Calidad del gasto gubernamental en América Latina

En una primera impresión, se puede argumentar que la calidad de los gobiernos es una función directa de los recursos utilizados, expresados en el tamaño del gasto público que manejan. La razón que se puede postular es que la calidad requiere necesariamente más recursos. Por tanto, a mayores niveles de gasto se podría alcanzar una mayor calidad en la gestión de los gobiernos. Sin embargo, también se sabe que se puede gastar sin mayor efectividad, porque existen procesos de gestión que de no cumplirse más bien aumentan el gasto improductivo. Dicho de otro modo, puede ser que algunos gobiernos hagan mucho con pocos recursos relativos, y que otros gobiernos hagan poco incluso con muchos recursos disponibles.

Para identificar los gobiernos que son más efectivos en el uso de los recursos, es conveniente comparar. De acuerdo con el Índice Bertelsmann de Transformación (BTI, por sus siglas en inglés), los tres países con mayor calidad de gobierno en América Latina son Uruguay, Chile, y Costa Rica. Para tener una aproximación a la efectividad de los recursos utilizados por los gobiernos, se puede comparar la calidad según el BTI con el gasto estimado por el FMI.

De acuerdo con los estimados más recientes del FMI, en 2022 el gasto promedio del gobierno en los países de América Latina representa 26,6% del PIB. Solo dos países no tienen disponible la estimación del gasto del gobierno (Ecuador y Venezuela). En los tres países clasificados con la mejor calidad de los gobiernos. los estimados del gasto del gobierno son los siguientes: Costa Rica (19,5%), Chile (26,8%), y Uruguay (28,9%). Esto significa que el gasto general del gobierno no supera el 30% en los países con la mayor calidad. Es posible que la diferencia de Costa Rica con Uruguay y Chile se deba al hecho de no contar con gasto regular en fuerzas armadas.

En Argentina, Brasil, y Bolivia, clasificados de acuerdo con el BTI como de calidad moderada de gobiernos, el gasto general del gobierno representa casi el 40% del PIB (Argentina 37,8%, Brasil 38,4%, Bolivia 39,8%). De manera que, en este grupo de países, el gasto del gobierno equivale a más de 10% del PIB que en los países considerados de mejor calidad de gobiernos. En consecuencia, el mayor gasto en términos relativos no se traduce directamente en mayor calidad de los gobiernos. Dicho de otro modo, es bastante posible que muchos de los recursos utilizados por los gobiernos de estos tres países pudieran tener una mejor efectividad que la actual.

En el otro extremo de la clasificación están Haití, Guatemala, y República Dominicana. Estos países tienen menor proporción de gasto público con respecto al PIB total, y también menor calidad del gobierno en términos comparados. Las implicaciones en este caso son diferentes. Es probable que un aumento de los recursos utilizados por los gobiernos en estos países pueda repercutir en una mejor calidad de la gestión.

La relación entre los recursos utilizados por los gobiernos y la efectividad de la gestión será un tópico de mayor importancia en los países de la región. Las restricciones de las economías, junto con el aumento de la población y las demandas de servicios, deberían obligar a los gobiernos para incorporar innovaciones en la utilización de los recursos, habida cuenta de que el origen de estos recursos siempre estará vinculado con la capacidad de financiamiento de las sociedades. Hacer más con los recursos disponibles será cada día más relevante si se aspira expandir la calidad de vida de los ciudadanos. Asumir esta tarea con prioridad puede ser la diferencia para el porvenir de millones de familias en la región.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2022

El desarrollo sostenible en los discursos presidenciales

En 2015 se adoptaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se fijó el año 2030 como referencia para alcanzarlos. Estos ODS fueron ordenados en 17 áreas, desde la eliminación de la pobreza y el hambre, hasta la protección general del planeta.

Para el cumplimiento de los ODS se propuso la generación de múltiples consensos entre los gobiernos de los países, instituciones de investigación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores. También se consideró que alcanzar los ODS requería que todos los países asumieran procesos de planificación para garantizar las decisiones e inversiones necesarias.

Han pasado siete años desde la adopción de los ODS. Con una pandemia de casi tres años de duración, existen muchos indicios de que el ritmo de evolución en el cumplimiento se ha alterado desfavorablemente en muchos países. Obviamente, esto debería significar un mayor énfasis en los ODS, justamente por el tiempo perdido con los consiguientes efectos en el bienestar de las personas. Entonces, se podría esperar que los nuevos gobernantes electos, por ejemplo, en América Latina, insistieran sistemáticamente en los ODS, y especialmente, en las políticas públicas que se deben implementar para lograrlos.

En la práctica, lamentablemente, el cumplimiento de los ODS es un tópico inexistente en los discursos presidenciales, al menos de los presidentes que han tomado posesión en América Latina en 2022. Los nuevos presidentes de Costa Rica, Chile, y Colombia, han iniciado sus gobiernos entre marzo y agosto del presente año. En los tres discursos de toma de posesión no existe ninguna mención de los ODS, ni de ninguna de las metas, ni mucho menos se señala el año 2030 como plazo para su cumplimiento. No existe ninguna referencia a esos compromisos, mucho menos una interpretación de la situación de sus países con respecto al cumplimiento de los ODS. Y esto sucede en tres de los países de la región con mayores capacidades institucionales.

La consecuencia previsible de esta falta de orientación de políticas con respecto a los ODS, es que poco probable que se formulen los respectivos planes de gobierno, se asignen los recursos necesarios, y se realice el seguimiento. Si los máximos líderes de las administraciones públicas nacionales no tienen la visión sobre los ODS, es bastante previsible que estas metas no significarán una prioridad para la institucionalidad de los países.

En este contexto, cabe preguntarse cuál será la evolución de los ODS cuando no existen los procesos de planificación y diseño de políticas, con respaldo de los altos responsables de la gestión publica en los gobiernos nacionales de la región. También es un hecho notorio que el tema no está en la agenda pública de los países. Se puede imaginar que, en estas condiciones, no existirán progresos sistemáticos para alcanzar los ODS en la región. Dicho de otra manera, la falta de prioridad que asignan los líderes de los gobiernos a los ODS, es un factor que limitará su cumplimiento, con el correspondiente efecto negativo en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Es una perspectiva verdaderamente preocupante.

Politemas, Tal Cual, 21 de septiembre de 2022

El presidente Boric y la construcción de consensos

El día de la toma de posesión como presidente de Chile, hace seis meses, Gabriel Boric señaló: “quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables, llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria”.

Que el presidente Boric haya indicado como centro de la gestión “hacer mejor la vida en nuestra patria”, puede tomarse como referencia clara de la amplitud de la tarea que se había propuesto. La experiencia comparada nos indica que el bienestar de las personas, derivado de la acción de los gobiernos, supone construir los consensos requeridos para que los cambios sean sostenibles. Gobernar solamente para los seguidores, o actuar de manera prepotente para imponer los propios puntos de vista, es una receta para dividir a los países e impedir el contexto necesario para la sostenibilidad de las políticas públicas.

Algunas de estas lecciones ya las había aprendido el presidente Boric. En la primera vuelta de la elección presidencial había obtenido la segunda votación. Realizó los ajustes del caso para convencer a los electores de que podía promover políticas más inclusivas. Se alejó de los extremos para proponer un mensaje que le permitiera alcanzar la mayoría en la segunda vuelta. Y así fue como pudo llegar a la Moneda para gobernar.

Es evidente que el presidente Boric tenía bastante claro la importancia de la aprobación de la nueva Constitución. Por ello señaló en su discurso de toma de posesión: “vamos a apoyar decididamente, decididamente el trabajo de la Convención”. Manifestó el presidente Boric que “necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia”, que “nazca en democracia”, “que sea para el presente y para el futuro”, “una Constitución que sea para todos y no para unos pocos”.

Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre demuestran que una amplia mayoría de los ciudadanos chilenos consideró que la propuesta de Constitución elaborada por la Convención no era para todos, era “para unos pocos”. Tal parece que el presidente Boric no pudo actuar con efectividad para influir en la construcción de los consensos requeridos. El presidente delegó en sus representantes en la Convención la elaboración de la Constitución. Cuando era obvio que el diseño de la Constitución correspondía más bien a una visión sectaria de la sociedad chilena, el presidente Boric no pudo tampoco influir en las modificaciones. Más bien decidió asumir la posición del “Apruebo”, con el matiz de que se podía reformar posteriormente. El presidente Boric fracasó tres veces en la misma jugada: no intervino para favorecer los acuerdos, no enfrentó la propuesta de Constitución a tiempo, y, finalmente, perdió completamente en las urnas.

Como resultado de estas dificultades para construir consensos en una materia de tanta relevancia, sigue pendiente la elaboración de la nueva Constitución. Queda por verse si el presidente Boric se puede convertir en un factor motivador para los consensos. Lo que ha demostrado en los últimos meses no ofrece un buen pronóstico. Que un presidente no sea capaz de construir consensos, es siempre una señal preocupante, pero lo es más en un país que aspira aprobar una nueva Constitución.

Politemas, Tal Cual, 14 de septiembre de 2022

América Latina: sin calidad educativa, sin futuro

Se ha demostrado suficientemente que América Latina ha sido la región del mundo con mayor afectación en número de casos y muertes por covid-19 en términos de la población en toda la pandemia. También se ha evidenciado la inmensa pérdida de días de escolaridad en todos los niveles educativos de América Latina.

Superar la brecha que se ha agravado con la pandemia, supone, en primer lugar, conocer cuál es la situación real con respecto a la calidad de la educación. De hecho, la calidad de la educación constituye el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben cumplir para el año 2030. En el Objetivo 4.1.1. se establece el seguimiento que se debe hacer de la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas en tres niveles: en segundo y tercer grado de educación primaria, al final de la educación primaria, y al final del nivel inicial de la educación secundaria.

De tal manera que, en principio, tener la información sobre el Objetivo 4.1.1. puede dar un buen punto de referencia para el análisis de la calidad educativa en la región. Sin embargo, al ubicar la información en Our World in Data de la Universidad de Oxford, en el sitio específico para el seguimiento del ODS 4, se constata que el período que cubre es de 2010 a 2015. Es decir que, al día de hoy, se tiene un rezago de siete años.

Con el propósito de indagar si existe información más reciente, se puede revisar el último informe de la UNESCO correspondiente a los años 2021 y 2022. De acuerdo con esta información disponible, se obtiene el siguiente balance.

Solo dos países de la región (Bolivia y Cuba), tienen información sobre las competencias de los estudiantes en lectura y matemáticas en segundo y tercer grado de primaria. En el caso de Bolivia la información disponible corresponde al año 2015. En Cuba corresponde al año 2019. También solo estos dos países tienen información sobre las competencias en lectura y matemáticas al final de la educación primaria (en Bolivia para 2015, y en Cuba para 2019).

En el tercer nivel, la etapa inicial de la secundaria, se dispone de información de 14 países (sobre un total de 20). Los países sin información en este grupo son: Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Perú, y Venezuela. En Ecuador, Guatemala, Honduras, y Paraguay, los últimos datos disponibles son de 2015. Es decir, en la mitad de los países de la región o no existe información sobre calidad en este nivel educativo, o tienen un retraso de siete años. En el resto de países de este grupo, solo Cuba y Chile tienen información de 2019 (en Cuba en lectura y matemáticas, y en Chile para matemáticas). En este grupo, solo dos países (Chile y Cuba) superan el 60% de población escolar que alcanza el mínimo de competencias en lectura, y solo Cuba supera el 60% de las competencias en matemáticas.

En este contexto, cuando en el mejor de los casos la información disponible sobre calidad educativa corresponde al último año antes de la pandemia, no luce muy convincente que la región tenga los detalles necesarios para superar esa brecha. No es aceptable que la discusión sobre políticas para mejorar la calidad educativa comience a partir de datos que están completamente obsoletos. La gran innovación que se puede hacer por la calidad de la educación es América Latina es tener información en tiempo real. De lo contrario, acordar sobre políticas públicas seguirá siendo la gran rareza de la región.

Politemas, Tal Cual, 4 de agosto de 2022

¿Cuántas personas tienen inseguridad alimentaria en AL?

Con la excepción de las situaciones en que esté en riesgo la vida por acciones violentas, no existe mayor inseguridad para personas y familias que la producida por no tener los alimentos disponibles cada día, en cantidad y calidad. Es una situación de inseguridad que se presenta frecuentemente, y que se expresa en que al final del día decenas de millones de personas en América Latina no hayan ingerido los alimentos requeridos.

La importancia de eliminar el riesgo de la inseguridad alimentaria se expresa en su inclusión dentro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), los cuales deberán alcanzarse en el año 2030. De allí que se ha establecido que para el año 2030 deberá eliminarse la inseguridad alimentaria moderada y severa en todos los países. La Organización de la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) es la encargada de sistematizar y difundir la información relacionada con los progresos para alcanzar esta meta. Los datos respectivos están disponibles de manera abierta en internet.

La reducción de la inseguridad alimentaria se obtiene a través de adecuadas políticas públicas en cada país. Obviamente, el primer paso para conocer la brecha con respecto a la meta es tener la información de base o el punto de partida. Esa información permitiría realizar los ajustes en las respectivas políticas con la mayor celeridad y pertinencia.

Si se quisiera conocer cuál es la situación más reciente de inseguridad alimentaria en los países de América Latina, la información disponible en el sitio web de la FAO mencionado permite señalar los siguientes aspectos. La información más reciente disponible corresponde al año 2020 en trece países. Sin embargo, en los restantes siete países (Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Venezuela) no existe información para ese año.

Este rezago de año y medio, entre el momento actual y la última información disponible, impide por supuesto conocer en detalle cuál es la situación en tiempo real de la inseguridad alimentaria. Por la misma razón no es posible analizar si las políticas públicas que se están implementando tienen las características requeridas para tener el impacto necesario.

En este contexto, que es común a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprecia con claridad la distancia entre los requerimientos de información y la toma de decisiones. Para reducir esta brecha se requiere diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permitan la actualización en tiempo real de las variaciones, en este caso, de la inseguridad alimentaria.

La puesta en marcha de estos sistemas requiere, en primer lugar, que los gobiernos nacionales otorguen la prioridad requerida, y, en segundo lugar, que en la ejecución puedan participar múltiples instituciones sociales, políticas, técnicas, y académicas, especialmente en los ámbitos descentralizados. De no realizarse cambios sustantivos en la forma de obtener esta información, el rezago en las condiciones sociales de cientos de millones de latinoamericanos se seguirá midiendo en años.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2022

La pandemia en su incertidumbre

Con respecto al 1 de junio de este año, el número de casos de covid-19 por millón de habitantes se ha más que duplicado en el mundo. Esto es, ha pasado de 50 a 123 casos de covid-19 por millón de habitantes en cuestión de seis semanas. También se ha registrado el aumento de muertes por millón de habitantes. De allí que sea importante conocer cuáles son las tendencias de la evolución de la pandemia en América Latina.

La primera restricción que surge para conocer con precisión estas tendencias, es la ausencia de información reciente sobre la realización de pruebas diagnósticas de covid-19. La última información disponible más reciente para comparación internacional, corresponde al 22 de junio de este año. De acuerdo con los datos disponibles, solo nueve países tienen para esa fecha el registro de pruebas diagnósticas por 1000 habitantes. Y de ese grupo de países, solo dos (Chile y Panamá) realizaban pruebas diagnósticas en una proporción mayor a 2 por cada 1000 habitantes.

La segunda restricción es que el número de países en los cuales se tiene más de 80% de vacunación completa (con respecto al protocolo inicial), se ha mantenido sin modificaciones en los últimos meses. Solo seis países (Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Perú, y Nicaragua) han superado el 80% de cobertura completa. En dos países (Costa Rica y Venezuela), la información sobre la cobertura completa no está disponible actualmente, de hecho, tiene un retraso de dos meses en Costa Rica, y cuatro meses en Venezuela.

Si se combinan las anteriores restricciones, entonces se entiende mejor que en ocho países se registren actualmente más de 200 casos de covid-19 por millón de habitantes (el doble de lo que se registraba meses atrás). En cinco de estos países (Paraguay, Bolivia, Guatemala, Perú, y México) existen aumentos significativos de casos en estas últimas semanas. También se ha registrado en las últimas semanas el aumento en la tasa de fallecimientos en Chile y Paraguay.

Tal pareciera que, en la gran mayoría de los países de la región, están confluyendo el deterioro de las capacidades de diagnóstico de covid-19, por una parte, con debilidades de los procesos de control, especialmente con la administración de las terceras y cuartas dosis de vacunaciones. En estas condiciones, la incertidumbre en la evolución de la pandemia será más la rutina que la excepción en la región.

Politemas, Tal Cual, 20 de julio de 2022

¿Cuán efectivos son los gobiernos subnacionales de AL?

Cuando se analiza la calidad de los gobiernos en América Latina (AL), la primera atención se dirige al nivel nacional. Entonces se puede comparar, frecuentemente con muchas restricciones de información, el desempeño de los gobiernos de los 20 países de la región. Los resultados indican que se ha registrado un creciente deterioro en la calidad de estos gobiernos nacionales.

También existen otros tipos de gobiernos en los países de América Latina. Sobre los cuales no se dispone de información rápidamente accesible, y, por ende, no se puede conocer en detalle su desempeño. Al menos en diez países existen gobiernos subnacionales en los cuales sus autoridades se eligen a través de sufragios directos, universales y secretos. Estos países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. El total de gobiernos subnacionales en estos diez países es 220. Entre estos gobiernos se incluyen los estados en Brasil, México, y Venezuela, los departamentos en Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, y Uruguay, las provincias en Argentina, y las regiones en Chile.

Los gobiernos subnacionales pueden contribuir con el fortalecimiento de las democracias en cinco aspectos al menos. En primer lugar, dado que las competencias de los gobiernos subnacionales pueden variar en cada uno de los países, estas diferencias permiten identificar lecciones o mejores prácticas, lo cual puede a su vez redundar en los respectivos ajustes en las legislaciones de los países. Un segundo aspecto es que los gobiernos subnacionales permiten acercar la gestión a las condiciones concretas de la vida de los ciudadanos. Es decir, facilitan una relación más directa entre los funcionarios electos y sus comunidades.

La posibilidad de comparar experiencias entre gobiernos subnacionales es el tercer aspecto. Dado que estos gobiernos nacionales funcionan en ámbitos institucionales similares, las diferencias en el desempeño pueden estar relacionadas con las mejores capacidades de gestión e innovación. En consecuencia, las instancias que permitan compartir estas experiencias, pueden ser de gran utilidad para promover la adopción de las innovaciones más adecuadas. El cuarto aspecto está relacionado con la utilidad de las experiencias exitosas de gestión en estos ámbitos para trasladarse a los gobiernos nacionales. Es por ello que es relativamente frecuente que responsables ejecutivos y legislativos de buen desempeño luego aspiren a cargos en el nivel nacional. El quinto aspecto corresponde con las posibilidades de trabajo mancomunado entre el ámbito subnacional y los gobiernos locales o municipales.

Comparado con estas grandes posibilidades de intercambio e innovación que ofrecen los gobiernos subnacionales, llama la atención las grandes limitaciones en la información, investigación y análisis sobre su desempeño. Lo cual demuestra claramente la importancia de promover alianzas de políticas públicas que permitan identificar opciones de mejoramiento en el desempeño de los gobiernos subnacionales en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 13 de julio de 2022

Cuando los parlamentos bicamerales no comunican

Siendo que las leyes que aprueban los parlamentos son decisiones muy relevantes para las sociedades, debería ser relativamente fácil conocer cuál es el número y tipo de legislación que se aprueban en América Latina. En el caso de los parlamentos unicamerales de la región, el problema pareciera estar más relacionado con la limitada actividad que realizan.

Cuando se analiza la actividad legislativa de los parlamentos bicamerales se presentan otros problemas. En la región existen diez parlamentos bicamerales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, México, República Dominicana, Paraguay, y Uruguay). Supongamos que se quiere conocer las leyes aprobadas por los parlamentos bicamerales el pasado mes de junio de este año. La vía más directa es que se pueda realizar esta revisión a través de internet.

Un aspecto previo que es conveniente tener en cuenta, es la metodología de aprobación de las leyes en los parlamentos bicamerales. Todas las constituciones de los países con parlamentos bicamerales establecen que cada cámara tiene la iniciativa para proponer leyes, y que luego de la aprobación debe tramitarse en la otra cámara. Al estar aprobada en ambas cámaras, entonces la ley es enviada para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Al revisar los sitios web de cada parlamento, tomando en cuenta las dos cámaras, se pueden discriminar tres grupos de países. En el primer grupo está Haití, el cual es el único país con parlamento bicameral que no tiene sitio web activo. En el segundo grupo está solo Uruguay, el cual es el único país en el cual ambos parlamentos tienen sitios web activos que tienen un buscador que permite identificar las leyes aprobadas, y las características del proceso de aprobación.

En el tercer grupo, el más numeroso, están ocho países. En los sitios web de los parlamentos de esos países no es posible obtener la información sobre las leyes aprobadas. Dos razones, al menos, explican esta gran restricción. La primera es que, al ser las dos cámaras independientes, expresado en que cada una de ellas puede iniciar el proceso legislativo, existen modalidades diferentes para la presentación y procesamiento de los datos de las leyes. Por esta razón no existe comparabilidad entre ambas cámaras del parlamento. La segunda razón es la ausencia de un proceso ordenado de búsqueda de información que esté pensado desde la óptica del usuario o analista. Esta ausencia impide obtener el detalle de la información, aunque es muy probable que los datos estén disponibles. Es decir, pueden estar los datos, pero no hay comunicación que permita aprovecharlos.

Es por eso que en el único país que se puede obtener el detalle de la información sobre las leyes aprobadas es Uruguay. El proceso de búsqueda es idéntico tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Representantes. Para cada una de las leyes identificadas se puede obtener la ficha de los eventos administrativos y de análisis relacionados con la aprobación.

Que para los ciudadanos sea muy difícil obtener información detallada sobre las decisiones de los parlamentos, en este caso los bicamerales, es indicativo de las inmensas brechas de calidad que afectan el diseño e implementación de políticas públicas en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 7 de julio de 2022

¿Sobre qué legislan los parlamentos unicamerales en América Latina?

Diez países de América Latina tienen parlamentos unicamerales (Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, y Venezuela). En algunos países se denominan “Asamblea Nacional”, y en otros “Congreso”. Es esperable que, vistas las difíciles circunstancias de América Latina, los parlamentos sean los contextos institucionales en los cuales se acuerden distintos tipos de decisiones que involucran a los representantes populares.

En estos tiempos de gran desarrollo digital, los parlamentos unicamerales podrían tener disponible información detallada sobre las decisiones que toman. Por ejemplo, si se quisiera saber las leyes que han sido aprobadas en lo que va del mes de junio de 2022, una forma directa podría ser la revisión de los sitios web de los respectivos parlamentos.

En dos países (Guatemala y Honduras), los parlamentos no tienen sitio web activo. En el caso de Cuba, no está disponible información sobre las leyes aprobadas por mes. En Nicaragua la información más reciente es del año 2017, y en Panamá es del mes de abril de 2022. Esto ya nos indica que en cinco países no es posible conocer las leyes aprobadas en el actual mes. En los sitios web de los parlamentos de Ecuador y Venezuela se reporta que no se ha aprobado ninguna ley en el mes en curso.

En Costa Rica la única ley aprobada corresponde a una regulación urbanística. En el Salvador se aprobaron reformas de cinco leyes en los siguientes ámbitos: protección al consumidor, presupuesto nacional, registro nacional de personas, inclusión financiera, y deporte.

El parlamento de Perú es el que registra mayor cantidad de leyes aprobadas en el mes en curso (un total de 21 leyes). Los ámbitos de estas leyes son los siguientes: infraestructura y regulaciones de inmuebles, cultural y turístico, transparencia en la gestión pública, penal, pensiones, gestión ambiental, policía y seguridad ciudadana, fuerza armada, institucionalidad pública, ejercicio profesional, y economía.

Estos resultados muestran, en primer lugar, la ausencia de información sobre las actividades que realizan siete de los diez parlamentos unicamerales de América Latina. En los otros tres países (Costa Rica, El Salvador, y Perú), es bastante llamativo la desproporción entre la baja actividad de los parlamentos de Costa Rica y El Salvador, y la que se realiza en el parlamento de Perú.

Es obvio que no es suficiente conocer las leyes aprobadas en los parlamentos (de aquellos parlamentos que tienen información). También se requiere conocer los efectos directos e indirectos que cada una de esas leyes tiene sobre el bienestar de los ciudadanos. De no corregirse estas ausencias de información sobre las actividades de los parlamentos, y seguir desconociendo los efectos de las leyes en la calidad de vida de las personas, la incertidumbre sobre las políticas públicas seguirá siendo una de las mayores restricciones para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 29 de junio de 2022

Crecimiento económico e inflación en la post-pandemia

Los estimados más recientes del Fondo Monetario Internacional (abril de 2022), permiten comparar el crecimiento económico y la inflación, antes y después de la pandemia en los países de América Latina. La superación de los efectos de la pandemia, así como la atención de las diversas demandas de servicios, está directamente vinculada con las posibilidades de crecimiento económico y de control de la inflación.

En el período pre-pandemia (2010-2019), la tasa de crecimiento económico promedio de la región fue 3,4% (solo Cuba y Venezuela no están incluidos en este promedio). En este período, cinco países de la región registraron un promedio de crecimiento superior a 4% (Bolivia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, y Perú). El país con la mayor tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2019 fue Panamá (6,1%), seguido de República Dominicana (5,6%). Los países con menor crecimiento económico promedio en este período fueron: Haití (1,2%), Argentina (1,3%), y Brasil (1,4%).

Al comparar con el crecimiento estimado entre 2020 y 2027 (período post-pandemia), se observa que el promedio estimado en la región es 1% menor que el del período pre-pandemia. En todos los países de la región, con la excepción de Argentina, se estiman reducciones de la actividad económica. Tampoco para Cuba y Venezuela están disponibles las estimaciones en este período. Los países con reducciones de crecimiento de más de 40% son Haití, México, Bolivia, Perú, y Ecuador. En Bolivia se reducirá de 4,6% a 2,3%, en Perú de 4,4% a 2,5%, y en México de 2,6% a 1,1%. Los países con menor crecimiento promedio en el período post-pandemia son Haití (0,4%), México (1,1%), Brasil (1,4%), y Uruguay (1,8%).

La tasa de inflación promedio en el período pre-pandemia fue 4,1% (sin incluir Argentina, Cuba, y Venezuela). La tasa de inflación promedio estimada para el período post-pandemia es ligeramente mayor (4,3%). En ocho países la inflación estimada en la post-pandemia es menor a la inflación del período pre-pandemia. En diez países, sin embargo, se estiman aumentos de la inflación en la post-pandemia. Los mayores aumentos de inflación se estiman en Haití, El Salvador, República Dominicana, y Chile.

La coincidencia de reducción del crecimiento económico con aumentos significativos de inflación se estima en los siguientes países: Chile, República Dominicana, El Salvador, Perú, Paraguay, y Haití. En consecuencia, en estos últimos países será mucho más exigente la combinación de políticas para tener adecuados niveles de crecimiento económico y baja inflación.

De acuerdo con estas estimaciones, y descontando que puedan ser afectadas por los eventos de los últimos meses, es bastante claro que en todos los países será materia de especial prioridad alcanzar los acuerdos de políticas que permitan superar las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, y generar los recursos para satisfacer las amplias demandas de servicios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.

Politemas, Tal Cual, 22 de junio de 2022