Con la excepción de las situaciones en que esté en riesgo la vida por acciones violentas, no existe mayor inseguridad para personas y familias que la producida por no tener los alimentos disponibles cada día, en cantidad y calidad. Es una situación de inseguridad que se presenta frecuentemente, y que se expresa en que al final del día decenas de millones de personas en América Latina no hayan ingerido los alimentos requeridos.
La importancia de eliminar el riesgo de la inseguridad alimentaria se expresa en su inclusión dentro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), los cuales deberán alcanzarse en el año 2030. De allí que se ha establecido que para el año 2030 deberá eliminarse la inseguridad alimentaria moderada y severa en todos los países. La Organización de la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) es la encargada de sistematizar y difundir la información relacionada con los progresos para alcanzar esta meta. Los datos respectivos están disponibles de manera abierta en internet.
La reducción de la inseguridad alimentaria se obtiene a través de adecuadas políticas públicas en cada país. Obviamente, el primer paso para conocer la brecha con respecto a la meta es tener la información de base o el punto de partida. Esa información permitiría realizar los ajustes en las respectivas políticas con la mayor celeridad y pertinencia.
Si se quisiera conocer cuál es la situación más reciente de inseguridad alimentaria en los países de América Latina, la información disponible en el sitio web de la FAO mencionado permite señalar los siguientes aspectos. La información más reciente disponible corresponde al año 2020 en trece países. Sin embargo, en los restantes siete países (Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Venezuela) no existe información para ese año.
Este rezago de año y medio, entre el momento actual y la última información disponible, impide por supuesto conocer en detalle cuál es la situación en tiempo real de la inseguridad alimentaria. Por la misma razón no es posible analizar si las políticas públicas que se están implementando tienen las características requeridas para tener el impacto necesario.
En este contexto, que es común a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprecia con claridad la distancia entre los requerimientos de información y la toma de decisiones. Para reducir esta brecha se requiere diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permitan la actualización en tiempo real de las variaciones, en este caso, de la inseguridad alimentaria.
La puesta en marcha de estos sistemas requiere, en primer lugar, que los gobiernos nacionales otorguen la prioridad requerida, y, en segundo lugar, que en la ejecución puedan participar múltiples instituciones sociales, políticas, técnicas, y académicas, especialmente en los ámbitos descentralizados. De no realizarse cambios sustantivos en la forma de obtener esta información, el rezago en las condiciones sociales de cientos de millones de latinoamericanos se seguirá midiendo en años.
Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2022
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