Consecuencias de la autocratización de Estados Unidos

Estados Unidos experimenta una franca tendencia autocrática desde 2024. Esa es quizás una de las conclusiones más relevantes del último informe anual del proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicado la semana pasada con datos hasta el año 2025.

En el gráfico se muestran los valores del índice de Democracia Liberal (IDL) desde 1950 para cuatro países: Estados Unidos, Dinamarca (país del mundo con el valor más alto del IDL en 2025), Costa Rica (país de América Latina con el IDL más alto, y el séptimo del mundo), y Venezuela (una de las cinco autocracias de América Latina, con el segundo más bajo IDL de la región, y con el valor más bajo de IDL desde 1936). El IDL varía entre 0 y 1. Los países con IDL más bajos son autocracias, los países con IDL más altos corresponden a democracias plenas.

Estados Unidos: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1950-2025

     Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

El IDL de EEUU disminuyó de 0,75 en 2024 a 0,57 en 2025. Esto significó una caída de 27 puestos en el orden decreciente de los países según el valor del IDL. Es un retroceso de dimensiones históricas en la calidad de la democracia de EEUU, de hecho, es el mayor desde 1789 (año de inicio de las mediciones disponibles del IDL en (V-Dem).

Se señala también en el informe del (V-Dem) que durante la administración Trump el nivel de la democracia de EEUU ha regresado al que tenía en 1965 (fecha propuesta como la transición a la verdadera democracia). Se considera que la velocidad de este desmantelamiento no tiene precedentes en la historia moderna, es mayor que las regresiones autocráticas de Hungría, Rusia, Turquía, India y Serbia producidas en los últimos 25 años.

Las manifestaciones más nítidas de esta evolución autocrática se expresan en: (1) la agresiva concentración de los poderes de la presidencia, (2) la reducción de la protección de los derechos civiles, (3) el nivel de libertad de expresión es el más bajo desde finales de la II Guerra Mundial, (4) la ofensiva del gobierno contra las organizaciones opuestas a su agenda, y (5) las amenazas a la integridad de las elecciones de mitad de período (a realizarse en noviembre de este año).

Las consecuencias de este agudo y sistemático deterioro de la democracia de EEUU se extienden más allá de las fronteras del país. Afectan las relaciones con todos los actores globales comprometidos con la democracia, y son bastante visibles ya en la diversidad de conflictos globales en los cuales la influencia de EEUU es determinante.

En Venezuela las consecuencias también son relevantes. En la actualidad el país no solo tiene una autocracia consolidada a través de los últimos 27 años, sino que ahora también tiene el control de EEUU con una tendencia autocrática. Es bastante obvio que la tarea de redemocratización del país se hace más compleja en este contexto. Razón por demás para los sectores democráticos del país diseñen y pongan en práctica una estrategia que consolide un frente común para enfrentar estas nocivas prácticas autocráticas.

Politemas, Tal Cual, 25 de marzo de 2026

Dos gobiernos sin políticas ante la emergencia humanitaria

Venezuela tiene al menos diez años en emergencia humanitaria compleja. Esta situación significa un riesgo permanente para la vida y el bienestar de una gran cantidad de la población. La evolución de esta emergencia humanitaria compleja ha traído consecuencias desastrosas para las familias de millones de venezolanos. Puede decirse que para esa población no existe un problema más importante: se trata de la propia sobrevivencia, sin más.

La gravedad de esta situación ha requerido la intervención de múltiples organizaciones nacionales e internacionales. La afectación ha empeorado en muchos casos con el paso del tiempo por la irreversibilidad de muchos de estos efectos. No se necesitan más argumentos para reconocer que es un problema que requiere urgentemente políticas públicas efectivas y permanentes. Es la única forma de que esta situación pueda cesar.

Las políticas públicas deben ser diseñadas e implementadas con la participación de múltiples instancias, pero requieren en muchas de sus etapas la acción de los gobiernos nacionales. Desde el 3 de enero de este año Venezuela tiene dos gobiernos, el interino, y el de los Estados Unidos. Dada la envergadura de la emergencia humanitaria compleja lo deseable es que ambos gobiernos coordinen acciones para enfrentar efectivamente esta situación.

Lamentablemente, para ninguno de los dos gobiernos la emergencia humanitaria compleja es una prioridad. El gobierno de EEUU concentra su atención en la fase de estabilización. Que se refiere fundamentalmente a la estabilización del mercado petrolero. Prioridad mucho más loable si ella se reflejara directamente en los recursos necesarios para atender la emergencia humanitaria.

En el caso del gobierno interino, el seguimiento de las acciones reflejadas en la Gaceta Oficial hasta el 19 de febrero (último día de publicación) indica que no se ha aprobado ninguna acción relacionada con la atención de la emergencia humanitaria. Es así de claro y dramático.

Quizás la publicación del último informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre Venezuela puede ayudar para que ambos gobiernos coordinen esfuerzos.

Se señala en este informe que la respuesta humanitaria en Venezuela registró en 2025 el menor financiamiento de los últimos años. Sólo se recibieron 115 millones de dólares, equivalente al 19% de los requeridos (606 millones de dólares). Esto significa, según el informe, que el programa de atención humanitaria de Venezuela es uno de lo que tienen menos financiamiento en el mundo.

Cuando se analiza por rubros de atención, se señala en el informe que la seguridad alimentaria recibió menos del 25% de lo requerido. En salud, educación y protección contra la violencia basada en género y nutrición se recibió entre 13% y 19% de lo previsto. En agua, saneamiento, e higiene; protección de niñas, niños y adolescentes; y alojamiento, energía y enseres se recibió menos del 10% de lo requerido.

A pesar de estas severas limitaciones de financiamiento, se destaca en el informe la participación de 122 organizaciones (69 en el ámbito nacional y local) para apoyar con servicios a 2,1 millones de personas beneficiarias en todo el país (sobre una meta de 5,1 millones de personas a atender).

Tal como se indica en el informe, el problema actual es el financiamiento de la atención humanitaria en el año 2026 (ya transcurridos casi tres meses). Esta pregunta, la asignación de los recursos para el año en curso, debería formar parte de la agenda de coordinación de los dos gobiernos que tiene ahora Venezuela.

También debería considerarse en la agenda de interpelaciones que podrían realizar todas las bancadas representadas la Asamblea Nacional. Y también debe ser un eje de las acciones que realizan los sectores comprometidos con la transición inclusiva a la democracia en Venezuela.

La atención preferente a la emergencia humanitaria compleja del país es una excelente oportunidad para la cooperación efectiva entre ambos gobiernos, el parlamento, y los actores políticos y sociales. Esperemos que sea así.

Politemas, Tal Cual, 11 de marzo de 2026

Venezuela prefiere los acuerdos, así de claro

Si se concentra la atención en la opinión de los actores políticos más relevantes, las posibilidades de una transición inclusiva a la democracia en Venezuela no lucen nítidas. Más bien lo que se aprecia es la ausencia de espacios para el encuentro y el diálogo. Porque es evidente que la primera condición para la inclusión es que se aprecie que hay conversación, que hay interés por coincidir. Este contexto puede cambiar, esperemos que sea así.

Ahora bien, otra es la perspectiva cuando se conocen las opiniones de los ciudadanos sobre los acuerdos y el diálogo. Los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Venezuela permiten valorar con detalle estas percepciones. La encuesta se realizó de manera presencial en los meses de noviembre y diciembre de 2025 a través de una muestra representativa de 1.295 personas en todas las regiones del país.

El 63,5% de la población opina que los acuerdos entre actores con puntos de vista diferentes pueden funcionar. El reconocimiento de la efectividad de los acuerdos no es una idealización. La experiencia concreta de la evolución política de Venezuela demuestra que actores diferentes pudieron acordar en 1958, y que esos acuerdos se mantuvieron por un largo período. También es evidente que en las últimas décadas el acuerdo entre diferentes no ha sido la norma. Quizás por eso se valoran más los acuerdos.

Que un porcentaje tan alto de la población exprese que los acuerdos pueden ser efectivos es una notable demostración de la incorporación de esta práctica en la vida cotidiana de las personas. Solo el 20% opina que es mejor que uno de los puntos de vista se imponga sobre el otro. Demostración también de la vigencia de rasgos autoritarios en una parte significativa de la población.

Para casi el 70% de la población las vías preferidas para resolver las diferencias políticas son las institucionales. Dentro de ellas la mayoritaria es el diálogo y la negociación (50,4%). También son relevantes la movilización pacífica (10,4%), y los mecanismos institucionales (8,8%). Sólo el 12,4% considera que la mejor vía para resolver las diferencias es no hacer concesiones.

El 50,4% de la población manifiesta acuerdo con la importancia de mantener espacios de diálogo y negociación, incluso entre quienes piensan distinto, aunque eso signifique ceder en algunos puntos. Sólo el 13,6% manifiesta desacuerdo con los espacios de diálogo y negociación entre quienes piensen distinto.

Para una amplia mayoría (84,6% de la población), la resolución de conflictos debe realizarse a través del acuerdo. Sólo el 9,5% prefiere la confrontación.

Es bastante evidente que la expectativa de la gran mayoría de la población es que los acuerdos sean la vía para resolver las diferencias. También para la gran mayoría todos los sectores del país son importantes para la construcción de acuerdos.

La magnitud de la valoración que tiene la sociedad por los acuerdos tiene al menos dos implicaciones relevantes. Para los actores políticos la necesidad de reconocer la significación que le otorga la población a los acuerdos. Y para las organizaciones de la sociedad la importancia de promover la construcción de acuerdos. La confluencia de ambos esfuerzos podría contribuir a que se alcancen los acuerdos que requiere Venezuela para lograr la democracia plena y el bienestar.

Politemas, Tal Cual, 4 de marzo de 2026