Perdido en el espacio

Maduro casi cumple el mes de juramentado. Sumado a los años anteriores en el gobierno, nadie podría decir que es un novato. Fueron largas las horas en el anterior gobierno, oyendo, pero también tomando decisiones en su área de influencia. Además de ser Canciller, también fue Vicepresidente. Mucha responsabilidad y experiencia compartida para decir ahora que no conoce. Pero lo cierto del caso es que Maduro no parece tener la menor idea sobre las dimensiones de los problemas que confrontan los venezolanos. Y mucho menos de las soluciones.

Con respecto a la inseguridad, la “genial” idea de llenar las calles de soldados ya tiene su fracaso anticipado. El efecto será solamente para llamar la atención. Los problemas de fondo que caracterizan la inseguridad de los venezolanos quedarán sin mayor variación. Ante la mayor angustia de los ciudadanos, el gobierno ya da muestras de que seguiremos sin soluciones. Eso de traer a otros a resolver los problemas, en este caso a los militares, no es buen signo de las capacidades reales del gobierno.

Por si fuera poco lo anterior, Maduro también se ha estrenado con un completo desconocimiento sobre la escasez que está castigando sin clemencia a todos los sectores. Su interpretación es bastante simple, más bien, rudimentaria y prejuiciada. Según Maduro, la escasez es responsabilidad de los sectores productivos. Según él, los que quieren vender para tener ganancias, no lo hacen, solamente para “fregar” al gobierno. Todos los empresarios que tienen inversiones de años y con cientos de miles de empleados, según Maduro, se han puesto de acuerdo para no vender, y someter sus negocios a la posibilidad de quiebra. Esta “lógica” de Maduro no es menos que ridícula.

Luego, sigue Maduro, si los empresarios venezolanos son unos “masoquistas” que quieren acabar con sus negocios, entonces hay que “buscarlos” en el exterior. Y de allí que en los viajes de la semana pasada, el gobierno ofrece comprar cientos de miles de toneladas de alimentos a empresarios de otros países. Estos últimos empresarios, dice Maduro, si son “revolucionarios”. Se “sacrifican” para ayudar a los venezolanos.

Maduro, no queda duda, está completamente desubicado. Desconoce que este largo gobierno ha exterminado la capacidad productiva de la economía venezolana. Más del 95% de las divisas que obtenemos provienen de la venta de petróleo. Quince años atrás el 50% de las divisas provenían de la exportación de bienes industrializados. Todo eso lo acabó esta administración. Si a ello sumamos la política de agresiones contra la propiedad, y el control en materia de precios, tasa de cambio, salarios, entre otros, no es difícil explicar este panorama de escasez e inflación. Para todos estos problemas Maduro no tiene soluciones. Está definitivamente perdido.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2013

Autoritarismo en ascenso

El gobierno del presidente Chávez ha decidido avanzar con todo. Luego de la aprobación de la enmienda constitucional, incorporando la reelección indefinida, muchas “instituciones” han caído en la arremetida. Desde el fundamento constitucional del Estado Federal Descentralizado, pasando por los votos que llevaron a Antonio Ledezma a la Alcaldía Metropolitana, siguiendo con las violaciones al derecho de propiedad, y llegando (a finales de la semana pasada) a la propuesta de eliminación de reglas electorales como la representación proporcional de las minorías.

De manera que ya no se puede evadir lo que es una constatación clara. La pérdida de las capacidades democráticas en Venezuela, acentuada desde el inicio del actual gobierno, ha sido sistemática. Los impedimentos que la sociedad democrática ha colocado, han retrasado el frenesí autoritario, pero no lo han eliminado. Quizás sea hora de iniciar una reflexión política profunda sobre el tipo de gobierno que padecemos hoy los venezolanos.

Hace pocos años, en 2003, la profesora Marina Ottaway, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins publicó un libro sobre los denominados regímenes semi-autoritarios. El título del libro (Democracy Challenged) expresa como la democracia puede ser una ficción en algunos países. Especialmente en aquellos en los cuales las formas democráticas esconden su verdadera naturaleza. Esta ambigüedad no es fortuita, responde a las verdaderas intenciones de los gobernantes.

En el libro se considera a los regímenes semi-autoritarios como aquellos en los cuales coexiste una aceptación retórica de la democracia liberal, o al menos de algunas de sus instituciones (poderes públicos, partidos políticos, elecciones, entre otras), con rasgos marcados o tenues de autoritarismo. Destaca la autora, que no son regímenes en evolución a la democracia. Dicho de otra manera, un régimen semi-autoritario tiende a perpetuarse, a aumentar su duración por cualquiera de los canales a su disposición.

Muchos venezolanos de esta época, tanto los que están con el gobierno como los que lo adversan, saben con lujo de detalles como ha sido nuestra marcha, acelerada en las últimas semanas, para convertirnos de manera muy evidente en un régimen con grados mayores de autoritarismo. Ello se expresa, según la autora, en cuatro rasgos centrales.

El primero es la limitación que impone el régimen a la transferencia del poder. Nada más con la introducción de la posibilidad de reelección indefinida pareciera estar demostrado el punto. Por primera vez en casi cien años existe la posibilidad de que un gobernante venezolano esté en el poder más de veinte años. El segundo es la debilidad progresiva de las instituciones. Sólo con citar la dependencia de la Asamblea Nacional y la reversión de la descentralización, pareciera ilustrarse este aspecto.

El tercero, agravado en nuestro caso, es la ausencia de vínculos entre las reformas económicas y las políticas. Es decir, estos gobiernos pueden tener economías de mercado y ser autoritarios. En nuestro caso particular podemos tener una economía controlada y autoritarismo. Explicado mucho por la dependencia del petróleo. El cuarto rasgo es la limitación progresiva a la acción de la sociedad política y civil. Todo lo cual nos debe llevar a examinar con detalle cómo nacen y finalizan los regímenes de este tipo. Especialmente cuando sabemos que el nuestro ya no tiene otra obsesión que ser eterno.

Politemas, Tal Cual, 27 de mayo de 2009

Delirio en el Lago de Maracaibo

Tal parece que el gobierno del presidente Chávez decidió de una vez por todas asumir que la lucha es totalmente ideológica. Nos imaginamos que en el Alto Gobierno ya nadie le busca las “lógicas” a las decisiones. Se trata simplemente de adaptarse a la nueva ola de la “revolución”. En esta ola se impone sin restricciones todo lo que el pueblo venezolano rechazó en diciembre de 2007, cuando se propuso la reforma de la Constitución. Para muestra un botón.

Desde principios de esta semana las cosas han subido de tono en la Costa Oriental del Lago. Los trabajadores de las empresas expropiadas, hace pocos días como se recordará, decidieron realizar protestas. La razón: argumentan deterioro en las condiciones laborales de 16.000 obreros petroleros que se encontraban en la nómina de 75 empresas expropiadas por el gobierno.

Todo esto sucede a menos de dos semanas de la llamada “toma del Lago de Maracaibo”. Quizás con mucha nostalgia, porque se hubiera querido hacer en ambiente más digno de películas de guerra y marina, a plena luz del día y encabezado por el propio Presidente de la República, se procedió a tomar “control” de decenas de empresas que prestaban servicios de todo tipo en la principal industria nacional. Muchas de estas empresas tenían décadas de experiencia, e incluso muchas de ellas prestaban servicios en áreas de gran complejidad tecnológica.

Pero el “socialismo del siglo XXI” no entiende estas razones. En su visión, el único empleador debe ser el Estado. El trabajo es una “concesión” que se otorga a los ciudadanos que asuman las reglas de juego de la llamada “revolución”. Si aceptas a tus gobernantes y le rindes la pleitesía debida, entonces podrás disfrutar de los “beneficios” de todas las empresas públicas que tendremos en el país.

Lo anterior es más fácil decirlo que hacerlo, y menos en una sociedad tan internacionalizada como la venezolana. El gobierno prometió que en un “primer momento” asumiría 8.000 trabajadores. Ahora los trabajadores se quejan de que sólo se ha absorbido a 300 de ellos. Otros trabajan y no le pagan. A otros les pagan sólo el salario básico.

No queda dudas, entonces. Lo que vimos en vivo y en directo en la llamada “toma del Lago de Maracaibo” no es otra cosa que la manifestación de un gobierno en fase delirante. En máxima expresión de la pérdida de la mínima noción de realidad. No entiende que las complejidades de una industria como la petrolera no pueden atender a caprichos ideológicos. Es muy probable que nadie haya estimado en detalle las consecuencias financieras, técnicas, operativas, que conllevaría la expropiación de tales empresas. Ya muchas de las consecuencias no previstas están allí, en frente de nosotros.

Hay otra fase más grave en este delirio. Tiene que ver con la propia sostenibilidad de la “revolución bonita”. No queda ninguna duda de que el gobierno apuesta todo lo que tiene a su carta más preciada: el precio del petróleo. Asume que se puede seguir manteniendo a toda la sociedad, y especialmente la voracidad del gasto público, a través de las exportaciones petroleras.

Si lo anterior es cierto, ¿cómo explicar entonces que sea el propio gobierno quien estimule el temor de las empresas nacionales e internacionales que tienen capacidad para las actividades de producción, exploración y gerencia de la industria? ¿Por qué eliminarlas del mapa a través de las expropiaciones? ¿Por qué ahuyentarlas del país a través de las restricciones a la propiedad? Tal parece que el delirio y el arte de gobernar no se llevan muy bien.

Politemas, Tal Cual, 3 de junio de 2009

La génesis del autoritarismo

Ya pareciera haber un gran consenso sobre la naturaleza autoritaria del actual gobierno. En los últimos diez años la élite gobernante ha reducido, sin muchos miramientos, las capacidades democráticas de la sociedad venezolana. Salir de este autoritarismo supone un gran esfuerzo unitario. Como el que está en marcha. También requiere conocer las causas que lo produjeron. Para no repetirlas. Una mirada a las experiencias pasadas nos puede ayudar.

Se ha comparado este gobierno con el que encabezó Velasco Alvarado en Perú (1968-1975). Políticas implementadas por la actual administración lo asemejan bastante. En ambos casos la entrada del autoritarismo se da por falta de acuerdos en el orden político. En el caso peruano, se desencadena un golpe militar. En el nuestro, la vía de entrada son las elecciones de 1998. Veamos.

El presidente peruano Fernando Belaúnde Terry fue electo en junio de 1963, con 39% de los votos. Fue un margen pequeño. De hecho, no obtuvo la mayoría en el parlamento. El gobierno no consiguió aliados para alcanzar la mayoría. El Apra era rechazado por los militares. Tampoco podía aliarse con los partidarios del dictador Odría. El gobierno se quedó solo. Sin embargo, sus adversarios políticos conforman la llamada Coalición Apra-Odría.

A pesar de ello, en los primeros meses de gobierno, Belaúnde ratifica su intención de cumplir algunas de sus más importantes promesas electorales: nacionalización de la Caja de Depósitos y Consignaciones, la cual era una agencia privada a cargo del cobro de impuestos, la reforma agraria y el traspaso de 300.000 hectáreas (la hacienda de Algolán) a campesinos. Estas medidas aumentaron la popularidad de Belaúnde y de su partido Acción Popular. Hasta el punto de ganar las elecciones municipales de diciembre de 1963 con 49% de los sufragios. La popularidad del gobierno aumentó aún más con la creación de la Cooperación Popular, especie de alianza de estudiantes y campesinos.

No todo fue tan positivo. La oposición al gobierno bloqueó la reforma agraria en el Congreso y exigió la represión de los campesinos que habían ocupado tierras. También la Coalición eliminó los fondos para financiar a la Cooperación Popular. Para colmo, el gobierno fue incapaz de resolver el viejo litigio con la International Petroleum Company (IPC). El gobierno de Estados Unidos amenazó con cortar la ayuda económica a Perú si se procedía a la nacionalización de la IPC.

La inestabilidad del gobierno fue agravada por la crisis fiscal de 1966. La devaluación se hizo obligatoria. Acusaciones de corrupción por el manejo de las divisas hicieron tambalear al gobierno. Ante la posibilidad de que se produjera un golpe militar, un sector aprista se alió con un sector del belaundismo. Se constituye un nuevo gabinete con esta alianza. Sin embargo, la consecuencia directa fue la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas.

El error del gobierno al llegar a un acuerdo con la International Petroleum Company, según el cual se obligaba a la empresa estatal a venderle todo el petróleo para sus refinerías, ocasionó protestas masivas de trabajadores.

El resultado final fue el golpe de estado encabezado por Velasco Alvarado a mediados de 1968. Al igual que en nuestro caso, la imposibilidad de los actores políticos para acordar sobre puntos centrales de la agenda pública abrieron el cauce a la experiencia autoritaria. Es bueno no olvidarlo. En próxima entrega analizaremos las consecuencias de esta falta de acuerdos para la sociedad peruana.

Politemas, Tal Cual, 10 de junio de 2009

Obama contra el sistema

Para un Presidente que tiene una lista interminable de problemas que enfrentar, debe ser difícil acometer la reforma del sistema de salud con viento en contra. El presidente Obama hizo de la cobertura universal de la salud un gran tema de su campaña. Para más de cincuenta millones de personas en los Estados Unidos la cobertura de servicios de salud es una mera ilusión.

Estados Unidos tiene el peor sistema de salud del mundo desarrollado. Es una verdad aceptada en círculos académicos y políticos. En el centro de las deficiencias del sistema de salud de los Estados Unidos está la manera de financiarlo. Al contrario de muchos países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un seguro de salud para toda la población. Es decir, no tiene previsiones para atender las contingencias de salud de toda la población.

En países como Inglaterra, España, Italia, sólo por nombrar algunos, el financiamiento de la salud se hace con cargo a los impuestos generales. Se define un conjunto de servicios, expresados en número y tipos de consultas, servicios de atención primaria, secundaria, terciaria, medicamentos, recursos diagnósticos. El total de estos costos son financiados con los impuestos de cada año y los recursos son aprobados por el respectivo parlamento. Las personas pueden contratar seguros por encima de la cuota financiada por el seguro público, pero esto lo hace un porcentaje pequeño de la población.

En Estados Unidos no existe tal previsión. De manera que la incorporación al seguro de salud depende de la afiliación laboral, de la edad, o de la condición social. Es por ello que hay seguros de salud que financian las empresas parcial o totalmente. También hay seguros públicos para las personas mayores de 65 años. O para los estratos más pobres. De manera que si una persona no está trabajando, o es menor de 65 años, o no pertenece al sector más pobre, es muy posible que termine sin ninguna cobertura de seguros de salud.

Modificar esta situación requiere considerar opciones para fortalecer el financiamiento público, es decir, con nuevos gastos para los cuales debe haber los respectivos recursos, o la aprobación de mecanismos de financiamiento con la participación de terceros, por ejemplo empresas pequeñas o trabajadores por cuenta propia. Estas opciones son totalmente ajenas a la estructura del sistema de salud de Estados Unidos. Todo lo que signifique mayor intervención pública es rechazado en líneas generales. El “status quo” en el cual participan empresas aseguradoras y prestadores privados es bastante difícil de reformar.

Esa fue la experiencia de la reforma emprendida a principios del gobierno de Clinton, liderada por la Primera Dama de la época, ahora Secretaria de Estado. La reforma no pudo ser aprobada. Luego de 16 años el presidente Obama insiste en el punto. Su estrategia pasa por aumentar el financiamiento público de la salud para financiar seguros privados, obligar a las grandes empresas a financiar los seguros de sus empleados o el seguro público, hacer obligatorio la cobertura de seguro de los niños, entre otras medidas.

La propuesta del presidente Obama sufre los embates del sistema. Ha tenido que tomar otras medidas que son interpretadas por muchos ciudadanos como muestras de una mayor intervención del Estado, tales como los recursos para la crisis financiera o el control de las empresas fabricantes de vehículos. En tales condiciones, las posibilidades de aprobar su reforma dependerán de su capacidad de liderazgo y presión política. Nada fácil la tarea.

Politemas, Tal Cual, 17 de junio de 2009

El espejismo de Zelaya

Algo ha tenido que fallar en el cálculo de José Manuel Zelaya. Su abrupta salida de la Presidencia de Honduras, ejecutada a través de un golpe de Estado, en la oscuridad de la noche y violando los procedimientos institucionales, debe ser rechazada por los sectores democráticos. La consecuencia de ello es regresar a los penosos tiempos en que los militares se constituían en actores dominantes en nuestros países.

La suma de eventos ha llevado a una seria alteración del curso institucional en el país centroamericano. La más grave en casi una década en la Región. Razón de peso para identificar las posibles causas, especialmente porque algunas de ellas podrían encontrarse más difundidas de lo que se supone.

Hace menos de un mes, con ocasión de celebrarse la Asamblea General de la OEA en San Pedro de Sula, el presidente Zelaya reconocía que Honduras “se ha convertido en la economía más dinámica de Centroamérica, hemos obtenido tasas de crecimiento en 2006 y en 2007 de más de 6,3 y 6,7% (respectivamente)…”. Más adelante, señalaba los esfuerzos realizados por Honduras para mejorar su competitividad. Mencionó el último informe del World Economic Forum en el cual se indicaba que el país había ascendido 15 puestos en la escala de competitividad. Como si fuera poco, indicaba que en el país se había reducido la pobreza en los dos primeros años de su gobierno.

Y es acá donde aparece lo llamativo. Luego de todos esos éxitos, el gobierno de Zelaya decide sumarse a la Alternativa Bolivariana (ALBA), y asumir los postulados del Socialismo del Siglo XXI. El Congreso de la República aprobó el ingreso al ALBA, no sin dejarse colar el rechazo de sectores políticos y empresariales.

La ganancia no era nada desdeñable. Al ingresar al ALBA, Honduras hace más méritos para contar con 400 millones de dólares anuales de petróleo en las mejores condiciones. Para un país con grandes requerimientos energéticos el trato no es nada malo. Pero tal acuerdo tenía su contrapartida. Los “grandes” del ALBA ahora podrían contar con un aliado más.

Es poco probable que Zelaya haya descifrado con precisión los riesgos que corría. Empezó a hablar de una especie de “liberalismo socialista”. Algo así como una cuadratura del círculo que le permitiera superar las críticas. Para tranquilizar al sector privado, del cual había sido un conspicuo exponente en el pasado, señaló “queremos una empresa privada y un sector privado que comparta sus ingresos con los trabajadores, que genere riquezas para que Honduras se desarrolle”.

El espejismo de Zelaya fue notorio. Creyó que en el Socialismo del Siglo XXI es posible un sector privado productivo. Una mirada en detalle de la economía venezolana le hubiera dado una mejor idea. Para muchos sectores de su país la película está más clara. No en balde, los ciudadanos de Honduras son, luego de los dominicanos, los que más admiran a los Estados Unidos. Basta con ver las remesas que reciben de sus compatriotas en el exterior. Poca cabida para el socialismo en ese contexto.

Para completar el espejismo, Zelaya pensó que podía ser un ·reformador” del sistema hondureño, que podía llevar su país a la “tierra prometida”. Por ello el empeño en la Asamblea Constituyente. No tomó en cuenta que su gobierno es el segundo menos aprobado en la Región. Menos del 30% de los ciudadanos favorece su conducción. Poco espacio entonces para ser el “salvador” del sistema con una fachada socialista. Las consecuencias de tal espejismo no sólo las sufre Zelaya, también el pueblo hondureño. Esperemos que por poco tiempo.

Politemas, Tal Cual, 1 de julio de 2009

La negligencia de la OEA

Ya podemos estar “tranquilos”. La Asamblea Permanente de la OEA concluyó que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio. Además, como consecuencia de la negativa del gobierno de Micheletti a restituir a Zelaya, aprobó (por unanimidad) la suspensión del Estado de Honduras.

De lo anterior se deduce que la OEA sabe reconocer un golpe de Estado. Después que ocurre, claro está. En esto se parece mucho al ciudadano de a pie, especialmente al sur de Río Grande, que en la mañana del domingo 28 se enteró de que el presidente Zelaya había sido sacado de su residencia en la madrugada, por un comando de efectivos militares, y llevado a Costa Rica en un avión. El ciudadano de a pie llegó a la misma conclusión que la OEA: acá tenemos un golpe de Estado.

Ahora bien, no es suficiente con diagnosticar el problema cuando ya está “de bulto”. El problema es diagnosticar con anticipación. Lo que llaman “política preventiva”. En este caso, las consecuencias las sufre el pueblo de Honduras: está reducido su comercio, afectadas las inversiones y los préstamos internacionales, disminuido el turismo, sus estudiantes sin clases, y con muchas preocupaciones.

La pregunta que debe contestar la OEA es si hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar esta ruptura institucional. En la página web de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está el relato de los hechos. Allí se indica que la propuesta del presidente Zelaya, para proceder a una consulta, fue suspendida por el Juzgado Contencioso Administrativo el 27 de mayo. Dos días más tarde, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Contencioso aclara que la suspensión abarca tanto los actos tácitos o expresos, y cualquier cambio de denominación que se incorpore. El 1 de junio la Corte de Apelaciones decidió por unanimidad rechazar el amparo introducido por el presidente Zelaya. También se señala que el Presidente fue notificado tres veces para que se abstuviera de contravenir las decisiones judiciales.

También se informa sobre la orden a las Fuerzas Armadas para que decomisaran el material electoral, así como sobre la solicitud de juicio al presidente Zelaya (presentada el 25 de junio) por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Además, se informa sobre la comunicación enviada a todos los Presidentes de las Cortes Supremas de Centroamérica detallando estas actuaciones.

Todo esto era público y notorio. Es obvio que la delegación de la OEA en Tegucigalpa lo conocía. Se sabía que era probable un “choque de trenes”. Esas son las situaciones que pueden afectar el proceso político institucional democrático, tal como se señala en el artículo 18 de la Carta Interamericana.

Ese artículo también faculta al Secretario General y al Consejo Permanente, previo consentimiento del gobierno afectado, para que realice visitas y gestiones para resolver la crisis. ¿Se comunicó el Secretario General con el presidente Zelaya? ¿Se propuso para visitar el país y ayudar? Si lo hizo y no fue aprobado por Zelaya, ¿se comunicó con otros presidentes para que intercedieran? ¿Puede informar el Secretario General sobre sus intentos? Más aún, ¿por qué no se incluyó en la resolución del 26 de junio (dos días antes del golpe) que el Secretario General viajara inmediatamente a Honduras? Quizás dialogar con los actores hubiera evitado la crisis. La OEA fue negligente. No enfrentó con decisión los eventos. Los venezolanos sabemos mucho de esto. Es la misma negligencia que llevó al alcalde Ledezma a la huelga de hambre.

Politemas, Tal Cual, 8 de julio de 2009

Petroimperialismo

Todo el que conozca un poco de Honduras sabe el impacto que significan 1.000 millones de dólares para su población. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Honduras sólo supera a Bolivia, Guatemala y Haití. De manera que el efecto de más de dos semanas de inestabilidad política y restricciones comerciales no son buenas noticias para los hondureños, especialmente si nos referimos a la población en pobreza extrema, casi el 15% de la población total.

Esos 1.000 millones de dólares es el monto estimado en los proyectos que tienen financiamiento multilateral, como los del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, por mencionar sólo estas instituciones, así como los relacionados con la cooperación bilateral con Brasil para temas ambientales. Esta cooperación ha sido paralizada producto de la suspensión acordada por la OEA.

Honduras ha sido el escenario más reciente en el cual se ha expresado el alcance de una corriente expansionista en América Latina. Con la consigna del Socialismo del Siglo XXI, se ha repetido la fórmula venezolana, esto es, llegada al poder por elecciones, cambios institucionales producto de procesos constituyentes con poca consideración por los sectores opositores, eliminación del equilibrio de poderes, disminución de los mecanismos de transferencia de poder, entre otros aspectos.

Que la fórmula se haya acogido en otros países, como Bolivia y Ecuador, está fundamentado en el rol del petróleo como moneda de cambio en esta modalidad de imperialismo. El petróleo, si es utilizado sin mayores cortapisas, genera dependencia en los aliados. Petróleo barato es el anzuelo para mayores compromisos. Muchos de ellos políticos y diplomáticos. Es el petroimperialismo, muchas veces descarado, otras veces encubierto. Con la misión de copar el mayor espectro de influencia en la región. No otra es la función de Petrocaribe: darle soporte financiero a la estructura política representada por la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA).

Honduras era una “ficha” atractiva en ese tablero petroimperial. Hubiera sido el primer país centroamericano que aprobara una constituyente con estos objetivos. De allí la importancia asignada a la consulta de la cuarta urna y todo el apoyo otorgado, tanto político, como financiero y logístico. Claro está, las presenciales petroimperiales también tienen sus opositores. Para muchos latinomericanos no es “buen negocio” pasar del imperialismo del Norte, al petroimperialismo tropical liderado por el presidente Chávez. El rechazo a estas posiciones está en el fondo de la crisis hondureña de la actualidad. La complejidad de estos hilos hace suponer que no será fácil ni rápida la solución.

Politemas, Tal Cual, 15 de julio de 2009

¿Cómo triunfó la Unidad en Perú?

Hace diez años Fujimori era el hombre fuerte de Perú. Su gobierno puede catalogarse como semi-autoritario. El último en América Latina antes de la aparición del gobierno del presidente Chávez. Fujimori creó un sistema de miedo. Persiguió a los medios de comunicación que le hacían oposición. Con la complacencia de los militares reprimió la disidencia. Muchos peruanos tuvieron que salir al exilio. Como tantos otros gobiernos autoritarios, su fin era mandar para siempre.

Todo eso lo sabían los sectores democráticos del Perú. Enfrentar la dictadura, como era reconocido el gobierno dentro y fuera del país, exigía un gran esfuerzo de concertación. La política de Perú ha tenido de todo. Desde gobiernos civiles con amplias libertades, hasta experimentos precursores del socialismo del siglo XXI, como el de Velasco Alvarado. También ha tenido partidos destacados, algunos de ellos pioneros en América Latina.

Los políticos peruanos opuestos a Fujimori sabían que la lucha por la recuperación de la democracia requería sentarse y acordar. Experiencia no muy frecuente en Perú. Algunas veces los conflictos entre sus sectores políticos terminaban dando al traste con la institucionalidad. Fujimori era una demostración de ello.

Es así como se dispusieron a acordar. El 25 de noviembre de 1999 se firma en Lima el llamado Acuerdo de Gobernabilidad. Fue suscrito por los líderes de los partidos políticos y movimientos democráticos de Perú, a saber: Democracia y Solidaridad, Perú Posible, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Movimiento Unión por el Perú, Movimiento Perú Ahora, Unión Demócrata Cristiana, Movimiento por la Democracia, Convergencia Democrática (CODE), Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, Partido Unificado Mariateguista, y el Partido Popular Cristiano. Entre los firmantes del Acuerdo de Gobernabilidad estuvieron Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, primeros presidentes luego de la restauración de la democracia en Perú.

Los puntos del Acuerdo eran pocos, pero fundamentales. En primer lugar, una propuesta de gobierno democrático de unidad nacional. Ante la división generada por el fujimorismo, se proponía inclusión, respeto a la disidencia, rescate de las libertades públicas, apertura. Ante los desmanes de una política neoliberal, se propone una política económica que promueva el empleo de calidad. Ante la desprotección de vastos sectores de menores ingresos, se contrapone una política social que enfatice la inversión en capital humano. Ante la concentración de poder del gobierno de Fujimori, se propone la descentralización. Estos fueron los grandes acuerdos.

Los firmantes del acuerdo se comprometieron a respetarlo y garantizar que quien fuera a dirigir el gobierno que sucediera a Fujimori, debería llevar a la práctica estas grandes líneas de acción. Poco menos de un año después Fujimori renunció a la presidencia de Perú. El gobierno del presidente Toledo, basado en la experiencia del Acuerdo de Gobernabilidad, convoca en 2001 al llamado Acuerdo Nacional. A mediados de 2002 se firma dicho Acuerdo con la representación de amplios sectores de la vida política, social y económica peruana.

A diez años del Acuerdo de Gobernabilidad, Perú es un país diferente. Se ha convertido en una de las economías más pujantes de América Latina. Persisten rezagos y dificultades. Pero la vitalidad de la política peruana es reconocida por propios y extraños. Sin lugar a dudas que los acuerdos de 1999 tienen mucho que ver con esto. Ejemplo cercano, ya se avanza para imitarlo.

Politemas, Tal Cual, 22 de julio de 2009

La "revolución" echa el resto

El gobierno le teme al año 2010. No le falta razón. Dentro de cinco meses las tensiones económicas serán mucho mayores. Los desequilibrios acumulados, tanto en el mercado cambiario, como en el ritmo inflacionario, así como la fragilidad de las cuentas fiscales, presagian tormentas significativas. Todo ello agravado por el deterioro que ya se siente en el mercado laboral, no hablemos de lo que tendremos a final de año. Para remate, las noticias sobre los programas de protección social del gobierno indican caída de la cobertura real y de los recursos asignados si lo comparamos con el año 2008.

Por si fuera poco, la imagen internacional del gobierno ha quedado bastante maltrecha después de los sucesos de Honduras. Ya nadie duda de la intervención directa y sistemática del Petroimperio en este país centroamericano. Para muchos gobiernos de la región ha quedado muy claro que la “revolución” venezolana se las trae. Es capaz de movilizar recursos y voluntades para aumentar su expansión. También para muchos ha sido evidente que en Venezuela tenemos un franco proceso de deterioro democrático. Lo más grave es que se quiera imponer en otros países un modelo que conduce a gobiernos autoritarios y excluyentes.

Todo lo anterior ha deteriorado aún más al gobierno. Para la mayoría de los venezolanos ya la preocupación es más que significativa. El rechazo a los postulados socialistas, a las confiscaciones de la propiedad privada, a la creciente apropiación de medios por parte del gobierno, a la limitación de la participación política, son mucho más frecuentes que un año atrás. Para muchos venezolanos este gobierno ha dejado de ser una mala gestión, a secas. Ahora es un gobierno autoritario que quiere mantenerse a toda costa en el poder, sin mayor consideración que los intereses de la élite dominante.

En tal contexto el gobierno ha examinado sus opciones. Disminuir las tensiones con una relativa apertura ha debido descartarse muy rápidamente. El gobierno sabe que tiene que radicalizar sus posiciones. No se ha transitado todo este camino para no llegar a la meta, dicen. Se trata de alcanzar todas las aspiraciones de una “revolución” del Socialismo del Siglo XXI. Se trata de dominar completamente a todos aquellos que se opongan. Se trata de consolidar una “revolución” eterna. Sin mayores contemplaciones.

De manera que el escenario está servido para una aceleración de la marcha del llamado “proceso”. El objetivo es llegar al 2010 habiendo tomado control de instituciones claves para imponer una sola voz, una sola obediencia. Es por ello que las baterías están enfiladas contra la educación, contra los medios de comunicación, contra los derechos de propiedad, contra la inversión privada. En cinco meses se aspira imponer todo aquello que no haya podido imponerse hasta la fecha. De allí la nueva Habilitante que seguramente será aprobada en los próximos días.

Lo que no calcula el gobierno es que la “epoyeya” que quiere iniciar sólo tiene eco en un pequeño círculo de incondicionales, cercanos al poder, pero muy alejados de la gente. Para la inmensa mayoría de los venezolanos la arremetida es una prueba más de que el actual gobierno se ha quedado sin banderas, ha perdido la calle, corre a refugiarse en sus últimos bastiones. En las propias filas del oficialismo hay conciencia de que la “revolución” es hoy más débil que nunca. No tiene argumentos, sólo la desesperación de saber que tiene que apurar la marcha, de que lo que ha “consolidado” es una mera ilusión. La “revolución” echa el resto cuando no le queda nada.

Politemas, Tal Cual, 29 de julio de 2009.