El próximo martes 3 de febrero se cumplirá un mes del anuncio del control del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde esa fecha el análisis de las políticas públicas de Venezuela depende de lo que se informe a través de las instancias responsables por parte del gobierno de Estados Unidos, particularmente en los sitios web de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Hasta la fecha, la explicación más “detallada” de la política que Estados Unidos ha diseñado para Venezuela corresponde a la transcripción de la comparecencia de los secretarios de Estado y de Guerra ante periodistas luego de una reunión con senadores el 7 de enero. El secretario de Estado explicó al principio de sus palabras que la reunión con los senadores se había realizado a puertas cerradas porque “existen una gran cantidad de detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público”. También se informó que los documentos que se hubieran compartido con los senadores no tienen acceso público.
El análisis de la política hacia Venezuela, hasta la fecha, solo puede basarse en esta primera explicación del secretario de Estado. Señala el secretario de Estado que la política se compone de tres fases. La primera fase, denominada “estabilización del país”, consiste en evitar que la situación evolucione hacia el caos. Y a tal efecto, se procedería a vender en el mercado abierto entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los recursos obtenidos serían manejados por el gobierno de Estados Unidos. Dos días más tarde, el 9 de enero, se publicó una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos con los correspondientes detalles sobre el manejo de estos recursos. El secretario de Estado no mencionó ninguna otra medida de la fase estabilización.
La segunda fase, llamada “recuperación” por el secretario de Estado, consiste en que las compañías americanas y occidentales, y “otras compañías”, tengan acceso al mercado venezolano. También en la fase de recuperación se comenzará a crear el proceso de reconciliación para que las fuerzas de la oposición sean amnistiadas, liberadas de las prisiones, y puedan regresar al país para reconstruir la sociedad civil.
Y finalmente, señala el secretario de Estado, “y luego la tercera fase, desde luego, será la de transición”. Nótese que indica “transición” a secas, no transición a la democracia. Estos son todos los aspectos presentados por el secretario de Estado. También indicó que los detalles se los había compartido a los senadores y que habría más explicaciones en los días siguientes. Agregó el secretario que estas fases pueden solaparse. Un poco más adelante en la comparecencia, el secretario de Estado señaló que Estados Unidos tenía un gran control e influencia sobre las acciones de las autoridades interinas de Venezuela.
La política descrita, es importante resaltarlo, corresponde a los objetivos concretos del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, puede ser consistente con lo que el gobierno de Estados Unidos se haya propuesto. Se asume que en la documentación elaborada sin acceso público hasta ahora deben estar todas las justificaciones de las fases descritas.
Ahora bien, desde la perspectiva de los actores venezolanos interesados en una transición inclusiva a la democracia, esta política de Estados Unidos puede resultar absolutamente equivocada y contraproducente. Es bastante claro que, al contrario de lo expresado por el secretario de Estado, estas fases no están solapadas. Son completamente lineales. Una primero, y otra después. Con el agravante de que las fases no tienen tiempos definidos, al menos el secretario de Estado no quiso hablar de cronograma de las fases. Otra evidencia de esta linealidad es que hasta la fecha la única decisión ejecutiva corresponde a la primera fase, la de estabilización.
Se puede concluir, entonces, que para el gobierno de Estados Unidos la última fase es la de transición. Debe reiterarse que el secretario de Estado no dijo “transición a la democracia”. De hecho, no mencionó la palabra “democracia” ni una sola vez en la comparecencia. Que la “transición” sea la última fase de un proceso que no tiene tiempos definidos es una evidencia sustantiva de que la transición a la democracia en Venezuela no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco existe a la fecha ninguna propuesta del gobierno de Estados Unidos invitando a construir los espacios que faciliten la transición a la democracia. Es sabido, por la experiencia de muchos países, que sin reglas institucionales compatibles con una democracia plena no es posible estabilizar y recuperar países que han sufrido autocracias.
Lo segundo que se puede concluir, visto el diseño expresado de la política de Estados Unidos, es que no existe ningún foco de atención en las condiciones concretas de la vida de los venezolanos luego de diez años de una dramática emergencia humanitaria compleja. Esas consideraciones no aparecen en las palabras del secretario de Estado. Las consecuencias son directas: los venezolanos se encuentran en una coyuntura en la cual dos objetivos fundamentales, la democracia y el bienestar, no están en el centro de las políticas públicas controladas desde el 3 de enero por el gobierno de Estados Unidos.
Cabe preguntarse por las razones para esta ausencia tan significativa de estos dos objetivos, democracia y bienestar de los venezolanos. Dos explicaciones, entre otras, pueden proponerse. La primera es el predominio en la agenda del gobierno de Estados Unidos de los beneficios derivados de la normalización de la relación petrolera entre los dos países. Este objetivo se superpone a cualquier otro. La segunda explicación es el conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre las dificultades, expresadas de manera reiterada, que tienen los sectores a favor de una transición a la democracia para ponerse de acuerdo. En un ejercicio de crudo pragmatismo optaron por el camino con menos costos de transacción. Se ha impuesto hasta la fecha en el gobierno de los Estados Unidos una gran desconfianza en la madurez política del liderazgo democrático venezolano.
En este contexto, sin embargo, esta política de los Estados Unidos no tiene el éxito garantizado. La ausencia de pasos hacia la transición a la democracia conspira contra el clima requerido para las inversiones en petróleo y gas, y en el respeto a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho. Las observaciones de los altos gerentes de estas empresas son expresiones de estas dificultades. La fortaleza de la transición a la democracia será crucial para la llegada de las inversiones requeridas. Por la política seleccionada, Estados Unidos puede terminar, al menos en este corto plazo, estabilizando al gobierno interino y no al país, y dificultando aún más la llegada a la fase de recuperación.
Ante toda esta situación, la pregunta es bastante obvia: ¿cuál es la estrategia conjunta que los actores políticos nacionales van a definir y llevar a cabo para que el país se encamine a una transición inclusiva a la democracia y enfrente con efectividad las mejoras que se requieren en las condiciones de vida de los venezolanos? ¿Cuál es la posición de estos actores ante el control que tienen los Estados Unidos sobre las políticas públicas del país? Es una hora fundamental para consensuar estrategias y acuerdos que permitan transitar a una democracia plena que garantice bienestar para los ciudadanos.
Politemas, Tal Cual, 28 de enero de 2026
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