Ya podemos estar “tranquilos”. La Asamblea Permanente de la OEA concluyó que en Honduras hubo un golpe de Estado el 28 de junio. Además, como consecuencia de la negativa del gobierno de Micheletti a restituir a Zelaya, aprobó (por unanimidad) la suspensión del Estado de Honduras.
De lo anterior se deduce que la OEA sabe reconocer un golpe de Estado. Después que ocurre, claro está. En esto se parece mucho al ciudadano de a pie, especialmente al sur de Río Grande, que en la mañana del domingo 28 se enteró de que el presidente Zelaya había sido sacado de su residencia en la madrugada, por un comando de efectivos militares, y llevado a Costa Rica en un avión. El ciudadano de a pie llegó a la misma conclusión que la OEA: acá tenemos un golpe de Estado.
Ahora bien, no es suficiente con diagnosticar el problema cuando ya está “de bulto”. El problema es diagnosticar con anticipación. Lo que llaman “política preventiva”. En este caso, las consecuencias las sufre el pueblo de Honduras: está reducido su comercio, afectadas las inversiones y los préstamos internacionales, disminuido el turismo, sus estudiantes sin clases, y con muchas preocupaciones.
La pregunta que debe contestar la OEA es si hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar esta ruptura institucional. En la página web de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está el relato de los hechos. Allí se indica que la propuesta del presidente Zelaya, para proceder a una consulta, fue suspendida por el Juzgado Contencioso Administrativo el 27 de mayo. Dos días más tarde, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Contencioso aclara que la suspensión abarca tanto los actos tácitos o expresos, y cualquier cambio de denominación que se incorpore. El 1 de junio la Corte de Apelaciones decidió por unanimidad rechazar el amparo introducido por el presidente Zelaya. También se señala que el Presidente fue notificado tres veces para que se abstuviera de contravenir las decisiones judiciales.
También se informa sobre la orden a las Fuerzas Armadas para que decomisaran el material electoral, así como sobre la solicitud de juicio al presidente Zelaya (presentada el 25 de junio) por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Además, se informa sobre la comunicación enviada a todos los Presidentes de las Cortes Supremas de Centroamérica detallando estas actuaciones.
Todo esto era público y notorio. Es obvio que la delegación de la OEA en Tegucigalpa lo conocía. Se sabía que era probable un “choque de trenes”. Esas son las situaciones que pueden afectar el proceso político institucional democrático, tal como se señala en el artículo 18 de la Carta Interamericana.
Ese artículo también faculta al Secretario General y al Consejo Permanente, previo consentimiento del gobierno afectado, para que realice visitas y gestiones para resolver la crisis. ¿Se comunicó el Secretario General con el presidente Zelaya? ¿Se propuso para visitar el país y ayudar? Si lo hizo y no fue aprobado por Zelaya, ¿se comunicó con otros presidentes para que intercedieran? ¿Puede informar el Secretario General sobre sus intentos? Más aún, ¿por qué no se incluyó en la resolución del 26 de junio (dos días antes del golpe) que el Secretario General viajara inmediatamente a Honduras? Quizás dialogar con los actores hubiera evitado la crisis. La OEA fue negligente. No enfrentó con decisión los eventos. Los venezolanos sabemos mucho de esto. Es la misma negligencia que llevó al alcalde Ledezma a la huelga de hambre.
De lo anterior se deduce que la OEA sabe reconocer un golpe de Estado. Después que ocurre, claro está. En esto se parece mucho al ciudadano de a pie, especialmente al sur de Río Grande, que en la mañana del domingo 28 se enteró de que el presidente Zelaya había sido sacado de su residencia en la madrugada, por un comando de efectivos militares, y llevado a Costa Rica en un avión. El ciudadano de a pie llegó a la misma conclusión que la OEA: acá tenemos un golpe de Estado.
Ahora bien, no es suficiente con diagnosticar el problema cuando ya está “de bulto”. El problema es diagnosticar con anticipación. Lo que llaman “política preventiva”. En este caso, las consecuencias las sufre el pueblo de Honduras: está reducido su comercio, afectadas las inversiones y los préstamos internacionales, disminuido el turismo, sus estudiantes sin clases, y con muchas preocupaciones.
La pregunta que debe contestar la OEA es si hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar esta ruptura institucional. En la página web de la Corte Suprema de Justicia de Honduras está el relato de los hechos. Allí se indica que la propuesta del presidente Zelaya, para proceder a una consulta, fue suspendida por el Juzgado Contencioso Administrativo el 27 de mayo. Dos días más tarde, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Contencioso aclara que la suspensión abarca tanto los actos tácitos o expresos, y cualquier cambio de denominación que se incorpore. El 1 de junio la Corte de Apelaciones decidió por unanimidad rechazar el amparo introducido por el presidente Zelaya. También se señala que el Presidente fue notificado tres veces para que se abstuviera de contravenir las decisiones judiciales.
También se informa sobre la orden a las Fuerzas Armadas para que decomisaran el material electoral, así como sobre la solicitud de juicio al presidente Zelaya (presentada el 25 de junio) por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Además, se informa sobre la comunicación enviada a todos los Presidentes de las Cortes Supremas de Centroamérica detallando estas actuaciones.
Todo esto era público y notorio. Es obvio que la delegación de la OEA en Tegucigalpa lo conocía. Se sabía que era probable un “choque de trenes”. Esas son las situaciones que pueden afectar el proceso político institucional democrático, tal como se señala en el artículo 18 de la Carta Interamericana.
Ese artículo también faculta al Secretario General y al Consejo Permanente, previo consentimiento del gobierno afectado, para que realice visitas y gestiones para resolver la crisis. ¿Se comunicó el Secretario General con el presidente Zelaya? ¿Se propuso para visitar el país y ayudar? Si lo hizo y no fue aprobado por Zelaya, ¿se comunicó con otros presidentes para que intercedieran? ¿Puede informar el Secretario General sobre sus intentos? Más aún, ¿por qué no se incluyó en la resolución del 26 de junio (dos días antes del golpe) que el Secretario General viajara inmediatamente a Honduras? Quizás dialogar con los actores hubiera evitado la crisis. La OEA fue negligente. No enfrentó con decisión los eventos. Los venezolanos sabemos mucho de esto. Es la misma negligencia que llevó al alcalde Ledezma a la huelga de hambre.
Politemas, Tal Cual, 8 de julio de 2009
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