiones: (1) ingresos y riqueza, (2) trabajo y calidad de los empleos, y (3) vivienda.

En la dimensión de ingresos y riqueza se incluyen tres indicadores: ingreso disponible de los hogares, la razón entre el ingreso disponible del 20% de hogares con mayores ingresos y el 20% con menores ingresos, y la riqueza de los hogares. En la dimensión de trabajo y calidad del empleo se incluyen tres indicadores: tasa de empleo, brecha de salarios entre los géneros, y trabajadores con largas jornadas. En la dimensión de vivienda se incluyen dos indicadores: acceso a las viviendas, y tasa de hacinamiento.

En el conjunto de calidad de vida se han establecido cinco dimensiones: salud, conocimientos y habilidades, calidad ambiental, bienestar subjetivo, y seguridad. La dimensión de salud está conformada por dos indicadores: expectativa de vida al nacer, y muertes prevenibles. En la dimensión de conocimientos y habilidades se señalan dos indicadores: puntuación en el test PISA, y estudiantes con pocas habilidades. En la dimensión de calidad se incluyen dos indicadores: contaminación, y exposición a temperaturas extremas. En la dimensión de bienestar subjetivo se señalan dos indicadores: satisfacción con la vida, y porcentaje de la población con percepción negativa. En la dimensión de seguridad se incluyen dos indicadores: homicidios, y sensación de seguridad en las noches.

En el conjunto de relaciones comunitarias se distinguen tres dimensiones: balance entre trabajo y vida, conexiones sociales, y compromiso ciudadano. En la dimensión del balance entre trabajo y vida se incluyen dos indicadores: tiempo libre, y brecha de género en las horas trabajadas. En la dimensión de conexiones sociales están dos indicadores: interacciones sociales, y pérdida de apoyo social. En la dimensión de compromiso ciudadano se señalan dos indicadores: participación en elecciones, y participación en las decisiones del gobierno.

Esta propuesta de OECD es útil para la especificación de las políticas públicas que se requieren para ampliar el bienestar en los países. La diversidad de indicadores expresa la complejidad de factores que deben considerarse para el seguimiento de las políticas. Las dimensiones señaladas son un buen punto de partida para examinar la información disponible en otras áreas del mundo (por ejemplo, en América Latina) que permita analizar en detalle la implementación de las políticas públicas en estas áreas del bienestar.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2025

Retos para medir mejor la efectividad de los gobiernos

El desempeño de los gobiernos es un tema central en la vida de los ciudadanos a escala global. No solo por las implicaciones cotidianas que tiene la gestión pública, sino por los efectos en el mediano y largo plazo. Cada cierto número de años, dependiendo de las normas de los países, los ciudadanos son consultados para que decidan sobre la reelección de un gobierno, en el caso de que ello sea posible, o sobre las opciones para sustituir a un gobierno que finaliza su período.

Para todas estas decisiones se requiere valorar la gestión de los gobiernos. Si bien es cierto que cada ciudadano puede tener opinión sobre la calidad del gobierno, es de especial relevancia conocer la valoración que hace el conjunto de la sociedad y todos los actores participantes. La formación de esta opinión se produce a partir de una mezcla de fuentes: el parecer de cada ciudadano, la información que se genere sobre la gestión del gobierno, los análisis de centros especializados, entre otras.

Este análisis se complica cuando se trata de comparar gobiernos en una dimensión internacional, sea incluyendo todos los países, o áreas de países. Esta comparación requiere definir una metodología consistente y la obtención de los datos que permitan realizar el análisis. Por las dificultades involucradas en estas tareas, las fuentes disponibles son escasas. Una de las más utilizadas en la base de datos “Worldwide Governance Indicators” elaborada por el Banco Mundial. Esta base de datos contiene la valoración de la efectividad de los gobiernos entre 1996 y 2023 (último año disponible en la actualidad).

De acuerdo con la metodología de esta base de datos, la efectividad de los gobiernos expresa las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad del personal de la administración pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de las políticas, y la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de las políticas. Estas percepciones se obtienen a través de encuestas a la población y análisis de centros especializados.

En el gráfico se muestra el valor que ocupan cada uno de los países de América Latina en una escala de 0-100 para todos los países del mundo en el año 2023. Los países con mayor efectividad del gobierno tienden a acercarse al límite superior de la escala, mientras que los países con menor efectividad están cerca del límite inferior.

América Latina: Posición en el Índice de Efectividad Gubernamental (IEG) 

por países, 2023

Fuente: Worldwide Governance Indicators

De acuerdo con estos resultados, se pueden distinguir tres grupos de países. En el primer grupo (Uruguay y Chile) están los países que tienen un índice superior al 75% de los países incluidos en la base de datos. El segundo grupo (13 países) está conformado por aquellos países ubicados entre el 25% y 75% del valor del índice. En el tercer grupo (Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, y Haití), están aquellos países con un índice en el 25% más bajo.

Este Índice de Efectividad Gubernamental (IEG) ofrece la ventaja que permite la comparación por un período de casi 30 años (aunque el más reciente es del año 2023). Algunas de las restricciones de este índice es que no incorpora indicadores de resultados de la gestión de los gobiernos, sino solamente las percepciones ya mencionadas. Por la misma razón no incorpora la calidad de los procesos de formulación e implementación de políticas públicas.

Visto que la preocupación por el desempeño de los gobiernos seguirá creciendo a escala global, es conveniente desarrollar alternativas de medición que incluyan otros aspectos además de las percepciones, tales como indicadores de resultados y procesos, así como otros ámbitos de gobiernos (por ejemplo, el nivel subnacional). También sería deseable desarrollar modalidades de medición que permitan anticipar el desempeño probable de los gobiernos con el objetivo de señalar las opciones de políticas alternativas. Superar estos retos metodológicos y de calidad de datos puede facilitar una mejor valoración de la calidad de los gobiernos, con el consiguiente efecto directo en el bienestar de los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2025

El horizonte de Mujica y Sanguinetti

La lectura del libro me reconfortó. En la situación actual, con la polarización extrema que se extiende por el mundo, las conversaciones fueron demostración de que es posible coincidir en la búsqueda de espacios comunes. Se trata del recuento de las seis conversaciones que sostuvieron Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti en 2022.

El libro es una rareza, al menos en el contexto de América Latina. Dos políticos influyentes de una de las pocas democracias plenas de la región. Ambos expresidentes de Uruguay y con una extraordinaria experiencia política. Fueron invitados por los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra para conversar “sin ruido” en la sede de la editorial Penguin Random House en Montevideo. Las seis conversaciones se realizaron entre el 28 de junio y el 30 de agosto de 2022. El título del libro, publicado a finales del mismo año, es: “El horizonte: Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica”.

El libro ofrece un testimonio casi único de cuatro lecciones de especial valor, especialmente en las actuales condiciones. La primera lección es que es posible conversar en profundidad con aquellos que vienen de experiencias políticas diferentes. En la actualidad, las conversaciones entre líderes de diferentes partidos, o entre líderes que están en el gobierno y en la oposición, son absolutamente infrecuentes. La noticia, muchas veces extraordinaria, es que se produzcan esas conversaciones. Mujica y Sanguinetti no pueden haber tenido más diferencias en sus carreras políticas. Sin embargo, es suficiente la lectura de las conversaciones para entender que había más coincidencias que diferencias. Y se puede detectar que ambos disfrutaban a plenitud la experiencia de dialogar.

La segunda lección es la amplitud que puede tener el diálogo. En las conversaciones, Sanguinetti y Mujica revisan todos los temas posibles, los que fueron sugeridos por los periodistas que llevaban las sesiones, y aquellos que surgían en el intercambio. Repasaron desde sus historias personales y familiares, la relación con sus compañeras de toda la vida (Marta y Lucía), hasta los entretelones de sus carreras políticas y en el gobierno, pasando por sus opiniones sobre múltiples temas como el fútbol, la vida cotidiana del Uruguay, la historia, las maneras de ser. En las conversaciones se pueden apreciar los detalles que cada uno traía a la mesa, y que servían para identificar matices y pareceres.

En el examen de las opiniones de cada uno se expresa una tercera lección. Esta lección se refiere a la secuencia, casi sistemática, para esbozar opiniones que pueden ser enlazadas con un propósito práctico. No por azar ambos tuvieron que desarrollar esta aptitud para alcanzar el poder en un contexto democrático. Para ello se requiere identificar el sentido práctico de las ideas, la posibilidad de aplicarlas y valorarlas. En el desarrollo de las conversaciones queda manifiesta una especie de tejido de vínculos de ideas que solo puede alcanzarse cuando el diálogo lleva detrás un gran cúmulo de experiencias.

En la última conversación se plantea desde el principio el tema de la seguridad social. No hay tema de políticas públicas que tenga mayor capacidad de combinar el corto plazo con el largo plazo, las decisiones de hoy con las consecuencias para las próximas generaciones. Y es allí cuando se puede apreciar la cuarta lección que nos ofrecen Mujica y Sanguinetti. Se trata de que en la construcción de horizontes para los países es fundamental construir acuerdos. Sanguinetti lo expresa cuando dice: “Y ya a esta altura creo que hay poco margen para la demagogia, porque todos, todos en todo el espectro político, hemos aceptado que hay que seguir modificando esto (la seguridad social)”. Mujica lo caracteriza de la siguiente manera: “…si queremos ser solidarios dentro de veinte o veinticinco años, habría que empezar a hacer un tipo de inversión que necesitaría un acuerdo nacional, que los gobiernos de paso no le puedan echar mano, para que eso vaya produciendo una riqueza que a posteriori se pueda repartir”. Sanguinetti y Mujica coincidieron plenamente en uno de los aspectos más críticos para el horizonte de los países.

Al final de esta última conversación, se pregunta a cada uno de ellos sobre cómo le gustaría ser recordado. Sanguinetti respondió que le gustaría ser recordado como “un servidor leal de la República”. Y de manera espontánea agregó: “… le reconozco (a Mujica) que cuando nos tocó, a mí la responsabilidad de conducir el país, después de eso encontré en Mujica un hombre que apostó a la paz y nunca a la venganza. Punto”.

Por su parte Mujica expresó: “A mí lo que me preocupa es cuando me muera, que quede gente que siga luchando por cosas pendientes, intentando que la sociedad sea un poco más justa”. Las conversaciones entre Mujica y Sanguinetti son una buena guía para promover esta sociedad más justa.

Politemas, Tal Cual, 11 de junio de 2025

La escasez de capital público en América Latina

Cada día es más evidente que América Latina confronta serias restricciones para garantizar el desarrollo económico y social a la gran mayoría de la población. Si bien es cierto que existen diferencias entre los países de la región, es bastante claro que estas restricciones tienden a ser generalizadas. Una de estas restricciones es el bajo crecimiento de las economías, de los más reducidos en el ámbito global. Otra restricción es la cantidad y calidad de los recursos fiscales destinados a los requerimientos del desarrollo.

La situación fiscal de América Latina y el Caribe fue el tema central del último seminario regional realizado por Cepal la semana pasada. En el documento publicado con motivo de este seminario se analizan en detalle las circunstancias que afectan el panorama fiscal de la región para los próximos años. Se señalan en el documento las tres áreas críticas para aumentar la cantidad de recursos nacionales: (1) la consolidación de sistemas tributarios progresivos, (2) la mejora en la eficiencia del gasto público, y (3) la implementación de estrategias integrales de financiamiento sostenible.

Un aspecto central que se enfatiza en el documento es la persistencia del bajo nivel de inversión pública en América Latina (página 102). La consecuencia de esta baja inversión pública es la escasez de capital público. Esta escasez se expresa en la baja proporción de las infraestructuras, instalaciones y maquinarias que pertenecen al gobierno general con respecto al PIB total. Se menciona que en 2023 esta proporción era 20%, mucho menos que el 63% que representa en las economías avanzadas. La razón de esta situación, según se indica en el documento, es que los países solo pueden reponer la depreciación de las infraestructuras, no pueden incrementarlas ni actualizarlas.

La consecuencia directa de esta escasez de capital público, según se indica en el documento, es la imposibilidad de aumentar la cobertura de servicios sociales y económicos, tales como transporte, energía, agua, saneamiento, salud, educación, entre otros. Desde esta perspectiva es poco probable que se alcancen niveles superiores de bienestar para la población de la región. Si a esto se agrega el efecto en los deterioros de infraestructura producto del cambio climático, el panorama luce mucho más preocupante.

En la página final del documento se indica que la situación anterior no se va a modificar solamente con el aumento de la inversión pública. Se requiere también transformar la capacidad institucional relacionada con la gestión fiscal. En los países menos eficientes en la inversión pública, el efecto negativo de estas restricciones institucionales es mucho mayor.

En este contexto resulta muy claro que se requiere una mayor comprensión de las restricciones institucionales de los gobiernos de América Latina, en los distintos niveles territoriales, como primer paso para mejorar la cantidad y calidad de la inversión pública. Esto supone conocer y modificar las prácticas decisionales que condicionan la generación y utilización de los recursos fiscales en los países. En la base de tales prácticas se encuentran las grandes debilidades de las políticas públicas en la región.

Politemas, Tal Cual, 4 de junio de 2025

Los retos de la protección social a escala global

Reducir la pobreza es una de las exigencias más compartidas cuando se analiza la gestión de los gobiernos. No hay forma de alcanzar logros en la reducción de la pobreza que no pase por la intervención inteligente y sistemática de los gobiernos. Atender a la población en situación de pobreza requiere asumir que esa intervención es temporal, que es el primer paso para que las familias puedan incorporarse a la actividad productiva en condiciones favorables y sostenibles.

El primer paso en la superación de la pobreza es proteger a esas personas y familias. Esto es, establecer los medios y recursos para que la protección social sea efectiva y de amplia cobertura. En la más reciente publicación del Banco Mundial sobre el estado de la protección social en el mundo se evidencia claramente la actual brecha de cobertura. Al ritmo actual, según el reporte señalado, se requerirán 18 años más para que todas las personas en situación de pobreza extrema en el mundo sean cubiertas por programas de protección social. Se requerirán, por otra parte, otros 20 años para que sea cubierto por estos programas el 20% de las personas más pobres en los países de bajos y medianos ingresos.

Se destacan en el reporte cuatro aspectos en los cuales se requieren cambios sustanciales de políticas públicas para que la protección social sea pueda ser universal. El primer reto es la capacidad técnica y logística que deben tener los gobiernos para identificar las personas que requieren protección social. Las ventajas de la digitalización y las tecnologías de información no se aprovechan completamente para realizar esta identificación. Se destaca en el informe que en muchos países no existen los elementos básicos de registros sociales adecuados. Obviamente, si no se saben dónde están las personas que requieren protección social, así como sus características principales, no es posible establecer las rutinas que permitan incorporarlas a los programas de protección social.

El segundo reto es establecer las diferentes opciones de protección social que puedan atender las particulares condiciones de las personas que las requieren. Por ejemplo, deben existir programas de transferencias monetarias no condicionadas, pero también programas para promover la incorporación en el mercado laboral y nuevas modalidades de formación para el trabajo. Estos últimos programas solo cubren el 5% de la población en los países de ingresos medianos altos, representando en promedio apenas 0,23% del PIB. A esta brecha habría que agregar la población sin cobertura por los programas de seguridad social.

El tercer requerimiento prioritario es la adaptación que deben tener los programas de protección social ante eventos críticos como desastres y grandes situaciones de riesgo. Estos eventos agravan las situaciones de desprotección social, especialmente en los sectores de la población en situaciones de gran vulnerabilidad física, geográfica, y social.

El cuarto reto es garantizar los recursos necesarios para financiar todos los anteriores. Esto significa transitar rutas de manera simultánea. La primera de ellas es aumentar las asignaciones a la protección social. En los países de ingresos medianos altos el gasto en protección social es superior al 6% del PIB, mientras que en los países de bajos ingresos es menos de 2% del PIB. Proteger a las 2 mil millones de personas que no tienen ahora protección social, requerirá un mayor aporte fiscal en los países coordinados por los gobiernos. La segunda vía es la reasignación de recursos que actualmente se dedican a programas de subsidios regresivos (por ejemplo, combustibles, agrícolas, entre otros) en una proporción equivalente al 8% del PIB global.

Es evidente que no se podrá garantizar la protección social universal sin cambios sustantivos en la calidad del desempeño de los gobiernos, tales como: identificar mejor a las personas y familias en riesgo, diseñar programas diversos y complementarios, incorporar la prospectiva en el seguimiento de las políticas, y modificar sustancialmente las tendencias de asignación de recursos fiscales. Para que se produzcan estos cambios se requiere un gran esfuerzo de concertación y fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos. Esperemos que se pueda avanzar.

Politemas, Tal Cual, 28 de mayo de 2025

La crisis final del Pacto de Puntofijo

En agosto de 1960, con motivo de la Séptima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en San José de Costa Rica, comienza la crisis final que determina la ruptura del Pacto de Puntofijo firmado el 31 de octubre de 1958. La ruptura del Pacto es, visto con el paso de los acontecimientos de más de seis décadas, el inicio del extravío de la democracia en Venezuela.

A pesar de que los contenidos del Pacto de Puntofijo se anticiparon en más de una década a la explicitación de las características que deben tener las democracias, la influencia de factores diversos condujo a la corta duración de la alianza. Entre esos factores pueden señalarse la exclusión del PCV aprobada por los tres partidos firmantes del Pacto (AD, Copei, y URD), y la génesis de desencuentros del gobierno de Betancourt con URD.

La ruptura se produce en el momento en el cual URD abandona la coalición en noviembre de 1960. La crisis final es motivada por el conflicto entre el canciller Ignacio Luis Arcaya y el presidente Betancourt expresada en la reunión citada de agosto de 1960 en Costa Rica. El acta final de la Séptima Reunión de Consulta demuestra la relevancia que alcanzó este conflicto.

Como se señala en el acta, en la segunda página, Venezuela comienza la reunión representada por el canciller Arcaya. Sin embargo, tal como se indica en la página 14, la declaración final fue ratificada por el canciller Marcos Falcón Briceño. Lo que había pasado, según indica Robert Robert L. Alexander en su libro “Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela”, página 457, es que el grave desacuerdo entre Arcaya y Betancourt había terminado con la renuncia del Canciller. Es por esa razón que Falcón Briceño asume la cancillería en el transcurso de la reunión internacional.

La declaración de San José de Costa Rica de agosto de 1960, tal como se señala en la página 4 del acta, condenó enérgicamente las intervenciones o amenazas de intervención de potencias extracontinentales. También se señala en el texto el rechazo a la “pretensión de las potencias sino soviéticas de utilizar la situación política, económica, o social de cualquier Estado americano”. Era obvio que Arcaya no estaba de acuerdo con estas posiciones. Arcaya estaba en el gobierno en representación de URD, partido que había sido apoyado por el PCV en las elecciones de diciembre de 1958. Betancourt era favorable a lo que se terminó aprobando, con lo cual la salida de Arcaya resultó bastante explicable.

La salida de Arcaya del gobierno en agosto de 1960 generó tensiones en la coalición de tres partidos. Estas tensiones se agravaron hasta el punto de que URD se retiró completamente de la alianza en noviembre de 1960, apenas tres meses después de la reunión de Costa Rica.

El retiro de URD sentenció la suerte del Pacto de Puntofijo. Ya no era un acuerdo de tres partidos sino de dos (AD y Copei). Este es el inicio de la modalidad bipartidista en la dinámica política del país, la cual se extendió por las siguientes tres décadas. A partir de su ingreso a la oposición, URD se constituyó en un crítico contumaz del gobierno de Betancourt.

Quizás la mayor consecuencia del retiro de URD del Pacto de Puntofijo es que a partir de ese momento la noción de democracia con amplitud resultó afectada. Ya no era solamente que el PCV había sido excluido del Pacto, sino que uno de los actores más relevantes (en muchas zonas del país URD era la segunda fuerza política del país) decidió no seguir participando de los acuerdos iniciales.

Esta nueva configuración de la relación entre los partidos políticos no era el escenario ideal para que la democracia resultara más inclusiva. Esta es la razón por la cual se produce el extravío de la democracia. La perspectiva incluyente fue debilitada. Las prácticas que hubieran podido redundar en compartir objetivos comunes, permanentemente revisables, no se pudieron establecer en profundidad. Estas carencias terminaron por profundizar el extravío. La redemocratización del país dependerá de asumir con la perspectiva actual los cambios que conduzcan nuevamente al camino.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2025

La génesis de la ruptura del Pacto de Puntofijo

La salida de URD del Pacto de Puntofijo en 1960 es un hito fundamental en la historia de la democracia iniciada en Venezuela en 1958. En la práctica, esa salida sentenció la ruptura del Pacto de Puntofijo. También puede señalarse que es el momento del extravío de la democracia. Esa ruptura determinó una ruta que llevaría décadas después al establecimiento de una autocracia.

Tal ruptura se produce a pesar de los contenidos de desarrollo de la democracia que expresaba el documento del Pacto de Puntofijo. Y es también una manifestación de la exclusión inicial que había establecido el Pacto. Todos esos sucesos tienen una ilación que cobra especial relevancia cuando se pone la lupa en la forma de terminar con el extravío.

Si la salida de URD del gobierno de Betancourt tiene tal significación, es conveniente preguntarse por las razones de ese desenlace. Es decir, las causas por las cuales un partido (URD) que había sido auspiciador y protagonista del Pacto de Puntofijo decidiera finalizar su permanencia en el gobierno, y, por ende, en la coalición.

Se puede examinar una primera interpretación. Se trata de la interpretación descrita por Robert L. Alexander en su libro “Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela”, cuyas galeras estaba revisando Betancourt antes de sufrir el accidente cerebro vascular por el cual falleció el 28 de septiembre de 1981. Alexander indica en el epílogo del libro que Betancourt estaba revisando las galeras. Pero antes indicó que el proceso de revisión de galeras ya se había concluido. Se puede inferir que ya Betancourt le había expresado a Alexander todas las observaciones que hubiera tenido sobre el libro. Y que éstas habían sido incorporadas. Si esta inferencia es correcta, entonces lo que explica Alexander puede considerarse que tiene el aval de Betancourt. Dicho de otra forma, el libro de Alexander expresa una versión compartida por Betancourt sobre todos los sucesos en los cuales participó en su legendaria vida política. Obviamente, también es importante conocer las interpretaciones de los otros actores en este tema en particular.

Alexander explica en las páginas 455-458 de su libro los problemas (de Betancourt con URD). Tres aspectos pueden indicarse sobre las posibles causas del conflicto que terminaría con la salida de URD del Pacto de Puntofijo. El primer aspecto que cita Alexander es la heterogeneidad ideológica de URD. Señala que desde la dictadura de Pérez Jiménez se había producido el ingreso de militantes comunistas en este partido. Algunos de estos nuevos militantes, indica Alexander, eran de orientación marxista-leninista. Esta heterogeneidad puede haber sido un factor de desacuerdos que culminó en la ruptura.

El segundo aspecto es la pretensión de URD por ocupar posiciones en el gobierno nacional y en los estados. Estas disputas afectaban el clima de convivencia que debía caracterizar una coalición estable. El tercer aspecto es la situación de rivalidad entre AD y URD en aquellas zonas del país en las cuales eran los dos partidos con mayor preferencia electoral.

Los efectos distorsionantes de estos tres aspectos, y quizás otros que no son citados por Alexander, confluyeron en la crisis que implicó la salida de URD del gobierno. La coyuntura más bien se ubicó en el ámbito internacional, con motivo de la posición ante Cuba, pero es evidente que el resultado se venía configurando desde décadas atrás. Lo fundamental es que tal resultado terminó condicionando el destino de la democracia de Venezuela en los siguientes cuarenta años.

Politemas, Tal Cual, 1 de mayo de 2025

Las lejanas metas de los ODS 2030

La semana pasada (del 31 de marzo al 4 de abril) se realizó en Santiago de Chile el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible organizado por la CEPAL. El objetivo general del Foro era revisar el progreso y los desafíos regionales ante el cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en el año 2010 a escala global.

Antes del Foro se difundió el Octavo Informe sobre el progreso de la Agenda 2030. La revisión del informe no deja dudas sobre las pocas posibilidades de que se cumplan las metas involucradas con los ODS 2030. Con el actual ritmo de progreso solo un 23% de las metas se podrán cumplir. El 41% de las metas progresan en la dirección adecuada, pero a un ritmo que no garantiza que efectivamente se puedan cumplir. El 36% restante de las metas se encuentra sin progresos, o incluso en la dirección contraria a lo establecido.

Cuando se detalla el progreso por ODS (son 17), los resultados son más preocupantes. En los ODS 1 (reducción de la pobreza), ODS 2 (erradicar el hambre), ODS 10 (reducción de la desigualdad), ODS 13 (acción por el clima), y ODS 16 (paz, justicia, e instituciones eficaces e inclusivas), no se alcanzarán ninguna de sus metas. El informe también reporta que para el ODS 3 (salud y bienestar) y el ODS 15 (ecosistemas terrestres) ni siquiera se puede definir una tendencia con respecto al progreso o retroceso. En los otros ODS los avances, en general, no se realizan al ritmo requerido.

El pronóstico señalado en el informe no sorprende. Es la consecuencia de no contar en los países con las capacidades institucionales necesarias para cumplir con las metas (no solo las relacionadas con los ODS sino con todas las metas de la gestión de los gobiernos). La primera capacidad es la que se deriva del compromiso de los líderes políticos (que luego ejercen el gobierno) para que la gestión pública sea efectiva y contribuya al desarrollo sostenible. Si esta primera capacidad no existe o no se asume a plenitud, es muy poco probable que se pueda avanzar con éxito.

No es suficiente, sin embargo, el compromiso de los líderes. Al menos cuatro funciones estratégicas (capacidades) se deben ejecutar con orden y profundidad. Estas funciones son: planificar para el mediano y largo plazo, generar y asignar los recursos requeridos, disponer de los mecanismos de seguimiento e información, y evaluar periódicamente los progresos. Al realizar todas estas funciones es posible identificar los cambios y adaptaciones requeridas para avanzar en la dirección de las metas.

Realizar estas funciones no es una actividad periódica. Es decir, que se realiza cada año o incluso en intervalos más largos. Todo lo contrario, es una actividad permanente que requiere información útil generada en tiempo real. La brecha de los gobiernos de América Latina y el Caribe para realizar estas funciones es justamente la razón por la cual no pueden cumplir las metas de los ODS en 2030. Estas evidentes debilidades se han constituido en una de las principales restricciones para el desarrollo sostenible en la región.

Politemas, Tal Cual, 10 de abril de 2025

La exclusión inicial del Pacto de Puntofijo

La nueva etapa democrática que se inicia en Venezuela con las elecciones del 7 de diciembre de 1958 tenía fundamentos sólidos. El Pacto de Puntofijo, firmado pocas semanas antes, el 31 de octubre, establecía las bases de un proyecto con los elementos claves para emprender la travesía democrática por segunda vez en el país (la primera había sido en 1947, con las primeras elecciones universales, directas y secretas en la historia).

A la vista de hoy, los contenidos del Pacto de Puntofijo se adaptaban a lo que más de una década después se empezó a considerar como democracia plena. Si bien es cierto que en la actualidad el concepto de democracia plena incluye otros aspectos como el equilibrio de poderes, no queda duda de que la concepción del Pacto de Puntofijo incluía una visión moderna de la democracia. Hasta el punto de que en poco tiempo Venezuela comenzó a ser considerada una democracia modelo en América Latina. Sin embargo, la combinación de múltiples factores llevó al extravío de la democracia unos pocos años después.

Dentro de esos factores se pueden señalar los efectos que tuvo la exclusión inicial que se produjo al acordar el Pacto de Puntofijo. En el discurso inicial de toma de posesión el 13 de febrero de 1959, el presidente Betancourt explica las razones de esa exclusión. Siendo ese discurso el momento del inicio formal del primer gobierno de esta nueva etapa democrática, y conocidas las dotes de Betancourt para identificar momentos históricos, es bastante claro que quería dejar detalladas las razones de esa exclusión.

Se trató de la exclusión del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Dijo Betancourt en el discurso de toma de posesión: “De ese pacto (Puntofijo) fue excluido el Partido Comunista, por decisión razonada de las organizaciones que lo firmaron (AD, Copei, y URD)”. Más adelante Betancourt señala que en la campaña electoral había explicitado que no consultaría al PCV “para la integración del gobierno”. Agregó Betancourt: “respetando el derecho de ese partido a actuar como colectividad organizada en el país, miembros suyos no serían llamados por mí para desempeñar cargos administrativos en los cuales se influyera sobre los rumbos de la política nacional e internacional de Venezuela”.

Para dejar claramente expresada la razón de la exclusión del PCV, Betancourt señala: “Esta posición es bien conocida de los venezolanos; y la fundaron los tres grandes Partidos nacionales en el hecho de que la filosofía política comunista no se compagina con la estructura democrática del Estado venezolano, ni el enjuiciamiento por ese Partido de la política internacional que debe seguir Venezuela, concuerda con los mejores intereses del país”.

Este párrafo del discurso de toma de posesión del presidente Betancourt cierra un ciclo personal y político de poco más de treinta años. Era la ratificación en la máxima tribuna a la que se puede aspirar, siendo presidente de la República en el Congreso Nacional luego de ser electo en sufragios libres y universales, de su ruptura con la filosofía política comunista.

El presidente Betancourt expresa dos veces en ese párrafo que se trató de una decisión de los tres grandes partidos nacionales. Sin embargo, en el libro de Robert L. Alexander, Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela, cuyas galeras estaba revisando Betancourt antes de sufrir el accidente cerebro vascular por el cual falleció el 28 de septiembre de 1981, se señala otra perspectiva.

Dice Alexander (página 419) que es casi seguro que la decisión de excluir al PCV fue iniciativa de Betancourt. Según Alexander, Betancourt estaba convencido de que los comunistas no tenían lugar en una coalición de partidos democráticos que se estaban proponiendo establecer y solidificar un sistema político democrático. También señala Alexander que Gustavo Machado, líder del PCV, había sido advertido de esta posición de los tres partidos en una reunión realizada a mediados de 1958.

Esta exclusión, aparentemente liderada por Betancourt y ratificada por los tres partidos firmantes del Pacto de Puntofijo, se hizo muy probablemente en plena consideración de la lucha del PCV contra la dictadura y de la representación que había obtenido en las elecciones de 1958 (2 senadores y 7 diputados en el Congreso Nacional).

La exclusión del PCV se incorporó al conjunto de factores que llevaron a la salida de URD de la coalición del gobierno en agosto de 1960 y la consiguiente reducción de consensos para la consolidación democrática. También es obvio que estuvo relacionada con la fase de guerrilla que se desarrolló en el país a finales del gobierno de Betancourt y en el gobierno de Leoni, con un rol preponderante del PCV. Es bastante evidente que la perdurabilidad de las democracias está relacionada con estos procesos de inclusión y exclusión que se generan en la dinámica política. Son lecciones que se deben tener presentes.

Politemas, Tal Cual, 3 de abril de 2025

Retrocesos de la democracia en América Latina

Desde todas las perspectivas de análisis el deterioro de la democracia es evidente a escala global. Esta es la principal conclusión de los responsables del Reporte de la Democracia 2025, elaborado por el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Este reporte analiza los resultados del seguimiento de las democracias de acuerdo con la metodología desarrollada en el programa de investigación “Variedades de Democracia” (V-Dem). Este programa de investigación se encuentra disponible en el sitio web de V-Dem.

Para caracterizar la democracia (o ausencia de) en cada país se utiliza, según el programa V-Dem, el Índice de Democracia Liberal (IDL). Este índice está compuesto a su vez por dos componentes: el Índice Electoral (IE), y el Índice del Componente Liberal (ICL). El primer componente toma en cuenta los siguientes aspectos: libertad de expresión, libertad de asociación, proporción de la población adulta con sufragio, elecciones transparentes, y elección de gobernantes. El segundo componente se estima ponderando los siguientes aspectos: igualdad ante la ley, contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y contrapesos legislativos al poder ejecutivo. El IDL varía entre 0 (valor mínimo) y 1 (valor máximo).

Si se comparan los resultados en los países de América Latina con respecto a los del año 2023, el balance es francamente insatisfactorio. Once países de la región (sobre un total de 20), experimentaron reducciones en el valor del Índice de Democracia Liberal (IDL), cuatro países mantuvieron la puntuación, y cinco países la aumentaron. En el gráfico se presentan los valores del IDL en el año 2024 en todos los países de América Latina. También se incluye a Dinamarca (país con el mayor valor del IDL), y a Corea del Norte (país con el menor valor, compartido con Eritrea).

América Latina: Índice de Democracia Liberal (IDL)

por países, 2024

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem), Informe anual 2024

De acuerdo con estos resultados, se pueden distinguir cuatro grupos de países. En el primer grupo están los países líderes en la región (Costa Rica, Chile, y Uruguay). Estos países también son denominadas democracias plenas. Están en el grupo de los primeros 20 países del mundo cuando se toma en cuenta el valor del IDL. En este grupo Costa Rica es el único país en el cual se redujo el valor del IDL con respecto al año 2023 (de 0,82 a 0,80). Los otros dos países del grupo (Chile y Uruguay) mantuvieron el valor del IDL con respecto al año anterior.

El segundo grupo está conformado por cuatro países: Argentina, Brasil, Colombia, y Panamá. Estos países corresponden a los que tienen en 2024 un valor de IDL superior o igual a 0,5. Estos países también tenían un valor superior a 0,5 del IDL en 2023. Se debe resaltar en este grupo la reducción de IDL en Argentina (de 0,69 a 0,55). Esta reducción del IDL en Argentina es la mayor en la región en 2024. Dos países de este grupo (Brasil y Panamá) registraron discretos aumentos del IDL (de 0,69 a 0,71 en Brasil, y de 0,57 a 0,58 en Panamá). Colombia es el único país de este grupo en el cual no se registró variación del IDL con respecto al 2023.

El tercer grupo de países está conformado por aquellos que registraron un valor de IDL superior a 0,10 y menor a 0,50 en 2024. Este grupo tiene el mayor número de países (8): Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Bolivia, y México. Seis países de este grupo registraron reducciones del IDL. La mayor reducción es la de Perú (de 0,58 a 0,49). Luego sigue la reducción de México (de 0,30 a 0,25), y las de Bolivia y Paraguay (de 0,35 a 0,31 en Bolivia, y de 0,43 a 0,39 en Paraguay). Solo dos países de este grupo (Guatemala y República Dominicana) registraron aumentos del IDL, siendo el aumento de Guatemala el mayor de la región en el año 2024 (de 0,31 a 0,47).

El cuarto grupo de países está conformado por aquellos clasificados como autocracias en el último reporte de V-Dem: Cuba, El Salvador. Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos países tienen un valor de IDL menor a 0,10 en 2024. Tres países del grupo (El Salvador, Nicaragua, y Venezuela) registraron reducciones del IDL el año anterior. Nicaragua es el país con el menor IDL de la región (0,02), Venezuela tiene el segundo valor más bajo (0,05).

El examen de estas variaciones del IDL en América Latina nos indica que las mejoras en la calidad de la democracia solo pueden derivar de propósitos y acuerdos sostenidos y sistemáticos a través del tiempo. Incluso en las democracias más desarrolladas de la región existen posibilidades de mejoras cuando se comparan con Dinamarca, el país con mayor IDL del mundo. Con mucha más razón en el resto de los países en los cuales la brecha es todavía mayor. Los retrocesos en el IDL en los países de América Latina son indicios claros de que no existen planes acordados para fortalecer las democracias, o de que, si existen esos planes, obviamente no están funcionando.

Politemas, Tal Cual, 27 de marzo de 2025