Acuerdo de gobernabilidad para la transición inclusiva

La democracia plena es el resultado de un camino de acuerdos. De acuerdos sostenibles entre actores diferentes. Estas diferencias van desde las ideologías que se profesan, pasando por las trayectorias históricas, hasta las motivaciones personales. En ese inmenso conjunto de diferencias se debe producir el acuerdo por establecer una democracia en la cual todos y cada uno de los actores pueda desarrollar aspiraciones y objetivos para la sociedad.

Si esta visión fuera sencilla de concretar, no existirían autocracias ni retrocesos en las democracias. La práctica de los acuerdos para construir democracias tiene sus complejidades. Concertar entre diferentes requiere habilidades personales y políticas, una gran dosis de paciencia, y una sostenida vocación por anteponer el bien general al sectarismo.

Venezuela ha tenido dos democracias. Ambas terminaron en autocracias. Y la causa fue la misma: procesos sistemáticos de exclusión de actores políticos. La democracia iniciada en 1948, después de las primeras elecciones directas, universales y secretas de la historia del país, fue clausurada con el golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año. El 9 de febrero de 1958, a su regreso del exilio, Rómulo Betancourt reconoció que una de las causas del fracaso de la primera democracia había sido el “canibalismo político”. Para evitar el golpe de Estado se requerían prácticas políticas de inclusión que no tuvo el liderazgo político de la época.

Y así llegamos a la dictadura que se extendió hasta el 23 de enero de 1958. El golpe de Estado que le pone punto final a la dictadura de Pérez Jiménez ofrece una nueva posibilidad de democracia. Esta vez el liderazgo político tenía una propuesta más inclusiva. Los años de exilio y clandestinidad habían favorecido la revisión de los errores que llevaron al fracaso de la primera democracia.

El liderazgo político, representado por los partidos AD, Copei, y URD, estaba convencido de que la construcción de la nueva democracia no era tarea de un solo actor. Se requería el acuerdo. No solo para alcanzar el gobierno, sino para gobernar juntos. Y por lo tanto era necesario pactar. De esa convicción surge la importancia de concertar un acuerdo, conocido como el Pacto de Puntofijo.

Es conveniente detallar al menos en sus grandes rasgos la secuencia de acuerdos que se concretan en la redemocratización a partir de 1958. Lo primero fue el acuerdo político, esto es, los objetivos y pautas de la coalición. Este es el contenido del primer documento presentado a la opinión pública el 31 de octubre de 1958. Allí se expresa el marco político en el cual se concibió la democracia en ese momento. Los contenidos de este documento expresan con nitidez lo que décadas más tarde se conocerá como “democracia plena”.

El Pacto de Puntofijo fue firmado antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958. La razón resulta bastante sencilla: las elecciones eran un paso en la ruta de redemocratización. Antes de las elecciones debía suscribirse un acuerdo por el objetivo: la democracia plena. El respeto al resultado electoral era un primer producto del acuerdo. En otras palabras, las elecciones debían ser expresión del pacto para construir una mejor democracia. Y esto lo entendió a cabalidad el pueblo venezolano: la participación electoral fue el 93% de los votantes inscritos, la más alta en la historia del país hasta el día de hoy.

También entendieron los actores políticos firmantes del Pacto de Puntofijo que se necesitaba acordar un programa de gobierno. El día antes de las elecciones dieron a conocer el Programa Mínimo de Gobierno. Dos meses más tarde, el 13 de febrero de 1959, en el momento de su juramentación como presidente de la República, Rómulo Betancourt prefirió llamarlo “programa común”, quizás porque la palabra “mínimo” no expresaba adecuadamente las dimensiones de las tareas a desarrollar desde el gobierno.

Las lecciones del Pacto de Puntofijo están en la historia. Son sencillas de apreciar, extraordinariamente complejas de incorporar en la práctica política. Primero fue el acuerdo político, luego el acuerdo del programa de gobierno, y, finalmente, las elecciones. Seguir la secuencia tiene por objetivo garantizar una transición sostenible.

Como resultado de este proceso iniciado en 1958, en el plazo de un año, de acuerdo con el proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, la democracia de Venezuela pasó a ser la tercera de América Latina en el Índice de Democracia Liberal (IDL), solo superada por Uruguay y Costa Rica. Y se mantuvo entre las seis primeras hasta 1998.

Lamentablemente, también la exclusión generó que el Pacto de Puntofijo apenas durará 22 meses. Los resultados positivos del Pacto, en cuanto al desarrollo de la democracia plena, se combinaron con múltiples restricciones en el bienestar de los venezolanos. El proceso de exclusión política que se experimentó lentamente a partir de 1960, combinado con el deterioro de las condiciones de vida hacia finales del siglo XX, abrieron la puerta a la autocracia que se consolidó en el país desde 1999, tal como lo confirman los datos del proyecto Variedades de Democracia. Hoy en día Venezuela es una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son: Cuba, Nicaragua, El Salvador, y Haití).

Las posibilidades de la redemocratización de Venezuela en 2026 se desenvuelven en un contexto muy diferente al de 1958. Ahora se requiere concertar la redemocratización con el gobierno interino y con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es una secuencia más larga de acuerdos, en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Tales posibilidades dependen de que se puedan aplicar las lecciones de nuestra propia historia. Es decir, que todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar en Venezuela acuerden primero las pautas que garanticen el máximo de gobernabilidad. Y que este primer paso lleve a crear las condiciones institucionales para avanzar en la transición inclusiva a la democracia plena. La exclusión debe cesar, ya sabemos lo que genera.

Hasta la fecha la situación no parece favorable a un acuerdo de esa naturaleza. Lo que se aprecia más bien, en primer lugar, es una ausencia de espacios en los cuales se pueda dialogar y acordar. Y, en segundo lugar, acciones no coordinadas, y potencialmente contradictorias, que conspiran contra una solución satisfactoria para todos. Quizás predomina la visión de que es posible que uno o pocos actores puedan centralizar las posibilidades de la transición. Si esto persiste como patrón, las oportunidades de una transición inclusiva disminuirán significativamente. Las consecuencias son previsibles y lamentables: riesgos para la gobernabilidad, y frustración ciudadana producto de que no se pueda construir una democracia plena para todos.

Para todos los actores sociales democráticos esta es una etapa crucial. Se trata de interpelar al liderazgo político para que trabaje sostenidamente por un acuerdo de gobernabilidad sin exclusiones. Que refleje las aspiraciones de los venezolanos por tener una democracia plena, entre las mejores de América Latina. Un criterio promisorio sería tener a la brevedad un acuerdo de gobernabilidad ratificado por todos los actores políticos con aspiraciones de gobernar Venezuela. Esperemos que exista la visión y liderazgo para que este acuerdo de gobernabilidad se pueda concretar. No puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 12 de febrero de 2026

Estados Unidos en el laberinto de la transición

El pasado miércoles 28 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio acudió a la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Aunque en el título se indica que el tema era la política hacia Venezuela, en el transcurso de la audiencia se trataron otros temas de relevancia global.

Hasta ese día, en la única comparecencia que había tenido ante los medios sobre Venezuela, el secretario de Estado no había priorizado ni la democracia ni el bienestar como ejes de la política de EE.UU. hacia Venezuela. En la deposición (“testimony”), presentada por el secretario de Estado antes de la audiencia en el Congreso, tampoco se menciona a la democracia ni las fases de la política señaladas el 7 de enero.

El desarrollo de la audiencia, sin embargo, permite identificar a través de las preguntas de los senadores y las respuestas del secretario de Estado, algunas pistas sobre la forma en que el gobierno de EE. UU. considera la estrategia en Venezuela. Las preguntas de los senadores Murphy (minuto 58 del video), y Scott (1h:33m) se enfocaron especialmente en los objetivos y el cronograma de las acciones que se plantea EE. UU.

Cuatro aspectos mencionados por el secretario de Estado resultan relevantes para intuir las acciones de los próximos meses por parte de EE. UU. En primer lugar, está la mención sobre las expectativas de EE. UU. sobre los cambios. Se espera que Venezuela sea “amigable, estable, próspera y democrática”, y que se pueda mantener con el país una relación de cooperación como había sucedido en el pasado.

Un segundo aspecto que destacó el secretario de Estado varias veces es la imposibilidad de que la transición se haga con celeridad. Según sus palabras, la transición “llevará tiempo”. Y citó las experiencias de transición de España y Paraguay. En este punto el secretario de Estado fue enfático al señalar que no son procesos lineales, que pueden oscilar, muy diferente al enfoque propuesto sobre las fases (estabilización, recuperación, y transición).

Expresó con bastante claridad el secretario de Estado un tercer aspecto: se requiere más y mejor información para tener una estrategia depurada en Venezuela. De allí la mención sobre el desplazamiento de equipos diplomáticos para realizar el trabajo requerido en el terreno de los acontecimientos. Luego de varios años de ausencia del país es obvio que se requiere actualizar el mapa de actores y opiniones que existen en este momento. Estos insumos son fundamentales para la identificación de opciones.

Finalmente, el secretario de Estado propuso algunas consideraciones que debería tener el “cambio de la dinámica” en Venezuela. La primera consiste es la necesidad de contar con la “representación de todos sectores” que pudieran tener actividad política y social en el país. En segundo término, hizo especial mención de la diversidad de expresiones que tiene la oposición democrática de Venezuela. Y, en tercer lugar, señaló el grado considerable de apoyo electoral que puede tener el gobierno (15% - 20%). También señaló la importancia de que se produzca la reconciliación de la sociedad.

Resulta bastante plausible, por los énfasis señalados por el secretario de Estado, que EE. UU. se ha dado un plazo de varios meses (“cuatro o cinco”) para tener una idea más precisa de la estrategia que puede desarrollar en la transición a la democracia en Venezuela. Si esto es así, y, tal como dice el secretario de Estado se ha reconocido que este proceso (la transición) no es lineal, se puede inferir que EE. UU. está haciendo las tareas necesarias para alcanzar este objetivo. Es de esperarse que en las próximas semanas los equipos encargados sostendrán múltiples contactos con la gran diversidad de organizaciones políticas y sociales de Venezuela para conocer sus posiciones en esta compleja situación.

Visto que EE. UU. avanza en los términos descritos, es bastante claro que la oposición democrática está ante una oportunidad excepcional. Se trata de que la multiplicidad de actores políticos y sociales de la oposición acuerden las bases y procesos sobre los cuales puede avanzar una transición inclusiva a la democracia en Venezuela. Es sabido que estas bases y procesos van mucho más allá de realizar elecciones competitivas. En las consultas que seguramente iniciarán con celeridad los representantes de EE. UU., este aspecto será el tema central. Esperemos que a la brevedad se puedan generar estos acuerdos. En palabras del secretario de Estado es el tiempo de “decisiones inteligentes”. No puede ser más urgente.

Politemas, Tal Cual, 4 de febrero de 2026

Ni democracia, ni bienestar: La política de Estados Unidos para Venezuela

El próximo martes 3 de febrero se cumplirá un mes del anuncio del control del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde esa fecha el análisis de las políticas públicas de Venezuela depende de lo que se informe a través de las instancias responsables por parte del gobierno de Estados Unidos, particularmente en los sitios web de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Hasta la fecha, la explicación más “detallada” de la política que Estados Unidos ha diseñado para Venezuela corresponde a la transcripción de la comparecencia de los secretarios de Estado y de Guerra ante periodistas luego de una reunión con senadores el 7 de enero. El secretario de Estado explicó al principio de sus palabras que la reunión con los senadores se había realizado a puertas cerradas porque “existen una gran cantidad de detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público”. También se informó que los documentos que se hubieran compartido con los senadores no tienen acceso público.

El análisis de la política hacia Venezuela, hasta la fecha, solo puede basarse en esta primera explicación del secretario de Estado. Señala el secretario de Estado que la política se compone de tres fases. La primera fase, denominada “estabilización del país”, consiste en evitar que la situación evolucione hacia el caos. Y a tal efecto, se procedería a vender en el mercado abierto entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los recursos obtenidos serían manejados por el gobierno de Estados Unidos. Dos días más tarde, el 9 de enero, se publicó una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos con los correspondientes detalles sobre el manejo de estos recursos. El secretario de Estado no mencionó ninguna otra medida de la fase estabilización.

La segunda fase, llamada “recuperación” por el secretario de Estado, consiste en que las compañías americanas y occidentales, y “otras compañías”, tengan acceso al mercado venezolano. También en la fase de recuperación se comenzará a crear el proceso de reconciliación para que las fuerzas de la oposición sean amnistiadas, liberadas de las prisiones, y puedan regresar al país para reconstruir la sociedad civil.

Y finalmente, señala el secretario de Estado, “y luego la tercera fase, desde luego, será la de transición”. Nótese que indica “transición” a secas, no transición a la democracia. Estos son todos los aspectos presentados por el secretario de Estado. También indicó que los detalles se los había compartido a los senadores y que habría más explicaciones en los días siguientes. Agregó el secretario que estas fases pueden solaparse. Un poco más adelante en la comparecencia, el secretario de Estado señaló que Estados Unidos tenía un gran control e influencia sobre las acciones de las autoridades interinas de Venezuela.

La política descrita, es importante resaltarlo, corresponde a los objetivos concretos del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. Es decir, puede ser consistente con lo que el gobierno de Estados Unidos se haya propuesto. Se asume que en la documentación elaborada sin acceso público hasta ahora deben estar todas las justificaciones de las fases descritas.

Ahora bien, desde la perspectiva de los actores venezolanos interesados en una transición inclusiva a la democracia, esta política de Estados Unidos puede resultar absolutamente equivocada y contraproducente. Es bastante claro que, al contrario de lo expresado por el secretario de Estado, estas fases no están solapadas. Son completamente lineales. Una primero, y otra después. Con el agravante de que las fases no tienen tiempos definidos, al menos el secretario de Estado no quiso hablar de cronograma de las fases. Otra evidencia de esta linealidad es que hasta la fecha la única decisión ejecutiva corresponde a la primera fase, la de estabilización.

Se puede concluir, entonces, que para el gobierno de Estados Unidos la última fase es la de transición. Debe reiterarse que el secretario de Estado no dijo “transición a la democracia”. De hecho, no mencionó la palabra “democracia” ni una sola vez en la comparecencia. Que la “transición” sea la última fase de un proceso que no tiene tiempos definidos es una evidencia sustantiva de que la transición a la democracia en Venezuela no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco existe a la fecha ninguna propuesta del gobierno de Estados Unidos invitando a construir los espacios que faciliten la transición a la democracia. Es sabido, por la experiencia de muchos países, que sin reglas institucionales compatibles con una democracia plena no es posible estabilizar y recuperar países que han sufrido autocracias.

Lo segundo que se puede concluir, visto el diseño expresado de la política de Estados Unidos, es que no existe ningún foco de atención en las condiciones concretas de la vida de los venezolanos luego de diez años de una dramática emergencia humanitaria compleja. Esas consideraciones no aparecen en las palabras del secretario de Estado. Las consecuencias son directas: los venezolanos se encuentran en una coyuntura en la cual dos objetivos fundamentales, la democracia y el bienestar, no están en el centro de las políticas públicas controladas desde el 3 de enero por el gobierno de Estados Unidos.

Cabe preguntarse por las razones para esta ausencia tan significativa de estos dos objetivos, democracia y bienestar de los venezolanos. Dos explicaciones, entre otras, pueden proponerse. La primera es el predominio en la agenda del gobierno de Estados Unidos de los beneficios derivados de la normalización de la relación petrolera entre los dos países. Este objetivo se superpone a cualquier otro. La segunda explicación es el conocimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre las dificultades, expresadas de manera reiterada, que tienen los sectores a favor de una transición a la democracia para ponerse de acuerdo. En un ejercicio de crudo pragmatismo optaron por el camino con menos costos de transacción. Se ha impuesto hasta la fecha en el gobierno de los Estados Unidos una gran desconfianza en la madurez política del liderazgo democrático venezolano.

En este contexto, sin embargo, esta política de los Estados Unidos no tiene el éxito garantizado. La ausencia de pasos hacia la transición a la democracia conspira contra el clima requerido para las inversiones en petróleo y gas, y en el respeto a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho. Las observaciones de los altos gerentes de estas empresas son expresiones de estas dificultades. La fortaleza de la transición a la democracia será crucial para la llegada de las inversiones requeridas. Por la política seleccionada, Estados Unidos puede terminar, al menos en este corto plazo, estabilizando al gobierno interino y no al país, y dificultando aún más la llegada a la fase de recuperación.

Ante toda esta situación, la pregunta es bastante obvia: ¿cuál es la estrategia conjunta que los actores políticos nacionales van a definir y llevar a cabo para que el país se encamine a una transición inclusiva a la democracia y enfrente con efectividad las mejoras que se requieren en las condiciones de vida de los venezolanos? ¿Cuál es la posición de estos actores ante el control que tienen los Estados Unidos sobre las políticas públicas del país? Es una hora fundamental para consensuar estrategias y acuerdos que permitan transitar a una democracia plena que garantice bienestar para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de enero de 2026

Por una transición inclusiva a la democracia

Hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, Venezuela estaba considerada como autocracia, una de las cinco autocracias de América Latina (las otras son Cuba, El Salvador, Haití, y Nicaragua). Esta caracterización proviene de los resultados de proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, quizás el más riguroso para el análisis del desempeño de las democracias a escala global, con datos sistematizados desde 1789.

A partir del mediodía del 3 de enero de 2026, Venezuela sigue siendo una autocracia, pero ahora bajo el gobierno de Estados Unidos, como fue anunciado en vivo y directo para la audiencia mundial. Esta es la realidad. Concreta, contundente, decepcionante. En un segundo, con las palabras del presidente de Estados Unidos quedó anulada la intención expresada en el Acta de Independencia de 1811: “…que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra…”.

Ambos hechos, ser una autocracia, y estar ahora bajo la dependencia de Estados Unidos, son expresiones de un monumental fracaso político. Fracaso incubado por décadas, con responsabilidades previas a 1998, año en el cual se inicia la conversión del país en una nueva autocracia. Fracaso que debería suponer una profunda autocrítica de lo que se hizo mal antes de 1998 para que se progresara a una autocracia, y lo que se hizo mal para que se haya mantenido la autocracia por más de un cuarto de siglo. Sin esta autocrítica no será posible construir una democracia plena (la tercera de la República).

Ahora bien, la autocrítica debe llevar a soluciones, a la definición de alternativas para que se supere la autocracia y también la intervención externa. Para ello es fundamental analizar la evolución de la democracia en Venezuela a partir de 1936. En el gráfico se muestra la tendencia del Índice de Democracia Liberal (IDL) estimado por V-Dem para Venezuela y Costa Rica (país líder en América Latina en la última medición, 2024). Se puede apreciar que la democracia que surge a partir de las primeras elecciones directas, universales y secretas de 1947 apenas duró nueve meses, al ser clausurada con el golpe de estado del 24 de noviembre de 1948.

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1936-2024

     Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

La segunda democracia, surgida a partir del derrocamiento de la dictadura perezjimenista el 23 de enero de 1958 y de las elecciones de diciembre de ese año, se prolongó por 40 años. Desde 1959 hasta 1966, Venezuela ocupó el tercer lugar en la puntuación del IDL en América Latina, solo superada por Uruguay y Costa Rica. A partir de 1966, con el inicio de la involución autocrática en Uruguay, Venezuela solo fue superada por Costa Rica hasta el año 1983. A partir de 1983 otros países de la región (Argentina, Brasil y Chile), al salir de las dictaduras militares, superaron a Venezuela en la medición del IDL. Tal como puede apreciarse, el discreto aumento del IDL de Venezuela entre 1959 y 1998 es un indicativo de las dificultades que se experimentó para incorporar innovaciones institucionales que mejoraran el desempeño de la democracia.

A pesar de ello, y al contrario de los argumentos esgrimidos sobre las deficiencias entre 1959 y 1998, es bastante obvio, especialmente si se analiza la experiencia comparada en la región, que la calidad de la democracia fue notable, no así el bienestar de los venezolanos. En 1998, antes del inicio de la inmensa involución autocrática que ha experimentado el país en los últimos 27 años, Venezuela era la sexta democracia de la región en lo que respecta al IDL, solo superada por Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, y Argentina.

Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo fue que la segunda democracia de la región por casi 20 años pudo transformarse en una autocracia que ya tiene 27 años? Y de allí a otra pregunta clave: ¿qué tuvieron en común los fracasos de las democracias en 1948 y 1998?

La causa común de la desaparición de la primera democracia en 1948 y de la segunda democracia en 1998 fue la exclusión, el predominio deliberado y sistemático de un actor político sobre los demás. Este predominio, basado en la expresión circunstancial de una mayoría, aniquiló el acuerdo entre diferentes para construir un sistema compartido. La evolución prolongada de la exclusión, especialmente desde 1999, destruyó todos los espacios de comunidad democrática. Así se estaba en la madrugada del 3 de enero de 2026. Ahora tenemos todo eso, y, además, tenemos la intervención extranjera.

En este contexto, la pregunta salta a la vista: ¿cuál es la mejor ruta para construir una democracia plena y recuperar la independencia política? La respuesta a esta pregunta debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad. Se trata de construir la democracia plena entre todos, con la mayor inclusión posible. Para ello es indispensable que todos los actores políticos y sociales concienticen la gravedad de la situación y los errores que la generaron.

Para acordar la respuesta a esa pregunta se requiere un espacio institucional inclusivo. Que invite a toda la sociedad. En la experiencia de las transiciones democráticas exitosas en el siglo XXI, uno de los factores condicionantes más relevantes es justamente la existencia de este espacio institucional. Se trata de establecer un espacio que permita a todos los actores políticos y sociales acordar con rapidez, pero también con criterio de sostenibilidad. Se trata de construir un acuerdo perdurable y efectivo para todos.

En la última década, con la profundización de la autocracia en Venezuela, los intentos para acordar han sido infructuosos y traumáticos. Muchas son las razones. Un factor común en esos fracasos ha sido la dificultad para que los actores gocen de la entidad política requerida. La combinación de discrecionalidad e intervención de actores internacionales facilitadores no ha sido efectiva.

Desde el 5 de enero de este año, con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, se puede construir ese espacio institucional requerido. Si bien es cierto que la elección de esta Asamblea Nacional se realizó en el marco de innumerables fallas del sistema electoral, razón por la cual se produjo la abstención de actores políticos muy relevantes, no es menos cierto que en la actualidad no existe otra instancia en la cual se encuentre una representación, imperfecta claro está, de la expresión popular. A pesar de estas restricciones, la Asamblea Nacional podría crear las condiciones para ser la vía que facilite un acuerdo de transición inclusivo y efectivo a la democracia plena.

Para que la Asamblea Nacional supere estas restricciones, y se convierta es un espacio institucional amplio y democrático, al menos tres condiciones deberían cumplirse. La primera condición es que todos los actores ya representados formalicen un acuerdo político a través del cual se comprometan a consensuar una hoja de ruta hacia la democracia plena. Este compromiso supone la aceptación por parte de todos los actores, independientemente del número de curules parlamentarias, para trabajar en esa dirección. En este acuerdo se deberán expresar las premisas para concretar las fases de la hoja de ruta de la forma más perentoria.

La segunda condición es que la Asamblea Nacional, por las razones señaladas, promueva la incorporación en este proceso de todos los actores de la sociedad venezolana, con la mayor amplitud. Esto incluye de manera especial a los actores políticos que decidieron no participar en la elección de la actual Asamblea Nacional. Esta incorporación debe combinar la mayor flexibilidad y celeridad. Es fundamental incluir la mayor variedad de visiones de manera sistemática y práctica.

La tercera condición, por la importancia de que este acuerdo por la transición a la democracia sea lo más inclusivo posible, es que su aprobación se realice por unanimidad. Que sea asumido por todos. Esto significa que muy probablemente la amplitud del acuerdo se concrete en los elementos esenciales de lo que significa alcanzar una democracia plena. Lo fundamental es que se exprese la convicción de todos los actores de que esa es la ruta que se debe transitar.

Si se asume, como es lo deseable, que el objetivo de la transición inclusiva es alcanzar la democracia plena, surgirán de manera nítida los criterios de cumplimiento. Se trata de que se tenga un país sin ningún preso político, sin ningún torturado, sin ningún asesinato por causas de persecución política, sin ningún exilado, con un sistema electoral transparente y respetado por todos, sin la intervención del gobierno en la libertad de voto de los funcionarios públicos, sin violencia electoral, con la más amplia libertad de expresión, sin periodistas ni medios de comunicación censurados, acosados o perseguidos, con la más amplia libertad de asociación, sin partidos políticos acosados o con injustas causas judiciales, con el más amplio ambiente para la discusión y participación política, con la más amplia libertad académica y cultural, sin la utilización de bandas armadas oficiales para amedrentar a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, con plena igualdad de los ciudadanos ante la justicia, con la total vigencia del Estado de Derecho, con total respeto a los derechos de propiedad y asociación para producir, con respecto absoluto a la libertad religiosa, con absoluta libertad para salir y entrar al país, con vigencia absoluta de la Constitución, con ejercicio de controles amplios al Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, con respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial, con un Poder Ejecutivo que acate las sentencias del Poder Judicial autónomo. De esto trata la democracia plena.

La actual Asamblea Nacional tiene una extraordinaria responsabilidad y oportunidad en esta coyuntura trascendental que vive el país. De sus capacidades para rectificar, acordar y abrir espacios de coincidencia, dependerá en gran medida que se pueda avanzar lo más rápido posible a una democracia plena para el bienestar de los venezolanos. Es una hora de especial significación para el parlamento de Venezuela, quizás única. Ojalá se manifieste con contundencia el tino político y la visión histórica que exige esta excepcional encrucijada.

Politemas, Tal Cual, 15 de enero de 2026