Para un Presidente que tiene una lista interminable de problemas que enfrentar, debe ser difícil acometer la reforma del sistema de salud con viento en contra. El presidente Obama hizo de la cobertura universal de la salud un gran tema de su campaña. Para más de cincuenta millones de personas en los Estados Unidos la cobertura de servicios de salud es una mera ilusión.
Estados Unidos tiene el peor sistema de salud del mundo desarrollado. Es una verdad aceptada en círculos académicos y políticos. En el centro de las deficiencias del sistema de salud de los Estados Unidos está la manera de financiarlo. Al contrario de muchos países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un seguro de salud para toda la población. Es decir, no tiene previsiones para atender las contingencias de salud de toda la población.
En países como Inglaterra, España, Italia, sólo por nombrar algunos, el financiamiento de la salud se hace con cargo a los impuestos generales. Se define un conjunto de servicios, expresados en número y tipos de consultas, servicios de atención primaria, secundaria, terciaria, medicamentos, recursos diagnósticos. El total de estos costos son financiados con los impuestos de cada año y los recursos son aprobados por el respectivo parlamento. Las personas pueden contratar seguros por encima de la cuota financiada por el seguro público, pero esto lo hace un porcentaje pequeño de la población.
En Estados Unidos no existe tal previsión. De manera que la incorporación al seguro de salud depende de la afiliación laboral, de la edad, o de la condición social. Es por ello que hay seguros de salud que financian las empresas parcial o totalmente. También hay seguros públicos para las personas mayores de 65 años. O para los estratos más pobres. De manera que si una persona no está trabajando, o es menor de 65 años, o no pertenece al sector más pobre, es muy posible que termine sin ninguna cobertura de seguros de salud.
Modificar esta situación requiere considerar opciones para fortalecer el financiamiento público, es decir, con nuevos gastos para los cuales debe haber los respectivos recursos, o la aprobación de mecanismos de financiamiento con la participación de terceros, por ejemplo empresas pequeñas o trabajadores por cuenta propia. Estas opciones son totalmente ajenas a la estructura del sistema de salud de Estados Unidos. Todo lo que signifique mayor intervención pública es rechazado en líneas generales. El “status quo” en el cual participan empresas aseguradoras y prestadores privados es bastante difícil de reformar.
Esa fue la experiencia de la reforma emprendida a principios del gobierno de Clinton, liderada por la Primera Dama de la época, ahora Secretaria de Estado. La reforma no pudo ser aprobada. Luego de 16 años el presidente Obama insiste en el punto. Su estrategia pasa por aumentar el financiamiento público de la salud para financiar seguros privados, obligar a las grandes empresas a financiar los seguros de sus empleados o el seguro público, hacer obligatorio la cobertura de seguro de los niños, entre otras medidas.
La propuesta del presidente Obama sufre los embates del sistema. Ha tenido que tomar otras medidas que son interpretadas por muchos ciudadanos como muestras de una mayor intervención del Estado, tales como los recursos para la crisis financiera o el control de las empresas fabricantes de vehículos. En tales condiciones, las posibilidades de aprobar su reforma dependerán de su capacidad de liderazgo y presión política. Nada fácil la tarea.
Estados Unidos tiene el peor sistema de salud del mundo desarrollado. Es una verdad aceptada en círculos académicos y políticos. En el centro de las deficiencias del sistema de salud de los Estados Unidos está la manera de financiarlo. Al contrario de muchos países desarrollados, Estados Unidos no cuenta con un seguro de salud para toda la población. Es decir, no tiene previsiones para atender las contingencias de salud de toda la población.
En países como Inglaterra, España, Italia, sólo por nombrar algunos, el financiamiento de la salud se hace con cargo a los impuestos generales. Se define un conjunto de servicios, expresados en número y tipos de consultas, servicios de atención primaria, secundaria, terciaria, medicamentos, recursos diagnósticos. El total de estos costos son financiados con los impuestos de cada año y los recursos son aprobados por el respectivo parlamento. Las personas pueden contratar seguros por encima de la cuota financiada por el seguro público, pero esto lo hace un porcentaje pequeño de la población.
En Estados Unidos no existe tal previsión. De manera que la incorporación al seguro de salud depende de la afiliación laboral, de la edad, o de la condición social. Es por ello que hay seguros de salud que financian las empresas parcial o totalmente. También hay seguros públicos para las personas mayores de 65 años. O para los estratos más pobres. De manera que si una persona no está trabajando, o es menor de 65 años, o no pertenece al sector más pobre, es muy posible que termine sin ninguna cobertura de seguros de salud.
Modificar esta situación requiere considerar opciones para fortalecer el financiamiento público, es decir, con nuevos gastos para los cuales debe haber los respectivos recursos, o la aprobación de mecanismos de financiamiento con la participación de terceros, por ejemplo empresas pequeñas o trabajadores por cuenta propia. Estas opciones son totalmente ajenas a la estructura del sistema de salud de Estados Unidos. Todo lo que signifique mayor intervención pública es rechazado en líneas generales. El “status quo” en el cual participan empresas aseguradoras y prestadores privados es bastante difícil de reformar.
Esa fue la experiencia de la reforma emprendida a principios del gobierno de Clinton, liderada por la Primera Dama de la época, ahora Secretaria de Estado. La reforma no pudo ser aprobada. Luego de 16 años el presidente Obama insiste en el punto. Su estrategia pasa por aumentar el financiamiento público de la salud para financiar seguros privados, obligar a las grandes empresas a financiar los seguros de sus empleados o el seguro público, hacer obligatorio la cobertura de seguro de los niños, entre otras medidas.
La propuesta del presidente Obama sufre los embates del sistema. Ha tenido que tomar otras medidas que son interpretadas por muchos ciudadanos como muestras de una mayor intervención del Estado, tales como los recursos para la crisis financiera o el control de las empresas fabricantes de vehículos. En tales condiciones, las posibilidades de aprobar su reforma dependerán de su capacidad de liderazgo y presión política. Nada fácil la tarea.
Politemas, Tal Cual, 17 de junio de 2009
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