La democracia plena es el resultado de un camino de acuerdos. De acuerdos sostenibles entre actores diferentes. Estas diferencias van desde las ideologías que se profesan, pasando por las trayectorias históricas, hasta las motivaciones personales. En ese inmenso conjunto de diferencias se debe producir el acuerdo por establecer una democracia en la cual todos y cada uno de los actores pueda desarrollar aspiraciones y objetivos para la sociedad.
Si esta visión fuera sencilla de concretar, no existirían autocracias ni retrocesos en las democracias. La práctica de los acuerdos para construir democracias tiene sus complejidades. Concertar entre diferentes requiere habilidades personales y políticas, una gran dosis de paciencia, y una sostenida vocación por anteponer el bien general al sectarismo.
Venezuela ha tenido dos democracias. Ambas terminaron en autocracias. Y la causa fue la misma: procesos sistemáticos de exclusión de actores políticos. La democracia iniciada en 1948, después de las primeras elecciones directas, universales y secretas de la historia del país, fue clausurada con el golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año. El 9 de febrero de 1958, a su regreso del exilio, Rómulo Betancourt reconoció que una de las causas del fracaso de la primera democracia había sido el “canibalismo político”. Para evitar el golpe de Estado se requerían prácticas políticas de inclusión que no tuvo el liderazgo político de la época.
Y así llegamos a la dictadura que se extendió hasta el 23 de enero de 1958. El golpe de Estado que le pone punto final a la dictadura de Pérez Jiménez ofrece una nueva posibilidad de democracia. Esta vez el liderazgo político tenía una propuesta más inclusiva. Los años de exilio y clandestinidad habían favorecido la revisión de los errores que llevaron al fracaso de la primera democracia.
El liderazgo político, representado por los partidos AD, Copei, y URD, estaba convencido de que la construcción de la nueva democracia no era tarea de un solo actor. Se requería el acuerdo. No solo para alcanzar el gobierno, sino para gobernar juntos. Y por lo tanto era necesario pactar. De esa convicción surge la importancia de concertar un acuerdo, conocido como el Pacto de Puntofijo.
Es conveniente detallar al menos en sus grandes rasgos la secuencia de acuerdos que se concretan en la redemocratización a partir de 1958. Lo primero fue el acuerdo político, esto es, los objetivos y pautas de la coalición. Este es el contenido del primer documento presentado a la opinión pública el 31 de octubre de 1958. Allí se expresa el marco político en el cual se concibió la democracia en ese momento. Los contenidos de este documento expresan con nitidez lo que décadas más tarde se conocerá como “democracia plena”.
El Pacto de Puntofijo fue firmado antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958. La razón resulta bastante sencilla: las elecciones eran un paso en la ruta de redemocratización. Antes de las elecciones debía suscribirse un acuerdo por el objetivo: la democracia plena. El respeto al resultado electoral era un primer producto del acuerdo. En otras palabras, las elecciones debían ser expresión del pacto para construir una mejor democracia. Y esto lo entendió a cabalidad el pueblo venezolano: la participación electoral fue el 93% de los votantes inscritos, la más alta en la historia del país hasta el día de hoy.
También entendieron los actores políticos firmantes del Pacto de Puntofijo que se necesitaba acordar un programa de gobierno. El día antes de las elecciones dieron a conocer el Programa Mínimo de Gobierno. Dos meses más tarde, el 13 de febrero de 1959, en el momento de su juramentación como presidente de la República, Rómulo Betancourt prefirió llamarlo “programa común”, quizás porque la palabra “mínimo” no expresaba adecuadamente las dimensiones de las tareas a desarrollar desde el gobierno.
Las lecciones del Pacto de Puntofijo están en la historia. Son sencillas de apreciar, extraordinariamente complejas de incorporar en la práctica política. Primero fue el acuerdo político, luego el acuerdo del programa de gobierno, y, finalmente, las elecciones. Seguir la secuencia tiene por objetivo garantizar una transición sostenible.
Como resultado de este proceso iniciado en 1958, en el plazo de un año, de acuerdo con el proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, la democracia de Venezuela pasó a ser la tercera de América Latina en el Índice de Democracia Liberal (IDL), solo superada por Uruguay y Costa Rica. Y se mantuvo entre las seis primeras hasta 1998.
Lamentablemente, también la exclusión generó que el Pacto de Puntofijo apenas durará 22 meses. Los resultados positivos del Pacto, en cuanto al desarrollo de la democracia plena, se combinaron con múltiples restricciones en el bienestar de los venezolanos. El proceso de exclusión política que se experimentó lentamente a partir de 1960, combinado con el deterioro de las condiciones de vida hacia finales del siglo XX, abrieron la puerta a la autocracia que se consolidó en el país desde 1999, tal como lo confirman los datos del proyecto Variedades de Democracia. Hoy en día Venezuela es una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son: Cuba, Nicaragua, El Salvador, y Haití).
Las posibilidades de la redemocratización de Venezuela en 2026 se desenvuelven en un contexto muy diferente al de 1958. Ahora se requiere concertar la redemocratización con el gobierno interino y con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es una secuencia más larga de acuerdos, en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.
Tales posibilidades dependen de que se puedan aplicar las lecciones de nuestra propia historia. Es decir, que todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar en Venezuela acuerden primero las pautas que garanticen el máximo de gobernabilidad. Y que este primer paso lleve a crear las condiciones institucionales para avanzar en la transición inclusiva a la democracia plena. La exclusión debe cesar, ya sabemos lo que genera.
Hasta la fecha la situación no parece favorable a un acuerdo de esa naturaleza. Lo que se aprecia más bien, en primer lugar, es una ausencia de espacios en los cuales se pueda dialogar y acordar. Y, en segundo lugar, acciones no coordinadas, y potencialmente contradictorias, que conspiran contra una solución satisfactoria para todos. Quizás predomina la visión de que es posible que uno o pocos actores puedan centralizar las posibilidades de la transición. Si esto persiste como patrón, las oportunidades de una transición inclusiva disminuirán significativamente. Las consecuencias son previsibles y lamentables: riesgos para la gobernabilidad, y frustración ciudadana producto de que no se pueda construir una democracia plena para todos.
Para todos los actores sociales democráticos esta es una etapa crucial. Se trata de interpelar al liderazgo político para que trabaje sostenidamente por un acuerdo de gobernabilidad sin exclusiones. Que refleje las aspiraciones de los venezolanos por tener una democracia plena, entre las mejores de América Latina. Un criterio promisorio sería tener a la brevedad un acuerdo de gobernabilidad ratificado por todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar Venezuela. Esperemos que exista la visión y liderazgo para que este acuerdo de gobernabilidad se pueda concretar. No puede ser más urgente.
Politemas, Tal Cual, 12 de febrero de 2026
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