América Latina: sin calidad educativa, sin futuro

Se ha demostrado suficientemente que América Latina ha sido la región del mundo con mayor afectación en número de casos y muertes por covid-19 en términos de la población en toda la pandemia. También se ha evidenciado la inmensa pérdida de días de escolaridad en todos los niveles educativos de América Latina.

Superar la brecha que se ha agravado con la pandemia, supone, en primer lugar, conocer cuál es la situación real con respecto a la calidad de la educación. De hecho, la calidad de la educación constituye el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben cumplir para el año 2030. En el Objetivo 4.1.1. se establece el seguimiento que se debe hacer de la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas en tres niveles: en segundo y tercer grado de educación primaria, al final de la educación primaria, y al final del nivel inicial de la educación secundaria.

De tal manera que, en principio, tener la información sobre el Objetivo 4.1.1. puede dar un buen punto de referencia para el análisis de la calidad educativa en la región. Sin embargo, al ubicar la información en Our World in Data de la Universidad de Oxford, en el sitio específico para el seguimiento del ODS 4, se constata que el período que cubre es de 2010 a 2015. Es decir que, al día de hoy, se tiene un rezago de siete años.

Con el propósito de indagar si existe información más reciente, se puede revisar el último informe de la UNESCO correspondiente a los años 2021 y 2022. De acuerdo con esta información disponible, se obtiene el siguiente balance.

Solo dos países de la región (Bolivia y Cuba), tienen información sobre las competencias de los estudiantes en lectura y matemáticas en segundo y tercer grado de primaria. En el caso de Bolivia la información disponible corresponde al año 2015. En Cuba corresponde al año 2019. También solo estos dos países tienen información sobre las competencias en lectura y matemáticas al final de la educación primaria (en Bolivia para 2015, y en Cuba para 2019).

En el tercer nivel, la etapa inicial de la secundaria, se dispone de información de 14 países (sobre un total de 20). Los países sin información en este grupo son: Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Perú, y Venezuela. En Ecuador, Guatemala, Honduras, y Paraguay, los últimos datos disponibles son de 2015. Es decir, en la mitad de los países de la región o no existe información sobre calidad en este nivel educativo, o tienen un retraso de siete años. En el resto de países de este grupo, solo Cuba y Chile tienen información de 2019 (en Cuba en lectura y matemáticas, y en Chile para matemáticas). En este grupo, solo dos países (Chile y Cuba) superan el 60% de población escolar que alcanza el mínimo de competencias en lectura, y solo Cuba supera el 60% de las competencias en matemáticas.

En este contexto, cuando en el mejor de los casos la información disponible sobre calidad educativa corresponde al último año antes de la pandemia, no luce muy convincente que la región tenga los detalles necesarios para superar esa brecha. No es aceptable que la discusión sobre políticas para mejorar la calidad educativa comience a partir de datos que están completamente obsoletos. La gran innovación que se puede hacer por la calidad de la educación es América Latina es tener información en tiempo real. De lo contrario, acordar sobre políticas públicas seguirá siendo la gran rareza de la región.

Politemas, Tal Cual, 4 de agosto de 2022

¿Cuántas personas tienen inseguridad alimentaria en AL?

Con la excepción de las situaciones en que esté en riesgo la vida por acciones violentas, no existe mayor inseguridad para personas y familias que la producida por no tener los alimentos disponibles cada día, en cantidad y calidad. Es una situación de inseguridad que se presenta frecuentemente, y que se expresa en que al final del día decenas de millones de personas en América Latina no hayan ingerido los alimentos requeridos.

La importancia de eliminar el riesgo de la inseguridad alimentaria se expresa en su inclusión dentro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), los cuales deberán alcanzarse en el año 2030. De allí que se ha establecido que para el año 2030 deberá eliminarse la inseguridad alimentaria moderada y severa en todos los países. La Organización de la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) es la encargada de sistematizar y difundir la información relacionada con los progresos para alcanzar esta meta. Los datos respectivos están disponibles de manera abierta en internet.

La reducción de la inseguridad alimentaria se obtiene a través de adecuadas políticas públicas en cada país. Obviamente, el primer paso para conocer la brecha con respecto a la meta es tener la información de base o el punto de partida. Esa información permitiría realizar los ajustes en las respectivas políticas con la mayor celeridad y pertinencia.

Si se quisiera conocer cuál es la situación más reciente de inseguridad alimentaria en los países de América Latina, la información disponible en el sitio web de la FAO mencionado permite señalar los siguientes aspectos. La información más reciente disponible corresponde al año 2020 en trece países. Sin embargo, en los restantes siete países (Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Venezuela) no existe información para ese año.

Este rezago de año y medio, entre el momento actual y la última información disponible, impide por supuesto conocer en detalle cuál es la situación en tiempo real de la inseguridad alimentaria. Por la misma razón no es posible analizar si las políticas públicas que se están implementando tienen las características requeridas para tener el impacto necesario.

En este contexto, que es común a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprecia con claridad la distancia entre los requerimientos de información y la toma de decisiones. Para reducir esta brecha se requiere diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permitan la actualización en tiempo real de las variaciones, en este caso, de la inseguridad alimentaria.

La puesta en marcha de estos sistemas requiere, en primer lugar, que los gobiernos nacionales otorguen la prioridad requerida, y, en segundo lugar, que en la ejecución puedan participar múltiples instituciones sociales, políticas, técnicas, y académicas, especialmente en los ámbitos descentralizados. De no realizarse cambios sustantivos en la forma de obtener esta información, el rezago en las condiciones sociales de cientos de millones de latinoamericanos se seguirá midiendo en años.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2022

La pandemia en su incertidumbre

Con respecto al 1 de junio de este año, el número de casos de covid-19 por millón de habitantes se ha más que duplicado en el mundo. Esto es, ha pasado de 50 a 123 casos de covid-19 por millón de habitantes en cuestión de seis semanas. También se ha registrado el aumento de muertes por millón de habitantes. De allí que sea importante conocer cuáles son las tendencias de la evolución de la pandemia en América Latina.

La primera restricción que surge para conocer con precisión estas tendencias, es la ausencia de información reciente sobre la realización de pruebas diagnósticas de covid-19. La última información disponible más reciente para comparación internacional, corresponde al 22 de junio de este año. De acuerdo con los datos disponibles, solo nueve países tienen para esa fecha el registro de pruebas diagnósticas por 1000 habitantes. Y de ese grupo de países, solo dos (Chile y Panamá) realizaban pruebas diagnósticas en una proporción mayor a 2 por cada 1000 habitantes.

La segunda restricción es que el número de países en los cuales se tiene más de 80% de vacunación completa (con respecto al protocolo inicial), se ha mantenido sin modificaciones en los últimos meses. Solo seis países (Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Perú, y Nicaragua) han superado el 80% de cobertura completa. En dos países (Costa Rica y Venezuela), la información sobre la cobertura completa no está disponible actualmente, de hecho, tiene un retraso de dos meses en Costa Rica, y cuatro meses en Venezuela.

Si se combinan las anteriores restricciones, entonces se entiende mejor que en ocho países se registren actualmente más de 200 casos de covid-19 por millón de habitantes (el doble de lo que se registraba meses atrás). En cinco de estos países (Paraguay, Bolivia, Guatemala, Perú, y México) existen aumentos significativos de casos en estas últimas semanas. También se ha registrado en las últimas semanas el aumento en la tasa de fallecimientos en Chile y Paraguay.

Tal pareciera que, en la gran mayoría de los países de la región, están confluyendo el deterioro de las capacidades de diagnóstico de covid-19, por una parte, con debilidades de los procesos de control, especialmente con la administración de las terceras y cuartas dosis de vacunaciones. En estas condiciones, la incertidumbre en la evolución de la pandemia será más la rutina que la excepción en la región.

Politemas, Tal Cual, 20 de julio de 2022

¿Cuán efectivos son los gobiernos subnacionales de AL?

Cuando se analiza la calidad de los gobiernos en América Latina (AL), la primera atención se dirige al nivel nacional. Entonces se puede comparar, frecuentemente con muchas restricciones de información, el desempeño de los gobiernos de los 20 países de la región. Los resultados indican que se ha registrado un creciente deterioro en la calidad de estos gobiernos nacionales.

También existen otros tipos de gobiernos en los países de América Latina. Sobre los cuales no se dispone de información rápidamente accesible, y, por ende, no se puede conocer en detalle su desempeño. Al menos en diez países existen gobiernos subnacionales en los cuales sus autoridades se eligen a través de sufragios directos, universales y secretos. Estos países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. El total de gobiernos subnacionales en estos diez países es 220. Entre estos gobiernos se incluyen los estados en Brasil, México, y Venezuela, los departamentos en Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, y Uruguay, las provincias en Argentina, y las regiones en Chile.

Los gobiernos subnacionales pueden contribuir con el fortalecimiento de las democracias en cinco aspectos al menos. En primer lugar, dado que las competencias de los gobiernos subnacionales pueden variar en cada uno de los países, estas diferencias permiten identificar lecciones o mejores prácticas, lo cual puede a su vez redundar en los respectivos ajustes en las legislaciones de los países. Un segundo aspecto es que los gobiernos subnacionales permiten acercar la gestión a las condiciones concretas de la vida de los ciudadanos. Es decir, facilitan una relación más directa entre los funcionarios electos y sus comunidades.

La posibilidad de comparar experiencias entre gobiernos subnacionales es el tercer aspecto. Dado que estos gobiernos nacionales funcionan en ámbitos institucionales similares, las diferencias en el desempeño pueden estar relacionadas con las mejores capacidades de gestión e innovación. En consecuencia, las instancias que permitan compartir estas experiencias, pueden ser de gran utilidad para promover la adopción de las innovaciones más adecuadas. El cuarto aspecto está relacionado con la utilidad de las experiencias exitosas de gestión en estos ámbitos para trasladarse a los gobiernos nacionales. Es por ello que es relativamente frecuente que responsables ejecutivos y legislativos de buen desempeño luego aspiren a cargos en el nivel nacional. El quinto aspecto corresponde con las posibilidades de trabajo mancomunado entre el ámbito subnacional y los gobiernos locales o municipales.

Comparado con estas grandes posibilidades de intercambio e innovación que ofrecen los gobiernos subnacionales, llama la atención las grandes limitaciones en la información, investigación y análisis sobre su desempeño. Lo cual demuestra claramente la importancia de promover alianzas de políticas públicas que permitan identificar opciones de mejoramiento en el desempeño de los gobiernos subnacionales en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 13 de julio de 2022

Cuando los parlamentos bicamerales no comunican

Siendo que las leyes que aprueban los parlamentos son decisiones muy relevantes para las sociedades, debería ser relativamente fácil conocer cuál es el número y tipo de legislación que se aprueban en América Latina. En el caso de los parlamentos unicamerales de la región, el problema pareciera estar más relacionado con la limitada actividad que realizan.

Cuando se analiza la actividad legislativa de los parlamentos bicamerales se presentan otros problemas. En la región existen diez parlamentos bicamerales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, México, República Dominicana, Paraguay, y Uruguay). Supongamos que se quiere conocer las leyes aprobadas por los parlamentos bicamerales el pasado mes de junio de este año. La vía más directa es que se pueda realizar esta revisión a través de internet.

Un aspecto previo que es conveniente tener en cuenta, es la metodología de aprobación de las leyes en los parlamentos bicamerales. Todas las constituciones de los países con parlamentos bicamerales establecen que cada cámara tiene la iniciativa para proponer leyes, y que luego de la aprobación debe tramitarse en la otra cámara. Al estar aprobada en ambas cámaras, entonces la ley es enviada para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Al revisar los sitios web de cada parlamento, tomando en cuenta las dos cámaras, se pueden discriminar tres grupos de países. En el primer grupo está Haití, el cual es el único país con parlamento bicameral que no tiene sitio web activo. En el segundo grupo está solo Uruguay, el cual es el único país en el cual ambos parlamentos tienen sitios web activos que tienen un buscador que permite identificar las leyes aprobadas, y las características del proceso de aprobación.

En el tercer grupo, el más numeroso, están ocho países. En los sitios web de los parlamentos de esos países no es posible obtener la información sobre las leyes aprobadas. Dos razones, al menos, explican esta gran restricción. La primera es que, al ser las dos cámaras independientes, expresado en que cada una de ellas puede iniciar el proceso legislativo, existen modalidades diferentes para la presentación y procesamiento de los datos de las leyes. Por esta razón no existe comparabilidad entre ambas cámaras del parlamento. La segunda razón es la ausencia de un proceso ordenado de búsqueda de información que esté pensado desde la óptica del usuario o analista. Esta ausencia impide obtener el detalle de la información, aunque es muy probable que los datos estén disponibles. Es decir, pueden estar los datos, pero no hay comunicación que permita aprovecharlos.

Es por eso que en el único país que se puede obtener el detalle de la información sobre las leyes aprobadas es Uruguay. El proceso de búsqueda es idéntico tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Representantes. Para cada una de las leyes identificadas se puede obtener la ficha de los eventos administrativos y de análisis relacionados con la aprobación.

Que para los ciudadanos sea muy difícil obtener información detallada sobre las decisiones de los parlamentos, en este caso los bicamerales, es indicativo de las inmensas brechas de calidad que afectan el diseño e implementación de políticas públicas en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 7 de julio de 2022

¿Sobre qué legislan los parlamentos unicamerales en América Latina?

Diez países de América Latina tienen parlamentos unicamerales (Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, y Venezuela). En algunos países se denominan “Asamblea Nacional”, y en otros “Congreso”. Es esperable que, vistas las difíciles circunstancias de América Latina, los parlamentos sean los contextos institucionales en los cuales se acuerden distintos tipos de decisiones que involucran a los representantes populares.

En estos tiempos de gran desarrollo digital, los parlamentos unicamerales podrían tener disponible información detallada sobre las decisiones que toman. Por ejemplo, si se quisiera saber las leyes que han sido aprobadas en lo que va del mes de junio de 2022, una forma directa podría ser la revisión de los sitios web de los respectivos parlamentos.

En dos países (Guatemala y Honduras), los parlamentos no tienen sitio web activo. En el caso de Cuba, no está disponible información sobre las leyes aprobadas por mes. En Nicaragua la información más reciente es del año 2017, y en Panamá es del mes de abril de 2022. Esto ya nos indica que en cinco países no es posible conocer las leyes aprobadas en el actual mes. En los sitios web de los parlamentos de Ecuador y Venezuela se reporta que no se ha aprobado ninguna ley en el mes en curso.

En Costa Rica la única ley aprobada corresponde a una regulación urbanística. En el Salvador se aprobaron reformas de cinco leyes en los siguientes ámbitos: protección al consumidor, presupuesto nacional, registro nacional de personas, inclusión financiera, y deporte.

El parlamento de Perú es el que registra mayor cantidad de leyes aprobadas en el mes en curso (un total de 21 leyes). Los ámbitos de estas leyes son los siguientes: infraestructura y regulaciones de inmuebles, cultural y turístico, transparencia en la gestión pública, penal, pensiones, gestión ambiental, policía y seguridad ciudadana, fuerza armada, institucionalidad pública, ejercicio profesional, y economía.

Estos resultados muestran, en primer lugar, la ausencia de información sobre las actividades que realizan siete de los diez parlamentos unicamerales de América Latina. En los otros tres países (Costa Rica, El Salvador, y Perú), es bastante llamativo la desproporción entre la baja actividad de los parlamentos de Costa Rica y El Salvador, y la que se realiza en el parlamento de Perú.

Es obvio que no es suficiente conocer las leyes aprobadas en los parlamentos (de aquellos parlamentos que tienen información). También se requiere conocer los efectos directos e indirectos que cada una de esas leyes tiene sobre el bienestar de los ciudadanos. De no corregirse estas ausencias de información sobre las actividades de los parlamentos, y seguir desconociendo los efectos de las leyes en la calidad de vida de las personas, la incertidumbre sobre las políticas públicas seguirá siendo una de las mayores restricciones para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 29 de junio de 2022

Crecimiento económico e inflación en la post-pandemia

Los estimados más recientes del Fondo Monetario Internacional (abril de 2022), permiten comparar el crecimiento económico y la inflación, antes y después de la pandemia en los países de América Latina. La superación de los efectos de la pandemia, así como la atención de las diversas demandas de servicios, está directamente vinculada con las posibilidades de crecimiento económico y de control de la inflación.

En el período pre-pandemia (2010-2019), la tasa de crecimiento económico promedio de la región fue 3,4% (solo Cuba y Venezuela no están incluidos en este promedio). En este período, cinco países de la región registraron un promedio de crecimiento superior a 4% (Bolivia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, y Perú). El país con la mayor tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2019 fue Panamá (6,1%), seguido de República Dominicana (5,6%). Los países con menor crecimiento económico promedio en este período fueron: Haití (1,2%), Argentina (1,3%), y Brasil (1,4%).

Al comparar con el crecimiento estimado entre 2020 y 2027 (período post-pandemia), se observa que el promedio estimado en la región es 1% menor que el del período pre-pandemia. En todos los países de la región, con la excepción de Argentina, se estiman reducciones de la actividad económica. Tampoco para Cuba y Venezuela están disponibles las estimaciones en este período. Los países con reducciones de crecimiento de más de 40% son Haití, México, Bolivia, Perú, y Ecuador. En Bolivia se reducirá de 4,6% a 2,3%, en Perú de 4,4% a 2,5%, y en México de 2,6% a 1,1%. Los países con menor crecimiento promedio en el período post-pandemia son Haití (0,4%), México (1,1%), Brasil (1,4%), y Uruguay (1,8%).

La tasa de inflación promedio en el período pre-pandemia fue 4,1% (sin incluir Argentina, Cuba, y Venezuela). La tasa de inflación promedio estimada para el período post-pandemia es ligeramente mayor (4,3%). En ocho países la inflación estimada en la post-pandemia es menor a la inflación del período pre-pandemia. En diez países, sin embargo, se estiman aumentos de la inflación en la post-pandemia. Los mayores aumentos de inflación se estiman en Haití, El Salvador, República Dominicana, y Chile.

La coincidencia de reducción del crecimiento económico con aumentos significativos de inflación se estima en los siguientes países: Chile, República Dominicana, El Salvador, Perú, Paraguay, y Haití. En consecuencia, en estos últimos países será mucho más exigente la combinación de políticas para tener adecuados niveles de crecimiento económico y baja inflación.

De acuerdo con estas estimaciones, y descontando que puedan ser afectadas por los eventos de los últimos meses, es bastante claro que en todos los países será materia de especial prioridad alcanzar los acuerdos de políticas que permitan superar las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, y generar los recursos para satisfacer las amplias demandas de servicios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.

Politemas, Tal Cual, 22 de junio de 2022

¿Cómo creció la deuda en la pandemia en América Latina?

Para atender las demandas de servicios y beneficios ocasionadas por la pandemia de covid-19, los gobiernos de América Latina han tenido que acudir a mecanismos de financiamiento que tienen efecto en las respectivas deudas públicas. Los aumentos en la deuda pública condicionarán, en consecuencia, tanto las condiciones fiscales como las políticas relacionadas en los próximos años. Este aspecto es de especial importancia para atender los impactos de la pandemia, así como el rezago derivado en la prestación de otros servicios sociales.

De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI), vigentes para abril de este año, es posible conocer la evolución de la deuda del gobierno central en todos los países de la región, excepto en los casos de Ecuador y Venezuela (el otro país es Cuba, que no está en el FMI).

En lo que respecta a la deuda neta (la cual deduce los activos financieros de la deuda bruta), los estimados están disponibles para diez países, los cuales se pueden clasificar en tres grupos. En el primer grupo están los cinco países que aumentaron la deuda entre 2019 y 2022 en un porcentaje similar al aumento total entre 2010 y 2019. Por ejemplo, la deuda de Bolivia aumentó 32% entre 2010 y 2019, mientras que entre 2019 y 2022 el aumento fue 27% (el mayor en la región). Los otros cuatro países de este grupo son: Paraguay, Chile, Colombia, y México.

El segundo grupo está conformado por los países en los cuales la deuda aumentó más entre 2019 y 2022 que en el período 2010-2019. En Perú, el aumento de deuda neta entre 2019 y 2022 fue casi 9%, esto es, casi nueve veces más que en el período 2010-2019. El otro país de este grupo es Panamá, en el cual el aumento entre 2019 y 2022 fue cuatro veces superior al aumento entre 2010 y 2019. En el tercer grupo están los países en los cuales la tasa de crecimiento fue similar entre los dos períodos, estos son: Uruguay, Brasil, y República Dominicana.

También de acuerdo con las estimaciones del FMI, entre 2022 y 2027, los países con mayor aumento de deuda neta son: Brasil, Bolivia, Uruguay, y México. El país con mayor aumento previsto de deuda neta entre 2022 y 2027 es Brasil (7,4%). En el resto de los países con estimados de deuda neta, se registrarían reducciones desde 2022 hasta 2027.

Para los países que no cuentan con estimados de deuda neta, está disponible la deuda bruta. Estos son siete países. En dos países (Argentina y Haití), la deuda bruta se redujo entre 2019 y 2022. En los otros cinco países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua) se registraron aumentos de la deuda bruta en este período. En las estimaciones de variaciones de deuda bruta entre 2022 y 2027, El Salvador es el país que puede registrar el mayor aumento en la región (21%).

Esta evolución prevista de las variaciones de deuda pública, está también condicionada por los efectos externos en la región. Es decir, los escenarios de reducción del crecimiento económico y aumento de la inflación, así como la calidad de las políticas públicas, afectarán los ingresos fiscales disponibles para compensar los efectos de la pandemia y las crecientes demandas de servicios públicos de alta calidad. En la medida que no se generen rápidamente los mecanismos institucionales para satisfacer estas exigencias, se complicarán aún más las posibilidades de bienestar sostenible en la región.

Politemas, Tal Cual, 15 de junio de 2022

¿Cuál es el panorama fiscal en América Latina?

Los efectos de la pandemia, ahora combinados con la guerra en Ucrania, comprometen seriamente las condiciones de bienestar en América Latina para los próximos años. Se estima que el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como las dificultades para el crecimiento económico, estarán entre los temas críticos a enfrentar por los gobiernos en la región. Las políticas públicas para atender estos efectos requerirán ingentes recursos fiscales. La relación entre los ingresos disponibles y las vías para aumentarlos estarán vinculados con las prioridades en las asignaciones de gasto.

Es por ello importante conocer la evolución de la relación entre ingresos y egresos fiscales. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, los gobiernos están en superávit fiscal. Cuando los egresos son mayores que los ingresos, los gobiernos incurren en déficit fiscal. Cuando existe superávit, y se requieren gastos adicionales, hay que considerar opciones para aumentar los ingresos. Pero cuando existen déficits, y se requieren gastos adicionales, se puede recortar gastos, o aumentar ingresos, o las dos cosas. En todo caso, lo fundamental es examinar las alternativas que deben ejecutar los gobiernos en las políticas fiscales.

El balance fiscal previsto para el 2022, de acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI), no está disponible para ocho países de América Latina (Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, y Venezuela). Tampoco existen estimados de estos países hasta el año 2027. De tal manera que el análisis del balance fiscal está disponible para doce países de la región.

En el último año previo a la pandemia (2019), de acuerdo con el FMI, solo República Dominicana tuvo superávit fiscal (0,8% del PIB). Los países con mayor déficit fiscal en ese año fueron Costa Rica (6,9%), y Brasil (5,6%). El país con menor déficit fiscal fue Perú (0,5%). El promedio del balance fiscal en los países de la región fue deficitario (-2,7%).

En 2020, primer año de la pandemia, todos los países con información disponible incurrieron en déficit fiscal. El promedio del déficit fue 4.98%, el mayor de la serie del FMI desde 2017 a 2027. El mayor déficit fue registrado por Brasil (11,7%). El segundo mayor déficit fue el de Costa Rica (6,6%). Los países con menor déficit fueron México, Chile, y Uruguay, todos ellos con más de 2%.

En el segundo año de pandemia, 2021, el promedio del déficit disminuyó a 3,97% en los países de la región. El único país con superávit fue República Dominicana (0,6%). Los países con el mayor déficit registrado fueron Chile (11,8%), y Paraguay (6,4%).

Los estimados del FMI para el año 2022 (difundidos en abril de este año), indican que el promedio del déficit fiscal en la región es 3,6%. República Dominicana se mantiene como el único país con superávit (0,6%). El país con mayor déficit estimado es Brasil (7,2%). Ocho países adicionales tienen estimados de déficit mayor a 3% (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica. El Salvador, Panamá, Paraguay, y Perú). Hasta el año 2027 solo República Dominicana se mantendrá en superávit fiscal.

La persistencia de déficit fiscal en la gran mayoría de los países de la región, es indicativo de la relevancia que tendrán las decisiones sobre aumentos de ingresos y reducción de gastos públicos, así como de las implicaciones para los programas de endeudamiento de los países. Las bajas tasas de crecimiento económico, y la profundización de la crisis social, pueden aumentar las dificultades fiscales que ya están a la orden del día en la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2022

¿Cuántas leyes se aprobaron la semana pasada en América Latina?

Ante el inmenso deterioro que se ha experimentado en América Latina en los últimos años, lo deseable sería contar con mejores políticas públicas, tanto en el diseño como en la implementación. Ya sabemos que en muchos países más bien se ha producido un notable deterioro institucional para ejecutar adecuadas políticas públicas. Es decir, se ha conformado un círculo vicioso: peores condiciones de vida conducen a peores políticas públicas, y éstas a su vez reducen el bienestar de la población.

Para enfrentar lo anterior se requieren mejores análisis de políticas. Esto es, modificar la tendencia, introducir mejoras sustantivas en la calidad de las políticas públicas. Ahora bien, para ello es clave conocer las políticas generadas en la región, y así establecer sus virtudes y limitaciones. Lo cual lleva directamente a organizar el inventario de políticas públicas que se aprueban en la actualidad.

La diversidad de políticas públicas es muy amplia, por ejemplo, algunas se derivan de decisiones de los niveles ejecutivos, otras de sentencias judiciales, y otras se generan en el ámbito de los parlamentos. En principio, éstas últimas, por surgir de los espacios de mayor representatividad de la sociedad, y requerir mayores condiciones para ser aprobadas, son un buen punto de partida para examinar la calidad e impacto de las políticas públicas en América Latina.

Se puede suponer, por ejemplo, que se desea conocer las leyes que fueron aprobadas la semana pasada en América Latina. Es previsible que, con los avances institucionales y tecnológicos existentes, se puede disponer en un sitio web los resultados de las sesiones de los parlamentos, incluyendo las actas de las sesiones, los videos, los votos emitidos por los parlamentarios, y cualquier otro aspecto de interés. Bastaría, en principio, revisar los sitios web de cada uno de los parlamentos de la región para conocer el número de leyes, y tener acceso a los respectivos textos.

Lamentablemente, hay una gran distancia entre el dicho y el hecho. Los resultados de esta indagación son muy diferentes para los 20 países de la región. En tres países, Guatemala, Haití, y Honduras, los parlamentos no cuentan con sitios web activos. En otros cuatro países, Bolivia, Cuba, Nicaragua, y Venezuela, los parlamentos tienen sitios web activos, pero no tienen información actualizada sobre las actas de las sesiones. En el caso de Nicaragua, la última información disponible es del año 2017. De tal manera que en siete países no es posible conocer, al menos por la información disponible en Internet, sobre las leyes aprobadas la semana pasada.

En los otros trece países de la región se pueden distinguir dos subgrupos. En el primero están República Dominicana, Ecuador, México, y Panamá. En estos países existe un rezago en el reporte de la información de las sesiones del parlamento. Por ejemplo, la última información disponible de las sesiones de la Cámara de Diputados de República Dominicana corresponde al mes de agosto de 2021. En este subgrupo de países la información más reciente tiene un mes de rezago.

En el segundo subgrupo están los países que tienen información actualizada de las sesiones del parlamento. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, y Uruguay. Solo en estos países es posible realizar el seguimiento actualizado de las leyes aprobadas en el parlamento.

La actualización de la información de los parlamentos es, en gran medida, una expresión del grado de desempeño de las funciones de gobierno en los países de la región. Parlamentos más transparentes corresponden con sistemas de gobiernos más abiertos. Igualmente, parlamentos más opacos son expresiones de notables carencias de la gobernabilidad democrática. Las brechas en la calidad de las democracias en América Latina están vinculadas directamente con estas capacidades institucionales de los parlamentos.

Politemas, Tal Cual, 1 de junio de 2022