¿Era posible una mejor respuesta de América Latina a la pandemia?

América Latina entra en el quinto mes de pandemia. El gobierno de México informa hace pocas horas que espera que se prolongue hasta marzo o abril del año 2021. Doce países de la región reportan que en la última semana han registrado un nuevo máximo de casos. Esto significa que el control, de producirse, se realizaría, a principios del mes de agosto. Cuatro países (Brasil, Perú, Chile, y México) se encuentran entre los diez primeros en número de casos. En el grupo de los quince países con mayor tasa de mortalidad por covid-19 están Chile, Perú, Brasil, Ecuador, y México. El desempeño ante la pandemia de la gran mayoría de los países de América Latina ha sido muy decepcionante. Quizás con la excepción de Uruguay, el resto de los países han mostrado sistemáticas deficiencias para enfrentarla. 

Visto que no se aprecian cambios sustanciales en las políticas implementadas en las últimas semanas, las perspectivas de los escenarios estimados por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington (Estados Unidos), lamentablemente pueden convertirse en realidad en muchos países. Es bastante evidente la gran distancia entre las políticas recomendadas y las efectivamente puestas en prácticas. Sin embargo, es conveniente establecer si tales alternativas de acción estaban realmente disponibles. 

Supongamos que, en el mes de enero de este año, los equipos de estrategia de los ministerios de salud de la región hubieran seguido en detalle los informes elaborados diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre el 21 de enero y el 26 de febrero (fecha del primer caso registrado en Brasil), la OMS difundió 37 reportes, todos ellos disponibles en el sitio web. 

En el primer reporte (21 de enero), la OMS indicó que su oficina de China fue informada el 31 de diciembre de 2019 de casos de neumonía de causa desconocida, reportados en la ciudad de Wuhan. El 11 y 12 de enero, señala el informe de OMS, se recibió información detallada de la Comisión de Salud de China indicando que el brote estaba asociado con un mercado de alimentos marinos en esa ciudad. El nuevo coronavirus fue identificado el 7 de enero. El 12 de enero, China compartió la secuencia genética del nuevo coronavirus para que fuera utilizado para la prueba diagnóstica. Casos importados de China se reportaron en Tailandia el 13 de enero, en Japón el 15 de enero, y en Corea del Sur el 20 de enero. También se señala en este reporte que los países miembros, y las oficinas regionales y nacionales de la OMS habían sido informadas de la evolución de esta situación de emergencia sanitaria. 

Dos días después, el 23 de enero, la OMS indica en el tercer reporte que el riesgo involucrado para China era muy alto, y alto en el nivel regional y global. También se señala que existen evidencias sobre la transmisión del virus entre humanos. Al día siguiente, el reporte señala que los objetivos estratégicos de la respuesta eran interrumpir la transmisión del virus entre las personas en China, prevenir la exportación de casos a otros países, y prevenir la transmisión de esos casos en casos exportados en caso de que ocurriera. También se señala en ese reporte (el número 4 del 24 de enero), que la respuesta debía combinar el diagnóstico rápido de casos, la identificación de contactos, la prevención de la infección en los servicios de salud, la implementación de medidas para los viajeros, así como la información a la población sobre los riesgos involucrados. 

En el reporte del 25 de enero, se describen las medidas tomadas por el gobierno de Singapur para aumentar el nivel de alerta (de 2 a 4), reflejando así los riesgos involucrados. El 26 de enero se previene sobre los riesgos para el personal de los servicios de salud. El 29 de enero se anuncia la creación de la colaboración de la OMS con el Foro Económico Mundial para suplir los suministros requeridos en la pandemia en el contexto global. El 30 de enero se recomienda a los países que deben prepararse para los requerimientos en la realización de pruebas diagnósticas. El 5 de febrero se informa que se ha elaborado el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, y de la disposición de la OMS para apoyar a los países en los aspectos relacionados. En el momento que se aprueba este plan, el número total de casos confirmados de covid-19 era 24.554, de los cuales solo 191 se habían reportado fuera de China. 

Lamentablemente, estas recomendaciones no se concretaron en planes de acción en muchos países de América Latina. Las cuatro semanas que transcurrieron entre principios de febrero y la aparición de los primeros casos de la región, era tiempo adecuado para la organización de la respuesta. En muchos países de la región las primeras medidas no se tomaron sino al registrarse los primeros casos. Las restricciones para la toma de decisiones, conociendo las recomendaciones de la OMS, son indicativas de las brechas de planificación estratégica y de gestión que han condicionado la evolución de la pandemia. Las perspectivas de los próximos meses, de no tomar medidas para subsanar estas restricciones, afectará mucho más la situación de millones de personas afectadas. La brecha de políticas es, sin dudas, anterior a la brecha de recursos, y muchas veces, más determinante. Una mejor respuesta era completamente posible. Para ello se requería otro nivel de políticas públicas. Es una brecha inmensa.

Politemas, Tal Cual, 8 de julio de 2020

¿Cómo evitar 500 mil muertes por la pandemia en América Latina?

La semana pasada se difundieron las estimaciones realizadas por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, Estados Unidos, sobre el número de muertes por la pandemia de covid-19 que se pronostican para el 1 de octubre de este año. Este instituto es uno de los más prestigiosos en el contexto mundial en mediciones de salud, con aportes significativos para conocer la carga de la enfermedad en los países, así como en la definición de prioridades de intervención en los sistemas de salud. 

Estas últimas estimaciones actualizan las realizadas para la primera semana de agosto de este año (se pueden consultar en https://covid19.healthdata.org). De acuerdo con la generación de datos en los países y el mejoramiento de los métodos, los nuevos estimados pueden reflejar con mayor exactitud la dinámica de la pandemia, especialmente en sus efectos en la mortalidad. 

Para el 30 de junio, la estimación del número de muertes por covid-19 en América Latina por el IHME corresponde a 129.970. Cuando se compara con la cantidad de muertes efectivamente reportadas, esto es, 113.709, se aprecia que es el 87% de la cifra estimada, lo cual es bastante adecuado, dado que siempre existe un margen de error en modelos predictivos. Los países en los cuales se sobreestima una mayor proporción de muertes son Ecuador y Perú. En el resto de países (18) los valores estimados se acercan mucho a las muertes efectivamente registradas. 

Los datos registrados al 30 de junio indican que América Latina representa el 22% de las muertes totales por covid-19 (505.295), lo cual es muy superior a su peso poblacional (8% de la población mundial). Los países con mayor número de muertes son Brasil (58.314), México (27.121), Perú (9.504). Ahora bien, cuando se considera la tasa de mortalidad, para comparar con poblaciones homogéneas, se constata que seis países de América Latina se encuentran entre los 20 con mayor tasa de mortalidad por covid-19. En orden descendente son: Perú (lugar 10), Brasil (11), Ecuador (12), Chile (13), México (17) y Panamá (20). Dado que en muchos de los países que ahora se encuentran en los primeros lugares según la tasa de mortalidad, se ha logrado el control de la pandemia, es muy posible que los países de América Latina pasen a ocupar esos lugares. 

Las estimaciones realizadas por el IHME se resumen en tres escenarios. En el caso de la gran mayoría de los países de América Latina no se logrado el control de la pandemia. De manera que todavía se encuentran en la primera fase de la pandemia (a diferencia de otros países que lograron el control y ahora experimentan una nueva fase de casos). El primer escenario asume que los países tomarán medidas de control cuando el número de muertes supere el umbral de 8 muertes diarias por millón de habitantes. En este escenario, para el 1 de octubre de este año, el total de muertes registradas en América Latina sería 437.079. Brasil tendría 167 mil, México 88.160, Perú 36.210, Colombia 35.314 (los cuatro países con mayor número de muertes). Esto significa que la tasa de mortalidad se triplicaría en el caso de Brasil y México, en tanto que en Perú aumentaría cuatro veces, y en Colombia poco más de nueve veces. Todo ello en tres meses. Independientemente de que pueda mantenerse cierto grado de sobreestimación, no quedan dudas de las dramáticas implicaciones que tiene esta posible tendencia en la región. 

El segundo escenario asume que las medidas de control, como ha estado pasando en las últimas semanas, no serían aplicadas con la rigurosidad requerida. En este caso, el total de muertes por covid-19 en la región sería 907.535. Poco más del doble que en el primer escenario. En Brasil las muertes llegarían a 340 mil, en México a 151 mil, solo por citar a los dos países con mayor población en la región. Entre los dos países, tendrían más muertes que el total de la región en el primer escenario señalado. 

En el tercer escenario se asume que el uso obligatorio de mascarillas por parte del 95% de la población en todos los sitios públicos puede reducir el total de muertes a 388.089. De manera que el uso sistemático de la mascarilla produciría una reducción de más de medio millón de muertes con respecto al segundo escenario. Y con respecto al primer escenario sería una reducción de poco menos de 50 mil muertes. 

Estas estimaciones deben tomarse como referencia para las mejoras de las políticas de control de covid-19 en América Latina. Las limitaciones reflejadas en las últimas semanas en las desescaladas realizadas en la región, indican que se deben revisar con urgencias estas medidas, so pena de seguir la tendencia del segundo escenario (el más desfavorable). Por otra parte, solo con garantizar el cumplimiento del uso de la mascarilla, el efecto de reducción de mortalidad es muy significativo. Es también evidente que las muertes estimadas pueden reducirse mucho más si todas las opciones de control se ejecutan con mayor efectividad. A pesar de ello, es bastante evidente que las dimensiones de la pandemia, en términos de las muertes ocasionadas, y el sufrimiento de millones de familias, tiene dimensiones monumentales, y agravan las perspectivas de la región. Todo lo que se pueda hacer para reducir este impacto, no es solo urgente sino de altísima prioridad para gobiernos y sociedades.

Politemas, Tal Cual, 1 de julio de 2020

Perspectivas a los 120 días de pandemia

El primer caso de covid-19 en América Latina fue registrado en Brasil el 26 de febrero de este año. Es decir, dos meses después que China reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de neumonía atípica detectados (31 de diciembre de 2019). A la fecha, la región ha registrado el 23% de los casos mundiales (poco más de 2 millones), y el 20% de las muertes, aunque América Latina representa solo el 8% de la población mundial. 

Casi al iniciarse el quinto mes de la pandemia, muy pocos países han logrado el control. Mientras en algunos países de la OECD se controló en poco más de 40 días, en América Latina este período se ha triplicado, y todavía sigue el incremento de casos y muertes. Es decir, no solo es que no se aprovecharon los dos meses transcurridos desde la aparición de los primeros casos en China, sino que tampoco se ha atinado en la implementación de las políticas. Las brechas de políticas aumentan, tanto las relacionadas con las condiciones de partida de los sistemas de salud, como aquellas que afectan el diseño y la ejecución adecuada. Estas brechas no se deben a los recursos disponibles en los países, aunque en algunos de ellos los recursos no sean muy grandes. Son ocasionadas fundamentalmente por las debilidades para definir problemas públicos y poner en marcha políticas alternativas adecuadas. 

Como consecuencia de esta brecha, 14 países registraron nuevamente cifras máximas de casos en los últimos ocho días. Esto significa que alcanzar el control requerirá al menos tres semanas más, con lo cual ya la pandemia se extendería por seis meses. En 13 países, el número de reproducción (RO), que toma en cuenta el número de casos que se infectan a partir de un caso preexistente, es superior a 1, y en algunos casos, como Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Panamá, está aumentando. Las excepciones de Uruguay, Paraguay y Cuba, solo demuestran la regla de las fallas generales señaladas. Estas situaciones en los países coexisten con políticas nominalmente de “alta rigurosidad”, especialmente en las medidas de distanciamiento social. Son nominales porque no se aplican en la práctica, pero, sin embargo, no se pueden reducir, con lo cual la credibilidad sobre las políticas resulta resquebrajada. La población sabe que es una política poco creíble, y además no la puede cumplir (por ejemplo, las personas que laboran en la economía informal). De allí que, en la práctica, como ya está pasando, los países se quedan sin alternativas de políticas creíbles y prácticas. 

La continuación de las actuales políticas, en las condiciones explicadas, no puede traer sino efectos perversos. Las estimaciones realizadas por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, Estados Unidos, indican que en el presente curso la pandemia podría ocasionar cerca de 300.000 muertes en la región para principios de agosto. Esto significaría casi 170.000 muertes en Brasil, más de 50.000 en México, y poco menos de 20 mil en Perú (los tres países con mayor número). La estimación del IHME es incompleta porque la progresión de muertes en muchos países todavía seguiría aumentando en agosto. Esto implica que la fase de mayor afectación de mortalidad se producirá en las próximas semanas. Hasta ahora, el pronóstico del IHME más bien ha subestimado el número de muertes en algunos países (por ejemplo, Argentina, Chile, México). 

Revertir este dramático pronóstico requiere medidas extraordinarias por parte de los gobiernos de la región. La dinámica de las últimas semanas indica que las instituciones nacionales están exhaustas, con el desgaste explicable por la dedicación intensa en los últimos meses. Sin embargo, los mecanismos de política requeridos no se pueden utilizar efectivamente en esas condiciones. Dadas las características de la transmisión local de la enfermedad, es clave desarrollar estrategias diferenciales en zonas, especialmente en países de gran tamaño. Acompañar estos esfuerzos con asistencia técnica internacional de expertos asiáticos y europeos es una opción a explorar, si es que no está en marcha ya. Los efectos negativos de la pandemia en los sistemas de salud de la región ya se apreciaban inmensos en las primeras semanas, ahora son de una dimensión colosal. Este impacto sin precedentes puede marcar de manera muy significativa las políticas públicas de la región en todas las áreas en los próximos años. Lamentablemente parece ser un hecho contundente.

Politemas, Tal Cual, 24 de junio de 2020

¿Por qué fracasan las desescaladas en América Latina?

Ocho países de América Latina (Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá y Perú), iniciaron desescaladas de las medidas para control de la pandemia y han terminado con aumentos en el número de casos diarios. Estos aumentos de casos varían entre dos y seis veces (Costa Rica) con respecto al número que existía al momento de las medidas de desescalada. Es relevante identificar las razones que llevan a los gobiernos de los países a tomar medidas que claramente contradicen las mejores prácticas. Especialmente porque en la gran mayoría de los países de la región todavía no hay control de la pandemia. Y porque existen otros países que han seguido estas malas prácticas en los últimos días. Debe señalarse, por otra parte, que dos países (Uruguay y Paraguay) están procediendo exitosamente hasta la fecha en la desescalada. 

Lo anterior significa que las fallas en la desescalada no son fortuitas, circunstanciales. No, las desescaladas exitosas son el resultado de políticas realizadas adecuadamente, con conocimiento de la experiencia de otros países, y con las debidas capacidades institucionales. Examinemos los fracasos. 

La primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para iniciar la desescalada (reducción progresiva de las restricciones ejecutadas para aumentar el distanciamiento social), en que la pandemia haya sido controlada. Tan sencillo como eso. Y para saber si en un país existe control, la OMS recomienda realizar el seguimiento a través del número de reproducción, también conocido como RO. Este número indica el número de personas que son contagiadas a partir de un caso diagnosticado. Si es mayor de 1, la epidemia está en auge. Si el número es menor de 1, la epidemia está en vía de control. Para establecer el control, la OMS señala que RO debe ser menor a 1 por un mínimo de 14 días seguidos. 

Todos los países que fracasaron en la desescalada contravinieron el criterio anterior. En cuatro de estos países (Bolivia, Brasil, México y Perú), según la información del sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el 10 de junio, el RO ha sido superior a 1 en toda la pandemia. En Costa Rica y República Dominicana las medidas de desescalada fueron tomadas cuando RO estaba aumentando. Y en Ecuador y Panamá, se procedió a la desescalada cuando no habían transcurrido los 14 días requeridos. Los resultados se reflejaron en el aumento de casos y muertes en las semanas subsiguientes. Hasta el punto que estos países (con la excepción de Brasil y Ecuador) registraron en los últimos días el mayor número de casos en la pandemia. 

La respuesta más directa a la pregunta de las causas del fracaso, sería entonces que los gobiernos no siguieron el criterio señalado. Pero esta respuesta sería incompleta. Se deben examinar los antecedentes. Todos los países de América Latina han aplicado medidas de alta rigurosidad para el control de la pandemia. Comparados con Corea del Sur, que alcanzó un Índice máximo de Rigurosidad de Políticas (IRP) de 55/100 en la fase de control, todos los países han tenido índices mayores. Uruguay tiene el IRP menos distante que el de Corea del Sur (72). 

Estos valores tan altos del IRP indican que los sistemas de salud de la región tuvieron que acudir a medidas de mayor rigurosidad porque tenían limitaciones para realizar la ejecución gradual, tal como lo hizo Corea del Sur. Es decir, las limitaciones para modular políticas terminaron imponiendo medidas más rigurosas. En Corea del Sur no solo contaban con mecanismos institucionales más sofisticados, también asumieron que evitar las medidas más rigurosas es un objetivo de las políticas, por cuanto de esta forma se impiden los impactos negativos en los ámbitos productivos y sociales. 

Que las medidas hayan sido tan rigurosas desde el inicio, ocasiona también una gran restricción, por las características del mercado laboral de la gran mayoría de los países de América Latina. Esto se manifiesta en las grandes dificultades para que la población permanezca en sus viviendas cuando su fuente de ingreso deriva justamente de trabajar en condiciones de informalidad. Y para agravar, con la excepción de Honduras, todos los países de la región aprobaron mecanismos de compensación del ingreso por debajo del 50% promedio del salario. En esas condiciones, es bastante obvio que el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social era muy bajo. 

Es por ello que la gran mayoría de los países ha terminado con medidas nominalmente rigurosas, pero no cumplidas en la práctica. El problema es que, al iniciar la desescalada, disminuye aún más la posibilidad de control de los casos. Con el agravante de que los requerimientos institucionales necesarios para “escalar” gradualmente, tampoco se tienen en la desescalada. Esto influye en la imposibilidad de realizar la segmentación local, es decir, que puedan existir zonas de mayor grado de “desescalada” que otras. Por supuesto, el manejo de estos escenarios, en términos de la información requerida y de los equipos técnicos es también mucho mayor. 

Las restricciones institucionales de partida que tienen los sistemas de salud de la región están condicionando las políticas en el cuarto mes de la pandemia. Lo que a Corea del Sur y Uruguay le ha llevado 50 días, en la gran mayoría de los países puede llegar al triple de esa cifra. Tales restricciones están vinculadas fundamentalmente con el financiamiento y la organización de los sistemas de salud, así como con las capacidades específicas para enfrentar epidemias y controlar enfermedades infecciosas. Es por ello que las dificultades del control son expresiones de esas restricciones de partida. Tal parece, entonces, que enfrentar la pandemia continuará siendo un proceso errático, expresión lamentable de las limitaciones en las políticas de salud de la región. El impacto en número de personas enfermas, fallecidas, secuelas, y en el sufrimiento de millones de familias, es en el fondo manifestación de la terrible brecha de políticas públicas que confronta América Latina.

Politemas, Tal Cual, 17 de junio de 2020

¿Por qué América Latina no controla la pandemia?

Luego de cuatro meses del inicio de la pandemia en América Latina, la gran mayoría de los países no ha logrado el control. Esto significa que los negativos efectos económicos y sociales tienen ya el doble de la duración que en los países asiáticos y europeos. En la medida que los trastornos causados por la pandemia se prolonguen, las dificultades de recuperación serán mayores. Al día de hoy, el conjunto de los países de la región registra cerca del 20% de los casos reportados a escala global. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto como uno de los criterios para establecer el control de la pandemia, que debe verificarse la reducción sistemática del número de nuevos casos diarios de covid-19 en los 21 días siguientes al que se haya registrado el mayor número de casos. Esta reducción debe ser al menos de 50% de los casos. Al día 8 de junio, la gran mayoría de los países (16/20) ha registrado el mayor número de casos en una fecha muy reciente, de manera que no se cumplen los 21 días requeridos. Un caso significativo es el de Costa Rica, al registrar el 4 de junio un nuevo número máximo de casos, casi dos meses después del anterior registro. 

Los cuatro países restantes (Cuba, Ecuador, Uruguay, Paraguay), aunque cumplen con el número de días requeridos, no reportan la reducción sostenida. En Cuba, que había alcanzado el número máximo de casos el 3 de mayo, se han registrado aumentos de casos en la última semana hasta el punto que ya no cumple con el 50% de disminución requerida. En igual situación se encuentra Ecuador. En Uruguay, el número máximo de casos se registró el 30 de marzo. Sin embargo, el 26 de mayo reportó un número de casos que es superior al número equivalente al 50% de la reducción requerida. En Paraguay, aunque no se ha superado en días recientes el 50% señalado, la tendencia de casos no es a la reducción sostenida. De manera que, a efectos prácticos a la fecha, los países que están más cerca de controlar la pandemia son Uruguay y Paraguay. 

Revisar la experiencia internacional puede ilustrar las características de las políticas exitosas para el control de la pandemia. En el primer grupo de características están aquellas que son externas al sistema de salud, especialmente las de índole político y económico. En el segundo grupo, están las características relacionadas con el sistema de salud, a saber: (1) la situación institucional de base, (2) la capacidad instalada para enfrentar situaciones de emergencia epidemiológica, (3) la preparación hasta el momento de reportar el primer caso de covid-19, y (4) la gestión de las políticas aplicadas durante la pandemia. Para realizar la comparación se toma como referencia a Corea del Sur y luego se analizan uno de los países de la región que está más cerca del control (Uruguay). 

Con respecto a las características externas al sistema de salud, una diferencia notable entre Corea del Sur y Uruguay es el nivel de complejidad económica. Sin embargo, en lo que respecta a la vulnerabilidad del empleo, factor crítico para garantizar el distanciamiento social, la diferencia entre ambos países no es tan grande, especialmente si se compara con otros países de la región que tienen mayor proporción de personas en la economía informal. 

Con respecto a la primera característica del sistema de salud (situación institucional de base), Uruguay tiene ventajas en comparación con Corea del Sur, en tanto el financiamiento público tiene una mayor proporción, con lo cual también es mayor la protección financiera. Con respecto a la segunda característica (capacidad instalada para enfrentar emergencias epidemiológicas), Corea del Sur fue clasificada en el lugar número 9 mientras Uruguay ocupó el lugar 81 sobre el total de países incluidos en el Índice Global de Seguridad en Salud (IGSS). 

El hecho de que ambos países hayan sido efectivos en el control, indica que las diferencias señaladas con respecto a las características anteriores, pudieron ser reducidas, especialmente por Uruguay, con la implementación de políticas específicas en la pandemia. Por supuesto, otros países de la región no están la misma situación que Uruguay, lo cual indica que requieren mayor efectividad de las políticas, porque resolver las diferencias más estructurales no es posible en el corto plazo. Justamente un ejemplo de este aspecto es que Paraguay también ha tenido éxito en el control, a pesar de las notables diferencias estructurales con Uruguay. 

El examen de las políticas seguidas por Corea del Sur refleja dos rasgos significativos: gradualidad y anticipación. Para ello se toma como referencia la información contenida en la base de datos de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, especialmente el Índice Rigurosidad de Políticas (IRP). Corea del Sur inició las primeras intervenciones para el control una semana después del registro del primer caso. El monitoreo de los casos permitió incrementar progresivamente la rigurosidad tratando de que no fuera muy alta (para evitar impactos negativos en el sistema productivo). Es por ello que se implementan gradualmente las siguientes intervenciones: cierre de escuelas, suspensión de reuniones públicas (al mes del primer caso), confinamiento recomendado (no obligatorio). De tal manera que el IRP durante los días de mayor número de casos diarios se mantuvo en un nivel intermedio (50, sobre un máximo de 100). Sin embargo, cuando se registró un aumento de casos, luego de la fase más crítica, se elevó sustancialmente la rigurosidad hasta 80. Cuando se requirió disminuir la rigurosidad al haber detectado los contactos de los casos, también se hizo gradualmente. En el caso de Uruguay, el IRP alcanzó una medida también intermedia, pero en un plazo más rápido, con lo cual no hubo posibilidad de minimizar los efectos negativos de la rigurosidad. También en Uruguay el IRP se mantuvo más tiempo sin ajustes, lo cual indica que quizás prevaleció el criterio de reducir riesgos, sin consideración de los efectos negativos de la rigurosidad. 

Tanto Corea del Sur como Uruguay aplicaron intervenciones con rigurosidad intermedia. Sin embargo, en el caso de Corea del Sur fueron más graduales, demostrativo de que existe una mayor precisión institucional para implementar los ajustes. Este aspecto puede estar relacionado con el menor número de casos de covid-19 por población en Corea del Sur. 

Por todo lo anterior, entre los factores que más han influido en que los países no hayan controlado la pandemia se pueden señalar: (1) la composición del mercado laboral que impide alcanzar altos niveles de distanciamiento social, y (2) las dificultades para ajustar políticas, por lo cual se establecieron de entrada altos niveles de rigurosidad que no se han podido revertir hasta la fecha. 

El hecho de que tanto Paraguay como Uruguay hayan sido efectivos, indica que la implementación de políticas puede subsanar las limitaciones más estructurales (siempre y cuando, por supuesto, existan los recursos institucionales y de financiamiento). En este contexto, los países que no han logrado el control requieren a la brevedad: (1) proteger el ingreso de las personas en el mercado informal y los desempleados (al menos en un monto equivalente al 100% del salario promedio), (2) implementar adecuados mecanismos para garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, y (3) identificar las intervenciones en las cuales se puede reducir la rigurosidad con el propósito de aminorar el impacto en el sistema productivo. Estas medidas deben apuntar a controlar la pandemia en las próximas semanas. De lo contrario, aumentará mucho más el daño en la región.

Politemas, Tal Cual, 10 de junio de 2020

América Latina: sin protección social ante la pandemia

En el cuarto mes de la pandemia de covid-19, la gran mayoría de los países de América Latina tienen severas dificultades para lograr el control. A la fecha, más de un millón de casos han sido reportados en la región. El total de fallecidos asciende a 52 mil. El 91% de los casos diarios se diagnostican en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En la semana en curso se podrían reportar cerca de 250. 000 casos más. Chile y Perú ya se encuentran entre los ocho primeros países en número de casos por millón de habitantes. 

En la última semana, 14 países de la región han reportado el número más alto de casos desde que comenzó la pandemia. Esto significa que el control tomará con seguridad 100 días o más desde el momento que se registró el primer caso de covid-19. Situación muy diferente a la de Corea del Sur que logró el control en 48 días desde el primer caso. Esa diferencia en tiempo para el control, significa un mayor deterioro de los servicios de salud y más dificultades para reanudar la actividad productiva. Por otra parte, la prolongación de la pandemia en unos pocos países también aumenta el riesgo para el resto. 

La urgencia de la situación obliga a examinar las alternativas que pueden explorar los países. La premisa central para el control es el aumento de la distancia entre las personas. De esta manera se limita la posibilidad de que el virus se transmita. Para ello se requiere realizar el diagnóstico y colocar a las personas en aislamiento, y al mismo tiempo identificar los contactos que requieran cuarentena. Los sistemas de salud que estén en capacidad de realizar estas tareas sin medidas más rigurosas, pueden controlar la pandemia más rápidamente y con menores costos productivos. 

El caso anterior es justamente el de Corea del Sur. De acuerdo con el Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP), elaborado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, Corea del Sur requirió un IRP promedio de 36 (el máximo es 100) para alcanzar el control. Es por ello que no se implementaron medidas de confinamiento nacional. En América Latina, Costa Rica, por ejemplo, también ha logrado el control, aunque con un IRP mayor (80) al de Corea del Sur. En este grupo también se puede incluir a Uruguay. Es claro que en estos dos países las capacidades instaladas en los sistemas de salud juegan un papel preponderante. 

Cuando la institucionalidad del sistema de salud no facilita adecuadamente las actividades de diagnóstico, aislamiento, cuarentena y detección de contactos, entonces la tasa de crecimiento de los casos puede ocasionar una demanda desproporcionada sobre los servicios. Es en esa circunstancia cuando se deben considerar las medidas más rigurosas. Esta es la situación que afectó a la gran mayoría de los sistemas de salud de la región. De allí que en muchos se ellos se alcanzaran niveles muy altos de rigurosidad de políticas. De acuerdo con las últimas mediciones del IRP mencionado, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú tienen altos niveles de rigurosidad (valores superiores a 90), de manera que es poco factible implementar medidas más estrictas, aunque tampoco han logrado el control. 

La coexistencia de altos niveles de rigurosidad de políticas sin alcanzar el control, indica que la reducción del distanciamiento de las personas, sea por la limitación de la actividad productiva, educativa o social, no está cumpliendo los objetivos propuestos. Es bastante obvio que, en países con altos grados de informalidad, las personas deben salir de las viviendas para procurar los recursos para la subsistencia. Esta es la lógica que fundamenta que para limitar la movilidad de las personas se debe garantizar la protección del ingreso, vía la asignación directa de recursos a las familias. 

De acuerdo con la información disponible para el análisis comparado de países, en el sitio web de la Escuela Blavatnik, la gran mayoría de los países de la región aprobaron mecanismos de transferencia de ingresos para aquellos que perdieran el empleo, para los que no tuvieran empleo al momento de iniciar la pandemia, y para los trabajadores en el sector informal. Solo Haití, México, Nicaragua y Venezuela no implementaron estos mecanismos de protección social de corto plazo. Ahora bien, en el resto de los países, con la excepción de Honduras, el monto de la asignación de recursos es inferior al 50% del salario mensual promedio. Es bastante claro que, en estas circunstancias, las personas tienen mayor incentivo para no cumplir estrictamente el confinamiento. 

El incremento sostenido de los casos de covid-19 está asociado, en consecuencia, con la imposibilidad de garantizar los ingresos requeridos por las familias. No existe información hasta la fecha sobre las dificultades derivadas de poner en marcha programas de esta naturaleza en tan corto tiempo, y si efectivamente están siendo recibidos por las personas en mayor necesidad. Todo lo cual implica que el control efectivo de la pandemia en las próximas semanas requiere considerar si es posible ampliar esos montos, al menos en el mes en curso. Habría que agregar, dentro de las dificultades, el desgaste y cansancio experimentado por las familias en un confinamiento que más bien habría que prolongar. El efecto que tiene este estado de ánimo de la población es un aspecto que debe ameritar especial consideración por parte de los gobiernos. 

En América Latina era bastante conocida la debilidad de los sistemas de protección social, fundamentalmente para identificar riesgos individuales y familiares. Lo que la pandemia ha puesto en evidencia, por la rapidez de los acontecimientos, es la notable debilidad de los gobiernos para responder rápidamente con la calidad requerida, pero también con los recursos fiscales necesarios para programas de protección social de corto plazo. El curso en las próximas semanas estará determinado por la capacidad para tomar medidas audaces, expresadas en recursos suficientes, que permitan alcanzar el control. De lo contrario, en muchos países de la región, aumentará lamentablemente la severidad de la pandemia.

Politemas, Tal Cual, 3 de junio de 2020

Dimensiones urbanas de la pandemia

Antes de que termine el mes de mayo, América Latina alcanzará los 800 mil casos de covid-19. Casi 30 mil casos se notifican cada día. El 14% de los casos del mundo han sido diagnosticados en la región, lo cual representa una proporción mayor que el porcentaje de población. Al 25 de mayo, tres países de la región (Chile, Perú y Panamá) se encuentran entre los veinte primeros en número de casos por millón de habitantes. Cuatro países (Ecuador, Brasil, Perú y Panamá) están en el grupo de veinte países con mayor mortalidad por covid-19. 

Si se toma como referencia el tiempo que requirió Corea del Sur para controlar la pandemia (48 días desde el registro del primer caso), las perspectivas de la región indican que durará más tiempo y los efectos serán mucho más severos. A la fecha, solo tres países han disminuido el número de casos a menos de la mitad de los que registraron el día con mayor número. Estos tres países son: Uruguay, Costa Rica y Cuba. Sin embargo, en la última semana, el número de casos en los primeros dos países países ha aumentado hasta el punto que se encuentran muy cercanos a la mitad de casos señalada. De continuar esta tendencia, ambos paìses pueden presentar una involución en el control, tal como ocurrió con Honduras también en la última semana. Otros tres países con posibilidades de controlar la pandemia son República Dominicana, El Salvador y Panamá. Dado que ninguno de ellos tiene un período mínimo de 21 días con respecto al día de mayor registro de casos, se requiere monitorear esta evolución en la próxima semana. 

Lo anterior significa que catorce países de la región tienen menos de diez días desde que se produjo el máximo de casos en la pandemia. Once de estos países han registrado ese máximo en la última semana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela). Siete países (Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Venezuela) han registrado el máximo de casos en las últimas 48 horas. Esto indica que en el mejor de los casos, es decir, alcanzar el control efectivo en las próximas tres semanas, la pandemia duraría en estos países casi cuatro meses. 

Los efectos de la pandemia se manifiestan no solo en el número de países, sino en la intensidad en algunos de ellos. Para el 25 de mayo cinco países (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) registraron el 89% de los casos nuevos totales en la región (casi 24 mil casos). Si se analiza la distribución geográfica se encuentra que el 53% de los casos de Brasil se registraron en cuatro estados (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas). En Colombia el 33% de los casos se han notificado en Bogotá. La ciudad de Lima representa el 68% de los casos de Perú. El 78% de los casos de Chile se han registrado en la Región Metropolitana de Santiago. En Ciudad de México la proporción de casos con respecto al total nacional es 16%. 

La alta incidencia en zonas urbanas es esperable dados los patrones epidemiológicos de la enfermedad. A mayor aglomeraciòn de personas, la tendencia a la propagación del virus aumenta. El hecho de que sea justamente en estas grandes ciudades donde se reporta la mayor proporción de casos, indica que el funcionamiento de las medidas de distanciamiento social no ha tenido los efectos esperados, o que simplemente, por los patrones laborables en estas grandes urbes, es muy complicado que la alta proporción de población en el mercado informal pueda guardar estas medidas sin ver afectados sus ingresos diarios. En vista de que siguen aumentando las cifras de nuevos casos diarios, es evidente que los mecanismos de protección del ingreso no están alcanzando a la población de manera efectiva. 

La rigurosidad de las medidas de confinamiento, aunque alta en la norma, no se traduce en la práctica. En la medida que avance la disminución de la actividad económica, en esa misma forma la tendencia de la población es aumentar la movilidad para alcanzar el ingreso mínimo requerido. La premisa entonces, a los efectos de lograr el control en el corto plazo, es explorar cómo se están implementando las opciones de transferencias directas. Por supuesto, esta situación que ahora se presenta en estas ciudades, puede extenderse a otras ciudades intermedias de Centro y Sur América. 

La pandemia está colocando una presión enorme en los mecanismos de transferencia directa de los países de la región. El hecho de que luego de tres meses los efectos del control no se hayan obtenido, es indicativo del desgaste individual y familiar que se atraviesa en la región. A ello hay que agregar el desgaste de la institucionalidad pública, por semanas de alta demanda de servicios y el consiguiente impacto en los equipos humanos y en la logística. La utilización de medidas combinadas de protección social con la garantía de medidas de cumplimiento del confinamiento son indispensables. El control de la pandemia se ha convertido en el factor más crítico para el bienestar en América Latina en el corto y mediano plazo.

Politemas, Tal Cual, 27 de mayo de 2020

¿Cómo evoluciona la pandemia en América Latina?

El primer caso de covid-19 en América Latina fue reportado en Brasil el 26 de febrero. Al 18 de mayo, según la Universidad Johns Hopkins, el registro de casos en la región supera los 540 mil. El número de fallecimientos por covid-19 a la misma fecha es poco más de 30.000. Brasil ya ocupa el tercer lugar entre los países del mundo tomando en cuenta el número de casos. Tres países de la región (Perú, Panamá y Chile) se encuentran entre los veinte primeros en número de casos por millón de habitantes. Cuatro países (Ecuador, Brasil, Perú y Panamá) están en el grupo de veinte países con mayor mortalidad por covid-19. En la última semana, doce países latinoamericanos han experimentado la cifra más alta de casos desde que comenzó la pandemia. 

La crítica situación de salud pública se combina con las duras consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La caída de la actividad económica en la más significativa en décadas en algunos países. La región avanza lamentablemente a una impresionante involución en el bienestar. El hecho de que la pandemia se encuentre finalizando el tercer mes de evolución, requiere examinar la situación de cada uno de los países con respecto a las políticas de control. Es el primer paso para identificar nuevas opciones de políticas. Sin control efectivo, se prolongará la incertidumbre y el shock económico y social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en documento publicado el 12 de mayo, indica los criterios epidemiológicos que deben cumplirse para determinar si un país ha controlado la pandemia. Estos criterios preceden a los relacionados con el sistema de salud y la capacidad de monitoreo de salud pública. Es decir, el primer paso es establecer si se cumplen las condiciones en cuanto a la propagación de covid-19, para luego analizar si se está en capacidad de mantener el control. 

La OMS propone que la medida fundamental para establecer si existe control es la medición del “número efectivo de reproducción”, también denominado RO. Este número indica los casos secundarios infectados por un caso previo. Si este número es menor a 1 al menos por dos semanas, entonces la pandemia está en fase de reducción. Cuando no es posible contar con este indicador, la OMS propone alternativas. Una de ellas es que exista una reducción de 50% de los nuevos casos con respecto al máximo registrado en un período de tres semanas, y que esta disminución sea sostenida. 

De acuerdo con este criterio, solamente dos países de la región han controlado la pandemia: Costa Rica y Uruguay. El registro máximo de casos en ambos países se alcanzó hace 39 y 52 días respectivamente. La cifra de casos nuevos en ambos países al 18 de mayo es 3, es decir, una reducción de 91% con respecto al valor del día con mayor número de casos. En consecuencia, el siguiente punto en estos países es verificar la capacidad para mantener el control. Siendo dos de los países con mayor institucionalidad de salud pública en la región, es previsible que puedan manejar adecuadamente los nuevos casos que se puedan presentar en los próximos meses. Según la última información disponible del Índice de Rigurosidad de Políticas (Universidad de Oxford), estos dos países mantienen restricciones para el movimiento de las personas. En el caso del otro país que tiene más de 21 días de haber transcurrido el máximo de casos, Ecuador, la evolución de los casos hacia la disminución no ha sido sostenida, con lo cual la posibilidad del control no está confirmada. 

El segundo grupo de países está compuesto por aquellos con más de diez días transcurridos desde el máximo de casos nuevos (Panamá, Cuba y Honduras). En los dos primeros, las reducciones alcanzan 67 y 87% respectivamente, mientras que en Honduras fue 32%. En este grupo, una semana más con la actual tendencia podría indicar si efectivamente han controlado la pandemia. 

El tercer grupo incluye los países en los cuales han transcurrido menos de diez días desde el máximo registro de casos. En el grupo se encuentran desde Paraguay y República Dominicana (con nueve días desde el máximo de casos), hasta Colombia, Haití y Venezuela con menos de tres días. De especial relevancia es la situación en Perú, Chile, Brasil y México. El aumento de casos nuevos en estos países se encuentra en fase expansiva en los últimos días. De tal manera que las posibilidades de control en el corto plazo son menores a las de otros países. Un aspecto relevante en este grupo es si es posible aumentar la rigurosidad de las medidas, cuando ya muchos de ellos tienen niveles altos de confinamiento. 

El hecho de que solo una minoría de países en la región hayan controlado la pandemia, tiene un triple efecto. En primer lugar, significa que existe una gran presión sobre los sistemas de salud, especialmente por los requerimientos de recursos humanos, de equipamiento y logísticos, agravado por las dificultades derivadas de la dispersión geográfica (Perú y Brasil, por ejemplo). Un segundo aspecto, es la gran demanda de recursos fiscales para compensar los efectos de la caída extraordinaria de la actividad económica. Estos dos factores coexisten con las limitadas capacidades para la detección de contactos, que a su vez son claves para las siguientes etapas. Por estas razones, el gran reto de los países es tratar de modificar las políticas en curso con mecanismos innovadores que permitan recortar el tiempo necesario para controlar la pandemia. De lo contrario, en el curso actual, los efectos en el sistema de salud, y en la actividad económica y social serán de especial severidad.

Politemas, Tal Cual, 20 de mayo de 2020

América Latina: balance de políticas contra la pandemia

A la fecha, quince países de América Latina han registrado el mayor número de casos de covid-19 en las últimas dos semanas. Nueve de ellos lo han registrado en la última semana. Esto significa que, en las mejores condiciones, es decir, acercándose al desempeño de Corea del Sur, tienen por delante un mes más para controlar la pandemia. En efecto, Corea del Sur tardó 34 días desde que registró el mayor número de casos hasta que se redujo de manera significativa y estable. Si se suma el período desde el inicio de los casos, el tiempo necesario para el control en Corea Sur fue poco más de dos meses. En consecuencia, en la gran mayoría de los países de América Latina la covid-19 podría ser controlada, en el mejor de los casos, en más de tres meses. Ya son visibles los efectos de lo que esto significaría en la región. 

Hacer el balance, entonces, es tratar de identificar las opciones de políticas que se deben implementar de manera inmediata, con el propósito de revertir la dinámica de la pandemia, pero también para aminorar sus consecuencias sociales, económicas y de salud. Por otra parte, dado que la posibilidad de contar con vacuna efectiva y utilizada masivamente no está planteada en el corto plazo, las políticas que se apliquen en esta fase determinarán la capacidad para el control en los próximos meses. 

Para realizar el balance, al menos cuatro aspectos pueden considerarse. En primer lugar, el punto de partida, es decir, las condiciones diferenciales en las cuáles se encontraban los sistemas de salud de la región antes de la aparición de la covid-19. Un segundo aspecto corresponde a las decisiones que fueron tomadas por los países antes de que se registrara el primer caso en los respectivos territorios. Las políticas implementadas luego del inicio de la pandemia, constituyen el tercer aspecto. Los efectos en el número de casos y fallecimientos corresponden a los criterios de efectividad de las políticas. 

Las condiciones de los países para enfrentar una situación de riesgo global como una pandemia, fueron ponderadas con la elaboración de Índice de Seguridad de Salud Global. Este índice es un proyecto entre la Nuclear Threat Initiative (NTI) y el Centro de Seguridad en Salud de la Universidad Johns Hopkins, y fue desarrollado con The Economist Intelligence Unit (EIU). Los resultados fueron publicados a finales de 2019. De acuerdo con el índice, los países mejor preparados para enfrentar un riesgo biológico eran: Brasil, Argentina, Chile y México. Siete países de la región obtuvieron una puntuación por debajo del promedio mundial, siendo Venezuela el país con menor puntuación. 

La medición de capacidades de los países puede dar pistas sobre las posibles respuestas en una situación crítica como una pandemia. Pero es la ejecución de políticas lo que permite conocer si esas capacidades se ponen en práctica. La Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford ha elaborado un índice para realizar el seguimiento de estas políticas. De acuerdo con este índice, la gran mayoría de los países de la región no alcanzaron 20 puntos (en una escala de 100) en políticas implementadas antes de registrarse el primer caso de covid-19. La puntuación de Bolivia, Brasil, Chile y República Dominicana fue 0 en la etapa de pre-pandemia, la de México fue 3 puntos. En otras palabras, tres países con las mayores capacidades no implementaron ninguna política en la fase de preparación. El caso contrario fue El Salvador, al tener un índice de 70 antes del diagnóstico del primer caso. 

Luego del inicio de la covid-19, dos aspectos han tenido especial relevancia para el control: la realización de pruebas diagnósticas y la aplicación de medidas de distanciamiento social. Tres países destacan en la región por la importancia asignada a la realización de pruebas diagnósticas: Perú, Chile y Panamá. Estos tres países han aumentado entre cinco y siete veces el número de pruebas por 1.000 habitantes desde el reporte del primer caso. Brasil, México y Bolivia no han incrementado la realización de pruebas en los dos meses de evolución de la pandemia. Otros países: Haití, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, no están incluidos hasta la fecha en el registro de este indicador por parte de Our World in Data, de allí que se dificulte de manera significativa el seguimiento. 

El grado de rigurosidad de las medidas de distanciamiento social discrimina dos grupos de países. En el grupo con menos rigurosidad en medidas como confinamiento, cierre de escuelas, restricciones del transporte, se encuentran México y Brasil que tienen en la actualidad las mayores cifras de contagios diarios. También en este grupo se encuentran Chile, Panamá, Colombia y Argentina. En los dos primeros se han registrado las dos mayores tasas de casos por millón de habitantes en la región. 

En los países con mayor rigurosidad se destacan dos grupos. En el primer grupo se encuentra países con medidas de rigurosidad moderada como Uruguay y Costa Rica en los cuales el control ha sido mayor, contrapuestos a Ecuador y Perú que presentan las mayores tasas de mortalidad de América Latina. Esta diferencia indica que las condiciones previas, especialmente el desarrollo de la institucionalidad del sistema de salud es un factor de especial incidencia en el control de casos. En el segundo grupo están países con mayor rigurosidad en las medidas, pero que presentan menor desempeño, en términos de la mortalidad por covid-19, como es el caso de Honduras que ya se encuentra en el octavo lugar de mortalidad en la región. 

Algunas lecciones pueden plantearse de este balance. En primer lugar, las capacidades pueden ser altas, pero requieren calidad de las políticas para que constituyan una diferencia. Los casos de Brasil y México son demostraciones de esta restricción. Una segunda lección es que la ausencia de acciones previas tiene sus efectos. En este grupo se encuentran nuevamente Brasil y México, pero pueden agregarse Chile y República Dominicana. La realización de pruebas diagnósticas reduce la incertidumbre para la toma de decisiones, y es también de utilidad para identificar las secuelas por covid-19. Los países que hayan diagnosticado más personas estarán en capacidad de estimar mejor los servicios que se requerirán en el futuro para su atención. La cuarta gran lección es que la fortaleza institucional, especialmente en la gestión de salud pública, es el factor clave para el control. La evolución de los casos en Costa Rica y Uruguay indica claramente este aspecto. Los países que aspiren controlar rápidamente, deben, en consecuencia, reforzar los servicios de diagnóstico de casos y seguimiento de contactos. De lo contrario, la pandemia con sus efectos seguirá representando un riesgo de grandes proporciones para la salud de los latinoamericanos.

Politemas, Tal Cual, 13 de mayo de 2020

120 mil rastreadores sanitarios para controlar la pandemia

América Latina entra en el tercer mes de la pandemia por Covid-19. En un momento comparable, es decir, a los sesenta días del primer paciente diagnosticado, ya Corea del Sur había reducido los casos nuevos a una décima parte. El primer caso de Covid-19 fue confirmado en este país el 24 de enero. El máximo número de casos nuevos ocurrió el 3 de marzo (851 casos). Para el 23 de marzo (a los sesenta días), el número de casos nuevos se había reducido a 76. Ahora bien, para llegar a 8 casos nuevos se requirieron 25 días más. El 4 de mayo se reportaron sólo 3 nuevos casos. 

La experiencia de Corea del Sur demuestra que es posible controlar casi completamente la pandemia, pero ello requiere estrategia, recursos, y tiempo para ejecutarla. Justamente por la rapidez en las acciones emprendidas en este país, no fue necesario realizar confinamientos generales de la población. La efectividad de estas acciones está relacionada con la preparación y la capacidad para tratar personas infectadas por Covid-19, pero también para anticipar aquellas personas que eran contactos, y que por tanto podían padecer la enfermedad o transmitirla. 

La situación en América Latina al día de hoy es completamente diferente. En doce países, la cifra más alta de casos nuevos se ha registrado en la última semana. Solo en Costa Rica y Uruguay la cifra más alta se produjo hace más de un mes. En estos dos países, el número de casos al 4 de mayo era tres y dos, respectivamente. Que esta tendencia se mantenga en estos países, depende fundamentalmente de la capacidad diagnóstica y del seguimiento de contactos. 

En el resto de los países las tendencias son preocupantes. A pesar de que varios de ellos (Chile, Perú, Panamá), tienen altas cifras de pruebas diagnósticas por población (en niveles comparables con Corea del Sur), en otros países se aprecia el estancamiento de este indicador (Bolivia y México, por ejemplo). Por otra parte, siete países de la región no tienen datos disponibles en la base de datos “Our World in Data”, entre ellos Brasil y Venezuela. Es por ello que en muchos casos no es posible conocer la situación real. 

La pandemia afecta de manera significativa, pero no única, a la mortalidad. Doce países de la región tienen ya tasas de mortalidad por Covid-19 superiores a la de Corea del Sur. En Ecuador, con la mayor tasa, la mortalidad es veinte veces superior. El número de casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en Panamá y Ecuador es casi nueve veces el registrado en Corea del Sur. 

En estas circunstancias es evidente que el confinamiento per se, o las prácticas de distanciamiento social, no son suficientes para controlar la pandemia en el grado requerido. De hecho, la continuación de estas medidas sin cambios, puede ocasionar mayores efectos en la dinámica productiva y social de los países. Es fundamental, entonces, minimizar la propagación de la pandemia, en los niveles cercanos a “cero casos”, y retomar en plazos perentorios la reanudación de las actividades sociales y productivas. 

En aquellos países que están implementando confinamientos, es fundamental que se produzca una reducción sustancial de casos nuevos. La experiencia de algunos países europeos (España, Italia, Alemania), indica que al menos se requiere un mes para que la tendencia de los casos nuevos se reduzca sistemáticamente. Esto significa, de replicarse esta dinámica europea (lo cual no es necesariamente así, por supuesto) que, en algunos países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Panamá, alcanzar un número de casos compatible con una tendencia de franca reducción, puede llevar un mes más (primera semana de junio). 

Asumiendo que en un mes se alcanza esa situación en la región, queda una gran pregunta, ¿cuáles son los países que están en capacidad de detectar adecuadamente los casos nuevos y evitar que se produzcan nuevos episodios de la pandemia? Por lo descrito, tal parece que las mejores condiciones se dan en Costa Rica y Uruguay, países de baja población comparativamente en la región. Esto significa que la mayor proporción de la población de América Latina puede estar sujeta a la perversa dinámica de casos de Covid-19 de curso intermitente, obstaculizando aún más la recuperación económica y social. 

La evolución dramática de la pandemia en países europeos indica que una de las razones fue no contar con capacidades para realizar detección masiva de contactos en una magnitud superior al ingreso de pacientes en los centros de salud. También ha sido reconocido que la mejor forma de evitar en la actualidad la reaparición de la pandemia, es identificar la mayor cantidad de contactos. De allí que, en las últimas semanas, varios gobiernos europeos han iniciado el diseño e implementación de programas de “rastreadores sanitarios”. En el Reino Unido se planea reclutar 18 mil en las próximas semanas. En Alemania se ha propuesto que se necesita 1 rastreador sanitario por cada 25.000 habitantes. En el estado de Nueva York se ha estimado la cifra entre 6 y 17 mil. 

Los países de América Latina deben considerar seriamente esta opción. Con urgencia. No se puede esperar que la tendencia de casos empiece a disminuir. Se deben implementar estos programas a la brevedad. Si se aplica el criterio de un rastreador por cada 5.000 habitantes, se puede estimar que se necesitan 120.000 mil rastreadores sanitarios en la región. Este personal puede ser menor en los países que han mostrado capacidades para esta tarea (como Costa Rica y Uruguay), o en otros que estén realizando ya estos ajustes. 

Esta opción supone organizar cuerpos técnicos dependientes de los ministerios de salud, con el propósito de detectar contactos y supervisar la realización de los servicios para esta población. Podrían participar personas que están actualmente en los servicios de salud, pero probablemente se requiera incorporar otros nuevos. El centro de actividad de los rastreadores sanitarios es la comunidad, por cuanto deben interrogar a las personas diagnosticadas, elaborar la lista de contactos, identificar cada uno de estos contactos y establecer si padece la enfermedad o si la puede padecer. Para ello deben realizar pesquisas a través de llamadas telefónicas o visitas a domicilios y sitios de trabajo. Toda la información recolectada debe ser ingresada en bases de datos para realizar el análisis detallado. Se debe establecer quiénes son las personas en mayor riesgo. El criterio de éxito es que todos los nuevos casos hayan sido contactos de casos previos. De esta manera se irá cercando la propagación del Covid-19 hasta que no exista ningún caso en el territorio de los países. Mientras no exista la vacuna, esta debe la estrategia para garantizar la estabilidad social y productiva. 

Los rastreadores sanitarios deben ser personas de trato afable, comunicativas, con disposición a interpretar las particulares condiciones de las familias afectadas por el Covid-19, con sensibilidad por la salud pública, con vocación por el trabajo en la comunidad, con manejo de las nuevas tecnologías, y con competencias para apoyar la gerencia de servicios de salud. 

Estos cuerpos de rastreadores sanitarios están adscritos a las instituciones nacionales o locales de salud. Son profesionales de salud pública. En consecuencia, deben asignarse los recursos para sufragar sus servicios, vehículos para desplazamientos, servicios para alojar a las personas asintomáticas que requieran aislamiento y no puedan cumplirlo en sus domicilios, y toda la logística complementaria. Se trata de una amplia operación de seguimiento de personas orientado a evitar casos y proteger la salud de la población. Los ministerios de salud deben examinar los recursos disponibles para constituir estos programas, que no deben ser muchos en estos momentos. En ese caso, los gobiernos pueden acudir con celeridad a los organismos internacionales para solicitar recursos para financiar estos requerimientos. Se trata de programas que deben estar funcionando en el plazo máximo de un mes. 

La superación de la tremenda crisis que ha significado la pandemia para los pueblos de América Latina requiere la constitución urgente de miles de equipos de rastreadores sanitarios, atravesando las inmensidades de la geografía de la región. En la medida que se haga con mayor rapidez, se podrá iniciar la recuperación de los efectos severos de la pandemia. Es fundamental asignar los recursos, para lo cual será de gran valor el rol de los responsables económicos en los países y en los organismos internacionales. 

No debe haber preocupación por la sostenibilidad de estos equipos, porque luego de controlada la pandemia, queda una gran cantidad de enfermedades infecciosas que afectan la región, y también se encuentran decenas de millones de personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, solo para nombrar dos, que todavía no están diagnosticadas. Estas tareas también requerirán rastreadores sanitarios por las próximas décadas. La constitución y sostenibilidad de los cuerpos de rastreadores sanitarios puede ser una de las inversiones más significativas y de mayor retorno para el mejoramiento de las condiciones de salud en la historia de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 6 de mayo de 2020