Esta semana en Santiago de Chile, en la sede de Cepal, se realizará la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se llevará a cabo en Río de Janeiro en junio de 2012. Un documento preparado por 19 agencias del sistema de Naciones Unidas es el marco para los acuerdos que se tratarán de alcanzar. El documento termina con la propuesta de lineamientos para las políticas a favor de la sostenibilidad.
De la lectura de los cuatro lineamientos se desprende que el actual gobierno se ha empeñado por llevarnos en la dirección contraria a la sostenibilidad del desarrollo. El primer lineamiento relaciona la cobertura de los sistemas de protección social con el impacto ambiental. Se propone la universalización de los seguros de desempleo, vejez y salud. Con una cobertura de menos de 30% en el país, es evidente que la distancia entre la retórica y las condiciones concretas de los ciudadanos es una de las más grandes de la Región. Además se propone la mejora en el acceso a la educación, servicios de agua y saneamiento, vivienda y movilidad. En todas ellas el desempeño venezolano es de los más bajos.
El segundo lineamiento indica que los países deben explicitar los costos sociales y ambientales asociados con los proyectos de inversión. El objetivo es disminuir los impactos ambientales a través de las regulaciones y adecuados sistemas de inversión pública. En el país la ausencia de mecanismos para la evaluación de las inversiones públicas ha deteriorado la capacidad de detección temprana de los efectos nocivos en el ambiente. En América Latina existen experiencias exitosas de pago por servicios ambientales (en Costa Rica), y la puesta en marcha de servicios de transporte público que han reducido las emisiones de CO2 (como son los casos de Bogotá y Curitiba).
La adecuada inversión requiere que la sociedad genere y utilice la información sobre el ambiente. Esta es la orientación del tercer lineamiento. No se trata sólo del esfuerzo desde las instituciones públicas sino también combinar los mecanismos de información que realizan organizaciones académicas y de la sociedad civil. No hay nada más que contrastar estos requerimientos con el estado de postración de las estadísticas ambientales en Venezuela. Y el último lineamiento está relacionado con la incorporación de los tópicos ambientales en todos los niveles educativos. En el caso venezolano esto último es una mera aspiración.
El desarrollo sostenible es un tópico central. En sus manifestaciones cotidianas los venezolanos estamos muy lejos de las consideraciones de sostenibilidad. Es muy evidente que la actual gestión se ha encargado de impedir a los venezolanos las posibilidades de un desarrollo integral.
De la lectura de los cuatro lineamientos se desprende que el actual gobierno se ha empeñado por llevarnos en la dirección contraria a la sostenibilidad del desarrollo. El primer lineamiento relaciona la cobertura de los sistemas de protección social con el impacto ambiental. Se propone la universalización de los seguros de desempleo, vejez y salud. Con una cobertura de menos de 30% en el país, es evidente que la distancia entre la retórica y las condiciones concretas de los ciudadanos es una de las más grandes de la Región. Además se propone la mejora en el acceso a la educación, servicios de agua y saneamiento, vivienda y movilidad. En todas ellas el desempeño venezolano es de los más bajos.
El segundo lineamiento indica que los países deben explicitar los costos sociales y ambientales asociados con los proyectos de inversión. El objetivo es disminuir los impactos ambientales a través de las regulaciones y adecuados sistemas de inversión pública. En el país la ausencia de mecanismos para la evaluación de las inversiones públicas ha deteriorado la capacidad de detección temprana de los efectos nocivos en el ambiente. En América Latina existen experiencias exitosas de pago por servicios ambientales (en Costa Rica), y la puesta en marcha de servicios de transporte público que han reducido las emisiones de CO2 (como son los casos de Bogotá y Curitiba).
La adecuada inversión requiere que la sociedad genere y utilice la información sobre el ambiente. Esta es la orientación del tercer lineamiento. No se trata sólo del esfuerzo desde las instituciones públicas sino también combinar los mecanismos de información que realizan organizaciones académicas y de la sociedad civil. No hay nada más que contrastar estos requerimientos con el estado de postración de las estadísticas ambientales en Venezuela. Y el último lineamiento está relacionado con la incorporación de los tópicos ambientales en todos los niveles educativos. En el caso venezolano esto último es una mera aspiración.
El desarrollo sostenible es un tópico central. En sus manifestaciones cotidianas los venezolanos estamos muy lejos de las consideraciones de sostenibilidad. Es muy evidente que la actual gestión se ha encargado de impedir a los venezolanos las posibilidades de un desarrollo integral.
Politemas, Tal Cual, 7 de septiembre de 2011
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