En el cuarto mes de la pandemia de covid-19, la gran mayoría de los países de América Latina tienen severas dificultades para lograr el control. A la fecha, más de un millón de casos han sido reportados en la región. El total de fallecidos asciende a 52 mil. El 91% de los casos diarios se diagnostican en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En la semana en curso se podrían reportar cerca de 250. 000 casos más. Chile y Perú ya se encuentran entre los ocho primeros países en número de casos por millón de habitantes.
En la última semana, 14 países de la región han reportado el número más alto de casos desde que comenzó la pandemia. Esto significa que el control tomará con seguridad 100 días o más desde el momento que se registró el primer caso de covid-19. Situación muy diferente a la de Corea del Sur que logró el control en 48 días desde el primer caso. Esa diferencia en tiempo para el control, significa un mayor deterioro de los servicios de salud y más dificultades para reanudar la actividad productiva. Por otra parte, la prolongación de la pandemia en unos pocos países también aumenta el riesgo para el resto.
La urgencia de la situación obliga a examinar las alternativas que pueden explorar los países. La premisa central para el control es el aumento de la distancia entre las personas. De esta manera se limita la posibilidad de que el virus se transmita. Para ello se requiere realizar el diagnóstico y colocar a las personas en aislamiento, y al mismo tiempo identificar los contactos que requieran cuarentena. Los sistemas de salud que estén en capacidad de realizar estas tareas sin medidas más rigurosas, pueden controlar la pandemia más rápidamente y con menores costos productivos.
El caso anterior es justamente el de Corea del Sur. De acuerdo con el Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP), elaborado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, Corea del Sur requirió un IRP promedio de 36 (el máximo es 100) para alcanzar el control. Es por ello que no se implementaron medidas de confinamiento nacional. En América Latina, Costa Rica, por ejemplo, también ha logrado el control, aunque con un IRP mayor (80) al de Corea del Sur. En este grupo también se puede incluir a Uruguay. Es claro que en estos dos países las capacidades instaladas en los sistemas de salud juegan un papel preponderante.
Cuando la institucionalidad del sistema de salud no facilita adecuadamente las actividades de diagnóstico, aislamiento, cuarentena y detección de contactos, entonces la tasa de crecimiento de los casos puede ocasionar una demanda desproporcionada sobre los servicios. Es en esa circunstancia cuando se deben considerar las medidas más rigurosas. Esta es la situación que afectó a la gran mayoría de los sistemas de salud de la región. De allí que en muchos se ellos se alcanzaran niveles muy altos de rigurosidad de políticas. De acuerdo con las últimas mediciones del IRP mencionado, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú tienen altos niveles de rigurosidad (valores superiores a 90), de manera que es poco factible implementar medidas más estrictas, aunque tampoco han logrado el control.
La coexistencia de altos niveles de rigurosidad de políticas sin alcanzar el control, indica que la reducción del distanciamiento de las personas, sea por la limitación de la actividad productiva, educativa o social, no está cumpliendo los objetivos propuestos. Es bastante obvio que, en países con altos grados de informalidad, las personas deben salir de las viviendas para procurar los recursos para la subsistencia. Esta es la lógica que fundamenta que para limitar la movilidad de las personas se debe garantizar la protección del ingreso, vía la asignación directa de recursos a las familias.
De acuerdo con la información disponible para el análisis comparado de países, en el sitio web de la Escuela Blavatnik, la gran mayoría de los países de la región aprobaron mecanismos de transferencia de ingresos para aquellos que perdieran el empleo, para los que no tuvieran empleo al momento de iniciar la pandemia, y para los trabajadores en el sector informal. Solo Haití, México, Nicaragua y Venezuela no implementaron estos mecanismos de protección social de corto plazo. Ahora bien, en el resto de los países, con la excepción de Honduras, el monto de la asignación de recursos es inferior al 50% del salario mensual promedio. Es bastante claro que, en estas circunstancias, las personas tienen mayor incentivo para no cumplir estrictamente el confinamiento.
El incremento sostenido de los casos de covid-19 está asociado, en consecuencia, con la imposibilidad de garantizar los ingresos requeridos por las familias. No existe información hasta la fecha sobre las dificultades derivadas de poner en marcha programas de esta naturaleza en tan corto tiempo, y si efectivamente están siendo recibidos por las personas en mayor necesidad. Todo lo cual implica que el control efectivo de la pandemia en las próximas semanas requiere considerar si es posible ampliar esos montos, al menos en el mes en curso. Habría que agregar, dentro de las dificultades, el desgaste y cansancio experimentado por las familias en un confinamiento que más bien habría que prolongar. El efecto que tiene este estado de ánimo de la población es un aspecto que debe ameritar especial consideración por parte de los gobiernos.
En América Latina era bastante conocida la debilidad de los sistemas de protección social, fundamentalmente para identificar riesgos individuales y familiares. Lo que la pandemia ha puesto en evidencia, por la rapidez de los acontecimientos, es la notable debilidad de los gobiernos para responder rápidamente con la calidad requerida, pero también con los recursos fiscales necesarios para programas de protección social de corto plazo. El curso en las próximas semanas estará determinado por la capacidad para tomar medidas audaces, expresadas en recursos suficientes, que permitan alcanzar el control. De lo contrario, en muchos países de la región, aumentará lamentablemente la severidad de la pandemia.
Politemas, Tal Cual, 3 de junio de 2020
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